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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-00207-01

Fecha
14 de junio de 2019
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-00207-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: 1º CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, el 27 de septiembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden. 2º CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante, incluido, por agencias en derecho, un monto equivalente al 1% del valor de las pretensiones de la demanda. Al respecto, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca procederá en los términos indicados en el artículo 366 del C.G.P. 3º Por cumplirse los requisitos de ley, RECONOCER personería adjetiva a la abogada Sonia Patricia Lesmes Cogollos como apoderada sustituta de la Fiscalía General de la Nación, en los términos y para los efectos del memorial obrante a folio 893 del cuaderno principal. 4º En firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2015-00207-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

14 de junio de 2019

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO

Como la decisión apelada negó las pretensiones por considerar que había operado la culpa exclusiva de la víctima, se procede a examinar este preciso tema, a la luz de las objeciones formuladas por la parte actora sobre el particular. […]. [S]e evidenció una serie de irregularidades, dentro de las cuales se encuentran hechos que fueron fundamento de la acusación por el punible de lavado de activos agravado en contra de la [demandante]. En estas condiciones, es dable concluir que, independientemente de la prescripción de la acción, la medida de aseguramiento tuvo como causa determinante la conducta de la sindicada y como el fundamento de las pretensiones consistió en la privación de la libertad que debió afrontar aquella, hay lugar a concluir que el daño provino de su propio comportamiento. Una vez analizadas las circunstancias que dieron lugar a la privación de la libertad […], la Sala advierte que las mismas resultan suficientes para dar por configurada la culpa exclusiva de la víctima, pues el daño tuvo su origen en las actuaciones desplegadas por la entonces procesada. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la causa eficiente del daño en el caso bajo estudio no fue la actuación de la Fiscalía General de la Nación ni de la Rama Judicial al imponer medida de aseguramiento a la aquí demandante, sino justamente la conducta de aquella, quien, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, dio lugar a la detención preventiva. Como consecuencia de lo hasta aquí señalado, la Sala confirmará la sentencia apelada.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la culpa exclusiva de la víctima, ver las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: (i) sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 46452, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e) y (ii) sentencia del 19 de abril de 2018, expediente 50839, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico.

PRELACIÓN DE FALLO

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social. En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”. En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en la privación injusta de la libertad […], tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver este caso de manera anticipada.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 18 / LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 16

CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Al tenor de lo previsto en el literal i), del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años “contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”. Sin perjuicio de la regla contenida en la mencionada disposición normativa, en los asuntos de reparación directa bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, consideración que resulta compatible con la norma puesta de presente, dado que es a partir de ese evento que se tiene conocimiento efectivo del daño, como consecuencia de la decisión absolutoria.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL i

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo de la caducidad en la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, cita sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 11 de agosto de 2011, expediente 21801, M. P. Hernán Andrade Rincón.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la de carácter material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO

En atención a lo señalado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y en el literal b del artículo 625 del C.G.P., en la sentencia se decidirá sobre la condena en costas, con aplicación de las normas previstas en el último de los estatutos mencionados, el cual, en el numeral 1 de su artículo 365, dispone que se condenará a su pago a la parte vencida en el proceso. […] Pues bien, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 5 del Acuerdo No. 1887 de 2003. […]. Finalmente, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., la Secretaría del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca liquidará las costas, para lo cual incluirá los gastos judiciales en los que incurrió la parte demandada, siempre que se encuentren probados y provengan de actuaciones autorizadas por la ley; además, tomará en consideración las agencias en derecho fijadas en cada instancia.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 366 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 625 LITERAL B

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 76001-23-33-000-2015-00207-01(63084)

Actor: CLAUDIA MARÍA CORREA QUINTERO Y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA (LEY 1437 DE 2011)

TEMAS: CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - La conducta de la demandante constituyó la causa eficiente del daño.

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la sentencia del 27 de septiembre de 2018, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó a las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

El 26 de febrero de 2015, los señores Claudia María Correa Quintero, Luis Alejandro Llanos Cuartas, Gloria Quintero Jaramillo, Gabriela Jaramillo de Quintero y Juan Pablo Rodríguez Quintero, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación–Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios causados por la privación de la libertad que sufrió la primera de los mencionadas, con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por el delito de lavado de activos agravado que finalizó por prescripción de la acción penal.

Como consecuencia de lo anterior, por perjuicios morales, los señores Claudia María Correa Quintero, Gloria Quintero Jaramillo, Juan Pablo Rodríguez Quintero y Luis Alejandro Llanos Cuartas pidieron 50 smlmv; por ese mismo concepto, Gabriela Jaramillo de Quintero solicitó 25 smlmv.

Finalmente, la señora Claudia María Correa Quintero, por lucro cesante, solicitó $395’873.402 y por daño emergente $70’066.895.

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que en atención al anónimo remitido por el “Grupo Solidarios Pioneros Ocho”, en el cual se señaló que la Cooperativa de Trabajadores de Occidente COOPERADORES lavó activos en favor de los hermanos Rodríguez Orejuela, alias cuchilla y chupeta, la Fiscalía General de la Nación Seccional Cali dispuso labores investigativas, dentro de las cuales, se ordenó la interceptación de líneas telefónicas y allanamientos a las oficinas de la cooperativa, por medio de los cuales se evidenció irregularidades en sus transacciones comerciales.

