Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00293-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00293-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-00293-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00293-01 (2449-2018)
Demandante: María del Rosario Franco Ortiz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial y nacionalizado. Aplicación de
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de
agosto de 2022. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora María del Rosario Franco Ortiz instauró demanda1 en contra de la UGPP
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 34092 del 10 de noviembre
de 2014, (ii) RDP 039228 del 29 de diciembre de 2014, y (iii) RDP 039430 del 30 de
diciembre de 2014; por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión
gracia a favor de la accionante y se resolvieron desfavorablemente los recursos de
reposición y apelación.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y
pagar a la actora la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del
1 Folios 1 a 8.
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promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del
estatus pensional, con efectividad desde ese mismo instante, y con el debido ajuste
de valor sobre las sumas adeudadas por este concepto.
Que la autoridad demandada dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo
192 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que nació el 6 de enero de 1963 e inicialmente se desempeñó al servicio del
municipio de Dagua (Nariño) como docente oficial con vinculación desde el 1.º de
febrero hasta el 30 de diciembre de 1980. Que luego fue nombrada por el
departamento del Valle del Cauca desde el 1.º de julio de 1981 hasta el 20 de
octubre de 1993 cuando fue incorporada a la planta de personal del municipio de
Santiago de Cali, sin solución de continuidad, al menos hasta la fecha de
presentación de la demanda (18 de marzo de 2015).
Que a principios de 2013 reclamó por primera vez ante la UGPP el reconocimiento
y pago de la pensión gracia, la cual le fue negada mediante la Resolución 023294
del 22 de mayo de 2013, confirmada con las Resoluciones 032273 del 17 de julio
de 2013 y 036975 del 13 de agosto de 2013, que resolvieron los recursos de
reposición y apelación, indicando que no se había demostrado adecuadamente el
período de labor oficial antes del 31 de diciembre de 1980.
Que con otra documentación adicional y algunos testimonios formuló una nueva
petición pensional a finales de 2013, pero esta vez también se negó el derecho
reclamado con base en el mismo criterio anterior, esto a través de la Resolución
816 del 13 de enero de 2014, también confirmada por medio de las Resoluciones
004816 del 12 de febrero de 2014 y 005327 del 17 de febrero del mismo año.
Que el 22 de julio de 2014 solicitó por última vez ante la entidad demandada el
reconocimiento y pago de la referida pensión, siendo negada conforme a la
Resolución RDP 034092 del 10 de noviembre de 2014, frente a la cual interpuso los
recursos de reposición y apelación que fueron resueltos negativamente con las
Resoluciones RDP 039228 del 29 de diciembre de 2014 y RDP 039430 del 30 de
diciembre de 2014.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 2,
13, 25, 53 y 58 de la Constitución Política; así como las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975, 91 de 1989; y el Decreto 2277 de 1979.
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Que el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal está
consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, el cual contempla que en
las actuaciones de la administración de justicia prevalecerán las garantías
materiales por encima de un eventual incumplimiento formal, razón por la cual, al
revisar la normativa aplicable en materia de pensión gracia, se puede establecer
que la actora sí cumplió con cada uno de los requisitos para acceder a esta
prestación, al margen de cualquier inobservancia de un precepto legal sobre la
forma de probar determinado hecho como el tiempo de servicio.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 13 de mayo de 2015 fue admitida la demanda,2 se notificó a la UGPP, quien
manifestó3 que, a partir de los documentos aportados por la accionante se puede
comprobar que al 31 de diciembre de 1980 no se encontraba vinculada a la docencia
con nombramiento de orden departamental, municipal o nacionalizado, por lo que
tampoco cumple con la exigencia de los 20 años de servicio como educadora con
tales tipos de vínculos, dado que no se aportaron pruebas idóneas y pertinentes que
acreditaran lo propio.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en el acto administrativo
demandado, y (iii) prescripción.
