Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00262-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00262-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-00262-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
27 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
Tema: Reliquidación pensión de jubilación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Jaime Lindo Torrijos, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución GNR 390536
de 7 de noviembre de 2014, emitida por la Administradora Colombiana de
Pensiones (COLPENSIONES), por medio de la cual reliquidó la pensión de jubilación
previamente reconocida, en atención a lo dispuesto en el Decreto 3135 de 1968, y
en las Leyes 33 y 62 de 1985.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
lo siguiente:
i) Ordenar a la entidad demandada reconocer que el señor Jaime Lindo Torrijos
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
acreditó sus derechos pensionales, como funcionario de la seguridad social, el 3 de
septiembre de 1992, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
y por tanto no le es aplicable el régimen de transición, sino el Decreto 1653 de 1977
y/o la Ley 33 de 1985, en su integridad; ii) condenar a COLPENSIONES a reliquidar la
pensión de jubilación reconocida a su favor, esto es, sobre el salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio por el valor de
$ 667.688, el cual fue especificado en la Resolución 00002669 del 7 de junio de
1991, actualizado para el año 2008; iii) condenar a la entidad demandada al pago
de intereses moratorios causados desde el 21 de septiembre de 2008 hasta el 31
de mayo de 2013; y iv) condenar en costas y agencias en derecho.
1.1.2. Hechos1
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El 7 de junio de 1991, a través de la Resolución 00002669 emitida por el Instituto
de Seguro Social, el señor Jaime Lindo Torrijos fue clasificado como funcionario de
la seguridad social y, además, se señaló que la norma aplicable para la liquidación
de sus prestaciones sociales era el Decreto 1653 de 1977.
ii) El 3 de septiembre de 1992, el señor Lindo Torrijos cumplió 55 años e igualmente,
para esa data acreditó 1.038 semanas (más de 20 años) de servicio público, siendo
su empleador el Instituto de Seguro Social. En consecuencia, antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, alcanzó los requisitos exigidos en la Ley 33 de
1985 y en el Decreto 1653 de 1977.
iii) El 25 de noviembre de 1992, el actor solicitó al Instituto de Seguro Social el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, lo cual fue reiterado el 28 de
julio de 1995.
iv) El 17 de junio de 2013, la Administradora Colombiana de Pensiones
(COLPENSIONES) mediante la Resolución GNR 131305, reconoció una pensión vitalicia
de jubilación al demandante, a partir del 1.º de junio de 2013. Para tal efecto, la
1 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho
acápite.
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Demandante: Jaime Lindo Torrijos
autoridad pensional señaló que era beneficiario del régimen de transición, por lo que
dio aplicación a las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993; y así mismo liquidó la
prestación sobre el promedio de los últimos 10 años de servicios.
v) El 6 de agosto de 2013, el señor Lindo Torrijos interpuso ante COLPENSIONES una
solicitud de revocación directa de la Resolución GNR 131305 de 2013, pues
consideraba que tenía derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación en
aplicación de la Ley 33 de 1985 y/o Decreto 1653 de 1977 y en ese sentido al pago
de intereses moratorios causados.
vi) El 28 de abril de 2014, a través de Resolución GNR 142971 COLPENSIONES negó
la petición elevada, porque adujo que revisado el expediente administrativo no se
encontró certificación que acreditara la calidad de funcionario de la seguridad social
del demandante.
vii) El 7 de noviembre de 2014, como consecuencia de un recurso de queja,
COLPENSIONES expidió la Resolución GNR 390536, a través de la cual reliquidó la
pensión de jubilación del señor Lindo Torrijos. Igualmente, la autoridad pensional
ordenó el pago de un retroactivo, fundamentado en un IBL de $ 3.996.133,
actualizado al año 2008.
viii) El 26 de noviembre de 2014, el actor radicó ante COLPENSIONES un recurso de
reposición y en subsidio apelación contra la Resolución GNR 390536 de 2014, con
el fin de solicitar nuevamente la reliquidación de la pensión de jubilación en los
términos del Decreto 1653 de 1977, con el respectivo pago del retroactivo e
intereses moratorios causados.
ix) A la fecha de la presentación de la demanda COLPENSIONES no ha dado
contestación a los recursos interpuestos contra la Resolución GNR 390536 de 2014.
No obstante, el 9 de marzo de 2015, el señor Lindo Torrijos renunció a los recursos
concedidos en el referido acto administrativo.
x) Pese a que el demandante fue retirado del servicio en 1991, por errores del ISS
en sus bases de datos y en su historia laboral, solo hasta el 2013 se reportaron de
forma completa las semanas cotizadas a pensión, esto es, 21 años después.
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1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política; 11
y 141 de la Ley 100 de 1993; la Ley 33 de 1985; y el Decreto 1653 de 1977.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:
i) El acto censurado fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía
fundarse, porque omitió que el señor Lindo Torrijos a. tenía la condición de
funcionario de seguridad social; y b. acreditó 55 años de edad y 20 años de servicios
el 2 de septiembre de 1992, esto es, antes de la fecha de entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993. De esta manera, debe aplicarse la Ley 33 de 1985 y/o el Decreto
1653 de 1977, en su integridad.
ii) COLPENSIONES debió dar aplicación al principio de favorabilidad consagrado en el
artículo 53 de la Carta Política, comoquiera que su situación estaba amparada por
la Ley 33 de 1985 y/o el Decreto 1653 de 1977.
1.2. Contestación de la demanda
La Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) por intermedio de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación:2
i) El acto administrativo demandado fue expedido de acuerdo a las normas en que
debía fundarse pues se dio aplicación al régimen anterior a la Ley 100 de 1993, es
decir, el Decreto 3135 de 1968, en cuanto a la edad, al tiempo de servicio requerido
para obtener una pensión de jubilación, así como a la tasa de reemplazo.
El ingreso base de liquidación, al no formar parte de la transición, como lo señalan
las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, emitidas por la Corte
Constitucional, debe establecerse conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
2 Folios 118 al 124.
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esto es, con el promedio de los factores devengados durante los últimos 10 años o
los que hiciere falta.
ii) Los argumentos del demandante carecen de veracidad pues se encuentran
acreditadas las excepciones de inexistencia de la obligación reclamada, buena fe y
prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, mediante sentencia proferida el 28 de
febrero de 2020, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció
en estos términos:3
i) El demandante cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1653 de
1977,4 para ser beneficiario del reconocimiento pensional allí establecido, ya que
del acervo probatorio se advierte que no se encuentra inmerso en el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues adquirió el estatus
jurídico pensional el 3 de septiembre de 1992, esto es, antes de la entrada en
vigencia de aquella norma.
