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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00099-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00099-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones y condenó en costas. 9 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 76001-23-33-000-2015-00099-01 (1479-2021) Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. Tercero. Reconocer personería al abogado Felipe Álvarez Echeverry, identificado con la cédula de ciudadanía 80.504.702 y la tarjeta profesional 97.305 del CSJ, para que actúe en nombre de la parte demandante, según memorial visible a índice 13 del aplicativo SAMAI. Cuarto. Reconocer personería a la abogada Amanda Lucía Zamudio Vela, identificada con la cédula de ciudadanía 51.713.048 y la tarjeta profesional 67.612 del CSJ, para que actúe en nombre de la parte demandada, según memorial visible a índice 23 del aplicativo SAMAI. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2015-00099-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C, nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00099-01 (1479-2021)
Demandante: PGI COLOMBIA Ltda.
Demandado: Nación, Ministerio del Trabajo

Temas: Derecho a la negociación colectiva. Contenido y alcance.
Relación de conexidad material entre el objeto de la empresa
empleadora y el sindicato de industria no limita el ejercicio del
derecho. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones y condenó en costas.

ANTECEDENTES

1. PGI COLOMBIA Ltda. instauró demanda en contra de la Nación, Ministerio del
Trabajo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 1493 del 15 de octubre de 2013,
66 del 21 de enero de 2014 y 2014001938 del 14 de agosto de 2014, por medio de
las cuales se impuso una multa y se resolvieron los recursos de reposición y
apelación, respectivamente. Como restablecimiento del derecho, que se ordene la
devolución del dinero, sus intereses y se condene en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

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3. Que el 11 de febrero de 2013 recibió un pliego de peticiones del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la industria, metal-mecánica, metálica, metalúrgica,
siderúrgica, electrometálica, ferroviaria, comercializadoras y transportadoras del
sector (SINTRAIME). Aunque en el término legal convocó a una reunión de
negociación, se percató de que el sindicato que radicó la solicitud pertenecía a la
industria metálica, que no se encuentra relacionada con el objeto de la empresa,
que pertenece al sector textil. Por lo tanto, notificó por escrito a la organización
sindical que no iniciaría la etapa de arreglo directo y que consultaría al Ministerio
del Trabajo para definir el deber de negociar el pliego. Que elevó la petición el 13
de febrero de 2013 pero solo obtuvo respuesta el 15 de julio de 2014.

4. Que demandó ante la jurisdicción ordinaria la afiliación de los empleados y,
previa solución del litigio, a través de la Resolución 1493 del 15 de octubre de 2013,
el Ministerio del Trabajo impuso una multa por seiscientos noventa y dos millones
seiscientos sesenta y dos mil quinientos pesos ($692.662.500) en favor del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), por presunta renuencia a negociar. Decisión que
fue confirmada en las Resoluciones 66 del 21 de enero y 14 de agosto de 2014.
Que inició las negociaciones, pero no hubo acuerdo.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

5. Considera que el acto vulnera los artículos 29 de la Constitución Política; 356,
433, y 486 del Código Sustantivo del Trabajo (CST); 2 del Código Procesal del
Trabajo (CPT); 1, 10, 47, 48, 49, 67 y 76 del CPACA, porque no existe afinidad
material entre el objeto de la empresa y el sector del sindicato de industria. Adujo
que la función de policía del Ministerio del Trabajo no puede invadir la competencia
del juez natural y las controversias que no tienen un trámite especial son objeto de
la Jurisdicción Ordinaria Laboral.

6. Agregó que la decisión no garantizó la primacía del interés general y los
principios constitucionales y legales que inspiran el procedimiento administrativo,
especialmente, el derecho al debido proceso, pues: i) el trámite excedió los plazos
del procedimiento sancionatorio del CPACA e incrementó injustificadamente el
monto de la multa; ii) se negó la práctica de pruebas y iii) la Resolución 1493 de
2013 dispuso un término y entidad erróneo para la presentación de los recursos.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

7. El 27 de marzo de 2015 se admitió la demanda. La entidad manifestó que,
según las normas y la jurisprudencia vigente, la empresa no podía abstenerse de
iniciar las negociaciones con el sindicato de industria so pretexto de que aquella no
correspondía con su objeto social, pues esta calificación pertenece exclusivamente
a la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, era procedente imponer la consecuencia
desfavorable contenida en el artículo 433 del CST en ejercicio de sus facultades de
policía. Presentó las excepciones de «falta de conformación del contradictorio litis
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consorcio necesario con el SENA», «inexistencia de la obligación», «falta de
fundamento jurídico para demandar» y «legalidad y plena validez de los actos
administrativos».