En atención a lo anterior, el 19 de enero de 1999, al resolver la situación jurídica de los sindicados, la Fiscalía Regional de Cali le impuso medida de aseguramiento a la señora Claudia María Correa Quintero consistente en detención preventiva, por el punible de lavado de activos, que se materializó el 6 de febrero de 1999.

El 11 de enero de 2000, la Fiscalía 11 Delegada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de activos profirió resolución de acusación contra la señora Claudia María Correa Quintero, entre otros, decisión que fue apelada por la señora Correa Quintero.

El 9 de mayo de 2000, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Descongestión, resolvió el recurso de apelación presentado contra la resolución de acusación en contra de la señora Claudia María Correa Quintero y confirmó la providencia del 11 de enero de 2000.

El 12 de enero de 2002, se le otorgó la libertad provisional a la señora Claudia María Correa Quintero.

El 25 de marzo de 2009, el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cali profirió sentencia condenatoria en contra de la señora Claudia María Correa Quintero, en calidad de coautora del delito de lavado de activos agravado.

Mediante providencia del 23 de enero de 2013, el Tribunal Superior del Distrito de Cali declaró prescritas la acción penal y civil; decretó la cesación del procedimiento a favor de la señora Claudia María Correa Quintero.

3. Trámite de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda, mediante providencia del 9 de marzo de 2015, decisión que se le notificó al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3.1. Contestaciones a la demanda

3.1.1. La Rama Judicial contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que sus actuaciones se adelantaron en observancia de las normas sustantivas y procesales vigentes para la época de los hechos.
Indicó que no se le puede asignar responsabilidad por actuaciones que no realizó, ya que la privación de la libertad sufrida por la demandante fue ordenada y materializada en la etapa instructiva por la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, señaló que no existió daño antijurídico, toda vez que fue condenada en primera instancia y posteriormente se benefició con la prescripción de la acción penal.

Manifestó que la declaratoria de la prescripción de la acción penal no podía ser aprovechada en doble beneficio, gozar de la libertad y obtener indemnización, además cuando existían pruebas suficientes para confirmar la condena en su contra.

Igualmente, precisó que los perjuicios materiales y morales no fueron acreditados.

La Rama Judicial propuso la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, la que, según su dicho, se configuró porque el supuesto daño causado a la parte actora fue consecuencia del proceder de la Fiscalía General de la Nación, entidad que tenía capacidad para acudir de manera autónoma e independiente a los procesos judiciales en los que se debatiera su responsabilidad patrimonial, como ocurrió en el presente asunto.

3.1.2. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y también se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Como sustento de su oposición afirmó, en síntesis, que actuó en observancia de las normas vigentes para la época de los hechos.

Indicó que no podía atribuírsele responsabilidad por los hechos expuestos por la parte actora, pues, únicamente, estaba facultada para la imposición de la medida de aseguramiento y de los documentos allegados al proceso no se probó un actuar irregular.

Argumentó que la detención preventiva impuesta a la señora Claudia María Correa Quintero obedeció a una decisión que se ajustó a los hechos y exigencias sustanciales y formales de la ley, la cual se basó en la existencia de un indicio grave de responsabilidad de la demandante y en las pruebas de la comisión del delito.

Precisó que “para poder atribuir el daño a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y que deriva de su presunta acción u omisión sea declarada responsable, se hace necesario establecer si la entidad aparece ligada a esta por una relación de causa-efecto; en el presente asunto NO es posible encontrar dicha relación, por lo que habrá de exonerarse a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de la condena al pago de las indemnizaciones que la parte actora pretende”.

Por tanto, adujo que en este caso no se acreditó la falla en el servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues la prescripción de la acción penal no se dio cuando el proceso estuvo a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

Igualmente, señaló que no fueron probados los perjuicios materiales y morales.

Finalmente, propuso como excepción, entre otras, la falta de legitimación en la causa por pasiva, la que, a su juicio, se configuró por la ausencia del nexo causal de responsabilidad, debido a que la prescripción de la acción penal se dio cuando el proceso se encontraba a cargo de la Rama Judicial.

3.1.3. El Ministerio Público no intervino en esta oportunidad procesal.

3.2. Audiencia inicial

Agotado el trámite legal posterior a la contestación de la demanda, se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA.

La diligencia en mención se realizó el 12 de abril de 2016, oportunidad en la cual se llevaron a cabo las etapas previstas en la disposición normativa en comento; es decir, saneamiento, decisión de excepciones previas, conciliación, fijación del litigio y decreto de pruebas.

El Tribunal Administrativo de primera instancia fijó el litigio en los siguientes términos (se transcribe literal, incluso con los posibles errores):

“Si la señora CLAUDIA MARÍA CORREA QUINTERO fue privada injustamente de la libertad?

“A quien es atribuible que haya acaecido la prescripción de la acción penal, si a la Rama Judicial o la Fiscalía General de la Nación?

“Si en el presente evento nos encontramos ante un caso de responsabilidad extracontractual del Estado regido por el título de imputación por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o ante uno regido por el título de imputación de privación injusta de la libertad?”.

La fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes, las demandadas manifestaron expresamente su aceptación, la parte demandante interpuso recurso de reposición para que se analizara la responsabilidad de las demandadas por la mora en la resolución del proceso; sin embargo, el Tribunal no repuso su decisión.

Posteriormente, la Magistrada conductora de la audiencia decretó las pruebas solicitadas por las partes y fijó fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 181 del CPACA.

3.3. Audiencia de pruebas

El 31 de mayo de 2016 y el 17 de abril de 2017 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, etapa en la cual se corrió traslado a las partes de la prueba documental, sin que se formulara objeción alguna y se practicó la prueba testimonial.

