Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00733-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00733-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-00733-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
1 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-33-000-2014-00733-01 (2034-2020)
Demandante : Roger Monje Gaitán
Demandada : Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
Tema : Incompatibilidad entre la asignación de retiro y el pago de
salarios y prestaciones dejados de recibir como
consecuencia de desvinculación ilegal (realizado en
cumplimiento de una orden judicial, que además dispuso
el reintegro al servicio activo)
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 65 a 94). El señor Roger Monje Gaitán, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción contencioso-administrativa
a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme
al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (Casur), para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 6264 de 21 de
agosto de 2012 y 2231 de 8 de abril y 4671 de 12 de junio, ambas de 2013, por
las que la accionada ordenó el reintegro de $91.084.195,46 por concepto de la
asignación de retiro que el actor recibió entre el 3 de agosto de 2006 y el 30 de
julio de 2012.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) «[...] suspender el cobro de los valores señalados y
[…] devolver los dineros descontados […]» (sic), (ii) indexar las sumas
adeudadas, (iii) pagar intereses e «indemnización» moratorios y (iii) sufragar la
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Roger Monje Gaitán contra Casur
suma de $50.000.000,oo «[…] por los DAÑOS CAUSADOS […]». Por último,
se le condene en costas.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que, a través de Resolución
2636 de 27 de abril de 2006, la Policía Nacional lo desvinculó del servicio
activo, motivo por el cual, con Resolución 3706 de 18 de julio posterior, Casur
le reconoció asignación de retiro, girada «[…] hasta el día 30 de Julio de 2012
fecha en la cual se suspendió abruptamente […] sin que […] existan razones
jurídicas valederas […]» (sic).
Que entre el 1º de agosto de 2012 y el 7 de febrero de 2013 «[…] estuvo en
servicios activo […] en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal […]
Administrativo del Valle del Cauca Numero Interno
76001333100520060000301 […]; [que] dispuso [...] reintegrar[lo] [...]» (sic) a
la actividad policial.
Dice que la accionada, por medio de Resolución 2231 de 8 de abril de 2013,
«[…] reconoció nuevamente asignación de retiro […] y [lo] Declaro deudor
del Tesoro Público […] por […] $91’084.195.46 y […] ordenó el reintegro
[…], valores, que según la Caja habían sido cancelados […] por concepto de
asignación mensual de retiro pagada entre el 03-08-2006 y el 30-07-2012,
argumentando que no podía haber recibido dichos dineros» (sic); además,
desde aquella fecha le ha descontado el 50% de su mesada de manera mensual.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos censurados los artículos 2º, 6º, 25, 28, 29, 48, 53, 58, 90,
121 y 128 de la Constitución Política y 97 del CPACA; la Ley 4ª de 1992 y el
Decreto 1213 de 1990.
Aduce que la demandada desconoce principios de raigambre superior, como la
prohibición de desmejorar el salario y la protección del mínimo vital. La
Administración revocó unilateralmente, esto es, sin su consentimiento expreso
y escrito, la asignación de retiro que devengaba, cuando no se acreditó que la
hubiera obtenido por medios ilegales, lo que denota la violación del debido
proceso que le asiste.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 108 a 109 vuelto). La accionada, por
conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del medio
de control y se refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que son
parcialmente ciertos. Asimismo, propuso las excepciones denominadas
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inexistencia del derecho, falta de causa y de integración del litisconsorcio
necesario e inepta demanda por falta de claridad en las pretensiones y por
ausencia de requisitos formales.
Arguye que, de conformidad con el artículo 128 de la Carta Política, no es dable
recibir salario y asignación de retiro o pensión de manera coetánea, como
ocurrió en el sub lite, toda vez que en «[…] el período comprendido entre el 3
DE AGOSTO DE 2006 AL 30 DE JULIO DE 2012 [...]» (sic) el demandante
recibió ambos, por lo que «[…] al proferirse los actos administrativos
demandados lo que buscó […] fue darle estricta aplicación al orden
Constitucional» (sic).
1.6 La providencia apelada (ff. 192 a 197). El Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, con fallo de 30 de mayo de 2019, negó las súplicas de la
demanda (con condena en costas), al considerar que la Caja accionada «[...]
revocó la asignación mensual de retiro al desaparecer, con las sentencias
proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la condición de
retiro del [actor]. Por consiguiente, no es posible que […] perciba, por el mismo
lapso de tiempo [dicha prestación] a cargo de CASUR y el salario pagado por
la Policía Nacional, pues ambas se derivan de relaciones de diferente
naturaleza jurídica, pero que no son concurrentes, ya que no se puede tener al
mismo tiempo la condición de activo y retirado» (sic).
Que la orden de reintegro de dineros emitida por la demandada «[…] tiene como
efecto retrotraer las cosas a su estado inicial, antes de expedirse el acto de
retiro, lo que conlleva a la ficción jurídica de nunca haber estado separado del
servicio, máxime si nunca hubo solución de continuidad, y deviene
incompatible lo recibido a título de restablecimiento del derecho y lo percibido
por asignación de retiro» (sic).
1.7 El recurso de apelación (ff. 203 a 239). Inconforme con la anterior
decisión, el accionante interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo
no prestó mientes en que (i) el trámite administrativo de revocación directa no
colmó los presupuestos legales, por cuanto dejó de obtener su autorización
expresa para ello y no le dio la oportunidad de defenderse; (ii) la Administración
no comprobó «[…] un comportamiento ilícito […]» de su parte, al paso que los
actos enjuiciados solo pueden tener efectos ex nunc; y (iii) de acuerdo con el
artículo 36 del Decreto 4433 de 2004, «Las asignaciones de retiro […] son
compatibles con los sueldos provenientes del desempeño de empleos públicos,
incluidos los correspondientes a la actividad militar o policial […]».
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Agrega que no cuestiona el interés de la accionada de «[…] recuperar en favor
del Estado los dineros cancelados durante el tiempo que recibió asignación de
retiro y que coinciden con los sueldos que se pagan por el retroactivo
reconocido en su reintegro al servicio activo de la Policía Nacional […]», sino
el «[…] procedimiento grosero y violatorio del Debido Proceso […] para
conseguir su cometido […]» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido con auto de 11 de diciembre de 2019 (f.
241) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 30 de noviembre
de 2021 (f. 247), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 24 de marzo de 2022 (f. 249), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada
por las primeras1.
2.1.1 Parte demandada. Pide confirmar la decisión de primera instancia, en la
medida en que «[…] el demandante percibió una asignación de retiro […]
porque reunió los requisitos para ser beneficiario de la prestación y que le
fueron pagadas las sumas que por concepto de restablecimiento del derecho se
reconocieron en la sentencia judicial que anuló la decisión de retiro y ordenó
como consecuencia su reincorporación al servicio activo, respecto de las cuales
se concluye que no pierden el carácter de salario, de manera que resultan
incompatibles con las sumas que percibió por concepto de asignación de
retiro».