8. El 13 de abril de 2016 se celebró audiencia inicial, se resolvieron las
excepciones previas, se fijó el litigio y se decretaron las pruebas, cuyo recaudo se
perfeccionó en audiencia de pruebas del 9 de junio de 2016, cuando también se
corrió traslado para alegar. En esta etapa, la entidad demandada presentó incidente
de nulidad con sustento en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del
Proceso (CGP), pero fue rechazado por improcedente en auto del 30 de enero de
2018.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

9. Mediante sentencia del 10 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó las pretensiones y condenó en costas. Argumentó que los
reparos del empleador sobre la afiliación de los trabajadores por falta de
correspondencia entre el sector de la empresa y el del sindicato de industria no
justifica su negativa a iniciar conversaciones, pues estos deben ser presentados
ante un juez laboral. Concluyó que: i) el Ministerio del Trabajo no invadió la
competencia del juez laboral, pues, para la fecha en que se presentó el pliego la
afiliación de los trabajadores se presumía legal; ii) la decisión no desconoció la
imparcialidad ni la prevalencia del interés general y iii) las irregularidades que
advierte el demandante no tienen la relevancia suficiente para viciar el acto
administrativo por una presunta vulneración del derecho al debido proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

10. La parte demandante interpuso recurso de apelación por considerar que el
régimen de la sanción no era de responsabilidad objetiva, que la autoridad debía
analizar si las causas por las que se no se iniciaron las conversaciones eran
razonables, como la disparidad entre el sector del sindicato de industria y el objeto
de la empresa. Que no violentó ni dilató el derecho a la negociación colectiva, tanto
así que elevó petición al Ministerio del Trabajo para que conceptuara sobre el deber
de iniciar el arreglo directo, aunque no fue oportunamente atendida por la
Administración; pero la tesis del Tribunal supone que el Inspector no podía
interpretar autónomamente el ordenamiento y concluir si el pliego era legal o no.

11. Insistió en la presunta vulneración del derecho al debido proceso por la omisión
en el decreto de los estatutos de la organización sindical como prueba y el error en
el término para recurrir previsto en el acto. Señaló que la providencia no recurrió a
los medios probatorios aportados y no tuvo en cuenta la nulidad de las afiliaciones
en la justicia ordinaria como un argumento para conceder las pretensiones sino para
negarlas.

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TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

12. El 28 de mayo de 2021 se admitió el recurso de apelación y el 2 de agosto del
mismo año se corrió traslado para alegar.

13. Las partes reiteraron los argumentos de la demanda, la contestación y el
recurso de apelación1.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

14. De acuerdo con el recurso, el problema que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si la imposición de la multa a PGI COLOMBIA Ltda. por
abstenerse a iniciar una negociación con SINTRAIME fue legal.

Marco normativo y jurisprudencial

El derecho a la negociación colectiva

15. El artículo 55 de la Constitución Política de 1991 dispone: «Se garantiza el
derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las
excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los
demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo». Esta
norma, en orden: i) establece un derecho, ii) admite que encuentra excepciones en
la ley y iii) consagra un deber estatal.

16. Como garantía constitucional, está estrechamente relacionada con el derecho
de asociación y libertad sindical del artículo 392. Consiste en la posibilidad de que
los empleados provoquen y resuelvan conflictos colectivos de trabajo a través del
diálogo, la escucha y el acuerdo conjunto con los empleadores. Es un deber positivo
para que los reclamos de los empleados y sus organizaciones sean atendidos, no
concedidos. Su razón de ser está implícita en el reconocimiento del otro (el
trabajador) como un interlocutor válido en el marco de una controversia laboral
colectiva, lo que permite el diálogo y optimiza la solución pacífica de los conflictos.

