Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-00080-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-00080-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2015-00080-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
10 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 76001233300020150008001 (69712)
Demandante: DIEGO LUIS BARBOSA IBÁÑEZ
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL
Tema: Accidente de tránsito. Muerte de conductor de motocicleta por
colisión contra vehículo oficial. Presupuestos procesales para
adoptar una decisión judicial de fondo. Falta de legitimación en
la causa por activa. Requisitos para acreditar la paternidad
biológica y/o de crianza, y la calidad de tercero damnificado.
Ausencia de prueba.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 31 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa.
I. SINTESIS DEL CASO
El 25 de octubre de 2012, Carlos Alberto Loaiza Herrera se desplazaba en una
motocicleta por la calle 6 con carrera 44 del municipio de Santiago de Cali (Valle
del Cauca), momento en el cual colisionó con un vehículo de la Policía Nacional.
Posteriormente, el 26 de octubre siguiente, el señor Loaiza Herrera falleció debido
a las lesiones sufridas como consecuencia del accidente de tránsito.
El demandante, quien aduce ser hijo biológico de la víctima directa, considera que
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente
responsable por la muerte de Carlos Alberto Loaiza Herrera, pues aduce que ella
se debió al choque contra el vehículo de esa institución.
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Radicado: 76001233300020150008001 (69712)
Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 23 de enero de 20151, Diego Luis Barbosa Ibáñez, mediante apoderado judicial
y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (en adelante la
“Policía Nacional”), para que fuera declarada patrimonialmente responsable por la
muerte de Carlos Alberto Loaiza Herrera, luego del siniestro de tránsito ocurrido el
25 de octubre de 2012.
Como pretensiones de su demanda, Diego Luis Barbosa Ibáñez solicita condenar
a la entidad pública accionada a pagarle, por perjuicios morales, 200 SMLMV; por
daño a la vida de relación, 100 SMLMV; y por lucro cesante, la suma de
$1.715.000.000.
En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante afirma que, el 25 de octubre
de 2012, Carlos Alberto Loaiza Herrera se desplazaba en la motocicleta de placas
GZT-94C y, a la altura de la calle 6 con carrera 44 del municipio de Santiago de
Cali (Valle del Cauca), colisionó con el vehículo oficial de placas 16190021, de
propiedad de la Policía Nacional.
Concluye que, el 26 de octubre siguiente, el señor Loaiza Herrera falleció debido a
los traumatismos sufridos como consecuencia del accidente de tránsito.
El accionante, quien afirma ser hijo biológico de la víctima directa, considera que la
Policía Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte de Carlos Alberto
Loaiza Herrera, pues afirma que ella se produjo por el choque contra el vehículo de
esa institución.
1 Índice No. 9, SAMAI - Página 36 a 42 del expediente digitalizado.
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Radicado: 76001233300020150008001 (69712)
Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
2. Contestación
El 12 de febrero de 20152, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la
demanda y ordenó su notificación a la entidad pública demandada y al Ministerio
Público.
2.1. La Policía Nacional3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando
que el daño alegado no le era atribuible, toda vez que se produjo por un actuar
imprudente y/o negligente del conductor de la motocicleta.
3. Audiencia inicial
El 17 de mayo de 20164, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó
el objeto del litigio.
Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría
a determinar: “[…] si conforme a las reglas de la responsabilidad extracontractual,
previstas en el artículo 90 de la Constitución Política, la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, que es la entidad aquí demandada, debe o no
responder por los perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes
(sic) con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 25 de octubre del año 2012,
en el que resultó inicialmente lesionado el señor Carlos Alberto Loaiza Herrera y
posteriormente perdió la vida”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 4 de septiembre de 20185 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
2 Índice No. 9, SAMAI - Página 44 a 46 del expediente digitalizado.
3 Índice No. 9, SAMAI - Página 76 a 84 del expediente digitalizado.
4 Índice No. 9, SAMAI - Página 96 a 100 del expediente digitalizado.
5 Índice No. 9, SAMAI - Página 164 a 168 del expediente digitalizado.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
4.1. La parte demandante6 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda.
4.2. La Policía Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 31 de julio de 20207, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa, al constatar que Diego Luis Barbosa Ibáñez no acreditó tener interés
jurídico para demandar. En sustento, estimó que ninguno de los medios de
convicción decretados y practicados en el proceso permitió constatar que el señor
Barbosa Ibáñez fuera hijo biológico y/o de crianza de Carlos Alberto Loaiza Herrera.
6. Recurso de apelación
El 8 de septiembre de 20208, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
el cual fue concedido el 27 de enero de 2022 9 y admitido el 1º de septiembre de
202310.
6.1. El extremo activo11 manifestó que el Tribunal erró al declarar probada de oficio
la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, pues, a su juicio, los
testimonios vertidos en el contencioso permitieron acreditar un vínculo y/o relación
“paternofilial” entre Carlos Alberto Loaiza Herrera y Diego Luis Barbosa Ibáñez.
6 Índice No. 9, SAMAI - Páginas 185 y 186 del expediente digitalizado.
7 Índice No. 9, SAMAI - Página 188 a 194 del expediente digitalizado.
8 Índice No. 27, SAMAI - Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
7AE5B2722ADF61C3 CD00119AC0EB38DD 6ECD442CC3B1CE2E C7722BF7D91A036B.
9 Índice No. 28, SAMAI.
10 Índice No. 29, SAMAI.
11 Índice No. 27, SAMAI - Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
7AE5B2722ADF61C3 CD00119AC0EB38DD 6ECD442CC3B1CE2E C7722BF7D91A036B.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 27 de octubre de 202312 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
7.1. El demandante13 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
7.2. El Ministerio Público14 estimó que debía confirmarse la sentencia de primera
instancia, que declaró probada de oficio la excepción de ausencia de legitimación
en la causa por activa, pues el demandante no probó ser hijo biológico y/o de
crianza de Carlos Alberto Loaiza Herrera.