Igualmente, se acreditó que tuvo la condición de funcionario de la seguridad social
porque, al momento de su retiro del servicio, ocupaba el cargo de subgerente de
Servicio de Salud en el Instituto de Seguro Social. Así mismo, en las Resoluciones
GNR 131305 de 2013 y 390536 de 2014, se dijo que cumplió con los requisitos de
20 años de servicios continuos o discontinuos en el ISS u otras entidades del Estado
3 Folios 206 al 211.
4 El Decreto 1653 de 1977 prevé que los funcionarios de la seguridad social tienen derecho a que se
les reconozca la pensión de jubilación, siempre y cuando hubiesen prestado sus servicios durante
20 años continuos o discontinuos al Instituto de Seguro Social, los hombres cuenten con 55 años de
edad, las mujeres con 50 años y en un monto equivalente al 100% del promedio de lo devengado en
el último año de servicios.
Por su parte, el artículo 21 ibidem, en cuanto a la acumulación del tiempo de servicios para acceder
a una pensión de jubilación, señaló que «[L]os servicios prestados sucesiva o alternativamente en
las demás entidades de derecho público podrán acumularse para el cómputo del tiempo requerido
para tener derecho a pensión de jubilación, y el monto correspondiente se distribuirá en proporción
al tiempo laboral en cada una de tales entidades. En este caso, la cuantía de la pensión será del
setenta y cinco por ciento del promedio de lo percibido en el último año de servicio por concepto de
todos los factores de remuneración que constituyen salario.».
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y 55 años de edad el 3 de septiembre de 1992.
ii) Si bien, la autoridad pensional tomó como ingreso base de liquidación el 75 % del
promedio de lo devengado durante el último año de servicio comprendido entre el
1.º de mayo de 1990 y el 30 de abril de 1991, con base en los factores salariales
contemplados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, lo cierto es que correspondía
aplicar la misma tasa de reemplazo, esto es, el 75 %, pero los factores a tener en
cuenta eran los enlistados en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.
No obstante, los factores salariales certificados por el ISS para el último año de
servicio, fueron asignación básica y horas extras, los cuales también están
consagrados en el artículo 19 ibidem, de ahí que, en esencia, corresponde a lo ya
reconocido por la entidad accionada. En consecuencia, se impone negar las
pretensiones de la demanda.
1.4. El recurso de apelación
El señor Jaime Lindo Torrijos, por conducto de apoderado, interpuso recurso de
apelación5 y lo sustentó así:
i) El a quo se equivoca al señalar que lo pretendido en la demanda es la reliquidación
de la pensión de jubilación tomando una tasa de reemplazo del 100 %, pues lo
realmente solicitado es la reliquidación sobre el salario promedio del último año de
servicio, por valor de $ 667.688, actualizado al 2008, como lo especificó la
Resolución 00002669 de 1991. Lo anterior, conforme el Decreto 1653 de 1977 y/o
la Ley 33 de 1985.
ii) El salario base de liquidación del último año de servicio fue de $ 667.688, que
actualizado al año 2008, arroja un valor de $ 5.653.915 y no de $ 3.996.133 como
lo señala la entidad demandada. Así, lo pretendido es obtener la reliquidación de la
pensión de jubilación del señor Lindo Torrijos, en su condición de funcionario de la
seguridad social, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el
último año de servicio, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.
5 Folios 222 y 223.
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En consecuencia, solicita «[…] conceder todas y cada una de las pretensiones de
la demanda».6
iii) Es procedente ordenar el pago de intereses moratorios teniendo en cuenta que
COLPENSIONES no incluyó todos los factores salariales devengados por el actor como
sí lo hizo el ISS al momento de su retiro del servicio, e igualmente, estos se
solicitaron sobre la pensión reconocida inicialmente, sin reliquidar.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
El señor Jaime Lindo Torrijos, por intermedio de apoderado, solicitó revocar lo
decidido en primera instancia, con fundamento en el recurso de apelación.7
1.5.2. La entidad demandada
La Administradora Colombiana de Pensiones, a través de apoderado, solicitó
confirmar lo resuelto en primera instancia, en atención a la contestación de la
demanda.8
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.9
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer, conforme a lo señalado en el recurso de apelación, i)
si, teniendo en cuenta que el recurrente solicita la aplicación del Decreto 1653 de
1977, en su condición de funcionario de la seguridad social del extinto Instituto de
Seguro Social, COLPENSIONES debe resolver su caso; en caso negativo ii) si el señor
6 Folio 223 reverso.
7
Folios 161 al 173.
8 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI.
9 Revisado el expediente y el aplicativo SAMAI, no se observa que el agente del ministerio público
haya rendido concepto.
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Demandante: Jaime Lindo Torrijos
Jaime Lindo Torrijos, considerando que solicita subsidiariamente la aplicación de la
Ley 33 de 1985, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación,
equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio, incluyendo todos los factores salariales devengados en
ese período.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Administración de las pensiones de los ex trabajadores del Instituto de
Seguros Sociales.
En primera medida, es pertinente señalar que el demandante alega ser ex
funcionario de la seguridad social del ISS, en cuya calidad, pretende la aplicación
del régimen pensional que se desarrolla en el Decreto 1653 de 1977. Por su parte,
el Decreto 1651 de 1977, respecto a la administración de personal en la referida
institución, consagra lo siguiente:
Artículo 3°. De los servidores del Instituto de Seguros Sociales. Serán empleados
públicos de libre nombramiento y remoción, el Director General del Instituto, el Secretario
General, los Subdirectores y los Gerentes Seccionales de la entidad. Tales empleados
se sujetarán a las normas generales que rigen para los funcionarios de la Rama Ejecutiva
del Poder Público.
Las demás personas naturales que desempeñen las funciones de que trata el artículo
precedente, se denominarán funcionarios de seguridad social, con excepción de las
personas que cumplan las funciones relacionadas con las siguientes actividades, que
serán trabajadores oficiales: aseo, jardinería, electricidad, mecánica, cocina, celaduría,
lavandería, costura, planchado de ropa y transporte. (Texto tachado declarado
inexequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-579 de 1996)
Los funcionarios de seguridad social estarán vinculados a la administración por una
relación legal y reglamentaria de naturaleza especial, que les confiere el derecho a
celebrar colectivamente con el Instituto convenciones para modificar las asignaciones
básicas de sus cargos.
