Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-01053-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-01053-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2014-01053-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
12 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-01053-01 (68006)
Actor: HÉCTOR MARINO OCHOA SUÁREZ Y OTRO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE TRABAJO
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO DURANTE EL
TRÁMITE DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA LABORAL EN LOS
CONFLICTOS DE TRABAJO DE CARÁCTER INDIVIDUAL / Intervención del
inspector de trabajo de Tuluá durante una audiencia de conciliación, en el marco
de lo cual, se afirma, habría inducido a error al demandante / DAÑO – el actor
alega que perdió la posibilidad de reclamar una mejor indemnización por el
accidente laboral que sufrió como trabajador de una empresa panelera, dado que
fue objeto de engaños durante la audiencia de conciliación realizada el 21 de enero
de 2013 en la Inspección de Trabajo de Tuluá - INEXISTENCIA DE DAÑO
ANTIJURÍDICO –no se probó el daño alegado y el actor contaba con la acción
ordinaria laboral para buscar la nulidad del acta de conciliación y poder reclamar
judicialmente los derechos conciliados.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 5 de octubre de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Según se narra en la demanda, el 21 de enero de 2013, durante una audiencia de
conciliación en la Inspección de Trabajo de Tuluá, el señor Héctor Marino Ochoa
Suárez fue inducido a error por el inspector de trabajo para suscribir el acta
contentiva del acuerdo, en la que se incluyó que él renunciaba a reclamaciones
adicionales y, por ende, habría perdido la posibilidad de obtener una “mejor”
indemnización por el accidente que sufrió al servicio de su empleador.
1
Radicación: 76001-23-33-000-2014-01053-01 (68006)
Actor: Héctor Marino Ochoa Suárez y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo
Referencia: Medio de control de reparación directa
II. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
En escrito presentado el 26 de septiembre de 20141, los señores Héctor Marino
Ochoa Suárez y Oliva Beltrán Tenorio2; por intermedio de apoderado judicial3,
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Trabajo,
con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por la falla en el
servicio presentada durante la audiencia de conciliación realizada el 21 de enero
de 2013 en la Inspección de Trabajo de Tuluá, en la cual el señor Héctor Marino
Ochoa Suárez fue objeto de engaños “para que renunciara a sus reclamaciones
laborales por un accidente de trabajo que sufrió por la culpa exclusiva de su
patrono”4.
Como consecuencia de la anterior declaración, por concepto de perjuicios
morales, los demandantes solicitaron para cada uno el equivalente a 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
A título de perjuicios materiales se pidió la cantidad de 501 salarios mínimos
legales mensuales vigentes para el señor Héctor Marino Ochoa Suárez y 250 para
la señora Oliva Beltrán Tenorio, sin que se especificara por qué concepto.
2. Hechos
En la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
El señor Héctor Marino Ochoa Suárez trabajaba para la empresa panelera Trapiche
El Esfuerzo, ubicada en el corregimiento de Boyacá, del municipio de Palmira, de
propiedad del señor Francisco Javier Tafur Orejuela.
Según se narra en la demanda, de forma periódica, el señor Ochoa Suárez era
enviado en “comisión” a trabajar al trapiche panelero conocido como El Líbano, con
razón social Agencias de Ventas Productora y Comercializadora MJG S.A., ubicado
en el corregimiento Tablones del municipio de Palmira, también de propiedad del
señor Francisco Javier Tafur Orejuela.
1 Así consta en el sello de presentación personal en la oficina de apoyo judicial de Cali y en el acta
de reparto visibles a folios 67 y 68 del cuaderno 1.
2 Se anotan sus nombres como aparecen en las copias de sus registros civiles de nacimiento
visibles de folios 21 a 28 del cuaderno 1.
3 Los demandantes otorgaron poder, visible de folios 97 a 99 del cuaderno 1.
4 Fls. 1 a 18 del cuaderno 1.
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Radicación: 76001-23-33-000-2014-01053-01 (68006)
Actor: Héctor Marino Ochoa Suárez y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo
Referencia: Medio de control de reparación directa
El 6 de agosto de 2011, cuando el mencionado trabajador se encontraba en el
trapiche panelero “El Líbano” limpiando un rodillo5, este le aprisionó su mano
derecha hasta que atrapó todo el miembro superior y se lo amputó.
Se indicó que ni el empleador ni el Ministerio de Trabajo solían verificar las
condiciones de seguridad en las que laboraban los trabajadores de los trapiches.
Se advirtió que, pese a que la empresa tenía su domicilio en Palmira, el señor
Héctor Marino Ochoa Suárez fue convocado por su empleador a una audiencia de
conciliación en la Inspección del Trabajo de Tuluá, el 21 de enero de 2013, de la
cual se levantó una acta que en su primer folio señalaba una indemnización a su
favor de $5´737.681 y la firmó, pero sin que le dejaran ver el segundo folio, en el que
había una nota de renuncia a toda reclamación posterior por concepto del accidente
laboral.
Según el demandante, fue engañado y coaccionado por el inspector de trabajo de
Tuluá para que firmara el documento, con el artificio de que si no estaba de acuerdo
con la suma podía presentar una demanda laboral, cuando en realidad estaba
renunciando a esa posibilidad.
Como consecuencia, aseguró que el acta de dicha conciliación fue afectada de
nulidad por vicio del consentimiento y que así se declaró en “sentencia del 2 de
agosto de 2012 emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga”; sin
embargo, con la demanda no se allegó ni se solicitó como prueba dicha decisión
judicial6.
3. Trámite de primera instancia
3.1. A través de auto del 31 de octubre de 20147, el a quo inadmitió la demanda8.
5 Según se indicó en la demanda, era el dispositivo que se usaba para extraer el bagazo de caña de
azúcar.