7.3. La Policía Nacional guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 31 de junio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, puesto que la cuantía, dada por la
pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga
vocación de doble instancia ante esta Corporación15, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaración de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
12 Índice No. 41, SAMAI.
13 Índice 45 de SAMAI.
14 Índice 38 de SAMAI.
15 El valor de la pretensión se estima en la suma de $1.715.000.000.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14016 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En este caso, el medio de control procedente es el de reparación directa porque se
reclama la reparación de un daño por unos hechos imputables a la Policía Nacional.
3. Vigencia del medio de control
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal y, por ende, ha de ser
examinado de oficio17.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general18, estableció unos plazos para poder ejercer
16 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del
daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la
proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal
del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
17 “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse,
en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de
manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo
143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que
ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición
propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como
excepción de fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia
definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A”. Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 21093.
18“La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su
potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de
acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en
la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la
paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción19, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la
sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público
lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez,
cuando se verifique su ocurrencia”. Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2002.
19 “(...) el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser
condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien
dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno
de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso
a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado
el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria
a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”. Consejo de Estado,
sentencia del 23 de febrero de 2006, expediente 6871-05.
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como una sanción ipso iure20 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia21, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prescribe que el medio de control de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe
la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
En el presente asunto, se estima que el derecho de acción se ejerció en tiempo,
toda vez que: i) el 26 de octubre de 2012, falleció Carlos Alberto Loaiza Herrera
(hecho probado 7.1.3.) 22; ii) el 23 de octubre de 201423 los demandantes
presentaron solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, la
cual se declaró fallida el 22 de enero de 201524; y iii) la demanda se presentó el 23
20 “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de
la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se
ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del
plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la
jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera
ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio
cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción
judicial”. Consejo de Estado, sentencia del 30 de enero de 2013.
21 “(…) [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la
demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna
para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el
interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar
del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la
causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las
oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por
la ocurrencia del fenómeno indicado”. Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998.
22 Registro civil de defunción del señor Carlos Alberto Loaiza Herrera, visible en la página 9 del
expediente digitalizado, ubicado en el índice 9 de SAMAI.
23 Constancia expedida por la Procuraduría 165 Judicial I para Asuntos Administrativos, visible en
las páginas 14 y 15 del expediente digitalizado, ubicado en el índice 9 de SAMAI.
24 Constancia expedida por la Procuraduría 165 Judicial I para Asuntos Administrativos, visible en
las páginas 14 y 15 del expediente digitalizado, ubicado en el índice 9 de SAMAI.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
de enero de 201525, esto es, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos
en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.
4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si, en el presente asunto litigioso, el demandante se
encuentra legitimado en la causa por activa o si, por el contrario, no se satisfizo
dicha exigencia procesal para adoptar una decisión judicial de fondo.
5. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la legitimación en la causa.
6. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa ha sido definida por la jurisprudencia del Consejo de
Estado como la calidad que le permite a una persona que hace parte de una relación
jurídica proponer demandas u oponerse a las pretensiones que se formulen en su
contra26.
Bajo ese entendido, esta Corporación ha diferenciado entre la legitimación en la
causa de hecho y material27. La primera hace referencia al vinculo que se establece
entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es
decir, cuando el libelo introductorio atribuye una conducta al demandado y se
25 Escrito de demanda con el respectivo sello de recibo, visible en la página 36 a 42 del expediente
digitalizado, ubicado en el índice 9 de SAMAI.
26 “La legitimación en la causa es un elemento sustancial que corresponde a la calidad o al derecho
que tiene una persona para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda, como sujeto
de la relación jurídica sustancial; de esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de
reclamar el derecho invocado en la demanda -legitimación por activa- frente a quien fue demandado
-legitimación por pasiva-. En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es
la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo y, por lo mismo, posee la
vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por pasiva), es la identidad
que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho reclamado”. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 27 de marzo de 2017,
radicación 56.895.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de
junio de 2000, radicación 10171; y sentencia del 28 de abril de 2005, radicación 14178.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
notifica su existencia. Se relaciona entonces con la facultad de los sujetos litigiosos
para intervenir en el trámite del plenario y ejercer sus derechos de defensa y de
contradicción.
Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las
personas en el hecho que origina las pretensiones de la demanda,
independientemente de que dichas personas hayan demandado o han sido
demandadas28. Esta categoría supone la conexión entre las partes y los hechos
constitutivos del litigio, bien porque resultaron perjudicadas o en razón a que
originaron el daño.
De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de
legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando, a pesar de ser parte dentro
del proceso, no tenga relación alguna con los intereses inmiscuidos en este, por no
tener conexión con los hechos que motivaron el litigio. Así, lo ha explicado la
Sección:
“La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas,
por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda,
independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido
demandado o no. Ejemplo:
• A, Administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si
• A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a
B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno
está legitimado materialmente.
Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están
legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio
origen a la formulación de la demanda”29.
Debe precisarse también que la falta de legitimación material en la causa, por activa
o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una
excepción de fondo, tal y como lo ha sostenido esta Corporación:
“(…) La falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerva
la pretensión procesal en su contenido, como si lo hace una excepción de fondo. La
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de
octubre de 2007, radicación 13503.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de
junio de 2000, radicación 10171.
