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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00275-01

Nivelación salarial de docente territorial

Fecha
8 de julio de 2021
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00275-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 31 de enero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Alba Luz Buitrago Parra contra el Municipio de Santiago de Cali. Segundo: Sin condena en costa en esta instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2015-00275-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

8 de julio de 2021

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – Noción / LEGITIMACIÓN FORMAL Y LEGITIMACIÓN MATERIAL – Distinción

La legitimación en la causa entendida como la vocación válida para ser demandante o la pertinencia necesaria para ser demandado en un proceso judicial, puede ser analizada tanto desde una perspectiva formal como material. Particularmente, en lo que respecta a esta figura vista según el extremo pasivo del litigio a partir de la primera arista descrita, debe indicarse que básicamente esta se circunscribe a la verificación de que la persona natural o jurídica que es llamada a juicio por el o la libelista como presunta responsable de la vulneración o desconocimiento de una prerrogativa cuyo restablecimiento pretende, o bien, frente a quien se alega la comisión de un daño antijurídico resarcible, efectivamente tiene la capacidad o la personería jurídica para ser parte en un proceso judicial de manera autónoma como titular del derecho de defensa y contradicción. (…). En punto a la mentada legitimación formal en la causa por pasiva de la autoridad demandada, en el caso concreto no es necesario ahondar en su demostración, debido a que el Municipio de Santiago de Cali como entidad territorial, al tenor de los artículos 286 y 287 de la Constitución Política , es autónoma en virtud de la figura de la descentralización, por lo que detenta personería jurídica y capacidad de autogestión administrativa y financiera para ejercer su derecho de defensa por sí misma ante cualquier tipo de imputación en sede judicial, mientras esté debidamente representada como en efecto lo es en el sub examine, pues aquella le confirió poder a un abogado para que velara por sus intereses en desarrollo de esta causa de nulidad y restablecimiento del derecho (ver folio 148). Ahora bien, por otro lado, en lo tocante a la legitimación en la causa por pasiva material o sustancial, que en efecto es la que constituye el objeto de estudio en la sentencia y especialmente en esta instancia debido a los reparos impugnativos de la apelación interpuesta por la parte demandada, se puntualiza que aquella debe ser comprendida como el vínculo inescindible que se presenta entre los hechos y las pretensiones de la demanda y el sujeto procesal a quien se le atribuye la decisión administrativa cuestionada o la conducta de acción u omisión que derive en presunta responsabilidad del Estado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la legitimación en la causa, ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de marzo de 2018, radicación: 0849-13.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 180 NUMERAL 6 / LEY 43 DE 1975 / LEY 715 DE 2001

NIVELACIÓN SALARIAL DE DOCENTE TERRITORIAL / DOCENTE REMUNERADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – Es territorial / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL – Improcedencia

El municipio de Santiago de Cali se encuentra legitimado materialmente en la causa por pasiva frente a la pretensión de nivelación salarial formulada por la demandante, habida cuenta de que debido al proceso de descentralización de la educación pública, al margen de que los recursos para el financiamiento de la planta de personal de dicho sector se deriven de la Nación a través del Sistema General de Participaciones, lo cierto es que en virtud de la autonomía que se predica de los entes territoriales como el demandado para la administración y manejo de sus funcionarios en calidad de empleador, toda actuación o manifestación que genere controversia en punto a sus competencias y atribuciones como lo es la asignación de actividades y labores de los servidores del sector educativo, necesariamente se relaciona con sus facultades y potestades normativas que lo harían responsable directo ante una condena cuando prosperan este tipo pedimentos de equiparación remunerativa como la reclamada por la demandante.

NIVELACIÓN SALARIAL – Procedencia / ERROR DEL DEMANDANTE EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS CUYA HOMOLOGACIÓN SE PRETENDE – No afecta la pretensión de nivelación salarial / EXCESO RITUAL MANIFIESTO

Si bien la libelista no señaló explícitamente que el cargo objeto de confrontación con el de su nombramiento sería el de secretaria, código 440, grado 05, lo cierto es que sí mencionó de manera abstracta que su pretensión en lo que respecta a la nivelación salarial, era frente al empleo de «secretaria», el cual particularmente denominó como «secretaria académica» según la propia certificación del rector de la Institución Educativa Evaristo García (folio 11). Por esta razón, no es posible asentir que se presenta una falta de coherencia o precisión de las pretensiones que impidiera emitir pronunciamiento de fondo sobre lo reclamado, o que incluso sea suficiente para negar tal pedimento solo con base en ese supuesto, dado que tanto para la parte demandada como para el juez, es claro que el extremo con el cual se busca una equiparación en términos remunerativos, es el que se ajuste en la planta de personal de la entidad territorial, al de secretaria con base en las funciones que alega y demuestre que cumplió. (…). El hecho de que la libelista hubiese deprecado la nivelación salarial y el pago de las diferencias de remuneración entre el cargo de auxiliar de servicios generales, grado 01 y el de «secretaria académica», el cual no se encuentra integrado bajo tal denominación específica en la planta de personal de la entidad demandada, sino conforme a la nomenclatura de «secretaria, grado 05», no conlleva la denegación de las pretensiones. Ello, habida cuenta de que asentir lo propio sería un exceso ritual manifiesto basado en el formalismo y la literalidad de lo deprecado en la demanda, cuando lo cierto es que la falta de correspondencia exegética de una denominación puntual y con el grado específico de un empleo en la estructura orgánica de la entidad, no supone necesariamente la inexistencia de una plaza asimilable a la genérica que se hubiese esbozado en el libelo, con base en la cual se permita la comparación con fines de equiparación remunerativa. Así como tampoco enerva la prevalencia de una realidad fáctica demostrada como la relativa a que la señora Buitrago Parra cumplió funciones impropias a las del empleo de auxiliar de servicios generales para el cual había sido nombrada, aspecto que en todo caso no fue objeto de apelación ni controversia por parte de la entidad territorial demandada, por lo que se convalidó el análisis efectuado al respecto por parte del a quo.

CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo valorativo / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de intervención de la contraparte en el trámite de la apelación

La condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que, tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público. (…). En el presente caso no se condenará en costas de esta instancia a la entidad apelante, en la medida que, a pesar de haber resultado vencida en esta oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP, no es posible la comprobación de dicha carga, en tanto la parte demandante no intervino en el presente trámite de acuerdo con la constancia secretarial visible a folio 354 del plenario. NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la condena en costas en los procesos tramitados por la Ley 1437 de 2011, ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, radicación: 1291-14, C.P.: William Hernández Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 76001-23-33-000-2015-00275-01(1816-17)

Actor: ALBA LUZ BUITRAGO PARRA

Demandado: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-141-2021

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Alba Luz Buitrago Parra en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 65 a 67)

Que se declare la nulidad del Oficio 4143.3.10.2277 del 30 de abril de 2014, en virtud del cual el Municipio de Santiago de Cali negó la solicitud de nivelación salarial formulada por la demandante con el fin de que se reconociera y pagara la diferencia remunerativa entre el cargo de auxiliar de servicios generales para el que había sido nombrada y el de secretaria académica cuyas funciones ejerció materialmente.

Que como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad territorial demandada efectuar la nivelación salarial y prestacional que resulte entre el empleo de auxiliar de servicios generales y el de secretaria académica que ejerce de hecho la señora Buitrago Parra desde el 1.° de mayo de 2005 al servicio de la Secretaría de Educación del Municipio de Santiago de Cali.

Conforme con lo anterior, deprecó igualmente que se condene a dicha autoridad al pago de las diferencias remunerativas que se generan de aquella comparación con los respectivos reajustes sobre los demás emolumentos percibidos por la demandante, así como en lo atinente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social, esto a partir de la mentada fecha y hasta que deje de desempeñarse en la plaza referida.

Que las sumas adeudadas resultantes de esta orden sean abonadas de forma retroactiva y actualizadas de conformidad con el artículo 187 del CPACA. Y se imponga a la demandada realizar los giros de las cotizaciones a las entidades de previsión respectivas y que esta se condenada en costas.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 67 a 72)

La señora Alba Luz Buitrago Parra fue vinculada por la entidad demandada mediante el Decreto 2302 del 27 de junio de 1997, con el fin de que ocupara el cargo de auxiliar de servicios generales de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Valle del Cauca, del cual tomó posesión desde el 15 de julio del año en mención.

Posteriormente, aquella fue nombrada por parte del Municipio de Santiago de Cali en el empleo de auxiliar de servicios generales de la respectiva Secretaría de Educación conforme al Decreto 0562 del 26 de noviembre de 2003, posesionada para tal efecto a partir del 15 de diciembre de dicha anualidad.

