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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-00317-01

Fecha
29 de mayo de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-00317-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 27 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, CONDÉNASE a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a reparar el daño causado por la privación de la libertad del demandante Pablo Alberto Merino Saa. SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL al pago de los siguientes perjuicios morales, los cuales se tasarán en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la presente providencia: DEMANDANTE PARENTESCO CUANTÍA 50 Pablo Alberto Merino Saa Víctima Directa SMLMV 20 Daniela Merino Delgado Hija de la víctima SMLMV 20 Isabella Merino Delgado Hija de la víctima SMLMV Cónyuge de la 20 María Isabel Delgado Miller víctima SMLMV TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de la suma de VEINTITRÉS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($23.125.244,46) al demandante Pablo Alberto Merino Saa, por concepto de lucro cesante. CUARTO: ORDÉNASE al director ejecutivo de Administración Judicial emitir un comunicado en el cual ofrezca excusas al demandante Pablo Alberto Merino Saa 14 Radicado: 76001-23-33-000-2015-00317-01 (63037) Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia. QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial a pagar las costas que se hubieren causado en esta instancia, las cuales serán liquidadas por el tribunal de origen. INCLÚYASE la suma de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes. SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2015-00317-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

29 de mayo de 2023

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00317-01 (63037)
Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00317-01 (63037)
Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros
Demandadas: Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial

Tema: Privación de la libertad y mora judicial. Se confirma la decisión de
negar las pretensiones de la demanda relacionadas con la mora en
el trámite del proceso penal porque la parte actora no acreditó que
le haya causado un daño antijurídico, ni que esta le fuera imputable
a las entidades demandadas. Se revoca la decisión de negar las
pretensiones de la demanda por la privación de la libertad, y en su
lugar, se condena a la Rama Judicial. Si bien no se allegó la
resolución por medio de la cual se impuso la medida de
aseguramiento contra la víctima directa, se probó que esta sufrió un
daño especial como resultado de su detención preventiva.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia dictada el 27 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal
administrativo que conoció en primera instancia en razón de la cuantía estimada
en la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del CPACA.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 18 de enero de 2019 1 y
se corrió traslado para alegar de conclusión el 7 de marzo de 2019 2. Las partes
presentaron sus alegatos y el Ministerio Público no rindió concepto.

1 Fl.807, c - 4.
2 Fl. 813, c - 4.

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00317-01 (63037)
Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 25 de marzo de 2015 3
por Pablo Alberto Merino Saa (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió
contra la Fiscalía General de la Nación (en adelante, la Fiscalía) y la Rama
Judicial para obtener la reparación de los daños causados por: (i) la privación
injusta de la libertad a la que fue sometido el citado demandante entre el <<8 de
marzo de 1999 y el 14 de enero de 2002>>4, es decir, por un término de dos (2)
años, diez (10) meses y siete (7) días; y, (ii) la mora judicial en el trámite del
proceso penal. En el proceso penal se le imputó el delito de lavado de activos.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<< PRIMERO: Se condene a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - y Fiscalía General de la Nación, con el fin de que
respondan por los siguientes daños materiales en la modalidad de lucro cesante
por la suma de quinientos diecinueve millones ochocientos treinta y tres mil
setecientos cuarenta y nueve pesos ($ 519.833.749,00) M/cte., el cual se liquida
de la siguiente forma:

Se solicita a título de perjuicios los ingresos dejados de recibir por el señor Pablo
Alberto Merino Saa por concepto de la privación injusta de la libertad, ya que a la
fecha de su detención venía recibiendo ingresos mensuales de $ 4.333.333,33
según certificado de retención en la fuente expedido por consultores asociados
limitada, y ratificado por contador público, ingresos que aparecen declarados en
el denuncio rentístico del año gravable 1999. (…)

Por concepto de lucro cesante a título de indemnización debida se liquidará no
sólo el periodo en que estuvo privado de la libertad sino también en lapso que,
según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo
luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral.
(…)

SEGUNDO: Se condene a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - y Fiscalía General de la Nación, con el fin de qué
respondan por los siguientes daños materiales en la modalidad de daño
emergente por la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL PESOS M/CTE. ($12.887.000.00), el cual se liquida de la siguiente
forma:

Por concepto de los honorarios de abogado que mi cliente tuvo que pagar para
la defensa ante la jurisdicción ordinaria, el cual es sustentado en el numeral 4 de
los fundamentos de derecho del presente escrito, la suma de DOCE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($12.887.000.00).