A su turno, los artículos 19 y 21 del Decreto 1653 de 1977 establecieron lo que a
continuación se transcribe:
Artículo 19. De la pensión de jubilación. El funcionario de seguridad social que haya
prestado servicios durante veinte años continuos o discontinuos al Instituto y llegue a la
edad de cincuenta y cinco años si es varón o de cincuenta si es mujer, tendrá derecho
al reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación. Esta pensión
equivaldrá al ciento por ciento del promedio de lo percibido en el último año de servicios
por concepto de los siguientes factores de liquidación:
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Demandante: Jaime Lindo Torrijos
a. Asignación básica mensual.
b. Gastos de representación.
c. Primas técnica, de gestión y de localización.
d. Primas de servicios y de vacaciones.
e. Auxilios de alimentación y transporte.
f. Valor del trabajo en dominicales y feriados, y
g. Valor del trabajo suplementario en horas extras. (…)
Artículo 21. De la acumulación del tiempo de servicios. Los servicios prestados sucesiva
o alternativamente en las demás entidades de derecho público podrán acumularse para
el cómputo del tiempo requerido para tener derecho a pensión de jubilación, y el monto
correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo laboral en cada una de tales
entidades.
En este caso, la cuantía de la pensión será del setenta y cinco por ciento del promedio
de lo percibido en el último año de servicio por concepto de todos los factores de
remuneración que constituyen salario.
Siempre que conforme en lo dispuesto en el presente artículo proceda la acumulación,
el Instituto tendrá derecho a repetir contra las entidades obligadas al reembolso de la
cantidad proporcional que les corresponda. El proyecto de liquidación será notificado a
los respectivos organismos.
Por otro lado, el artículo 235 de la Ley 100 de 1993, señala:
Artículo 235. Del Instituto de Seguros Sociales. No obstante lo previsto en el artículo
anterior, las obligaciones de afiliación y cotización consagradas en las leyes vigentes
serán exigibles para empleadores y trabajadores durante el período de transición.
Quienes al momento de entrar en vigencia la presente Ley, se encuentren afiliados al
Instituto de Seguros Sociales, podrán trasladarse a otra Entidad Promotora de Salud
debidamente aprobada sólo cuando la subcuenta de compensación del Fondo de
Solidaridad y Garantía, de que habla el artículo 220 de esta Ley, se encuentre
efectivamente operando.
La extensión de la cobertura familiar para quienes continúen o decidan afiliarse al
Instituto de Seguros Sociales se hará en forma progresiva, en un período máximo de 1
año a partir de la operación efectiva del Fondo de Solidaridad y Garantía.
El parágrafo de la anterior disposición preveía que «[l]os trabajadores del Instituto
de Seguros Sociales, mantendr[í]an el carácter de empleados de la seguridad
social»; sin embargo, la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-579 de
1996, lo declaró inexequible, con sustento en las siguientes consideraciones:
[…] A juicio de la Corte, al disponer el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993
que los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, dada su naturaleza de empresa
industrial y comercial, mantendrán el carácter de empleados de la seguridad social, se
desconoce el principio constitucional de igualdad de quienes prestan sus servicios a las
empresas industriales y comerciales del Estado y de servicios públicos domiciliarios, por
cuanto éstas, dada su naturaleza, por regla general vinculan a las personas que laboran
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para ellas en calidad de trabajadores oficiales, y excepcionalmente, según sus estatutos,
a quienes desempeñen cargos de dirección y confianza se les otorga la categoría de
empleados públicos -Decreto 3135 de 1968 y sentencias Nos. C-484 de 1995 y C-253
de 1996-, la cual también puede ser asignada para determinados cargos en forma
específica por la misma ley.
Por consiguiente, quienes laboran al servicio del Instituto de Seguros Sociales,
convertido en Empresa Industrial y Comercial del Estado, a raíz de la reestructuración
que se produjo en la citada entidad, adquieren en consecuencia por regla general la
calidad de trabajadores oficiales con todos los derechos inherentes a esta clase de
servidores públicos, como el de la negociación colectiva, con las excepciones señaladas
en la ley (artículo 55) o en la misma Constitución que considera a la salud como objetivo
fundamental de su actividad en la prestación del servicio público inherente a la finalidad
del Estado (artículo 366 CP.), y por consiguiente no es posible decretar la huelga, ni
realizar cesación colectiva de trabajo.
[…] Con fundamento en las consideraciones precedentes, es evidente que al haberse
transformado el Instituto de Seguros Sociales en una empresa industrial y comercial del
Estado, sus trabajadores tienen por regla general la calidad de trabajadores oficiales, y
excepcionalmente para quienes desempeñen cargos de dirección y confianza, se les
otorga la condición de empleados públicos, de conformidad con sus estatutos, por lo que
no es admisible una tercera modalidad de empleados, como la establecida en el
parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993, pues al hacerlo quebranta el
ordenamiento superior, salvo que la misma ley precise en forma taxativa los empleos
que son susceptibles de ser desempeñados por funcionarios de libre nombramiento y
remoción, como se hizo en el Decreto 2148 de 1992, según el cual el Presidente,
Secretario General y demás funcionarios que desempeñen cargos de dirección o
confianza, ostentan la calidad de funcionarios públicos.
[…] No obstante que la demanda se dirige exclusivamente contra el parágrafo del artículo
235 de la Ley 100 de 1993, esta Corporación en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 6o. del Decreto 2067 de 1991, según el cual, “la Corte se pronunciará de fondo
sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio,
conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales”,
declarará la inexequibilidad del aparte del inciso 2o del artículo 3o del Decreto-Ley 1651
de 1977, que dice: “las demás personas naturales que desempeñen las funciones de
que trata el artículo precedente, se denominarán funcionarios de seguridad social (...)”,
por constituir unidad normativa con la parte del precepto acusado.
Es evidente a juicio de la Corporación, en este caso, la unidad o conexidad entre los dos
preceptos, en cuanto el primero -artículo 235- mantiene la clasificación de los
trabajadores de la seguridad social, y el segundo cataloga genéricamente como
funcionarios de la seguridad social a las demás personas naturales de que trata la
disposición en referencia.