La demandante padece afectaciones de salud derivadas de un diagnóstico de fibromialgia, razón por la cual el jefe de salud ocupacional y medicina laboral del Municipio de Santiago de Cali recomendó su reubicación al interior de la planta de personal de la entidad con ciertas restricciones médicas desde el 1.° de mayo de 2005.

La entidad demandada en acatamiento de esta orden médica trasladó a la libelista a la Coordinación del Concurso de Docentes y a la Coordinación de Escalafón, ello para que desde el 1.° de mayo al 17 de julio de 2005 se desempeñara como secretaria en cada dependencia respectivamente.

Luego, mediante Comunicado 4143.3.10.1875 de julio de 2007, la mentada autoridad le informó a la señora Buitrago Parra que sería remitida a la Institución Educativa Evaristo García donde ejercería funciones como secretaria académica en cumplimiento de la recomendación médica de salud ocupacional, por lo que el rector del centro de enseñanza le asignó responsabilidades y actividades como: el diligenciamiento de los libros de matrícula, admisiones, registros académicos, recuperaciones, validaciones y actas de reuniones, así como la colaboración en la organización y ejecución de los procesos de matrícula, elaborar listas de alumnos, colaborar con los directos en la elaboración de estadísticas, organizar el archivo, elaborar certificaciones y constancias al igual que refrendarlas con su firma, y las demás que le asignara su superior funcional.

El jefe de salud ocupacional y medicina laboral a través de Oficio del 24 de agosto de 2009 determinó que las restricciones de salud para la demandante serían definitivas, por lo que, según Comunicado del 3 de agosto de 2010, la rectora de la institución referida le reiteró las funciones como secretaria académica a la señora Buitrago Parra.

El Municipio de Santiago de Cali pagó a la libelista por concepto de salario, el correspondiente a la plaza de auxiliar de servicios generales, grado 1, a pesar de que desde el 1.° de mayo de 2005 y hasta el 1.° de octubre de 2014 esta cumplió funciones propias del empleo de secretaria académica, grado 5 para quien se fijó una remuneración mayor.

La señora Alba Luz Buitrago Parra presentó petición el 10 de abril de 2014 ante la Secretaría de Educación del Municipio de Cali con el fin de que se reconociera la nivelación salarial a su favor y el consecuente pago de las diferencias remunerativas entre el cargo de auxiliar de servicios generales para el que había sido nombrada y el de secretaria académica que ejerció materialmente desde el 1.° de mayo de 2005, así como el ajuste que dicha equiparación generara sobre la liquidación de las demás prestaciones devengadas bajo el primero de los empleos en mención.

La entidad demandada negó lo deprecado por la libelista conforme al Oficio 4143.3.10.2277 del 30 de abril de 2014 y en esa misma fecha le indicó a la rectora de la Institución Educativa Evaristo García que le asignara a la señora Buitrago Parra las funciones que son inherentes a la naturaleza del empleo para el cual aquella fue nombrada.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 12 de noviembre de 2015.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] La parte demandada, al contestar la demanda, formuló como excepciones las cuales (sic) denominó: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) carencia del derecho, iii) falta de competencia constitucional y legal para acceder a lo pedido, y la iv) innominada (folios 136-137), que de la lectura de ellas, a la luz del numeral 6 del artículo 180 del CPACA, no puede decidirse en la audiencia que nos convoca, al ser objeto de pronunciamiento de fondo, si a ello hubiere lugar. […]». (Cursiva del texto original. Folio 170 y CD a folio 176 del expediente).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] El litigio se fija a través de las siguientes preguntas:

• Se contrae a examinar la legalidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 4143.3.102277 del 30 de abril de 2014, por medio del cual se negó la solicitud de reconocimiento y pago de las diferencias salariales a que cree tener derecho la demandante. (folio 18).

Para ello se debe establecer si el Municipio de Cali, le ha dado un tratamiento discriminatorio a la demandante, quien manifiesta que a pesar de estar nombrada como auxiliar de servicios generales cumple iguales funciones a las de los cargos antes señalados desempeñándose desde el 1° de mayo de 2005 al 1° de octubre de 2014, por lo que considera que tiene derecho a que se le otorgue la nivelación y las diferencias salariales respecto de este empleo. […]» (Folios 170 a 171 y CD a folio 176 del plenario).

SENTENCIA APELADA
(Folios 294 a 306)

El a quo profirió sentencia escrita el 31 de enero de 2017, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demandante con fundamento en las siguientes consideraciones:

El tribunal de primera instancia encontró demostrado que la demandante cumplió funciones idénticas o similares, no a las de una secretaria académica como aquella lo planteó en su demanda, sino a los de una secretaria grado 05 que efectivamente está contemplada como plaza dentro de la planta de personal del Municipio de Cali.

Para tal efecto, comparó el marco funcional de actividades desempeñadas por la libelista respecto de aquellas previstas para el mentado empleo según los Oficios 4143.3.13.260 y 4143.3.13.372, las cuales se encuentran descritas igualmente en el Decreto 0267 del 24 de junio de 2003 y en el Decreto 411.20.0062 de 2007.

Al realizar este ejercicio de contraste, aseguró que efectivamente la señora Buitrago Parra cumplió funciones propias de una secretaria, grado 05, código 440 del nivel asistencial de la entidad demandada, además que siguió las instrucciones y directrices que le impartía el rector de la Institución Educativa Evaristo García referentes a tal tipo de obligaciones como el diligenciamiento de los libros de matrícula y admisiones, el registro académico, la elaboración de listas de alumnos para los profesores, expedir y suscribir certificados y tramitar diplomas, así como organizar el archivo del establecimiento de enseñanza.

Sostuvo que si bien existía de por medio una recomendación médica respecto de las actividades que debía ejercer la demandante por estar diagnosticada con un riesgo ergonómico y psicosocial, lo cierto es que durante el traslado a la aludida institución educativa, aquella cumplió funciones que no le eran propias al cargo de auxiliar de servicios generales para el cual había sido nombrada.

Recalcó que para dar cumplimiento a la referida prescripción médico laboral relacionada con una reubicación de la libelista, el Municipio de Cali debió trasladarla a un empleo con la misma remuneración, pero no lo hizo de tal forma, sino que la conminó a desempeñar un empleo con una asignación mayor en aprovechamiento del perfil de esta para poderlo ocupar, lo cual constituye un tratamiento discriminatorio que impone ordenar el pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes en tal evento.

En cuanto al período de la nivelación acreditada, aseveró que el lapso aludido en la demanda no corresponde al demostrado, toda vez que no reposa prueba en el plenario del ejercicio material de las funciones secretariales desde el año 2005, sino que se corroboró a partir de los Oficios 4143.3.17.1782 del 18 de julio de 2007 y del 1.° de agosto de esa anualidad, de suerte que esta última data es la que podría adoptarse como el momento a partir del cual la demandante desempeñó actividades propias del cargo de secretaria, grado 05, situación que se extendió hasta el 30 de abril de 2014 según Oficio 4143.3.10.2276 remitida por el secretario de educación del ente territorial demandado a la rectora de la institución educativa en comento, con el fin de que le asignara a la señora Buitrago Parra las funciones que le correspondían según el cargo para el cual había sido vinculada, pero en atención a las recomendaciones médico laborales que aplican a su situación de salud.

Ahora bien, el a quo encontró probada de oficio la excepción de prescripción de que trata el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, toda vez que la petición en sede administrativa formulada por la libelista se radicó el 10 de abril de 2014, es decir, más de 3 años después de la exigibilidad del derecho el 1.° de agosto de 2007, de manera que se encontrarían prescritas las diferencias salariales con anterioridad al 10 de abril de 2011.

Sin embargo, aclaró que tal fenómeno no aplicaría frente al pago de los aportes a pensión que debe efectuar la entidad demandada por ser un derecho imprescriptible e irrenunciable, de suerte que esta tendría que efectuar las cotizaciones respectivas desde agosto de 2007 hasta abril de 2014, carga que igualmente le correspondería en su proporción a la señora Buitrago Parra.

Por último, consideró que en virtud del artículo 188 del CPACA en concordancia con el canon 365 del CGP, debía condenarse en costas a la parte vencida. Para ello, fijó como agencias en derecho el 1% del valor de las pretensiones de la demanda, esto conforme al Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente forma: i) declaró probada de oficio la excepción de prescripción, ii) declaró la nulidad del acto administrativo demandado, iii) condenó al Municipio de Santiago de Cali a reconocer y pagar de manera actualizada a favor de la señora Buitrago Parra, las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo devengado por esta como auxiliar de servicios generales, grado 01 y lo que correspondía al cargo de secretaria, grado 05 de la misma entidad desde el 10 de abril de 2011 hasta el 30 de abril de 2014, iv) ordenó a la demandada y a la libelista efectuar las cotizaciones a pensión en sus respectivas proporciones desde agosto de 2007 hasta abril de 2014, y v) conminó a la parte pasiva a efectuar el pago de las costas determinadas por las agencias en derecho fijadas en un 1% del valor de la condena impuesta.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 313 a 321)

La parte demandada formuló recurso de apelación contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que ésta sea revocada a fin de en su lugar se denieguen las pretensiones del libelo. Sobre el punto sostuvo que, de acuerdo con la Ley 715 de 2001, el personal docente y administrativo es financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, lo cual implica que el Gobierno Nacional en cada vigencia través del Departamento Administrativo de la Función Pública es quien tiene la facultad legal para fijar la tabla salarial de los servidores públicos al servicio del Estado, lo cual se traduce en que el municipio de Santiago de Cali no puede «[…] abrogarse atribuciones en materia de nivelación salarial cuando los recursos no son propios […]».