2.1.2 Actor. Trascribe los argumentos consignados en su escrito de apelación.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
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Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde a
la Sala determinar si del pago de salarios y demás emolumentos que se reciba
como consecuencia de una orden judicial de reintegro al servicio activo de un
miembro de la Policía Nacional, se debe descontar lo sufragado por concepto
de asignación de retiro, reconocida con posterioridad a la desvinculación, por
incompatibilidad entre ambas erogaciones.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
Lo primero que ha de anotarse es que el artículo 128 de la Constitución Política
dispone:
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas.
Ahora bien, respecto de la naturaleza del pago de salarios y prestaciones
sociales ordenado por sentencia judicial como consecuencia de la declaración
de nulidad de un acto administrativo de retiro del servicio, en principio, se
encuentra que esta Corporación, en sentencia de 5 de febrero de 1948, consejero
ponente Pedro Gómez Parra, explicó que «La nulidad que afecta los actos
demandados conduce a considerarlos como si no hubieran sido expedidos, y,
por consiguiente, que la relación jurídica que existía entre la Administración y
los demandantes, antes de la expedición de dichos actos, no ha sido
interrumpida. Y comoquiera que las Leyes 50 de 1946 y 74 de 1945, que se
invocan en dichas súplicas, reglan tales relaciones jurídicas en cuanto a
sueldos y prestaciones sociales, y son preexistentes a los actos demandados, es
de rigurosa aplicación en la sentencia lo dispuesto por esas normas de
derecho». Por lo tanto, se entiende que el reintegro y el pago de sueldos
proceden a título de restablecimiento del derecho, aunque en este fallo no se
habla expresamente de tal concepto.
Con posterioridad, se destaca el fallo de 17 de septiembre de 1993, expediente
5505, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz, que al referirse al descuento de
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los salarios y prestaciones sociales que hubiera recibido el servidor retirado
ilegalmente, en el mismo período, del erario o de entidades que tenga parte
principal el Estado2, sostuvo:
a) Al igual que el artículo 64 de la Constitución de 1886, el 128 de la Carta
actual prohíbe recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público, salvo las excepciones que establezca la ley.
b) Entre tales excepciones no se encuentra la percepción simultánea de
salarios por el desempeño de un empleo y los valores correspondientes a
los salarios y haberes dejados de percibir por la desvinculación del servicio
público anulada por esta jurisdicción.
c) Dentro de los efectos de las sentencia de reintegro y pago de aquellos
haberes, está precisamente el de tener por tiempo servido para todos los
efectos legales el correspondiente al lapso durante el cual estuvo cesante
el empleado. Luego, aunque no hubo un desempeño real del empleo, lo
cierto es que por mandato legal para efectos jurídicos se entiende por
laborado dicho período.
d) El título bajo el cual se causan tales haberes no es el de
indemnización o reparación del daño, sino de restablecimiento del
derecho, que es armónico con la ficción de haber desempeñado el
cargo mientras estuvo cesante. Si fuere a título de indemnización o
reparación del daño, tal ficción sería imposible, porque la nulidad y el
consecuencial restablecimiento del derecho en esos casos, coloca la
situación jurídica como si el desvinculado jamás hubiera estado
cesante.
e) Frente a la prohibición constitucional, esta jurisdicción al proferir sus
sentencias está obligada a ordenar dicho descuento, porque el imperio de
la Constitución y de la ley es insoslayable [negrilla de la Sala].
En esta oportunidad el consejero Carlos Arturo Orjuela Góngora salvó
parcialmente su voto en lo atañedero a los aludidos descuentos, ya que el pago
de los salarios y demás haberes dejados de devengar tienen por objeto resarcir
el perjuicio que el acto ilegal causó, por lo que carecen del carácter de otra
asignación.
La sala plena del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de julio de 1996,
expediente S-638, consejero ponente Carlos Arturo Orjuela Góngora, desarrolló
la tesis según la cual «[…] no son procedentes los descuentos por razón de
2
Criterio reiterado en providencias de 2 de noviembre de 1993, expediente 5634, C. P. Diego Younes Moreno;
17 de noviembre de 1994, expediente 8201, C. P. Dolly Pedraza de Arenas; y 8 de abril de 1996, expediente
9863, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
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Expediente 76001-23-33-000-2014-00733-01 (2034-2020)
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cualquier relación legal y reglamentaria que [se] hubiese tenido […] y que
haya dado lugar al pago de salarios y prestaciones por su trabajo real y
efectivo», al considerar:
i) La mencionada condena resarce el perjuicio que el acto ilegal, declarado nulo,
le genera al demandante.
ii) Nada impide recibir sueldo e indemnización al mismo tiempo, pues aquel
comporta una erogación que proviene de la prestación personal del servicio a
través de una relación legal y reglamentaria, y la segunda, del hecho ilegal de
la Administración, por lo que no cabe dentro de la prohibición contenida en los
artículos 64 de la Constitución Nacional de 18863 y 1284 de la Carta Política de
1991.
iii) Fuera de lo anterior, «[…] no existe disposición legal de ninguna clase que
le ordene a la jurisdicción contencioso administrativa esa clase de
pronunciamientos; y es elemental que en esa materia no cabe la aplicación
analógica. De suyo, el juez no puede crear normas y ordenar dichos descuentos
en la parte resolutiva significa crear una disposición no prevista en esos
términos en la Carta Fundamental ni en la ley».
iv) El «artículo 235 del Decreto 1222 de 1986 —Código de Régimen
Departamental— dispone que los departamentos “repetirán contra las
personas que hubieren efectuado elecciones, nombramientos o remociones
ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizaciones que se hubiere pagado
por esta causa”. Asimismo, los artículos 102 y 297 del Decreto 1333 de 1986,
[…] contienen una redacción similar y hablan de “indemnizaciones”. O sea,
que el propio legislador ha dejado sentado que estos pagos son
indemnizaciones y no una “segunda asignación”».
v) El artículo 78 del Código Contencioso Administrativo (CCA) previó la figura
de la «responsabilidad conexa», lo que significa que si el funcionario
responsable de la remoción legal es obligado al pago de las condenas no podría
hablarse tampoco de un empobrecimiento del Estado. Y, por su parte, el artículo
90 superior, al disponer que «[…] el Estado responderá patrimonialmente por
los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
3
«Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes».
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«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
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omisión de las autoridades públicas», individualmente refuerza el carácter
indemnizatorio de las condenas correspondientes, a la par que establece en su
inciso segundo la opción de repetir contra el servidor responsable.
