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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00739-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00739-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia del Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual, quedará así: CUARTO: A título de restablecimiento ORDENAR a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP- expedir un nuevo acto administrativo liquidando la pensión del señor Tiberio Siniestra Carabalí, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968, y con IBL el cual se rige por el articulo 21 concordante numeral 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con los factores del Decreto 1158 de 1994 (salario y bonificación por servicios prestados, a folio 75 del cuaderno principal), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Se advierte a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, que, en cumplimiento de la orden previamente identificada, deberá garantizar que no exista solución de continuidad en el pago de las mesadas pensionales de titularidad del señor Tiberio Sinisterra Carabalí. 41 Número Interno: 6661-2022 Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP Demandado: Tiberio Sinisterra Carabalí SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a lo considerado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2014-00739-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 76001-23-33-005-2014-00739-01 (6661-2022)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social-
UGPP2.
Demandado: Tiberio Sinisterra Carabalí
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Lesividad – Reliquidación de pensión de jubilación
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la
apelación adhesiva instaurada por la parte demandante, contra la sentencia del
Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca3, por medio de la cual, se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda principal y se negaron las pretensiones de la
demanda de reconvención.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda principal4

1.1. Pretensiones

1. La entidad demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

1
Expediente híbrido.
2
En adelante la entidad se identificará bajo las siglas UGPP.
3
La Sala de Decisión fue integrada por los magistrados Jhon Erick Chaves Bravo (ponente), Ronald Otto Cedeño Blume y
Fernando Augusto García Muñoz.
4
Cuaderno de primera instancia- Folios 192 a 201.

2

Número Interno: 6661-2022
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Tiberio Sinisterra Carabalí

derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo sucesivo)5, con el fin de obtener: (i) la
nulidad de la Resolución No. 599 del Treinta (30) de abril de Dos Mil Dos (2002),
proferida por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria- INCORA6, mediante la
cual, se ordenó el reconocimiento de una pensión de jubilación; (ii) y la nulidad de
la Resolución No. 0175 del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Trece (2013), que
reliquidó la prestación previamente identificada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se ordene al señor
Tiberio Sinisterra Carabalí a reintegrar las sumas sufragadas por concepto de la
pensión de jubilación reconocida, previa indexación y ajuste de acuerdo con el
índice de precios al consumidor.

3. Finalmente, solicitó que se condene al demandado en costas.

1.2. Los hechos

4. Sostuvo que, el señor Tiberio Sinisterra Carabalí nació el Diecisiete (17) de
agosto de Mil Novecientos Cuarenta y Seis (1946). Además, precisó que, laboró
para el INCORA desde el Siete (7) de julio de Mil Novecientos Sesenta y Nueve
(1969) hasta el Treinta (30) de abril de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) y al
retiro del servicio, se desempeñaba en el cargo de Asistente Administrativo grado
10.

5. Señaló que, mediante la Resolución No. 00599 del Treinta (30) de abril de Dos
Mil Dos (2002), el INCORA le reconoció y ordenó el pago de una pensión de
jubilación, en cuantía equivalente a $288.000, efectiva a partir del Diecisiete (17) de
agosto de Dos Mil Uno (2001), de conformidad con el régimen establecido por las
leyes 33 y 62 de 1985.

6. Agregó que, impugnó la resolución anterior, a efectos de obtener su reliquidación;
sin embargo, mediante la Resolución No. 2415 del Dieciocho (18) de diciembre de
Dos Mil Dos (2002), el INCORA no repuso para revocar la decisión impugnada.

5
En lo sucesivo se identificará la norma en mención a través de las siglas CPACA.
6
En adelante para identificar dicha entidad se emplearán las siglas INCORA.

3

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Tiberio Sinisterra Carabalí

7. Afirmó que, a efectos de obtener la reliquidación de la pensión, promovió la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, identificada con radicado 2002-4656 que
tramitó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en que, a través de audiencia
de conciliación llevada a cabo el Doce (12) de marzo de Dos Mil Cuatro (2004) y
aprobada mediante acta del Diecinueve (19) de marzo de Dos Mil Cuatro (2004), se
estableció una nueva mesada pensional por valor de $ 821.536, que debía pagarse
desde agosto de Dos Mil Uno (2001).

8. Estableció que, a través de la Resolución No. 765 del Dos (2) de julio de Dos Mil
Cuatro (2004), el INCORA cumplió con el acuerdo conciliatorio y reliquidó la pensión
de vejez en favor del señor Sinisterra Carabalí, en la suma de $ 821.536, con
efectividad a partir del Primero (1) de junio de Dos Mil Dos (2002).

9. Sostuvo que, según lo establecido por el artículo 2 del Decreto 4986 del 2007, el
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, asumió la carga
pensional del extinto INCORA.

10. Precisó que, a través de petición presentada el Veinticinco (25) de octubre de
Dos Mil Once (2011), el señor Sinisterra Carabalí solicitó « la reliquidación pensional en
su favor con todos los factores pensionales y el I.P.C. ».

11. Indicó que, por medio de la Resolución No. 175 del Veinticinco (25) de enero de
Dos Mil Trece (2013), el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia,
reliquidó la pensión de jubilación, en cuantía de $ 1.123.275, con efectividad desde
el Diecisiete (17) de agosto de Dos Mil Uno (2001), condicionando su pago «una vez
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectué la aprobación del cálculo actuarial » [sic].

12. Señaló que, mediante oficio No. 3.3 del Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil
Trece (2013), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público comunicó al Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia frente al asunto « INCORA»,
que, las aprobaciones del cálculo actuarial en reliquidaciones que contemplen el
75% de la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios debían
seguir lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional 7 y contencioso

7
Al respecto citó la sentencia C-258 de 2013.

4

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Demandado: Tiberio Sinisterra Carabalí

administrativa8, por lo tanto, el ingreso base de liquidación correspondería con el
previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los factores
salariales constituyen los enunciados en el Decreto 1158 de 1994 y la liquidación
únicamente podría tener por base aquellos ingresos con carácter remuneratorio del
servicio, sobre los cuales, se hubieren realizado las cotizaciones respectivas9.

13. Afirmó que, el Diez (10) de diciembre de Dos Mil Trece (13), el Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles de Colombia entregó a la UGPP el expediente administrativo
del señor Tiberio Sinisterra Carabalí, oportunidad en que señaló que « el pago del
nuevo valor de la mesada pensional quedo condicionado a la nueva aprobación del cálculo actuarial
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público»[sic] e indicó que, según lo establecido

en el oficio No. 2013 2200282762 del Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Trece
(2013) no se aprobaron cálculos actuariales de reliquidación efectuadas por vía
administrativa.

14. Sostuvo que, a través de Auto No. ADP 00218 del Nueve (9) de enero de Dos
Mil Catorce (2014), la UGPP abrió a pruebas el expediente administrativo del señor
Tiberio Sinisterra Carabalí, para solicitarle el consentimiento expreso a fin de
revocar la Resolución No. 175 del Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Trece
(2013) y liquidar la pensión de vejez «con el promedio de lo devengado en los últimos 10
años de servicio, conforme a la Ley 100 de 1993».

15. Señaló que, el Seis (6) de marzo de Dos Mil Catorce (2014), el señor Sinisterra
Carabalí autorizó la revocatoria de la Resolución No. 175 del Veinticinco (25) de
enero de Dos Mil Trece (2013).

16. Precisó que, después de verificar las circunstancias de reliquidación de la
prestación y los actos administrativos, constató que no le « asiste [el derecho] a dicho
beneficio al demandado pues contraria el principio de inescindibilidad de las normas y no se dan los
supuestos fijados por la Ley 33 de 1985 y el Decreto 1158 de 1994, a fin de resultar beneficiado con
tales reajustes».

1.3. Concepto de violación

8
En punto de los factores salariales a considerar en la integración del ingreso base de liquidación citó la sentencia del 28 de
febrero de 2013, proferida por el Consejo de Estado en el asunto con radicado No. 1001032500020080012500273908.
9
Frente a este punto indicó que de acuerdo con el contenido de la comunicación, el ingreso base para liquidar la pensión se
encontraba estrictamente acotado por los factores que servían de base para cotizar a pensiones, condición que frente a los
ex servidores del INCORA no se cumplía, por cuanto estos no realizaban cotizaciones a pensiones.

5

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17. La entidad alegó que, los actos administrativos enjuiciados desconocen las leyes
33 de 1985, 62 de 1985 y 100 de 199310, así como, los decretos 3153 de 1968, 1848
de 1969 y 254 del 2000, en lo que corresponde a las reglas que rigen la reliquidación
pensional frente al señor Sinisterra Carabalí.

18. Frente al derecho al reconocimiento pensional, sostuvo que, en la oportunidad
en que fue otorgado el derecho, el demandado contaba con cincuenta y cinco (55)
años de edad y veinte (20) años de servicio en el sector público y en la liquidación
de la prestación se integraron como factores salariales la asignación básica,
bonificación por servicios prestados y reajustes al sueldo, en los términos de la Ley
62 de 1985.

19. Precisó que, para la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el señor Sinisterra
Carabalí contaba con cuarenta y siete (47) años, siete (7) meses y quince (15) días
de edad, circunstancia que en su criterio, determinaba que la reliquidación de la
pensión de jubilación se debía realizar bajo el supuesto señalado en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993, toda vez que, en vigencia de la presente norma cumplió con
el requisito de edad.

20. Así pues, sostuvo que el Decreto 1158 de 1994, determina los factores salariales
aplicables a la reliquidación de la prestación de titularidad del señor Sinisterra
Carabalí, la cual, abarca el promedio de las contraprestaciones percibidas en los
últimos diez (10) años de servicio.