6 A ello se agrega una inconsistencia en cuanto a las fechas, pues la sentencia que
supuestamente declaró la nulidad del acta es del 2 de agosto de 2012, pero el acta de conciliación
es del 21 de enero de 2013 y la providencia no fue aportada por la parte actora para verificar la
veracidad de este hecho, pese a que se habría proferido antes de instaurar la demanda de
reparación directa.
7 Fls. 70 a 74 del cuaderno 1.
8 En dicha decisión se requirió a la parte demandante para que aclarara los siguientes aspectos: i)
parte demandada; ii) pretensiones; iii) estimación de la cuantía, iv) dirección de notificaciones;
además, para que se subsanara el poder, toda vez que no se identificó para qué había sido
otorgado. La parte actora presentó escrito (Fls. 83 a 88 del cuaderno 1), pero en él no se
corrigieron los defectos señalados, razón por la cual por auto del 9 de abril de 2015 el a quo
requirió a la parte accionante para que subsanara la demanda como se le indicó (Fls. 89 a 95 del
cuaderno 1). La parte demandante presentó nuevo escrito (Fls. 97 103 del cuaderno 1) que, según
3
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Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo
Referencia: Medio de control de reparación directa
Mediante auto del 2 de junio de 20159 el Tribunal a quo admitió la demanda,
decisión que se notificó al demandado y al Ministerio Público10.
3.2. Audiencia inicial, decreto, práctica de pruebas y alegatos de conclusión
3.2.1. La audiencia inicial se llevó a cabo el 18 de mayo de 201611, oportunidad en
la que el a quo advirtió que no había lugar a pronunciarse sobre excepciones,
dado que la demanda fue contestada extemporáneamente y tampoco encontró
hechos susceptibles de ser declarados de oficio.
A continuación, el a quo fijó el litigio en los siguientes términos (se trascribe de
forma literal, incluso con posibles errores):
Como primera medida se verificará si la reparación directa resulta ser el medio
de control adecuado y procedente para solicitar el resarcimiento de los perjuicios
supuestamente ocasionados por la suscripción del acta de conciliación por un
inspector de trabajo en nombre de la Nación-Ministerio de Trabajo.
De manera subsidiaria, se analizará si la Nación-Ministerio de Trabajo resulta
ser administrativa y extracontractualmente responsable por los supuestos
perjuicios ocasionados al señor Héctor Marino Ochoa Suárez, presuntamente
por haber suscrito un acta de conciliación por un monto irrisorio (se destaca).
Las partes manifestaron su acuerdo con la fijación del litigio.
Finalmente, el Tribunal a quo decretó las pruebas aportadas y solicitadas por la
parte demandante12, aunque negó la testimonial13. Igualmente, el a quo aceptó el
desistimiento de la prueba consistente en allegar al expediente copia del proceso
el a quo, seguía adoleciendo de inconsistencias, aunque “no con el alcance suficiente como para
rechazar la demanda” y por ello procedió a admitirla por auto del 2 de junio de 2015.
9 Fls. 105 a 107 del cuaderno 1.
10 Fl. 108 del cuaderno 1.
11 Acta y DVD a folios 176 a 186 del cuaderno 1.
12 Se decretaron como prueba los documentos aportados con la demanda, consistentes en los
registros civiles de nacimiento de los demandantes, fotografías del señor Héctor Marino Ochoa
Suárez exhibiendo su lesión, declaración extraprocesal sobre unión marital de los demandantes,
acta de conciliación laboral del 21 de enero de 2013, certificado de existencia y representación
legal de MJG S.A., comprobante de pago de liquidación de prestaciones sociales del señor Héctor
Marino Ochoa Suárez por valor de $5’737.681, reclamación de indemnización por accidente de
trabajo y prestaciones sociales del señor Héctor Marino Ochoa Suárez del 22 de mayo de 2013,
respuesta a petición del 19 de octubre de 2013, dictamen de incapacidad laboral del señor Héctor
Marino Ochoa Suárez realizado por la ARL Positiva S.A. (Fls. 6 a 45 del cuaderno 1). Igualmente,
el a quo decretó a solicitud de la parte actora que la ARL Positiva S.A. enviara “todos los
documentos relacionados con la pérdida de capacidad laboral del señor Héctor Marino Ochoa
Suárez”.
13 El a quo negó los testimonios de los señores Mario Cabal y Jhon Eduard Gutiérrez, solicitados
para que declararan sobre el accidente laboral del señor Héctor Marino Ochoa Suárez, pues a
juicio del a quo ese asunto no era materia de la litis.
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Actor: Héctor Marino Ochoa Suárez y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo
Referencia: Medio de control de reparación directa
laboral No. 2014-00316 instaurado por el señor Héctor Marino Ochoa Suárez
contra la Nación-Ministerio de Trabajo.
3.3.2. En la audiencia de pruebas del 2 de agosto de 201614, el Tribunal de
primera instancia agotó su práctica e incorporó los documentos aportados con la
demanda. Además, ordenó requerir a Positiva S.A. para que allegara la
información solicitada relativa a la pérdida de capacidad laboral del señor Héctor
Marino Ochoa Suárez, la cual había sido decretada a solicitud de la parte
demandante.
La audiencia se suspendió y se reanudó el 20 de septiembre15 y el 9 de
noviembre de 201616, en esta última oportunidad se incorporaron los documentos
faltantes y se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de
conclusión por escrito y al Ministerio Público para que, si lo consideraba
pertinente, rindiera concepto.
La parte demandante reiteró lo narrado en la demanda17. La parte demandada
señaló que el acta de conciliación suscrita ante el inspector de trabajo de Tuluá no
era susceptible de ser demandada ante esta jurisdicción y, en todo caso, la
actuación del funcionario se ajustó a derecho18.
