RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2015-00182-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00182-01

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00182-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 22 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Ana Otilia Rincón Beltrán contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. En su lugar, se dispone: Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 000036 del 2 de enero de 2014 y del auto ADP 009503 del 24 de septiembre del mismo año, que negaron el reconocimiento de la pensión gracia a la actora. Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Ana Otilia Rincón Beltrán, identificada con cédula de ciudadanía 31.871.018, a partir del 20 de noviembre de 2012, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 20 de noviembre de 2011 y el 20 de noviembre de 2012, con inclusión del sueldo básico y las doceavas partes de las primas de vacaciones y navidad. Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia. 33 Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017) Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Séptimo. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2015-00182-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

29 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 22 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), la señora Ana Otilia Rincón Beltrán, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
la Resolución RDP 000036 del 2 de enero de 2014 y el auto ADP 009503 del 24 de
septiembre del mismo año, que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia
de jubilación.

1 Folios 51 al 79.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar a la actora
la pensión gracia de jubilación, por su labor como docente, desde cuando adquirió
el estatus jurídico, con los ajustes de valor y los intereses moratorios de acuerdo a
lo preceptuado en los artículos 187, 189 y 195 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la
ley 100 de 1993; ii) pagar los intereses de que trata el artículo 177 de la Ley 1437
de 2011; y iii) pagar las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, se relataron los siguientes:

i) La docente Ana Otilia Rincón Beltrán adquirió su estatus de pensionada el 1.° de
marzo de 2014, fecha para la cual se encontraba vinculada como docente de tiempo
completo dependiente de la Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali;
se vinculó a la educación oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980;
siempre ha pertenecido al orden nacionalizado y nunca ha sido sancionada
disciplinariamente.

ii) El 3 de diciembre de 2012, solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, aportando todos los documentos que certifican que en el momento
de elevar la solicitud había laborado por más de 20 años, con nombramientos
proferidos por el Distrito Educativo de Santiago de Cali y por la Gobernación del
departamento del valle.

iii) La UGPP negó la petición mediante la Resolución RDP 000036 del 2 de enero de
2014, argumentando que la docente no cumple con el lleno de los requisitos por
cuanto la labor que ha desarrollado al servicio de la educación oficial se debe
desestimar por ser del orden nacional.

2

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

iv) El 17 de julio de 2014 pidió nuevamente el reconocimiento de la prestación, pero
fue negada a través del Auto ADP 009503 del 24 de septiembre de 2014, en el cual
simplemente se indicó que la solicitud pensional ya se había definido con la
Resolución RDP 000036 del 2 de enero de 2014, y que no existían nuevos
elementos de juicio que permitieran variar la decisión adoptada.

v) La accionada en ninguno de los actos administrativos denegatorios ha hecho
pronunciamiento alguno respecto al contenido del Oficio 2013ER128785 del 24 de
septiembre de 2013, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, donde
manifiesta que revisada la información que reposa en sus archivos no se encontró
registro alguno que indique que la docente Rincón Beltrán haya laborado para dicha
entidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de
la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 y 15 de la
Ley 91 de 1989; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 2 del Decreto 196 de 1995.

Al desarrollar el concepto de violación, se expuso lo siguiente:

i) La accionada está negando a la actora el derecho a gozar del beneficio de una
pensión gracia, omitiendo los preceptos normativos de las leyes que establecen este
derecho prestacional a su favor; persistiendo en mantener su actuación
administrativa al margen de la ley y de los principios de la actuación administrativa,
conculcando derechos fundamentales y sustanciales.

ii) La señora Rincón Beltrán, en el momento de adquirir su estatus pensional, se
encontraba no con una mera expectativa sobre el derecho pensional, sino con un
derecho adquirido legalmente, por cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos,
pues tenía la calidad de docente (nombrada con anterioridad al 1.° de enero de
1981), no había sido sancionada y llevaba más de 20 años de servicio prestado. Así
lo avala la entidad al argumentar de forma exclusiva que el único reparo que posee

3

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

frente al reconocimiento de la prestación reclamada es el considerar que el servicio
prestado con antelación al 31 de diciembre de 1980 no es computable para acceder
a la prestación por no corresponder a un nombramiento de carácter territorial
(departamental, municipal o distrital).