Agotado el objeto de la audiencia, el Tribunal dio aplicación a lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 181 del CPACA, en el sentido de prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento para, en su lugar, ordenar la presentación de alegatos de conclusión por escrito y el concepto del representante del Ministerio Público.

3.4. Alegatos de conclusión

3.4.1. Parte actora

Reiteró los hechos y pretensiones formulados en la demanda, para concluir que las entidades demandadas debían responder por los perjuicios causados con ocasión la detención injusta de la cual fue objeto la demandante.

3.4.2. Rama Judicial

Ratificó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, particularmente en la medida de aseguramiento que fue impuesta por la Fiscalía General de la Nación, además reiteró que existían elementos para confirmar la sentencia condenatoria proferida en primera instancia en contra de la demandante.

3.4.3. Fiscalía General de la Nación

Frente a la medida de aseguramiento indicó que la misma fue impuesta en observancia de las exigencias sustanciales y formales de la ley. Además, adujo que la prescripción de la acción penal se dio cuando el proceso se encontraba a cargo de la Rama Judicial.

3.4.4. El Ministerio Público guardó silencio.

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 27 de septiembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda.

El Tribunal abordó el estudio del caso concreto a partir de la fijación del litigio efectuada en la audiencia inicial; en este sentido, el análisis de responsabilidad se limitó a la privación de la libertad que afrontó la señora Claudia María Correa Quintero.

El a quo concluyó que la privación de la libertad de que fue objeto la señora Claudia María Correa Quintero no fue antijurídica, toda vez que existieron suficientes elementos materiales probatorios que comprometían su responsabilidad en el delito de lavado de activos agravado, en razón al cargo de tesorera que desempeñaba dentro de la cooperativa Cooperadores.

Para esa autoridad judicial, es claro que, si bien es cierto que está demostrada la privación de la libertad de que fue objeto la señora Claudia María Correa Quintero, la misma no constituye un daño antijurídico, en la medida en que el mismo no resulta imputable a las entidades accionadas, en razón a que fue la propia demandante, quien, con su actuar irregular, dio lugar a que se iniciara la investigación penal en su contra.

En criterio del Tribunal, se demostró la circunstancia eximente de responsabilidad, consistente en la culpa exclusiva de la víctima, dado que la conducta de la procesada incidió directamente en la imposición de la medida de aseguramiento.

Por otra parte, indicó que, si bien el proceso penal en contra de la ahora demandante se extendió durante varios años, la privación de la libertad de la señora Claudia María Correa Quintero solo se mantuvo mientras fue necesaria.

Condenó a la parte actora a pagar las agencias en derecho por valor del 3.0% del valor de las pretensiones de la demanda.

5. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con el fin de obtener su revocatoria y que, como consecuencia de ello, se acceda a las pretensiones.

Argumentó que el presente caso se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez que la señora Claudia María Correa Quintero tuvo que soportar injustamente una investigación, por más de 10 años, que terminó por prescripción de las acciones penal y civil.

Argumentó que existió una violación al debido proceso, por la indebida valoración del material probatorio allegado al proceso, asimismo, adujo la señora Claudia María Correa Quintero se desempeñó como tesorera dentro de la cooperativa Cooperadores, el cual era un cargo de subordinación. Indicó que: (se transcribe literal, incluso con posibles errores)

“el despacho no puede omitir el hecho de que en el presente caso operó la garantía de la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA teniendo en cuenta que la decisión proferida en primera instancia por el Juzgado segundo penal del circuito especializado NO QUEDÓ INCÓLUME pues el Tribunal Superior de Distrito Judicial NUNCA resolvió de formo la situación jurídica de mi poderdante, ni la de los demás implicados en el caso, fenómeno este que se traduce en un defectuoso funcionamiento de la administración” (negrillas dentro del texto).

6. Trámite en segunda instancia

El Tribunal a quo concedió el recurso de apelación, mediante auto de 16 de noviembre de 2018. Esta Corporación lo admitió, a través de providencia del 14 de enero de 2019, y el 26 de febrero de 2019 corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

6.1.- Alegatos de conclusión

6.1.1.- La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, esto es, que el proceso penal en contra de la señora Claudia María Correa Quintero duró más de 12 años sin que se resolviera su situación jurídica, puesto que el mismo término por prescripción de la acción penal, por tanto se violó el derecho al debido proceso y se configuró un daño por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

6.1.2.- La Fiscalía General de la Nación ratificó los argumentos expuestos a lo largo de sus intervenciones, es decir, que no se configuraron los elementos de la responsabilidad alegada ni se causó un daño antijurídico que pueda ser atribuido a esa entidad en razón a que fue la propia señora Claudia María Correa Quintero, quien, con su actuar irregular, dio lugar a que se iniciara la investigación penal en su contra.

Argumentó que el presente asunto la terminación del proceso penal adelantado contra la señora Claudia María Correa Quintero fue consecuencia de la prescripción de la acción penal. Agregó que durante el lapso de la investigación se dio el impulso necesario y se practicaron las pruebas pertinentes, siendo así, concluyó que no se presentó falla en el servicio, por tanto debía confirmarse el fallo de primera instancia.

6.1.3.- La Rama Judicial insistió en que en el presente caso no hay lugar a responsabilidad ya que las actuaciones y decisiones de los agentes judiciales se emitieron de conformidad con la legislación vigente, además indicó que la medida de aseguramiento fue ordenada y materializada en la etapa instructiva en vigencia del Decreto 2700 de 1991, sin mediar orden judicial.