A juicio del Ministerio Público, las pretensiones debían negarse, porque no se
precisó cuál fue el daño antijurídico causado al demandante y, en todo caso, no
se probó que el funcionario del Ministerio del Trabajo hubiera prestado el servicio
de forma indebida, como para generar un vicio en el consentimiento del actor
durante la audiencia de conciliación.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 5 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, concluyó que esta jurisdicción estaba facultada para conocer del
asunto, a través de la reparación directa, porque las pretensiones no estaban
dirigidas contra el empleador del señor Ochoa Suárez, sino que tenían como
14 Acta y DVD a folios 190 a 193 del cuaderno 1.
15 Acta y DVD a folios 195 a 197 del cuaderno 1.
16 Acta y DVD a folios 233 a 235 del cuaderno 1.
17 Fls. 236 a 247 del cuaderno 1.
18 Fls. 258 a 273 del cuaderno 1.
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Referencia: Medio de control de reparación directa
propósito la indemnización de los perjuicios causados por la supuesta indebida
intervención del ente demandado en la suscripción de la conciliación, la cual no
correspondía en modo alguno a un acto administrativo.
En segundo lugar, al abordar el fondo del asunto, el Tribunal a quo precisó que el
daño invocado consistía en la imposibilidad del demandante de reclamar por vía
administrativa o judicial la indemnización por el accidente de trabajo que sufrió
mientras laboraba para su empleador, y que la parte actora le imputaba
responsabilidad a la entidad porque el inspector de trabajo de Tuluá no debió
permitir una conciliación en la que el trabajador renunciara a tal indemnización.
Al respecto, en el fallo se resaltó que la conciliación hacía tránsito a cosa juzgada
y surtía plenos efectos, lo que implicaba, en principio, que el señor Héctor Marino
Ochoa Suarez no pudiera reclamar de nuevo sobre derechos ya conciliados, toda
vez que el acuerdo tenía la misma fuerza obligante de una sentencia, como lo ha
señalado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral19.
Lo anterior, salvo que la conciliación resultara viciada por objeto y causa ilícita,
desconocimiento de derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, o lesión a la
Constitución y la ley, falencias que debían ser probadas en el marco de un
proceso ordinario de competencia del juez laboral, según lo establecido el Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Así las cosas, a juicio del a quo, el daño se encontraba fundado en suposiciones,
porque el demandante tenía la posibilidad de reclamar vía judicial los derechos
que concilió con su ex-empleador ante el Ministerio del Trabajo, pues, de resultar
demostrados ante la autoridad competente los presuntos vicios alegados en la
conciliación, devendría la nulidad del acta y la posibilidad de su reconocimiento.
Si bien en la demanda se indicó que se había promovido un proceso laboral ante
la justicia ordinaria, lo cierto era que se había desistido de él.
El Tribunal a quo precisó que, “si en gracia de discusión”, se considerara que sí
se configuró un daño ante la dificultad de formular las reclamaciones pertinentes
para lograr una indemnización por el accidente que sufrió el actor, lo cierto era
que no tendría el carácter de antijurídico, toda vez que las consecuencias de la
19 “Original de la cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo SL911-2016 Radicación No. 53019”.
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Referencia: Medio de control de reparación directa
conciliación provienen del ordenamiento jurídico y del consentimiento del
demandante al conciliar, sin que se hubiese acreditado vicio alguno.
Concluyó que no se acreditó la existencia del daño antijurídico alegado por la
parte demandante.
Finalmente, condenó en costas la parte actora20.
5. Recurso de apelación
La parte demandante presentó recurso de “reposición” y en subsidio de apelación
contra la sentencia de primera instancia y solicitó que fuera revocada, en cuanto
se demostró que por “acción y omisión” el inspector de trabajo de Tuluá no le
permitió la lectura del acta de conciliación a la víctima directa y “le hizo firmar” un
documento en el que le reconocían una suma de dinero, que incluía una renuncia a
indemnizaciones adicionales, pese a que todos los presentes le aseguraron que si
no estaba de acuerdo podía adelantar la acción correspondiente.
En su criterio, la conducta del conciliador fue de mala fe, por cuanto estuvo
orientada a exonerar de toda responsabilidad laboral al empleador.
Además, el señor Héctor Marino Ochoa Suárez fue trasladado desde Palmira a la
Inspección de Trabajo de Tuluá con engaños, sin la compañía de su abogado y, en
todo caso, el inspector de trabajo de Tuluá no compulsó copias al Departamento de
Seguridad de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, para que
determinara las condiciones de seguridad en las que laboraban los empleados de
los trapiches.
A juicio de la parte apelante, el accidente de trabajo también era responsabilidad
del Ministerio de Trabajo, pues sus funcionarios no practicaron inspección ocular
a las empresas paneleras para verificar la seguridad de los trabajadores y así
evitar accidentes.
Además, la parte actora transcribió los hechos y pretensiones de la demanda
como parte de su escrito de apelación.
20 Expediente digital, índice 11 Samai.
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Referencia: Medio de control de reparación directa
Adicionalmente, los accionantes solicitaron que se revocara la “sanción” impuesta
en el fallo apelado, dado que eran personas humildes que carecían de recursos
económicos.
Finalmente, con el escrito de apelación la parte actora aportó unos documentos
como pruebas de segunda instancia21.
6. Trámite de segunda instancia
6.1. El 19 de noviembre de 202122, el a quo rechazó por improcedente el recurso
de reposición interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera
instancia y concedió el de apelación, el cual fue admitido el 17 de marzo de
202223.