3 Fl.539 – 584, c -1b.
4 Tiempo de la privación de la libertad según las afirmaciones de la demanda.

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00317-01 (63037)
Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

TERCERO: Se condene a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - y Fiscalía General de la Nación, con el fin de qué
respondan por los daños morales ocasionados al núcleo familiar del señor Pablo
Alberto Merino Saa, por las siguientes sumas:

1. Para el señor Pablo Alberto Merino Saa la suma de CINCUENTA (50)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, que para la
presente fecha equivalen a la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS
MIL PESOS ($30.800.000).

2. Para la señora María Isabel Delgado Miller la suma de CINCUENTA (50)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, que para la
presente fecha equivalen a la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS
MIL PESOS ($30.800.000).

3. Para Isabella Merino Delgado la suma de CINCUENTA (50) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, que para la presente fecha
equivalen a la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
($30.800.000).

4. Para Daniela Merino Delgado la suma de CINCUENTA (50) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, que para la presente fecha
equivalen a la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
($30.800.000).

CUARTO: Que se pague la suma de dinero que se vaya generando en el
transcurso del proceso hasta la fecha ejecutoria de la sentencia que ponga fin al
proceso.

QUINTO: Que se condene al pago de costas a la Nación - Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - y Fiscalía General de la Nación.

SEXTO: A la sentencia que ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los
términos del artículo 192 del C.P.A.C.A.>>

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- La indagación penal contra el demandante Pablo Alberto Merino Saa inició
el 30 de enero de 1997, como consecuencia de la investigación No. 067
adelantada por la Unidad de Lavado de Activos de Bogotá sobre unas
operaciones bancarias fraudulentas llevadas a cabo por la Cooperativa de
Trabajadores del Occidente Colombiano – Cooperadores, con sede en Cali. Su
gerente financiero y comercial era el demandante Pablo Alberto Merino Saa.

3.2.- El 19 de febrero de 1999 la Fiscalía Regional Cali dictó medida de
aseguramiento contra otros directivos de la Cooperativa Cooperadores y ordenó
la captura del demandante Pablo Alberto Merino Saa con fines de indagatoria.

3.3.- El demandante Pablo Alberto Merino Saa fue capturado el 8 de marzo de
1999.

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Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

3.4.- El 11 de enero de 2000 la Fiscalía 11 delegada de la Unidad Nacional para
la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos acusó al
demandante Pablo Alberto Merino Saa por el delito de lavado de activos
agravado. Esta decisión fue confirmada el 9 de mayo de 2000 por la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá.

3.5.- El 31 de diciembre de 2001 el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado ordenó la libertad del demandante Pablo Alberto Merino Saa por
vencimiento de términos.

3.6.- El 25 de marzo de 2009 el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado condenó al demandante Pablo Alberto Merino Saa por el delito de
lavado de activos. Le impuso una pena de trece años de prisión y una multa de
veintidós mil (22.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En esta
sentencia el juzgado condenó a otros procesados y esta decisión fue recurrida
por uno de ellos.

3.7.- El 23 de enero de 2013 el Tribunal Superior del Distrito Judicial resolvió el
recurso de apelación y declaró la prescripción de la acción penal en favor del
demandante Pablo Alberto Merino Saa y de los demás sindicados.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se
surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el 8 de marzo de 1999 el
demandante Pablo Alberto Merino Saa fue capturado; (ii) el 11 de enero del 2000
la Fiscalía lo acusó por el delito de lavado de activos; (iii) el 23 de enero de 2013
el tribunal declaró la prescripción de la acción penal a favor del demandante
Merino Saa.

