Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00460-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00460-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-00460-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de julio de 2026
Radicación: 1089-2026
Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2014-00460-02 (1089-2026)
Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Tema: Disciplinario
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de decisión que negó las
pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes1
1.1 La demanda
1.1.2 Pretensiones2
1. Paola Andrea Ortiz Iragorri acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener declaratoria de
nulidad de la resolución No. 17413-013 del 31 de mayo de 2013, expedida por la
Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales (ITRC), que la declaró disciplinariamente responsable y
le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por doce (12) años y del fallo
No. 22 del 13 de septiembre de 2013, que la confirmó en su integridad.
1
Véase en el expediente digital del aplicativo samai, tanto en el del tribunal de origen como en el trámite de segunda instancia. Para
tal efecto, entiéndase las siglas CE (Consejo de Estado) y TA (Tribunal Administrativo), para hallar la cita.
2
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 781 – 783.
Radicación: 1089-2026
Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió el reintegro al cargo de facilitadora III,
nivel 103, grado 3, de la DIAN, el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir
desde la desvinculación hasta el reintegro efectivo y la condena en costas a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales3, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la
Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales4.
1.1.3 Hechos relevantes5
3. En el libelo se adujo que la demandante, facilitadora III del grupo de importaciones de
la Dirección Seccional de Aduanas de Buenaventura, ordenó el levante de tres
declaraciones de importación el 4 de noviembre de 2008, tras verificar el 10% de la
mercancía conforme al manual SYGA sin encontrar irregularidades. Aproximadamente
28 horas después, autoridades policiales decomisaron la misma carga por contrabando.
4. Con fundamento en esos hechos, la Agencia ITRC la sancionó disciplinariamente por
la falta gravísima del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia
con el prevaricato por acción del artículo 413 del Código Penal, a título de dolo,
imponiéndole destitución e inhabilidad general por doce años, sanción ejecutada por la
DIAN mediante resolución No. 10286 del 28 de noviembre de 2013.
5. Cuestionó los actos sancionatorios por tres razones: (i) las actas de inspección son
actos de policía aduanera, no actos administrativos, por lo que el prevaricato carece de
objeto material; (ii) la imputación dolosa es contradictoria con el hecho de que la propia
entidad la incorporó formalmente a la planta ese mismo día; y (iii) la valoración probatoria
desconoció la presunción de inocencia al ignorar los testimonios de descargo.
1.1.4 Cargos de nulidad6
6. Invocó la causal de infracción a las normas en que debieron fundarse los actos
administrativos (art. 137 CPACA), por aplicación indebida e interpretación errónea del
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo 413 del
Código Penal. El cargo central es que los operadores disciplinarios erraron en la tipicidad
3
En adelante DIAN.
4
En adelante Agencia ITRC.
5
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 724 – 734.
6
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 734 – 781.
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Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
al calificar las actas de inspección aduanera como resoluciones o actos administrativos,
cuando la ley es clara en sentido contrario: el artículo 473 del Decreto 2685 de 1999
dispone que de la inspección "se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y
fundamentos en que se sustente", y el artículo 779 del Estatuto Tributario define la inspección
tributaria como "un medio de prueba", de donde concluye que "la autorización de retiro o levante
en la importación no manifiesta ni constituye el proferimiento de una resolución, dictamen o concepto”.
7. En cuanto a la culpabilidad, expresó que fue incorporada a la planta e inmediatamente
asignada a la inspección el mismo día, "sin comunicación de funciones", según certificación de
la propia subdirectora de gestión de personal de la DIAN, lo que hace imposible atribuirle
conocimiento de la ilicitud. Sostuvo que "resulta absurdo que (…) haya tenido la intención de actuar
dolosamente a sabiendas de que llevaba tan solo un día en dicho cargo" , y que al no estar
demostrado el dolo -modalidad exigida por el tipo-, la sanción de destitución e inhabilidad
por doce años resulta ilegal y desproporcionada.
1.2 Oposición de la parte demandada
1.2.1 DIAN7
8. Se opuso a las pretensiones. Frente al argumento central de la demanda, precisó que
las actas de inspección no pueden tenerse como simples actos de policía, "toda vez que,
como resultado de la inspección, la actora autorizó el levante a las declaraciones de importación" , y que
la demandante contaba con once años de experiencia en la entidad, habiendo ejercido
como inspectora de operativos en la división de fiscalización entre 2006 y 2007, lo que
respaldaba la imputación dolosa efectuada por la Agencia ITRC.
9. Como excepción de mérito, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva,
argumentando que los actos sancionatorios fueron proferidos exclusivamente por la
Agencia ITRC, entidad distinta y a la DIAN únicamente le correspondía hacer efectiva la
sanción; en consecuencia, la controversia sobre la legalidad de dichos actos escapa por
completo su órbita de competencia.
1.2.2 Ministerio de Hacienda y Crédito Público8
7
TA, índice 48, anexo con 37 folios id, págs. 24 -37.
8
TA, índice 48, anexo con 13 folios id, págs. 4 – 10.
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Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
10. Se opuso a las pretensiones con un argumento central: la actora nunca fue
funcionaria de esa cartera, los actos sancionatorios no fueron proferidos por ella y la
mera adscripción de la Agencia ITRC y la DIAN al Ministerio no genera solidaridad ni
responsabilidad frente a las actuaciones autónomas de dichas entidades. En cuanto al
fondo, se limitó a señalar que las actas de inspección "dan fe de una actuación que compromete
y responsabiliza a la funcionaria que la elabora y suscribe" , y que lo plasmado en ellas resultó
"manifiestamente contrario a la ley aduanera", sin que la denominación del documento desvirtúe
la adecuación típica del prevaricato por acción.