Mediante auto del 8 de junio de 202224, esta Corporación, en virtud de su facultad
oficiosa en materia probatoria, ordenó oficiar al Juzgado 2º Laboral del Circuito de
Palmira para que enviara copia de la demanda instaurada por el señor Héctor
Marino Ochoa Suárez contra el Ministerio del Trabajo – Inspección Laboral y de
Seguridad Social de Tuluá y que dio origen al proceso identificado con el número
2014-00316; igualmente que certificara el estado del proceso.
La documentación solicitada fue allegada y se corrió traslado a las partes sin que
formularan objeción alguna.
De otro lado, a través de providencia del 26 de septiembre de 202225, se negó el
decreto de pruebas en segunda instancia de los documentos allegados con el
escrito de apelación.
En providencia del 20 de octubre de 202226 fue concedido, en segunda instancia,
el amparo de pobreza solicitado por los demandantes.
6.2. A través de auto del 27 de octubre de 202227 se corrió traslado para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, oportunidad en la
21 Expediente digital, índice 11 Samai.
22 Expediente digital, índice 11 Samai.
23 Índice 6 de Samai.
24 Índice 20 de Samai.
25 Índice 37 de Samai.
26 Índices 42 y 43 de Samai.
27 Índices 42 y 43 de Samai.
8
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que intervino la parte actora28, la parte demandada guardó silencio en esta etapa
procesal.
6.3. Por su parte, a juicio del Ministerio Público debía confirmarse el fallo de
primera instancia, dado que no existe prueba alguna que acredite que el
demandante sufrió algún tipo de constreñimiento o coacción para que firmara el
acta de conciliación y que asistió a la audiencia en pleno uso de sus facultades
mentales las cuales le permitían conocer el procedimiento extrajudicial al cual fue
convocado; además, firmó el acta sin ninguna objeción lo cual revelaba “un
comportamiento cuando menos descuidado” por parte del accionante, puesto que
suscribió el documento sin tener certeza de lo que en ella se acordaba29.
III. CONSIDERACIONES
1. Procedencia del medio de control de reparación directa
En asuntos como el formulado, esta Sala ha señalado que la procedencia de los
medios de control en ejercicio de los cuales se deben tramitar los asuntos de
conocimiento de esta jurisdicción no depende de la discrecionalidad del
demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin pretendido30 .
El Tribunal a quo consideró que la reparación directa resultaba procedente porque
en la demanda no se cuestionaba la responsabilidad del empleador por el
accidente laboral que sufrió el actor, sino que las pretensiones versaban sobre el
supuesto proceder irregular del funcionario del Ministerio del Trabajo en la
audiencia de conciliación objeto de la litis.
La Sala coincide con dicha postura, pues la imputación se edifica en la supuesta
acción u omisión del funcionario que en ejercicio de sus funciones pudo haber
intervenido de manera irregular en un trámite conciliatorio, sin que la litis verse
sobre el accidente de trabajo como tal y la parte actora tampoco pretende
adelantar el juicio de legalidad sobre el acuerdo pertinente, de ahí que la
reparación directa resulte procedente.
28 Índice 51 Samai.
29 Índice 53 Samai.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto
del 16 de mayo de 2019, exp. 76001-23-33-007-2017-00671-01 (62.351) y sentencia del 22 de
octubre de 2021, exps. 08001-23-33-001-2014-00511-01 (57265) y 08001-23-33-
001-2014-00527-01 (58069) (acumulados).
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2. Objeto de la apelación
El Tribunal a quo negó las pretensiones porque el daño no se ha consumado,
dada la posibilidad del actor de obtener tanto la nulidad del acuerdo conciliatorio
como la indemnización pertinente y, en todo caso, porque las consecuencias de la
conciliación provienen del ordenamiento jurídico y del consentimiento del
demandante al conciliar, sin que se hubiese acreditado vicio alguno.
Se observa que la causa petendi en este caso está delimitada por la supuesta
indebida intervención del inspector de trabajo de Tuluá durante la audiencia de
conciliación realizada el 21 de enero de 2013 en su despacho, la cual habría
causado un daño al actor consistente en la imposibilidad de demandar una
indemnización laboral adicional contra su empleador por un accidente de trabajo.
Se advierte que en el recurso de apelación se indicaron como argumentos de
disenso el hecho de que el funcionario conciliador no compulsó copias al
Departamento de Seguridad de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo,
para que determinara las condiciones de seguridad en las que laboraban los
empleados de los trapiches.
Igualmente, se arguyó que el accidente de trabajo que sufrió el actor también era
responsabilidad del Ministerio de Trabajo, pues sus funcionarios no practicaron
inspección ocular a las empresas paneleras, para verificar la seguridad de los
trabajadores y así evitar accidentes.
Para la Sala estos argumentos deben excluirse del análisis de fondo en esta
instancia, dado que no hicieron parte de la causa petendi, la cual no puede
modificarse por la vía del recurso de apelación, motivo por el que no se
pronunciará sobre ellos.
Así las cosas, la parte actora apeló el fallo con los siguientes argumentos: i) que la
pruebas demostraron que el inspector de trabajo de Tuluá actuó de mala fe para
que el actor suscribiera el acta de conciliación adversa a sus intereses laborales;
ii) que se revocara la condena en costas, en atención a la precaria condición
económica del señor Ochoa Suárez y su esposa.
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Radicación: 76001-23-33-000-2014-01053-01 (68006)
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Con fundamento en los anteriores cargos, la Subsección, previa verificación de la
competencia sobre este asunto31 y la oportunidad en el ejercicio del derecho de
acción32, resolverá la segunda instancia del proceso de la referencia.