5.- Según la parte actora, el demandante Pablo Alberto Merino Saa fue privado
injustamente de la libertad porque no se pudo desvirtuar su presunción de
inocencia en el trámite del proceso penal. También alegó la existencia de un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial
debido a que la administración de justicia tardó más de 10 años en tomar una
decisión.

6.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó lo siguiente:

6.1.- El demandante Pablo Alberto Merino Saa no pudo obtener ingresos como
consecuencia de su detención.
6.2.- La víctima directa incurrió en los gastos de defensa en el proceso penal.

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Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

6.3.- La víctima directa y sus familiares sufrieron perjuicios morales porque << la
familia del señor Pablo Merino Saa sufrió lo doloroso que fue su permanencia
durante años y meses en la cárcel>>.

B. Posición de las entidades demandadas

7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda.
Como argumentos de defensa expuso que: (i) se debía aplicar un régimen de
responsabilidad subjetivo y la medida de aseguramiento cumplió los requisitos
legales; (ii) la Fiscalía debía iniciar la investigación teniendo en cuenta los indicios
que se obtuvieron de las pruebas debidamente recaudadas, y (iii) no existe
relación de causalidad entre la actuación de la Fiscalía y el daño que se reclama,
elemento indispensable para declarar responsable al Estado.

8.- La Rama Judicial también se opuso las pretensiones de la demanda. En su
contestación señaló que: (i) la medida de aseguramiento se dictó en etapa
instructiva, de conformidad con el Decreto 2700 de 1991, sin la intervención de
un juez. Por lo tanto, no se puede considerar que la privación de la libertad del
demandante Pablo Alberto Merino Saa fue ordenada por la Rama Judicial; (ii) de
no haberse declarado la prescripción de la acción penal, era muy probable que
el demandante Pablo Alberto Merino Saa fuera condenado en segunda instancia;
(iii) la víctima directa no fue absuelta por una de las causales el artículo 414 del
Decreto 2700 de 1991, (iv) << (…) el proceso nunca estuvo quieto, siempre
existieron recursos, entre otros trámites procesales que permitieron la
prolongación del proceso, además de la carga laboral asignada al despacho
judicial que conoció del proceso fue grande, de igual forma hubo dilación de los
términos de las partes que contribuyeron a la prolongación del mismo>>; (v) la
prescripción de la acción penal no puede ser utilizada para un doble beneficio:
obtener la libertad y reclamar una indemnización; (vi) las actuaciones de la Rama
Judicial se enmarcaron en la Constitución y la ley y respetaron el derecho de
defensa y el debido proceso, y (vii) limitar a los jueces y fiscales para instruir los
procesos, recaudar y valorar pruebas para esclarecer los hechos punibles y sus
presuntos autores, desnaturaliza la función judicial y desconoce el poder punitivo
del Estado.

C. Sentencia recurrida

9.- En la sentencia del 27 de septiembre de 2018 el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó las pretensiones y condenó en costas a la parte
demandante porque consideró que: (i) de conformidad con el cargo que ejercía
el demandante Pablo Alberto Merino Saa como gerente financiero y comercial en
la Cooperativa Cooperadores, contaba con la experiencia y la capacidad para
analizar las irregularidades en las operaciones que se realizaban en su área; (ii)
la privación de la libertad no fue injusta porque se sustentó en las pruebas
obrantes en el proceso; (iii) el daño no era imputable a las entidades

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Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

demandadas sino al propio actuar irregular del demandante Pablo Alberto Merino
Saa, quien dio lugar a que se iniciara la investigación penal en su contra; (iv) la
mora judicial estaba justificada porque la prescripción de la acción se debió a la
complejidad del proceso, al caudal probatorio y al número de investigados.

