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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00818-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00818-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 28 de abril de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó el señor Hernán Zambrano Muñoz en contra de la Nación – Rama judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. TERCERO. RECONOCER personería jurídica para actuar como apoderada judicial de la parte demandada a la abogada Julieta Barrios Gil, portadora de la tarjeta profesional nro. 229.072 del Consejo Superior de la Judicatura en los términos del poder otorgado26. CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen. 25 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad corresponde al Código General del Proceso. 26 Actuación visible en el índice 15 de la plataforma SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 76001-23-33-000-2014-00818-01 (5491-2023) Demandante: Hernán Zambrano Muñoz

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2014-00818-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2014-00818-01 (5491-2023)
Demandante: Hernán Zambrano Muñoz
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura.
Tema: Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en carrera de
un juez de la República, con ocasión de la inhabilidad
sobreviniente prevista en el numeral 2.° del artículo 38 de la Ley
734 de 2002.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 28 de abril de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte vencida.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. La parte actora solicitó la nulidad de las Resoluciones nros. 0149
del 12 de diciembre de 2013 y 030 del 27 de febrero de 2014, por medio de las
cuales se declaró insubsistente su nombramiento como juez primero civil del circuito
de Cali y se confirmó en sede de reposición la primigenia decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho exigió su reintegro, sin solución de
continuidad, al mencionado cargo o a otro de igual o superior categoría, junto con
el pago indexado de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir. Así
mismo, requirió los intereses moratorios establecidos en el artículo 192 del CPACA.

4. Hechos. El actor se desempeñaba como juez primero civil del circuito de Cali.
A través de la Resolución nro. 0149 del 12 de diciembre de 2013, la Sala Plena del
Tribunal Superior de ese Distrito Judicial declaró insubsistente su nombramiento, al
advertir la configuración de la inhabilidad sobreviniente contenida en el numeral 2.°
del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.

5. Esa decisión fue expedida sin un sustento constitucional y legal suficiente, pues
el tribunal solo tuvo en cuenta lo debatido en la sesión extraordinaria de su Sala
Plena del 12 de diciembre de 2013, en la que el presidente de la corporación

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consideró las anotaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación,
como supuestos hechos nuevos.

6. Señaló que el Consejo Superior de la Judicatura o sus órganos seccionales son
las únicas autoridades competentes para adelantar las pesquisas disciplinarias
respecto de los funcionarios judiciales. En tal sentido, como no existía sentencia
disciplinaria ejecutoriada proferida por dichas entidades que impusiera sanción
constitutiva de inhabilidad sobreviniente, las anotaciones efectuadas por la PGN
desbordaron los límites de su competencia funcional.

7. Por otra parte, sostuvo que el numeral 2.° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002
no tenía como destinatarios a los funcionarios de la Rama Judicial, en tanto estos
se rigen por las disposiciones de la Ley 270 de 1996, y en dicha normativa no existe
una causal de retiro por inhabilidad sobreviniente.

8. Bajo ese entendido, no era jurídicamente viable aplicar la decisión de
insubsistencia contenida en el acto administrativo acusado.

9. Finalmente, insistió en que, para la fecha en que se profirieron los actos
acusados no existía sentencia en firme que le impusiera una inhabilidad
sobreviniente y lo consignado en el certificado de antecedentes de la Procuraduría
General de la Nación correspondía a una inscripción automática del sistema,
insuficiente para suplir ese presupuesto.

10. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, la decisión cuestionada
infringió los siguientes artículos: 2.°, 6.°, 25, 29, 125 y 243 de la Constitución
Política; 75, 111, 149 y 150 de la Ley 270 de 1996; 34, 35, 36, 40, 42, 43 y 67 de la
Ley 1437 de 2011 y las sentencia C-057 de 1998, C-544 de 2005, C-037 de 1996,
SU-917 de 2010, entre otras. Al desarrollar el concepto de violación, formuló los
siguientes reparos:

11. En primer lugar, alegó que la Resolución nro. 0149 del 12 de diciembre de 2013
fue expedida con falsa motivación, en tanto el tribunal omitió incluir los fundamentos
reales del caso, en especial las ocasiones en que se avocó conocimiento para el
estudio y análisis de la supuesta inhabilidad sobreviniente.