21. Señaló que, en el reconocimiento realizado por el INCORA a través de la
Resolución No. 599 del Treinta (30) de abril de Dos Mil Dos (2002), se le reconoció
una pensión bajo lo establecido por el Decreto 2143 de 1995, por cuanto «presto sus
servicios pensionales en vigencia de la ley 33 de 1985, pero el requisito de edad lo cumplió en
vigencia de la ley 100 de 1993» [sic].

22. Finalmente, citó los artículos 1 y 2 del Decreto 1874 de 2013 en lo referente a
las normas que rigen el cálculo actuarial, que sería aplicable a los pasivos
pensionales.

10
Frente a esta ley reparó en la vulneración del artículo 36, sin reparar en otras disposiciones bajo las leyes previamente
referenciadas.

6

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1.4. Solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos
demandados11

23. La entidad demandante solicitó la suspensión provisional de las resoluciones
No. 599 del Treinta (30) de abril de Dos Mil Dos (2002) y 175 del Veinticinco (25) de
enero de Dos Mil Trece (2013), conforme indicó que, incurrieron en las causales de
violación correspondientes a la infracción de normas superiores de derecho y falsa
motivación.

24. La solicitud que antecede, fue sustentada bajo la reproducción de los
argumentos en que la demandante estableció el concepto de violación.

1.5. La decisión frente a la solicitud de suspensión provisional de los actos
administrativos demandados12.

25. Previa oposición de la parte demandada 13, a través de auto del Tres (3) de
marzo de Dos Mil Quince (2015), el despacho sustanciador del tribunal de origen
negó la solicitud de suspensión provisional presentada por la parte demandante.

26. Frente a la Resolución No. 00599 del Treinta (30) de abril de Dos Mil Dos (2002),
señaló que «la revisión de su legalidad en relación con los cargos expuestos, no [era] algo que
[debía] ser analizado en esta etapa prematura del proceso, pues para ello ha de surtirse un amplio
análisis a la luz de las normas que regulan la materia, en consonancia con el precedente que sobre
este aspecto haya sentado el Tribunal de Cierre de esta Jurisdicción » [sic].

27. Respecto de la Resolución No. 0175 del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil
Trece (2013), indicó que, en el traslado de la medida provisional, el demandado
aportó copia de las resoluciones No. RDP-023036 del Veinticuatro (24) de julio de
Dos Mil Catorce (2014) y RDP-032619 [sin fecha], en que «se revocó la Resolución
demanda No. 0175 del 25 de enero de 2013». Así, precisó que no había lugar a suspender

dicho acto, comoquiera que el mismo no se hallaba vigente.

11
Cuaderno de primera instancia- Folios 202 a 206.
12
Cuaderno de primera instancia- Folios 243 a 253.
13
Cuaderno de primera instancia- Folios 228 a 231.

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1.6. La contestación de la demanda14

28. El señor Tiberio Sinisterra Carabalí, actuando por intermedio de apoderado
judicial, contestó la demanda, de acuerdo con los siguientes argumentos:

29. Se opuso a las pretensiones presentadas por la entidad demandante, pues,
señaló que, tiene derecho a la reliquidación de la pensión incluyendo la totalidad de
los factores salariales devengados durante el último año de servicios, atendiendo al
régimen pensional que le es aplicable.

30. Afirmó que no resulta procedente declarar la nulidad de la Resolución No. 00599
del Treinta (30) de abril de Dos Mil Dos (2002)- que reconoció la pensión de
jubilación- toda vez que, se ajustó a la normatividad aplicable, esto es, a las leyes
33 y 62 de 1985, teniendo en cuenta que el demandado es beneficiario del régimen
de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

31. Señaló que, al declararse la nulidad de la resolución previamente identificada,
se afectaría el derecho al mínimo vital, porque el demandado depende de este
ingreso para subsistir, además es una persona de la tercera edad, en circunstancias
de debilidad manifiesta y con necesidades económicas.

32. Sostuvo que, no hay lugar a la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 0175
del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Trece (2013), porque fue revocado por la
UGPP, mediante la Resolución No. RDP 023036 del Veinticuatro (24) de julio de
Dos Mil Catorce (2014), que fue confirmada por la Resolución No. RDP032619 de
Veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Catorce (2014).

33. Reparó en que el demandado no percibió ninguna contraprestación por
concepto de la reliquidación ordenada en la Resolución No. 0175 del Veinticinco
(25) de enero de Dos Mil Trece (2013), pues, dicho acto fue revocado por la
administración y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no aprobó el cálculo
actuarial, destinado a su financiación, aspecto que, a su vez deriva en la
improcedencia del reintegro de las sumas sufragadas.

14
Cuaderno de primera instancia- Folios 255 a 263.

8

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34. Afirmó que, el demandado tiene derecho a la reliquidación de la pensión,
teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados en el último
año de servicio y la indexación de la primera mesada pensional, atendiendo a la
fecha del retiro definitivo del servicio y el cumplimiento del estatus pensional, bajo
el requisito de edad.

35. En línea con lo anterior, precisó que el demandante es beneficiario del régimen
de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por ende, las normas
aplicables para el reconocimiento y reliquidación pensional corresponden a las leyes
33 y 62 de 1985, como en efecto lo estableció el INCORA, cuando reconoció la
pensión a través de la Resolución No. 00599 del Treinta (30) de abril de Dos Mil
Dos (2002).

36. Señaló que, el ingreso base de liquidación está determinado a su vez por las
leyes 33 y 62 de 1985, cuya aplicación debe ser integral en lo que refiere al
reconocimiento prestacional y a la liquidación, en aplicación del principio de
inescindibilidad de la ley.

37. Sostuvo que, la Ley 62 de 1985 enunció los factores salariales a tener en cuenta
para calcular el monto de la pensión de jubilación, no obstante, del inciso final de la
norma en mención no hay lugar a derivar una enumeración taxativa de factores,
pues, la norma admite que exista otro tipo de contraprestaciones, sufragadas como
retribución a los servicios prestados, que sean susceptibles de integrar la base de
liquidación de la prestación.

38. Estableció que, en caso de prosperar las pretensiones de la demanda, se debía
declarar la prescripción de las mesadas o diferencias de las mensualidades
causadas con tres (3) años de anterioridad a la presentación de la demanda.

39. De acuerdo con los argumentos que anteceden propuso las excepciones
denominadas «ineptitud sustantiva de la demanda», «buena fe», «afectación al mínimo vital» y
«prescripción».

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1.7. La demanda de reconvención15

40. En el traslado de la demanda, el señor Tiberio Sinisterra Carabalí presentó
demanda de reconvención contra la UGPP, en que solicitó que se declare la nulidad
de las resoluciones No. 023036 del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Catorce
(2014) y 032619 del Veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), que
negaron la revisión y reliquidación de la pensión de jubilación, a efectos de incluir
todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

41. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada
en reconvención, al pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente
al 75% de los factores salariales devengados en el último año de servicios 16 ,
conforme al régimen previsto en las leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y 71 de 1988.
Además, solicitó que se condene a dicho extremo procesal, al pago de las
diferencias entre lo reconocido en virtud de la Resolución No. 00599 del Treinta (30)
de abril de Dos Mil Dos (2002) reliquidada mediante la Resolución No. 00765 del
Dos (2) de julio de Dos Mil Cuatro (2004) y el monto que se disponga en la sentencia
que se profiera en este medio de control.

42. Finalmente, solicitó que se ordene a la demandada a la actualización de las
diferencias sobre el índice de precios al consumidor, así como, al pago de intereses
moratorios en los términos del artículo 192 del CPACA y se condene en costas a
dicho extremo procesal.

43. En punto a los hechos, sostuvo que en la liquidación realizada mediante la
Resolución No. 00599 del Treinta (30) de abril de Dos Mil Dos (2002) y reliquidada
mediante la Resolución No. 00765 del Dos (2) de julio de Dos Mil Cuatro (2004),
incluyó en la liquidación de la pensión la asignación básica y la bonificación por
servicios, prescindiendo de los factores salariales como «prima de antigüedad, prima de
junio, auxilio de alimentación, prima de diciembre, bonificación quinquenal, prima de vacaciones y
auxilio de localización», pese a que devengó estos emolumentos en el año
inmediatamente anterior a la fecha de retiro del servicio.

15
Cuaderno principal de primera instancia. Folios 274 a 289.
16
Concretamente solicitó la reliquidación bajo los factores salariales que denominó «prima de antigüedad, prima de junio,
auxilio de alimentación, prima de diciembre, bonificación quinquenal, prima de vacaciones y y auxilio de localización», además
de aquellos que se tuvieron en cuenta en las resoluciones cuya nulidad se pretende.

10

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44. Indicó que, el Veinticinco (25) de octubre de Dos Mil Once (2011) solicitó al
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, la « revisión» de la pensión a
efectos de liquidar la misma, con inclusión de la totalidad de factores percibidos.
Señaló que, mediante la Resolución No. 0175 del Veinticinco (25) de enero de Dos
Mil Trece (2013), se ordenó la reliquidación de la pensión, con efectividad desde el
Diecisiete (17) de agosto de Dos Mil Uno (2001), incluyendo la totalidad de factores
salariales devengados en el último año de servicios, condicionando su pago a la
aprobación del cálculo actuarial que emitiera el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

45. Indicó que, la UGPP solicitó al señor Sinisterra Carabalí el consentimiento para
revocar la Resolución No. 0175 del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Trece
(2013), que fue autorizado por el demandante en reconvención, el Once (11) de julio
de Dos Mil Catorce (2014); sin embargo, en la misiva de autorización solicitó que
«se pronunciaran respecto de la petición de fecha 25 de octubre de 2011 con la cual inicialmente se
había solicitado la revisión de la pensión para que se tuviera en cuenta todos los factores salariales ».