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excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el
hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado
o advierte el juzgador (art. 164 C.C.A) para extinguir parcial o totalmente la súplica
procesal. La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del
demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado modificativo
o extintivo del derecho constitutivo del demandante que tumba la prosperidad total
o parcial de la pretensión, como ya se dijo. La legitimación material en la causa
activa y pasiva es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar
sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado. (…)”30.
En suma, la legitimación en la causa por activa supone la verificación de que quien
demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el
proceso, mientras que la legitimación en la causa por pasiva supone ser la persona
llamada a responder por el derecho o interés que es objeto de controversia.
Por tal razón, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el juez, de oficio o
a petición de parte, puede declararla.
7. Caso en concreto
En el recurso de apelación formulado en contra de la sentencia proferida el 31 de
junio de 2020, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el demandante
afirmó que el a quo erró al declarar probada de oficio la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa, pues, a su juicio, los testimonios vertidos en el
contencioso permitieron acreditar un vínculo y/o relación “paternofilial” entre Carlos
Alberto Loaiza Herrera y Diego Luis Barbosa Ibáñez.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados y,
posteriormente, analizará si el demandante se encuentra legitimado en la causa por
activa o no, y sólo en caso afirmativo, se procederá a examinar los elementos que
configuran la responsabilidad patrimonial del Estado.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de
septiembre de 2001, radicación 10973.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
7.1. Hechos probados
Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que, según el artículo 174 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las pruebas
practicadas válidamente en un proceso pueden trasladarse a otro en copia y son
apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso de origen se hubieren
practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella. En
caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están
destinadas”.
Así las cosas, la Sala valorará sin restricción alguna el expediente del proceso penal
con radicado 760016000193201281275, adelantado por la Fiscalía General de la
Nación con el objeto de identificar e individualizar plenamente a los autores y/o
partícipes de los hechos en los que falleció Carlos Alberto Loaiza Herrera. Ello, por
cuanto estas pruebas fueron debidamente decretadas en el plenario y allegadas al
proceso, de manera que ambas partes conocieron su contenido y tuvieron la
oportunidad de ejercer el derecho de contradicción.
Pues bien, de conformidad con los medios probatorios aportados oportunamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se probó que, el 29 de junio de 1998 nació Diego Luis Barbosa Ibáñez.
Asimismo, que es hijo de Martha Cecilia Barbosa Ibáñez. De esta información da
cuenta copia la auténtica de su correspondiente registro civil de nacimiento31.
7.1.2. Se acreditó que, el 25 de octubre de 2012, Carlos Alberto Loaiza Herrera se
desplazaba en la motocicleta de placas GZT-94C y, a la altura de la calle 6 con
carrera 44 del municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca), colisionó con el
vehículo oficial de placas 16190021, de propiedad de la Policía Nacional, conducido
por el agente José del Carmen Castro Dávila. De esta información da cuenta el
31 Índice No. 9, SAMAI - Página 11 del expediente digitalizado.
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Radicado: 76001233300020150008001 (69712)
Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
informe de tránsito de esa fecha, suscrito por la Policía de Tránsito del municipio de
Santiago de Cali (Valle del Cauca) 32.
7.1.3. Se demostró que, el 25 de octubre siguiente, el señor Loaiza Herrera falleció
debido a los traumatismos sufridos como consecuencia del siniestro de tránsito. De
esta información da cuenta su correspondiente registro civil de defunción 33, así
como el informe de necropsia emitido por un perito forense adscrito al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses34.
7.2. Legitimación en la causa por activa
En el sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la muerte de Carlos
Alberto Loaiza quien, según lo narrado en el escrito de la demanda, era el padre
biológico de Diego Luis Barbosa Ibáñez.
Así, además de los medios de convicción arrimados al proceso, de los cuales ya se
hizo un recuento en el capítulo de hechos probados, obra en el expediente el
testimonio de Gustavo Alejandro Gironza Villalba, amigo y compañero de estudios
de Carlos Alberto Loaiza Herrera35, quien afirmó que conoció a Diego Luis Barbosa
Ibáñez porque “Carlos Alberto” se lo presentó como su hijo y, de ahí, tuvieron un
acercamiento porque jugaban futbol, hacían deporte y, en algunas ocasiones, se
compartían reuniones sociales. Además, indicó que la relación entre los señores
Loaiza Herrera y Barbosa Ibáñez era “muy buena”, pues el primero siempre
presentaba al segundo como su hijo. Asimismo, refirió que el demandante no tenía
el apellido “Loaiza”, porque estaba esperando un proceso de impugnación de
paternidad, dado que su padrastro era quien lo había reconocido como tal.
Finalmente, concluyó que Diego Luis Barbosa estaba estudiando “una profesión
relacionada con comunicación, producciones audiovisuales” y que el señor Loaiza
Herrera le “colaboraba” económicamente con sus estudios y a sufragar gastos
personales. De hecho, en la declaración que rindió ante el Tribunal Administrativo
32 Índice No. 9, SAMAI - Páginas 210 y 211 del expediente digitalizado.
33 Índice No. 9, SAMAI - Página 9 del expediente digitalizado.
34 Índice No. 9, SAMAI - Página 252 a 255 del expediente digitalizado.
35 El testigo refirió ser compañero de Carlos Alberto Loaiza Herrera en la Facultad de Derecho de la
Universidad Libre.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
del Valle del Cauca señaló lo siguiente36:
“[…] Magistrado: manifiéstele a este despacho todo de lo cual usted tenga
conocimiento relacionado con el accidente de tránsito ocurrido el 25 de octubre de
2012, en la ciudad de Cali (…). Deponente: (…) Yo conocí a Carlos Alberto Loaiza
desde el año 2009, cuando ingresamos a la Facultad de Derecho en la Universidad
Libre. (…). Magistrado: indíquenos si usted conoce al señor Diego Luis Barbosa.