17. Aunque cuenta con un fundamento constitucional claro, amplio y suficiente, es
posible rastrear fuentes convencionales, como es el caso de los Convenios 87 de
19483, 97 de 19484, 98 de 19495 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

1 Índices 13 y 15, Samai.
2 Corte Constitucional. Sentencia C-466 del 14 de mayo de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería.
3 Aprobado mediante Ley 26 de 1976.
4 Aprobado mediante Ley 1595 de 2012.
5 Aprobado mediante Ley 27 de 1976. El artículo 4 del Convenio impone: «Deberán adoptarse medidas
adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los
empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por
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El más relevante es el Convenio 154 de 19816 sobre el fomento de la negociación
colectiva. El artículo 1 extiende el convenio a «[…] todas las ramas de actividad
económica […]» y el artículo 2 dispone que esta categoría comprende todas las
negociaciones que tienen lugar entre un empleador (o un grupo) y un empleado (o
un grupo) con el fin de fijar las condiciones del empleo, o regular las relaciones entre
empleadores y trabajadores o sus organizaciones.

18. En cuanto a las excepciones que admite este derecho, la Corte Constitucional
ha sostenido que, según la redacción expresa de la Constitución, existen y tienen
fundamento en la ley; sin embargo, el legislador debe atender a criterios de
proporcionalidad que garanticen que el límite no alcance o transforme el núcleo
esencial del derecho que, en todo caso, encuentra fuerte respaldo convencional y
constitucional. Es el caso del límite temporal para las conversaciones en la etapa
de arreglo directo del conflicto colectivo de trabajo previsto en el artículo 434 del
CST7.

19. Y como deber estatal, el fomento de la negociación colectiva excede el artículo
55 de la Constitución y tiene desarrollo en el artículo 5 del Convenio 154 antes
citado, que ordena:

«1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para
fomentar la negociación colectiva.

2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por
objeto que:

a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y
a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que
se aplique el presente Convenio;

b) la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las
materias a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 del
presente Convenio;

c) sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento
convenidas entre las organizaciones de los empleadores y las
organizaciones de los trabajadores;

d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia
de reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio
de tales reglas;

e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales
estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la
negociación colectiva».

otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por
medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo».
6 Aprobado mediante Ley 524 de 1999.
7 Corte Constitucional. Sentencia C-466 del 14 de mayo de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería; Corte

Constitucional. Sentencia C-741 del 23 de octubre de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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20. La jurisprudencia constitucional reconoce este propósito estatal8, que no tiene
un contenido difuso y abstracto, sino que se concreta a través de normas y
procedimientos, judiciales y administrativos, estructurados por el legislador. Este
mandato supera la protección de los derechos de los trabajadores a sindicalizarse
y ser escuchados, en el fondo es una previsión de paz y estabilidad en las relaciones
sociales para la construcción de un auténtico Estado social y democrático de
derecho.

Resolución al caso concreto

21. El disenso de la demandante con la sentencia de primera instancia se centra
en que, a su juicio, no tenía la obligación de iniciar la etapa de arreglo directo del
conflicto colectivo de trabajo con un sindicato de industria que no tenía conexidad
material con el objeto de la empresa. Es decir, que no vulneró el derecho a la
negociación colectiva porque adujo un motivo válido para abstenerse de negociar y,
por lo tanto, era improcedente sancionar.

22. Para la Sala, PGI COLOMBIA Ltda. incurrió en una práctica violatoria del
derecho a la negociación colectiva que provocó la legítima y legal imposición de una
multa a través de la Resolución 1493 del 15 de octubre de 2013, confirmada en las
Resoluciones 66 del 21 de enero de 2014 y 2014001938 del 14 de agosto de 2014,
por las razones que se exponen a continuación:

23. El artículo 433 del CST dispone que, una vez los trabajadores presentan un
pliego de peticiones, el dueño de la empresa o su representante está en la
obligación de recibir «[…] la delegación de los trabajadores […]», pero si estima que
no está autorizado para resolver sobre él, debe solicitar autorización o trasladar al
«patrono» y notificarlo a los trabajadores.