El 20 de febrero de 20184 se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se fijó el
litigio, se indicó que no había ánimo conciliatorio, se decretaron las pruebas
solicitadas, y, al no haber medios de convicción pendientes de practicar, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
conceptuar y así poder dictar sentencia en la misma diligencia.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 20 de febrero
de 2018 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de los actos
demandados y ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia a favor de la
reclamante a partir del 6 de enero de 2013, liquidada sobre el 75% del promedio de
todos los factores salariales percibidos durante el año anterior a esta fecha.
Que, frente a las declaraciones extrajudiciales allegadas por la reclamante para
demostrar el período laborado como docente del municipio de Dagua antes del 31
de diciembre de 1980, lo primero que se observa es que esta aportó como prueba
supletoria una copia del acta de posesión del 12 de junio de 1980, con retroactividad
2 Folio 37.
3 Folios 57 a 63.
4 Folios 130 a 139.
5 Folios 133 a 139.
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desde el 1.º de febrero del mismo año, así como una certificación del 20 de junio de
2013, en la cual, entre otras cosas, se precisó que laboró con ese vínculo hasta el
30 de diciembre de 1980.
Que, aunque la parte accionada insiste en que no hay lugar a reconocer el derecho
pretendido por no estar acreditado el requisito anterior, debido a que la
documentación allegada no se obtuvo mediante el procedimiento de reconstrucción
de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 9, 10 de la Ley 50 de 1886 y el artículo
126 del Decreto 1564 de 2012, lo cierto es que ante la imposibilidad de aportar el
decreto de nombramiento, este hecho se pudo extraer del acta de posesión, de los
certificados emitidos por el gerente administrativo y financiero del municipio de
Dagua, así como de la certificación de salarios para los meses de febrero a
diciembre de 1980, los cuales evidencian que la relación legal fue del orden
territorial.
Que, frente al período desde el 1.º de julio de 1981 en adelante reposa el
correspondiente certificado laboral que demuestra lo propio bajo un vínculo del
orden municipal, ello sin que la entidad demandada hubiese discutido este punto,
por lo que se tiene comprobado el tiempo de servicio de más de 20 años de la
educadora mediante vínculos del orden territorial.
Que no existe mérito para restarles valor probatorio a los documentos enunciados,
más aún cuando la Ley 114 de 1913 no exige la comprobación del requisito de
tiempo de servicio mediante prueba solemne, de manera que, estimar lo contrario
sería darle prioridad a formalidades extralegales en detrimento de los derechos
sustanciales como el de la pensión reclamada a la cual se debe acceder, toda vez
que la parte demandante sí acreditó estas exigencias analizadas, así como las de
la edad y el buen comportamiento.
Que la pensión debe ser reconocida desde el 6 de enero de 2013 cuando la actora
cumplió 50 años, por lo que no se configuró la prescripción si se tiene en cuenta
que la solicitud la formuló el 22 de julio de 2014, y la demanda la radicó el 10 de
marzo de 2015, esto es, dentro del término de 3 años de que trata el artículo 102
del Decreto 3135 de 1968.
RECURSO DE APELACIÓN6
La parte demandada interpuso recurso de apelación afirmando que, la accionante
no aportó la prueba idónea para demostrar la vinculación para el periodo de febrero
a diciembre de 1980, pues aseguró que el acto de nombramiento que expidió el
municipio de Dagua se extravió, y, aun así, no atendió diligentemente el
procedimiento en la Ley 50 de 1886 en lo que respecta a la reconstrucción de dicho
documento.
6 Folios 146 a 148.
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Que, en ese entendido, la docente no cumplió su carga procesal de acreditar todos
los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913, ya que, si bien el tribunal de origen
consideró que las declaraciones extrajudiciales podían ser tenidas en cuenta como
pruebas supletorias de este hecho, debe tenerse en cuenta que estas no son los
medios de convicción idóneos para el efecto, lo que conlleva negar las pretensiones
de la demanda.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 28 de junio de 20187 se admitió el recurso de apelación. Luego, el 3 de octubre
de 20188 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que conceptuara si a bien lo consideraba.
La parte demandante9 manifestó que la UGPP insiste en negar el reconocimiento
de un derecho pensional bajo el entendido de que existe un requisito formal para la
demostración del tiempo de servicio, lo cual no está contemplado legalmente, y en
todo caso, se aportaron varios medios de prueba que ratifican las vinculaciones de
la actora, por lo que debe confirmarse el fallo apelado.