Deponente: yo conocí a Diego Luis Barbosa más o menos unos seis meses o un año
después de haber ingresado a la universidad. Carlos Alberto Loaiza me lo presentó
como su hijo. Desde ahí, empezamos a tener un poco de acercamiento porque Carlos
Alberto siempre andaba con él, jugábamos futbol, hacíamos deporte con Carlos, y el
andaba con él. Carlos Alberto a veces programaba alguna reunión e invitaba a su hijo.
(…). Magistrado: ¿Cómo eran las relaciones personales entre Carlos Alberto Loaiza
Herrera y Diego Luis Barbosa, según lo que usted haya podido conocer? Deponente:
muy buena su señoría. Carlos Alberto pues tal vez no tuvo la oportunidad de disfrutar
la infancia de Diego Luis, pero tuvo la oportunidad de estar con él un tiempo antes de
fallecer. Así lo presentaba con mucho orgullo, siempre andaba con él, como le digo.
Nosotros practicábamos mucho deporte, los días viernes y sábado jugábamos futbol y
hacíamos grupos en la universidad y siempre, por lo general, el hijo nos acompañaba.
La relación entre ellos era muy buena. Magistrado: ¿la relación entre ellos dos era la
relación de padre hijo o no? Deponente: de padre e hijo, sí señor. Siempre él lo
reconocía como hijo y lo presentaba como su hijo. (…). Apoderado parte actora: (…)
sírvase indicar al despacho si en algún momento el señor Carlos Alberto Loaiza le
manifestó que tenía la intención de reconocer legalmente a Diego como su hijo.
Deponente: Sí, yo sabía que Diego Luis no tenía el apellido de Loaiza, pero Loaiza sí
me manifestó que estaban esperando para hacer un proceso de impugnación porque
a Diego Luis lo había reconocido un padrastro. Sí, tengo entendido que el padrastro
era quien lo había reconocido, y estaban haciendo ese trámite para posteriormente
reconocerlo como hijo. (…). Apoderado parte actora: (…) le indica al despacho si sabe
o conoce si el señor Carlos Alberto Loaiza le brindaba algún apoyo económico a Diego
Luis Barbosa. Deponente: Sí, él lo estaba apoyando económicamente. Sé que Diego
Luis estudiaba una profesión relacionada con comunicación, producciones
audiovisuales, en un instituto aquí en la ciudad de Cali, y vivía aquí en la ciudad de
Cali. Carlos Alberto le colaboraba económicamente con sus estudios y a sufragar sus
gastos personales. (…)”.
Aunado a lo anterior, se tiene que Claudia Patricia Casamachin Rodríguez, amiga y
compañera de Universidad del señor Loaiza Herrera37, manifestó que conoció a
Diego Luis Barbosa Ibáñez porque “Carlos Alberto” se lo presentó y, porque
compartió algunas reuniones y paseos con él. Además, indicó que las relaciones
cotidianas entre ellos eran buenas, pues Loaiza Herrera estaba tratando de “llenar
el tiempo” que no pudieron compartir. Finalmente, afirmó que no tuvo conocimiento
de documento alguno que permitiera acreditar la relación de afinidad de padre e hijo
entre Carlos Alberto Loaiza Herrera y Diego Luis Barbosa Ibáñez. Al efecto, en la
36 Índice No. 9, SAMAI – Consejo de Estado.
37 La testigo refirió ser la mejor amiga y compañera de estudios de Carlos Alberto Loaiza Herrera en
la Facultad de Derecho de la Universidad Libre.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
declaración vertida ante el Tribunal Administrativo del Valle sostuvo lo siguiente38:
“(…). Magistrado: señora Claudia por favor ilústrele a este despacho todo de lo cual
usted tenga conocimiento relacionado con el accidente de tránsito acontecido en la
ciudad de Cali (…). Deponente: Fui compañera de Carlos Alberto desde el primer año
de derecho en la Universidad Libre, más que compañeros fuimos amigos, fue mi mejor
amigo. Y, por tanto, conocía mucha de su información personal y de cómo vivía, sus
relaciones familiares y demás (…) él vivía con la mamá, vivía con la hermana y vivía
con la sobrina. El mantenía a la hermana, a la mama y a la sobrina, y también le daba
los estudios a su hijo, que había conocido unos meses antes de nosotros entrar a la
universidad. Él no sabía de la existencia de su hijo hasta que lo conoció y bueno, era
igualito a él, lo llevó, compartió con nosotros en reuniones, en paseos, estuvo
compartiendo con nosotros el hijo. (…). Magistrado: por favor, la persona a la cual
usted dice que tenía un trato como su hijo, ¿quién era? ¿cómo es el nombre?
Deponente: Diego, Diego Luis. Magistrado: Diego Luis, ¿el apellido lo recuerda?
Deponente: No, la verdad no lo recuerdo. Pero si sé que en el momento el no tenía el
apellido, él no lo había reconocido aún. Magistrado: ¿Cómo conoció usted al señor que
dice llamarse Diego Luis? Deponente: Carlos me lo presentó. Incluso, yo tenía una
reunión en mi casa y él lo invito. Magistrado: ¿En calidad de qué? Deponente: De hijo,
me lo presentó como hijo y nos contó toda la historia. Magistrado: Las relaciones
cotidianas entre Carlos Alberto y Diego Luis cómo eran. Deponente: Eran buenas. Él
estaba tratando de llenar todo ese tiempo que no pudieron compartir juntos (…).