46. Sostuvo que, la entidad negó la reliquidación mediante la Resolución No. RDP
023036 del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Catorce (2014), decisión frente a la
que interpuso el recurso de apelación, que fue resuelto a través de la Resolución
No. RDP 032619 del Veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), en que
se confirmó la negativa.

47. El demandante en reconvención señaló que, los actos administrativos
demandados desconocen los artículos 2, 6, 25 y 58 de la Constitución Política; el
artículo 10 del Código Civil; el artículo 4 de la Ley 4 de 1966; la Ley 5 de 1969; la
Ley 33 de 1985; el artículo 3 de la Ley 57 de 1987; la Ley 71 de 1988; el Decreto
1743 de 1966; y el Decreto 3135 de 1968.

48. Como concepto de violación, se estableció que, la UGPP debió liquidar la
pensión de jubilación conforme lo ordena el régimen ordinario aplicable a los
empleados del sector oficial, según lo establecen el artículo 3 de la Ley 33 de 1985
y el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, con los factores devengados desde el Primero
(1) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992) hasta el Treinta (30) de abril
de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), comoquiera que, todas aquellas

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contraprestaciones efectuadas en su favor son constitutivas de salario, al destinarse
a sufragar los servicios prestados.

1.8. Contestación a la demanda de reconvención17.

49. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda de reconvención, en que
alegó que resulta improcedente el reconocimiento que planteó el señor Sinisterra
Carabalí, considerando que, la aplicación de las leyes 4 de 1976 y 71 de 1988, no
tiene lugar, en tanto y en cuanto, el demandante en reconvención es beneficiario
del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que le
otorga el derecho al reconocimiento bajo los requisitos previstos en la Ley 33 de
1985, sin que la liquidación de las prestaciones atienda a las pautas de esta última
norma, debiendo observar los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, por
cuanto el ingreso base de liquidación bajo la norma que regula el reconocimiento,
no está sujeto al régimen de transición en cita, conforme lo estableció la Corte
Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015.

50. Afirmó que, la reliquidación de la pensión del señor Sinisterra Carabalí debía
realizarse en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pues, en vigencia
de la Ley 100 de 1993 cumplió con los requisitos para el reconocimiento de la
prestación, concretamente, el requisito de edad.

51. Señaló que, en caso de acogerse los criterios y pretensiones de la demanda en
reconvención, las mesadas pensionales se encuentran afectadas por el fenómeno
prescriptivo.

52. Por otra parte, alegó que el demandante en reconvención no agotó el
presupuesto procesal de la conciliación extrajudicial, que constituye un requisito de
procedibilidad de obligatorio cumplimiento.

53. De acuerdo con los argumentos que anteceden, la demandada en reconvención
propuso las siguientes excepciones: «ineptitud de la demanda por falta de los requisitos
formales», «pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto », «inaplicación
normativa del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con la

17
Cuaderno de primera instancia- Folios 343 a 357.

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Ley 33 y 62 de 1985 en lo que respecta al IBL» [sic] y «prescripción».

1.9. Decisión de las excepciones previas propuestas.

54. En audiencia inicial realizada el Veintidós (22) de julio de Dos Mil Dieciséis
(2016)18, el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle, declaró no
probadas las excepciones previas de «“ineptitud sustantiva de la demanda porque el acto no
es pasible de enjuiciamiento”, “ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisito de
conciliación extrajudicial” [y] “pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto” […]»

[sic].

55. Frente a las excepciones correspondientes a la «prescripción» y «cosa juzgada»,
propuestas por los apoderados de los extremos procesales, difirió su análisis hasta
la sentencia.

56. En la referida diligencia, el despacho sustanciador integró al control de legalidad
la Resolución No. 00245 del Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Dos (2002),
mediante la que resolvió el recurso de reposición instaurado contra la Resolución
No. 00599 de Dos Mil Dos (2002).

1.10. La sentencia de primera instancia19

57. En la sentencia del Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Veinte (2020), el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dispuso:

«PRIMERO.- Declarar no probada la excepción de cosa juzgada propuesta de oficio, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones No.599 del 30 de abril de 2002,
por medio de la cual se reconoce la pensión de jubilación del señor Tiberio Sinisterra
Carabalí, No. 023036 del 24 de julio de 2014 y RDP 032619 del 28 de octubre de 2014, estas
últimas revocaron la No. 0175 del 25 de enero de 2013.

TERCERO: Declarar la nulidad total de la Resolución No. 0175 del 25 de enero de 2013,
por medio de la cual la UGPP re liquidó la pensión del demandado, teniendo en cuenta el
75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios con
todos los factores salariales.

CUARTO: A título de restablecimiento ORDENAR a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL

18
Se destaca que la diligencia fue desarrollada entre los días 5 de mayo, 16 de mayo, 13 de junio y 22 de junio de 2016,
encontrándose sujeta a suspensiones sucesivas.
19
Cuaderno de primera instancia- Folios 514 a 536.

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Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ■ UGPP- expedir
un nuevo acto administrativo liquidando la pensión del señor Tiberio Siniestra Carabalí, de
conformidad con la Ley 33 de 1985, y con IBL el cual se rige por el articulo 21 concordante
numeral 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con los factores del Decreto 1158 de 1994
(salario y bonificación por servicios prestados, a folio 75 del cuaderno principal), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda y de la reconvención, según lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia, conforme las consideraciones expuestas.
[…]» [sic]

58. El Tribunal consideró que, debía declararse la nulidad de los actos
administrativos demandados, toda vez que, en aplicación del precedente de la Corte
Constitucional 20 y el Consejo de Estado 21 , resultó demostrado que el señor
Sinisterra Carabalí era beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, prerrogativa que es aplicable en cuanto al reconocimiento
de la prestación, bajo los requisitos de edad, tiempo de servicios y tasa de
reemplazo señalados en el régimen establecido por la Ley 33 de 1985.

59. Sin embargo, indicó que no es extensible dicha norma, en cuanto al ingreso
base de liquidación, debiendo liquidarse la prestación con base en las reglas
establecidas por los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993 y con los
factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994, por lo que se deben negar las
pretensiones presentadas con la demanda en reconvención.

60. Estableció que, no había lugar a la devolución de los recursos pagados en
exceso al señor Sinisterra Carabalí, comoquiera que, los dineros sufragados por
concepto de la reliquidación de la pensión que le fueron reconocidos al demandado
en sede administrativa, dado que fueron percibidos de buena fe.

61. Frente a la nulidad de la Resolución No. 023036 del Veinticuatro (24) de julio de
Dos Mil Catorce (2014), confirmada por la Resolución No. RDP 032619 del
Veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), en que la UGPP revocó la
Resolución No. 175 del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Trece (2013), señaló
que era preciso declarar su nulidad a fin de retrotraer las cosas al estado inicial.

20
Corte Constitucional. SU-023 de 2018.
21
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 28 de agosto de 2018. Radicado No. 2001 23 33 000 2012 00143 01.

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62. En relación con la configuración de la cosa juzgada, respecto de las
pretensiones que planteó el señor Sinisterra Carabalí con la demanda de
reconvención, señaló que, a partir de los medios de prueba, la situación que fue
objeto de discusión bajo el asunto identificado con radicado No.
7600123310002002465600 (01), consistió en la actualización de la primera mesada
bajo el índice de precios al consumidor frente a los años Dos Mil Uno (2001) a Dos
Mil Tres (2003), así, no había lugar a declarar probada dicha excepción.

63. Finalmente, en cuanto a la condena en costas, bajo lo dispuesto por el artículo
188 del CPACA y el artículo 365 del Código General del Proceso, estableció que no
había lugar a condenar a la parte vencida, pues, existía «una expectativa del derecho»
y se negaron las pretensiones de la demanda.

1.11. El recurso de apelación22

64. El apoderado del señor Tiberio Sinisterra Carabalí solicitó sea revocada la
sentencia apelada. Para dicho propósito, planteó los reparos concretos que a
continuación se sintetizan.

65. Sostuvo que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 cumplió con
los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación, comoquiera que,
contaba con más de veinte (20) años de servicio. En dicho sentido, señaló que la
prestación debía regirse de acuerdo con lo establecido por las leyes 33 y 62 de
1985, habida cuenta que su situación constituía un derecho adquirido.

66. Afirmó que, es titular del régimen de transición previsto por la Ley 33 de 1985,
toda vez que a la fecha de entrada en vigor cumplió con más de quince (15) años
de servicios y, en tal sentido las normas que regían la pensión de jubilación
correspondían a la Ley 6ª de 1945 y los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978.

67. Precisó que, la sentencia de primera instancia desconoció el precedente de
unificación del Consejo de Estado23, vigente en la oportunidad en que se presentó
la demanda de reconvención, en que indicaba, que la liquidación de las pensiones

22
Cuaderno de primera instancia- Folios 548 a 560.
23
Al respecto citó la Sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el asunto
identificado con radicado No. 2006-7509.

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de titularidad de los servidores públicos amparados por el régimen de transición,
estaba determinada por la totalidad de los factores salariales devengados durante
el último año de servicios, comoquiera que, la Ley 33 de 1985 no establecía
taxativamente los factores salariales que integraban la base de liquidación
pensional, pues, dichos factores se hallaban enunciados y no impedían la inclusión
de otros conceptos que hubiese devengado el servidor.