Bajo dicha premisa, afirmó que el artículo 21 de la Ley 715 de 2001 puntualiza específicamente que los compromisos que adquieran los entes territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones, no podrán superar el monto de la participación en educación. A su vez, el artículo 23 de la citada normativa, señala la responsabilidad disciplinaria, penal, civil y fiscal en que puede incurrir el nominador al ejecutar el presupuesto del mencionado sistema para gastos que no son de su competencia.

De otro lado, expuso que el a quo no tuvo en cuenta las pruebas decretadas de oficio dentro del proceso, que demuestran palmariamente que el empleo de secretaria académica que dice desempeñar la demandante, no existe en la planta de cargos del municipio de Santiago de Cali, tampoco los de secretaria de coordinadora de escalafón y secretaria de coordinadora del concurso docente, por lo que la sentencia recurrida vulnera los artículos 121 y 122 de la Constitución Política. Agregó que la libelista no solicitó la nivelación respecto del cargo secretaria grado 5.

En este sentido, manifestó que mal podría alegarse el cumplimiento de unas funciones que son inexistentes, pues recuérdese que la administración pública es reglada y en tratándose del aspecto funcional de los servidores mayor es la exigencia de la normativa al respecto, pues es la Constitución la que requiere la existencia de funciones detalladas en el reglamento para poder ejercer un empleo público.

Finalmente, reiteró que se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la planta de cargos de la administración central del Municipio de Cali es financiada con recursos del Sistema General de Participaciones según la Ley 715 de 2011.

En punto a la condena en costas de primera instancia, manifestó que conforme al plenario se evidencia que la oposición efectuada por el Municipio de Cali contra las pretensiones de la demanda, se fundamentó en «[…] factores prestacionales y salariales de los docentes y comprenden un marco normativo y jurisprudencial bastante amplio […]».

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal según constancia secretarial visible a folio 354 del expediente.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la respectiva alzada. En el presente caso solo presentó la impugnación vertical la parte demandada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:

¿El Municipio de Santiago de Cali carece de legitimación en la causa por pasiva frente a la pretensión de nivelación salarial formulada por la señora Alba Luz Buitrago Parra, en tanto los recursos con los que se financia el personal administrativo del sector educativo como lo es el cargo de la demandante, devienen del Sistema General de Participaciones administrado por la Nación?

¿El hecho de que la libelista hubiese deprecado la nivelación salarial y el pago de las diferencias de remuneración entre el cargo de auxiliar de servicios generales, grado 01 y el de «secretaria académica», el cual no se encuentra bajo tal denominación específica en la planta de personal de la entidad demandada, sino conforme a la nomenclatura de secretaria, grado 05, conlleva la denegación de las pretensiones al no coincidir el empleo existente en la estructura del Municipio de Santiago de Cali con el que es objeto de comparación según lo solicitado por la propia demandante?

En caso negativo y que por consiguiente se confirme la sentencia primera instancia,

¿Debió condenarse en costas de primera instancia al ente territorial demandado a pesar de que esgrimió argumentos jurídicos de oposición en contra de la demanda?

Primer problema jurídico

¿El Municipio de Santiago de Cali carece de legitimación en la causa por pasiva frente a la pretensión de nivelación salarial formulada por la señora Alba Luz Buitrago Parra, en tanto los recursos con los que se financia el personal administrativo del sector educativo como lo es el cargo de la demandante, devienen del Sistema General de Participaciones administrado por la Nación?

Al respecto, la Subsección sostendrá como tesis la siguiente: no se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la condición de demandado del municipio de Santiago de Cali, toda vez que dicha entidad territorial efectivamente es responsable por la administración de su personal adscrito a la Secretaría de Educación, esto al margen del origen de los recursos para el financiamiento de tal sector. Lo anterior se fundamenta en las siguientes consideraciones:

Sobre la legitimación en la causa y su análisis en lo atinente a la parte pasiva de la litis.

En primer lugar, es conveniente precisar el concepto de la legitimación en su sentido general, para lo cual se resalta que en auto del 18 de julio de 2019 se indicó acerca de este punto lo siguiente:

«[…] la legitimación en la causa hace referencia a la posibilidad que tiene la parte de proponer o controvertir las pretensiones planteadas en la demanda, al ser un sujeto procesal con interés, por activa o pasiva, en la relación jurídico sustancial que se ventila en el proceso. […]».
Dicha postura ha sido consolidada también por la Subsección cuando en auto del 12 de noviembre de 2020 señaló al respecto que:

«[…] La legitimación en la causa es el vínculo que existe entre los sujetos procesales frente a la pretensión; es decir, concierne a la posibilidad de formular u oponerse al reconocimiento de una situación en particular, siempre y cuando las partes cuenten «con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el proceso». […] Legitimación en la causa tiene un carácter bifronte, esta corporación ha concluido que se trata de una excepción mixta y, por lo tanto, puede proponerse como previa o de mérito, dependiendo si el debate gira en torno a la legitimación de hecho o material. En tal sentido, se ha precisado que la legitimación material, por regla general, debe desatarse en el momento de proferir la sentencia, ya que atañe a la vinculación de las partes con los hechos y las pretensiones de la demanda, para lo cual se requiere analizar los elementos probatorios que cada sujeto procesal allegue al plenario. […]». (Negrita fuera de texto).

Ahora, en la Sección, también se ha hecho un desarrollo conceptual sobre la materia, en el sentido de definir y diferenciar la legitimación en la causa, así:

«[…] La legitimación en la causa se define como un presupuesto de la pretensión o de la oposición para efectos de obtener sentencia de fondo, consistente en la facultad que otorga la ley al demandante y al accionado para perseguir judicialmente una pretensión o para responderla y contradecirla válidamente, según sea el caso. Ese concepto suele confundirse con el de interés sustancial para obrar, atinente este último al motivo serio, actual, particular y subjetivo que asiste a las partes con la finalidad de que, a través de una sentencia de fondo, se resuelvan las peticiones u oposiciones invocadas en la demanda y en su contestación. […]».

En cuanto a la naturaleza bidimensional de la referida figura jurídica, es decir, en lo que tiene que ver con sus aristas formal y sustancial, el Consejo de Estado ha manifestado que aquella: «[…] se predica en dos modalidades, una de hecho y otra material, siendo la primera la que se estructura entre las partes con la notificación del auto admisorio de la demanda, esto es, con la debida integración del contradictorio; y la segunda, la que se edifica en la relación causal entre los hechos que soportan las pretensiones y las partes. […]».

Tal como se desprende de los extractos jurisprudenciales transcritos, la legitimación en la causa entendida como la vocación válida para ser demandante o la pertinencia necesaria para ser demandado en un proceso judicial, puede ser analizada tanto desde una perspectiva formal como material.

Particularmente, en lo que respecta a esta figura vista según el extremo pasivo del litigio a partir de la primera arista descrita, debe indicarse que básicamente esta se circunscribe a la verificación de que la persona natural o jurídica que es llamada a juicio por el o la libelista como presunta responsable de la vulneración o desconocimiento de una prerrogativa cuyo restablecimiento pretende, o bien, frente a quien se alega la comisión de un daño antijurídico resarcible, efectivamente tiene la capacidad o la personería jurídica para ser parte en un proceso judicial de manera autónoma como titular del derecho de defensa y contradicción.

Igualmente, que detenta la disposición en actuaciones judiciales para conciliar los efectos y condiciones propias de la responsabilidad endilgada, y finalmente, que se encuentra debidamente representada en caso de ser requerido legalmente.

En punto a la mentada legitimación formal en la causa por pasiva de la autoridad demandada, en el caso concreto no es necesario ahondar en su demostración, debido a que el Municipio de Santiago de Cali como entidad territorial, al tenor de los artículos 286 y 287 de la Constitución Política, es autónoma en virtud de la figura de la descentralización, por lo que detenta personería jurídica y capacidad de autogestión administrativa y financiera para ejercer su derecho de defensa por sí misma ante cualquier tipo de imputación en sede judicial, mientras esté debidamente representada como en efecto lo es en el sub examine, pues aquella le confirió poder a un abogado para que velara por sus intereses en desarrollo de esta causa de nulidad y restablecimiento del derecho (ver folio 148).