No obstante, la sección segunda de esta Corporación, en fallo de 16 de mayo de
2002, consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero, expediente 19001-23-31-
000-1998-0397-01 (1659-01), se apartó del precitado criterio jurisprudencial, al
fijar como regla que «[…] cuando el juez ordena que como consecuencia de la
nulidad de un acto de retiro, el demandante sea reintegrado al cargo, que se le
paguen los salarios y prestaciones dejados de devengar, se tenga para todos
los efectos legales como de servicio el tiempo que permaneció desvinculado de
la administración y adicionalmente sean indexadas las sumas que se le deben
por ese lapso, no está disponiendo nada distinto que hacer efectiva la
consecuencia de volver las cosas a su estado anterior, como si el empleado
nunca hubiere sido retirado del servicio, es decir, que restablece el derecho.
Por ello la percepción de los pagos ordenados conjuntamente con otros que
tienen origen en el desempeño de un empleo público, dentro del mismo lapso,
es claramente contraria a la Constitución y la ley» (se destaca), al estimar:
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho se dirige no sólo a
obtener la nulidad del acto administrativo que quebranta el ordenamiento
jurídico, sino que, como consecuencia de ello, surgen dos posibilidades
para aquel a quien le han sido conculcados sus derechos con la ilicitud del
acto: el restablecimiento del derecho y la reparación del daño.
Ha de entenderse que la esencia de la figura jurídica del restablecimiento
del derecho está dada por la finalidad que persigue la acción, en este caso,
retrotraer las cosas a su estado anterior al hacer cesar los efectos del acto
nocivo; de manera que cuando el fallo judicial ordena a título de
restablecimiento del derecho el reintegro al cargo de quien fuera declarado
insubsistente en forma ilegal, el pago de salarios y prestaciones dejados de
percibir durante el tiempo transcurrido entre el retiro del servicio y el
reintegro, está devolviendo en el tiempo los efectos del acto que anuló y
en esa medida crea la ficción jurídica de que el servidor nunca fue retirado
del servicio, con todo lo que ello implica; ese es el motivo por el cual se
declara que no ha existido solución de continuidad en la prestación del
servicio.
De acuerdo con lo anterior, las sumas que se ordena cancelar, bien sea a
título de salarios o de prestaciones, constituyen la materialización de esa
decisión restablecedora, consustancial al hecho simulado de que el
empleado nunca fue retirado y por ello mismo se hizo acreedor a los
emolumentos laborales propios de esa relación. No puede por tanto,
pretenderse que las sumas cuyo pago se ordena a título de restablecimiento
del derecho, que además se reconocen indexadas teniendo en cuenta su
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causación mes por mes, tengan carácter indemnizatorio, porque quedaría
entonces desnaturalizada la decisión misma, que no puede tener un doble
carácter, es decir, no puede otorgarse simultáneamente como una forma
de restablecer el derecho a su estado anterior y a su vez como
indemnización, ya que el carácter de esta última está dado por la
compensación de un perjuicio inferido.
La consecuencia jurídica de la declaratoria de nulidad dentro del ámbito
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho constituye un
elemento de diferenciación entre el contencioso objetivo de anulación
(acción de simple nulidad) y el contencioso subjetivo de nulidad (acción
de plena jurisdicción, hoy de restablecimiento del derecho). Pero además
instituye un componente que permite distinguirla de la reparación, que
impone un resarcimiento de los perjuicios causados al empleado
despedido y que si bien está contemplada en el artículo 85 del C.C.A.
como una figura adicional que bien puede ser pretendida por quien instaura
la acción, ello no significa que una y otra puedan equipararse y decretarse
indistintamente.
Para que proceda la reparación consagrada en la norma precitada se
requiere que el interesado pruebe la ocurrencia del perjuicio que alega
como causa de la reparación pretendida y en este evento, una será la causa
de la condena de restablecimiento del derecho, cuyas sumas serán sólo a
título de salarios y prestaciones dejados de percibir y otra la que
corresponda a los perjuicios que se hallen demostrados.
De manera que, cuando la sentencia de primera instancia ordenó en el
numeral 5º de la parte resolutiva el descuento de lo percibido por el actor,
por concepto del desempeño de otros cargos oficiales durante el
interregno, estuvo ajustada a derecho, pues las sumas así generadas no
podrían quedar repetidas en las que dispuso cancelar a título de
restablecimiento del derecho, porque constituirían no sólo
enriquecimiento sin causa, sino que estarían inmersas en la prohibición
constitucional de percibir doble asignación del tesoro público […].
Pero el anterior derrotero fue modificado por la sala plena del Consejo de
Estado, en sentencia de 29 de enero de 2008, expediente 76001-23-31-000-
2000-02046-02, con ponencia del doctor Jesús María Lemos Bustamante, que
discurrió así:
Indudablemente el artículo 128 de la Carta Política prohíbe a los servidores
públicos desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la Ley.
Empero de esta preceptiva no puede deducirse la prohibición para ordenar
el pago de las sumas de dinero que por concepto de salarios y prestaciones
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provenientes de un empleo público hubiese recibido el demandante
durante el lapso transcurrido entre el retiro y el cumplimiento de la orden
de reintegro impartida por el juez contencioso administrativo al decidir a
su favor la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por él
impetrada.
El pago ordenado como consecuencia de la declaratoria de nulidad del
acto de retiro ostenta un carácter indemnizatario, vale decir, en estos
casos el restablecimiento del derecho se traduce en la indemnización
de los perjuicios irrogados por el acto ilegal.
La remisión que se hace a los salarios dejados de percibir se utiliza sólo
como mecanismo indemnizatorio, como medida o tasación de la
indemnización, tal como se emplea en otras ocasiones el valor del gramo
oro o el del salario mínimo. Se acude a él porque la indemnización debe
corresponder al daño sufrido y este se tasa con base en los salarios y
prestaciones de la relación laboral que se extinguió.
Cuando se dispone el reintegro de un trabajador con el consecuente pago
de los salarios y prestaciones dejados de recibir desde la fecha del retiro
hasta la del reintegro efectivo las cosas vuelven a su estado anterior, como
si durante el tiempo en que estuvo cesante hubiera estado efectivamente
prestando el servicio y devengando el salario correspondiente.
Si durante ese lapso el servidor público desempeñó otro cargo y recibió el
salario a él asignado este valor no debe descontársele porque su causa es
diferente, la efectiva prestación del servicio como empleado público.
Adoptar como política el descuento de los salarios percibidos por el
servidor público en otro cargo público equivaldría a obligarlo a
permanecer sin empleo si quiere obtener la reparación o a considerar
que esta no corre a cargo de la administración sino del propio
interesado, o a devolver el valor del salario percibido como
consecuencia del trabajo por él realizado, cuando uno de los elementos
básicos de la relación laboral es la remuneración.