La parte demandada10 reprodujo los argumentos de su recurso de alzada, pero
recalcó que en los documentos aportados al proceso se evidencian inconsistencias
que impiden tener como cierto el tiempo laborado por la reclamante antes del 31 de
diciembre de 1980.
El 23 de octubre de 202411 se decretó una prueba de oficio tendiente a verificar si
efectivamente la accionante había laborado para el municipio de Dagua entre los
meses de febrero y diciembre de 1980, razón por la cual se solicitó la documentación
que acreditara lo propio a la alcaldía de esa entidad territorial y a la del municipio de
Santiago de Cali, entre esta, el respectivo decreto de nombramiento.
A través de la plataforma SAMAI, el 17 de enero y el 3 de marzo de 202512 las
mencionadas autoridades allegaron los elementos solicitados, de los cuales se
corrió traslado a las partes el 4 y el 13 de marzo de este mismo año.13
La parte demandante se pronunció en esta oportunidad reiterando que las pruebas
practicadas, incluidas las de oficio, demuestran con claridad que acumuló más de
20 años de labor oficial educativa mediante unos vínculos territoriales como el
sostenido antes del 31 de diciembre de 1980, los cuales le permiten acceder al
derecho en litigio.
7 Folio 168.
8 Folio 176.
9 Folios 191 a 192.
10 Folios 207 a 209.
11 Ver índice 57 de SAMAI.
12 Ver índices 63 y 71 de SAMAI.
13 Ver índices 70 y 74 de SAMAI.
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Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestra oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980.
Marco normativo y jurisprudencial
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
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La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»14. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló
en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el
1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
14 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.» (Subrayado intencional).
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201816
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
16 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
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representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,17 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
17 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00293-01 (2449-2018)
Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la demandante nació el 6 de enero de 1963,18 de modo que
cumplió los 50 años el 6 de enero de 2013.
Para el segundo requisito relativo a la acumulación de 20 años de servicio de la
accionante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial:
• Del 1.º de febrero de 1980 al 30 de junio de 1981
Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
emitido el 17 de febrero de 2025, allegado como prueba de oficio por parte de la
Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali,19 ello en contraste con el
mismo documento elaborado por dicha autoridad del 13 de junio de 2014, el cual
había sido aportado a la actuación con el expediente administrativo,20 se observa
que la actora laboró como docente oficial del municipio de Dagua en una plaza que
se indica, es del orden nacionalizado, esto exactamente durante el período bajo
estudio.
A partir de dichos documentos se extrae que inicialmente fue nombrada con
retroactividad desde el 1.º de febrero de 1980, y luego con una incorporación, según
el más reciente certificado laboral, sin solución de continuidad a partir del 12 de junio
del mismo año hasta el 1.º de julio de 1981.
Sobre el punto se destaca que como pruebas de oficio decretadas y recaudadas se
allegaron los Decretos 037 del 12 de junio de 198021 y 1204 de la misma fecha,22
por medio de los cuales el alcalde del municipio de Dagua y el gobernador del
departamento del Valle del Cauca respectivamente, nombraron de manera directa
a la actora para que se desempeñara como educadora oficial, en el primer caso,
con efectos retroactivos desde el 1.º de febrero de 1980, y luego desde el 12 de
junio del mismo año.23
18 Según copia de la cédula de ciudadanía obrante en el CD que contiene el expediente administrativo visible a
folio 96.
19 Ver índice 71 de SAMAI.
20 En CD obrante en a folio 96.
21 Ver índice 63 de SAMAI.
22 Ibid.
23 Ver actas de posesión en el mismo índice.
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Incluso, fueron entregados dos comprobantes de nómina y un certificado de salarios
expedidos por el propio municipio de Dagua,24 en los que se aprecia que la señora
Franco Ortiz percibió su remuneración durante el año de 1980, lo que corrobora la
prestación del servicio y permite establecer la certeza de los actos en comento.