12. De igual forma, aseguró que el mencionado acto administrativo era nulo porque
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali no realizó «la notificación personal
de la apertura del procedimiento administrativo, los supuestos cargos formulados,
las pruebas existentes, los términos para concurrir y ejercer el derecho a la defensa
técnica, la notificación personal de la decisión tomada por la Sala Plena en las tres
(3) sesiones donde se derrotó la ponencia presentada, discutida y analizada sobre
la imposición administrativa de la supuesta inhabilidad sobreviniente; así como
también, la falta de notificación personal de la reapertura del procedimiento
administrativo ya finiquitado, por el aparecimiento de un supuesto hecho nuevo, las
pruebas del mismo, y el traslado para pedir pruebas por la parte pasiva».

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13. En segundo lugar, manifestó que aquella corporación no es un ente colegiado
de carácter jurisdiccional disciplinario y, por tanto, carecía de competencia para
tramitar o imponer sanciones disciplinarias a funcionarios judiciales, pues esa
función es exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura.

14. Por último y no menos importante, afirmó que a los jueces de la República no le
son aplicables las disposiciones de la Ley 734 de 2002, debido a que la norma
especial que regula el ingreso, permanencia, ascenso y retiro en la Rama Judicial
es la Ley 270 de 1996.

15. Contestación de la demanda1. Dentro del término legal, la demanda ejerció su
derecho de contradicción y defensa en los siguientes términos:

16. Si bien le asiste razón al demandante cuando afirma que: i) el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali no tiene competencia para adelantar investigaciones
disciplinarias en contra de los servidores judiciales y ii) que la inhabilidad
sobreviniente no corresponde a una sanción disciplinaria, pues así lo estableció la
Corte Constitucional en la sentencia C-544 de 2005, no es factible concluir que el
ente nominador no tenía la potestad para emitir la decisión controvertida, en tanto
que, no se impuso una sanción ni mucho menos se decretó una inhabilidad
sobreviniente, sino que se adoptó la determinación que impedía continuar con el
ejercicio del cargo de juez civil del circuito.

17. Aunque se coincide con el accionante en que no es competencia del tribunal
referirse a materias de orden disciplinario, lo cierto es que, no fue ese el trámite que
se surtió, pues la determinación reprochada no tiene la calidad de sanción y no
comprende un pronunciamiento en el que se impuso la inhabilidad, sino que emerge
como consecuencia de la existencia de la misma.

18. En cuanto a los reparos efectuados en torno a la motivación de los actos
emitidos, precisó que se tuvo en cuenta la jurisprudencia nacional y lo certificado
por la Procuraduría General de la Nación, esto es, la reiteración de las sanciones
disciplinarias.

19. Respecto de la falta de notificación de la Resolución nro. 0149 del 12 de
diciembre de 2013, sostuvo que el señor Hernán Zambrano Muñoz ejerció su
derecho de contradicción contra este acto administrativo.

20. Tampoco es de recibo el reparo relativo a la no aplicación de la Ley 734 de
2002, dado que esa norma se encuentra dirigida a todo servidor público sin
excepción alguna, incluidos quienes ejercen la actividad judicial.

21. Así las cosas, propuso las excepciones de «cosa juzgada constitucional»,
«inexistencia de perjuicios» e «innominada».

1 Folios 172 a 178 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.

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22. Sentencia de primera instancia2. El 28 de abril de 2023, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia mediante la cual negó las
súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte vencida. Para tal efecto,
concluyó que:

23. El numeral 2.° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 sí es aplicable a los jueces
de la República, dado que sus disposiciones están dirigidas a todos los servidores
públicos, sin distinción alguna.

24. La constitucionalidad de la citada norma fue examinada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-544 de 2005, providencia en la que se estableció
que la inhabilidad derivada de la imposición de una tercera sanción disciplinaria en
cinco años no constituye una nueva sanción, sino una medida de protección de la
administración.