1.2. Contestación de la demanda2

La UGPP, por medio de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda y
expuso que la entidad ha actuado conforme a las normas que regulan la pensión
gracia, pues en los certificados de tiempo de servicio aportados por la señora Rincón
Beltrán existe un vacío en la información allí contenida, ya que no se puede
establecer si la vinculación es de carácter nacionalizado, municipal o de prestación
de servicios.

Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación y cobro de lo
no debido.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 22
de febrero de 2017, denegó las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:3

i) De acuerdo con los certificados de tiempo de servicios expedidos por el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de Santiago de Cali —Secretaría
de Educación Municipal— se encuentra demostrado que la actora estuvo vinculada
como docente con anterioridad al 1.° de enero de 1980 y que laboró en dicho cargo
por más de 20 años. No obstante, las aludidas certificaciones dan fe de que su
vinculación fue en el orden nacional.

2 Folios 120 al 124.
3 Folios 153 al 158.

4

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

ii) Las resoluciones de nombramiento aportadas al expediente revelan que el
nombramiento de la docente fue realizado por autoridades territoriales; no obstante,
las certificaciones expedidas por el FOMAG demuestran que la plaza que entró a
ocupar la demandante tenía carácter nacional, circunstancia que lleva a concluir que
los recursos para solventar dicho nombramiento fueron nacionales y que en esa
oportunidad el departamento del Valle del Cauca y el municipio de Santiago de Cali
únicamente fungieron como administradores de las plantas de personal
pertenecientes al Gobierno nacional.

iii) El Auto ADP 009503 del 24 de septiembre de 2014 no es susceptible de control
judicial, comoquiera que a través de este la Administración no tomó una
determinación frente a la petición de reconocimiento de pensión gracia elevada por
la demandante por ya existir frente a dicha solicitud una decisión de fondo,
contenida en la Resolución RDP 000036 del 2 de enero de 2014. En consecuencia,
no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno frente a dicho acto.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:4

i) La parte motiva del fallo de primera instancia está revestida de errores de hecho
y de derecho, en cuanto a la calificación del acervo probatorio, ya que no se
valoraron apropiadamente la pruebas que la parte demandante aportó, no se realizó
un estudio apropiado de los actos de nombramiento y sobre quién es o ha sido el
ente nominador de la docente.

ii) Un docente no pertenece al orden nacional simplemente porque así esté
consignado en una certificación de historia laboral; dicha incongruencia ha sido
corregida por el máximo órgano rector de la jurisdicción de lo contencioso-

4 Folios 167 al 176.

5

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

administrativo, que en reiterados pronunciamientos ha ratificado que los docentes
que pertenecen al orden nacional son taxativamente los que fueron nombrados
mediante resolución proferida por el Ministerio de Educación Nacional, y que los
docentes nacionalizados son los que fueron nombrados mediante acto
administrativo proferido por un ente territorial como son los departamentos,
municipios y distritos.

iii) Resulta censurable la postura asumida por el a quo al omitir pronunciarse sobre
la nulidad del Auto ADP 009503 del 24 de septiembre de 2014, ya que no solo se
trata de un yerro en la forma de calificar una actuación administrativa, sino que de
prosperar su tesis se estaría atentando contra los derechos fundamentales de la
demandante en lo relativo al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La demandada reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso.5 La actora
guardó silencio.6

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público rindió concepto y solicitó confirmar la sentencia, al
considerar que si bien la actora se vinculó como docente antes del 31 de diciembre
de 1980, cumplió el requisito de la edad y tuvo buena conducta en la prestación del
servicio, su vinculación fue en calidad de docente nacional, tiempo que no es útil
para efecto del reconocimiento pretendido.7

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

5 Folio 238 y 239.
6 Según constancia secretarial obrante en el folio 246.
7 Folios 240 al 245.

6

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

2.1. Cuestión previa

El Tribunal consideró que el Auto ADP 009503 del 24 de septiembre de 2014 no es
susceptible de control judicial, por cuanto en este la Administración no tomó una
decisión respecto de la nueva petición de reconocimiento de pensión gracia elevada
por la demandante, por ya existir frente a dicha solicitud un pronunciamiento de
fondo, contenido en la Resolución RDP 000036 del 2 de enero de 2014.