D. Recurso de apelación

10.- La parte demandante solicita que se revoque integralmente la decisión de
primera instancia y se concedan las pretensiones de la demanda. Su
inconformidad se centra en los siguientes puntos: (i) el tribunal no se pronunció
de fondo sobre el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
causado por la mora judicial en el proceso penal adelantado contra el
demandante Pablo Alberto Merino Saa, a pesar de que este se probó; (ii) se
acreditó la privación injusta de la libertad de la víctima directa debido a que no se
desvirtuó su presunción de inocencia en el trámite del proceso penal que terminó
por prescripción de la acción penal; (iii) el proceso penal adelantado contra el
demandante Pablo Alberto Merino Saa superó el término que debía soportar un
ciudadano y debe repararse, y (iv) el a quo aplicó de manera retroactiva la
sentencia de unificación sobre la responsabilidad del Estado por privación de la
libertad del 15 de agosto de 2018 -Sección Tercera- C.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera, exp. 46.947, a pesar de que debió haber aplicado la sentencia
de unificación anterior, es decir, la del 13 de octubre de 2013 por ser la que estaba
vigente al momento de la presentación de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

11.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años contados desde la ejecutoria de la providencia penal que absolvió a la
víctima, momento en el cual se concreta el daño en los términos del artículo 164
del C.P.A.C.A., según lo ha precisado la jurisprudencia en los eventos de
privación injusta de la libertad. En efecto: (i) la providencia que declaró la
prescripción de la acción penal quedó ejecutoriada el 25 de febrero de 20135;
(ii) por lo tanto, el término para demandar vencía el 26 de febrero de 2015; (ii)
la solicitud de conciliación se presentó el 23 de enero de 20156 y los términos se
suspendieron hasta el 25 de marzo de 2015, fecha en la que la conciliación se
declaró fallida, (iii) en consecuencia, el término de caducidad se amplió hasta el
28 de abril de 2015; y, (iv) la demanda fue interpuesta el 25 de marzo de 2015.

5 Ver constancia de ejecutoria obrante a Fl. 531, c – 1A.
6 Fl. 532- 538, c -1A.

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Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

F. Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a
adoptar

12.- A partir de la resolución del 31 de diciembre de 20017 está probado que el
demandante Pablo Alberto Merino Saa estuvo privado de la libertad entre el 9 de
mayo de 2000 y el 31 de diciembre de 2001, esto es, por un periodo de un (1)
año, siete (7) meses y veintitres (23) días. Lo anterior, debido a que el Juez 2°
Penal del Circuito Especializado resolvió una solicitud de libertad y ordenó la
libertad de la víctima directa y de los demás sindicados por haber transcurrido
más de un (1) año, desde la ejecutoria de la resolución de acusación (9 mayo de
2000), sin que se hubiera realizado la audiencia pública.

13.- Está demostrado que mediante sentencia del 23 de enero de 2013 el
Tribunal Superior del Distrito Judicial declaró la prescripción de la acción penal
en favor del demandante Pablo Alberto Merino Saa y de los demás sindicados.

14.- En esta providencia la Sala:

14.1.- Confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda
relacionadas con la mora en el trámite del proceso penal porque la parte actora
no acreditó que le haya causado un daño antijurídico, ni que este fuera imputable
a las entidades demandadas.

14.2.- Revocará la decisión de negar las pretensiones de la demanda por la
privación de la libertad, y en su lugar, condenará a la Rama Judicial. Si bien no
se allegó la resolución por medio de la cual se impuso la medida de
aseguramiento contra la víctima directa, se probó que esta sufrió un daño
especial como resultado de su detención preventiva.

G. Plan de exposición

15.- En la primera parte de esta providencia la Sala abordará el daño causado
por la mora judicial. En la segunda, estudiará el daño causado por la privación de
la libertad de la víctima directa, para lo cual seguirá la metodología adoptada en
la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos
de privación de la libertad8. En consecuencia, se referirá a: (i) el daño especial
sufrido por la víctima directa; (ii) las entidades imputadas; (iii) el análisis de la
culpa de la víctima y (iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.