3. Decisión de los cargos de apelación
Como se explicó, el a quo negó las pretensiones, porque el daño no se
encontraba consumado, dada la posibilidad del actor de reclamar ante la
jurisdicción ordinaria los derechos que alega como desconocidos por la
conciliación, en la que, supuestamente, resultó determinante la conducta irregular
de la entidad demandada.
Además, el a quo sostuvo que, “en gracia de discusión”, aunque se considerara
que existía un daño, no tendría el carácter de antijurídico, porque no se probó que
la demandada hubiese generado vicio alguno en el consentimiento del actor para
conciliar en aquella oportunidad.
La parte actora no cuestionó el argumento central del fallo, según el cual el daño
no se ha consumado, en cuanto el accionante tiene la posibilidad de reclamar la
indemnización que invoca, previa anulación del acta de conciliación, sino el
planteado de manera subsidiaria, para lo cual en su apelación indicó que las
pruebas obrantes en el expediente daban cuenta de las irregularidades en las que
habría incurrido la entidad demandada para lograr que en la Inspección de
Trabajo de Tuluá el señor Ochoa Suárez suscribiera el acuerdo conciliatorio del
21 de enero de 2013 y de esa manera declarara a paz y salvo a su empleador y
31 De manera previa se revisó el régimen aplicable y competencia y se advirtió que al sub judice le
resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la
demanda –26 de septiembre de 2014–, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437
de 2011, en concordancia con las disposiciones del C.G.P. La Ley 1437 de 2011 fue modificada
por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 y, en virtud de su artículo 86 ejusdem, la nueva normativa
es aplicable a este asunto, salvo en materia de competencias y en lo relacionado con los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas -incluida la de carácter pericial-, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, que se regirán por las leyes
vigentes para ese momento. Igualmente, De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150,
152, numeral 6 y 157 de la Ley 1437 de 2011, como en el proceso de la referencia la pretensión
mayor fue de 501 SMLMV, a esta Corporación le corresponde resolver la apelación interpuesta por
la parte demandante contra la sentencia de primera instancia.
32 Los demandantes fundan sus pretensiones en las supuestas irregularidades presentadas
durante la audiencia de conciliación realizada el 21 de enero de 2013 ante la Inspección de
Trabajo de Tuluá, por ende, según el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, el plazo de caducidad iba hasta el 22 de enero de 2015, y la demanda fue radicada con
anterioridad, en concreto, el 26 de septiembre de 2014, previo agotamiento de la conciliación
extrajudicial, como consta en la certificación expedida por la Procuraduría 20 Judicial II de Cali
(Fls. 11 y 12 del cuaderno 1).
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Radicación: 76001-23-33-000-2014-01053-01 (68006)
Actor: Héctor Marino Ochoa Suárez y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo
Referencia: Medio de control de reparación directa
renunciara a solicitar algún tipo de indemnización adicional, tal como se dejó
consignado en el acta33.
Para resolver la apelación, la Sala, en primer lugar, se pronunciará sobre el poder
vinculante de los acuerdos conciliatorios como el objeto de discusión y el
mecanismo para alegar las irregularidades presentadas en su celebración, para
luego pasar al análisis del daño y su eventual imputación a la entidad demandada.
33 Del acta de conciliación se destaca lo siguiente (se transcribe de forma literal): “(…)
comparecieron al despacho de Inspección del Trabajo y Seguridad Social de Tuluá, por una parte,
el doctor Fernando Restrepo Cruz CC (…), T.P. (…) del C. S. de la J. en representación del señor
Francisco Javier Tafur Orejuela conforme al poder que acompañó y, por otra parte, el señor Héctor
Marino Ochoa Suárez, mayor de edad, vecino de Palmira, identificado con CC (…). Constituido el
despacho en audiencia pública y una vez oídas las partes llegaron al siguiente arreglo
conciliatorio: consiste en dar por terminado el contrato de trabajo que existió entre las partes a
partir del 3 de diciembre de 2012, por concepto de reconocimiento de pensión de invalidez por
parte de la ARL Positiva según radicado No. SYC-124850 sucursal Valle, para lo cual se permiten
dejar constancia de lo siguiente:
(…)
Valor conciliado por derechos ciertos e inciertos: $5’000.000. Total pago: $5’737.681. Nota: Las partes dejan expresa constancia que el pago neto de setecientos treinta y siete mil seiscientos
ochenta y uno ($737.681) corresponde al pago de prestaciones sociales a que tiene derecho el
trabajador correspondiente al período enero 1 a diciembre 3 de 2012 por valor de $1’201.785
menos los descuentos por concepto de cuentas por cobrar por una valor de $464.104 y que la
suma de cinco millones ($5’000.000) relacionada en el rubro de “valor conciliado por derechos
ciertos e inciertos”, se imputará a los derechos ciertos, inciertos y discutibles , tangibles e
intangibles, presentes y futuros que tuviere o llegare a tener el trabajador, al pago de las
obligaciones legales y/o extralegales que puedan surgir para el empleador por la terminación del
contrato de trabajo tales como horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas, viáticos,
dotaciones, indemnizaciones por la terminación del contrato de trabajo, indemnización moratoria,
indexación de salarios, cotización al sistema de seguridad social, acción de reintegro,
indemnización por enfermedad profesional y no profesional, accidente de trabajo, pensión sanción
y/o pensión cotización o subsidios, indemnización de que trata el art. 216 del Código Sustantivo de
Trabajo y cualquier otro derecho cierto e incierto que pueda derivarse de dicha terminación y
cualquier otra acreencia laboral. El trabajador declara voluntaria y expresamente a la empresa
Francisco Javier Tafur Orejuela CC (…) a paz y salvo por todo concepto, quedando
consecuentemente esta empresa librada de cualquier obligación pasada o futura con el
trabajador no quedándole por consiguiente ningún derecho por reclamar por ningún
aspecto de carácter laboral, porque considera que este acuerdo conciliatorio al que se ha
llegado es total y definitivo y la suma objeto de la conciliación es suficiente para ello, manifestando
que desiste de cualquier reclamación administrativa o judicial que pudiere intentar o hubiere
intentado. El trabajador Héctor Marino Ochoa Suárez deja constancia que con la suscripción de la presente
acta de conciliación recibe de parte del señor Francisco Javier Tafur Orejuela un (1) cheque
relacionado así: el cheque No. 012684 del banco Caja Social por valor de cinco millones
setecientos treinta y siete mil seiscientos ochenta y un pesos moneda cte (5’737.681) a favor del
señor Héctor Marino Ochoa Suárez, por concepto de liquidación de prestaciones sociales y por
concepto de “valor conciliado por derechos ciertos e inciertos”. Auto: El funcionario, acatando la voluntad conciliadora de las partes imparte su aprobación
advirtiéndoles que el anterior Acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo de
conformidad con el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 640/01 y los artículos 19 y 28 de la misma
ley.