25. En ese orden de ideas, como dicha causal no compone una sanción
disciplinaria, sino una consecuencia para el ejercicio de cargos públicos, no es de
recibo el argumento relacionado con que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali carecía de competencia para declarar insubsistente el nombramiento del señor
Zambrano Muñoz.

26. Seguidamente, el tribunal manifestó que no compartía la afirmación de la
demanda relativa a la inexistencia de decisiones disciplinarias ejecutoriadas en
contra del accionante, puesto que en el expediente obraba el certificado de
antecedentes disciplinarios del demandante expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, del cual se desprendía con claridad el
cumplimiento de ese presupuesto.

27. De otro lado, en cuanto al argumento según el cual dentro de la Sala Plena del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali se había derrotado una ponencia inicial
sobre la situación administrativa del demandante, y por ello, no había lugar a emitir
un nuevo pronunciamiento, el tribunal advirtió que si bien existió disparidad de
criterio al interior de dicha corporación, lo cierto era que una vez fue aportado el
certificado de antecedentes de la PGN, la decisión de declararlo insubsistente fue
adoptada por mayoría en la sesión del 12 de diciembre de 2013.

28. Finalmente, indicó que, a pesar de las presuntas irregularidades en la
notificación del acto primigenio, lo cierto era que el demandante tuvo la oportunidad
de presentar y sustentar su inconformidad expresando sus puntos de desacuerdo
con relación a la declaratoria de insubsistencia, los cuales fueron efectivamente
resueltos al desatarse el recurso de reposición a través de la Resolución nro. 030
del 27 de febrero de 2014.

2 PDF 7 SENTENCIA, contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en la opción de gestionar

documentos de la plataforma SAMAI, del tribunal de primera instancia.

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29. Recurso de apelación3. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que planteó los
siguientes reparos:

30. El nominador judicial no podía declarar insubsistencia de un funcionario de
carrera, pues el juez natural para investigar e imponer las sanciones disciplinarias
correspondiente es el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus
dependencias disciplinarias.

31. De ahí que, si el Consejo Superior de la Judicatura no impuso en ninguna de
sus sentencias disciplinarias la sanción de insubsistencia al señor Hernán
Zambrano, no era viable que el nominador decretara una consecuencia adicional,
pues ello vulneró el principio de non bis in idem.

32. En consecuencia, la expedición de los actos administrativos, sin mediar una
sentencia disciplinaria emitida por la Sala de Jurisdicción Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura (hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial), desconoció
la garantía del debido proceso disciplinario del funcionario judicial.

33. En suma, la actuación del nominador al presentar reiteradamente la ponencia
de declaratoria de insubsistencia del funcionado, a pesar de haber sido derrotada
por mayoría de votos en varias sesiones anteriores, además de contrarias al
principio de legalidad es constitutiva de abuso de poder.

34. Trámite correspondiente a la segunda instancia.

35. La admisión del recurso4. Mediante auto de 5 de marzo de 2024 se admitió el
recurso de apelación. Dentro de la oportunidad prevista en la ley solo intervino el
agente del Ministerio Público que actúa ante esta corporación5, quien solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia. Para ello, consideró que dentro del
expediente se demostró la existencia de una causal de inhabilidad para desempeñar
cargos públicos por parte del actor, por el hecho de haber sido sancionado
disciplinariamente durante 3 ocasiones en los últimos 5 años.

36. Además, aseguró que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali sí tenía la
competencia para realizar la declaratoria de insubsistencia, toda vez que este acto
no constituyó una nueva sanción, sino que fue la consecuencia jurídica de la
inhabilidad enlistada en el numeral 2.° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.

3 PDF 10_RECEPCIÓNRECURSOAPELACIÓN_CORREO_RECEPCIONPE, contentivo del expediente digital

el cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI, del tribunal de
primera instancia.
4 Actuación visible en el índice 6 de la plataforma SAMAI.
5 Actuación visible en el índice 12 de la plataforma SAMAI.

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37. Control de legalidad6. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

38. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación.

39. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si ¿Se ajustó a la ley la
declaratoria de insubsistencia del nombramiento que el demandante ostentaba
como juez primero civil del circuito de Cali?