7 Fl. 417 – 423, c – 1-A.
8 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia

del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata.

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Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

H. No se acreditó la antijuridicidad del daño causado por la mora judicial

16.- La parte actora solicitó la reparación del daño causado por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por la mora judicial. A juicio del
demandante, esta demora le causó un daño porque estuvo vinculado
injustamente al proceso penal durante 10 años, hasta que se declaró la
prescripción de la acción penal.

17.- La parte actora no demostró la antijuridicidad del daño causado por la mora
judicial debido a que:

17.1.- En el expediente únicamente obran las copias de las principales decisiones
proferidas en el proceso penal, pero se desconoce las actuaciones surtidas en
cada etapa y cada instancia del proceso. El demandante no afirmó ni probó
ninguna circunstancia particular que permitiera demostrar que sufrió perjuicios
graves y anormales (antijurídicos) que evidencien un desequilibro ante las cargas
públicas que deba ser restablecido por el Estado.

17.2.- No acreditó que la mora judicial fuera imputable a las entidades
demandadas porque no se allegó la totalidad del proceso penal. Por lo anterior,
no es posible determinar a quién le era atribuible la tardanza en el trámite del
proceso judicial.

I. Análisis del daño especial causado por la privación de la libertad de
la víctima directa

18.- Con las piezas del proceso penal está demostrado que el demandante Pablo
Alberto Merino Saa fue privado de su libertad con ocasión de un proceso penal
en el que le fue imputado el delito de lavado de activos. Esta imputación se basó
en un anónimo remitido por el Grupo Solidario Pioneros Ocho en el que señalaba
que la Cooperativa de Trabajadores de Occidente – Cooperadores, en la cual el
demandante Pablo Alberto Merino Saa trabajaba como gerente comercial, lavaba
activos en favor de los hermanos Rodríguez Orejuela, de alias “Cuchilla” y
“Chupeta”, bajo la modalidad de compra, venta redención y cobro de títulos
valores.

19.- Así mismo, está comprobado que mediante sentencia del 23 de enero de
2013 el Tribunal Superior del Distrito Judicial declaró la prescripción de la acción
penal adelantada contra el demandante Pablo Alberto Merino Saa.

20.- En consecuencia, la privación de la libertad que padeció el demandante
Pablo Alberto Merino Saa durante el transcurso del proceso y por un período de
un (1) año, siete (7) meses y veintidós (22) días le causó un daño que no debía
soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por
el hecho de vivir en sociedad. Teniendo en cuenta que el fallo de primera

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Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

instancia del proceso penal no logró obtener firmeza, la presunción de inocencia
del demandante Pablo Alberto Merino Saa no fue desvirtuada. Se trata de un
daño especial, particular y grave que tiene el carácter de antijurídico a la luz de
lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P., y que debe ser indemnizado por el
Estado.

J. Entidades imputadas

21.- Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia del
Decreto Ley 2700 de 1991, el daño causado por la privación de la libertad del
demandante Pablo Alberto Merino Saa desde la legalización de la captura hasta
que quedó ejecutoriada la resolución de acusación es imputable a la Fiscalía
General de la Nación; y el daño posterior es imputable a la Rama Judicial porque,
durante la etapa de juicio, el juez penal tenía la competencia de revocar de oficio
la medida de aseguramiento. De conformidad con el artículo 444 del Decreto
2700 de 19919, es a partir de ese momento que asume competencia sobre el
asunto el juez encargado del juzgamiento, quien de conformidad con el artículo
41210 ibidem tenía la facultad de revocar la medida de aseguramiento impuesta
inicialmente por el ente instructor ante la existencia de pruebas sobrevinientes.

22.- En consecuencia, el daño causado por la privación de la libertad del
demandante Pablo Alberto Merino Saa es imputable únicamente a la Rama
Judicial debido a que la víctima directa solamente estuvo detenida durante la
etapa de juicio.