11. Como excepciones, propuso: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto el Ministerio carece de competencia para anular actos de la Agencia ITRC,
ordenar reintegros a la DIAN o pagar emolumentos de una funcionaria que nunca le
perteneció, conforme a los artículos 6, 121, 122 y 123 de la Constitución y el Decreto
4712 de 2008; (ii) inexistencia de solidaridad o vínculo jurídico entre el Ministerio y las
demás entidades demandadas, pues no existe causa legal ni contractual que soporte esa
vinculación; y (iii) autonomía administrativa y presupuestal de la Agencia ITRC, con
fundamento en el artículo 67 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 4173 de 2011, que le
atribuyen patrimonio independiente y capacidad jurídica propia para responder por sus
actuaciones.
1.2.3 Agencia ITRC9
12. Pidió desestimar las pretensiones y defendió la legalidad de los actos sancionatorios
con dos argumentos centrales. Frente a la tipicidad, sostuvo que el vocablo "resolución"
del artículo 413 del Código Penal debe entenderse en sentido amplio, como "cualquier acto
funcional con poder resolutorio", de modo que las actas de inspección suscritas por la
demandante constituyen el acto administrativo de levante "a través del cual se plasma la
decisión o resolución", con efectos jurídicos concretos -permitir el ingreso de mercancía
ilegal al territorio nacional-, lo que satisface el objeto material del prevaricato por acción.
Frente a la culpabilidad dolosa, argumentó que la demandante ingresó a la DIAN desde
1998, ocupó cargos en fiscalización y comercio exterior, es administradora de empresas
especializada en negocios internacionales, y que "en la diligencia de versión denotó conocer
ampliamente la normativa aplicable", incluyendo en las propias actas reprochadas la
9
TA, índice 48, anexo con 29 folios id, págs. 11 – 18.
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Demandada: DIAN
normatividad que debía aplicar, lo que acredita que "su voluntad estuvo orientada a la realización
de la conducta objeto de reproche".
13. En cuanto a la dosificación, precisó que el fallo de primera instancia valoró a favor de
la demandante su carencia de antecedentes disciplinarios, no haber desempeñado cargo
jerárquico y no haber atribuido responsabilidad a terceros; y en su contra, el daño social
causado y el conocimiento de la ilicitud, concluyendo que la sanción procedente era la
destitución e inhabilidad general por doce años. Como excepción propuso la ausencia de
causales que invaliden los actos administrativos.
1.3 La sentencia de primera instancia10
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones mediante
sentencia No. 286 del 31 de octubre de 2025 sin condena en costas, tras concluir que el
proceso disciplinario se adelantó con pleno respeto al debido proceso y que la valoración
probatoria realizada por la Agencia ITRC fue correcta. Para ello, estableció como hechos
probados que la mercancía hallada en el contenedor MSKU 943857-0 -relojes, textiles,
licor, cigarrillos, lociones, entre otros- no correspondía en absoluto con lo consignado en
las actas de inspección suscritas por la demandante, que referían patines, rieles y
accesorios, lo que evidencia una manifiesta incongruencia entre lo inspeccionado y lo
autorizado para levante.
15. Frente al argumento central de la demanda, consideró que las actas de inspección sí
constituyen actos administrativos de trámite, apoyándose en pronunciamiento del
Consejo de Estado que reconoce que "los actos de aprehensión y demás actos de trámite que se
expiden con ocasión del procedimiento aduanero pueden ser examinados por el juez" para analizar la
legalidad del acto definitivo. Adicionalmente, valoró que la demandante contaba con
amplia experiencia en el área aduanera desde 1998, habiendo ocupado cargos en
fiscalización y comercio exterior y que en su propia declaración demostró conocer la
normativa aplicable al procedimiento de inspección, lo que respalda la imputación dolosa.
16. En cuanto a la dosificación de la sanción, encontró que la Agencia ITRC aplicó
correctamente los criterios del artículo 47 de la Ley 734 de 2002, valorando a favor de la
demandante la ausencia de antecedentes disciplinarios y sus buenas calidades
10
TA, índice 56.
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Demandada: DIAN
personales y, en su contra, el grave daño social causado al servicio público esencial de
la DIAN y el conocimiento de la ilicitud. Concluyó que la defensa no logró desvirtuar los
cargos ni en sede disciplinaria ni en el proceso contencioso y no impuso condena en
costas al no encontrar temeridad ni mala fe en ninguna de las partes.
1.4 Recurso de apelación parte demandante11
17. Formuló tres cargos contra la decisión del A-quo. En materia de tipicidad, sostuvo
que erró al subsumir la conducta en el prevaricato por acción, pues, las actas de
inspección son actos de trámite sin contenido decisorio -no resoluciones, dictámenes ni
conceptos-, y que el cargo de facilitador III es de naturaleza operativa y auxiliar, sin
potestad decisoria, por lo que no puede ser sujeto activo del referido tipo; invocó para
ello la sentencia de esta Corporación del 30 de abril de 2020 (Rad. 4319-15), según la
cual, el prevaricato exige un acto definitivo, resolutivo y autónomo. En materia de
culpabilidad, argumentó que el Tribunal imputó el dolo a partir del resultado -el decomiso-
sin demostrar la conciencia y voluntad, lo que equivale a responsabilidad objetiva
expresamente prohibida por los artículos 13 y 14 de la Ley 734 de 2002; añadió que el
juez de primera instancia omitió valorar la alta carga operativa, la ausencia de
capacitación, el hecho de que la funcionaria llevaba un día en el cargo y la pernocta de
28 horas del contenedor como posible causa extraña que rompe el nexo causal,
generando una duda razonable que activa el principio in dubio pro disciplinado.
18. Frente a la proporcionalidad, argumentó que la sanción de destitución e inhabilidad
por doce años es manifiestamente desproporcionada, pues se fundamentó en un dolo no
acreditado y desconoció criterios atenuantes como la ausencia de antecedentes y la
trayectoria funcional; señaló que, en el peor escenario posible, la conducta sería culpa
grave, cuya sanción máxima conforme al artículo 46 del Código Disciplinario Único, es la
suspensión, no la destitución. Solicitó la revocatoria integral de la sentencia.
1.5 Trámite de segunda instancia12
19. Mediante auto del primero de junio de 2026, el consejero ponente admitió el recurso
de apelación, de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
11
TA, índice 59, anexo 72.
12
CE, índice 4.