Como el pago impuesto en la condena no tiene por causa la prestación del
servicio sino el daño causado por el retiro ilegal no tiene la connotación
de asignación laboral dirigida a remunerar el servicio prestado y, por ende,
no debe considerarse incurso en la prohibición establecida por el artículo
128 de la Carta Política.
El pago de las acreencias dejadas de percibir, tiende, se insiste, a resarcir
al empleado público por el daño causado al ser despojado de su condición
por la actuación viciada de la autoridad que irregularmente interrumpió su
vínculo laboral, perjuicio que se compensa con la decisión judicial que
ordena pagarle, debidamente indexados, los salarios y prestaciones de los
que fue ilegalmente privado, previas las deducciones de ley.
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El artículo 128 de la Constitución tiende a impedir la vinculación
simultánea en dos empleos públicos, supuesto fáctico que no se tipifica en
este caso porque en situaciones como la descrita el afectado sólo ha
desempeñado en verdad un empleo, aquel que obtuvo después de la
desvinculación ilegal, y lo que ordena el juez es que, como ficción legal,
vuelvan las cosas al estado anterior, con el objeto de reparar el daño
causado, considerando que no estuvo separado del cargo del cual fue
retirado, para efectos salariales y prestacionales. No puede aceptarse la
tesis de que existe enriquecimiento sin causa por el pago de salarios y
prestaciones como consecuencia del reintegro, habida cuenta de que el
empleo cuyo pago se ordena efectivamente no se desempeñó, porque la
razón del reconocimiento de estos valores es el perjuicio irrogado al
servidor por la administración al despedirlo ilegalmente, dado que el
servicio en verdad no se prestó. Los salarios y prestaciones se deberán
pagar por el tiempo en que legalmente hubiera permanecido el servidor
público en el cargo, teniendo en cuenta las situaciones laborales
específicas como la supresión posterior del empleo, empleos de período
fijo, edad de retiro forzoso, reintegro posterior al cargo, haber alcanzado
el estatus de pensionado, etc. [destaca la Sala].
De la reseña jurisprudencial expuesta se puede colegir que aunque desde un
principio se estimó que el reintegro y el pago del salario y las prestaciones
sociales dejados de devengar por el empleado público que ha sido retirado
ilegalmente del servicio oficial, procedía a título de restablecimiento del
derecho, lo que implicaba volver las cosas a su estado anterior, como si nunca
hubiere sido desvinculado, este criterio fue reemplazado por el de carácter
indemnizatorio, al considerarse que aquel pago equivalente a los perjuicios
causados por la remoción injusta, por lo que obligar al servidor a devolver lo
ganado por otro trabajo público ejercido durante el tiempo en que estuvo
cesante, resulta a todas luces desproporcional respecto de la finalidad que
persigue la aludida condena, pues su pago no tiene como causa la prestación del
servicio ni connotación de asignación laboral, sino por el contrario (se insiste)
es una indemnización por el daño ocasionado, motivo por el cual tampoco se
encuentra incurso en la prohibición del artículo 128 constitucional.
De igual manera, en sentencia de 3 de febrero de 2015, el Consejo de Estado
(sala 8 especial de decisión)5 reiteró la postura jurisprudencial atrás anotada,
así:
En efecto, en anteriores oportunidades esta Corporación ha precisado que
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se dirige no solo a
5
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sala 8 especial de decisión, sentencia de tres
(3) de febrero de dos mil quince (2015), consejera ponente María Elizabeth García González, expediente S-
2003-00169.
11
Expediente 76001-23-33-000-2014-00733-01 (2034-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Roger Monje Gaitán contra Casur
obtener la nulidad del acto administrativo que quebranta el ordenamiento
jurídico, pues a la luz del artículo 85 del C.C.A., como consecuencia de tal
nulidad, surge la posibilidad de solicitar el restablecimiento del derecho y
la reparación del daño, en cuanto la finalidad de esta acción es retrotraer
las cosas a su estado anterior, de manera que cuando un fallo judicial
ordena a título de restablecimiento del derecho el reintegro al cargo y el
pago de salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo
transcurrido entre el retiro del servicio y el reintegro, devuelve en el
tiempo los efectos del acto que anuló y en esa medida crea la ficción
jurídica de que el servidor nunca fue retirado del servicio6.
También señaló la Jurisprudencia que el pago ordenado como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de retiro tiene carácter
indemnizatorio, es decir, que en estos casos el restablecimiento del
derecho se da con la indemnización de los perjuicios que el acto ilegal
irrogó y que, por tanto, no se viola el artículo 128 de la Constitución
Política, que prohíbe percibir más de una asignación proveniente del
tesoro público.
En consecuencia, al no existir incompatibilidad entre las sumas
reconocidas al actor a título de indemnización, esto es, entre los salarios y
prestaciones dejadas de percibir con ocasión de la expedición del acto de
desvinculación que por ilegal fue posteriormente declarado nulo y la
asignación de retiro, la entidad demandada no debió ordenar el descuento
de las sumas recibidas a este último título (asignación de retiro) y al
hacerlo, tal disposición será declarada nula […].
De acuerdo con este criterio no es dable endilgarle al empleado público
reintegrado al servicio en virtud de una sentencia judicial, un enriquecimiento
sin causa por el hecho de que haya recibido como consecuencia de la
declaración de nulidad del acto administrativo de retiro, el pago de los salarios
y prestaciones que dejó de recibir, puesto que, por una parte, lo que devenga a
título de asignación de retiro o de salario por otro empleo público desempeñado
resulta ser producto de un derecho adquirido porque en el primer evento
cumplió los requisitos para hacerse acreedor a aquella o en el segundo, el sueldo
es resultado de la prestación personal del servicio y como tal constituye un
elemento de la relación laboral; y, por la otra, la condena entra al peculio como
indemnización por los daños que se le causaron.
Por tanto, al existir compatibilidad entre lo cancelado a título de indemnización
al servidor público por concepto de salarios y prestaciones que no devengó
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 27 de marzo de 2008 (Expediente núm.
8239-05, Consejero Ponente, doctor Gustavo Gómez Aranguren), providencia que reiteró lo expresado por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el fallo de 29 de enero de ese año
(Expediente núm. 2000-02046-02, Consejero ponente Jesús María Lemos Bustamante), que unificó el criterio
frente al tema sub examine.
12
Expediente 76001-23-33-000-2014-00733-01 (2034-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Roger Monje Gaitán contra Casur
durante su retiro ilegal y lo recibido por asignación de retiro, resultan a todas
luces injustificados los descuentos que se realicen por las mesadas pensionales
pagadas durante el mismo interregno.
Sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia SU-53 de 12 de febrero de
2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, precisó:
29. A su turno, la precitada sentencia SU-556 de 2014 unificó la posición
de esta Corporación, en torno a las medidas de protección que deben
adoptarse, cuando se desvincula sin motivación a un funcionario
nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera. De hecho, luego de
un recuento jurisprudencial, mantuvo invariablemente la regla conforme a
la cual, lo que procede en estos casos, es ordenar la nulidad del acto de
retiro, como mecanismo para la protección de los derechos a la estabilidad
laboral, a la igualdad y al debido proceso.
30. No obstante, respecto a las medidas de restablecimiento, esta
Corporación constató la existencia de una tensión constitucional entre, por
una parte, el alcance de las medidas de protección de quien ha sido
desvinculado con desconocimiento de su derecho a la estabilidad y, por
otra, la proporcionalidad del reconocimiento que a título de indemnización
se debe percibir, en tales casos, ante el carácter transitorio de la estabilidad
laboral relativa.
31. De acuerdo con lo anterior, la Sala Plena precisó que para el caso de
los provisionales que ocupan cargos de carrera y que son desvinculados
sin motivación alguna, “el pago de los salarios dejados de percibir, desde
que se produce su desvinculación hasta el momento en que sus derechos
son reconocidos judicialmente, resulta ser una indemnización excesiva a
la luz de la Constitución Política y la Ley, que puede dar lugar a un
enriquecimiento sin justa causa”7. En relación con ese punto, la sentencia
SU-556 de 2014 explicó que el servidor público afectado con la medida
de retiro se encuentra en todo caso, en una modalidad de vinculación
temporal, que desde el punto de vista estrictamente jurídico no tiene
vocación de permanencia, lo que claramente impide que la persona tenga
una expectativa real de permanencia indefinida, representada en la posible
indemnización exigible en tales circunstancias.
32. De igual modo, ya que, en la persona estriba la responsabilidad de su
propio sostenimiento, no es factible trasladar dicha carga a su empleador,
por el hecho de haber sido declarada insubsistente de un cargo de
estabilidad relativa. Tampoco es posible suponer que el daño causado
corresponda a la totalidad del tiempo transcurrido desde la desvinculación
hasta la decisión judicial de reintegro, ni que al servidor público afectado
se le deban pagar los salarios dejados de percibir por un servicio que es
7
Cfr. Párrafo 3.6.10.5.
13
Expediente 76001-23-33-000-2014-00733-01 (2034-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Roger Monje Gaitán contra Casur
imposible que preste hacia el pasado, y que, sí pudo ejercer eventualmente
en otro estamento de la sociedad.
33. Desde esa perspectiva, estimó la Sala Plena que la fórmula que debe
aplicarse al caso de quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad y
son desvinculados sin motivación, es la de disponer que su reintegro se
realice sin solución de continuidad, con el correspondiente pago de los
salarios y prestaciones efectivamente dejados de percibir8. En este
sentido, como quiera que sólo cabe indemnizar el daño efectivamente
sufrido y tal daño es equivalente a lo dejado de percibir, de la suma
indemnizatoria es preciso descontar todo lo que la persona, durante
el periodo de desvinculación, percibió como retribución por su
trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o privada, como
dependiente o independiente.
34. Tomando en consideración lo señalado en esta sentencia de
unificación, y lo dispuesto en el artículo 123 Superior, las órdenes que se
deben adoptar en los casos de retiro sin motivación de las personas
vinculadas en provisionalidad en un cargo de carrera, son las siguientes:
i. El reintegro del servidor público desvinculado a su empleo, siempre y
cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya
sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor
no haya llegado a la edad de retiro forzoso.
ii. Para el reintegro también deberá examinarse si el servidor público
cumple con los requisitos para acceder al cargo público, tales como la
carencia de antecedentes penales y disciplinarios. Lo anterior de
conformidad con el artículo 123 Superior, que establece que “los
servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley
y el reglamento”.
iii. A título indemnizatorio, sólo se debe pagar el equivalente a los salarios
y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia,
descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido
la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis
(6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
[…]
De esa manera, en caso de que los jueces de instancia ordinarios o
constitucionales constaten la ausencia de motivación del acto de retiro,
deben considerar la jurisprudencia de la Corte Constitucional para efectos
de i) ordenar los eventuales reintegros a que tengan derecho los
demandantes, y ii) determinar los límites a las indemnizaciones que les
8
En la sentencia SU-691 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte empezó a desarrollar el
criterio, según el cual, resultaba procedente ordenar, a las respectivas entidades accionadas que descontaran las
sumas que hubieren devengado los peticionarios, provenientes del Tesoro Público entre el momento de la
desvinculación hasta su reintegro efectivo o hasta la fecha de supresión del cargo, según el caso.
14
Expediente 76001-23-33-000-2014-00733-01 (2034-2020)
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Roger Monje Gaitán contra Casur
serán reconocidas. Específicamente deben observar la Sentencia SU-556
de 2014, como quiera que debe aplicarse el principio de igualdad entre los
servidores públicos que han sido desvinculados de sus cargos en contravía
de la Constitución.
Según la anterior pauta jurisprudencial, el pago de los salarios dejados de
devengar como indemnización por el retiro ilegal del servicio, desde la
desvinculación hasta el momento en que sean reconocidos los derechos del
servidor de manera judicial, resulta excesivo, pues sobre este también recae la
obligación de asumir su sostenimiento, por lo que no es dable presumir que el
daño causado se proyecte desde su retiro hasta el fallo por medio del cual se
ordene su reintegro. Asimismo, comoquiera que la mencionada indemnización
tiene como propósito el resarcimiento de daño sufrido, procede descontar de
esta lo que haya devengado la persona como retribución de su trabajo, sea de
forma dependiente o independiente y proveniente de una fuente pública o
privada, pero dicha reparación no puede ser inferior a 6 meses ni superior a 24
meses de salarios.
En relación con el porqué de los aludidos límites indemnizatorios, la Corte
Constitucional, en el fallo SU-556 de 20149, sostuvo:
3.6.13.5. A este respecto, el valor mínimo indemnizatorio en este caso se
fija, en razón a que las personas desvinculadas han agotado previamente
el respectivo proceso judicial, y, como consecuencia de la congestión y la
consiguiente mora en la adopción de las decisiones de protección, la
posibilidad de acceder a un reconocimiento patrimonial por el despido
injusto se extienda a periodos de varios años, es decir, a periodos que
superen los seis (6) meses. En el caso contrario, el pago mínimo de
indemnización no tiene lugar, y ésta deberá corresponder al daño
efectivamente sufrido, el cual será equivalente al tiempo cesante.