K. Análisis de la culpa de la víctima

23.- Las partes demandadas no acreditaron que la víctima directa hubiera
realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes
para la imposición de la medida de aseguramiento. Y de las pruebas aportadas
al proceso la Sala tampoco encuentra configurada la culpa exclusiva de la
víctima.

L. Determinación de los perjuicios y reparación

i. Perjuicios morales

24.- En aplicación de la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 11,
el cálculo de los perjuicios morales para el demandante Pablo Alberto Merino Saa

9 ARTÍCULO 444. Iniciación de la etapa de juzgamiento. Con la ejecutoria de la resolución de acusación,

adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento. A partir de este momento, el Fiscal adquiere
la calidad de sujeto procesal y pierde la dirección de la investigación.
10 ARTÍCULO 412.Revocación de medida de aseguramiento. En cualquier momento de la actuación

procesal, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales el funcionario revocará la medida de aseguramiento
cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de

noviembre de 2021. Expediente 46681.

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00317-01 (63037)
Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

se hará tomando en consideración que estuvo privado de la libertad por cuenta
de la Rama Judicial entre el 10 de mayo de 2000 y el 31 de diciembre de 2001,
esto es, por un periodo total de un (1) año, siete (7) meses y veintitrés (23)
días. En consecuencia, a la víctima directa le correspondería una indemnización
equivalente a noventa y ocho coma ochenta y dos salarios mínimos legales
mensuales vigentes (98,82 SMLMV); sin embargo, la Sala limitará la
indemnización de los perjuicios morales a lo solicitado por la parte actora en las
pretensiones de la demanda, es decir, a cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

25.- Debido a que las víctimas indirectas tienen la condición de cónyuge y de
hijas de la víctima directa, la Sala tendrá por acreditados los perjuicios morales
con la demostración de tales calidades, de conformidad con la sentencia de
unificación del 29 de noviembre de 202112.

26.- Con la copia de los registros civiles que obran en el expediente está
acreditado que la demandante María Isabel Delgado Miller13 y las demandantes
Daniela Merino Delgado14 e Isabella Merino Delgado,15 tienen la condición de
cónyuge e hijas de la víctima directa, respectivamente.

27.- En relación con la intensidad de los perjuicios morales sufridos por estas
demandantes y su cuantificación, punto en el cual, conforme con la sentencia
anteriormente citada, deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares
demostradas en el curso del proceso, la Sala destaca que en las declaraciones
que rindieron Guillermo Echeverry16 y Fabián Fernández17 en el trámite del
proceso se hizo referencia, de manera general, al dolor que padecieron las
demandantes con ocasión de la detención de la víctima directa. Por esta razón,
se cuantificará el monto de la indemnización de los perjuicios morales sufridos
por estas demandantes en el 40% del monto de los perjuicios morales que
deberían corresponder a la víctima directa según las reglas jurisprudenciales, así:

DEMANDANTE PARENTESCO CUANTÍA
20
Daniela Merino Delgado Hija de la víctima
SMLMV
20
Isabella Merino Delgado Hija de la víctima
SMLMV
Cónyuge de la 20
María Isabel Delgado Miller
víctima SMLMV

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de
noviembre de 2021. Expediente 46681.
13 Fl. 3, c -1.
14 Fl. 5 , c - 1.
15 Fl. 7, c -1.
16 Fl. 717-719, c – 1- B. C.D. << (…) su mamá y las niñas sufrieron mucho.>>. Min. 26:00
17 Fl. 717-719, c – 1- B. C.D. << (…) las niñas no comían (…) fue traumático (…) ella estaba desesperada.>>

Min. 1:06

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00317-01 (63037)
Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

ii. Daño al buen nombre

28.- Como lo ha explicado la Sala, toda privación injusta de la libertad, sin
importar el delito que hubiera sido imputado al entonces procesado, trae consigo
una intensa vulneración del derecho al buen nombre de quien la padeció. Por lo
tanto, con fundamento en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014
de esta Sección, es procedente ordenar en estos casos, inclusive de oficio, la
adopción de medidas no pecuniarias para la reparación de este perjuicio 18.