Apoderado parte demandada: ¿usted pudo advertir algún documento que acreditara
esa afinidad [relación de padre e hijo entre Carlos Alberto y Diego Luis]. Deponente:
No señor. Nunca vi un documento, solamente las relaciones que ellos tenían, como
nos lo presentó. Incluso, él se volvió amigo mío. Pues entre comillas amigo, pues,
como les contaba, él estuvo en reuniones en mi casa, luego fuimos a sitios,
compartimos con todos los compañeros y lo tenía en las redes sociales, charlaba
frecuentemente con él. Cuando pasó esto, estuvimos apoyándolo. Desde este punto
de vista, pero documento como tal nunca vi. (…)”.
Ahora bien, como los testimonios de Gustavo Alejandro Gironza Villalba y Claudia
Patricia Casamachin Rodríguez provienen de personas que afirmaron ser amigas
de la víctima directa, a juicio de la Sala, en los términos del artículo 211 del Código
General del Proceso, estas declaraciones resultan sospechosas, por lo cual serán
valoradas con la especial severidad que se requiere. Al respecto, vale la pena
reiterar que, conforme lo ha manifestado esta Corporación, los testimonios que
resulten sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser
examinados y valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que
reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada
asunto litigioso39.
38 Índice No. 9, SAMAI – Consejo de Estado.
39 Cfr. Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
En ese sentido, se evidencia que los testimonios rendidos por los señores Gironza
Villalba y Casamachin Rodríguez gozan de eficacia probatoria, porque se realizaron
bajo la gravedad de juramento, se rindieron de conformidad con las exigencias
previstas en la normatividad procesales prevista para el efecto y no fueron
desvirtuados por ninguno de los extremos que integran la litis.
Ahora bien, pese a que los testimonios mencionados tienen valor probatorio, lo
cierto es que estos no permiten acreditar que Diego Luis Barbosa Ibáñez fuera hijo
biológico y/o de crianza de Carlos Alberto Loaiza Herrera. Además, tampoco
probaron que el deceso del señor Loaiza Herrera hubiera traído consigo un
sufrimiento a Diego Luis Barbosa Ibáñez. En virtud de lo anterior, los anteriores
testimonios no permiten acreditar la legitimación en la causa por activa del
demandante, pues, se insiste, lo expuesto por ellos obedece a un simple recuento
de hechos sin que se pueda establecerse la relación paternofilial alegada y/o el título
jurídico de tercero interesado para ejercer el derecho de acción en razón al
sufrimiento padecido.
A estos efectos, debe recordarse que el demandante adujo ser el hijo biológico de
Carlos Alberto Loaiza Herrera, frente a lo cual debe advertirse que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 40, los hechos y actos
relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la
vigencia de la “Ley 92 de 1933”, se probarán con copia de la correspondiente partida
o folio, o con certificados expedidos con base en estos. Así, la Sala Plena de esta
Corporación41 ha manifestado que, cuando el estado civil se invoca como fuente de
derechos y de obligaciones, es necesario acudir al régimen probatorio establecido
en la precitada compilación normativa.
Según lo expuesto, el registro civil de nacimiento constituye el documento
conducente para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de
parentesco entre las personas, máxime si se toma en consideración que la
información consignada en dicho documento público ha sido suministrada con
40 “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de enero de
2008, radicación número 11001-03-15-000-2006-00163-00.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
anterioridad por las personas autorizadas y en observancia del procedimiento
establecido para tal efecto.
Bajo el anterior contexto, se advierte que, aunque Diego Luis Barbosa Ibáñez afirmó
ser hijo biológico de Carlos Alberto Loaiza Herrera, lo cierto es que más allá de la
afirmación contenida en el escrito de la demanda, en el registro civil de nacimiento
no está consignado el nombre de Carlos Alberto Loaiza Herrera como padre del
aquí demandante, de modo que, tal falencia probatoria no puede suplirse a través
de la valoración de otros medios de convicción, razón por la que resulta forzoso
concluir que en el plenario no se probó que Diego Luis Barbosa Ibáñez fuera el hijo
de la víctima directa.
Al respecto, resulta pertinente advertir que la imposibilidad de acreditar la condición
de hijo solo es atribuible a la parte actora, quien, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 167 del Código General del Proceso, tiene la carga de probar el supuesto
de hecho de las normas que prescriben el efecto jurídico que persigue. Por ejemplo,
con posterioridad al fallecimiento del señor Loaiza Herrera, el demandante pudo
iniciar un proceso de investigación de la paternidad42, y, una vez obtuviera una
decisión favorable a sus intereses, tenía la facultad de solicitar el decreto de esa
prueba ante esta Corporación -artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-.
En este sentido, llama la atención que desde la muerte de la víctima directa y hasta
que fue proferida la sentencia de primera instancia en este contencioso,
transcurrieron aproximadamente 8 años y, aun así, no obra prueba en el expediente
que permita constatar el inicio de algún trámite encaminado al reconocimiento de la
paternidad, lo que supone una desidia en la actividad probatoria de la parte
demandante.
Igualmente, se advierte que, según lo manifestado en el escrito de la demanda, el
señor Barbosa Ibáñez fue reconocido por su padrastro por lo que debía, en gracia
de discusión, adelantar la impugnación de la paternidad antes de ser reconocido por
42 Ley 75 de 1968, junto con sus modificaciones.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
Carlos Alberto Loaiza Herrera. Ahora bien, dicha afirmación no sólo carece de
respaldo probatorio, sino que fue desvirtuada con lo consignado en su
correspondiente registro civil de nacimiento, pues en este sólo está contenido en
reconocimiento de su madre. Adicionalmente, de llevarse a cabo ese trámite -del
cual no allegó actuación alguna-, al tenor del artículo 21843 del Código Civil,
modificado por el artículo 6 de la Ley 1060 de 2006, el juez que adelantara el
proceso, de oficio o a petición de parte, debió vincular a ese litigio al presunto padre
biológico, con el fin de que la paternidad fuera declarada en la misma actuación
procesal, pero la realidad es que no se tiene noticia de lo que allí aconteció.