40. El caso concreto. Interrogante único: ¿Se ajustó a la ley la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento que el demandante ostentaba como juez primero
civil del circuito de Cali?

41. Para resolver el anterior cuestionamiento, la Sala considera pertinente destacar
que en el expediente se encuentran acreditados los siguientes supuestos fácticos:

42. El señor Hernán Zambrano Muñoz prestó sus servicios a la Rama Judicial entre
el 2 de febrero de 1987 y el 3 de marzo de 20148. El último cargo desempeñado
correspondió al de juez primero civil del circuito de Cali, empleo que ocupó desde
el 1.° de enero de 19999.

43. Durante ese último ejercicio, el demandante fue destinatario de 3 sanciones
disciplinarias, tal como se evidencia en el certificado de antecedentes disciplinarios
de funcionarios expedido el 22 de abril de 201310.

44. El 14 de junio de 201311, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca, mediante el oficio nro. CSJ.VC.SJD.D01.JEG.0462, puso en consideración
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali la situación del accionante, con el
fin de que adoptara las medidas correspondientes.

45. Producto de esa comunicación12, cinco (5) días más tarde, el magistrado Carlos
Alberto Oliver Gale registró un proyecto de ponencia en el que concluyó que se

6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 Folio 210 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
9 Folio 41 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
10 Folios Folio 94 y 95 del cuaderno nro. 2 del expediente físico.
11 Así se observa en el oficio del 7 de marzo de 2014, en el informe rendido dentro de la acción de tutela

identificada con el radicado 2014-00188-00 promovida por el señor Hernán Zambrano Muñoz en contra de la
Sala Plena del Tribunal Superior de Cali.
12 Folios 111 a 124 del cuaderno nro. 2 del expediente físico.

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configuraban todos los presupuestos para que la Sala Plena del tribunal hiciera
efectiva la inhabilidad sobreviniente del señor Hernán Zambrano Muñoz.

46. La ponencia obtuvo trece (13) votos a favor y trece (13) votos en contra, razón
por la cual se aplazó su aprobación, tal como se evidencia de las actas nro. 014 del
18 de julio de 201313, 016 del 8 de agosto de 201314, 017 del 15 de agosto de 201315,
018 del 12 de septiembre de 201316.

47. Posteriormente, por medio del escrito fechado del 11 de diciembre de ese
mismo año, el magistrado Carlos Alberto Oliver Gale remitió ante el presidente del
Tribunal Superior de Cali el certificado de antecedes disciplinarios del señor Hernán
Zambrano Muñoz, donde aparecen tres (3) sanciones de esa índole y, en
consecuencia, la inhabilidad para desempeñar cargos públicos.

48. En consecuencia, la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
expidió la Resolución nro. 0149 del 12 de diciembre de 201317, a través de la cual
declaró insubsistente el nombramiento que el señor Zambrano Muñoz ostentaba en
el cargo antes mencionado. Dicha decisión fue recurrida en reposición, pero el
recurso fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución nro. 030 del 27 de
febrero de 201418.

49. Por último, dentro del expediente reposan los siguientes fallos disciplinarios:

• Sentencia del 5 de junio de 200819, por medio del cual la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
sancionó al actor con 1 mes de suspensión en el ejercicio del cargo, por
infringir el deber funcional descrito en el numeral 3.° del artículo 154 de la
Ley 270 de 1996. Esta decisión fue confirmada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 28 de enero de 200920.

• Sentencia del 9 de julio de 200821, por medio del cual la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
sancionó al demandante con 1 mes de suspensión en el ejercicio del cargo,
por infringir el deber funcional descrito en el numeral 1.° del artículo 153 de
la Ley 270 de 1996. Esta decisión fue confirmada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en fecha del 25 de marzo
de 201022.

13 Folios 126 a 131 del cuaderno nro. 2 del expediente físico.
14 Folios 145 a 149 del cuaderno nro. 2 del expediente físico.
15
Folios 151 a 154 del cuaderno nro. 2 del expediente físico.
16 Folios 156 a 160 del cuaderno nro. 2 del expediente físico.
17 Folios 4 a 7 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
18 Folios 10 a 13 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
19 Folios 259 a 271 del cuaderno nro. 3 del expediente físico.
20 Folios 292 a 304 del cuaderno nro. 3 del expediente físico.
21 Folios 27 a 36 del cuaderno nro. 3 del expediente físico.
22 Folios 40 a 53 del cuaderno nro. 3 del expediente físico.