Agregó que el presente asunto no podía ser analizado bajo el régimen de responsabilidad objetiva, por cuanto la terminación del proceso penal adelantado contra la señora Claudia María Correa Quintero fue consecuencia de la prescripción de la acción penal. Siendo así, concluyó que le correspondía a la parte actora demostrar la falla en el servicio en la que habría incurrido la entidad y como no lo hizo, debía confirmarse el fallo de primera instancia.

6.1.4.- El Ministerio Público indicó que debía confirmarse la sentencia de primera instancia, porque en el presente proceso se encontró debidamente probado el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima.

Al respecto resaltó que:

“en el caso que nos ocupa no se estructuraron lo supuestos esenciales que permitan endilgar la responsabilidad patrimonial en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, pues no es posible pedírsele al ente acusador no haber iniciado la respectiva investigación penal en contra de la hoy demandante así como también haberle impuesto la correspondiente medida de aseguramiento, cuando este era un deber legal fundamentado en la Constitución Política, máxime, cuando en ese momento, existía prueba que indicaba la responsabilidad de la señora Correa Quintero, respecto del punible endilgado por Lavado de Activos”.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.

En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en la privación injusta de la libertad de la señora Claudia María Correa Quintero, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver este caso de manera anticipada.

2. La competencia de la Sala

El numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 prevé que los tribunales administrativos conocen de los procesos de reparación directa cuya cuantía exceda de 500 smmlv.

A su vez, el artículo 150 ejusdem señala que el Consejo de Estado es el competente para conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas en tales asuntos.

Pues bien, en el proceso de la referencia la señora Claudia María Correa Quintero solicitó por lucro cesante solicitó $395’873.402, suma que para la fecha de presentación de la demanda era superior a 500 smmlv, de ahí que el sub lite lo hubiese tramitado en primera instancia el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y que a esta Corporación le corresponda resolver la apelación interpuesta por la parte actora.

3. El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el literal i), del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años “contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

Sin perjuicio de la regla contenida en la mencionada disposición normativa, en los asuntos de reparación directa bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, consideración que resulta compatible con la norma puesta de presente, dado que es a partir de ese evento que se tiene conocimiento efectivo del daño, como consecuencia de la decisión absolutoria.

En el sub lite, la Subsección advierte que la providencia proferida por el Tribunal Superior de Cali, por medio de la cual declaró la prescripción de las acciones penal y civil, como consecuencia decretó la “CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO seguido en contra de los mencionados procesados” fue expedida el 23 de enero de 2013 y quedó ejecutoriada el 25 de febrero de la misma anualidad.

Así las cosas, el término de caducidad, en principio, correspondía entre el 26 de febrero de 2013 y el 26 de febrero de 2015; sin embargo, se suspendió con la solicitud de conciliación extrajudicial radicada por la parte actora el 23 de enero de 2015, trámite que se declaró fallido el 26 de febrero siguiente.

Como la demanda se presentó el mismo día en el que se dio por agotado el trámite conciliatorio, se concluye que el derecho de acción se ejerció en oportunidad.

4. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la de carácter material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

4.1. Legitimación en la causa de los demandantes

En el presente asunto, los señores Claudia María Correa Quintero, Luis Alejandro Llanos Cuartas, Gloria Quintero Jaramillo, Gabriela Jaramillo de Quintero y Juan Pablo Rodríguez Quintero corresponden a los demandantes, en cuanto fueron las personas que promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

La Subsección encuentra probada la legitimación material en la causa de la señora Claudia María Correa Quintero, toda vez que en su contra se adelantó el proceso penal que dio origen a la presente controversia y, de manera consecuente, a ella se le impuso la medida de aseguramiento objeto de la litis.

En ese sentido, se encuentra probada la legitimación en la causa por activa de la señoras Gloria Quintero Jaramillo y Gabriela Jaramillo de Quintero, en consideración a que, mediante la copia del registro civil de nacimiento de la señora Claudia María Correa Quintero, acreditaron ser, respectivamente, madre y abuela de la víctima directa.

Adicionalmente, la Sala encuentra probada la legitimación del señor Juan Pablo Rodríguez Quintero, quien, mediante la copia de su registro civil de nacimiento, acreditó ser hijo de la señora Gloria Quintero Jaramillo y, en tal medida, hermano de la señora Claudia María Correa Quintero.

Finalmente, el señor Luis Alejandro Llanos Cuartas allegó copia del registro civil de matrimonio, mediante el cual acreditó ser el esposo de la demandante.

En las condiciones analizadas, la Sala encuentra probada la legitimación en la causa de todos los demandantes.

4.2. Legitimación de las demandadas

En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi permiten concluir que la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial se encuentran legitimadas en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dichas entidades a las que se les imputan los daños objeto de la controversia.

La legitimación material de las demandadas, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita determinar si existió o no una participación efectiva en la producción del daño antijurídico alegado por los demandantes.

5. Daño antijurídico

5.1. Hechos probados

En el presente asunto, se acreditó que a la señora Claudia María Correa Quintero se le vinculó a un proceso penal por el delito de lavado de activos agravado, actuación de la que se encuentra probado lo siguiente:

5.1.1. La investigación se originó por un anónimo remitido por el “Grupo solidarios poneros ocho”, en el cual informaron que a la Cooperativa Cooperadores ingresaron dineros del narcotráfico provenientes de los hermanos Rodríguez Orejuela y de alias “Cuchilla y Chupeta”.