Tal hecho implica que en el presente proceso se obtuvo el material probatorio
suficiente y eficaz para demostrar la clase de vínculo de la demandante, de manera
que no tiene respaldo alguno en esta oportunidad el argumento de apelación de la
UGPP cuando discute la falta de idoneidad de las pruebas aportadas con la
demanda sobre el lapso anterior al 31 de diciembre de 1980 al incumplir los
requisitos de la Ley 50 de 1886, pues finalmente se recaudaron los elementos
necesarios para establecer el hecho que se pretende demostrar.
Al respecto, la Sala encuentra a partir de los referidos actos administrativos de
nombramiento que, las decisiones fueron adoptadas sin la intervención directa del
Ministerio de Educación, ni aval de este para que, en virtud de la desconcentración,
las mencionadas autoridades municipal y departamental en representación de la
Nación efectuaran las vinculaciones en comento, así como tampoco se verifica que
se haya presentado autorización de financiamiento por parte del delegado de dicha
cartera gubernamental ante el respectivo Fondo Educativo Regional.
En ese orden de ideas, se extrae con claridad que los dos vínculos de la accionante
en el interregno examinado tuvieron lugar por decisión autónoma de los referidos
funcionarios, lo que indica que tales relaciones legales fueron en calidad de docente
territorial, ya que en ningún momento se advierte que el cargo ejercido haya sido de
aquellos propios de la planta de personal de la Nación, o que hubiese ingresado al
magisterio por intermedio de dichos entes locales en calidad de representantes de
la mencionada cartera en virtud de una autorización legal, por lo que se concluye
que la relación legal y reglamentaria no fue del orden nacional.
De hecho, también se estima que este tiempo no fue como educadora
nacionalizada, toda vez que en la parte motiva de dichos decretos no se señala que
esta plaza se hubiese creado y ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley
43 de 1975, ni bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma, en virtud del cual
los recursos para atender el proceso de nacionalización serían administrados por
los FER con sujeción a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio
de Educación a través de su delegado, intervención que tampoco se encuentra en
tales actos para poder inferir lo propio.
Estos planteamientos se ajustan a la interpretación que se desarrolló en la sentencia
de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial
la plaza creada de forma exclusiva por el distrito, departamento o municipio
respectivo, y cuyos gastos se cubran con cargo a su propio presupuesto, tal como
24 Ver índice 71 de SAMAI.
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se corroboró para este tiempo de servicio, y como bien lo indica el artículo 1.º de la
Ley 91 de 1989 que señala lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»
En consecuencia, el período de labor oficial de la demandante como educadora
estatal de naturaleza territorial, comprendido entre el 1.º de febrero de 1980 y el
30 de junio de 1981 (1 año y 5 meses), sí debe ser tenidos en cuenta para cumplir
la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder al derecho pretendido.
• Del 1.º de julio de 1981 al 22 de enero de 201325
De conformidad con el certificado de tiempo de servicio generado por la Secretaría
de Educación Municipal de Santiago de Cali el 22 de enero de 2013,26 efectivamente
se podría determinar que la demandante laboró como docente oficial durante el
lapso bajo estudio mediante una vinculación que, según este documento, se
asegura que fue nacionalizada.
Ahora, de este mismo documento y del Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral emitido el 17 de febrero de 2025 por la misma
entidad, se verifica que la actora mantuvo su vinculación de este último orden, sin
solución de continuidad en virtud del nombramiento efectuado a través del Decreto
1204 del 12 de junio de 1980 analizado previamente, del que se había concluido
que tenía una relación legal y reglamentaria de naturaleza territorial.
Sin embargo, lo que se deriva de las anteriores certificaciones analizadas en
conjunto con otra del 28 de octubre de 2013, así como de la Resolución RDP 023294
del 22 de mayo de 201327 que negó la primera petición de reconocimiento pensional,
en la que se discute el período anterior al 31 de diciembre de 1980, pero en la que
también se asegura que el que es materia de análisis era de carácter nacionalizado,
es que para este interregno pudo haber cambiado la plaza ocupada por haberse
ajustado al proceso de nacionalización.