Por lo tanto se declarará la inexequibilidad del parágrafo del artículo 235 de la Ley 100
de 1993 y del inciso segundo del artículo 3o. del Decreto-ley 1651 de 1977 en el aparte
mencionado, con la advertencia de que la sentencia solamente producirá efectos hacia
el futuro, a partir de su ejecutoria, respetando los derechos adquiridos (artículo 58 CP.)
y las situaciones consumadas con anterioridad a la misma.
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El Decreto 604 de 199710 creó un régimen de transición para los funcionarios de la
seguridad social, a saber:
Artículo 1. Las asignaciones básicas mensuales para 1997 de los servidores del Instituto
de Seguros Sociales que adquirieron la calidad de empleados públicos, de acuerdo con
el Decreto 416 de 1997, serán las señaladas por las disposiciones que para el efecto
regulaban el régimen salarial en su anterior clasificación de Funcionario de Seguridad
Social.
Parágrafo. A partir del 1o de enero de 1998, las asignaciones básicas mensuales de
estos servidores serán las establecidas para los empleados públicos por el Gobierno
Nacional, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992.
Artículo 2. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales de que trata el artículo
anterior, conservarán el régimen prestacional y factores salariales que venían
disfrutando como Funcionarios de Seguridad Social.
Artículo 3. El régimen salarial y prestacional para los demás empleados públicos y los
que se vinculen con tal calidad a partir de la vigencia del presente decreto, será el
establecido por las normas generales aplicables a los empleados públicos del orden
nacional.
Posteriormente, el Instituto de Seguros Sociales fue suprimido y liquidado por el
Gobierno Nacional a través del Decreto 2013 de 2012,11 cuyo contenido es el
siguiente:
Artículo 1°. Supresión y liquidación. Suprímase el Instituto de Seguros Sociales ISS,
creado por la Ley 90 de 1946 y transformado en Empresa Industrial y Comercial del
Estado, mediante el Decreto 2148 de 1992, vinculada al Ministerio de Salud y Protección
Social, según el Decreto Ley 4107 de 2011. En consecuencia, a partir de la vigencia del
presente decreto, esta entidad entrará en proceso de liquidación y utilizará para todos
los efectos la denominación "Instituto de Seguros Sociales en Liquidación". El régimen
de liquidación será el determinado por el presente decreto, el Decreto Ley 254 de 2000,
modificado por la Ley 1105 de 2006 y las demás normas que los modifiquen, sustituyan
o reglamenten.
Artículo 2º. Duración del proceso de liquidación. El proceso de liquidación deberá
concluir en un plazo de un (1) año contado a partir de la vigencia del presente decreto,
el cual podrá ser prorrogado por el Gobierno Nacional, mediante acto administrativo
debidamente motivado.
En lo relacionado con la asunción de obligaciones pensionales producto de la
relación laboral entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores, precisó:
Artículo 27. Obligaciones pensionales del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación
10 Por el cual se fija el régimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de la seguridad
social que prestan sus servicios al Instituto de Seguros Sociales.
11 Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales ISS, se ordena su liquidación, y se dictan
otras disposiciones. publicado en diario oficial 48567 del 28 de septiembre de 2012.
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Demandante: Jaime Lindo Torrijos
en su calidad de empleador. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) asumirá en un plazo no
mayor a nueve (9) meses a la fecha de expedición del presente Decreto, la
administración en los términos de los artículos primero y segundo del Decreto 169 de
2008 de los derechos pensionales legalmente reconocidos por el Instituto de Seguros
Sociales en Liquidación en su calidad de empleador.
Parágrafo Transitorio. El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación desarrollará las
actividades inherentes a la administración y pago de los derechos y obligaciones
pensionales antes mencionados hasta la fecha en que la UGPP las reciba y las
pensiones pasen a ser pagadas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional
FOPEP teniendo en cuenta lo previsto en el Decreto Ley 254 de 2000 y demás normas
aplicables.
Artículo 28°. Reconocimiento de pensiones. La Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, será la
competente para reconocer y administrar la nómina de las pensiones válidamente
reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales - ISS, en calidad de empleador, a los
cuales se refiere el artículo anterior. La misma entidad estará facultada para
reconocer las pensiones de los ex trabajadores del Instituto de Seguros Sociales
• ISS que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y
convencionales para adquirir este derecho o a quienes habiendo cumplido el
tiempo de servicio o cotización cumplan la edad requerida para tener dicho
derecho en los términos de las normas que les fueran aplicables. (Resaltado fuera
del texto)
Sobre el asunto, esta Corporación en sentencia del 4 de mayo de 2017, afirmó:12
[…] la Sala puede concluir que el acto que suprimió el Instituto de Seguros Sociales,
estableció competencia para la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en lo relacionado con las pensiones
que reconoció o debió reconocer la entidad suprimida en su condición de patrono en un
plazo no mayor a los nueve (9) meses siguientes a la publicación del decreto, tiempo en
el cual el ente en liquidación, seguiría desarrollando las actividades relacionadas con la
administración y pago de las obligaciones pensionales descritas.
Esta previsión normativa, debe ser entendida desde el punto de vista sustancial, porque
habilita a la resolución de asuntos pensionales en los límites temporales delimitados.
Lo anterior, queda aún más claro, si analiza el contenido de los artículos 2º y 3° del
Decreto 2011 de 201213, que establecen:
“Artículo 2°. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida
de los Afiliados y Pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de
Seguros Sociales (ISS), mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tienen en el mismo
régimen, sin que ello implique una selección o traslado de régimen del Sistema General
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 4 de mayo de 2017, radicación N.º 08001-23-33-000-2014-01565-01(1160-16)
13 Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana
de Pensiones – Colpensiones, y se dictan otras disposiciones
12
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
de Pensiones.
Artículo 3°. Operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones
• Colpensiones. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones como
administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, deberá:
1. Resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo
aquellas que habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o la
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, no se hubieren resuelto a la
entrada en vigencia del presente decreto, con excepción de lo dispuesto en el artículo 5°
del mismo.”
Puede distinguirse, que las competencias del Instituto de Seguros Sociales en materia
pensional, fueron reasignadas dependiendo su origen, esto es, si se causaron por la
relación laboral debían ser acogidas por la UGPP, mientras que si gestan por los aportes
al régimen de prima media con prestación definida, corresponderían a Colpensiones.