Ahora bien, por otro lado, en lo tocante a la legitimación en la causa por pasiva material o sustancial, que en efecto es la que constituye el objeto de estudio en la sentencia y especialmente en esta instancia debido a los reparos impugnativos de la apelación interpuesta por la parte demandada, se puntualiza que aquella debe ser comprendida como el vínculo inescindible que se presenta entre los hechos y las pretensiones de la demanda y el sujeto procesal a quien se le atribuye la decisión administrativa cuestionada o la conducta de acción u omisión que derive en presunta responsabilidad del Estado.

Ello siempre y cuando el restablecimiento del derecho o la indemnización deprecadas se encuentren directamente ligadas en cuanto a su causa a la manifestación volitiva o de facto de la autoridad, y que por lo tanto, la materialización del resarcimiento sea viable en razón de las funciones y competencias constitucionales, legales o reglamentarias previstas para aquella.

De esta forma, se torna ostensible la clara diferenciación entre la legitimación en la causa por pasiva formal y material, pues:

i) la primera se basa en el análisis relativo a la satisfacción de una serie de requisitos atinentes a la autonomía propia del sujeto demandado para ejercer el derecho de defensa,

ii) mientras que la segunda obedece a la advertencia de una verdadera relación justificada entre los hechos y las pretensiones del libelo con la manifestación cuestionada de aquel y su posibilidad jurídica y sustancial para responder en el marco de sus competencias por el restablecimiento o la reparación reclamadas, aspecto que precisamente es materia de examen en la sentencia.

Esta última es la figura que habrá de considerarse a efectos de resolver la apelación del caso de marras, pues es uno de los puntos de debate frente a la sentencia de primera instancia.

De la supuesta falta de legitimación material en la causa por pasiva alegada por la entidad territorial demandada.

Sobre el punto, se destaca que la parte apelante como argumento principal de impugnación contra el fallo de primera instancia esgrimió que no es la autoridad llamada a responder por la condena impuesta por el a quo, dado que «[…] no corresponde al ente territorial abrogarse atribuciones en materia de Nivelación salarial ni prestacional cuando los recursos no son propios. […]».

Como fundamento de este planteamiento, adujo que la planta de personal que presta servicios a la Secretaría de Educación del Municipio de Cali fue incorporada a la entidad con la claridad de que los recursos para su financiamiento derivarían del Sistema General de Participaciones.

Bajo ese entendido, aseveró que solo el Gobierno Nacional podría definir ajustes en la remuneración de este tipo de empleados, pues la propia Ley 715 de 2001 en sus artículos 21 y 23 prohibió cualquier crecimiento en los costos operativos de los empleados del sector educativo.

Pues bien, con el ánimo de verificar las competencias y funciones que le son propias a la parte demandada en relación con los hechos y pretensiones formulados por la señora Buitrago Parra, a fin de poder determinar la viabilidad de que la primera asuma el restablecimiento del derecho deprecado en punto al pago de las diferencias salariales en virtud de la nivelación remunerativa solicitada por la libelista.

Esto es, en orden de verificar la legitimación en la causa material por pasiva del municipio prementado, resulta necesario precisar el marco normativo que regula el proceso de la descentralización del sector educativo y la consecuente asignación de responsabilidades sobre este punto a cargo de los entes territoriales.

En primer lugar, se recuerda que la Ley 43 de 1975 nacionalizó la educación primaria y secundaria que prestaban en su momento los departamentos y el Distrito de Bogotá, así como los municipios, las intendencias y comisarias. Lo propio implicaba que la responsabilidad financiera y administrativa sobre el personal vinculado para el cumplimiento de este servicio, recaería en la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional.

La ejecución de dicho proceso se fundamentó en el artículo 1.° ibídem, así:

«ARTÍCULO 1º.- La educación primaria y secundaria oficiales serán un servicio público a cargo de la Nación.

En consecuencia, los gastos que ocasione y que hoy sufragan los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios, serán dé cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley.

PARÁGRAFO.- El nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función.».

No obstante, ante la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, la cual contempla una serie de presupuestos para distribuir competencias, funciones y recursos bajo la nueva estructura político administrativa del país conforme a sus artículos 151, 288, 356 y 357, se expidió la Ley 60 de 1993, la cual dio origen, entre otros aspectos, al proceso de descentralización del servicio educativo y por consiguiente finalizó la nacionalización consagrada en su oportunidad por la referida Ley 43 de 1975.

En punto a esta nueva distribución funcional, el artículo 2.° de la primera ley en comento consagró lo siguiente:

«ARTICULO 2o. Competencias de los Municipios. Corresponde a los Municipios, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas municipales competentes, en su carácter de entidades ejecutoras principales de las acciones en materia social, dirigir, prestar o participar en la prestación de los servicios directamente, conforme a la ley, a las normas técnicas de carácter nacional, a las ordenanzas y a los respectivos acuerdos municipales, así:

1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las disposiciones legales sobre la materia:

• Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica primaria y secundaria y media.
• Financiar las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar su mantenimiento, y participar con recursos propios y con las participaciones municipales en la financiación de los servicios educativos estatales y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos.
• Ejercer la inspección y vigilancia, y la supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales.».

Con base en este mandato legal, se determinó que la Nación trasladaría a los municipios los bienes, el personal y los establecimientos educativos que se encontraban inicialmente a su cargo, de manera que, en razón de estas previsiones normativas, aquellas asumieran directamente la dirección y administración de tales recursos.

Con el fin de concretar el mentado proceso de descentralización, el cual a su vez conllevaba un ajuste de las plantas del personal administrativo que ya prestaban sus servicios en las instituciones educativas adscritas a la Nación, se advierte que dichos funcionarios serían incorporados a las estructuras departamentales, distritales y municipales, siempre y cuando se efectuara la homologación de cargos. Lo propio suponía entonces que, las entidades territoriales tendrían que ajustar su esquema orgánico en atención a sus necesidades específicas para dar cumplimiento a los fines del servicio educativo público.

En todo caso, lo cierto es que para consolidar este proceso, la inclusión de servidores en la nueva planta de los diferentes territorios, debía verificar múltiples factores de influencia directa en la relación legal y reglamentaria como la nomenclatura y clasificación de los empleos, las funciones a asignar según los distintos manuales fijados por cada entidad, los requisitos para ocupar las respectivas plazas y la determinación de los salarios de acuerdo con los límites constitucionales y legales para tal efecto, situación que evidenciaba el respeto por la autonomía administrativa que se predica de los departamentos, distritos y municipios en virtud del artículo 287 superior.

Por último, aún en desarrollo de la consolidación del sector educativo descentralizado, se expidió la Ley 715 de 2001, la cual definió puntualmente las competencias, características y condiciones con base en las cuales se estructuraría la distribución de recursos derivados del Sistema General de Participaciones (anteriormente conocido como situado fiscal), esto para la prestación de servicios a cargo del Estado, entre aquellos, la educación. En punto a lo expuesto, el artículo 1.° de la norma ejusdem prevé lo siguiente en materia de naturaleza jurídica del mentado sistema:

«Artículo 1°. Naturaleza del Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley.»

Ahora, como se precisó con anterioridad, la legitimación en la causa material por pasiva requiere la verificación del marco de competencias contempladas normativamente para la parte demandada, en punto a su virtualidad jurídica y sustancial para responder por sus propias manifestaciones volitivas (actos administrativos) o factuales (hechos u omisiones administrativas) que sean cuestionadas judicialmente, ello en la medida en que se advierta una relación causal entre estas, los hechos y pretensiones de la demanda, y las fórmulas de restablecimiento del derecho o reparación deprecadas.

Pues bien, en la apelación del Municipio de Santiago de Cali, aquel afirma que quien debe asumir la condena por concepto de nivelación salarial de la demandante es la Nación, Ministerio de Educación, en tanto la señora Buitrago Parra como empleada del ente territorial, es financiada con recursos del Sistema General de Participaciones.