Con todo, debe subrayarse que Diego Luis Barbosa Ibáñez ejerció el derecho de
acción como hijo biológico de Carlos Alberto Loaiza Herrera, de suerte que, en
principio, podría pensarse que analizar el presupuesto procesal de legitimación en
la causa por activa desde un punto de vista que no fue planteado en la demanda
podría vulnerar el derecho de defensa y de contradicción de la entidad pública
accionada. No obstante, vista la legitimación en la causa desde una óptica
conceptual, esto es, que el actor sea la persona que, de conformidad con la ley
sustancial, esté legitimada para que por sentencia de fondo se resuelva si existe o
no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda44, se
encuentra viable emprender un análisis que agote la concepción de este
presupuesto para dictar sentencia de mérito.
Dicho esto, se estudiará si Diego Luis Barbosa Ibáñez probó ser hijo de crianza del
señor Loaiza Herrera o, en su defecto, si este puede ser considerado como un
tercero damnificado.
43 “Artículo 218. Vinculación al proceso del presunto padre biológico o madre biológica. <Artículo
modificado por el artículo 6 de la Ley 1060 de 2006> El juez competente que adelante el proceso de
reclamación o impugnación de la paternidad o maternidad, de oficio o a petición de parte, vinculará
al proceso, siempre que fuere posible, al presunto padre biológico o la presunta madre biológica, con
el fin de ser declarado en la misma actuación procesal la paternidad o la maternidad, en aras de
proteger los derechos del menor, en especial el de tener una verdadera identidad y un nombre”.
44 Devis Echandía, Hernando. Teoría General del Proceso, Tomo I. Biblioteca Jurídica Dike, 1994.
Medellín-Colombia. p. 270.
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Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución
Política, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y esta se constituye por
vínculos naturales o jurídicos.
A estos efectos, es pertinente señalar que el vínculo de filiación es el fenómeno
socio-cultural con efectos jurídicos que vincula a las personas de un grupo social
dado, sea por el parentesco de consanguinidad, de afinidad o civil y por muchos
otros condicionamientos en cada cultura, forjando muchas otras relaciones que no
son captadas por la ley, pero que existen realmente45.
Según lo expuesto, las relaciones de familia se edifican también sobre hechos
sociales y, en palabras de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
“[…] cualquier persona puede acudir ante los jueces de familia a fin de adelantar la
acción de ‘declaratoria de hijo de crianza’, pues, dicha declaratoria involucra su
estado civil, a más que de lo allí dispuesto, nacen los respectivos derechos y
obligaciones entre las partes, esto es, las derivadas del padre al hijo y del hijo al
padre, categoría de creación jurisprudencial, a fin de reconocer y proteger no solo
los lazos de consanguinidad y vínculos jurídicos materia de un debate de esa
connotación, también los que resultan de la convivencia continua, el afecto, la
protección, el auxilio, la solidaridad, comprensión y respeto mutuo, dando paso a
situaciones de facto que crean consecuencias jurídicas y que son igualmente
destinatarios de las medidas de protección a la familia fijadas en la Constitución y
la ley”46.
Es así que, poseer notoriamente un estado civil consiste en gozar públicamente del
título y de las ventajas que la ley le determina y le asigna, y su carácter por la
exhibición que hace el padre y/o madre ante sus familiares y los demás de reconocer
socialmente a determinada persona como su hijo. En este de orden ideas, la
posesión notoria del estado civil tiene el alcance de demostrar la paternidad por
medio de una presunción legal que se encuentra edificada sobre “[…] la base de la
conciencia más o menos uniforme y generalizada que el presunto padre ha
45 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 2 de noviembre de 2021, Rad.
4856.
46 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de agosto de 2020, Exp.
5594.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
generado a la comunidad, cuando despliega, durante un lapso prolongado y
relevante, aquellas acciones que usual y razonablemente resultan indicativas de la
asunción de dicha calidad respecto del hijo y que, por lo mismo, originaron y
suscitaron espontáneamente la mentada creencia a lo largo del ámbito social
correspondiente, hasta convertirla en una situación tan nítida, palpable y obvia que
se da por descontada como cierta por parte de los miembros de la colectividad”47.
Con todo, las exigencias probatorias para dar por acreditada la posesión notoria del
estado civil son elevadas y, aún más, en tratándose de los hijos de crianza, pues,
precisamente, la norma determinó puntualmente los hechos constitutivos de dicha
posesión y la forma especial en que aquellos habrían de ser probados.
Justamente, el artículo 397 del Código Civil señala que los hechos significantes que
dan lugar a la posesión notoria del estado civil, son los siguientes: i) que un padre
le haya tratado como hijo; ii) que haya proveído a su educación y establecimiento
de un modo competente; iii) que le haya presentado a sus deudos y amigos como
su hijo; y iv) que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado
y reconocido como tal. Estos supuestos, además, deben concurrir para que opere
tal presunción48.
Adicionalmente, el artículo 398 del Código Civil establece que los hechos
significantes que dan lugar a la posesión notoria del estado civil deben haber
perdurado, al menos, cinco (5) años de forma continua. De manera que se deberá
acreditar que el trato prohijado se prolongó por lo menos durante cinco (5) años.
Por su parte, el artículo 399 ibidem consagra que “[…] la posesión notoria del estado
civil se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un
modo irrefragable”, a propósito de lo cual, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia ha señalado que “[…] como de antiguo lo ha precisado la
doctrina jurisprudencial, no se circunscribe a este medio probatorio, toda vez que
47 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de octubre de 2003, Exp.