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Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
67 de la Ley 2080 de 2021. Al no existir solicitudes probatorias, el expediente ingresó al
despacho para fallo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
20. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
2.2 Problema jurídico
21. Corresponde a la Sala resolver lo siguiente:
i) ¿Los actos administrativos mediante los cuales la Agencia ITRC impuso a la señora
Paola Andrea Ortiz Iragorri sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por
doce años, están viciados de nulidad?
ii) ¿Las actas de inspección aduanera suscritas por la demandante, constituyen el objeto
material del tipo penal de prevaricato por acción? O, por el contrario,
iii) ¿Al tratarse de actos de trámite sin contenido decisorio, la adecuación típica realizada
por la autoridad disciplinaria desconoce el principio de legalidad?
iv) ¿La conducta fue correctamente imputada a título de dolo?, o si, valoradas en su
integridad las pruebas -incluyendo las condiciones operativas, la ausencia de
capacitación y la posible manipulación posterior del contenedor-,
v) ¿Fue debidamente demostrado el elemento subjetivo, o la sanción incurre en
responsabilidad objetiva?
vi) ¿La sanción impuesta resulta proporcional al grado de culpabilidad demostrado?, o
si, ante la eventual ausencia de dolo,
vii) Debió imponerse una sanción correspondiente a una falta grave culposa.
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2.3 Marco normativo
22. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 734 de 2002, la titularidad de la potestad
disciplinaria corresponde al Estado, la cual, se adelanta a través del poder disciplinario
preferente por la Procuraduría General de la Nación, pero también, por las personerías
distritales, municipales o las oficinas de control interno disciplinario.
23. La acción disciplinaria tiene un carácter eminentemente oficioso; sin embargo, los
artículos 69 y 70 de la Ley 734 de 2002, disponen que puede iniciar por informe,
compulsa, queja o anónimo, cumpliendo los requisitos del artículo 38 de la Ley 190 de
1995 y el artículo 27 de la Ley 24 de 1992. Cualquiera sea el acto que dé inicio a la acción
disciplinaria, en un primer momento se abre una indagación preliminar, la cual, tiene
como fin verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta
disciplinaria o si se ha actuado bajo el amparo de una causal de exclusión de la
responsabilidad.
24. Cuando la información recibida permita la identificación del autor o los autores de la
falta disciplinaria, el operador iniciará la investigación con la finalidad de: verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta, esclarecer los motivos
determinantes, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, identificar los
perjuicios causados a la administración y establecer la responsabilidad del
disciplinado. En este punto puede dictar auto de cierre de la investigación por
vencimiento de términos o proveído de decreto de pruebas para formular cargos. En el
segundo evento, se puede dar por terminada la actuación -artículos 156 y 161 Ley 734
de 2002-, formular cargos -artículo 175 ídem-, o remitir por competencia.
25. En el evento que se dicte auto de formulación de cargos disciplinarios, tal decisión
debe reunir los siguientes requisitos sustanciales: que se halle objetivamente
demostrada la falta y que se cuente con pruebas que comprometan la responsabilidad
del investigado13. Igualmente, debe cumplir los siguientes requisitos formales:
descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar y modalidad específica de la conducta; normas
13
Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento formulara pliego de cargos cuando este
objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no
procede recurso alguno.
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Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
violadas y concepto de violación; identificación del autor o autores de la falta; análisis de
las pruebas por cada uno de los cargos formulados; exposición fundada de los criterios
tenidos en cuenta para determinar gravedad o levedad de la falta, clasificadas en
gravísimas, graves y leves; forma de culpabilidad, ya sea a título de dolo, culpa gravísima
o grave.
26. Formulado el pliego de cargos, el vinculado tiene la oportunidad de presentar sus
descargos para garantizar su debido proceso, así como, la materialización del derecho
de defensa y contradicción, siendo esta una actuación facultativa. En esta misma etapa,
el imputado puede proponer nulidades, controvertir, solicitar o aportar pruebas.
27. Posteriormente, sigue la fase probatoria y el traslado de alegatos de conclusión, por
el término de 10 días, donde la ley permite la variación de cargos de acuerdo con lo
establecido en el inciso 5 del artículo 165 de la Ley 734 de 2002.
28. Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, la respectiva autoridad
disciplinaria debe dictar decisión definitiva, cuyo contenido puede ser absolutorio o
sancionatorio, de cualquier modo, tal decisión debe cumplir con las exigencias previas
en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002. Contra la decisión procede recurso de
apelación.
2.4 Actuación disciplinaria
1. Oficio No. 110201 del 22 de diciembre de 2008: Remitido por Abelardo Quintero
Rendón, Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales, mediante el cual puso
en conocimiento de la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la
DIAN la presunta falta disciplinaria en que habría incurrido la funcionaria Paola Andrea
Ortiz Iragorri, "con ocasión de la inspección realizada en el puerto de Buenaventura y consignada en las
actas Nos. 352008100050699, 352008100050700 y 352008100050701 del 4 de noviembre de 2008,
mediante las cuales se dispuso el levante de las correspondientes declaraciones de importación sobre la
mercancía referente a pegantes, rotuladores y patines (que se referenció como misceláneos) importadas
por la empresa IMPORT INDUSTRIAL LTDA., y la cual fue posteriormente aprehendida por funcionarios
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales y efectivos de la Policía Fiscal y Aduanera
POLFA en el Municipio La Manuela (Caldas)"14.
14
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 243, 546 y 673.
Radicación: 1089-2026
Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
2. Auto No. 1001-210 del 29 de octubre de 2010: Mediante el cual la Coordinación
Nacional de Investigaciones Especiales de la DIAN dispuso la apertura de indagación
preliminar en contra de la señora Paola Andrea Ortiz Iragorri, notificado personalmente
el 19 de noviembre de 201015.
3. Auto No. 1002-95 del 29 de abril de 2011: Ordenó la apertura formal de investigación
disciplinaria en contra de la demandante, notificado personalmente el 9 de mayo de
201116.