Empero, al verificar el artículo 5.° de la Ley 715 de 2001, se encuentra que las facultades de la Nación en materia educativa son generales, de reglamentación, supervisión y fijación de políticas del sector, y no de empleador directo y determinador de funciones del personal docente y administrativo de las diferentes entidades territoriales, tal como se desprende del texto de la norma en cita, así:

«Artículo 5°. Competencias de la Nación en materia de educación. Sin perjuicio de las establecidas en otras normas legales, corresponde a la Nación ejercer las siguientes competencias relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural:

5.1. Formular las políticas y objetivos de desarrollo para el sector educativo y dictar normas para la organización y prestación del servicio. 5.2. Regular la prestación de los servicios educativos estatales y no estatales. 5.3. Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de inversión de orden nacional en materia de educación, con recursos diferentes de los del Sistema General de Participaciones. Con estos recursos no se podrá pagar personal de administración, directivo, docente o administrativo. 5.4. Definir, diseñar, reglamentar y mantener un sistema de información del sector educativo. 5.5. Establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la autonomía de las instituciones educativas y de la especificidad de tipo regional. 5.6. Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación. 5.7. Reglamentar los concursos que rigen para la carrera docente. 5.8. Definir, y establecer las reglas y mecanismos generales para la evaluación y capacitación del personal docente y directivo docente. 5.9. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del sector educativo en las entidades territoriales y el impacto de su actividad en la sociedad. Esta facultad se podrá delegar en los departamentos, con respecto a los municipios no certificados. 5.10. Prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales, cuando a ello haya lugar. 5.11. Vigilar el cumplimiento de las políticas nacionales y las normas del sector en los distritos, departamentos, municipios, resguardos indígenas y/o entidades territoriales indígenas. Esta facultad la podrá delegar en los departamentos, con respecto a los municipios no certificados. 5.12. Expedir la regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y otros cobros en las instituciones educativas. 5.13. Distribuir los recursos para educación del Sistema General de Participaciones, conforme a los criterios establecidos en la presente ley. 5.14. Fijar parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo estatal, estándares y tasas de asignación de personal, teniendo en cuenta las particularidades de cada región; 5.15. Definir anualmente la asignación por alumno, tanto de funcionamiento como de calidad, para la prestación del servicio educativo financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con las tipologías educativas y la disponibilidad de recursos del Sistema General de Participaciones. 5.16. Determinar los criterios a los cuales deben sujetarse las plantas docente y administrativa de los planteles educativos y los parámetros de asignación de personal correspondientes a: alumnos por docente; alumnos por directivo; y alumnos por administrativo, entre otros, teniendo en cuenta las particularidades de cada región. 5.17. Definir la canasta educativa. 5.18. En caso de ser necesaria la creación, fusión, supresión o conversión de los empleos que demande la organización de las plantas de personal de la educación estatal, los gobernadores y alcaldes deberán seguir el procedimiento que señale el Gobierno Nacional para tal fin. 5.19. Establecer los requisitos para la certificación de los municipios, y decidir sobre la certificación de los municipios menores a cien mil habitantes de conformidad con el artículo 20 de la presente ley. 5.20. Establecer incentivos para los distritos, municipios e instituciones educativas por el logro de metas en cobertura, calidad y eficiencia en el uso de los recursos. 5.21. Realizar las acciones necesarias para mejorar la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones. 5.22. Cofinanciar la evaluación de logros. A cada departamento, distrito o municipio se podrá distribuir cada tres años una suma para evaluar el logro educativo de acuerdo con la metodología que señale el Ministerio de Educación Nacional.

El 80% será financiado por la Nación y el 20% por la entidad territorial. 5.23. Las demás propias de las actividades de administración y distribución, regulación del Sistema General de Participaciones.»

De otro lado, las potestades e incluso responsabilidades inherentes a la prestación del servicio educativo por parte de las entidades territoriales, específicamente de los municipios certificados como el demandado (según Resolución 2749 del 3 de diciembre de 2002 emitida por el Ministerio de Educación), se circunscriben a las enlistadas en el artículo 7.° ibídem que reza:

«Artículo 7°. Competencias de los distritos y los municipios certificados.

7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.
7.2. Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos en la presente ley y en el reglamento.
7.3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial y trasladará docentes entre instituciones educativas, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos actos administrativos debidamente motivados.
7.4. Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de cargos, de acuerdo con las necesidades del servicio entendida como población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la materia.
7.5. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.
7.6. Mantener la actual cobertura y propender a su ampliación.
7.7. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los directivos docentes.
7.8. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la República.
7.9. Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas cuando a ello haya lugar.
7.10. Administrar el Sistema de Información Educativa Municipal o Distrital y suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que señale el reglamento.
7.11. Promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad en sus instituciones.
7.12. Organizar la prestación del servicio educativo en su en su jurisdicción.
7.13. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y cobros periódicos en las instituciones educativas.
7.14. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.22.
7.15. Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad territorial determinará la repartición organizacional encargada de esta función de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.». (Subrayado intencional).

Como se infiere de este marco normativo, en virtud del proceso de descentralización de la educación se asignaron una serie de funciones, competencias, atribuciones y calidades a los entes territoriales certificadas para que actuaran en calidad plena de empleadores de los funcionarios docentes y administrativos del respectivo sector.

Pues la naturaleza autónoma que les es inherente en punto a la gestión de las obligaciones a su cargo conforme al artículo 287 constitucional, implica en conjunto con las previsiones de la Ley 715 de 2001 que, sin desconocer las directrices generales y regulatorias que puede impartir la Nación sobre la materia, son los departamentos, distritos y municipios (como es el caso del demandado), quienes entre otros asuntos, ostentan la potestad para definir las funciones de sus empleados conforme a sus manuales específicos, así como la forma en la que estos las desarrollarán, por lo que toda situación jurídica creada por aquellos será su directa responsabilidad.

Este efecto del fenómeno de la descentralización supone que, aun cuando los recursos para financiar los gastos de la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del Municipio de Santiago de Cali se derivan del Sistema General de Participaciones, tal hecho no enerva las competencias y atribuciones propias de la entidad territorial como empleador, ni traslada tal responsabilidad a la Nación, Ministerio de Educación.

Al respecto, se destaca que en sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se aclaró que a pesar de que los recursos del Sistema General de Participaciones sean girados por la Nación a las entidades territoriales, estas deben ser consideradas como titulares de aquellos ingresos exógenos, los cuales en esencia deben administrar bajo su autonomía y para los fines determinados, lo cual desvincula al Ministerio de Educación de las relaciones legales y reglamentarias propiamente dichas que se creen con financiamiento de tal concepto. Sobre el punto se indicó lo siguiente:

«[…] En consecuencia, los recursos que antiguamente la Nación cedía por disposición constitucional a las entidades territoriales bajo las modalidades de situado fiscal para departamentos y distritos, y de participación en los ingresos corrientes de la Nación en favor de los municipios, actualmente son asignados directamente por la Constitución a todas las entidades territoriales bajo el denominado Sistema General de Participaciones, lo cual implica, como ya se dijo, que son sus titulares directos. Evidentemente estos recursos no son producidos por las entidades territoriales y en esa medida deben ser considerados exógenos, aun cuando no "recursos nacionales" [...]31. (La Sala destaca lo subrayado)

No existe duda entonces de que los entes territoriales son los «titulares directos» o propietarios de los recursos girados por la Nación que provengan del sistema general de participaciones, por cuanto le son asignados directamente por la Carta Política. […]»

En este sentido, todo restablecimiento de un derecho consecuente con las actuaciones de un ente territorial bajo la mentada naturaleza patronal, solo podría ser atribuible a esta, inclusive en mayor medida si se tiene en cuenta que el inciso final del artículo 23 de la Ley 715 de 2001, norma que el propio apelante trae a colación en su recurso, señala que: «[…] En ningún caso la Nación cubrirá gastos por personal docente, directivos docentes ni funcionarios administrativos del sector educativo, distintos a los autorizados en la presente ley.».

Lo expuesto significa que la autoridad nacional en materia educativa y conforme al marco de sus competencias y facultades, no puede asumir con fundamento en el referido Sistema General de Participaciones el costo de aspectos no regulados para tal fin, como lo sería una nivelación salarial derivada del ejercicio material de un cargo diferente al que fue nombrado un servidor.

Por lo que tampoco cabría duda de que el sujeto llamado a asumir dicha carga, tendría que ser aquel que haya ostentado la naturaleza de empleador en virtud de la cual hubiese definido actividades impropias a las de la plaza que debió desempeñar dicho empleado de acuerdo con su vinculación formal.

Con el fin de evidenciar y verificar la legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada en el caso sub lite, se advierte del material probatorio lo siguiente:

La señora Alba Luz Buitrago Parra fue nombrada por parte del Municipio de Santiago de Cali en el cargo de auxiliar de servicios generales, código 470, grado 01 de la planta de personal de la Secretaría de Educación Municipal, esto conforme al Decreto 0562 del 26 de noviembre de 2003 emitido por la alcaldía de dicho ente territorial. Para ello, esta tomó posesión del referido cargo el 15 de diciembre de 2003 según el acta 3178 de la misma fecha (folio 146).

Mediante Oficio 4211.3.4557 del 16 de agosto de 2006 dirigido a la demandante, el subsecretario para la Dirección y Administración de Recursos de la Secretaría de Educación Municipal de Cali le informó que: «[…] Dando cumplimiento a lo recomendado por el Medico (sic) Especialista en Salud ocupacional del Seguro Social. Dr, JUAN CARLOS GOMEZ (SIC) DUQUE, le comunico que a partir de la fecha, se le asigna como sitio de trabajo el área de Escalafón, por cual deberá ponerse a ordenes (sic) de la Doctora FLOR ALBA VARELA DE ESCOBAR, persona encargada del manejo de dicha oficina. […]». (Mayúscula conforme a la transcripción. Folio 5).