Igualmente, declara al empleador Francisco Javier Tafur Orejuela a paz y salvo por todo concepto
derivado del vínculo laboral que existió con el señor Héctor Marino Ochoa Suárez hasta el 3 de
diciembre de 2012” (negrillas de la Sala). (Fls. 18 y 19 del cuaderno 1).
12
Radicación: 76001-23-33-000-2014-01053-01 (68006)
Actor: Héctor Marino Ochoa Suárez y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo
Referencia: Medio de control de reparación directa
3.1. Cuestionamiento de la validez de un acuerdo conciliatorio laboral
La conciliación, en principio, le pone fin a las controversias -salvo que sea parcial-, y
el acuerdo tiene efectos de cosa juzgada, incluidos los asuntos laborales, como lo
ha señalado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia:
Al respecto, debe recordar la Sala que la conciliación es un mecanismo
alternativo de resolución de conflictos mediante el cual, dos o más personas
solucionan por sí mismas sus controversias, bajo la supervisión de un tercero
neutral y calificado. Es un acto jurídico en el cual intervienen sujetos con
capacidad jurídica en donde su consentimiento y voluntad están encaminados a
dar por terminado un conflicto existente o eventual. Con relación a los efectos
de la conciliación, la jurisprudencia ha enseñado que por tratarse de un
negocio jurídico en el que se verifica un acuerdo de voluntades, que
además es supervisado por un tercero calificado, hace tránsito a cosa
juzgada y presta mérito ejecutivo (…)34.
Cuando se dice que el acta de conciliación hace tránsito a cosa juzgada,
se está asegurando que no podrá adelantarse contra ella acción judicial
posterior con el fin de revivir los asuntos conciliados. De hacerse, el juez
deberá declarar probada, aún de oficio, la excepción de cosa juzgada. Esto
debido a que el acta de conciliación tiene la misma fuerza obligante de una
sentencia35 (negrillas de la Sala).
Sin embargo, el efecto de la cosa juzgada no es absoluto, por cuanto existe la
posibilidad de pedir la anulación de los acuerdos conciliatorios por objeto o causa
ilícitas, como lo ha advertido esa misma Corporación:
Ahora, si bien es cierto la conciliación, en principio, se asemeja a una
sentencia judicial con efectos de cosa juzgada y, por tanto, es inmutable,
ello solo será así siempre y cuando su objeto y causa sean lícitos, no se
desconozcan derechos mínimos, ciertos e indiscutibles del trabajador y,
en general, no produzca lesión a la Constitución y ley.
En caso contrario, el juez estará en la obligación de restarle efecto, claro, si
se dan los presupuestos para ello, es decir, como lo adujo el colegiado al
precisar que en el sub lite «i) [l]a nulidad aparece de manifiesto en el acta de
conciliación; ii) [e]l negocio jurídico de la conciliación fue invocado en el litigio
como fuente de derecho u obligaciones para las partes y, iii) [a]l pleito
concurr[ieron], el demandante y la sociedad demandada (…)», luego de lo cual
concluyó:
(…) el juez de segunda instancia por ser la nulidad absoluta una forma de
ineficacia donde está en juego el orden público y dado los derechos
irrenunciables en juego (…) puede pronunciarse de oficio, y más como en
el presente caso, en donde se estudia la sentencia de primera instancia,
34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 11 de mayo de 2016, exp.
SL 6230-2016 (43199), MP: Gerardo Botero Zuluaga.
35 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 9 de mayo de 2018, exp.
SL2051-2018 (62049), MP: Ana María Muñoz Segura.
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Radicación: 76001-23-33-000-2014-01053-01 (68006)
Actor: Héctor Marino Ochoa Suárez y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo
Referencia: Medio de control de reparación directa
por vía del grado de competencia funcional de la consulta36 (negrillas de la
Sala).