4. Certificado de antecedentes disciplinarios No. 26581517 del 13 de junio de 2011.
Acredita que la disciplinada "no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes a la
fecha”17.
5. Auto No. 1079-9 del 2 de noviembre de 2011: Declaró el cierre de la investigación
disciplinaria dentro del expediente No. 213-304-2010-232, notificado personalmente a la
demandante el 21 de noviembre de 201118.
6. Auto No. 1018-37 del 21 de diciembre de 2011 - Pliego de cargos19. Formuló cargo
único en contra de la señora Paola Andrea Ortiz Iragorri en los siguientes términos:
"A usted, señora PAOLA ANDREA ORTIZ IRAGORRI, en su condición de servidora
pública de la DIAN, se le atribuye la comisión de la falta disciplinaria, ya que en la
mencionada calidad, cumpliendo funciones en el GIT de importaciones de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, autorizó el levante, mediante actas
de inspección Nos. 352008100050699, 352008100050701 y 352008100050700 del 4 de
noviembre de 2008, de la mercancía embalada en el contenedor MSKU43857-0... a
pesar de que la mercancía no estaba relacionada en las declaraciones de importación
Nos. 23030014582473, 23030014583459 y 23030014582466, que tuvo a la vista y con
las cuales pretendía amparar dicha mercancía, a sabiendas de que dicho trámite no se
ajustaba a derecho, por lo que los actos administrativos que profirió fueron
presuntamente contrarios a la Ley".
La conducta fue calificada como falta gravísima dolosa, tipificada en el numeral 1 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 413 del Código Penal
-prevaricato por acción-, al considerarse que la demandante "profirió un dictamen contrario a
la Ley al momento de realizar la inspección de la mercancía embalada en el contenedor MSKU943857-0."
La decisión fue notificada a la disciplinada el 16 de enero de 2012.
15
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 310 – 311 y 340.
16
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 377 – 378 y 383.
17
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, pág. 385.
18
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 400 y 405.
19
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 407 – 416 y 424.
Radicación: 1089-2026
Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
7. Auto No. 1023-8 del 9 de febrero de 2012: Reconoció personería al abogado Leopoldo
Pérez Cubillos para representar los intereses de la señora Paola Andrea Ortiz Iragorri
dentro del proceso disciplinario20.
8. Auto No. 1012-92 del 14 de febrero de 2012: Decretó la práctica de las pruebas
documentales y testimoniales solicitadas por la defensa en el memorial de descargos,
así como una prueba testimonial de carácter oficioso21.
9. Auto No. 1047-19 del 2 de abril de 2012: Remitió el expediente No. 213-304-2010-232
a la UAE Agencia ITRC por competencia, en atención a que la conducta investigada
correspondía a una falta gravísima de las contempladas en el numeral 1 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002. La decisión fue comunicada al apoderado de la defensa22.
10. Auto No. 17401-208 del 26 de diciembre de 2012: Mediante el cual la UAE Agencia
ITRC avocó el conocimiento del proceso disciplinario, asignándole el número de
expediente 1704-01-2012-23923.
11. Auto No. 17417-031 del 30 de enero de 2013: Negó la solicitud de archivo definitivo
elevada por el apoderado de la disciplinada, al encontrarse el proceso en etapa
probatoria con pruebas pendientes de recaudar24.
12. Auto No. 17410-020 del 4 de abril de 2013: Dio por culminada la etapa probatoria y
concedió el término de diez días para alegar de conclusión. Los alegatos de la defensa
fueron presentados el 24 de abril de 201325.
13. Resolución No. 17413-013 del 31 de mayo de 2013 - fallo disciplinario de primera
instancia: La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC declaró
la responsabilidad disciplinaria de la señora Paola Andrea Ortiz Iragorri por infracción del
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 413 del
Código Penal. Concluyó que "los tres primeros elementos del tipo objetivo se encuentran acreditados
dentro del sub judice, ya que al ser un tipo de resultado, este se concretó en el momento exacto en el cual
la disciplinada emitió el acto administrativo de levante a las declaraciones de importación
20
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, pág. 439.
21
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 442 – 444.
22
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, pág. 496.
23
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 507 – 508.
24
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 511 – 513.
25
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 531 – 534 y 535 – 545. Las pruebas recaudadas se refieren en el acápite 2.5 de esta
providencia.
Radicación: 1089-2026
Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
23030014582459, 23030014582466 y 23030014582473, en virtud del cual se dio salida a una mercancía
ilegal, orden que a la postre era manifiestamente contraria a la Ley". En cuanto a la culpabilidad,
determinó que "la conducta imputada a PAOLA ANDREA ORTÍZ IRAGORRI es netamente dolosa" , al
considerar que "la implicada era consciente de la improcedencia de la orden de levante, empero, dirigió
voluntariamente su comportamiento autorizando o dando levante a dichas declaraciones de importación
avalando su legalidad”. Como sanción impuso destitución e inhabilidad general por doce (12)
años, previo análisis de los criterios de graduación del artículo 47 de la Ley 734 de 2002,
valorando a favor de la disciplinada la ausencia de antecedentes, sus buenas calidades
personales y el no haber desempeñado cargo jerárquico y, en su contra, el grave daño
social causado al servicio público esencial de la DIAN y el conocimiento de la ilicitud. El
fallo fue notificado personalmente al apoderado el 7 de junio de 2013 26.
14. Fallo No. 22 del 13 de septiembre de 2013 - segunda instancia disciplinaria. La
Directora General de la Agencia ITRC rechazó los argumentos del recurso de apelación
y confirmó en su totalidad el fallo sancionatorio, concluyendo que "desde el momento mismo
de la acusación y hasta el fallo de primera instancia... el hecho concreto que motivó el reproche y la sanción
disciplinaria fue la resolución, decisión o autorización que la procesada profirió o emitió, al permitir el
ingreso de una mercancía al territorio nacional, en forma manifiestamente ilegal, pues como aparece
probado en el proceso, lo que realmente procedía era su orden de aprehensión". Rechazó la nulidad
por incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo, al considerar que la mención al
vocablo "dictamen" en la acusación fue una imprecisión técnica intrascendente, pues "el
motivo de reproche en ambos casos fue el mismo, el acto de levante", sin que se hubiera afectado
el derecho de defensa. Desestimó igualmente la nulidad por aplicación de tipo general,
al estimar que entre los numerales 1 y 44 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 "no existe
la requerida relación de género a especie" que exige el principio de especialidad y que la
conducta investigada no era el contrabando sino las irregularidades funcionales de la
inspectora en el ejercicio de su cargo27.