6861.
48 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de noviembre de 2022, Exp.
3327.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
igual puede verificarse con otra clase de pruebas, siempre que sean eficaces y
pertinentes, de suerte que, bajo este modo de apreciación, la convicción del fallador
vendrá a surgir del examen integral del haz probatorio, como lo pregona el artículo
187 del Código de Procedimiento Civil”49.
En suma, los padres de crianza tienen derechos y obligaciones en relación con sus
hijos, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que demuestren la
constitución del vínculo, a saber: (i) la solidaridad entre hijos como factor fundante
de la familia de crianza50; (ii) el parentesco en las familias de crianza51; (iii) el vínculo
de afecto en las familias de crianza52; (iv) existencia de un término razonable de
relación afectiva entre padres e hijos, que permita determinar la conformación de
relaciones familiares53; (v) reconocimiento de la relación padre e hijo54; y (vi)
49 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de octubre de 200, Exp. 6861.
50 “[E]ste deber resulta ser de la mayor importancia en las familias de crianza, pues se convierte en
el fundamento principal de su existencia; a tal conclusión se llega al notar que estas familias se
constituyen por la disposición voluntaria de una o dos personas que deciden comprometer su
patrimonio y tiempo en favor de un menor. Tal compromiso no se queda en el plano material
únicamente, sino que, fruto de esa decisión y entrega, también se generan lazos afectivos entre los
sujetos de esta relación de facto, concretándose, de esta manera, la conformación de una comunidad
de vida entre ellos”. Corte Constitucional, Sentencia T-279 de 2020.
51 “[P]ara la Corte esta característica persiste en los vínculos que conforman la familia de crianza,
cuya postura la manifestó mediante Sentencia T- 074 de 2016”. Corte Constitucional, Sentencia T-
279 de 2020.
52 “[U]n elemento de existencia de las familias de crianza, que debe estudiarse en cada escenario,
es el que se refiere a la validación de un vínculo de afecto, respeto, comprensión y protección entre
los miembros de la familia de crianza. Este puede comprobarse por cualquier medio probatorio, ya
sea a través de registros fotográficos, declaraciones extrajudiciales o documentos que permitan
evidenciar el apoyo entre quienes ostentaban dicho vinculo”. Corte Constitucional, Sentencia T-279
de 2020.
53 “[E]ste criterio no se determina a partir de un término preciso. Por el contrario, debe evaluarse en
cada caso en concreto, con plena observancia de los hechos que rodean el surgimiento de la familia
de crianza y el mantenimiento de una relación estable por un tiempo adecuado, para que se
entiendan como una comunidad de vida, pues cabe decir que esta Corporación, a partir de sus
decisiones en casos similares, estableció la necesidad de forjar dichos vínculos afectivos a partir de
un ejercicio de razonamiento temporal de comunidad de vida”. Corte Constitucional, Sentencia T-
279 de 2020.
54 “[E]n este presupuesto, la Corte exige que este exista, al menos implícitamente, por parte de los
integrantes de la familia, además de ser observada como tal y con facilidad por los agentes externos
al hogar, ya que como lo reconoce esta Corporación, la familia es un concepto amplío que puede ir
más allá de sus miembros consanguíneos y cuya intensidad, acogimiento y compresión pueden
observarse en otro tipo de relaciones”. Corte Constitucional, Sentencia T-279 de 2020.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
afectación del principio de igualdad55. La Corte Constitucional56, la Corte Suprema
de Justicia57 y el Consejo de Estado58, en diversas decisiones, han abordado el
amplio concepto de familia y las características para poder catalogar a una persona
en una u otra de las alternativas que permite el ordenamiento jurídico.
Bajo el anterior contexto, es determinante subrayar que la situación y/o la posesión
notoria del estado civil no puede derivarse de suposiciones o rumores, así como
tampoco puede intuirse a partir de hechos ambiguos o relativamente aislados a los
que el juzgador les asigne ciertas consecuencias derivadas de su designio. Todo lo
contrario, el hecho debe refulgir de los medios de convicción presentados para tal
fin y que permitan dilucidar y producir: i) una serie de actos determinados y
constantes por un lapso no inferior a 5 años; y ii) la firme convicción de que en
realidad el padre trató al presunto hijo en la condición que le corresponde.
Al punto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del
14 de agosto de 202259 destacó la importancia probatoria en asuntos relacionados
con el vínculo de crianza, así:
“[…] Así las cosas, atendiendo a que el vínculo de crianza refiere a la posesión notoria
del estado civil de las personas, encuentra la Corte que la gestora, tal como lo afirmó
el fallador encausado, tiene a su alcance la acción judicial encaminada a determinar
tal parentesco del cual se desprenden derechos y obligaciones entre las partes, no
pueden tener dos filiaciones – biológica y de crianza-, habida cuenta que iría en
contravía del principio de la unidad del Estado Civil. Recuérdese, que ‘el estado civil
de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su
capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible,
indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley, de ahí que si bien,
por vía jurisprudencial se ha desarrollado las familiares de crianza, esto deviene de la
55 “[E]ste criterio implica que se configuran idénticas consecuencias legales para las familias de
crianza, como para las biológicas y jurídicas, ya sea en obligaciones o derechos y, por tanto, el
correlativo surgimiento de la protección constitucional. En la medida en que los padres de crianza
demuestren, a través de sus actos, un comportamiento tendiente a cumplir con sus obligaciones y
deberes en procura de la protección y buen desarrollo de sus hijos, se tendrá claro que actúan en
condiciones similares a las demás familias, por tanto, serán beneficiarias de iguales derechos y
prestaciones, en virtud del mandato de igualdad establecido en la Constitución”. Corte Constitucional,
Sentencia T-279 de 2020.