A través de Oficio 4143.310.1875 de julio de 2007, suscrito por el subsecretario para la Dirección y Administración de Recursos de la Secretaría de Educación Municipal de Cali, se le puso en conocimiento a la libelista que, a partir de la fecha prestaría sus servicios en la Institución Educativa Evaristo García, donde el rector en cumplimiento del artículo 10, numeral 10.9 de la Ley 715 de 2001 le reasignaría las funciones a su cargo en acatamiento de la recomendación médica de salud ocupacional (folio 7).

El rector de la Institución Educativa Evaristo García mediante oficio fechado 1.° de agosto de 2007 relaciona las funciones a realizar por parte de la señora Buitrago Parra en su calidad de «secretaria académica», entre estas:

«[…]
Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de Matrícula, Admisiones, Registros Académicos, Recuperaciones, Validaciones, Asistencia y Actas de reuniones.
Programar y organizar las actividades propias de su cargo.
Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrícula.
Elaborar las listas de los alumnos para efectos docentes y administrativos.
Mantener ordenada y actualizada la documentación de los alumnos, personal docente y administrativo.
Llevar registros de servicio de funcionarios de la Institución.
Colaborar con el Rector en la elaboración de informes estadísticos.
Gestionar ante la Secretaría de Educación el Registro de los reglamentos, certificados de estudio y tramitar los diplomas.
Organizar el archivo en forma funcional y elaborar las certificaciones y Constancias que le sean solicitadas.
Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por el Rector del plantel.
Cumplir con la jornada laboral legalmente establecido (sic).
Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su manejo.
Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. […]» (folio 9).

En el mismo sentido, se observa Oficio del 14 de agosto de 2007 dirigido al supervisor de la Secretaría de Educación Municipal por parte del rector de la Institución Educativa Evaristo García, en el cual se indicó que a la libelista se le habían asignado funciones de «secretaria académica», motivo por el cual, era necesario que se registrara su firma, puesto que una de sus actividades era la de expedir certificados y diplomas (folio 10).

Mediante certificación de fecha 28 de marzo de 2008 expedida por el rector del referido establecimiento de enseñanza pública, se indicó que la señora Alba Luz Buitrago Parra ejercía el cargo de «secretaria académica» en cumplimiento de las siguientes funciones:

«[…] Diligenciamiento de los libros de matrícula, Admisiones.
Registros Académicos, registros Validaciones, Asistencias y acta de reuniones.
Elaborar las listas de los alumnos para efectos docentes y administrativos.
Mantener ordenada y actualizada la documentación de los alumnos.
Certificados de estudios y tramitar diplomas.
Organizar el archivo en forma funcional y elaborar las certificaciones y constancias que le sean solicitadas.
Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. […]». (Folio 11).

Particularmente, al analizar el caso de la demandante en lo que respecta a la relación legal y reglamentaria sostenida con el Municipio de Santiago de Cali, se observa que quien la nombró y posesionó desde el 15 de diciembre de 2003 en el cargo de auxiliar de servicios generales, código 470, grado 01, efectivamente fue la aludida entidad territorial de manera autónoma y no en representación de la Nación, Ministerio de Educación.

Esto en la medida en que para la fecha en mención y por mandato legal desarrollado desde la expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, el sector educativo ya se encontraba descentralizado y a cargo de autoridades certificadas como la demandada, al punto de que las competencias, atribuciones y obligaciones patronales en lo que respecta a la administración de personal docente y administrativo de las secretarías de educación, solo podían entenderse consolidadas en cabeza de los distritos, departamentos y municipios como lo es en este caso la parte apelante.

Precisamente, lo que se evidencia en el sub examine es que, en razón de lo anterior, el Municipio de Cali a través de la Secretaría de Educación en ejercicio de su condición de empleador, sin que mediara concepto o pronunciamiento de la Nación, fue quien en acatamiento de una recomendación médica formulada para la señora Buitrago Parra sobre las actividades que esta podía realizar de manera restringida en desarrollo de su labor, tomó la decisión de trasladarla de puesto de trabajo para finalmente ubicarla en la Institución Educativa Evaristo García, tal como se desprende de la lectura de los Oficios 4211.3.4557 del 16 de agosto de 2006 y 4143.310.1875 de julio de 2007.

Ahora, también se demostró que el rector del mentado centro de enseñanza fue quien le asignó a la libelista una serie de funciones secretariales según el oficio del 1.° de agosto de 2007 suscrito por aquel. Incluso, dicho servidor certificó el 28 de marzo de 2008 que la demandante se desempeñaba como secretaria académica del referido establecimiento.

Al respecto, es pertinente aclarar que de acuerdo al artículo 9.° de la Ley 715 de 2001, las instituciones educativas al ser un conjunto de bienes y personas destinadas a la prestación de un servicio de aprendizaje, carecen en sí mismas de personería jurídica, por lo que, al hacer parte de la estructura administrativa de los propios entes territoriales certificados, son estos quienes las representan y asumen las obligaciones que de aquellas se desprendan.

Asimismo, si bien es misión del rector de los establecimientos en comento asignar las funciones, entre otros, del personal administrativo a su cargo de conformidad con el artículo 10, numeral 9.° de la ley ejusdem, lo cierto es que aquel no actúa por sí mismo, sino en representación y bajo la autoridad de la Secretaría de Educación del respectivo ente territorial certificado, quien es finalmente el empleador y responsable de la administración de dichos empleados debido a la ausencia de autonomía y discrecionalidad de las instituciones precitadas.

Por ello, toda actuación y consecuencia derivada de tal supuesto, necesariamente recae o repercute en las competencias, potestades y responsabilidades del respectivo distrito, departamento o municipio al que pertenezca el centro de educación pública.

Pues bien, con base en esta línea de intelección y dado que la Institución Educativa Evaristo García pertenece a la estructura de la Secretaría de Educación del Municipio de Santiago de Cali, en efecto, la discusión sobre la asignación de funciones a la demandante por parte del rector del establecimiento en mención, las cuales la primera asegura que son impropias a las del cargo de auxiliar de servicios generales para el que había sido nombrada, al punto de pretender una nivelación salarial que es el objeto de litigio en esta causa judicial; se relaciona directamente con las competencias, atribuciones y responsabilidades que legalmente le corresponden a la mentada entidad territorial como empleador de la libelista.

Por estas consideraciones, en lo atinente a la legitimación material por pasiva, se advierte la correspondencia entre los hechos y pretensiones de la demanda, el acto administrativo cuestionado proferido por el Municipio de Cali y la virtualidad fáctica y jurídica de este para ejercer el derecho de defensa en la presente controversia como demandado, al punto de eventualmente tener que responder por la condena en razón de sus actuaciones y particularmente por su manifestación volitiva de negar la nivelación salarial deprecada por la parte activa, ello si lo propio se confirma al resolver el segundo problema jurídico.

En conclusión: el municipio de Santiago de Cali se encuentra legitimado materialmente en la causa por pasiva frente a la pretensión de nivelación salarial formulada por la señora Alba Luz Buitrago Parra, habida cuenta de que debido al proceso de descentralización de la educación pública, al margen de que los recursos para el financiamiento de la planta de personal de dicho sector se deriven de la Nación a través del Sistema General de Participaciones, lo cierto es que en virtud de la autonomía que se predica de los entes territoriales como el demandado para la administración y manejo de sus funcionarios en calidad de empleador, toda actuación o manifestación que genere controversia en punto a sus competencias y atribuciones como lo es la asignación de actividades y labores de los servidores del sector educativo, necesariamente se relaciona con sus facultades y potestades normativas que lo harían responsable directo ante una condena cuando prosperan este tipo pedimentos de equiparación remunerativa como la reclamada por la demandante.

Segundo problema jurídico

¿El hecho de que la libelista hubiese deprecado la nivelación salarial y el pago de las diferencias de remuneración entre el cargo de auxiliar de servicios generales, grado 01 y el de «secretaria académica», el cual no se encuentra bajo tal denominación específica en la planta de personal de la entidad demandada, sino conforme a la nomenclatura de secretaria, grado 05, conlleva la denegación de las pretensiones al no coincidir el empleo existente en la estructura del Municipio de Santiago de Cali con el que es objeto de comparación según lo solicitado por la propia demandante?