68. Añadió que, las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013, SU-230
de 2015 y SU-427 de 2016, así como la sentencia de unificación del Veintiocho (28)
de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)24, proferida por el Consejo de Estado, fueron
expedidas con posterioridad a la presentación de la demanda y no resultaban
aplicables a la situación del demandante en reconvención, pues, este es beneficiario
del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985. Además, resultaba
improcedente su aplicación retroactiva, porque se afectaban derechos adquiridos.

1.12. La adhesión al recurso de apelación25.

69. La parte demandante se adhirió al recurso de apelación propuesto por el señor
Sinisterra Carabalí, impugnando la decisión contenida en los ordinales quinto y
sexto de la providencia de primera instancia, frente a la negativa de reintegro de los
conceptos sufragados en exceso al demandado y respecto de la negativa a la
condena en costas en primera instancia.

70. Frente a la devolución de las sumas pagadas en exceso, precisó que, el Tribunal
erró al negar dicha pretensión y que ello derivaría en una afectación al sistema
pensional reportando el enriquecimiento injustificado en favor del demandado,
máxime si se considera que los actos administrativos adolecen de ilegalidad,
conforme se evidenció en la sentencia de primera instancia y que, la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos tiene como propósito, retornar las cosas al
estado anterior a la expedición del acto administrativo respectivo.

71. Señaló que, es competencia del juez administrativo definir el restablecimiento
del derecho cuando la administración profiere actos administrativos contrarios a
derecho, sin que ello implique demostrar la buena fe del beneficiario de dicho acto,

24
Radicado No. 2001 23 33 000 2012 00143 01.
25
SAMAI- Índice No. 00010.

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puesto que, basta con que se demuestre la actuación irregular, para que proceda el
restablecimiento pretendido por la entidad demandante.

72. Frente a la condena en costas, sostuvo que, considerando que la pretensión de
devolución de las sumas de dinero excedentes sería resuelta a su favor, el recurso
de apelación resultaría desfavorable a la parte demandada, por lo tanto, habría lugar
a condenar en costas al señor Sinisterra Carabalí.

1.12. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia

73. Mediante el auto del Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023)26, el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia.

74. A través de auto del Ocho (8) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)27, el
despacho sustanciador admitió la adhesión al recurso de apelación, presentado por
el apoderado de la parte demandante, en los términos del artículo 243 del CPACA.

75. Mediante auto del Diecinueve (19) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026) 28, se
prescindió de la celebración de audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en
el artículo 247 del CPACA y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

1.12.1. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

76. El señor Tiberio Sinisterra Carabalí, presentó alegatos de conclusión29, en los
que reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

77. Por su parte, la UGPP30 presentó alegatos de conclusión en que solicitó que se
confirme la decisión de primera instancia, respecto de la declaratoria de nulidad de
los actos administrativos enjuiciados y se modifique la decisión a efectos de
condenar al señor Sinisterra Carabalí al reintegro de los conceptos sufragados en

26
SAMAI- Índice No. 00005.
27
SAMAI- Índice No. 00020.
28
SAMAI- Índice No. 00029.
29
SAMAI- Índice No. 00038.
30
SAMAI- Índice No. 00044.

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exceso, y se imponga la condena en costas en primera instancia.

1.12.2. Concepto del Ministerio Público31

78. El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado, reparando en el
recurso presentado por el apoderado de la parte demandante, solicitó que se
confirme la sentencia recurrida. Para tal efecto, sostuvo que, en el asunto no obran
pruebas, que permitan inferir mala fe, frente al reconocimiento de la prestación en
favor del demandado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

79. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150,
243 y 247 del CPACA.

2.2. Problema jurídico

80. Corresponde a la Sala determinar, lo siguiente:

80.1. ¿La sentencia de primera instancia debe ser revocada, a efectos de acceder
a las pretensiones de la demanda en reconvención, comoquiera que, según
se alega, el señor Tiberio Sinisterra Carabalí es titular del régimen de
transición previsto en el parágrafo 2° artículo 1 de la Ley 33 de 1985 y, por
ende, la reliquidación de la pensión de jubilación estaría determinada por las
disposiciones establecidas en la Ley 6 de 1945 y los decretos 3135 de 1968
y 1848 de 1969?

80.2. ¿La aplicación retrospectiva de la jurisprudencia de unificación que desarrolló
la sentencia de primera instancia, lesionó derechos adquiridos del señor
Sinisterra Carabalí frente a la reliquidación de la pensión de jubilación?

80.3. Ante la respuesta negativa a los cuestionamientos que anteceden, se deberá

31
SAMAI- Índice No. 00037.

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determinar si ¿es procedente condenar al señor Tiberio Sinisterra Carabalí
el reintegro de las sumas pagadas en exceso?

80.4. ¿El Tribunal de primera instancia debió condenar en costas al señor
Sinisterra Carabalí, por haber sido vencido en el proceso?

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985.

81. El parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, consagró un régimen de
transición, dirigido a proteger las expectativas pensionales, de aquellos empleados
oficiales que, al momento de entrada en vigor de dicha ley -esto es, el Trece (13) de
febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985)-, hubieran consolidado una
situación jurídica relevante, en términos de tiempo de servicio.

82. En concreto, la norma dispuso que, los empleados oficiales que, a esa fecha
hubieran cumplido quince (15) años de servicio, continuarían rigiéndose, por las
disposiciones anteriores, en materia de edad de jubilación, esto es, las contenidas
en la Ley 6ª de 1945 y normas concordantes; así mismo, previó que, quienes
hubieren completado veinte (20) años de servicio y se encontraran retirados del
servicio, conservarían el derecho a pensionarse conforme al régimen anterior, al
cumplir la edad exigida.

83. De acuerdo con ello, el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, no opera de
manera automática, sino que, exige el cumplimiento de un presupuesto objetivo,
consistente, en acreditar un tiempo mínimo de servicios, al momento de su entrada
en vigor.

84. En consecuencia, la determinación del régimen aplicable, en cada caso
concreto, exige establecer con precisión, el tiempo de servicios acreditado al
Trece (13) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985), pues de ello
depende, la posibilidad de aplicar normas anteriores más favorables o, en su
defecto, el sometimiento al régimen general de la Ley 33 de 1985.

2.4.2. De la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985.

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85. En armonía con lo expuesto en el acápite anterior, al igual que la Ley 100 de
1993, la Ley 33 de 1985, previó un régimen de transición, en el parágrafo 2 del
artículo 1°, para los empleados públicos, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicio. No quedan sujetos a esta regla general los
empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la
excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de
un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá
ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta
años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno. […]

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a
la presente Ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales,
actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta
(50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión
de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el
momento de su retiro. […]» Se resalta.

86. De la lectura de la citada norma, se identifican dos grupos de destinatarios
del régimen de transición: (i) quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
33 de 1985 (13 de febrero de 1985), acreditaran 15 años de servicio al Estado,
tendrían derecho a la aplicación del requisito de edad, que regía en normas
anteriores; y (ii) los que tuviesen 20 años de servicio, como empleados oficiales
y, estuvieran retirados del servicio en el momento en que entró a regir la referida
ley, quienes obtendrían una pensión de jubilación a los 50 años de edad en el
caso de las mujeres y, 55 en el de los hombres, esto, aplicando, para
reconocimiento y pago, las normas vigentes a la fecha de retiro.

87. Así entonces, la norma anterior aplicable, para el primer grupo de
beneficiarios del régimen de transición, sería la dispuesta en el Decreto – Ley
3135 de 1968; sin embargo, como la misma Ley 33 de 1985, en su artículo 25, lo
derogó, esta Corporación, sostuvo, en diferentes posiciones 32 , que la citada

32
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 16 de diciembre de 2009, radicación: 25000-23-25-000-2002-00474-
01(1754 06), demandante: German Rodríguez Carmona; del 31 de enero de 2019, radicado: 730012331000201100659 01

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transición remitiría a la Ley 6ª de 1945, la cual, al igual que el derogado Decreto,
permitía el reconocimiento pensional con 50 años de edad.

88. No obstante, también se presentaron distintas posturas en esta Colegiatura33,
en las que se propendía la aplicación del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 a
los beneficiarios del primer inciso del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de
1985 (los que hubieran cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio);
por esta razón, a efectos de llegar a un consenso, mediante sentencia del seis
(6) de Agosto de Dos Mil Veinte (2020)34, esta Sección, definió que, en cuanto a
la edad de jubilación, «[…] para el caso de los servidores públicos del orden nacional [se
aplicaría] el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945 […]».

89. De otra parte, respecto al Ingreso Base de Liquidación la Sala Plena de esta
Corporación, mediante sentencia de unificación del Veintiocho (28) de Agosto de
Dos Mil Dieciocho (2018), concluyó que, el ingreso base de liquidación, no fue
objeto de la transición establecida en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, de manera que, a los beneficiarios de la pensión, se les debe calcular con
los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo de la norma anterior, pero,
los factores, serán aquellos que hayan servido como base para realizar los
aportes, conforme a lo previsto en el Decreto 1158 de 1994.

2.4.3. Efectos en el tiempo de las sentencias de unificación.

90. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Subsección35, bajo aplicación de los
principios de equidad e igualdad, ante la modificación de las normas conforme a los
cambios sociales, políticos, económicos y culturales, así como, ante la necesidad
de «superar situaciones que afectan el valor de la justicia»36, la Corporación37 ha conferido
efectos de aplicación inmediata de las reglas de unificación, respecto de los asuntos
que se encuentren en curso y frente a los cuales, se pretenda la aplicación de las

(3005-2016), demandante: José Álvaro Ortiz; del 16 de diciembre de 2009, radicación: 250002325000200200474 01(1754 -
06); y sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación: 250002325000200401634 01(1028-07), actor: Raúl Armando
Quiñones Villarreal.
33
Por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación: 25000-
23-25 000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales.
34
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2020. Exp. Núm. 47001-23-33-000-
2015-00314 01 (3049-2017)
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 2 de octubre
de 2025, expediente 23001-23-33-000-2015-00084-02 (4540-2024).
36
Planteamiento expuesto en la sentencia previamente citada, en la cual se referenció además la siguiente providencia:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación de 27 de marzo de 2007 (IJ).
radicado 76001-23-31-0002000-02513-01.
37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicación: 52001-
23-33-000-2012-00143-01.