Finalmente, los términos consagrados en el Decreto 2013 de 2012 para la supresión
y liquidación del Instituto de Seguros Sociales, fueron modificados por los Decretos
2115 y 3000 del 27 de septiembre y 24 de diciembre de 2013, respectivamente, en
el sentido de extenderlos hasta el 28 de febrero de 2014.
2.2.2. Régimen general pensional de servidores públicos anterior a la vigencia
de la Ley 100 de 1993
Antes del 1.º de abril de 1994, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 que estableció el sistema general de pensiones, se encontraba en vigor la Ley
33 de 1985, cuya vigencia inició el 13 de febrero de 1985.
Esta última ley en el artículo 1.º estableció que el empleado oficial que sirva o haya
servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tiene
derecho a que la respectiva caja de previsión le pague una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios.
Así mismo, el parágrafo 2.° del artículo ibidem, creó un régimen de transición que
operaría bajo el cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos fácticos:
i) Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 tuviesen 15 años
de servicio al Estado tendrían derecho a la aplicación del requisito de edad que
regía en normas anteriores.
13
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
ii) Quienes tuviesen acreditados 20 años como empleados oficiales y se
encontrasen retirados del servicio en el momento en que entró a regir la citada ley
obtendrían la pensión de jubilación a los 50 años de edad en el caso de las mujeres
y 55 en el de los hombres, la cual se reconocería y pagaría de conformidad con las
normas vigentes a la fecha de retiro.
En ese orden de ideas, el régimen de transición establecido en el inciso 1.° del
parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, solo previó la posibilidad de
conservar las prerrogativas pensionales sobre edad establecidas en el régimen
anterior, esto es, en el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, a saber, 55 años si es
hombre, o 50 si es mujer.
Así las cosas, quienes a corte del 13 de febrero de 1985, fecha en la que entró en
vigencia la Ley 33 de 1985, acrediten 15 años de servicios continuos o discontinuos,
tendrán derecho a pensionarse cuando alcancen la edad anotada. Lo anterior, con
la precisión de que en lo referente a los demás requisitos deberá observarse lo
previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, es decir, 20 años de servicios continuos o
discontinuos y una tasa de reemplazo equivalente al 75% del promedio de los
salarios devengados en el último año de servicio, con inclusión de los factores
salariales enlistados en la mencionada Ley 62 de 1985 y que hayan sido objeto de
cotización.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
El 3 de septiembre de 1937, nació el señor Jaime Lindo Torrijos, según consta en
su cédula de ciudadanía.14
14 Folio 11. Igualmente, la Sala realizó consulta en el registro único de afiliados -RUAF-, constatando
que el demandante se encuentra activo en el sistema general de seguridad social de salud.
https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx
14
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
Se presentaron ante la entidad demandada los siguientes certificados de tiempo de
servicios del señor Lindo Torrijos:15
ENTIDAD LABORÓ DESDE HASTA DÍAS
HOSPITAL DE BUENAVENT (sic) 19691117 19820930 4701
INST DE SEGUROS SOCIALES (sic) 19700105 19780119 2937
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESAR (sic) 19720627 19730930 461
87654321 SENA (sic) 19740414 19741206 237
1 PUERTOS DE COLOM (RETIRADO) (sic) 19740415 19781031 1661
87654321 SENA (sic) 19760318 19770125 314
HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL 19821001 19821215 76
INST DE SEGUROS SOCIALES (sic) 19821215 19830430 137
INST DE SEGUROS SOCIALES (sic) 19830501 19830731 92
INST DE SEGUROS SOCIALES (sic) 19830801 19840831 397
INST DE SEGUROS SOCIALES (sic) 19840901 19840930 30
INST DE SEGUROS SOCIALES (sic) 19841001 19850831 335
ICSS ADMINISTRACIÓN NAL (sic) 19870616 19910501 1416
Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 7.295 días laborados,
correspondientes a 1.042 semanas.
El 7 de junio de 1991, el ISS emitió la Resolución 00002669,16 a través de la cual
ordenó el pago de unas prestaciones sociales a favor del señor Jaime Lindo Torrijos,
como consecuencia de la aceptación de la renuncia al cargo de jefe de oficina
nacional, clase I, dedicación completa, de la Oficina de Evaluación de Calidad de la
referida institución, a partir del 1.º de mayo de 1991. De esta manera, se señaló
que teniendo en cuenta que el cargo de jefe de oficina estaba clasificado como
funcionario de la seguridad social, le era aplicable el Decreto 1653 de 1977 para
efectos de liquidación de prestaciones sociales.
Así las cosas, el acto en comento dispuso que el salario base para la liquidación
ascendería a la suma de $ 687.688, conformado por la asignación básica mensual,
la prima de servicio y la prima de vacaciones. En consecuencia, ordenó el pago a
favor del demandante de la suma de $ 3.415.043, previas las deducciones de ley,
por concepto de prestaciones sociales.
El 13 de septiembre de 2012, el jefe del Departamento Nacional de Selección y
15 Consta en la parte motiva de la Resolución GNR 390536 de 7 de noviembre de 2014, folios 27
reverso y 28.
16 Folios 12 al 14.
15
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
Administración de Personal del ISS, certificó que el actor, a la fecha del retiro del
servicio, ocupó el cargo de jefe de Oficina de Evaluación de Calidad, el cual estaba
clasificado como funcionario de la seguridad social.17
El 17 de junio de 2013, COLPENSIONES expidió la Resolución GNR 131305,18 mediante
la cual reconoció al señor Jaime Lindo Torrijos una pensión de jubilación, en
condición de beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y en los
términos de la Ley 71 de 1988, a partir del 21 de septiembre de 2008. Para tal efecto,
la entidad demandada señaló que el señor Lindo Torrijos acreditaba 1.042 semanas
de servicios y 75 años de edad. Así mismo, tomó una tasa de reemplazo del 75 %,
dio aplicación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuanto a la determinación del
IBL, y se extrae que los factores salariales a tener en cuenta fueron los consagrados
en el Decreto 1158 de 1994.
Por otro lado, se determinó que en cumplimiento del fallo de tutela de 20 de marzo
de 2013, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, se procedía a
reconocer la pensión de jubilación a favor del actor.