Frente a este cuestionamiento, la Subsección desarrollará la siguiente tesis: no es viable denegar las pretensiones de la demanda bajo el único argumento de que lo reclamado expresamente por la libelista era la nivelación salarial respecto del cargo de secretaria académica que no existe en la planta de personal de la entidad, y que por lo tanto tampoco era procedente efectuar la comparación con el empleo de secretaria, grado 05 para ese mismo fin. Sobre el punto se considera lo siguiente:

Sobre el objeto concreto de análisis en casos de nivelación salarial

En primer lugar y con el fin de precisar el marco limitado de acción del ad quem en esta oportunidad, la Sala reitera que en los eventos donde la apelación en contra de una sentencia de primera instancia es parcial a través de la impugnación de una sola de las partes, sin que se reporte censura contra la totalidad de postulados abordados en el fallo, la competencia del superior se limita conforme al artículo 328 del CGP, únicamente a los argumentos de oposición e inconformidad esbozados por el recurrente, por lo que no sería dable emitir pronunciamientos respecto de otras aristas dejadas de incluir en la alzada, pues sobre tales puntos se entiende ejecutoriado tanto el estudio jurídico como la decisión primigenia.

Lo anterior se indica en tanto se observa que, el único criterio impugnativo esgrimido por el Municipio de Santiago de Cali respecto del fondo del asunto, se centra básicamente en afirmar que debían denegarse los pedimentos de la señora Buitrago Parra, en atención a que esta deprecó específicamente la nivelación salarial frente a un cargo inexistente en la entidad como lo es el de secretaria académica, cuando el empleo eventualmente asimilable era el de secretaria, grado 05, al cual la parte activa nunca hizo alusión ni referencia para solicitar la comparación y pago de diferencias remunerativas.

Bajo este entendido, la referida entidad territorial aseguró que no procedía lo solicitado por la demandante, habida cuenta de que tampoco se encuentra un par a contrastar, toda vez que según el artículo 122 constitucional, «no habrá empleo público que no contenga funciones detalladas en ley o reglamento» (ver folios 318 a 320).

Se advierte que, esta formulación de censura alegada por la entidad demandada implica que no hay objeción de su parte en lo atinente al hallazgo en primera instancia acerca de las funciones secretariales que materialmente ejerció la libelista, a pesar de que su nombramiento fue hecho para ocupar el cargo de auxiliar de servicios generales, el cual tenía una remuneración y labores diferentes.

Lo expuesto corrobora que, la entidad territorial apelante no discute ni controvierte el hecho de que la señora Alba Luz Buitrago Parra haya cumplido actividades impropias a las de la plaza de la cual tomó posesión, como tampoco se alegó que la interesada no acreditara los requisitos previstos para el cargo de secretaria, sino que se opone a que esta hubiese pretendido la nivelación salarial por ese mismo motivo, pero en comparación con un empleo que no hace parte de la planta de personal de la entidad.

Sobre el particular, la Subsección estima que tal postura argumentativa no es procedente en el asunto de marras, toda vez que al no desconocerse ni plantearse confrontación frente al presupuesto de que la demandante hubiese desempeñado funciones diferentes a las previstas para el empleo de auxiliar de servicios generales en el que había sido nombrada por la propia entidad territorial demandada, resultaría inane para denegar las pretensiones de la demanda, el hecho de que el extremo comparado para hallar lo propio no hubiese sido manifestado expresamente en el libelo bajo la denominación de secretaria, grado 05, sino como secretaria académica, además en la entidad se refería indistintamente a dicho empleo y lo importante es que la actora logró demostrar respecto de cuál cargo que sí se encontraba en la planta es que se presentó el desequilibrio salarial.

Al respecto, se recuerda que el fundamento jurídico de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que se pretende una nivelación salarial, es indispensablemente el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas y el respeto por el derecho a la igualdad bajo la premisa comúnmente conocida como: «a trabajo igual, salario igual».

Conforme a dicha intelección, si la parte activa en una causa judicial como la presente, demuestra o acredita la configuración de los mentados preceptos jurídicos, según la propia conclusión del a quo en este caso, que se reitera, no fue censurada por la autoridad demandada, resultaría irrelevante que la libelista en sus pedimentos no acierte con exactitud en la nomenclatura y clasificación exegética del cargo o el funcionario con el cual se compara para realizar el test de igualdad que la habilita a reclamar una nivelación salarial.

Ello, siempre y cuando del litigio se pueda deducir y determinar con claridad, cuál sí podría ser el empleo al interior de la entidad que comparte las características, funciones, responsabilidades, requisitos y condiciones que lo hacen asimilable al que de manera factual la demandante comprueba que ejerció.

Lo expuesto se justifica en la medida en que ante formulaciones jurídicas como las que son objeto de litigio, lo que se busca es el pago de las diferencias remunerativas entre dos funcionarios o dos cargos disímiles en tal aspecto, sin que por ello se convalide un ascenso o un nombramiento en la plaza superior.

En este sentido, la falta de precisión en la denominación completa de aquel empleo de mayor nivel jerárquico, no conllevaría per se la denegación de las pretensiones cuando se encuentra consolidada la realidad de hecho discriminatoria que prevalece sobre formalismos como el nombramiento, e incluso frente a postulados procesales como la redacción de la demanda. Asegurar ello, sería tanto como desconocer el postulado prohibitivo del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto desarrollado por la Corte Constitucional.

Al respecto, es válido resaltar que aun en el entendido de que en la demanda se incurrió en una imprecisión frente a la nomenclatura exacta del cargo de secretaria a comparar, lo cierto es que según las pruebas practicadas en primera instancia con base en las cuales el a quo evidenció que la demandante efectivamente se desempeñó en la plaza de secretaria, grado 05 de la planta de la entidad, en efecto, podía tenerse acreditado el cumplimiento de las exigencias para que procediera la nivelación deprecada, lo cual incluso cobra mayor sentido en la medida en que la entidad demandada no controvirtió aquel hecho demostrado relativo al cumplimiento de funciones diferentes a las asignadas a la libelista al momento de su nombramiento.

En el proceso sub iudice, se advierte que la señora Alba Luz Buitrago Parra además de solicitar la nulidad del acto administrativo que le negó el pago de las diferencias remunerativas en comento, también reclamó a título de restablecimiento del derecho lo siguiente: «[…] A) Efectuar la correspondiente nivelación salarial y prestacional que resulte entre el cargo de Auxiliar de Servicios Generales con el cargo de Secretaria y Secretaria académica, la cual viene ejerciendo la actora desde el 01 de mayo de 2005, al servicio de la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali. […]». (Folio 66. Resalta la Sala).

Como se aprecia, si bien la libelista no señaló explícitamente que el cargo objeto de confrontación con el de su nombramiento sería el de secretaria, código 440, grado 05, lo cierto es que sí mencionó de manera abstracta que su pretensión en lo que respecta a la nivelación salarial, era frente al empleo de «secretaria», el cual particularmente denominó como «secretaria académica» según la propia certificación del rector de la Institución Educativa Evaristo García (folio 11).

Por esta razón, no es posible asentir que se presenta una falta de coherencia o precisión de las pretensiones que impidiera emitir pronunciamiento de fondo sobre lo reclamado, o que incluso sea suficiente para negar tal pedimento solo con base en ese supuesto, dado que tanto para la parte demandada como para el juez, es claro que el extremo con el cual se busca una equiparación en términos remunerativos, es el que se ajuste en la planta de personal de la entidad territorial, al de secretaria con base en las funciones que alega y demuestre que cumplió.

Adicional a lo esbozado, es sabido que al interior de los organismos e instituciones del Estado, en muchas ocasiones el nombre de las plazas que conforman sus plantas de personal y con base en las cuales se emiten certificaciones laborales, no siempre coinciden literalmente con la nomenclatura y clasificación orgánica del empleo conforme a la regulación interna de la autoridad respectiva, esto es, con la inclusión del código y grado correspondientes que en algunas oportunidades es obviado en comunicados y demás documentación oficial.

Este hecho implica que, por ejemplo en el caso de marras, aún si se asegura que el cargo a comparar funcionalmente es el de secretaria académica y este no se encuentra consignado tal cual en el manual interno de funciones o en el organigrama de la Secretaría de Educación del Municipio de Santiago de Cali, ello no significa per se, que no exista una posición similar, semejante o asimilable a la de secretaria propiamente dicha, con la cual se pueda realizar un ejercicio de contraste para evidenciar la configuración o no de un trato salarial discriminatorio pasible de nivelación.

En suma, la falta de correspondencia exacta entre la denominación y grado de un cargo y las que se encuentran previstas formalmente en una entidad pública, no conlleva inexorablemente la inexistencia de un empleo que pueda cotejarse al que se enuncia en la demanda, así sea de forma abstracta o genérica como sucede en el sub examine.