3.6.13.6. Por su parte, y en plena concordancia con lo anterior, el término
máximo de indemnización se fija dentro del propósito de evitar un pago
excesivo y desproporcionado en relación con el verdadero daño sufrido a
causa de la desvinculación, y su tope de 24 meses se determina teniendo
en cuenta los estándares internacionales y nacionales recogidos en
diversos estudios, que consideran como de larga duración el desempleo
superior a un año.
3.6.3.13.7. Para establecer el promedio de la duración del desempleo, se
tomaron como referencia dos estudios que permiten estimar el
funcionamiento de dicha variable en el mundo y en el país. El primero de
ellos fue realizado y publicado por la Organización Internacional del
9
Magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15
Expediente 76001-23-33-000-2014-00733-01 (2034-2020)
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Roger Monje Gaitán contra Casur
Trabajo (OIT), el 21 de enero de 2014, titulado Global Employment
Trends 2014: Risk of a jobless recovery?, en el cual se reflejan diversos
indicadores mundiales y regionales sobre el mercado laboral. En
particular, sobre el indicador de la duración del desempleo en algunas
economías10, advierte que, cuando se trata del desempleo de larga
duración11, el promedio para conseguir trabajo es por lo menos de 12
meses, mientras que frente al desempleo de corto o mediano plazo, el
tiempo promedio para ubicarse laboralmente es de aproximadamente 4,5
meses.
El segundo estudio evaluado es la investigación adelantada por la
Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de
Planeación, titulada “Duración del desempleo y canales de búsqueda de
empleo en Colombia, 2006”12, la cual, a partir de una análisis no
paramétrico, define también estándares sobre la duración del desempleo
en el país. Con base en la Encuesta Continua de Hogares del segundo
trimestre del año 2006, en dicha investigación se destaca que en Colombia
predomina el desempleo de larga duración13, sobre la base de considerar
que el 54% de la población se demora un periodo superior a los 12 meses
para conseguir empleo. De igual manera, con un enfoque de género, se
explica que el 50% de los hombres consigue empleo a los 8 meses o menos
de encontrarse desocupados, mientras que las mujeres necesitan por lo
menos 18 meses para lograr dicho objetivo. En este mismo sentido,
encuentra el estudio que el comportamiento de esos resultados puede
variar significativamente cuando los desempleados utilizan canales
formales o informales para la búsqueda de trabajo, de manera que el 75%
de los que utilizan herramientas formales han salido del desempleo a los
12 meses, mientras que los que acuden a la informalidad ocupa un mayor
tiempo para emplearse.14
3.6.3.13.8. Conforme con lo expuesto, las órdenes que se deben adoptar
en los casos de retiro sin motivación de las personas vinculadas en
provisionalidad en un cargo de carrera, son: (i) el reintegro del servidor
público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes
de la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya
sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y,
(ii) a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y
10
De manera concreta el cuadro No. 10 (página 25) compara cómo ha variado el promedio –en meses- de la
duración del desempleo desde el año 2003 hasta el 2012 en los siguientes países: Canadá, Brasil, Estados
Unidos, Reino Unido, Turquía, Japón, España, Sur África y Grecia.
11
De acuerdo con el estudio Global Employment Trends 2014: Risk of a jobless recovery?, se entiende por
desempleo de larga duración, aquél que supera los 12 meses, mientras que el desempleo de corta y mediada
duración es aquél que se extiende entre 3 y 6 meses, y en todo caso es menor de 12 meses.
12
Este documento fue elaborado por profesores Carlos Augusto Viáfara L, y José Ignacio Uribe G. del
Departamento de Economía de la Universidad del Valle, miembros del Grupo de Investigación en Economía
Laboral y Sociología del Trabajo. Documento 340, 7 de marzo de 2008.
13
Véase página 16 del estudio Duración del desempleo y canales de búsqueda de empleo en Colombia, 2006.
Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia, Dirección de Estudios Económicos.
Documento 340, 7 de marzo de 2008.
14
Véase página 17 del estudio Duración del desempleo y canales de búsqueda de empleo en Colombia, 2006.
Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia, Dirección de Estudios Económicos.
Documento 340, 7 de marzo de 2008.
16
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Roger Monje Gaitán contra Casur
prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia,
descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral,
público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona,
sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni
pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
Para la Corte Constitucional los mencionados topes indemnizatorios encuentran
sustento, por una parte, en el hecho de que la persona acude a los estrados
judiciales con el fin de obtener el restablecimiento de sus derechos a través de
un proceso ordinario que puede durar años, y por otra, la indemnización a que
haya lugar debe ser proporcional al daño efectivamente sufrido, esto es, de
acuerdo con el promedio de la duración del desempleo de un colombiano.
Ante el panorama jurisprudencial reseñado, resulta oportuno anotar que si bien
esta Colegiatura ha sostenido que el pago de los salarios y prestaciones dejados
de recibir durante la desvinculación ilegal del servicio comporta una
indemnización por el daño causado (compensación), con el objeto de armonizar
los derroteros de la Corte Constitucional y este alto tribunal, en aras de la
seguridad jurídica, y dado que no ha sido proferido fallo de unificación al
respecto, resulta pertinente apartarnos del criterio de la sala plena de lo
contencioso-administrativo de 29 de enero de 2008, para el caso concreto, por
las razones que a continuación de compendian.
Prima facie, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]) preceptúa:
Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en
una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior.
[…] (se destaca).
En caso de que el juez contencioso-administrativo advierta en el respectivo fallo
la ilegalidad del acto administrativo acusado en la demanda, del artículo 138 del
CPACA (antes 8515 del Código Contencioso Administrativo) se derivan tres
consecuencias:
15
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra
clase, o la devolución de lo que pago indebidamente».
17
Expediente 76001-23-33-000-2014-00733-01 (2034-2020)
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Roger Monje Gaitán contra Casur
i) La anulación del acto, es decir, su retiro del mundo jurídico.
ii) El restablecimiento del derecho, que comporta una consecuencia del acto
espurio, consistente en volver al demandante al estado inicial al que se
encontraba antes de la existencia del acto administrativo, el cual no es
susceptible de demostración, siempre que se depreque; no obstante, hay casos
de renuncia expresa a él cuando solo se persigue la anulación del acto
administrativo, verbigracia, en asuntos disciplinarios, en los que se solicita
únicamente la eliminación de la respectiva sanción, mas no el pago de
emolumentos dejados de devengar.
A manera de ejemplo de restablecimiento del derecho, en procesos atinentes a
retiros del servicio (cualquiera que sea la causa), es como si el servidor público
nunca hubiese dejado de laborar con el Estado, de ahí que su reintegro deba ser
sin solución de continuidad, lo que además guarda coherencia con la primera
acepción del verbo restituir que trae el Diccionario de la Lengua Española de la
Real Academia Española: «Volver a establecer algo o ponerlo en el estado que
antes tenía».