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• Sentencia del 27 de mayo de 201123, por medio del cual la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca sancionó al accionante con un mes de suspensión en el ejercicio
del cargo, por infringir el deber funcional descrito en los numerales 1.°, 2.° y
15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996. Esta decisión fue confirmada
parcialmente por la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura
en fecha del 19 de agosto de 201124.

• Sentencia del 8 de febrero de 2011, por medio de la cual la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sede
de impugnación de tutela «… dejó en firme la providencia de segunda
calendada (sic) el 3 de marzo de 2010, mediante la cual se confirmó la
sentencia de primera instancia emanada del Consejo Seccional de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Valle del Cauca… mediante
la cual se sancionó por el término de un (1) mes en el ejercicio del cargo al
señor Hernán Zambrano Muñoz… por hallarlo responsable de infringir el
deber previsto en el numeral 1.° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, e
incurrir en la prohibición descrita en el numeral 3 del artículo 154 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia…»

50. En el presente caso, el abogado apelante insistió en que el Tribunal Superior de
Cali no podía declarar la insubsistencia de su nombramiento, por cuanto el juez
natural para investigar e imponer las sanciones disciplinarias correspondientes es
el Consejo Superior de la Judicatura y sus órganos seccionales.

51. En otras palabras, para del recurrente, la declaratoria de insubsistencia
constituye una sanción que debía ser impuesta por las autoridades disciplinarias y
no por el Tribunal Superior del Distrito de Cali.

52. Pues bien, se destaca que la parte actora no discute las sanciones que
motivaron la inhabilidad sobreviniente aplicada por el ente nominador, sino la
competencia de este para ordenar su desvinculación laboral.

53. En primer lugar, se dirá que, contrario a lo argüido por el demandante, las
inhabilidad sobreviniente establecida en el numeral 2.° del artículo 38 de la Ley 734
de 2002 si es aplicable a los servidores judiciales, porque:

i) El artículo 25 de esa normativa establece que sus disposiciones se aplican
a todos los servidores del Estado, sin hacer distinciones y/o establecer
excepciones al respecto.

ii) El citado artículo 38 ejusdem contempla, en general, otra serie de
inhabilidades para desempeñar «cargos públicos», término universal que
abarca a los servidores de la Rama Judicial.

23 Folios 98 a 111 del cuaderno nro. 3 del expediente físico.
24 Folios 113 a 144 del cuaderno nro. 3 del expediente físico.

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iii) En el Título XII de la Ley en cita se contiene el régimen disciplinario de los
funcionarios judiciales. Así, mientras en el artículo 195 -que trata el tema
de la integración normativa- se establece que en «[…] la aplicación del
régimen disciplinario para los funcionarios judiciales prevalecerán […] las
normas aquí contenidas […]»; en el artículo 222 ib. se prevé que «[l]os
aspectos no regulados en este Título, se regirán por lo dispuesto para el
procedimiento ordinario y verbal según el caso, consagrados en este
Código.», lo que reafirma que las reglas del CDU también se aplican a
estos servidores.

54. Adicionalmente, se resalta lo establecido en el parágrafo del artículo 150 de la
Ley 270 de 1996, según el cual «[l]os nombramientos que se hagan en
contravención de lo dispuesto en el presente artículo y aquéllos respecto de los
cuales surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados
insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado
se encuentre escalafonado en la carrera judicial.» (El énfasis es nuestro)

55. Tal previsión reconoce que, durante el ejercicio como servidor judicial pueden
surgir inhabilidades sobrevinientes, entre ellas, la regulada en el citado artículo 38
del CDU. Por tanto, se autoriza al nominador que, ante la configuración de esta, se
ordene el retiro del servicio.