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normas cuyos criterios de interpretación se hayan decantado en las sentencias de
unificación correspondientes, definiendo esta circunstancia como la aplicación
retrospectiva de las decisiones.

91. Sin embargo, excepcionalmente en aquellos eventos en que resulten
restringidos derechos como el acceso a la administración de justicia o, en que se
lesionen derechos adquiridos, la jurisprudencia ha optado por otorgar efectos
prospectivos, hipótesis que se han desarrollado en escenarios en que las partes
hayan soportado sus pretensiones u oposición en el precedente vigente al momento
de acudir a la jurisdicción y dicha posición no se haya controvertido al interior del
proceso38.

92. En punto de lo anterior, se destaca que la regla general, frente a la aplicación
de la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, ha observado el
parámetro de retrospectividad, no obstante, se advierte que, de forma excepcional
y extraordinaria, tiene lugar el análisis de la prospectividad de los precedentes de
unificación, cuando en determinado caso concreto, resulten comprometidos,
derechos fundamentales como aquellos citados en precedencia.

93. Ahora bien, frente a la determinación del ingreso a la determinación del ingreso
base de liquidación (IBL) aplicable a los beneficiarios del régimen de transición
previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Sala Plena de la Sección
Segunda, en sentencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018)39, fijó la siguiente regla:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se
pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

94. En lo que refiere a los efectos de las reglas de unificación, dispuso que «constituye
un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, y
que se aplicará con efectos retrospectivos» y «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto

38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de marzo de 2007, radicación: 76001-
23-31-000-2000-02513-01 (IJ). De la Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018, radicación: 73001-23-33-000-2014-
00580-01(4961-15) SUJ-012-S2. Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 25 de septiembre
de 2017, radicación 08001233300020130044-01.
39
Radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que
ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables».

95. En armonía con lo anterior, tanto la Corte Constitucional como esta
Corporación, han precisado que el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, excluyó del régimen del transición la expectativa de liquidar la pensión
conforme al IBL del régimen anterior, motivo por el que, los beneficiarios deben
sujetarse a las reglas previstas en la Ley 100 de 1993, particularmente a lo
dispuesto en los artículos 21 y 36, en concordancia con el artículo 48 de la
Constitución Política, que dispone que solo pueden tenerse en cuenta los factores
sobre los que se hubieren efectuado cotizaciones.

2.4.4. Devolución de sumas pagadas40

96. En principio, debe señalarse que, según el artículo 83 41 de la Constitución
Política, la buena fe se presume en todas las gestiones que los particulares
adelanten ante las autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional, en la
sentencia C-131 de 200442, definió el principio general de la buena fe, así:

«En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los principios
generales del derecho43, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, el cual gobierna
las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos, y que sirve de fundamento
al ordenamiento jurídico, informa la labor del intérprete y constituye un decisivo instrumento
de integración del sistema de fuentes colombiano.

En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una
exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra
dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de
los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte
que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de
deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el
comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En
pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre
cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos
usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos.
De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la
administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico».

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de julio de
2024, radicado No. 05001-23-33-000-2019-00643-01 (7801-2023).
41
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
42
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
43
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ, 1954 y
Ch. Letourneur, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ, 1980.

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97. En tal virtud, para que resulte procedente el reintegro de los valores recibidos
por aquellas personas a las que se les haya reconocido una prestación sin tener
derecho a ella, o por un monto mayor al debido, en el proceso deberá quedar
probada la mala fe con que pudieron actuar para obtener el pago de tal beneficio,
en atención a que la buena fe es una presunción que debe ser desvirtuada.

98. En ese sentido se pronunció esta Sala de Subsección en providencia del
Veintitrés (23) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017) 44 , al estimar que «[…] la
devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan
mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener
tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro
alguno», dado que «el concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto
que deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce
efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente,
por mandato Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las
autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los
cuales se fundamenta». Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección, entre otros,

en el proveído del Dieciséis (16) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)45.

2.4.5. Marco jurídico de la condena en costas.

99. Ad initio, debe decirse que, el criterio mayoritario de esta Sala 46 respecto a la
condena en costas se atempera a lo siguiente:

100. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.»

44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Expediente: 19001-23-31-000-2012-00251-
01 (2036-2015).
45
Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017). Véase también sentencia de 7 de septiembre de 2018,
expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017).
46
Al respecto se destacan las siguientes providencias recientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 3 de julio de 2026, radicado 73001-23-33-000-2020-00371-01 (0895-2026);
sentencia de 22 de mayo de 2026.

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101. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.

102. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso en que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

103. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo, elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma47.

104. Dicha ponderación, se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias, que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, y de verificar que, en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

2.5. Hechos probados

105. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dosier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Mediante la Resolución No. 00599 del Treinta (30) de abril de Dos Mil Dos
(2002)48, el INCORA reconoció una pensión de jubilación al señor Tiberio Sinisterra
Carabalí, con base en la Ley 33 de 1985, con aplicación del «promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio, que corresponde al tiempo comprendido del 1° de mayo de
1992 al 30 de abril de 1993» respecto de los factores correspondientes al sueldo y

bonificación por servicios prestados. En esta oportunidad se determinó que, la
prestación sería pagada a partir de Diecisiete (17) de agosto de Dos Mil Uno (2001),
fecha en que cumplió con el requisito de edad de cincuenta y cinco (55) años.

47
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de
diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
48
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 51 a 54.

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b) Contra la decisión anterior, el señor Sinisterra Carabalí interpuso recurso de
reposición49, pues, señaló que, su prestación se enmarcaba en la aplicación del
régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
consecuencia la actualización de la prestación debía regirse por lo dispuesto en el
inciso tercero ibidem.

c) El recurso de reposición previamente identificado fue resuelto por el INCORA, a
través de la Resolución No. 002415 del Ocho (8) de diciembre de Dos Mil Dos
(2002)50, en la que resolvió no reponer para revocar el acto administrativo recurrido.

d) Obra constancia de Dieciocho (18) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004)51, emitida
por el tesorero general del INCORA, en que determinó que en el último año de
servicios el señor Sinisterra Carabalí percibió los factores salariales, denominados
«sueldo, subsidio de alimentación, prima de junio, prima de vacaciones, prima de diciembre,
bonificación por servicios y bonificación quinquenal».

e) Según acta de audiencia de conciliación del Doce (12) de marzo de Dos Mil
Cuatro (2004) 52, expedida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
relación con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, identificada con
radicado No. 2002-4656, promovido por el señor Sinisterra Carabalí contra el
INCORA, se estableció como fórmula de arreglo, que, el INCORA reconocería al
entonces demandante, la diferencia de las mesadas dejadas de pagar desde el Dos
Mil Uno (2001) hasta el Dos Mil Cuatro (2004) y la indexación respectiva,
descontando los saldos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en
pensiones. Asimismo, obra en el expediente, copia del auto de Diecinueve (19) de
marzo de Dos Mil Cuatro (2004)53, por medio del cual, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca aprobó el acuerdo conciliatorio en cita.

f) A través de la Resolución No. 00765 del Dos (2) de julio de Dos Mil Cuatro
(2004)54, el INCORA cumplió con el acuerdo conciliatorio previamente identificado,
para lo cual reajustó la mesada pensional, aplicando el índice de precios al

49
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 57 a 59.
50
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 63 a 67.
51
Cuaderno principal de primera instancia. Folio No. 75.
52
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 81 a 84.
53
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 85 a 87.
54
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 93 a 97.

26

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consumidor frente a la prestación percibida entre los años Dos Mil Dos (2002) a Dos
Mil Cuatro (2004).

g) El Veinticinco (25) de octubre de Dos Mil Once (2011) 55 , el señor Sinisterra
Carabalí solicitó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, la reliquidación de la pensión de jubilación, con aplicación de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios, conforme lo
establecen «la Ley 71/88, Ley 4/66, 33 y 62 de 1985» [sic].

h) Por medio de la Resolución No. 0175 del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil
Trece (2013)56, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
modificó el artículo primero de la Resolución No. 00599 del Treinta (30) de abril de
Dos Mil Dos (2002), a efectos de reliquidar la pensión de jubilación del señor
Sinisterra Carabalí con el promedio de todos los factores devengados por el servidor
en el último año de servicios de forma habitual y periódica, específicamente con los
factores denominados «sueldo, adición al sueldo, bonificación por servicios prestados, subsidio
de alimentación, auxilio de localización, prima de junio, adición a la prima de vacaciones, prima de
diciembre, vacaciones, prima anual de junio y bonificación quinquenal».

El pago efectivo de los valores originados en la reliquidación, fue condicionado a
que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobara el cálculo actuarial, en los
términos del artículo 10 del Decreto 254 del 2000.

i) Obra copia del auto No. ADP 000218 del Nueve (9) de enero de Dos Mil Catorce
(2014) 57 , emitido por la UGPP, en virtud del cual se solicitó al señor Sinisterra
Carabalí, su consentimiento para efectos de revocar la Resolución No. 175 del
Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Trece (2013) y proceder con la liquidación de
la pensión de vejez bajo «el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio,
conforme a la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003».

j) Mediante escrito del Siete (7) de marzo de Dos Mil Catorce (2014) 58, el señor
Sinisterra Carabalí otorgó su consentimiento para revocar la Resolución No. 175 del
Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Trece (2013). Sin embargo, en el documento

55
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 116 a 118.
56
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 132 a 138.
57
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 169 a 172.
58
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 173 a 174.