56 Sentencias T-495 de 1997, T-586 de 1999, T-403 de 2011, T-606 de 2013, T-074 de 2016, T-279
de 2020, entre otras.
57 Sentencias STC-6009 de 2018, SL-1939 de 2020, SC-1171 de 2022, SC-3327 de 2012, entre
otras.
58 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencias del 9 de mayo de 2011, del 26 de marzo de 2008, del 22 de enero de 2014, del 14 de
septiembre de 2016, del 30 de agosto de 2017, del 8 de octubre de 2021, del 1 de marzo de 2024 y
del 24 de julio de 2024, expedientes 19388, 18846, 28076, 43515, 51676, 46924, 60173 y 63068,
respectivamente.
59 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 14 de agosto de 2020, Exp. 5594.
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
posesión notoria del estado de hijo y padre, el cual debe ser debidamente acreditado
por las partes”
Bajo el derrotero trazado, se observa que los medios de convicción decretados y
practicados en el presente asunto litigioso no permiten tener satisfechos, cuando
menos, los requisitos establecidos en la legislación civil para acreditar a Diego Luis
Barbosa Ibáñez como hijo de crianza de Carlos Alberto Loaiza Herrera, por las
razones que pasan a exponerse:
(i) No se probó la solidaridad entre hijos como factor fundante de la familia de
crianza, puesto que no se acreditó con grado de certeza que Carlos Alberto
Loaiza Herrera ayudaba económicamente al demandante, ni tampoco se probó
la existencia de unos lazos de amor, respeto y/o protección;
(ii) No se demostró la existencia de la relación entre el padre e hijo dentro del
término previsto en la legislación civil, pues no se determinó el extremo inicial de
interacción paternofilial;
(iii) No se acreditó el lazo de afecto en la familia de crianza, dado que ninguna
de las pruebas permitió constatar las particularidades del vínculo, falencia que
imposibilitó conocer cómo era el día a día de las personas y de qué manera se
interrelacionaban;
(iv) No se constató que el señor Loaiza Herrera tuviera un comportamiento
tendiente a cumplir con sus obligaciones y deberes en procura de la protección y
buen desarrollo de su hijo, ni tampoco la asunción de obligaciones de manera
consistente y periódica en favor del señor Barbosa Ibáñez, en virtud del principio
de solidaridad.
No huelga mencionar que el hecho de que la jurisprudencia haya aceptado la
existencia de distintos tipos de familia no significa en modo alguno “que en la órbita
de la responsabilidad estatal y en el proceso de reparación directa, la parte
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
accionante quede relevada de demostrar el lazo que lo unía a la víctima y con base
en el cual pretende reclamar la indemnización del perjuicio”60.
Según lo expuesto en precedencia, se observa que Diego Luis Barbosa Ibáñez no
acreditó los supuestos establecidos en los artículos 397, 398 y 399 del Código Civil
para dar lugar a la posesión notoria del estado civil, las características de la relación
que este sostenía con la víctima directa ni el sufrimiento que supuestamente
padeció por su deceso.
Finalmente, debe señalarse que una vez valorados integralmente los medios de
prueba obrantes en el plenario pudo constatarse que no hay elementos de juicio
que permitan inferir que Diego Luis Barbosa Ibáñez sufrió algún dolor o aflicción con
la muerte de Carlos Alberto Loaiza Herrera, de modo que tampoco resulta posible
legitimarlo en la causa por activa como tercero damnificado61.
Por todo lo expuesto, se concluye que Diego Luis Barbosa Ibáñez no está legitimado
en la causa por activa, por lo que se confirmará la sentencia del 31 de junio de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio la cual se
declaró probado de oficio el citado medio exceptivo.
8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “(…) salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 22 de enero de 2024, expediente 28076.
61 “(…) cuando se invoca el título de pariente para efectos de obtener una indemnización (…) sin
lograr establecer dicha calidad (…) la jurisprudencia, valiéndose de testimonios que permiten dar por
establecido el sufrimiento de la persona a pesar de que no “demostró con la prueba exigida
legalmente ser la madre de (…) porque no demostró que éste era hijo legítimo (…) y ni siquiera que
lo era extramatrimonialmente (…) procede a otorgar indemnización porque, “con todo, se le tendrá
como tercero damnificado”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de
marzo de 2017, expediente 38727.
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Radicado: 76001233300020150008001 (69712)
Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de apelación que
interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada
el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando
en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en
cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas
en el proceso.
En relación con las agencias en derecho62 se entienden causadas en razón de la
naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte
vencedora63.
A su turno, el Acuerdo 1887 de 200364 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos con
cuantía en segunda instancia, podrán fijarse “hasta por el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la parte demandada
en segunda instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión en la
oportunidad procesal correspondiente, habrá lugar al pago de las agencias en
derecho a cargo del extremo activo y a favor de la entidad demandada, las cuales
62 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
63 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51.034.
64 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.
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Radicado: 76001233300020150008001 (69712)
Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
se fijan en el cero punto uno por ciento (0.1%) de las pretensiones solicitadas en la
demanda y deberán ser liquidadas por Secretaría.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de junio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró probada de oficio la falta
de legitimación en la causa por activa de Diego Luis Barbosa Ibáñez, de acuerdo
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el a quo, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los
artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho de la
segunda instancia, el cero punto uno por ciento (0.1%) de las pretensiones
solicitadas en la demanda, a cargo de la parte demandante y a favor de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional. LIQUÍDENSE por Secretaría.
CUARTO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al tribunal de origen
para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
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Demandante: Diego Luis Barbosa Ibáñez
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