15. Resolución No. 010286 del 28 de noviembre de 2013: Mediante la cual el Director
General de la DIAN hizo efectiva "la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de
12 años, impuesta a la señora Paola Andrea Ortiz Iragorri" 28.
2.5 Medios de prueba
26
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 546 – 572.
27
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 697 – 713.
28
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 670 – 671.
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Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
1. Audiencia de pruebas (art. 181 CPACA): Testimonio de Diego Fernando Chica
Aguirre (minutos 17:10 a 40:15)29. Funcionario de la DIAN Manizales, contador público,
jefe de la División de Fiscalización Tributaria y Liquidación Extensiva al momento de la
audiencia. Reconoció haber suscrito las actas de inspección aduanera de fiscalización
que le fueron puestas a la vista, señalando que "esa es mi letra, sin duda" (27:52), y recordó
que el operativo consistió en un contenedor puesto a disposición por la policía de
carreteras en el sector La Manuela de Manizales, en el que "ninguna de las cuales amparaba
la muestra que estábamos bajando" (35:51), razón por la cual se procedió a trasladar la
mercancía a las bodegas de Almagrario en Cartago para su revisión total y posterior
aprehensión. Manifestó desconocer el caso particular de la demandante, precisando que
"no sé de qué tema se trata porque para la época de los hechos... era inspector aduanero y tenía temas
todos los días" (20:37). La parte demandante desistió del resto de testigos decretados, por
lo que el magistrado aceptó el desistimiento y declaró cerrada la etapa probatoria
(40:44)30.
2. Resolución No. 0444 del 28 de enero de 1998: Nombramiento de la demandante en el
cargo de auxiliar III, nivel 12, grado 07, en la DIAN de Buenaventura31.
3. Resolución No. 006 del 4 de noviembre de 2008 y Acta de Incorporación y
Ubicación No. 00042 de la misma fecha: Mediante estos documentos la DIAN
incorporó a la demandante a la nueva planta de personal en el cargo de Facilitador III,
Código 103, Grado 03, ubicándola en el Grupo Interno de Trabajo de Importaciones de
la Dirección Seccional de Buenaventura32.
4. Autos comisorios aduaneros Nos. 254 y 255 del 5 de noviembre de 2008: Proferidos
por el jefe de la División de Gestión Operativa Aduanera de la seccional de Buenaventura,
ordenaron adelantar "las diligencias de inspección aduanera previa al levante de las
mercancías", encontrándose la demandante entre los funcionarios comisionados33.
5. Actas de inspección No. 352008100050699, 352008100050700 y 352008100050701
del 4 de noviembre de 2008: Suscritas por la demandante en su condición de
29
Audiencia de pruebas visible en el portal web de sistemas de audiencias de la rama judicial.
30
TA, índice 50, anexo 64.
31
TA, índice 48, anexo con 420 folios id, págs. 27 – 29.
32
TA, índice 48, anexo con 420 folios id, págs. 198 – 202 y 498 - 504.
33
TA, índice 48, anexo con 14 folios id, págs. 2 – 3.
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Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
funcionaria comisionada, en ellas autorizó el levante de las declaraciones de importación
Nos. 23030014582459, 23030014582466 y 2303001458247334.
6. Auto aduanero No. 0001-0136-03 del 6 de noviembre de 2008 y Acta de Inspección
Aduanera de Fiscalización No. 001 de la misma fecha: Proferidos por la Dirección
Seccional de Manizales, dan cuenta del operativo de control aduanero de carretera en el
municipio de Manizales, en el que al revisarse el contenedor MSKU 943857-0 se
concluyó que la mercancía sería aprehendida, al no corresponder con las declaraciones
de importación que lo acompañaban35.
7. Acta de Aprehensión No. 0-00001 FISC COD 834 del 10 de noviembre de 2008:
Suscrita por el funcionario Diego Fernando Chica Aguirre, describe la mercancía
efectivamente hallada en el contenedor: "relojes, textiles, pilas, licor, cigarrillos, artículos
navideños, lociones, tenis, chanclas, hilos, tapetes, tiza china", en abierta contradicción
con los patines y accesorios consignados en las actas de inspección de la demandante 36.
8. Informe de entrega de acta de aprehensión y documentos soporte Nos. 110238-
457-00114 del 26 de noviembre de 2008: Consignó que la demandante "apareció en el
acta de inspección No. 352008100050699... efectuando la inspección física de la
mercancía... precinto No. J23326 original y aparentemente no retirado para efectos de la
inspección aduanera supuestamente realizada en fecha noviembre 4 de 2008"37.
9. Resolución No. 10-0002 del 9 de enero de 2009: Ordenó el decomiso de la mercancía,
estableciendo que "las declaraciones de importación que acompañaban la carga eran
legales y correspondían con los datos registrados en las bases de datos de la DIAN
SYGA y que, luego de ser revisada la mercancía del contenedor, se concluyó que no
amparaban ninguna parte de la carga objeto de la presente investigación", hallándose
entre la mercancía "relojes, textiles, pilas, licor, cigarrillos, artículos navideños, lociones,
tenis, chanclas, hilos, tapetes, tiza china." Concluyó que "los documentos soporte de la
mercancía que acompañaban la carga... no guardan ninguna relación con la mercancía
y por ende su amparo legal queda completamente desvirtuado”38.
34
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 18 – 25.
35
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 8 – 10.
36
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 39 -101.
37
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 102 – 110.
38
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 115 – 194.