La Sala encuentra equivocado tal argumento, pues, como es sabido, el derecho
pensional no prescribe, dado su carácter de irrenunciable, de tracto sucesivo y
vitalicio. De suerte que, una vez negado, el interesado puede nuevamente pedir a
la Administración su reconocimiento para provocar un nuevo pronunciamiento.

En este caso, la decisión negativa está contenida en el mencionado Auto, en tanto
que no reconoció el derecho reclamado, sino que se remitió a lo decidido en la
Resolución RDP 00036 del 2 de enero de 2014 que, igualmente, no accedió a su
reclamo, y cuya motivación corresponde a los mismos argumentos del acto que
resolvió la primera petición.

En conclusión, erró el a quo en su apreciación, pues el Auto ADP 009503 del 24 de
septiembre de 2014 sí es enjuiciable y, por ende, objeto de pronunciamiento por
parte de esta jurisdicción.

2.2. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.3. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias

7

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19288 y 37 de 19339 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 10

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».11

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran

8 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública

tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
9 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter

legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
10 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio

de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
11 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.

8

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

los educadores locales o regionales».12

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,

radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.

9

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».14

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial

13 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

10

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:15

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».16

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-

2019-02219-01 (AC).

11

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,17 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:18

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los
gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia

transcrita.

12

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».19

2.4. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme a la cédula de ciudadanía y el registro de nacimiento, la señora Ana
Otilia Rincón Beltrán nació el 14 de julio de 1961.20

• De acuerdo con el certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría de
Educación Municipal de Santiago de Cali, la demandante laboró en calidad de
docente interina, así:21

Acto Administrativo desde hasta tiempo
Resolución 144 del 26 de marzo de 01 - 03 - 1979 31 - 03 - 1979 1 mes
1979
Resolución 213 del 3 de octubre de 13 - 09 - 1979 26 - 10 - 1979 1 mes 13 días
1979

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20 Folios 2 y 45.
21 Folio 36.

13

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

Resolución 035 del 14 de febrero de 01 - 02 - 1980 30 - 04 - 1980 3 meses
1980

Por medio de los actos administrativos indicados, el jefe del Distrito Educativo 1-A
de la ciudad de Cali designó a la señora Ana Otilia Rincón maestra seccional en
diferentes escuelas del municipio, durante el término de licencia concedida a las
respectivas docentes titulares.22

• El 19 de junio de 1992, por Decreto 0857, el gobernador del departamento del
Valle de Cauca nombró a la señora Rincón Beltrán en el cargo de maestra consejera
del Centro Docente # 34 Marco Fidel Suárez de Cali, Distrito Educativo 1B, en
reemplazo del docente Jaime Rincón Narváez, quien renunció.23 Tomó posesión de
dicho empleo el 10 de agosto de 1992.24

• El 24 de septiembre de 2013, el Ministerio de Educación Nacional, por medio de
la Unidad de Atención al Usuario, informó que no encontró en sus archivos registro
alguno que indique que la señora Ana Otilia Rincón Beltrán laboró para dicha
entidad.25

22 Folios 40 al 42.
23 Folios 37 y 38.
24 Folio 39.
25 Folio 26.

14

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

➢ Actuación administrativa

• El 3 de diciembre de 2013, la demandante peticionó el reconocimiento de la
pensión gracia.26

• El 2 de enero de 2014, por Resolución RDP 000036, la UGPP negó la referida
solicitud, con fundamento en que el «Acta de Posesión 327 y [el] Decreto de
nombramiento respecto a los tiempos 01 de marzo de 1979, 01 de febrero de 1980
y 18 de septiembre de 1979, no obstante fueron aportadas en copia simple, de igual

26 Folios 3 al 12.

15

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

manera respecto a los mismos tiempos, no fueron allegados los certificados de
tiempos de servicio y factores salariales en el formato establecido por el FOMAG, es
por esto que fue desestimado el mencionado periodo de tiempo».27

• El 18 de febrero de 2014, la interesada interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión.28 Sin embargo, este fue rechazado por haberse presentado
cuando ya estaban vencidos los términos.29

• El 17 de julio de 2014 la señora Rincón Beltrán radicó una nueva petición de
reconocimiento de la pensión gracia.30