En tal virtud, para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales, deberá
determinarse si el servidor durante el lapso de desvinculación tuvo alguna otra
relación de trabajo con el Estado, puesto que ante la mencionada ficción jurídica
ha de entenderse que nunca estuvo desincorporado del servicio y, en tal sentido,
no le era dable recibir más de una asignación del erario.
iii) La reparación del daño, respecto del cual el interesado deberá demostrar su
existencia y nexo causal con el acto administrativo. Concepto del cual difiere el
restablecimiento del derecho, dado que en este el accionante no necesita
probarlo.
En atención a que el medio de control (con el CCA, acción) idóneo para obtener
la anulación del acto administrativo a través del cual se le retira del servicio a
un empleado oficial es el de nulidad y restablecimiento del derecho, una vez
quede desvirtuada la presunción de legalidad de ese acto, el juez contencioso-
administrativo deberá garantizar el restablecimiento del derecho conculcado,
esto es, volver las cosas a su estado inicial, dicho en otras palabras, impartir las
órdenes a que haya lugar con el propósito de restituir la situación en que se
encontraba la persona al momento en que se expidió el acto ilegal, es decir,
disponer además del reintegro sin solución de continuidad, el pago de los
salarios y prestaciones sociales dejados de devengar (indexados, por la pérdida
18
Expediente 76001-23-33-000-2014-00733-01 (2034-2020)
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Roger Monje Gaitán contra Casur
del poder adquisitivo del dinero), para lo cual se debe tener en cuenta que en
esta ficción jurídica se entiende que el servidor público nunca fue desvinculado,
por lo que tampoco le era dable recibir retribución alguna por su fuerza laboral
por parte de otra fuente estatal; ello sin perjuicio de que se puedan solicitar y
reconocer los demás perjuicios a que haya lugar, siempre que estén debidamente
comprobados.
Lo expuesto con respaldo en la Ley 4ª de 1992, «Mediante la cual se señalan
las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral
19, literales e) y f) de la Constitución Política», que en su artículo 19 establece:
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptuánse las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar
o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de
salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en
razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos
juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.
Por ende, la condena al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de
recibir no tiene una connotación indemnizatoria (como compensación del
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daño), sino de asignación laboral (restablecimiento del derecho) y, en ese orden
de ideas, no es dable que el servidor pueda devengar otra remuneración, por
ello, en caso de que con posterioridad a su retiro haya adquirido otro ingreso de
tipo laboral - público, es oportuno efectuar el respectivo descuento, en armonía
con el precitado artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
En consecuencia, en lo que se refiere al límite de indemnización impuesto por
la Corte Constitucional, no sería procedente, toda vez que (se repite) el pago de
salarios y prestaciones sociales dejados de devengar por el servidor
injustamente desvinculado opera a título de restablecimiento del derecho y, en
principio, independientemente del paso del tiempo debe devolvérsele al estado
en el que se encontraría si no se hubiera producido el acto ilegal y, en tal sentido,
deberá descontarse todo lo recibido por otro concepto laboral - público.
3.3 Caso concreto. Precisado lo anterior, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del asunto objeto de juzgamiento frente al marco normativo y
jurisprudencial que lo gobierna. En ese sentido, en atención al material
probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por
esta Corporación, se destaca:
a) Hoja de servicios 2115549 de 6 de junio de 2006, en la que figura que, a
través de Resolución 2636 de 27 de abril de la misma anualidad, el actor fue
desvinculado del servicio activo de la Policía Nacional a partir del 3 de mayo
siguiente (sin contabilizar los tres meses de alta), por «DISMINUCION DE
CAPACIDAD PSICOFISICA» (sic)16.
b) Resolución 3706 de 18 de julio de 2006, mediante la cual la demandada
reconoce al accionante asignación de retiro desde el 3 de agosto siguiente, esto
es, una vez se materialice su desacuartelamiento, con base en el 66% del sueldo
básico de actividad para el grado y partidas legalmente computables (ff. 45 y
46).
c) Sentencia de 17 de noviembre de 2011, por la que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca (sala de descongestión) confirma la de 18
de septiembre de 2008 del Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Cali, que
accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 76001-33-31-005-2006-00003-01 incoada por el actor contra la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en el sentido de anular el
16
Página 2 del expediente administrativo, contenido en CD obrante en el folio 114.
20
Expediente 76001-23-33-000-2014-00733-01 (2034-2020)
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Roger Monje Gaitán contra Casur
mencionado acto de retiro (Resolución 2636 de 27 abril de 2006) y, a título de
restablecimiento del derecho, le ordenó a dicha institución reintegrar al actor
«[…] a un cargo de igual o superior categoría al que venía desempeñando al
momento de su retiro» y pagarle «[…] todos los salarios, prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación del
servicio activo hasta cuando sea efectivamente reintegrado», sin solución de
continuidad (ff. 47 a 60).
d) Resolución 1762 de 23 de mayo de 2012, por medio de la cual la Policía
Nacional da cumplimiento a las decisiones judiciales citadas en precedencia,
para lo cual dispuso restituir al accionante a su empleo y sufragar los dineros
adeudados desde el 3 de mayo de 2006, esto es, cuando fue removido17.
e) Resolución 6264 de 21 de agosto de 2012 (ff. 3 a 5), por cuyo conducto
Casur revocó la Resolución 3706 de 18 de julio de 2006, a partir del 3 de agosto
del último año, y ordenó el reintegro a la entidad de $91.084.195,46, «[…] por
concepto de asignación mensual de retiro pagada entre el 03-08-2006 y el 30-
07-2012 […]», al estimar:
Que al haberse ordenado el reintegro al servicio activo al mencionado
Agente, sin solución de continuidad para efectos de los pagos salariales y
prestacionales, queda sin ningún fundamento los pagos efectuados por esta
Caja, por concepto de asignación mensual de retiro, toda vez que no se
puede dar la misma condición laboral al mismo tiempo en la misma
persona, es decir, devengar salario como miembro activo de la Policía y
simultáneamente cobrar asignación mensual de retiro por el mismo
tiempo, lo que se configura una flagrante violación al Artículo 128 de la
Carta Política.