5.1.2. De conformidad con lo anterior, el 30 de octubre de 1997, la Fiscalía Seccional de Cali dispuso labores investigativas como interceptación de líneas telefónicas y allanamientos a las oficinas de la Cooperativa Cooperadores, investigación en la cual se evidenció una serie de irregularidades en sus transacciones comerciales.

5.1.3. El 21 de enero de 1999, la Fiscalía Regional de Cali dio apertura a la instrucción y ordenó la vinculación de la señora Claudia María Correa Quintero, quien fungía como tesorera de la cooperativa Cooperadores.

5.1.4. El 19 de febrero de 1999, la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica e impuso medida de aseguramiento en contra de la señora Claudia María Correa Quintero consistente en detención preventiva, como probable autora del delito de lavado de activos agravado .

5.1.5. En cuanto a la privación de la libertad de la ahora demandante, se evidencia que esta se produjo desde el 6 de febrero de 1999 -fecha en que fue capturada

5.1.6. El 19 de febrero de 1999, la Fiscalía Regional de Cali impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a la señora Claudia María Correa Quintero por el delito de lavado de activos; en esa oportunidad señaló (se trascribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Se puede apreciar el indicio grave de responsabilidad que exige el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal para proferir medida detentiva en contra de los sindicados ya referenciados.

“(…) Se estableció una vez analizada la documentación obtenida en los allanamientos y registros, que en la Cooperativa Cooperadores se efectuaban transacciones comerciales con personas naturales y jurídicas (…), presentándose irregularidades en la venta de inversiones temporales, compra de bonos, compra de títulos, prestamos, etc, donde no figuraban en unos casos sus soportes contables que originaban las operaciones comerciales; en otros eventos no se logra establecer quien vende ni quien compra; se realizaban negociaciones por ejemplo con Fundación Banco Microempresarial (que ha sido objeto de investigación por lavado de activos en Cali y Santafé de Bogotá) con Coocrecer y Colaborar, sin que se haya acreditado su capacidad económica; así mismo con personales naturales como las mencionadas anteriormente de las cuales se desconocía su capacidad económica; así mismo con personas naturales como las mencionadas anteriormente de las cuales se desconocía su capacidad económica y la procedencia del dinero. Cooperadores de las transacciones efectuadas con estas personas (naturales y jurídicas) gira cheques a personas en algunos casos ficticias, humildes o con antecedentes judiciales, quienes por lo tanto carecían de recursos económicos para efectuar ese tipo de negociaciones.

“(…)

“Empero las irregularidades presentadas y detectadas en Cooperadores tan bien incluye un listado de ‘clientes clandestinos’ (…), se relacionan un sinnúmero de personas de quienes se afirma carecen de capacidad de ahorro y endeudamiento y no obstante manejaban sumas cuantiosas de dinero. Otras personas con antecedentes judiciales, quienes al parecer no tenían conocimiento que estaban siendo utilizados para fraccionar las grandes sumas de dinero en unas más pequeñas para dificultar su ubicación. Igualmente existen clientes inexistentes (…) donde se observa que los números de cedula no coinciden o donde su profesión o actividad no corresponde con los activos motivados en un balance supuestamente suscrito por el cuenta habiente y la Contadora CARMEN ELENA ARIAS LONDONO.

“No solamente por acción sino por omisión en el control de lavado de activos aparecen comprometidos Claudia María Correa (…) se observa una relación de CDAT vigentes, donde aparecen las letras iniciales de estas personas como responsables comerciales al parecer de informar a la SuperBancaria y/o Fiscalía General de la Nación, de operaciones comerciales (CDAT) que excede el monto establecido. Claramente en la columna SIPLA en la mayoría de los casos figura que NO SE INFORMO (…)..

“(…)

“(…) La señora CORREA QUINTERO no es ajena a (…) las operaciones comerciales que realizaba Cooperadores, pues como tesorera es de inferir que tenía responsabilidad en este tipo de negociaciones toda vez que representaban considerables sumas de dinero para la institución y además firmaba los cheques por dichos conceptos (…)” (destaca la Sala).

5.1.7. El 11 de enero de 2000, la Fiscalía 11 Delegada de Bogotá dictó resolución de acusación en contra de la señora Claudia María Correa Quintero por el delito de lava de activos agravado (se trascribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Por intermedio de la Cooperativa (…) se transformaron bienes que tenían su origen actividades de enriquecimiento ilícito, dándoles apariencia de legalidad o legalizándolos y encubriendo así su verdadero origen ilícito.

“Esa conducta fue realizada haciendo efectivo el ingreso a la COOPERATIVA de más de cinco mil setecientos millones de pesos que habían sido adquiridos ilícitamente y haciéndolos salir de ella con apariencia de legalidad. La forma como se cumplió en ingreso de dichos fondos a COOPERADORES, y su posterior egreso, ha quedado probatoriamente establecida, y ha consistido en las maniobras y artificios ya descritos y valorados dentro de la presente calificación.

En efecto, las notas de contabilidad, los comprobantes de pago y otros documentos recogidos, que aparecen soportando transacciones que no coincidieron con la realidad, los múltiples cheques girados a diversas personas que no tenían nexo alguno, con las supuestas operaciones financieras de la Cooperativa, cobrados por personas distintas de las personas beneficiarias y obviamente a sus espaldas, los testimonios de las personas que fue posible localizar y los informes contables (…), entre otros, son medios probatorios que sin duda así lo indican”.