Lo propio fue analizado en un proceso por parte de esta misma Subsección, en el que al interior de la propia entidad no se contemplaba la plaza específica aducida por la entonces demandante, pero sí en otra institución de la misma estructura territorial y funcional, lo cual permitía efectuar el análisis comparativo en comento. Al respecto se señaló lo siguiente en dicha providencia:

«[…] En punto a la existencia de una razón o causa válida que sustente el tratamiento divergente en lo atinente a la remuneración que aquella percibe, la Subsección no encuentra para el caso concreto esa condición objetiva habilitadora, habida cuenta de que si bien tanto la entidad demandada como el a quo estimaron que el hecho de que la plaza de profesional universitario en comparación no estuviese contemplada en la planta de personal de la ESE Hospital Simón Bolívar era suficiente para negar la nivelación salarial, lo cierto es que tal circunstancia no valida dicha posición cuando existe una realidad incluso legal que supera la falta de actividad reglamentaria de la administración sobre esa modificación estructural. […]». (Negrita fuera de texto).

Ahora, en el caso bajo estudio, se evidencia con mayor solidez la improcedencia del argumento sobre la falta de precisión del cargo a comparar en materia de nivelación salarial, puesto que en Oficio 4143.3.13.260 del 3 de febrero de 2016 (folios 255 a 256), remitido al a quo por el subsecretario administrativo para la administración y dirección de los recursos de la Alcaldía de Santiago de Cali, esto como prueba tendiente a verificar las diferencias entre el cargo de «secretaria académica» y «secretaria grado 05», la propia entidad territorial demandada aduce que en la estructura de su planta de personal no está contemplada la primera sino la segunda plaza, específicamente bajo el nombre de: «secretario, código 440, grado 05», este con unas funciones y características particulares.

Asimismo, en el recurso de apelación de la mentada autoridad, aquella reconoce que precisamente la falla de la libelista fue no haber deprecado la equiparación remunerativa respecto de esta última posición jerárquica, sino frente a una inexistente.

Con base en dicha intelección, se deduce que al interior del Municipio de Santiago de Cali, sí había un empleo asimilable en términos de denominación, al genérico señalado por la demandante en su libelo como «secretaria académica», por lo que era viable efectuar la comparación en clave de test de igualdad, en orden de determinar la semejanza funcional y condicional entre el cargo de secretaria, código 440, grado 05 y el que materialmente ejerció la señora Buitrago Parra al margen de su nombramiento como auxiliar de servicios generales, ejercicio que en su estimación jurídica corroboraba el tratamiento discriminatorio que permitía acceder a la nivelación salarial.

En todo caso, la Sala insiste en que de acuerdo con la competencia del ad quem en segunda instancia, delimitada por el recurso de apelación de la entidad territorial demandada, no le es dable efectuar el análisis de confrontación entre cargos para evidenciar el cumplimiento de las exigencias jurisprudenciales previstas en los casos de nivelación salarial, a fin de corroborar la tesis del tribunal de origen, dado que no hubo ningún argumento de censura tendiente a verificar si la demandante ejerció o no funciones y acreditó las mismas condiciones, requisitos y responsabilidades del cargo de secretaria, grado 05.

Por ello, bajo el planteamiento impugnativo que centraba la atención del ad quem sobre la inexistencia de la plaza de secretaria académica y la supuesta falta de precisión por parte de la libelista de aquella con la que quería ser comparada, no halla vocación de prosperidad la alzada interpuesta por el Municipio de Santiago de Cali.

En conclusión: el hecho de que la libelista hubiese deprecado la nivelación salarial y el pago de las diferencias de remuneración entre el cargo de auxiliar de servicios generales, grado 01 y el de «secretaria académica», el cual no se encuentra integrado bajo tal denominación específica en la planta de personal de la entidad demandada, sino conforme a la nomenclatura de «secretaria, grado 05», no conlleva la denegación de las pretensiones.

Ello, habida cuenta de que asentir lo propio sería un exceso ritual manifiesto basado en el formalismo y la literalidad de lo deprecado en la demanda, cuando lo cierto es que la falta de correspondencia exegética de una denominación puntual y con el grado específico de un empleo en la estructura orgánica de la entidad, no supone necesariamente la inexistencia de una plaza asimilable a la genérica que se hubiese esbozado en el libelo, con base en la cual se permita la comparación con fines de equiparación remunerativa.

Así como tampoco enerva la prevalencia de una realidad fáctica demostrada como la relativa a que la señora Buitrago Parra cumplió funciones impropias a las del empleo de auxiliar de servicios generales para el cual había sido nombrada, aspecto que en todo caso no fue objeto de apelación ni controversia por parte de la entidad territorial demandada, por lo que se convalidó el análisis efectuado al respecto por parte del a quo.

Tercer problema jurídico

¿Debió condenarse en costas de primera instancia al ente territorial demandado a pesar de que esgrimió argumentos jurídicos de oposición en contra de la demanda?

Debido a que se resolvieron negativamente los dos primeros problemas jurídicos, se hace necesario abordar este último interrogante frente al cual la Subsección tendrá como tesis que: sí procedía la condena en costas de primera instancia en contra de la entidad demandada, como se sustenta a continuación:

De la condena en costas

Esta Subsección sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:

«El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público.

Al margen de lo expuesto, la parte impugnante solicitó la revocatoria de la imposición dineraria en cuestión: «[…] teniendo en cuenta que conforme al plenario se tiene que la oposición efectuada por el Municipio a las pretensiones de la parte actora, trata de factores prestacionales y salariales de los docentes y comprenden un marco normativo y jurisprudencial bastante amplio, tal y como quedó demostrado anteriormente.» (folio 320).

Pues bien, dicha postura desconoce el precepto de la norma en cita sobre la obligatoriedad de pronunciarse en ambas instancias sobre la condena en costas desde un criterio objetivo, el cual no consulta ni el actuar de las partes y mucho menos el hecho de que, como se señaló en tal argumento, la parte demandada se hubiese opuesto con sustento legal o jurisprudencial a las pretensiones de la demanda, pues ello corresponde a la naturaleza propia del ejercicio del derecho de defensa, pero no es un atenuante ni causal de exoneración para asumir la carga dineraria generada con la actuación cuando aquella resulta vencida en juicio, aun si fueron copiosos los planteamientos jurídicos esgrimidos para tal fin.

En conclusión: sí resultaba procedente la condena en costas en primera instancia en contra del Municipio de Cali, en tanto al confirmarse la sentencia impugnada en la cual este resultó vencido, se consolida el criterio objetivo valorativo propio de esta imposición dineraria, pues su situación se enmarca en la del numeral 1.º del artículo 365 del CGP que habilita y permite lo propio cuando hay una parte con un resultado desfavorable como el de la entidad demandada en este caso, al margen de que su oposición a las pretensiones hubiese sido fundada en criterios normativos y jurisprudenciales.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 31 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la parte activa, ello habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado por la entidad demandada.

De la condena en costas de segunda instancia

Aun bajo el hilo argumentativo desarrollado en la resolución del tercer problema jurídico, en el presente caso no se condenará en costas de esta instancia a la entidad apelante, en la medida que, a pesar de haber resultado vencida en esta oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP, no es posible la comprobación de dicha carga, en tanto la parte demandante no intervino en el presente trámite de acuerdo con la constancia secretarial visible a folio 354 del plenario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 31 de enero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Alba Luz Buitrago Parra contra el Municipio de Santiago de Cali.

Segundo: Sin condena en costa en esta instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o CPACA.
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 18 de julio de 2019. Radicado: 25000-23-42-000-2015-05414-01 (3735-2017).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 12 de noviembre de 2020. Radicado: 68001-23-33-000-2017-01103-01(1837-20).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 8 de octubre de 2020. Radicado: 05001-23-33-000-2013-00008-01(2577-17).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 8 de octubre de 2020. Radicado: 15001-23-33-000-2017-00613-01(2360-18).
«ARTICULO 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.
ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:
Gobernarse por autoridades propias.
Ejercer las competencias que les correspondan.
Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Participar en las rentas nacionales.».
Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.”
“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.”
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.»
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 21 de junio de 2018. Radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
«Artículo 9°. Instituciones educativas. Institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes.

Deberán contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.

Las instituciones educativas combinarán los recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional.

Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales o municipales. […]»
Según concepto 47222 del 22 de abril de 2016 emitido por el Ministerio de Educación Nacional.
«Artículo 10. Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: […]

10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. […]»
Sobre el punto ver sentencias de la Corte Constitucional T- 027 de 1997, SU-111 de 1997, T-272 de 1997, T-833 de 2012 y C-071 del 25 de febrero de 1993. Igualmente del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Providencia del 6 de agosto de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2013-01556-01 (2726-2018).
Ver sentencia T- 234 del 20 de abril de 2017. Expediente: T-5982866.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de agosto de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2013-01556-01 (2726-2018).
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:[…]»
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»

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Radicado: 08001-23-33-000-2013-90330-01 (0839-2015)
Demandante: Jaime Enrique Socarras

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