24. El inciso final prevé una consecuencia desfavorable para quien desatienda
este deber, consistente en una multa de 5 a 10 veces el salario mínimo mensual
más alto por cada día de mora, impuesta por las «autoridades del trabajo» y en favor
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Por último, prevé que la procedencia
de los recursos en contra de aquella medida está sujetas al pago de las sumas
impuestas9.

25. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en que los
empleadores no pueden abstenerse de iniciar las conversaciones con el argumento
que la falta de idoneidad del sindicato por no pertenecer al sector económico en el
que cumple su objeto, pues esto vulnera el derecho a la negociación colectiva y los
demás de que desarrolla: la asociación y libertad sindical.

8 Ibid.
9 Declarado exequible en: Corte Constitucional. Sentencia C-741 del 23 de octubre de 2013. M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
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26. Al resolver una impugnación de tutela instaurada por SINTRAIME en contra
del entonces Ministerio de Protección Social y la sociedad Ferrocarriles del Norte
de Colombia, sostuvo que cuando la autoridad del trabajo certifica la inscripción y
vigencia de una organización sindical, se produce un acto administrativo revestido
de presunción de legalidad y «[…] frente a la presentación de un pliego de peticiones
por parte de una organización sindical inscrita y vigente, certificada como tal por la
autoridad competente, como la del asunto de marras, la empresa FENOCO S. A. no
podía resistirse a iniciar las negociaciones directas cuestionando la capacidad y la
idoneidad del sindicato promotor del conflicto, con el simple argumento de no ser
una asociación relacionada con la actividad ferroviaria que desarrolla, pues esa
situación bien podía ventilarla judicialmente en otros escenarios, sin que se pueda
sustraer a sentarse en la mesa de discusiones […]»10.

27. Esta decisión fue confirmada por la Corte Constitucional11 que, en una
oportunidad similar, destacó que la omisión de los empleadores a iniciar el diálogo
con la premisa de no hacer parte de la industria vulnera el derecho a la negociación
colectiva, pero además frustra el desarrollo de las etapas del conflicto colectivo de
trabajo que permite la finalización de la oportunidad de arreglo directo previsto entre
los artículos 432 y 436 «[…] pues su negativa a iniciar conversaciones acarrea la
imposibilidad de iniciar la etapa de arreglo directo y posteriormente los mecanismos
alternativos de solución de controversias colectivas, establecidos previamente por
el Legislador en caso de fracasar la primera etapa»12.

28. Como lo destacó el Tribunal de primera instancia, la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha aplicado el criterio pacífico de la Jurisdicción Ordinaria13 y
Constitucional en los siguientes términos:

«[…] abstenerse de sentarse en la mesa de discusiones, alegando disparidad
entre la actividad económica de la empresa y la rama, sector o área industrial
del que proviene el sindicato, desconoce los derechos fundamentales a la
negociación colectiva y al debido proceso, pues, mientras un sindicato de
industria se encuentre debidamente registrado y/o inscrito ante el Ministerio del
Trabajo, se encuentra plenamente habilitado para presentar el respectivo pliego
de peticiones ante las empresas que considere llamadas a atender los reclamos
de los trabajadores afiliados, y estas últimas, en garantía del derecho de
negociación colectiva, y en aplicación del artículo 433 del CST, están en la
obligación de recibir a los negociadores de los trabajadores, para iniciar
conversaciones, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del pliego
petitorio» (énfasis fuera de texto)14.

10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 15 de septiembre de 2009. Rad. 24.753.