56. Superado lo anterior, es claro que la decisión cuestionada no fue fruto del
ejercicio de una potestad disciplinaria por parte del Tribunal Superior de Cali y, por
ende, tampoco representó la imposición de una sanción de esa misma naturaleza.
Antes bien, la aludida determinación no es más que la concreción material de una
inhabilidad sobreviniente emanada de las restricciones disciplinarias impuestas al
demandante en los últimos cinco años de ejercicio laboral.

57. Sobre el particular, se recuerda que en sentencia C-544 de 2005, la Corte
Constitucional, al determinar la exequibilidad de la referida inhabilidad, sostuvo que:

«[…] En efecto, tal como quedó visto, la disposición acusada consagra una
prohibición de acceso a la función pública. La inhabilidad tiene fuente sancionatoria
pues surge como consecuencia de haberse impuesto al servidor público la tercera
sanción disciplinaria en cinco años. No obstante, aunque los demandantes
sostengan que por ese hecho la inhabilidad se erige en una nueva sanción, de la
jurisprudencia transcrita es posible descartar tal interpretación. La inhabilidad que
ocurre como consecuencia de haberse interpuesto la tercera sanción disciplinaria
en cinco años surge, no como una nueva sanción, sino como una medida de
protección de la Administración, que pretende evitar el acceso a sus cargos de
personas que han demostrado una manifiesta incompetencia en el manejo de los
negocios que se les encomiendan.»

58. Ahora, es claro que, de conformidad con lo previsto en el artículo 220 de la Ley
734 de 2002, toda sentencia sancionatoria se comunica a la autoridad disciplinaria
de primer grado, a la Oficina de Registro y Control la Procuraduría General de la
Nación, a la presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y al nominador del funcionario judicial sancionado.

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Demandante: Hernán Zambrano Muñoz

59. Tales acciones permiten que las diferentes autoridades, tanto las competentes
en el tema disciplinario, como las que cumple la función de nominadores, conozcan
con certeza la situación jurídica de los servidores públicos para, con base en la
información reportada en el certificado de antecedentes disciplinarios, adoptar las
medidas pertinentes.

60. Por lo que sigue, si de conformidad con lo previsto en el numeral 3.° del artículo
172 de la Ley 734 de 2002, los nominadores son los competentes para ejecutar las
sanciones disciplinarias, esas mismas autoridades también están facultadas para
hacer efectiva la inhabilidad sobreviniente regulada en el numeral 2.° del artículo 38
ejusdem.

61. En el caso actual, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, como
nominador del demandante -numeral 7.° del artículo 131 de la Ley 270 de 1996-,
tenía plena competencia para emitir la declaratoria de insubsistencia que ahora se
reprocha, decisión que, se reitera, no comporta el ejercicio de ninguna potestad
disciplinaria, sino por el contrario, el cumplimiento irrestricto de la ley.

62. Finalmente, tampoco le asiste razón al recurrente cuando asegura que la
decisión cuestionada es reflejo de un abuso de poder, en tanto que, si bien el
proyecto presentado por el magistrado Carlos Alberto Oliver Gale fue estudiado en
varias oportunidades por la Sala Plena del mencionado tribunal, nunca tuvo la
connotación de derrotado; por el contrario, ante la divergencia de criterios se aplazó
su votación hasta que se alcanzara una mayoría decisoria, lo cual ocurrió el 12 de
diciembre de 2013.

63. Así las cosas, al no prosperar los cargos planteados por el recurrente, se
impone confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

64. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

65. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.

66. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos en los que no se ventila un interés
público, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA., se mantiene incólume; en ese

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sentido la sentencia deberá imponer costas sobre la parte vencida en el proceso, y
su liquidación y ejecución se regirá por las normas del CGP.25

67. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

68. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte actora,
por cuanto en la presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en
el recurso de apelación por ella presentado. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 28 de abril de 2023, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó el señor Hernán Zambrano Muñoz en contra de la Nación – Rama
judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

TERCERO. RECONOCER personería jurídica para actuar como apoderada judicial
de la parte demandada a la abogada Julieta Barrios Gil, portadora de la tarjeta
profesional nro. 229.072 del Consejo Superior de la Judicatura en los términos del
poder otorgado26.

CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

25 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.
26 Actuación visible en el índice 15 de la plataforma SAMAI.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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