En relación con la demandante, la Fiscalía indicó que ella conocía “la circulación de dineros de origen ilícito (…) en (…) COOPERADORES”, al punto de que giró múltiples cheques por diversas operaciones financieras a personas ajenas a dichas transacciones y que no estaban al tanto de su realización.

5.1.8. El 31 de diciembre de 2001, el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cali concedió la libertad provisional a la señora Claudia María Correa Quintero

5.1.9. El 25 de marzo de 2009, el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cali condenó a la señora Claudia María Correa Quintero, por el delito de lavado de activos; como fundamento de su decisión el Juzgado afirmó (se transcribe literal, incluso con los posibles errores):

“De CLAUDIA MARÍA CORREA, se señaló que era la Directora de la división de Tesorería y su jefe inmediato lo era la Gerencia de Crédito e Inversiones. Dentro de sus funciones se destaca el informe diario consolidados de las salidas y los depósitos, la coordinación con el área comercial para la captación a través de las oficinas lo mismo que brindar el apoyo indispensable para estas actividades; remisión de movimiento diario debidamente soportado y cuadrado al centro de operaciones para su respectiva grabación. Luego entonces, si es la llamada a responder por las deficiencias observadas por los operadores de controles y de ahí que la justificación le sea solicitada de manera puntual, según lo observamos en antecedencia, lo que no significa que la responsabilidad sea única y exclusivamente de ella, como han pretendido darlo a entender los demás acusados y la defensa técnica, pues es claro que si bien era parte importante en el engranaje delictual no estaba dentro de sus facultades, culminar las operaciones irregulares con éxito sin contar con la complacencia de sus superiores (…)

“(…) podemos concluir sin dubitación alguna que dentro de la investigación surge mérito suficiente para emitir sentencia que sería condenatoria en contra de LUZ ÁNGELA DIEZ RUSCHER, CLAUDIA MARÍA CORREA QUINTERO , PABLO ALBERTO MERINO SAA, HENRY RINCÓN RÍOS Y HENRY HUMBERTO HERRERA ECHEVERRY, al tenor de lo previsto en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que se ha demostrado dentro de la foliatura ña certeza de la existencia de la conducta punible y la responsabilidad de los encartados.

5.1.10. El 23 de enero de 2013, el Tribunal Superior de Cali declaró prescrita la acción penal en favor de la señora Claudia María Correa Quintero y de los demás procesados.

Como fundamento de su decisión el Tribunal afirmó (se transcribe literal, incluso con los posibles errores):

“En el caso (…) es evidente que la resolución de acusación cobró firmeza el 10 de mayo de 2000, evento procesal que interrumpió el termino prescriptivo (…) iniciándose desde ese momento la nueva contabilización por un término igual a la mitad del señalado en el art. 80 del decreto 100 de 1980 (…), sin que pueda ser inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10) años, por lo que si el máximo de la pena fijado para el delito de lavado de activos agravado es de 15 AÑOS al cual debe añadirse la circunstancia de agravación punitiva contenido en el artículo 247-C de la ley 365 de 1997, es decir las tres cuartas (3/4) partes del tiempo máximo a imponer, la pena definitiva en su extremo mayor seria 26 AÑOS y 3 MESES DE PRISIÓN.

“Así entonces, la mitad de la pena es 13 AÑOS, 1 MES y 15 DÍAS DE PRISIÓN, no obstante este lapso supera el señalado en el artículo 84 del decreto Ley 1000 de 1980, dado que si el termino de prescripción se reinicia con la ejecutoria de la resolución de acusación por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 80 del código Penal vigente para la fecha de los hechos, el cual (…) no podía exceder en ese primer momento procesal de 20 AÑOS, la prescripción de la acción penal luego de ejecutoriada la resolución de acusación, no puede superar la mitad de este término, por lo tanto no podría ser exceder los 10AÑOS.

“Por lo anteriormente expuesto, los diez años de plazo máximo para ejercer la acción penal, contados a partir del 10 de mayo de 2000, vencieron el 9 de mayo de 2010.

“(…).

“En este orden de ideas y en consideración a que el proceso ha superado con creces el termino de prescripción, sin que la sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada, la ocurrencia de dicho fenómeno impide continuar con la revisión respectiva, en consecuencia, se decretará la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal (…)” (subrayado y negrilla del texto original).

6. Caso concreto

La demanda se fundamentó en la privación de la libertad que afrontó la aquí demandante, con ocasión de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, tal como se indicó en la fijación del litigio efectuada por el a quo.

En atención al material probatorio obrante en la actuación, Sala encuentra probado que en contra de la señora Claudia María Correa Quintero se adelantó un proceso penal por el delito de lavado de activos agravado, que terminó con providencia de cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal.

En cuanto a la privación de la libertad de la ahora demandante, se evidencia que esta se produjo desde el 6 de febrero de 1999 -fecha en que fue capturada- hasta el 12 de enero de 2012, fecha en la cual le fue concedida la libertad provisional, para un total de treinta y cinco meses y ocho días.

Como la decisión apelada negó las pretensiones por considerar que había operado la culpa exclusiva de la víctima, se procede a examinar este preciso tema, a la luz de las objeciones formuladas por la parte actora sobre el particular.

7. Culpa exclusiva de la víctima en casos de privación de la libertad

En las condiciones analizadas, se debe, por un lado, determinar si la ciudadana a la que se le afectó su derecho a la libertad incurrió en alguna conducta gravemente culposa o dolosa –bajo la perspectiva del Código Civil- y si con ello dio lugar a la restricción de sus derechos fundamentales y, por otro, en el evento en que se descarte una actuación de esa naturaleza, analizar si las medidas restrictivas resultaron injustas y, en tal caso, generadoras de un daño antijurídico imputable a la administración.