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manifestó que, no estaba de acuerdo con el parámetro de liquidación propuesto en
el requerimiento, toda vez que, en su criterio, la prestación se consolidó antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, su prestación debía liquidarse bajo las
pautas establecidas por la Ley 33 de 1985.

k) A través del Auto No. ADP 002931 del Veintiuno (21) de marzo de Dos Mil Catorce
(2014)59, la UGPP manifestó que el consentimiento conferido por el señor Sinisterra
Carabalí no era pleno, por lo tanto, remitió el asunto a la Subdirección Jurídica de
la UGPP, a efectos de desarrollar las actuaciones administrativas y judiciales
orientadas a la revocatoria o declaratoria de nulidad del acto administrativo.

l) Por medio de la Resolución No. RDP 023036 del Veinticuatro (24) de julio de Dos
Mil Catorce (2014)60, la UGPP revocó la Resolución No. 175 del Veinticinco (25) de
enero de Dos Mil Trece (2013) y negó la solicitud de reliquidación presentada por el
señor Sinisterra Carabalí, el Veinticinco (25) de octubre de Dos Mil Once (2011).

j) A través de la Resolución No. RDP 032619 del Veintiocho (28) de octubre de Dos
Mil Catorce (2014)61, la UGPP resolvió el recurso de apelación presentado por el
demandante contra el acto administrativo previamente identificado, confirmando la
resolución recurrida. En dicha oportunidad, la entidad demandante sostuvo que, el
señor Sinisterra Carabalí era beneficiario del régimen de transición previsto en la
Ley 100 de 1993, a efectos del reconocimiento prestacional conforme las
disposiciones de la Ley 33 de 1985, por ende, el ingreso base de liquidación se
encontraba previsto en la primera norma, siendo improcedente la liquidación de la
prestación bajo el régimen pensional anterior.

2.6. Análisis del caso concreto

2.6.1. Del régimen rector en el reconocimiento y reliquidación pensional del
demandante en reconvención.

106. Como punto de partida, la Sala encuentra acreditado que, el señor Tiberio
Sinisterra Carabalí nació el Diecisiete (17) de agosto de Mil Novecientos Cuarenta

59
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 161 a 164.
60
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 238 a 241.
61
Cuaderno principal de primera instancia. Folios No. 233 a 236.

28

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y Seis (1946)62 y que, prestó sus servicios al INCORA desde el Siete (7) de julio de
Mil Novecientos Sesenta y Nueve (1969) hasta el Treinta (30) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993)63, circunstancia que permite concluir que, para
el Trece (13) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985), fecha de
entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, contaba con más de Quince (15) años de
servicios, toda vez que, entre dichos extremos temporales se computan Quince (15)
Años, Siete (7) Meses y Seis (6) Días.

107. Lo anterior implica que, el señor Tiberio Sinisterra Carabalí, era beneficiario del
régimen de transición previsto en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de
1985, razón por la cual, conservaba el derecho a pensionarse con la edad prevista
en la normativa anterior aplicable, concretamente bajo el requisito etario establecido
por el Decreto 3135 de 1968, comoquiera que era un empleado del orden nacional64.

108. En línea de lo anterior, el demandante en reconvención cumplió el estatus
pensional, el Diecisiete (17) de agosto de Dos Mil Uno (2001), pues en dicha fecha,
cumplió Cincuenta y Cinco (55) años de edad y, ya registraba Veinte (20) años de
servicios, último presupuesto que cumplió el Siete (7) de julio de Mil Novecientos
Ochenta y Nueve (1989).

109. Ahora bien, la sola circunstancia que el señor Sinisterra Carabalí, fuese
beneficiario del régimen de transición, previsto en la Ley 33 de 1985, no conduce
automáticamente a la aplicación integral del Decreto 3135 de 1968 y del Decreto
1045 de 1978, en materia de ingreso base de liquidación y factores salariales
computables, pues dicha interpretación desconoce la evolución jurisprudencial
fijada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
la sentencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho
(2018), en la que se precisó que, el ingreso base de liquidación y los factores
salariales no necesariamente quedan sometidos íntegramente al régimen anterior,
y que, en tratándose de regímenes de transición, únicamente deben tenerse en
cuenta los factores sobre los cuales se efectuaron cotizaciones al sistema
pensional.

62
Cuaderno principal de primera instancia. Folio No. 37.
63
Cuaderno principal de primera instancia. Folio No. 39.
64
De acuerdo con la Ley 135 de 196, el INCORA constituía un establecimiento público del orden nacional.

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110. En efecto, la referida sentencia de unificación precisó que, el ingreso base de
liquidación -IBL -, no constituye un aspecto amparado por el régimen de transición,
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, aun, tratándose
de beneficiarios de regímenes anteriores, la determinación del IBL debe sujetarse a
las reglas previstas en la Ley 100 de 1993 y a los factores sobre los cuales se
realizaron aportes al sistema, en los términos del Decreto 1158 de 1994, pues se
destaca, que el demandante en reconvención cumplió con los requisitos para
acceder al derecho, en vigencia de la Ley 100 de 1993.

111. Así, en contraposición a lo establecido por el Tribunal de origen, se observa
que, el demandante no era titular del régimen de transición previsto en la Ley 100
de 1993, pues era beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 33 de
1985, comoquiera que acreditó el requisito de tiempo de servicio, a la fecha de
entrada en vigencia de esta última norma, por lo tanto el reconocimiento de la
prestación, en cuanto al requisito de edad, estaba sujeto a los presupuestos
establecidos por el Decreto 3135 de 1968.

112. Sin embargo, es necesario precisar que, el señor Sinisterra Carabalí cumplió
con los requisitos para acceder a la prestación, en el año Dos Mil Uno (2001), es
decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo cual
impone señalar que, aun cuando la prestación percibida por el demandante estaba
gobernada por lo establecido en el régimen anterior frente a los requisitos de edad
y tiempo de servicios, la determinación del IBL debía sujetarse a las reglas previstas
en la Ley 100 de 1993 y a los factores salariales taxativamente establecidos por el
Decreto 1158 de 1994, toda vez que, según el precedente de unificación, el IBL
previsto en regímenes pensionales anteriores no se encuentra amparado por el
régimen de transición.

113. Ahora, al examinar los actos enjuiciados en este medio de control por parte de
la entidad demandante, se observa que por medio de la Resolución No. 00599 del
Treinta (30) de abril de Dos Mil Dos (2002) el INCORA, ordenó el reconocimiento
de la pensión de jubilación, aplicando en su integridad el régimen establecido en la
Ley 33 de 1985, en dicho sentido, reconoció la pensión con el promedio del 75% de
los salarios devengados en el último año de servicio, integrando al IBL los factores
salariales, correspondientes al «sueldo» y a la «bonificación por servicios

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prestados», decisión que fue confirmada a través de la Resolución No. 002415 del
Ocho (8) de diciembre de Dos Mil Dos (2002). Al respecto, se destaca del contenido
de la Resolución No. 00599 del Treinta (30) de abril de Dos Mil Dos (2002), frente
al cálculo del IBL:

114. Seguidamente, ante la solicitud de reliquidación de la prestación que presentó
el demandante en reconvención el Veinticinco (25) de octubre de Dos Mil Once
(2011), el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
mediante la Resolución No. 175 del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Trece
(2013), ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación, estableciendo como IBL
el 75% del promedio de la totalidad de factores salariales percibidos durante el
último año de servicios e incrementando el valor de la mesada percibida por el señor
Sinisterra Carabalí.

115. Sin embargo, conforme se acreditó en el presente asunto, a través de la
Resolución No. RDP 023036 del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Catorce
(2014)73, la UGPP revocó la Resolución No. 175 del Veinticinco (25) de enero de
Dos Mil Trece (2013), previa manifestación de autorización por parte del señor
Sinisterra Carabalí, decisión que, a su vez negó la solicitud de reliquidación
presentada en el año Dos Mil Once (2011), por parte del señor Sinisterra Carabalí.
Decisión que fue confirmada, por medio de la Resolución No. RDP 032619 del
Veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), que resolvió el recurso de
apelación interpuesto por el señor Sinisterra Carabalí.

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116. Con base en dicho recuento, emerge con diáfana claridad, que la discrepancia
del demandante en reconvención recae sobre la negativa a la reliquidación de la
pensión bajo la totalidad de factores percibidos en el último año de servicios, que
se plasmó, en las resoluciones No. 023036 del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil
Catorce (2014) y 032619 del Veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Catorce (2014).

117. Al respecto, se debe indicar que, si bien encuentran acierto los argumentos
expuestos en el recurso de apelación interpuesto por el señor Sinisterra Carabalí,
respecto de la titularidad del régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985,
de cara al reconocimiento pensional en punto de los requisitos establecidos por el
Decreto 3135 de 1968, no ocurre lo mismo, frente al régimen rector del IBL cuya
aplicación pretende, pues, como se indicó, el derecho pensional se consolidó con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, sin que sea admisible- bajo el
criterio de unificación jurisprudencial vigente- que el IBL y los factores salariales, se
encuentren sometidos al régimen pensional anterior.