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Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
10. Extracto de historia laboral de la demandante: Acredita que desde su ingreso el 9 de
febrero de 1998 ocupó cargos en la División Jurídica, Recaudos, Financiera, Planeación,
Informática, Fiscalización y División de Comercio Exterior, siendo ubicada mediante
resolución No. 1302 del 5 de noviembre de 2002 en la División de Servicio al Comercio
Exterior, y posteriormente incorporada mediante resolución No. 006 del 4 de noviembre
de 2008 en el Grupo Interno de Trabajo de Importaciones39.
11. Declaración juramentada de Diego Fernando Chica Aguirre del 31 de octubre de
2011: Señaló que "fue un proceso que se hizo en horas de la noche" y que los hechos
"sucedieron tal cual como se relatan en las actas de inspección que obran en el
expediente”40.
12. Declaración juramentada de John Jairo Granada Cardona del 31 de octubre de
2011: Precisó que "los documentos inicialmente presentados no correspondían con la
mercancía físicamente encontrada", siendo el resultado "la aprehensión y posterior
decomiso de la misma por tratarse de contrabando abierto"41.
13. Declaración juramentada de Aribel Ruíz Henao del 13 de marzo de 2012: Dio cuenta
de que el procedimiento consistía en "verificar de acuerdo al manual de procedimientos
SYGA el 10% de las mercancías seleccionadas para inspección física", con una carga
laboral de "15 a 20 contenedores diarios", describiendo a la demandante como "una
persona muy responsable, conocedora de sus funciones, obligaciones, con excelente
calidad de trabajo"42.
14. Declaración juramentada de José Albeiro García Granada del 16 de marzo de 2012:
Conductor del vehículo de placas SNC-942 que transportaba el contenedor MSKU
943857-0, relató que un "playero de Buenaventura" lo contrató para un viaje inicialmente con
destino a Cali, pero que al salir del muelle el despachador le indicó que el destino era
Medellín. Manifestó que "uno recoge un contenedor del cual no se da cuenta de nada, eso viene
completamente sellado y va saliendo del muelle", lo que acredita que no tuvo acceso al contenido
del contenedor. Señaló que, ante la advertencia de no viajar de noche, buscó hospedaje
en el sitio conocido como "Los Tubos", a aproximadamente una hora de Buenaventura,
donde pernoctó en un parqueadero abierto con custodia mínima -"a la persona que cuida uno
39
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 332 – 333.
40
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 393 - 394.
41
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 395 – 396.
42
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 467 – 481.
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Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
le da unos cinco mil pesos y ya"-, reiniciando su recorrido a las 7:30 AM del día siguiente,
hasta ser retenido en la noche en el sitio La Manuela por autoridades policiales. Precisó
que durante el trayecto también fue detenido en "La María", donde exhibió los documentos
y continuó43.
15. Declaración juramentada de Amparo Alicia Ferrucho del 14 de marzo de 2012:
Manifestó que durante la inspección, la demandante "entró al contenedor... miró cajas
del fondo, de la mitad y unas de la parte de adelante, encontrando todo bien, documentos
y mercancía", pero que al conocer el acta de aprehensión quedó "sin palabras porque la
mercancía que vi relacionada en el acta de aprehensión no fue la que se verificó en la
zona de inspección", señalando además que "aquí se ha escuchado muchos casos de
que cambian la mercancía, que destapan los contenedores y no quitan el precinto, pero
no se sabe cómo se hace"44.
16. Declaración juramentada de Rafaela Cuesta Hinestroza del 16 de marzo de 2012:
Describió las condiciones de trabajo señalando que "en algunos días podíamos llegar a
tener listados de 18 contenedores" y que "salíamos a altas horas de la noche otorgando
los levantes", calificando a la demandante como "una excelente funcionaria, muy
destacada en el desarrollo de sus labores... honesta, comprometida con su trabajo" 45.
17. Versión libre de la demandante Paola Andrea Ortiz Iragorri del 14 de marzo de 2012:
Explicó que "el levante fue otorgado entre las 5 y las 5:11 pm el 5 de noviembre de 2008
y el vehículo fue retenido a las 9:20 pm el día 6 de noviembre de 2008", planteando que
"lo que los interesados o dueños de la mercancía hagan o introduzcan en el contenedor
una vez finalizada dicha diligencia o posterior al levante, es imposible evidenciarlo por
parte del funcionario inspector" y presentó la hipótesis de "gemeleo de contenedores y
sellos por parte de terceros, para tratar de transportar y/o amparar con declaraciones
legales mercancías introducidas de manera ilegal"46.
18. Manual de funciones del cargo controlador de garantías, código 102, (analista II
código 202 grado 2) y del cargo facilitador III, nivel 103, grado 3. El primero -cargo
que desempeñaba la demandante antes de su incorporación a la nueva planta- tenía
43
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 479 – 481.
44
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 470 – 471.
45
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 472 – 474.
46
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, págs. 475 – 478.
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Demandada: DIAN
como funciones revisar garantías y documentos que respaldan obligaciones aduaneras,
custodiar archivos de títulos valores, remitir documentos para cobro o imposición de
sanciones, y cancelar garantías previa verificación del cumplimiento de obligaciones. El
segundo -cargo en el que fue ubicada el 4 de noviembre de 2008- establece funciones
de naturaleza estrictamente operativa y de apoyo: "recibir, radicar, organizar y verificar requisitos
de los documentos", "apoyar en la organización de materiales, documentos, equipos, instalaciones u otros
para la correcta ejecución de operativos, inspecciones, visitas" y "participar en la ejecución de operativos,
inspecciones, visitas y demás actividades que se desarrollen en el proceso" 47.
2.6 Análisis del caso concreto
1. Sobre la capacidad y la conducta
29. La señora Paola Andrea Ortiz Iragorri ostentaba la calidad de servidora pública de la
DIAN en el cargo de facilitadora III, nivel 103, grado 3, del grupo interno de trabajo de
importaciones de la Dirección Seccional de Buenaventura, debidamente posesionada
mediante acta No. 00042 del 4 de noviembre de 2008, lo que acredita su capacidad
formal como sujeto disciplinable. Su imputabilidad no fue objeto de controversia en
ninguna de las instancias. En cumplimiento de funciones y debidamente comisionada
mediante auto No. 0255 del 5 de noviembre de 2008, suscribió las actas de inspección
Nos. 352008100050699, 352008100050700 y 352008100050701, mediante las cuales,
autorizó el levante de las declaraciones de importación Nos. 23030014582459,
23030014582466 y 23030014582473, correspondientes a mercancía que horas después
fue aprehendida por contrabando. La conducta está plenamente acreditada en el plenario
y no fue desvirtuada por la defensa en sede disciplinaria ni judicial.