De modo que, ante la presencia de un vicio del consentimiento, objeto o causa
ilícitas o violación de derechos irrenunciables, en acuerdos que versen sobre
derechos del trabajador, el interesado puede acudir a la jurisdicción laboral a través
de un proceso ordinario para obtener su nulidad, como también lo ha advertido esa
alta Corte:
Sin embargo, puede ordenarse judicialmente la nulidad de un acta de
conciliación cuando se afecte cualquiera de los elementos de un contrato,
es decir, cuando se actúa sin capacidad o voluntad o cuando la referida
actuación verse sobre un objeto o causa ilícita, salvo cuando se trate de la
revisión del reconocimiento de sumas periódicas o de pensiones de cualquier
naturaleza impuestas al tesoro público o a un fondo de naturaleza pública,
situaciones en las que el mecanismo apto para la enervación de las
transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, es la revisión
contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Es decir, si la parte que firmó el acuerdo considera que en el contenido de la
conciliación existe un vicio del consentimiento, un objeto o una causa ilícitos –
con las salvedades anotadas- o una violación de derechos ciertos e
indiscutibles, podrá acudir ante la jurisdicción mediante un proceso
ordinario de competencia del Juez Laboral según las reglas que fija el
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
No hay lugar a duda, entonces, reiterando lo dicho en la providencia CSJ
SL15072-2017, que la conciliación en materia laboral es un mecanismo legítimo
para la finalización de un conflicto entre las partes, que –por regla general- hace
tránsito a cosa juzgada. Sin embargo, si del acuerdo conciliatorio se
desprende que alguno de los intervinientes actúa sin capacidad, o carente
de voluntad libre e informada, cuando la referida actuación verse sobre un
objeto o causa ilícita, o suponga una violación de derechos ciertos e
indiscutibles; el acuerdo podrá ser impugnado judicialmente para restarle
validez y enervar los efectos jurídicos que le son propios37 (negrillas de la
Sala).
En concordancia, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social prevé que
la jurisdicción ordinaria laboral es la competente para conocer los conflictos jurídicos
que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo38.
De modo que la definición de la legalidad del acuerdo conciliatorio le corresponde a
la jurisdicción ordinaria laboral y, mientras la conciliación no sea anulada, tiene
fuerza vinculante.
36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 9 de febrero de 2016, exp.
911-2016 (53019), MP: Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
37 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 9 de febrero de 2016, exp.
911-2016 (53019), MP: Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
38 Artículo 2, numeral 1.
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Radicación: 76001-23-33-000-2014-01053-01 (68006)
Actor: Héctor Marino Ochoa Suárez y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo
Referencia: Medio de control de reparación directa
3.2. Acuerdo conciliatorio invocado por el actor
Así las cosas, si el actor consideraba ilegal el acuerdo conciliatorio celebrado con
ocasión del accidente de trabajo que sufrió, lo que le correspondía era formular en
oportunidad39 la pretensión pertinente ante la jurisdicción ordinaria laboral y
esperar que allí se dictara la sentencia que decidiera sobre la anulación del acta
conciliatoria, pero no procedió de conformidad, pues, si bien radicó la demanda, lo
cierto es que desistió de ella40, proceder que impidió que, mediante sentencia
ejecutoriada, se estableciera la existencia o no de un vicio en su consentimiento al
conciliar.
3.3. Obligatoriedad del acuerdo de conciliación: inexistencia de daño
antijurídico
La obligatoriedad del acuerdo conciliatorio está dada por disposición legal y por no
haber sido objeto de anulación alguna por parte del juez laboral, de ahí que el
39 “Código Procesal del Trabajo, artículo 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un
lapso igual”.
40 En el sub judice, el 19 de agosto de 2014, el señor Héctor Marino Ochoa Suárez instauró
demanda ordinaria laboral con el fin de: i) obtener la nulidad del acta de conciliación celebrada el
21 de enero de 2013 en la Inspección de Trabajo de Tuluá por objeto y causa ilícitas y; ii) que se
le reconociera la indemnización correspondiente por su accidente laboral.
En dicha demanda el hoy actor manifestó lo siguiente (se trascribe de forma literal): “Me permito
manifestar a su alto despacho que presento demanda ordinaria laboral de primera instancia por
accidente de trabajo en empresa Trapiche Panelero con lesiones corporales por culpa exclusiva
del empleador (accidente de trabajo) Decreto 2090 de 2003 y Ley 860 de 2003 y solicitando
nulidad de acta de conciliación por objeto y causa ilícitos, llevada a cabo en la oficina del Ministerio
de Trabajo ubicada en el municipio de Tuluá (Valle) el 21 de enero de 2013, documento a dos
folios sin número de radicación, sin nombre del inspector de trabajo, con el cual se indemnizó a mi
mandante Héctor Marino Ochoa Suárez, documento el cual tenía como propósito afectar o
defraudar los intereses de terceros, en el caso que nos ocupa, del señor Héctor Marino Ochoa
Suárez y de su familia.
“(…).
“Petición: ruego a usted señor Juez Laboral del Circuito de Palmira (V) que una vez declarada la
nulidad del acta conciliatoria del 21 de enero de 2013 con número 013.IT, se sirva ordenar que se
continúe dentro del mismo proceso, se der procedente la actuación procesal laboral ordinaria
tendiente a que mi mandante sea indemnizado con los valores que le corresponden.
“De igual manera solicito que de acuerdo a la calificación de pérdida de capacidad laboral
proferida por la Vicepresidencia Técnica de la empresa de seguros Positiva S.A., la cual le dio un
puntaje de 54.64 de invalidez a mi mandante, esos valores le sean reconocidos, teniendo en
cuenta que a mi mandante le fueron sumados unos valores por el contador (…) identificado con
CC (…), la cual le da una suma superior a cuarenta y siete millones noventa y dos mil quinientos
cuarenta pesos $47’092.540 M/cte. Solicito que se tenga en cuenta la edad de la víctima y los
perjuicios morales al momento de resolver la presente nulidad. (…)”. (se destaca). Ver índice 28,
actuación registrada el 8 de septiembre de 2022 en Samai.
Sin embargo, el 21 de agosto de 2014, el hoy actor retiró la demanda laboral, tal como lo confirmó
el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira (Ver índice 28, actuación registrada el 8 de
septiembre de 2022 en Samai) y decidió, pocos días después -26 de septiembre de 2014-,
instaurar la demanda de reparación directa.
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Radicación: 76001-23-33-000-2014-01053-01 (68006)
Actor: Héctor Marino Ochoa Suárez y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo
Referencia: Medio de control de reparación directa
cumplimiento de lo allí pactado corresponda a una carga que el actor está en el
deber de soportar.