Finalmente, se dijo que la referida prestación estaría a cargo de las siguientes
entidades:
Entidad Días Valor cuota
Ministerio de Ambiente 76 $25.334.00
Departamento del Valle del Cauca 2.103 $701.014.00
Colpensiones 5.116 $1.705.367.00
El 28 de abril de 2014,19 como consecuencia de una solicitud de revocatoria directa
interpuesta por el señor Lindo Torrijos contra la Resolución GNR 131305 de 2013,
COLPENSIONES emitió la Resolución GNR 142971, a través de la cual negó lo
pretendido. Fundamentó su decisión en que en el expediente administrativo no se
acreditó su calidad de funcionario de la seguridad social, conforme a lo señalado en
el Decreto 1653 de 1977, pese a que contaba con el tiempo y edad necesarios para
el reconocimiento de una pensión de jubilación al tenor de aquella norma.
17 Folio 16.
18 Folios 8 al 10.
19 Folio 21.
16
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
El 14 de mayo de 2014, el señor Lindo Torrijos elevó «queja y reclamación»20 ante
COLPENSIONES con el fin aclarar que no le era aplicable la Ley 100 de 1993, porque
consolidó el estatus jurídico pensional el 3 de septiembre de 1992. Adujo que su
situación fáctica debía ser adecuada a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 o en el
Decreto 1653 de 1977, en su integridad; igualmente, solicitó que para efectos de
reliquidar la pensión de jubilación se tomara como base el salario del último año de
servicio que tuvo en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales por
parte del ISS en la Resolución 00002669 de 1991, esto es, $ 667.688, y finalmente
pretendió el pago de intereses moratorios.
El 7 de noviembre de 2014, COLPENSIONES profirió la Resolución GNR 39053621 a
través de la cual resolvió la reclamación arriba referida y en ese sentido, decidió
reliquidar la pensión de jubilación del actor, a partir del 21 de septiembre de 2008.
La autoridad administradora pensional consideró que aquel acreditó 1.042 semanas
de servicio público y 77 años de edad y que adquirió el estatus jurídico pensional el
«1.º de abril de 1994» (sic), razón por la cual dio aplicación al Decreto 3135 de 1968,
al artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 y frente a los factores salariales dio observancia
al artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.
Así, el acto referido determinó que la prestación debía reliquidarse tomando el 75 %
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio, es decir, los factores salariales certificados por el ISS desde el «1.º de mayo
de 1990 hasta el 30 de abril de 1991» (sic), teniendo en cuenta que le fue aceptada
la renuncia al cargo, a partir del 1.º de mayo de 1991.
Por otro lado, señaló que el Decreto 1653 de 1977 no era aplicable a la situación
fáctica del demandante, porque no cumplió con 20 años de servicio exclusivos al
ISS, como le fue indicado por error en la Resolución GNR 142971 de 2014, y tampoco
fue incorporado a una empresa social del Estado, ya que estas se crearon con
posterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993.
20
Se observa que en la solicitud no obra sello de radicado y recibido por parte de COLPENSIONES.
Folios 23 al 25. Sin embargo, consta en la parte motiva de la Resolución GNR 390536 de 2014 que
el 14 de mayo de 2014, el hoy demandante radicó aquel escrito, folio 27.
21
Folios 27 al 31.
17
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
Finalmente, señaló que la prestación estaría a cargo de las siguientes entidades:
Entidad Días Valor cuota
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 153 $62.859.00
Departamento del Valle del Cauca 2.871 $1.179.530.00
Colpensiones 4.271 $1.754.711.00
El 26 de noviembre de 2014, el señor Lindo Torrijos interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación22 contra la Resolución GNR 390536 de 2014, con el fin de
solicitar la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos del Decreto 1653
de 1977.
El 5 de septiembre de 2017, el director de Prestaciones Económicas de
COLPENSIONES emitió el Oficio BZ 2017_8776353, a través del cual informó que la
liquidación de la pensión de jubilación del señor Lindo Torrijos se realizó de
conformidad con lo establecido en el Decreto 3135 de 1968 y que se tuvieron en
cuenta los factores salariales de asignación básica y horas extras, devengados en
el último año de servicios comprendido entre 1990 y 1991.23
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
En primera medida, la Sala advierte que los motivos de inconformidad del recurrente
consisten en que la entidad demandada al momento de realizar la reliquidación de
su pensión de jubilación, no aplicó el Decreto 1653 de 1977 y/o la Ley 33 de 1985,
y de igual manera al liquidar la prestación, en su condición de funcionario de la
seguridad social del ISS, no tuvo en cuenta todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio. Esta actuación, a su juicio, desconoce que no es
beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, ya que adquirió el estatus jurídico pensional antes de la entrada en vigencia
de dicha norma.
Pues bien, respecto al primer problema jurídico planteado, esto es, frente a la
aplicación, para efectos pensionales, del Decreto 1653 de 1977, mientras el actor
fue funcionario de la seguridad social en el Instituto de Seguros Sociales, de
acuerdo a lo expuesto en el acápite del marco normativo de esta providencia,
22 Folios 37 al 39.
23 Folios 163 al 168.
18
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
cuando se ordenó la supresión y posterior liquidación del ISS, se confirieron
expresamente a la UGPP competencias relacionadas con el reconocimiento de ese
tipo de prestación; mientras que si se gestan sobre los aportes al régimen de prima
media con prestación definida, corresponderían a COLPENSIONES.
Sobre el asunto, esta Corporación en sentencia del 4 de mayo de 2017, afirmó:24
Frente a las conclusiones obtenidas en líneas anteriores, es evidente que estamos ante
una pensión reconocida por el extinto Seguro Social por la obligación pensional del
Instituto de Seguros Sociales como patrono, y por ello, debe advertirse que al momento
de disponerse la supresión y posterior liquidación de esta entidad, se confirió
expresamente las competencias relacionadas con tales aspectos a la UGPP, para lo
cual, se dispuso de un plazo que corrió hasta el 29 de junio de 2013, conforme al ya
citado artículo 27 del Decreto 2013 de 2012.
De suerte que antes de ese límite, las solicitudes pensionales causadas por la relación
laboral entre el Instituto de Seguros Sociales (Patrono) y sus empleados, debieron ser
resueltas por la entidad en proceso de liquidación; mientras que las posteriores
inexorablemente hacen parte de la nueva orbita competencial en cabeza de la UGPP.
Esta situación, no se alteró con las prórrogas dispuestas por los Decretos 2115 y 3000
del 27 de septiembre y 24 de diciembre de 2013, respectivamente, que únicamente
alteraron el plazo señalado para el proceso liquidatorio de la entidad, que en todo caso,
se llevó hasta el 28 de febrero de 2014.