118. Ahora bien, no encuentra acierto la sentencia de primera instancia, en lo
referente a la orden de dictar un nuevo acto administrativo liquidando la pensión de
jubilación, conforme al régimen previsto en la Ley 33 de 1985, pues, como se explicó
previamente, el marco normativo de reconocimiento de la prestación está
determinado por el Decreto 3135 de 1968, en punto del requisito etario para causar
el derecho. Por otra parte, bajo lo expuesto en precedencia de cara a la
determinación del IBL, encuentra asidero en el desarrollo jurisprudencial vigente, la
orden referente a la liquidación de la pensión de jubilación con base en lo
establecido por el artículo 21 concordante con el numeral 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, en punto de los factores salariales concernientes al salario y
bonificación por servicios prestados.

119. Con base en lo anterior, comoquiera que no está llamado a prosperar en su
totalidad el reparo concreto propuesto por el apelante, en punto de la integración
del IBL por vía del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985 del cual es
titular, se modificará el ordinal cuarto del apartado resolutivo de la sentencia de
primera instancia, a efectos de establecer que el régimen rector -frente a los
requisitos para causar el derecho- de la pensión de jubilación de titularidad del señor

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Sinisterra Carabalí, lo constituye el Decreto 3135 de 1968.

2.6.1. De la aplicación de la sentencia de unificación del Consejo de Estado
proferida el Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)65.

120. A efectos de resolver el problema jurídico, en punto de la presente temática,
es necesario precisar si la aplicación retrospectiva del precedente de unificación
establecido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, desconoce derechos
adquiridos del señor Sinisterra Carabalí, respecto del derecho a la pensión de
jubilación, al amparo de las pautas que gobiernan su reconocimiento pensional.

121. Se destaca que, a partir del contenido de los actos administrativos cuya nulidad
se pretende a partir de la demanda de reconvención, correspondientes a las
resoluciones No. 023036 del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Catorce (2014) y
032619 del Veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), la negativa a la
liquidación de la prestación, incluyendo la totalidad de factores salariales
devengados en el último año de servicios, con arreglo a las pautas de la Ley 33 de
1985, se justificó por parte de la UGPP, en que el demandante cumplía con los
requisitos para aplicar el régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley
100 de 1993; sin embargo, los parámetros rectores del ingreso base de liquidación
estarían determinados por la Ley 100 de 1993, más no por el régimen anterior, es
decir, por el Decreto 3135 de 1968, frente al que solo resultaban aplicables los
requisitos para causar la prestación.

122. Al respecto, se debe señalar que, aunque si bien, para la oportunidad en que
fueron proferidas las resoluciones cuya nulidad pretende el demandante en
reconvención, se hallaba vigente la tesis decantada por el Consejo de Estado a
través de la sentencia del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010) 66 , que
estableció que el ingreso base de liquidación hacía parte de la transición y, por lo
tanto, la liquidación de la pensión debía incluir todos los factores salariales
percibidos en el último año de servicios, lo cierto es que dicha posición fue
modificada por la Sala Plena de esta Corporación en sentencia del Veintiocho (28)

65
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-
33-000-2012-00143-01.
66
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-000-2006-07509-
01(0112-09).

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de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)67.

123. Así, con la nueva tesis se estableció que, el ingreso base de liquidación en los
componentes correspondientes a los factores salariales y periodo, aplicable a los
beneficiarios del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993,
correspondía al previsto en el inciso tercero artículo 36 o en el artículo 21 ibidem,
por ende, a dichos beneficiarios sólo se podía aplicar el régimen anterior frente a
los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo.

124. Al respecto, se debe señalar que dicha tesis, fue previamente desarrollada por
la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247
de 2016, que guardaron diferencias con la posición adoptada por el órgano de cierre
de la jurisdicción contencioso administrativa en el año Dos Mil Diez (2010), última
postura que se atempera a lo pretendido por el demandante a través de la demanda
de reconvención.

125. Ahora bien, se encuentra que, con el recurso de apelación el señor Sinisterra
Carabalí, reprochó que la tesis jurisprudencial que se aplicó el Tribunal en la
decisión de primera instancia, se estableció con posterioridad a la presentación de
la demanda, afectando consigo derechos adquiridos en punto a la reliquidación de
la pensión de jubilación de su titularidad, considerando la tesis que se hallaba
vigente en materia del ingreso base de liquidación.

126. Al respecto, se debe recordar que, conforme lo ha determinado la presente
Subsección68, la regla y subreglas de unificación jurisprudencial fijadas por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación del Veintiocho
(28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), se estableció con efectos retrospectivos
«a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través
de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables ».

127. En suma, debe indicarse que, conforme lo señaló la sentencia de unificación
en mención, que tratándose de regímenes de transición, la base de liquidación de

67
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-
33-000-2012-00143-01.
68
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado No.
25000-23-25-000-2012-01396-01 (3427-2017).

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la prestación y los factores salariales, no están necesariamente sometidos al
régimen anterior, pues únicamente deben tenerse en cuenta los factores
taxativamente establecidos.

128. En dicho sentido, no resulta acertado el reparo planteado por el señor Sinisterra
Carabalí, pues si bien es cierto, que el demandante en reconvención tenía la
expectativa de resolución de sus pretensiones de acuerdo con la tesis
jurisprudencial en materia de reliquidación pensional, que estaba vigente al
momento en que planteó ante la jurisdicción las pretensiones por conducto del
presente medio de control, no es menos cierto que, el ordenamiento jurídico ampara
la variación en la jurisprudencia 69 , que se concreta mediante las sentencias de
unificación, proferidas por el Consejo de Estado.

129. Así, la aplicación de los criterios de unificación que se establecieron con
posterioridad a la presentación de la demanda en reconvención, no lesionan el
postulado de confianza legítima ni la expectativa que le asiste al señor Sinisterra
Carabalí, comoquiera que los efectos retrospectivos en la aplicación de las
sentencias de unificación tienen por objeto garantizar la seguridad jurídica y
garantizar la prevalencia de los principios rectores de la seguridad social. Al
respecto, se destaca que, en la providencia de unificación aplicada por el Tribunal,
se estableció:

«114. La Corte Constitucional, en sentencia C-816 de 2011, estableció que las
decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de cierre de las
correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional - como guardiana de la
Constitución -, tienen valor vinculante por emanar de órganos diseñados para la
unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y
seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la Constitución Política.70
Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica que exponen, tienen
características de permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio.

115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,

69
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 18 de noviembre de 2021, radicado No. 5001-23-33-
000-2016-02626-01 (3138-2020).
70
Cita propia del texto transcrito «La Corte Constitucional ha reconocido la gran responsabilidad que tienen los órganos
situados en el vértice de las respectivas especialidades de la rama judicial, puesto que la labor de unificación de la
jurisprudencia nacional implica una forma de realización del principio de igualdad. Sentencia T-123/95 citada en la Sentencia
T-321/98. En la sentencia C-179 de 2016 reafirmó dicha tesis al exponer lo siguiente: «[...] la función de unificación
jurisprudencial la cumplen en sus diferentes especialidades y en su condición de órganos de cierre, según el Texto Superior,
(i) la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales y de examen de validez constitucional de las reformas a la
Carta como de las normas con fuerza de ley (CP arts. 86 y 241); (ii) el Consejo de Estado en relación con su rol de Tribunal
Supremo de lo Contencioso Administrativo (CP arts. 236 y 237); y (iii) la Corte Suprema de Justicia en su calidad de tribunal
de casación y máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria (CP art. 235). [...]»

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disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento
se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que
ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la
seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la
Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so
pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que
si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia
que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso,
el que defina la prosperidad o no de la causal invocada.»

130. Así pues, de acuerdo con lo establecido por la Corporación en la sentencia de
unificación, los criterios establecidos en dicha providencia tendrían fuerza vinculante
y su aplicación sería obligatoria en los casos pendientes de resolución, de ahí que,
si bien el medio de control se presentó con anterioridad 71 a la expedición de la
sentencia en cita, las reglas de unificación debían aplicarse a la situación cuyo
conocimiento fue expuesto por el demandante en reconvención ante la jurisdicción,
considerando que el medio de control se hallaba en curso para la fecha en que fue
proferida la providencia de unificación.

131. Siendo así las cosas, la decisión de primera instancia, se amparó en la tesis
jurisprudencial fijada por esta Corporación en sentencia del Veintiocho (28) de
agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)72, a efectos de analizar la reliquidación de la
pensión de jubilación del señor Sinisterra Carabalí, se ajustó al parámetro de
aplicación retrospectiva, comoquiera que, al momento en que fue proferida el asunto
se hallaba en curso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo tanto,
el reparo concreto establecido por el demandante carece de vocación de
prosperidad.

2.6.2. De la devolución de las sumas sufragadas en exceso al señor Tiberio
Sinisterra Carabalí.

71
De acuerdo con el folio No. 209 del cuaderno principal de primera instancia, la demanda se presentó el 27 de junio de 2014.
72
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-
33-000-2012-00143-01.

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132. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó la pretensión planteada
por la entidad demandante, relacionada con el reintegro de las sumas sufragadas
en exceso en favor del señor Sinisterra Carabalí, al considerar que no obraban
pruebas que evidencien circunstancias constitutivas de mala fe, a efectos de la
«obtención de la reliquidación en sede administrativa».

133. Inconforme con la decisión anterior, la UGPP impugnó este punto de la decisión
de primera instancia e indicó que, resultaba procedente ordenar el reintegro de las
sumas pagadas en exceso, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
actos enjuiciados, comoquiera que, el restablecimiento del derecho tiene por
propósito retornar las cosas al estado anterior y definir el restablecimiento del
derecho cuando la administración profiere actos administrativos contrarios a
derecho, sin que ello implique demostrar la buena fe del beneficiario de dicho acto.