Así las cosas, en virtud de los efectos de cosa juzgada de la conciliación, el
demandante debe sujetarse a lo allí previsto y, por ende, la indemnización
pertinente corresponde a la pactada en la conciliación y le impide al hoy actor
formular pretensiones judiciales adicionales por el mismo concepto, dado que
declaró a su empleador a paz y salvo.
De este modo, la imposibilidad de solicitar indemnizaciones adicionales por el
accidente laboral citado no constituye un daño antijurídico, pues es consecuencia
de los efectos propios del acuerdo, el cual, mientras no sea anulado por la
autoridad competente (en este caso el juez ordinario laboral), resulta obligatorio
para quienes lo celebraron.
Así las cosas, si el proceder del funcionario de la entidad vició el consentimiento
del actor y ello habría resultado indispensable para llegar al acuerdo que, según el
demandante, es “fraudulento”, tal situación debió plantearse ante el juez ordinario
laboral.
El análisis de la supuesta falla en el servicio imputada a la entidad no puede
desligarse de la legalidad del acuerdo conciliatorio, pues es precisamente en su
contenido en el que se edifica el daño alegado –imposibilidad del actor de
reclamar una indemnización adicional-.
En suma, el estudio del sub judice en los términos como fue formulado, como una
falla en el servicio por una supuesta conducta irregular del conciliador que “causó
el daño”, implica verificar si dicho funcionario provocó o no un vicio en el
consentimiento del trabajador, lo que entraña un estudio de legalidad del acuerdo
conciliatorio, asunto ajeno al conocimiento del juez contencioso administrativo, el
cual, mientras que el acuerdo no sea anulado, debe concluir que las
consecuencias que de él se deriven son cargas que deben asumir quienes
celebraron la conciliación.
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Radicación: 76001-23-33-000-2014-01053-01 (68006)
Actor: Héctor Marino Ochoa Suárez y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo
Referencia: Medio de control de reparación directa
De modo que el daño alegado no resulta antijurídico41, pues no basta con que se
alegue que un acuerdo conciliatorio es ilegal, sino que se debe acreditar la
declaratoria en tal sentido por la autoridad competente; sin embargo, no se allegó
decisión judicial alguna que comprobara la supuesta irregularidad en la conducta del
conciliador.
Como consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.
4. Costas de la primera instancia
En su recurso de apelación la parte actora solicitó que se revocara la “sanción”
impuesta a los demandantes, dado que son personas humildes que carecen de
recursos económicos, de lo cual se infiere que están cuestionando la condena en
costas de la primera instancia.
Conviene señalar que, bajo las reglas del Código General del Proceso la condena
en costas obedece a un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte
que ha resultado vencida, de ahí que resultara procedente la condena en costas
impuesta por el Tribunal a quo.
Si bien los actores en la primera instancia solicitaron amparo de pobreza, el a quo
no se pronunció y la parte actora no echó de menos la resolución de su solicitud,
de ahí que no hubiese sido concedido en oportunidad alguna, salvo cuando esta
Corporación lo hizo a través de providencia del 21 de octubre de 2022, de modo
41 Sobre la antijuridicidad del daño, esta Sección ha reiterado: “En relación con la naturaleza del
daño antijurídico, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que ‘ha de
corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación
alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente
organizada y comportarse como un sujeto solidario’. En este sentido se ha señalado que ‘en cada
caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en
la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico’. Ahora bien, a pesar de que el
artículo 90 de la Constitución establece que el Estado ‘responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables’, no existe en la legislación definición alguna del daño
antijurídico. No obstante, la jurisprudencia nacional ha definido tal concepto como la lesión de un
interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar,
que no está justificado por la ley o el derecho’, en otros términos, aquel que se produce a pesar de
que ‘el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el
daño carece de causales de justificación’’” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de enero de 2015, exp. 05 001
23 31 000 2002 03487 01 (32912), CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa). Igualmente, ver en
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
septiembre de 2000, exp. 11.601, CP: Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 2 de
marzo de 2000, exp. 11.945, CP: María Elena Giraldo Gómez; sentencias del 11 de noviembre de
1999, exp. 11.499 y del 27 de enero de 2000, exp. 10.867, CP: Alier Eduardo Hernández
Enríquez; entre otras.
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Radicación: 76001-23-33-000-2014-01053-01 (68006)
Actor: Héctor Marino Ochoa Suárez y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo
Referencia: Medio de control de reparación directa
que solo pueda tomarse como fundamento a la hora de decidir sobre las costas
de segunda instancia.
5. Costas de la segunda instancia
El artículo 188 de la Ley 1437 de 201142 señala que en el fallo se dispondrá sobre
las costas y el numeral 1 del artículo 365 del C.G.P. prevé que se condenará a
pagarlas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación.
Pese a lo anterior, el despacho advierte que mediante auto del 20 de octubre de
202243 se concedió amparo de pobreza a la parte actora, razón por la cual se
declaró que no estaría obligada a prestar cauciones procesales ni a pagar
expensas, honorarios de auxiliares de la justicia o cualquier otro gasto de la
actuación y tampoco sería condenada en costas por esta instancia y así se
declarará.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de octubre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: Sin costas de segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
42 Esta norma, para la época en que se presentó el recurso de apelación, disponía en cuanto a las
costas que su “liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil”.
43 Índices 42 y 43 de Samai.
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Radicación: 76001-23-33-000-2014-01053-01 (68006)
Actor: Héctor Marino Ochoa Suárez y otro
Demandado: Nación – Ministerio de Trabajo
Referencia: Medio de control de reparación directa
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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