En ese sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, precisó (se trascribe de forma literal):

“En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

“Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

“Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

“El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello” (se destaca).

El artículo 63 del Código Civil dispone, de un lado, que la “[c]ulpa grave (…) consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo” y, del otro, precisa que “[e]l dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

La declaratoria de la culpa de la víctima implica un análisis previo, con el fin determinar si el proceder –activo u omisivo– de quien demanda al Estado tuvo injerencia en la generación del daño y, de ser así, en qué medida. Al respecto, esta Subsección ha señalado:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…).
“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta” (se destaca).

Finalmente, es del caso precisar que si bien a esta jurisdicción no le corresponde cuestionar las decisiones de la justicia penal, lo cierto es que, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el juez administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la motivación que sustenta la sentencia penal o su equivalente, en razón a las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción.

En este caso, la denuncia presentada de forma anónima por el grupo denominado “Grupo solidarios Pioneros Ocho” conllevó a que la Fiscalía General de Nación iniciara una investigación de los movimientos financieros adelantados en la Cooperativa Cooperadores.

Mediante el informe 0091 del 14 de mayo de 1198, el C.T.I. encontró irregularidades en las actuaciones y movimientos financieros de dicha Cooperativa. Por tal razón, la Fiscalía General de la Nación dio apertura a la instrucción y ordenó la vinculación de la señora Claudia María Correa Quintero quien fungía como tesorera de la Cooperativa Cooperadores.

Es importante destacar que la señora Claudia María Correa Quintero, en su calidad de directora de la división de tesorería de la cooperativa Cooperadores, tenía dentro de sus funciones, entre otras, realizar un informe diario consolidado de las salidas y los depósitos de dinero de la Cooperativa, así como la coordinación con el área comercial para la captación de dinero a través de las oficinas, la remisión del movimiento diario debidamente soportado y cuadrado al centro de operaciones y posteriormente su respectiva grabación, de lo cual se concluye que la señora Claudia María Correa Quintero tuvo pleno conocimiento de los movimientos financieros que se realizaron en la cooperativa, lo cual comprueba su responsabilidad en los hechos investigados.

Igualmente se hace necesario destacar que la señora Claudia María Correa Quintero es ingeniera industrial con especialización en finanzas, con amplia experiencia en el sector financiero, por tanto contaba con las capacidades y conocimientos suficientes para conocer de las irregularidades presentadas en la Cooperativa Fundadores y la ilicitud de las actuaciones desarrolladas al interior de la misma, en la cual fungía como tesorera. Cabe destacar que estas operaciones y movimientos financieros debían tener su aprobación para ser realizados.

Asimismo se comprobó el ingreso irregular de dineros ilícitos al mercado comercial y financiero, con el cual se realizaron distintas operaciones para legalizarlos, tales como compra y venta de bonos, CDAT, cuotas de participación, transacciones con personas naturales quienes en su mayoría aseguraron no tener conocimiento de las mismas, o en otros casos se trató de personas fallecidas o de muy avanzada edad.

De lo cual da cuenta, entre otras, las anotaciones irregulares en la contabilidad de la Cooperativa Cooperadores. Tal como se evidenció con el endoso de los bonos de garantía general de Corfipacifico No. 265, 266 y 267 o los cheques de gerencia de Coopdesarrollo, cada uno por valor de $56’796.260.

En consecuencia de lo anterior, se evidenció una serie de irregularidades, dentro de las cuales se encuentran hechos que fueron fundamento de la acusación por el punible de lavado de activos agravado en contra de la señora Claudia María Correa Quintero.

Los cuales posteriormente, motivaron el fallo proferido en su contra por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cali.

En estas condiciones, es dable concluir que, independientemente de la prescripción de la acción, la medida de aseguramiento tuvo como causa determinante la conducta de la sindicada y como el fundamento de las pretensiones consistió en la privación de la libertad que debió afrontar aquella, hay lugar a concluir que el daño provino de su propio comportamiento.

Una vez analizadas las circunstancias que dieron lugar a la privación de la libertad de la señora Claudia María Correa Quintero, la Sala advierte que las mismas resultan suficientes para dar por configurada la culpa exclusiva de la víctima, pues el daño tuvo su origen en las actuaciones desplegadas por la entonces procesada.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la causa eficiente del daño en el caso bajo estudio no fue la actuación de la Fiscalía General de la Nación ni de la Rama Judicial al imponer medida de aseguramiento a la aquí demandante, sino justamente la conducta de aquella, quien, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, dio lugar a la detención preventiva.

Como consecuencia de lo hasta aquí señalado, la Sala confirmará la sentencia apelada.

8. Condena en costas.

En atención a lo señalado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y en el literal b del artículo 625 del C.G.P., en la sentencia se decidirá sobre la condena en costas, con aplicación de las normas previstas en el último de los estatutos mencionados, el cual, en el numeral 1 de su artículo 365, dispone que se condenará a su pago a la parte vencida en el proceso.

La condena depende de un factor objetivo, del hecho de ser vencido en el proceso, y no de la conducta desplegada por las partes, de ahí que no resulten de recibo los argumentos del demandante y, de manera consecuente, se deba confirmar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

Además, se impondrá la condena en costas pertinente de segunda instancia, en cuanto el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra del fallo del a quo fue resuelto de manera desfavorable.