• El 24 de septiembre de 2014, por Auto ADP 009503, la subdirectora de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP recomendó a la Dirección de
Determinación archivar la solicitud «en consideración a que la Resolución RDP
000036 del 2 de enero de 2014 quedó en firme y que no fueron aportados nuevos
elementos de juicio» y, por ende, no había lugar a emitir un nevo pronunciamiento
respecto del reconocimiento de la pensión gracia.31

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el recuento fáctico que antecede, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en precedencia, la Sala revocará la decisión del
a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandante.
Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos, respecto de los lapsos
servidos, así:

i) Del 1.° al 31 de marzo de 1979; del 13 de septiembre al 26 de octubre de 1979;
y del 1.° de febrero al 30 de abril de 1980.

27 Folios 13 al 19.
28 Folios 20 al 22.
29 Así se narró en el hecho cuarto de la demanda (folio 54)
30 De ello dan cuenta el hecho quinto de la demanda (folio 54) y el Auto ADP 009503 del 24 de septiembre de

2014.
31 Folios 23 al 25.

16

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

Estas vinculaciones obedecieron a los nombramientos efectuados por el jefe del
Distrito Educativo # 1-A de la ciudad de Cali, para cubrir sendas licencias
concedidas a las docentes titulares, como se aprecia en los respectivos actos:

17

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

18

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

19

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

Dichos periodos, sin duda, resultan computables para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia, en tanto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 exige haber
tenido una relación docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
indistintamente de la naturaleza del vínculo con el establecimiento educativo,
siempre que sea del orden municipal o departamental, como ocurre en el presente
caso, en que los nombramientos fueron dispuestos por una autoridad del orden
municipal, el jefe de Distrito Educativo 1-A de la ciudad de Cali, en uso de sus
atribuciones legales, sin intervención de ninguna otra autoridad.

En relación con otros tipos de vinculación al servicio estatal, como la interinidad,
esta Subsección32 advirtió que si bien dentro del ordenamiento interno no existe una
definición expresa sobre dicha figura, lo cierto es que debe ser entendida como el
mecanismo a través del cual la administración, ante la imposibilidad de contar con
docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el
ejercicio de dicha actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la
efectiva prestación de los servicios educativos. De ahí que el servicio prestado bajo
esa modalidad constituye una forma de ingresar a la administración.

En ese orden, es viable colegir que, ante la ausencia temporal del titular de un
empleo docente por cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la ley,

32 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 17 de agosto de 2011. Radicado: 25000-23-25-000-2004-

00269-01 (1446-2006). Actor: Nero Cárdenas García.

20

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

la administración está facultada para proveer dicho empleo en forma transitoria por
medio de un nombramiento interino con el fin de prestar el servicio educativo oficial
de forma habitual.

Sobre el punto, la Corte Constitucional33 se pronunció en los siguientes términos:

[…] en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables al docente
quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones similares
en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las
propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de
los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados,
las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado.

En el mismo sentido, la Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia del 13
de febrero de 2014,34 concluyó:

[…] En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la entidad
demandada al señalar que los tiempos que la demandante pretende hacer valer, en
los que laboró por los periodos arriba mencionados como docente interina para
cubrir licencias de otros docentes, no pueden ser tenidos en cuenta como quiera
que no se generó relación laboral alguna y ningún tipo de vinculación, [lo anterior
toda vez que] como lo ha señalado la jurisprudencia35 en ningún caso, los
parámetros de [nombramiento] son imputables al docente quien, sin importar la
forma como ha de ser vinculado, cumple funciones similares en el campo educativo
y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro
de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer
regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales y
hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico
para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en
proporción al tiempo laborado. […]

A su turno, la Subsección B, en sentencia del 10 de octubre de 2018, consideró:36

[…] el hecho de que la actora haya sido vinculada en interinidad para que se

33 Sentencia C-517 de 1999.
34 Sección Segunda, Subsección A. Radicado: 170012331000201200008-01 (2022-2013). Actor: Gloria Cristina

Pineda Barbosa.
35 Sentencia C-517 de 22 de julio de 1999.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2018, radicación: 19001-

23-33-000-2013-00102-01 (1665-14), actor: Lidia Amaye Orozco Erazo, demandado: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

21

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

desempeñara como docente del 12 de noviembre al 5 de diciembre de 1980 resulta
irrelevante, ya que el ordenamiento que regula la prestación reclamada no establece
que dicho ingreso deba hacerse bajo un nombramiento en propiedad.

Esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta
docente en propiedad, toda vez que las funciones que cumplen unos y otros son
«[…] similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado por
interinidad también] está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro
de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer
regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales
[…], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos
los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al
tiempo laborado»37.

Así las cosas, esta Sala concluye que la accionante satisfizo la condición de haberse
vinculado a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980, dado que prestó
sus servicios al departamento del Cauca como docente interina del 12 de noviembre
al 5 de diciembre de 1980.

En concordancia con los anteriores pronunciamientos, el lapso servido por la actora
en condición de interina, debidamente certificado, correspondiente a 5 meses y 14
días, resulta válido para acreditar su nombramiento con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, para acceder a la pensión gracia, pues «el tiempo
requerido para el reconocimiento de la pensión gracia no solo es aquel que se deriva
de las relaciones regulares y en titularidad, debido a que se trata de una prestación
cimentada en la prestación efectiva de labores de educador»,38 siempre y cuando,
la vinculación sea territorial o nacionalizada, circunstancia que fue válidamente
demostrada por la actora, pues, se desempeñó como profesora al servicio del
municipio de Santiago de Cali, con tipo de vinculación territorial (municipal).

ii) Del 10 de agosto de 1992 al 20 de septiembre de 2013

La demandante fue nombrada en el cargo de maestra consejera del Centro Docente
# 34 Marco Fidel Suárez de Cali, Distrito Educativo # 1B, en reemplazo del docente
Jaime Rincón Narváez, quien renunció. Esta designación fue dispuesta por el
gobernador del departamento del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones

37 Sentencia C-517 de 1999.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-

1000-01 (0823-2017).

22

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

legales, por medio del Decreto 0857 del 19 de junio de 1992, «por el cual se da por
terminada una comisión, se acepta una renuncia, se hace un traslado y unas
aclaraciones en la Secretaría de Educación Departamental Fondo Educativo
Regional del Valle del Cauca FER».39 La demandante se posesionó el 10 de agosto
de 1992, según Acta 327.40 De ello dan cuenta las siguientes imágenes:

[…]

39 Folios 37 y 38.
40 Folio 39.

23

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

24

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

De la lectura del acto de nombramiento se evidencia que fue proferido por el
mandatario departamental «en uso de sus atribuciones legales» y suscrito, además,
por el secretario de Educación y por el delegado regional ante el Ministerio de
Educación Nacional. En ese orden, como la docente fue nombrada por una
autoridad del orden territorial con posterioridad a la nacionalización adelantada por
la Ley 43 de 1975, y en el acto de nombramiento intervino el delegado del Ministerio
de Educación Nacional, se concluye que la vinculación tiene carácter nacionalizado.

25

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

Al respecto, esta Sala41 ha precisado que «El carácter nacionalizado de la
designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto
dispone que son nacionalizados aquellos “docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975”».

En el certificado de tiempo de servicios del 19 de octubre de 2012, fecha para la
cual la demandante se encontraba activa en el servicio, la Secretaría de Educación
Municipal de Santiago de Cali indicó que la vinculación de la señora Rincón Beltrán
fue en propiedad, como nacional en forma continua y relacionó las siguientes
novedades:42

41 Ver entre otras, la sentencia de 16 de febrero de 2023. Radicado: 81001-23-33-000-2013-00128-01 (1518-

2015).
42 Folio 36.

26

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

Según el análisis realizado a cada uno de los actos de designación, mencionados
en la certificación, la Sala encuentra que se presenta un error de la administración
al certificar que la vinculación laboral de la demandante es de carácter nacional,
pues lo que se demostró fue que los nombramientos como interina son de
naturaleza territorial (municipal) y el último es de carácter nacionalizado, por cuanto
en la expedición del acto del gobernador intervino el delegado del Ministerio de
Educación Nacional, lo cual no supone automáticamente que se trate de una
vinculación del orden nacional, pues, de acuerdo con la sentencia de unificación de

27

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

21 de junio de 2018, «no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales cuando en el acto de su
vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de
la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación».43

Lo anterior, dado que la financiación de los gastos que generaban los FER no sólo
dependía de los recursos que la Nación le giraba a las entidades territoriales
(situado fiscal), sino que también correspondía al ente local destinar parte de su
presupuesto para atender el sostenimiento de dichos fondos.