2. Sobre la tipicidad - primer reparo del recurso
30. La recurrente sostuvo que las actas de inspección no constituyen el objeto material
del prevaricato por acción por ser actos de trámite sin contenido decisorio, invocando
para ello una sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado del
30 de abril de 2020, radicado 4319-15; sin embargo, verificada exhaustivamente esa
47
TA, índice 48 Archivo 1864 KB Archivo Zip. 202102234302.
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providencia en las bases de datos jurisprudenciales disponibles, la Sala no la encontró48,
lo que priva al argumento de su único soporte jurisprudencial específico y deja la tesis de
atipicidad huérfana de respaldo. Por el contrario, la interpretación amplia del vocablo
"resolución" contenida en el artículo 413 del Código Penal -que abarca toda
determinación de un servidor público en ejercicio de sus funciones con efectos jurídicos
concretos- tiene respaldo real y verificable en la sentencia C-335 de 2008 de la Corte
Constitucional, en la cual se precisó que la resolución "no es solamente la providencia emitida
por autoridad judicial sino también por funcionario administrativo, en ejercicio uno y otro de sus respectivas
atribuciones; y no necesariamente ha de presentar los caracteres formales de auto interlocutorio o de
sentencia, lo que importa es que en ella el empleado oficial decida algo en ejercicio de su función".
31. En el caso concreto, las actas de inspección suscritas por la demandante no son
simples documentos de verificación neutros: mediante ellas autorizó el levante de tres
declaraciones de importación, permitiendo el ingreso al territorio nacional de mercancía
que no correspondía con lo declarado, modificando así una situación jurídica concreta -
la disposición de la mercancía- de manera ostensiblemente contraria al numeral 1.6 del
artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 -conforme a la normativa aduanera vigente al
momento de los hechos-, que exige la aprehensión cuando la mercancía no corresponde
con lo declarado. Ese efecto jurídico definitivo sobre la situación aduanera satisface el
objeto material del prevaricato por acción, con independencia de la denominación formal
del documento.
32. El argumento adicional sobre la naturaleza operativa del cargo de facilitadora III
tampoco prospera. Si bien es cierto que el manual de funciones del cargo tiene un perfil
predominantemente de apoyo, también lo es que entre sus funciones figura
expresamente "participar en la ejecución de operativos, inspecciones, visitas y demás actividades que
se desarrollen en el proceso", y que la demandante fue expresamente comisionada para
realizar la inspección y autorizar el levante, lo que le otorgó competencia funcional para
el acto. El prevaricato no exige que el sujeto activo ostente un cargo de dirección o con
poder decisorio permanente; basta con que en ejercicio de sus funciones profiera una
decisión manifiestamente contraria a la ley. La tipicidad está debidamente acreditada.
3. Sobre la ilicitud sustancial
48 La radicación 4319-2015 invocada por la demandante, corresponde a un trámite por impedimento en un proceso contra la Nación-
Rama Judicial, donde el demandante es Abdón Alberto Sierra Gutiérrez, magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla.
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33. Desde el análisis deontológico, el deber funcional de la demandante era verificar que
la mercancía correspondiera con las declaraciones de importación y, de no ser así,
ordenar su aprehensión. Ese deber fue quebrantado de manera ostensible: la mercancía
encontrada en el contenedor -relojes, textiles, licor, cigarrillos, lociones, entre otros- no
guardaba ninguna correspondencia con los patines, pegamentos y marcadores
declarados y esa incongruencia era, en palabras del propio fallo disciplinario de primera
instancia, "ostensible, notable, y palmaria y que a los ojos de cualquier persona sería visible". Conforme
al análisis axiológico, la conducta afectó los principios de transparencia, moralidad y
legalidad que deben regir la función pública aduanera, la cual, conforme al artículo 53 de
la Ley 633 de 2000, constituye un servicio público esencial. La ilicitud sustancial no
requiere un resultado lesivo al erario, sino el quebrantamiento sustancial e injustificado
del deber funcional, que aquí se configura de manera evidente.
4. Sobre la culpabilidad dolosa - segundo reparo del recurso
34. En el recurso de alzada se expresó que el dolo no fue acreditado, que el Tribunal de
primera instancia lo infirió del resultado -el decomiso- sin demostrar la conciencia y
voluntad de la demandante y que la pernocta de 28 horas del contenedor en un
parqueadero abierto introduce una causa extraña que rompe el nexo causal. La Sala no
comparte esa posición. En primer lugar, el dolo no se acreditó exclusivamente a partir del
resultado, sino de un conjunto de circunstancias que demuestran el elemento cognitivo:
la demandante ingresó a la DIAN en 1998, se desempeñó durante catorce años en
dependencias de fiscalización y comercio exterior, es administradora de empresas con
especialización en negocios internacionales y logística internacional y en su propia
declaración juramentada demostró conocer ampliamente el procedimiento de inspección,
citando incluso la normativa aplicable en las propias actas reprochadas. Esa experiencia
acumulada hace imposible sostener que desconocía que la mercancía no correspondía
con lo declarado.
35. En segundo lugar, el argumento de la pernocta de 28 horas como causa extraña que
habría permitido la manipulación del contenedor no fue acreditada. El precinto J2332649
(sello) con el que salió el contenedor del puerto de Buenaventura fue encontrado en
perfectas condiciones por los funcionarios de la POLFA y de fiscalización en el punto de
control La Manuela, sin signos de violencia ni irregularidad alguna, lo que descarta la
49
TA, índice 48, anexo con 834 folios id, pág. 478.