Pues bien, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 5 del Acuerdo No. 1887 de 2003.

En aplicación de lo anterior, por tratarse de un proceso de segunda instancia con cuantía, la Sala fija las agencias en derecho de segunda instancia en suma equivalente al 1% del valor de las pretensiones de la demanda.

Finalmente, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., la Secretaría del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca liquidará las costas, para lo cual incluirá los gastos judiciales en los que incurrió la parte demandada, siempre que se encuentren probados y provengan de actuaciones autorizadas por la ley; además, tomará en consideración las agencias en derecho fijadas en cada instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

1º CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, el 27 de septiembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

2º CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante, incluido, por agencias en derecho, un monto equivalente al 1% del valor de las pretensiones de la demanda. Al respecto, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca procederá en los términos indicados en el artículo 366 del C.G.P.
3º Por cumplirse los requisitos de ley, RECONOCER personería adjetiva a la abogada Sonia Patricia Lesmes Cogollos como apoderada sustituta de la Fiscalía General de la Nación, en los términos y para los efectos del memorial obrante a folio 893 del cuaderno principal.

4º En firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Folios 829 a 841, cuaderno Consejo de Estado.
Folio 575, cuaderno 1A.
Poderes obrantes a folios 1 a 6, cuaderno 1.
Folios 561 a 568, cuaderno 1A.
Folios 524 a 547, cuaderno 1A.
Folio 584, cuaderno 1A.
Folio 591, cuaderno 1A.
Folios 613 a 615, cuaderno 1A.
Folios 619 a 629, cuaderno 1A.
Folios 708 a 715, cuaderno 1A.
Folios 748 a 752 y 801 a 802, cuaderno 1B.
Folios 804 a 817, cuaderno 1B.
Folios 818 y 819, cuaderno 1B.
Folios 820 a 827, cuaderno 1B.
Folios 829 a 841, cuaderno Consejo de Estado.
Folios 829 a 841, cuaderno Consejo de Estado.
Folios 848 a 861, cuaderno Consejo de Estado.
Folio 868 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folio 871 del cuaderno del Consejo de Estado.

Folios 885 a 892, cuaderno Consejo de Estado. Folios 881 a 882, cuaderno Consejo de Estado. Folios 927 a 937, cuaderno Consejo de Estado. En este sentido, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha proferido los siguientes fallos: sentencia del 27 de abril de 2011, expediente 21140, MP: Dr. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 27 de enero de 2012, expediente 22701, MP: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia del 21 de marzo de 2012, expediente 23507, MP. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia del 23 de febrero de 2012, expediente 18418, MP. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia del 11 de julio de 2012, expediente 24008, MP. Dr. Mauricio Fajardo Gómez y, más recientemente, sentencias del 23 de noviembre de 2016, expediente 45525, 14 de septiembre de 2016, expediente 43874 y del 24 de octubre de 2016, expediente 43159, entre muchas otras providencias, las cuales, si bien fueron proferidas en vigencia del régimen jurídico anterior, resultan aplicables al caso, en la medida en que el sustento normativo de las mismas – Ley 1285 de 2009- no fue modificado ni derogado por el CPACA.
“Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”. Para el 2015 el smmlv era igual a $644.350, suma que al multiplicarse por 500 da como resultado $322’175.000. Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2002, exp. 13622. CP. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, exp. 21801 y auto del 9 de junio de 2010, exp. 37410. CP. Mauricio Fajardo Gómez. Folio 522, cuaderno 1 A. Folios 576 a 578, cuaderno 1A. Folio 8, cuaderno 1. Folios 11, cuaderno 1. Folio 9, cuaderno 1. Con fundamento en los documentos aportados con la demanda (folios 1 a 335 del cuaderno 1 y folios 336 a 582 del cuaderno 1A) dentro de los cuales se encuentran las actuaciones de primera y segunda instancia del proceso penal, adelantadas en contra de la señora Claudia María Correa Quintero, documentos decretados como prueba mediante auto de 31 de mayo de 2016 y auto de 17 de abril de 2017 (folios 748 a 752 y 801 a 802, cuaderno 1B). Según se desprende de la sentencia proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cali, Folios 115 a 194, cuaderno 1. Según se desprende de la resolución a través de la cual se definió la situación jurídica de la demandante y de la sentencia proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cali, (folios 38-52 y 115 - 194, cuaderno 1. Según se desprende de la decisión proferida por la Fiscalía Regional de Cali en la cual se impuso medida de aseguramiento, obrante a folios 38 a 52, cuaderno 1. Folios 38 a 52, cuaderno 1. Según se desprende de lo narrado en la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cali el 25 de marzo de 2009 (folios 115 a 194). Folios 38 a 52, cuaderno 1. Folios 38 a 52, cuaderno 1. Folios 53-94, cuaderno 1. Folios 383 a 388, cuaderno 1A. Folios 115 a 194, cuaderno 1. Folios 249 a 259, cuaderno 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera, sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, expediente 46.947. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, expediente 38.438, Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón; providencia reiterada por esta Sala en sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 48.553. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, expediente 39.816, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Folios 389 a 421, cuaderno 1A.
“Artículo sexto. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
“(…).
“III. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
“(…).
“3.1.3. Segunda instancia.
“Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia (…)”. (se destaca). A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”. La Sala advierte que la apoderada principal cuenta con facultades de sustitución y que, además, presentó personalmente el memorial allegado para tal fin.

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