29.- Con el artículo publicado en el diario <<El Tiempo>>19 está demostrado que
la privación de la libertad a la cual fue sometido el demandante Pablo Alberto
Merino Saa fue ampliamente divulgada, lo que acredita la afectación de su
derecho al buen nombre.

30.- En consecuencia, la Sala ordenará al director ejecutivo de la administración
judicial que expida un comunicado en el que se ofrezca disculpas a la víctima por
el perjuicio causado y reconozca que él no era responsable del delito que se le
imputó. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones
integrales deben concertarse con la víctima, el demandante le informará a la
demandada, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si dicho
documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, desea que
se publique en las plataformas de comunicación de la entidad, y a ello se
procederá una vez así sea comunicado. De no hacerse ninguna manifestación
durante ese lapso, se entenderá que la víctima opta porque las disculpas se
expresen de manera privada, por lo que se procederá de esa forma.

iii. Daño emergente

31.- La Sala negará la reparación de los perjuicios pedidos a título de daño
emergente porque la parte actora no aportó la factura o el documento equivalente
para acreditar los gastos de defensa judicial, de conformidad con los parámetros
señalados en la sentencia de unificación del 18 de julio de 201920.

iv. Lucro cesante

32.- La parte actora solicitó indemnización por los ingresos dejados de devengar
por el demandante Pablo Alberto Merino Saa durante el tiempo que estuvo
privado de la libertad.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, radicación No.

05001-23-25-000-1999-01063-01, Exp. 32988.
19 Fl. 519 - 527, c -1 - A.
20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, proceso Nº. 2009-

00133-01 (44572).

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Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

33.- Sobre el particular, de conformidad con el criterio jurisprudencial unificado21,
para el reconocimiento de este perjuicio se deben cumplir los siguientes
requisitos: (i) haber sido solicitado en la demanda y (ii) estar demostrado que al
momento de su detención la persona desempeñaba una actividad económica y
que debido a la privación de la libertad dejó de percibir ingresos. En relación con
la liquidación del perjuicio, la sentencia antes citada indicó que: (i) el período
indemnizable es el tiempo que duró la detención, desde la aprehensión física
hasta <<cuando éste recobró materialmente la libertad o quedó ejecutoriada la
providencia que puso fin a la actuación penal contra el investigado o sindicado,
lo último que ocurra>>; (ii) el ingreso base de liquidación debe estar probado, y
en caso de que se pruebe que la persona desempeñaba una actividad lícita pero
no el monto devengado <<la liquidación del lucro cesante se debe hacer teniendo
como ingreso base el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento
de la sentencia que ponga fin al proceso de reparación directa>> y (iii) el
reconocimiento del 25% por prestaciones sociales es viable en caso de que se
acredite una relación laboral subordinada, siempre y cuando se haya solicitado
en la demanda.

34.- Con las declaraciones de Guillermo Echeverry22 y Fabián Fernández23, la
parte actora probó que el demandante Pablo Alberto Merino Saa trabajaba en el
sector financiero para el momento en el que fue privado de la libertad.

35.- Sin embargo, no acreditó los ingresos que devengaba con ocasión de esta
actividad económica. Para acreditar este perjuicio se aportaron los siguientes
documentos: (i) la declaración de renta del año gravable de 199724; (ii) el
certificado de ingresos y retenciones del año gravable de 199725,(iii) la
declaración de renta del año gravable de 199826; (iv) la declaración de renta del
año gravable 199927, y (v) el certificado de ingresos y retenciones del año
gravable de 199928. Sin embargo, estos documentos acreditan los ingresos que
la víctima directa percibió en años anteriores a su detención; en consecuencia,
la Sala aplicará la presunción del salario mínimo legal mensual vigente para
liquidar el lucro cesante. Para calcular el ingreso base de liquidación no se
adicionará el 25% por concepto de prestaciones sociales debido a que no se
solicitó en la demanda.