Ahora bien, la certificación aludida da cuenta de que la actora fue incorporada en el
plantel educativo Técnico Industrial Antonio José Camacho de Cali, por medio del
Decreto 500 del 21 de octubre de 2003. Si bien este acto no fue aportado al plenario,
el Acta 423 da cuenta de que la docente tomó posesión del cargo el 4 de diciembre
de 2003, como se observa:

43 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

28

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

Pese a que no obra el acto de designación, lo cierto es que, al tratarse de una
incorporación, la naturaleza del vínculo no varió ni se presentó solución de
continuidad en la relación laboral, y con posterioridad, la educadora solamente fue
objeto de ascensos y de un encargo, como da cuenta el formato único para
expedición de certificado de historia laboral, expedido el 20 de septiembre de
2013,44 fecha en la cual aún se encontraba activa. Es decir, que las condiciones en
que fue nombrada por medio del Decreto 0857 del 19 de junio de 1992 se
mantuvieron inmodificables.

Lo expuesto permite concluir que para el período analizado la docente Rincón
Beltrán ostentó una vinculación de naturaleza nacionalizada, por lo que el tiempo
de servicio de 20 años, 9 meses y 30 días,45 transcurrido entre el 10 de agosto de
1992 y el 20 de septiembre de 2013, resulta valido para el cómputo de la pensión
gracia.

44 Folios 31 al 33.
45 Fecha de la última certificación.

29

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

En este orden, la Sala concluye que la demandante acreditó con suficiencia el
ejercicio de la profesión docente en plazas del orden territorial y nacionalizado por
más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980, tal como se explicó al inicio de este análisis; por lo tanto, cumplió
el requisito del tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la
prestación pretendida.

De igual modo, la señora Rincón Beltrán cuenta con más de 50 años de edad y
durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es
decir, que cumple con los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral
con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el
reconocimiento del beneficio pensional reclamado.

Además, la accionante consolidó el estatus pensional el 20 de noviembre de 2012,
al cumplir los 20 años de servicio, fecha para la cual tenía más de 50 de edad (los
cumplió el 14 de julio de 2011).

Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados por
la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 20 de noviembre de 2011 y el 20 de noviembre de 2012, con
inclusión del sueldo básico y las doceavas partes de las primas de vacaciones y
navidad.46

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe

46 Los factores se encuentran certificados por el FOMAG en el formato único expedido el 20 de septiembre de
2013 obrante en los folios 48 al 50.

30

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».47

De otro lado, se observa que en este caso no operó el fenómeno de la prescripción
trienal, en razón a que la señora Rincón Beltrán consolidó el estatus pensional el 20
de noviembre de 2012 y radicó la petición el 3 de octubre de 2013; así mismo, radicó
la segunda petición el 17 de julio de 2014, sin dejar transcurrir tres años entre las
dos solitudes ni entre estas y la adquisición del derecho; y presentó la demanda el
20 de febrero de 2015.48

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

2.6. De la condena en costas

El artículo 188 del cpaca establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya

47 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)

del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).
48 Folio 80.

31

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva, en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida
de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la
temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del cpaca para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio y
en el acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo no se ajustó a las
directrices interpretativas que regían la situación particular de la demandante y, por
ende, la sentencia será revocada.

32

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 22 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda
incoada por la señora Ana Otilia Rincón Beltrán contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
• UGPP. En su lugar, se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 000036 del 2 de enero de 2014
y del auto ADP 009503 del 24 de septiembre del mismo año, que negaron el
reconocimiento de la pensión gracia a la actora.

Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Ana Otilia Rincón Beltrán,
identificada con cédula de ciudadanía 31.871.018, a partir del 20 de noviembre de
2012, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados en el año
anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 20 de
noviembre de 2011 y el 20 de noviembre de 2012, con inclusión del sueldo básico
y las doceavas partes de las primas de vacaciones y navidad.

Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.

33

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00182 01 (2072-2017)
Demandante: Ana Otilia Rincón Beltrán

Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Séptimo. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

mygr

34

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.