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hipótesis de manipulación posterior. El conductor García Granada declaró que el
contenedor venía completamente sellado desde el muelle y que en ningún momento tuvo
acceso a su contenido, y si bien pernoctó en el parqueadero "Los Tubos" -de acceso
abierto con custodia mínima-, ese solo hecho no acredita la manipulación; se trata de
una hipótesis que la demandante misma calificó como posible, no como probada. En el
derecho disciplinario, la duda razonable que activa el in dubio pro disciplinado debe
fundarse en razones concretas que la respalden, no en meras conjeturas o posibilidades
abstractas y, en el presente caso, esa duda no encuentra sustento explicativo.
36. En tercer lugar, el argumento que la demandante llevaba "un día en el cargo" al momento
de la inspección es formalmente cierto -fue incorporada a la nueva planta el 4 de
noviembre de 2008, el mismo día de la inspección- pero sustancialmente insuficiente
para desvirtuar el dolo. La incorporación a una nueva planta no equivale a ser nueva en
la entidad ni en las funciones aduaneras: la demandante acumulaba catorce años de
servicio en la DIAN de Buenaventura, había trabajado en la División de Comercio Exterior
desde 2005 y se desempeñó como inspectora de operativos en la División de
Fiscalización entre 2006 y 2007.
37. Por otro lado, debe también la Sala precisar que el dolo no se deriva solo de la
experiencia comprobada de la disciplinada, sino de la concurrencia de varios factores: la
experiencia funcional; el conocimiento del procedimiento que efectuó, las diferencias
ostensibles entre la mercancía declarada y la encontrada posteriormente, la ausencia de
evidencia de una manipulación posterior del contenedor, la integridad del sello o precinto
que, como antes se adujo, se demostró que no fue manipulado, pues se encontró en la
misma forma que fue puesto cuando se despachó la mercancía. Es la valoración conjunta
de esos elementos la que permite inferir el conocimiento y la voluntad exigidos por el tipo
disciplinario. La culpabilidad dolosa está debidamente acreditada.
38. Por todo lo expuesto, el elemento subjetivo del tipo disciplinario está plenamente
acreditado: la demandante conocía la ilicitud de su actuación -debido a su dilatada
experiencia en la DIAN y su formación especializada en comercio exterior- y dirigió
voluntariamente su conducta hacia la autorización del levante de mercancía que no
correspondía con lo declarado, sin que la hipótesis de manipulación posterior del
contenedor encuentre respaldo probatorio en el plenario, toda vez que la cadena de
custodia, los registros de transporte; las declaraciones del conductor; la imposibilidad
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Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
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logística de sustituir completamente la carga sin afectar los mecanismos de seguridad,
dan certeza sobre la no alteración posterior de la carga y por ende de la mercancía que
se hallaba en el contenedor. La culpabilidad dolosa queda así demostrada y no hay lugar
a recalificación de la conducta a título de culpa.
5. Sobre la dosificación de la sanción - tercer reparo del recurso
39. Por último, adujo que la sanción de destitución e inhabilidad por doce años es
desproporcionada y que, en el peor escenario, la conducta debió calificarse como culpa
grave con sanción de suspensión. Descartada la recalificación culposa por las razones
expuestas, el análisis de proporcionalidad debe partir de que la falta es gravísima dolosa,
lo que conforme al artículo 44 de la Ley 734 de 2002 conduce necesariamente a la
destitución e inhabilidad general, con un baremo entre diez y veinte años según el artículo
46 ibidem. Dentro de ese baremo, la Agencia ITRC aplicó uno de los mínimos -doce
años-, valorando a favor de la demandante la ausencia de antecedentes disciplinarios,
sus buenas calidades personales y el no haber desempeñado cargo jerárquico; y, en su
contra, el grave daño social causado al servicio público esencial de la DIAN y el
conocimiento de la ilicitud. Esa ponderación es razonable, motivada y ajustada a los
criterios del artículo 47 de la Ley 734 de 2002. La sanción impuesta no resulta
desproporcionada frente a la gravedad de la conducta -permitir el ingreso de mercancía
de contrabando al territorio nacional avalando su legalidad- y la calificación subjetiva
acreditada.
6. Control integral de la actuación administrativa
40. Ejercido el control judicial integral conforme a la sentencia de unificación del 9 de
agosto de 2016 de la Sala Plena de esta Corporación, la Subsección advierte que la
actuación disciplinaria adelantada por la Agencia ITRC observó las garantías del debido
proceso: la demandante fue vinculada oportunamente, contó con apoderado judicial
desde la etapa de descargos, pudo solicitar y controvertir pruebas, ejerció los recursos
de ley y cada actuación le fue debidamente notificada. No se advierte vulneración al
derecho de defensa ni irregularidad procesal que afecte la validez de los actos
sancionatorios. La competencia de la Agencia ITRC para investigar y sancionar faltas
gravísimas de servidores de la DIAN está expresamente establecida en el Decreto 4173
de 2011.
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Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
2.7 Conclusión
41. Superado el control judicial integral sobre la actuación disciplinaria adelantada por la
ITRC, la Sala encuentra que los actos administrativos demandados fueron expedidos por
autoridad competente, con plena observancia del debido proceso y el derecho de
defensa, con sustento probatorio suficiente para acreditar cada uno de los elementos de
la responsabilidad disciplinaria -capacidad, conducta, tipicidad, ilicitud sustancial y
culpabilidad dolosa- y con una dosificación de la sanción ajustada a los parámetros
legales y proporcional a la gravedad de la falta. Los reparos formulados en el recurso de
apelación no logran desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
sancionatorios ni evidencian irregularidad alguna que comprometa su validez, razón por
la cual, se impone confirmar la sentencia de primera instancia.
2.8 Condena en costas
42. No habrá lugar a condena en costas en esta instancia por no reunirse los
presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el
artículo 365 del Código General del Proceso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No. 286 del 31 de octubre de 2025, proferida por
la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó
las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.
Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Radicación: 1089-2026
Demandante: Paola Andrea Ortiz Iragorri
Demandada: DIAN
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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