Además de lo expuesto, al revisar los diferentes actos administrativos de traslado o
permuta de la accionante hacia otras instituciones educativas del departamento del
25 Esta última fecha corresponde a la del certificado de información laboral aportado con la solicitud de
reconocimiento pensional cuando aún seguía activa al servicio del magisterio según certificado de información
laboral del 17 de febrero de 2025. Lo anterior implica que solo hasta el 22 de enero de 2013 fue el período
objeto de solicitud y decisión previa por parte de la entidad demandada, de manera que no podrá analizarse un
interregno posterior a esta última fecha por no haber sido materia de discusión en vía administrativa.
26 Ver expediente administrativo a folio 96.
27 Folio 21.
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Valle del Cauca,28 lo que se evidencia es que estas decisiones fueron efectuadas
por dicha entidad territorial, pero con la intervención directa del delegado del
Ministerio de Educación con funciones de ordenador del gasto del respectivo FER,
pues este funcionario participó con su firma en el acto con fines de autorización o
aval de financiamiento y vacancia de la referida posición objeto de traslado, lo que
implica que las acreencias de esta docente serían pagadas con recursos del
Sistema General de Participaciones.
A partir de este material probatorio es posible arribar a la conclusión de que la
demandante, pese a haber sido vinculada inicialmente como maestra territorial,
pasó a ser nacionalizada durante el interregno bajo estudio, lo cual no puso en duda
la autoridad apelante en vía administrativa ni con su recurso de apelación en esta
instancia judicial, para lo cual es adecuado resaltar que el Consejo de Estado29 ha
precisado sobre dicha clasificación aludida que: «El carácter nacionalizado de la
designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone
que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».
Bajo este contexto y de conformidad con el artículo 1.º de Ley 91 de 1989, se puede
concluir que el cargo desempeñado por la reclamante fue creado o transformado en
vigencia y cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados
del artículo 6.° de dicha norma, en virtud de los cuales, los ingresos para atender el
proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos Educativos
Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía establecer
la mencionada cartera gubernamental.
Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la actora como docente nacionalizada durante el lapso transcurrido
entre el 1.º de julio de 1981 y el 22 de enero de 2013 (31 años, 6 meses y 21
días), observa la Sala que, sumando ambos períodos analizados previamente, la
actora sí satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al servicio educativo como
maestra con vinculaciones compatibles con la esencia de la pensión gracia, pues
en total acumuló 32 años, 11 meses y 21 días.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de igual naturaleza jurídica a las mencionadas
antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva del hecho de que la
reclamante se desempeñó como tal al servicio del municipio de Dagua en virtud de
un nombramiento del orden territorial, comprendido entre el 1.º de febrero de 1980
y el 30 de junio de 1981, es decir, en un interregno previo a la primera fecha en
28 Ver índice 71 de SAMAI.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
13 de julio de 2023. Radicado: 25000 23 42 000 2019 00093 01 (3408–2021)
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comento, por lo que está colmado el presupuesto analizado.
Frente al cumplimiento el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de
la buena conducta de la demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa ni en primera instancia, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que resultó acertado el estudio del tribunal de
primera instancia en el fallo apelado para acceder al reconocimiento del derecho
solicitado por la actora, de manera que habrá de confirmarse dicha providencia.
Lo anterior incluye el análisis de la prescripción, pues la fecha de exigibilidad de la
prestación fue el 6 de enero de 2013, y la reclamante presentó la última petición de
reconocimiento pensional el 22 de julio de 2014,30 radicando la demanda el 18 de
marzo de 2015,31 es decir, dentro de los 3 años siguientes al momento de
consolidación del derecho, lo que implica que no debía declararse probada esta
excepción, tal como se hizo en primera instancia.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202124 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió a
las pretensiones.
30 Ver folio 13.
31 Ver sello de radicación a folio 8.
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00293-01 (2449-2018)
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
apelante.
TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como apoderado sustituto de la parte
demandante al abogado Mario Alonso Colorado Franco, portador de la tarjeta
profesional 368.607, ello conforme al poder que se observa en el índice 62 de
SAMAI.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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