Concluye la Sala, que cuando se agotó la vía gubernativa para efectos de la reliquidación
pensional, esto es, el 21 de mayo de 2014, los asuntos pensionales causados por la
relación laboral existente entre el Instituto de Seguros Sociales y sus funcionarios de la
seguridad social, eran completa responsabilidad de la UGPP.
[…] Debe mencionarse, que esta situación no encuadra dentro de las atribuciones de
vinculación que tiene el juez para integrar el contradictorio a través de la figura del
litisconsorcio necesario, como quiera que el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho como instrumento de sometimiento de la actividad
administrativa al imperio de la ley, exige del requisito de la decisión previa por parte de
la autoridad, sin el cual, es imposible el control de legalidad para el que está instituido la
jurisdicción.
Sin embargo, debe señalarse que considerando lo que la jurisprudencia de ésta
Corporación25 ha señalado sobre la falta de legitimación material en la causa26, y por la
naturaleza imprescriptible del derecho que se está invocando en esta demanda, la parte
actora agotando los presupuestos procesales, podrá si a bien lo tiene requerir de la
UGPP, la resolución del tema de la reliquidación de su pensión, entendiendo que los
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 4 de mayo de 2017, radicación 08001-23-33-000-2014-01565-01(1160-16).
25 Sentencia del 8 de febrero de 2017, subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente 41687.
26 la falta de legitimación en la causa no constituye una excepción que pueda enervar las
pretensiones de la demanda, sino que configura un presupuesto para que se pueda proferir sentencia
estimatoria, en el entendido de que, si no se encuentra demostrada tal legitimación, el juez no puede
acceder a las pretensiones.
19
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
razonamientos de esta providencia no implican que carezca de tal derecho.
Así, concluye la Sala que cuando se interpuso la reclamación administrativa el 14
de mayo de 2014, los asuntos pensionales causados por la relación laboral existente
entre el Instituto de Seguros Sociales y sus funcionarios de la seguridad social, eran
responsabilidad de la UGPP. En consecuencia, si lo que pretende el actor es la
aplicación del Decreto 1653 de 1977, para efectos de lograr la reliquidación
pensional, le corresponde elevar petición ante esta última autoridad, que es
competente para resolver las solicitudes pensionales causadas por la relación
laboral entre el Instituto de Seguros Sociales, como empleador.
Por lo tanto, al resolver de forma negativa el primer problema jurídico, la Sala a
continuación abordará el segundo problema jurídico planteado.
En ese hilo argumentativo, frente a lo relacionado con la aplicación subsidiaria de la
Ley 33 de 1985, es preciso señalar que si bien el acto censurado afirmó que la fecha
de la adquisición del estatus jurídico pensional del actor data el «1.º de abril de
1994» (sic), lo cierto es que aquella corresponde al 3 de septiembre de 1992, esto
es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, cuando cumplió 55 años
de edad, ya que los 20 años de servicio público los completó con anterioridad, pues,
como se determinó en el acto reprochado, para el 1.º de mayo de 1991, el actor
contaba con 7.295 días laborados, equivalentes a 1.042 semanas.27
No obstante lo anterior, la entidad demandada dio aplicación al Decreto 3135 de
1968, en cuanto a la edad, y en lo referente a lo demás observó lo previsto en las
Leyes 33 y 62 de 1985, a saber, 20 años de servicio al Estado, continuos o
discontinuos y una tasa de reemplazo equivalente al 75 % del promedio de los
salarios devengados en el último año de servicio, con inclusión de los factores
salariales enlistados en la mencionada Ley 62 de 1985 y que hubieren sido objeto
de cotización.
En efecto, la Resolución GNR 390536 del 7 de noviembre de 2014 dispuso, entre
otras cosas, lo siguiente:28
27 Folio 28.
28 Folios 28 reverso y 29.
20
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[…] Que para efectos de liquidar la presente prestación, se tendrá en cuenta lo
establecido en el citado artículo 1 de la Ley 33 de 1985, incluyendo como ingreso base
de cotización, los factores salariales establecidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
[…] Que para la reliquidación de la prestación se basó teniendo en cuenta los factores
salariales allegados por el señor LINDO TORRIJOS JAIME (sic), certificados por el
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES para el último año periodo (sic) comprendido
entre el 01 de mayo de 1990 a el (sic) 30 de abril de 1991.
Así mismo, la entidad demandada mediante Oficio BZ 2017_8776353 de 2017,
informó que la liquidación de la pensión de jubilación del señor Lindo Torrijos se
realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto 3135 de 1968 y que se
tuvieron en cuenta los factores salariales de asignación básica y horas extras,
devengados en el último año de servicios comprendido entre 1990 y 1991.29
De ahí que la Sala advierte que COLPENSIONES no aplicó el régimen de transición
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al momento de reliquidar la
pensión de jubilación del actor, porque, se insiste, adecuó los requisitos de edad y
tiempo de servicios del régimen anterior a dicha norma, esto es, 55 años de edad y
20 años de servicios y tomó una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de los
factores salariales devengados y cotizados en el último año de servicio.
Por su parte, el demandante advierte que el salario base promedio que fue tenido
en cuenta por el extinto Instituto de Seguro Social en la Resolución 00002669 de
1991,30 ascendía a la suma de $ 687.688, el cual estaba conformado por la
asignación básica mensual y las primas de servicio y de vacaciones. De esta
manera, afirma que debe incluirse en la reliquidación pensional pretendida, aquellos
factores.
Al respecto, es preciso señalar que los factores salariales a tener en cuenta en la
liquidación las pensiones de jubilación regidas por la Ley 33 de 1985 y por el
régimen de transición contenido en el parágrafo 2.° de dicha norma, son los
contenidos en la Ley 62 de 1985, a saber: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
29 Folios 163 al 168.
30 Mediante la cual se ordenó el pago de unas prestaciones sociales.
21
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Demandante: Jaime Lindo Torrijos
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio,
sobre los cuales se hayan efectuado los respectivos aportes.