36.- Para la determinación del periodo a indemnizar se debe tener únicamente
en cuenta el tiempo que el demandante Pablo Alberto Merino Saa estuvo privado

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Expediente 73001-23-31-

000-2009-00133-01 (44.572). Sentencia del 18 de julio de 2019. M.P.: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera
22 Fl. 717-719, c – 1- B. C.D. << (…) trabajaba en cuestiones financieras.>>
23 Fl. 717-719, c – 1- B. C.D. << (…) trabajaba en el medio financiero.>>
24 Fl. 59, c - 1.
25 Fl. 60, c - 1.
26 Fl. 61, c - 1.
27 Fl. 62, c – 1.
28 Fl. 63, c – 1.

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de la libertad, sin que sea procedente adicionar el periodo de ocho coma setenta
y cinco meses correspondientes a la reubicación laboral. Esto, porque la parte
actora no aportó prueba alguna que acreditara lo expuesto en la demanda
respecto al tiempo que tardó el demandante Pablo Alberto Merino Saa en
ubicarse laboralmente luego de su detención.

37.- En consecuencia, para la liquidación del perjuicio se tendrá en cuenta:

Periodo indemnizable: 19 meses y 22 días
Salario Mínimo 2023: $ 1.160.000
Se calcula con base en la siguiente fórmula:

Donde:
S= Valor de indemnización por el período
Ra= Renta actualizada
i= Interés técnico del 0.00467
n= Número de meses a indemnizar 19,073
1= Constante

(1 + 0.004867)19.0,73 - 1
S = 1.160.000
0.004867

S = $ 23.125.244.46

38.- Así las cosas, se reconocerá a favor de Pablo Alberto Merino Saa la suma
de VEINTITRÉS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
($23.125.244,46) por concepto de lucro cesante.

M. Costas

39.- El primer inciso del artículo 188 del CPACA dispone que <<salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil>>.

40.- La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1º del
artículo 365 del CGP porque la Rama Judicial fue vencida en el proceso. En los
términos del artículo 366 del CGP, el tribunal de origen deberá liquidar la
condena en costas de manera concentrada.

41.- Para la fijación de las agencias en derecho en la segunda instancia se tienen
en cuenta los criterios y topes establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No.
1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,

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Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

es decir, <<la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía
de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean
equitativas y razonables>>. Como la parte demandante estuvo representada por
apoderado, quien presentó alegatos en esta instancia, por concepto de agencias
en derecho le corresponde seis salarios mínimos legales mensuales vigentes (6
SMLMV).

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 27 de septiembre de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, CONDÉNASE a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a
reparar el daño causado por la privación de la libertad del demandante Pablo
Alberto Merino Saa.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL al pago de los
siguientes perjuicios morales, los cuales se tasarán en salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la presente providencia:

DEMANDANTE PARENTESCO CUANTÍA
50
Pablo Alberto Merino Saa Víctima Directa
SMLMV
20
Daniela Merino Delgado Hija de la víctima
SMLMV
20
Isabella Merino Delgado Hija de la víctima
SMLMV
Cónyuge de la 20
María Isabel Delgado Miller
víctima SMLMV

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de la suma
de VEINTITRÉS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
($23.125.244,46) al demandante Pablo Alberto Merino Saa, por concepto de
lucro cesante.

CUARTO: ORDÉNASE al director ejecutivo de Administración Judicial emitir un
comunicado en el cual ofrezca excusas al demandante Pablo Alberto Merino Saa

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Demandantes: Pablo Alberto Merino Saa y otros

por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su
libertad, en los términos señalados en esta providencia.

QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial a pagar las costas que se
hubieren causado en esta instancia, las cuales serán liquidadas por el tribunal de
origen. INCLÚYASE la suma de seis salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Aclara voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

15

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