Que por lo anterior, de los valores a cancelar por parte de la Policía
Nacional al señor Agente […], debe reintegrar al Presupuesto de esta Caja
la suma de […] ($91.084.195.46) M/CTE, por concepto de asignación
mensual de retiro pagada entre el 03-08-2006 y el 30-07-2012, incluidos
los descuentos de ley; caso contrario será el mencionado Agente (r), quien
deberá efectuar el reintegro […] de dichos valores o en su lugar, esta Caja
se reserva el derecho a descontar en proporciones de ley, los valores de la
asignación mensual de retiro que devengue o llegare a devengar el señor
Agente (r) [sic para toda la cita].
f) Hoja de servicios 12115549, emitida por la dirección de talento humano de
la Policía Nacional, en la que consta que el demandante se retiró de esa
institución por solicitud propia el 3 de diciembre de 2012 y con los tres (3)
17
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Expediente 76001-23-33-000-2014-00733-01 (2034-2020)
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Roger Monje Gaitán contra Casur
meses de alta, que cumplió el 3 de marzo de 2013, acumuló 26 años, 5 meses y
10 días de servicios18.
g) Resolución 2231 de 8 de abril de 2013, por la que la accionada reconoció
asignación mensual de retiro al actor «[…] en cuantía equivalente al 89% del
sueldo básico de actividad para el grado y partidas legalmente computables,
efectiva a partir del 03/03/2013 [...]» (sic), y dispuso «Descontar de [esta] en
proporciones de Ley, con destino al presupuesto de la Entidad, la suma de […]
($91.084.195.46) MCTE., por concepto de asignación mensual de retiro
pagada entre el 03-08-2006 y el 30-07-2012 […]» (sic; ff. 7 a 10).
h) Resolución 4671 de 12 de junio de 2013, por medio de la cual la demandada
confirmó, en sede de reposición, el acto administrativo referido en la letra g (ff.
12 a 15).
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) con Resolución
2636 de 27 de abril de 2006, la Policía Nacional removió del servicio activo al
accionante, a partir del 3 de mayo del mismo año (sin incluir los tres meses de
alta), por disminución de la capacidad psicofísica; (ii) a través de Resolución
3706 de 18 de julio de 2006, le fue reconocida asignación de retiro por parte de
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, desde el 3 de agosto
siguiente; (iii) con ocasión de las sentencias de 18 de septiembre de 2008 y 17
de noviembre de 2011 del Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Cali y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (sala de descongestión),
respectivamente, dictadas en primera y segunda instancias dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el actor contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, que anularon el
acto administrativo que lo retiró, fue reintegrado a esa institución; (iv) luego se
desvinculó, por solicitud propia, a partir del 3 de diciembre de 2012; (v) la
accionada le concedió una nueva asignación de retiro efectiva desde el 3 de
marzo de 2013 (al completar los 3 meses de alta); y (vi) en atención a lo anterior,
la aludida entidad, mediante Resoluciones 2231 de 8 de abril y 4671 de 12 de
junio, ambas de 2013, ordenó descontar la suma de $91.084.195,46 de la
mencionada prestación, equivalente a lo devengado por el demandante por
asignación de retiro durante el lapso en que estuvo desacuartelado, es decir,
entre el 3 de agosto de 2006 y el 30 de junio de 2012.
Conforme a lo anotado en el acápite precedente, acerca de la incompatibilidad
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respecto de lo pagado, en virtud de una condena judicial, por concepto de
salarios y prestaciones dejados de devengar por el retiro ilegal del servicio, con
lo recibido durante el lapso de la desvinculación por alguna causa laboral de
carácter público, resulta razonable la actuación de la entidad demandada al
disponer el descuento de lo que le sufragó al actor por las mesadas que se
cancelaron en su oportunidad por cuenta de la remoción, toda vez que aquella
condena procede a título de restablecimiento del derecho, por lo que se crea una
ficción jurídica consistente en que el trabajador nunca fue retirado del servicio
y, en ese orden, tampoco le es dable recibir más de una asignación que provenga
del erario.
Por las razones que anteceden, la Sala de decisión arriba al convencimiento de
que el accionante carece de derecho a que le sean reconocidas las sumas
descontadas, por cuanto el pago de los salarios y prestaciones sociales que dejó
de devengar durante el tiempo en que estuvo por fuera de la Policía Nacional
comporta la naturaleza de restablecimiento del derecho, y al haber recibido
asignación de retiro durante ese lapso y otros emolumentos como consecuencia
de su desacuartelamiento, de acuerdo con el mandato contenido en el artículo
128 superior, hay lugar a realizar la respectiva devolución19.
Por otra parte, en lo que atañe al segundo argumento de la alzada, respecto de
la vulneración del artículo 97 del CPACA, en el entendido de que Casur no
solicitó el consentimiento del demandante para revocar el acto administrativo
que le había otorgado la asignación de retiro primigenia, dirá la subsección que
esa inconformidad tampoco tiene vocación de prosperidad, habida cuenta de
que es claro que la Administración tenía el deber de gestionar el reintegro de
los dineros girados al actor en el aludido período (3 de agosto de 2006 a 30 de
junio de 2012), y ello implicaba que, aun cuando él haya recibido dicha
prestación de buena fe, la génesis de ese derecho se tiene como si nunca hubiese
existido como consecuencia de la nulidad del acto de desvinculación y las
órdenes judiciales de reincorporación al servicio activo y pago de todo lo dejado
de devengar, sin solución de continuidad.
Por último, dado que el actor en el recurso de apelación solicita se revoque en
su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en costas, al
respecto la Sala estima que el a quo aplicó de manera restrictiva lo dispuesto en
19
En similares términos concluyó esta subsección, en fallos de (i) 29 de agosto de 2019, expedientes 20001-
23-33-000-2012-00230-01 (1110-2015) y 20001-23-31-000-2012-00211-01 (559-2014); (ii) 15 de julio de
2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00236-01 (3974-2017); y (iii) 20 de enero de 2022, expediente 25000-
23-42-000-2017-00641-01 (3196-2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por remisión expresa del
artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la
temeridad o mala fe en la que este pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión
con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera
inexorable la imposición de tal condena. En este sentido, se pronunció esta
Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 201620, así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
20
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente 76001-23-33-000-2014-00733-01 (2034-2020)
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Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse
tal proceder de la parte accionante, se revocará la condena en costas.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto con las
reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará
parcialmente la sentencia recurrida, que negó las súplicas de la demanda, y se
revocará la condena en costas impuesta al actor.
En atención a que quien se halla legalmente habilitada para ello confirió poder
en nombre de la parte demandada, se reconocerá personería a la profesional del
derecho destinataria de aquel21.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 30 de mayo de 2019 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda incoada por el señor Roger Monje Gaitán contra la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (Casur), conforme a lo consignado en las
consideraciones de esta providencia.
2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho,
impuesta al actor.
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Obrante en el índice 16 del expediente digital contenido en la herramienta electrónica SAMAI.
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3º. Reconócese personería a la abogada Claudia Lorena Caballero Soto, con
cédula de ciudadanía 1.114.450.803 y tarjeta profesional 193.503 del Consejo
Superior de la Judicatura, para representar a la parte accionada, en los términos
del poder otorgado.
4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las constancias y anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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