Sobre el asunto, esta Subsección en sentencia del 17 de marzo de 2022, sostuvo
lo siguiente:31
[…] En esos términos, quienes, al 13 de febrero de 1985, fecha en la que entró en
vigencia la Ley 33 de 1985, acrediten 15 años de servicios continuos o discontinuos,
tendrán derecho a pensionarse cuando acrediten 55 años de edad si es varón, o 50 si
es mujer, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968. Con la precisión de
que en lo que respecta a los demás requisitos deberá observarse lo previsto en las Leyes
33 y 62 de 1985, a saber, 20 años de servicios continuos o discontinuos y una tasa de
reemplazo equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año
de servicios, con inclusión de los factores salariales enlistados en la mencionada Ley 62
de 198532 y que hayan sido objeto de cotización33. (Subrayado original del texto).
Así, los factores salariales devengados por el actor en el último año de servicio
(1990-1991) y que fueron tomados por la entidad demandada para la liquidación de
la prestación corresponden a la asignación básica y a las horas extras. De este
modo, COLPENSIONES atendió la correspondencia que debe existir entre los factores
descritos en la Ley 62 de 1985 y aquellos sobre los cuales se realizaron las
correspondientes cotizaciones.
Por tanto, no le asiste razón al recurrente en la objeción planteada frente a la
decisión de primera instancia, porque no es procedente la reliquidación pensional
reclamada con la inclusión de las primas de servicios y de vacaciones, toda vez que,
como quedó visto, por un lado, no fueron certificadas por el empleador como
emolumentos devengados en el último año de servicios y que sobre ellas se
hubieren efectuado cotizaciones (según lo establecido en el Oficio BZ
2017_8776353 de 2017) y, por el otro, no se encuentran contempladas en la Ley 62
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 17 de marzo de 2022, radicado N.º 76001 23 33 000 2017 00102 01 (1629-2021).
32 «ARTÍCULO 1°. […] la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del
empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán
sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.».
33 Posición avalada en la sentencia de 02 de diciembre de 2019, emitida por esta Sala de Decisión
de la Subsección A, dentro del proceso radicado: 41001-23-31-000-2011-00419-01 (2660-2015). C.P
Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
de 1985, pues la pensión de jubilación regulada en la Ley 33 de 1985, solo permite
el cómputo de los factores regulados en aquella norma.
En ese orden, la pensión de jubilación reconocida al actor debía ceñirse al período
de liquidación y a los factores sobre los cuales realizó aportes, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985; lo cual fue observado por la entidad
demandada.
Finalmente, pese a que el actor pretende el reconocimiento y pago de intereses
moratorios causados desde el 21 de septiembre de 2008 hasta el 31 de mayo de
2013, «fechas de causación y de pago de su Pensión de Vejez»;34 esa pretensión
deriva de la no inclusión, por parte de la entidad demandada, de todos los factores
devengados en el último año de servicios que, en su sentir, debían hacer parte de
la liquidación de su pensión de jubilación; sin embargo, como se estudió con
antelación, tal pretensión no tuvo acogida y no se accederá a la inclusión de factores
diferentes a los ya tenidos en cuenta en su prestación.
En todo caso, la Sala analizará si hay lugar al reconocimiento de los intereses
solicitados. En ese sentido, se observa que el acto de reconocimiento pensional se
expidió el 17 de junio de 2013 (Resolución GNR 131305) y la inclusión en nómina de
la prestación junto con el retroactivo, data en el período «201306», conforme consta
en el artículo segundo del referido acto.
Pues bien, es preciso aclarar que la obligación de pagar intereses moratorios en los
términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993,35 surge a partir del acto
administrativo del reconocimiento pensional y no antes, como en reiteradas
oportunidades lo ha señalado esta Subsección, a saber:36
[…] Ahora bien, se tiene que los intereses moratorios se causan por el retraso en
el pago de las mesadas pensionales en consideración al título que las haga
exigible, esto es, el acto administrativo de reconocimiento de la prestación que
34 Folio 58.
35
Artículo. 141. Intereses de mora. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago
de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará
al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de
interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.»
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 3 de diciembre de 2020, expediente: 25000-23-42-000-2016-04672-01(3170-2019).
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Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
determine el monto y periodicidad de dichos pagos, pues en ese momento nacería
la obligación de pagar, y en caso de retardo en el desembolso se causaría la mora,
situación que no sucede en el presente caso […]. (Resaltado fuera del texto).
Así mismo, esta Sala ha sostenido lo siguiente:37
Realizada la anterior precisión, la Subsección considera necesario resaltar que de
conformidad con el citado artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el reconocimiento de los
intereses de mora tiene aplicación en los casos en los que el pago de las mesadas
pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la prestación a
quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es una negativa de la entidad
a efectuar el pago, tal y como lo ha considerado en otras oportunidades esta
Corporación.
Bajo este entendido, es claro entonces que no es procedente el reconocimiento de
intereses moratorios sobre las mesadas causadas con anterioridad al
reconocimiento pensional, es decir sobre el retroactivo consolidado a partir de la
fecha en que se causó el derecho hasta la ejecutoria del acto que lo reconoció.
(Resaltado fuera del texto).
Por lo expuesto, no es procedente el reconocimiento de intereses moratorios
conforme lo pretende el demandante.
En suma, frente al segundo problema jurídico planteado, contrario a infringir las
disposiciones contenidas en el Decreto 3135 de 1968 y en las Leyes 33 y 62 de
1985, la entidad demandada al realizar la reliquidación de la pensión de jubilación
del actor dio cumplimiento estricto al ordenamiento jurídico reseñado, por lo que se
impone confirmar la sentencia emitida por el a quo, por las razones expuestas.
3. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201638, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 23 de agosto de 2018,
radicación número: 50001-23-33-000-2014-00523-01(1543-16).
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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Radicación: 76001 23 33 000 2015 00262 01 (1674-2021)
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de la
participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se
tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1.º y
8 del artículo 365 del Código General del Proceso,39, a Sala condenará a la parte
demandante al pago de las costas de segunda instancia, por haberse confirmado
íntegramente la sentencia del inferior y teniendo en cuenta la gestión que realizó la
entidad demandada al presentar alegatos de conclusión en segunda instancia.
4. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, se concluye que el demandante no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto administrativo reprochado, por lo que se impone confirmar la
sentencia emitida por el a quo el 28 de febrero de 2020, por las razones expuestas
en este proveído.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
39 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…) 8. Solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Demandante: Jaime Lindo Torrijos
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, en el
proceso promovido por el señor Jaime Lindo Torrijos contra la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la entidad
demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen y háganse las anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
26
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