134. Como se analizó en el marco jurídico aplicable en la materia, de acuerdo con
el artículo 164.1 de la Ley 1437 de 2011, para que resulte procedente el reintegro
de los valores, recibidos por quienes se les ha reconocido o mantenido una
prestación social, sin tener derecho a ella, o en un monto mayor al que
correspondía, en el proceso deberá estar acreditada la mala fe con que actuaron,
para obtener el beneficio otorgado, pues, la presunción de buena fe a favor de los
particulares, traslada la carga de la prueba a la administración, debiendo acreditar
el actuar fraudulento o, de algún modo, que se indujo en error a la entidad, para
obtener el beneficio73.

135. En el presente asunto, tal como bien lo verificó el A-quo, no obra prueba en la
foliatura procesal, que permita afirmar que, la liquidación de la pensión de jubilación
de titularidad del señor Tiberio Sinisterra Carabalí, que se efectuó a través de las
resoluciones cuya nulidad fue declarada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca74, se hubiese obtenido bajo un proceder fraudulento o constitutivo de mala

73
«[…] la buena fe se presume en la actuación de los particulares ante las autoridades, por tanto, debe desvirtuarse por quien
así la alega. Es así que es de competencia de quien la invoca, en este caso de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, acreditar que el demandado, no obró con lealtad, rectitud y
honestidad, sino que por el contrario acudió a maniobras engañosas o documentos falsos, para inducir en error a la
administración y a las autoridades judiciales, con el fin de obtener el reconocimiento prestacional». Expediente: 54001-23-33-
000-2013-00047-01 (258-2017). Véase también sentencia de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-
03257-01 (4792-2017). Esta postura fue reiterada por la Sala en la sentencia de referencia: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de mayo de 2024. Expediente: 54001-23-33-
000-2018-00054-01 (4949-2022).
74
Al respecto se recuerda que, a través de la sentencia de primera instancia se declaró la nulidad parcial de las resoluciones
No. 00599 del Treinta (30) de abril de Dos Mil Dos (2002), No. RDP 023036 del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Catorce

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fe, que hubiese desplegado el señor Tiberio Sinisterra Carabalí a efectos de
perseguir el reconocimiento prestacional con la cuantía señalada en las
resoluciones enjuiciadas.

136. Así mismo, bajo los medios probatorios que obran en el expediente, no resultó
demostrado que a partir de la reliquidación que se ordenó mediante la Resolución
No. 175 del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Trece (2013), cuya revocatoria se
concretó, a través de las resoluciones No. 023036 del Veinticuatro (24) de julio de
Dos Mil Catorce (2014) y 032619 del Veintiocho (28) de octubre de Dos Mil Catorce
(2014), se hubieren sufragado conceptos en favor del señor Sinisterra Carabalí,
máxime si se considera que la reliquidación ordenada, se sujetó a la aprobación del
cálculo actuarial que emitiera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

137. Siendo así las cosas, se debe señalar que, al margen de los argumentos
expuestos la apelación adhesiva, lo que ha exigido la jurisprudencia para efectos de
la procedencia en materia de reintegro de las sumas sufragadas, es la prueba del
actuar fraudulento del beneficiario de la prestación, al momento de su
reconocimiento, supuesto que, no se evidenció en este proceso, por lo tanto, el
reparo concreto no está llamado a prosperar.

2.6.1. De la condena en costas en primera instancia.

138. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no condenó en costas al señor
Sinisterra Carabalí, como parte vencida en el proceso, pues, señaló que, en el
asunto existía una expectativa de un derecho y se negaron parcialmente las
pretensiones presentadas por la entidad demandante.

139. En el escrito de apelación adhesiva, presentado por el apoderado de la UGPP,
la entidad manifestó su inconformidad con la negativa, en que sostuvo, que el punto
de decisión referente al reintegro de las mesadas sufragadas debía resuelto en su
favor, la providencia de primera instancia resultaría desfavorable en su integridad al
señor Sinisterra Carabalí, lo que, automáticamente, haría procedente la condena en
costas procesales como parte vencida.

(2014) y No. RDP 032619 del Veinticinco (25) de octubre de Dos Mil Catorce (2014). A su vez, se declaró la nulidad, en su
integridad, de la Resolución No. 0175 del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Trece (2013).

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140. De acuerdo con lo expuesto en el marco jurídico rector de la condena en
costas, se debe recordar que, para efectos de su imposición, corresponde al juez
determinar si la demanda se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal
y debe elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, a efectos de establecer sí se configuraron actuaciones
temerarias o dilatorias que hubiesen obstruido el curso de las etapas procesales.
Asimismo, debe verificar que, en el expediente se hubiese demostrado que las
mismas se causaron.

141. De acuerdo con lo anterior, el argumento planteado por la entidad demandante
no está llamado a prosperar, comoquiera que, la procedencia de la condena en
costas no está determinada bajo un criterio objetivo, a partir del cual, por el solo
hecho de resultar vencido un extremo procesal, deba imponerse una condena en
su contra por este concepto, toda vez que, el análisis que atañe al juez impone un
análisis de ponderación subjetiva.

142. Al revisar las actuaciones procesales desarrolladas por el señor Sinisterra
Carabalí en primera instancia, como la contestación de la demanda y la demanda
en reconvención, no se observa que, hubiese obrado de mala fe o con temeridad75,
en tanto, no emergen conductas o circunstancias irregulares que, afectaran el curso
procesal surtido ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Por el contrario,
se avizora que actuó bajo la salvaguarda de sus intereses y en ejercicio de su
derecho de defensa y contradicción, sin realizar acciones de orden dilatorio o
encaminadas a la obstrucción del proceso.

143. Por otra parte, la Sala no evidencia el carácter manifiestamente ilegal de
fundamentación jurídica en los actos procesales desarrollados por el señor
Sinisterra Carabalí, toda vez que, esta estructuró sus actos procesales, sobre
argumentos razonables y jurídicamente sustentados, bajo los criterios
jurisprudenciales vigentes en la oportunidad en que fue promovido el medio de
control, asociados a la integración del ingreso base de liquidación bajo aplicación
del régimen de transición previsto por la Ley 100 de 1993, en los términos en que lo
estableció la sentencia del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010), proferida

75
Al respecto se destaca el criterio aplicado por la Sala en la sentencia del 16 de abril de 2026, proferida en el asunto con
radicado No. 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023).

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por la Sección Segunda del Consejo de Estado76.

144. Ahora, si bien si bien, el precedente jurisprudencial se instituye como criterio
que dota de seguridad jurídica la decisión de asuntos con hipótesis fácticas y
jurídicas semejantes77, el ejercicio de una estrategia procesal que sigan las partes
en la defensa de sus intereses- bajo posturas que resulten ajenas a dichos criterios
y que encuentren una justificación razonable- no puede catalogarse como una
actuación manifiestamente ilegal, máxime si se tiene en cuenta que, en la
oportunidad en que fue promovido el medio de control, la posición jurisprudencial
adoptada por el Tribunal de primera instancia no se encontraba vigente.

145. En dicho sentido, la Sala considera que, no se configura la «manifiesta carencia
de fundamento legal» prevista en el artículo 188 ibidem, modificado por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, como presupuesto habilitante para la imposición de
costas.

146. Siendo así las cosas, en criterio de la Sala, no está llamado a prosperar el
argumento expuesto en la apelación adhesiva por el apoderado de la entidad
demandante, a efectos de revocar la negativa a la condena en costas en primera
instancia, comoquiera que, no se demostró que el señor Sinisterra Carabalí hubiese
incurrido en actuaciones temerarias y las actuaciones procesales no adolecieron de
manifiesta carencia de fundamento legal.

2.7. Condena en costas en segunda instancia.

147. Una vez revisada la conducta de la parte vencida en segunda instancia, la Sala
no evidencia temeridad o mala fe, por lo que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA. Por lo tanto, se abstendrá de imponer costas
en esta instancia.

2.8. Conclusión.

148. La Sala concluye que, el señor Tiberio Sinisterra Carabalí es beneficiario del

76
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-
09).
77
Corte Constitucional. Sentencia C-816 de 2011. M.P Mauricio González Cuervo.

40

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régimen de transición de la Ley 33 de 1985, pues se acreditó que contaba con más
de Quince (15) Años de servicios a su entrada en vigor, así, los requisitos para
causar la pensión se rigen por el Decreto 3135 de 1968. En consecuencia, se
modificará el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia para precisar este
aspecto, manteniéndose, para efectos del ingreso base de liquidación y los factores
computables, la aplicación de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994,
conforme al precedente de unificación del Consejo de Estado del Veintiocho (28) de
agosto de Dos Mil Dieciocho (2018).

149. Por otra parte, se determina que la aplicación del precedente en mención
resulta procedente, pues el proceso se encontraba pendiente de decisión al
momento en que fueron establecidos dichos criterios, sin que ello vulnere derechos
adquiridos o la confianza legítima del demandante en reconvención. A su vez,
resulta improcedente el reintegro de las sumas pagadas en exceso y la condena en
costas en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia del Veintiocho (28) de
febrero de Dos Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, el cual, quedará así:

CUARTO: A título de restablecimiento ORDENAR a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP- expedir un
nuevo acto administrativo liquidando la pensión del señor Tiberio Siniestra Carabalí, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1968, y con IBL el cual se rige por el articulo 21
concordante numeral 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con los factores del Decreto
1158 de 1994 (salario y bonificación por servicios prestados, a folio 75 del cuaderno
principal), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Se advierte a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, que, en cumplimiento de la orden
previamente identificada, deberá garantizar que no exista solución de continuidad en el pago
de las mesadas pensionales de titularidad del señor Tiberio Sinisterra Carabalí.

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SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Veintiocho (28) de febrero
de Dos Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, conforme a lo considerado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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