M.P. Luis Javier Osorio López.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-251 del 16 de abril de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-248 del 11 de abril de 2014. M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo.
13 Además de la decisión antes referenciada, se identifican: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación

Laboral. Sentencia SL3153-2017 del 8 de marzo de 2017. Rad. 74.307. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno; Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL4879-2017 del 5 de abril 2017. Rad. 75.253. M.P.
Rigoberto Echeverri Bueno; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL2271-2018 del
20 de junio de 2018. Rad. 79.095. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 8 de agosto de 2019. Rad. 11001-03-25-

000-2014-00716-00 (2229-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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29. Para la Sala, es claro que mientras la personalidad jurídica del sindicato esté
vigente, la empresa no puede poner en tela de juicio su capacidad e idoneidad para
promover conflictos colectivos de trabajo. De allí que tenía un deber expreso de
apertura en el término legal la etapa de arreglo directo a través de las negociaciones
con SINTRAIME, so pena de incurrir en la conducta que, en los términos del artículo
433, supone la imposición de la multa que finalmente aplicó la entidad demandada.
Nótese que, de aquella instancia, el ordenamiento jurídico solo reclamaba del
demandante el inicio de una negociación y no la suscripción de un acuerdo.

30. Aunque la recurrente argumentó que no tuvo el propósito de vulnerar el
derecho a la negociación colectiva y por ello elevó consulta ante el Ministerio del
Trabajo advirtiendo la distancia entre el objeto del sindicato de industria y su sector
empresarial, lo cierto es que el cumplimiento de la garantía legal y constitucional no
dependía de la respuesta de la autoridad administrativa, ni tampoco se «suspendió»
el término para cumplir el deber legal por la petición.

31. Por otra parte, como se sostuvo en primera instancia, la definición de la
legalidad de las afiliaciones de los trabajadores era un asunto de la Jurisdicción
Ordinaria, y no por esto se despoja a la demandada de su competencia para
interpretar autónomamente el ordenamiento jurídico, por el contrario, supone una
garantía de respeto del mismo. Además, la demandante tenía conciencia de esto,
pues insiste en que cuestionó ante el juez laboral la afiliación de los trabajadores a
SINTRAIME y obtuvo la nulidad correspondiente, con la expectativa de que aquello
refuerce su postura; pero esta es otra circunstancia que no la excusaba para el inicio
oportuno de las negociaciones, que es el verdadero objeto del análisis que le
compete a esta Sala.

32. En relación con la presunta vulneración del derecho al debido proceso, reiteró
que se negó el decreto de los estatutos de la organización sindical como prueba.
Verificado el expediente, se observa que, en la oposición al pliego de cargos durante
el procedimiento administrativo, la empresa solicitó que se oficiara al Sindicato para
que allegara este documento con el que se pretendía probar «[…] que sus estatutos
se ciñen a la industria o ramo metalúrgico y nada tienen que ver con la industria
textil en ninguna de sus formas»15.

33. Como se concluye de todo lo advertido en esta providencia, si se admitiera lo
que se pretendía acreditar con esta prueba, aquello no habría variado el sentido de
la decisión y, como lo enunció el Tribunal, la omisión en su decreto correspondió a
una lógica razonable de pertinencia y utilidad.

34. Finalmente, agregó que el término para recurrir previsto en la Resolución 1493
de 2013 fue erróneo y que aquello «indujo a error», pero no se acreditó la negativa

15 Fl. 55 del cuaderno principal.

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de la autoridad a tramitar los recursos interpuestos y, especialmente, un obstáculo
para la exposición de motivos y argumentos que controvirtieran la decisión. De
modo que se garantizó la posibilidad de contradecir la decisión.

35. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, pues no
se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos reprochados.

Condena en costas

36. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

37. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

38. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

39. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diez (10) de diciembre de dos mil
veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual
se negaron las pretensiones y condenó en costas.
9
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00099-01 (1479-2021)

Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.

Tercero. Reconocer personería al abogado Felipe Álvarez Echeverry, identificado
con la cédula de ciudadanía 80.504.702 y la tarjeta profesional 97.305 del CSJ, para
que actúe en nombre de la parte demandante, según memorial visible a índice 13
del aplicativo SAMAI.

Cuarto. Reconocer personería a la abogada Amanda Lucía Zamudio Vela,
identificada con la cédula de ciudadanía 51.713.048 y la tarjeta profesional 67.612
del CSJ, para que actúe en nombre de la parte demandada, según memorial visible
a índice 23 del aplicativo SAMAI.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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