Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2015-00633-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2015-00633-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2015-00633-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2015-00633-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
11 de julio de 2024
Radicado: 76001-23-33-000-2015-00633-01 [28143]
Demandante: Pfizer SAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00633-01 [28143] Acumulado1
Demandante: PFIZER SAS
Demandado: UAE - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN
Temas: Impuestos Aduaneros. Aplicación del Acuerdo de Promoción
Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de
América. Certificado de origen
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 28 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó
en costas a la actora.
ANTECEDENTES
La División de Gestión de Liquidación de la Seccional de Impuestos y Aduanas de
Buenaventura de la UAE de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [en
adelante, DIAN], profirió las Resoluciones nros. 1473 del 27 de agosto de 2014 y, 1491
y 1492 del 29 de agosto de 2014, que negaron las solicitudes de liquidación oficial de
corrección para efectos de devolución respecto de las declaraciones de importación
identificadas con los autoadhesivos nros. 14308031204890, 14308021697198 y
14308031204909, respectivamente, las cuales ampararon la mercancía descrita como
«CHAPSTICK MEDICADO»2.
Contra los anteriores actos la sociedad Pfizer SAS interpuso recurso de
reconsideración, los cuales fueron decididos por la División de Gestión Jurídica de la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura de la DIAN, mediante
las Resoluciones nros. 132, 133 y 134 del 10 de febrero de 2015, respectivamente,
que los confirmaron3.
1
Mediante auto del 26 de abril de 2016, el tribunal acumuló los expedientes nros. 76001-23-33-008-2015-00634-00 y 76001-23-
33-010-2015-00632-00 al presente medio de control, con número de radicado ante el tribunal 76001-23-33-005-2015-00633-00.
Índice 3 de Samai. Archivo: «ED_C02_03AutoQueResuelveDeclararAcumulacionDeProcesos».
2
Índice 3 de Samai. Archivos: «ED_C03_01ActuacionesProceso20150063200». Págs. 40 a 49.
«ED_C01_01DemandaConPoderYAnexos». Págs. 35 a 44. «ED_C04_01ActuacionesProcesoAcumulado20150063400». Págs.
38 a 47, respectivamente.
3
Págs. 65 a 73, 62 a 71 y 65 a 73 de los archivos ibidem, respectivamente.
1
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00633-01 [28143]
Demandante: Pfizer SAS
DEMANDA
La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones4:
Expediente nro. 2015-00632-00
Se pidió la nulidad de los siguientes actos administrativos, por medio de los cuales la
DIAN negó la solicitud de liquidación oficial de corrección para efectos de devolución:
Declaración de
Resolución decide recurso
Resolución importación – Fecha
–confirma-
autoadhesivo
1473 del 27 de 132 del 10 de febrero de 16 de octubre
14308031204890
agosto de 2014 2015 de 2013
«TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho:
• Se declare que el Certificado de Origen presentado por PFIZER aportado como prueba al
presentar la solicitud de liquidación oficial de corrección el 19 de noviembre de 2013, es válido y
cumple con los requisitos señalados por el Artículo 67 del Decreto 730 de 2012 y que, en
consecuencia, cobija la importación de la mercancía CHAPSTICK amparada en la Declaración
de importación No. 14308031204890 de fecha 16 de octubre de 2013.
• Se declare que la mercancía CHAPSTICK originaria de Estados Unidos, importada por
PFIZER y amparada en la declaración de importación relacionada en la pretensión primera de
esta demanda, no está sometida al pago de derechos arancelarios de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 7° y 13 del Decreto 730 de 2012.
• Se ordene a la DIAN expedir Liquidación Oficial de Corrección con respecto a la Declaración
de importación No.14308031204890, a través de la cual se reconozca el tratamiento arancelario
preferencial del que PFIZER es titular.
• Se ordene a la DIAN, como consecuencia de lo anterior, devolver a favor de PFIZER la suma
equivalente a ochenta y un millones doscientos trece mil pesos M/cte. ($81.213.000.oo) pagadas
por el importador por concepto de arancel e IVA, debidamente indexada más los intereses
causados desde el momento del pago hasta la fecha de reintegro liquidados a la tasa máxima
permitida por la ley.
CUARTA: Que se condene en costas a la parte Demandada».
Expediente nro. 2015-00633-00
Se solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos, por medio de los cuales
la DIAN negó la solicitud de liquidación oficial de corrección para efectos de
devolución:
Declaración de
Resolución decide recurso
Resolución importación – Fecha
–confirma-
autoadhesivo
1491 del 29 de 133 del 10 de febrero de 25 de octubre
14308021697198
agosto de 2014 2015 de 2013
4
Índice 30 de Samai – Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo: «EXPEDIENTE DIGITAL(.zip) NroActua 30».
2
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00633-01 [28143]
Demandante: Pfizer SAS
«TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho:
• Se declare que el Certificado de Origen presentado por PFIZER aportado como prueba al
presentar la solicitud de liquidación oficial de corrección el 19 de noviembre de 2013, es válido y
cumple con los requisitos señalados por el Artículo 67 del Decreto 730 de 2012 y que, en
consecuencia, cobija la importación de la mercancía CHAPSTICK amparada en la Declaración
de importación No. 14308021697198 de fecha 23 de octubre de 2013.
• Se declare que la mercancía CHAPSTICK originaria de Estados Unidos, importada por
PFIZER y amparada en la declaración de importación relacionada en la pretensión primera de
esta demanda, no está sometida al pago de derechos arancelarios de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 7° y 13 del Decreto 730 de 2012.
• Se ordene a la DIAN expedir Liquidación Oficial de Corrección con respecto a la Declaración
de importación No. 14308021697198, a través de la cual se reconozca el tratamiento arancelario
preferencial del que PFIZER es titular.
• Se ordene a la DIAN, como consecuencia de lo anterior, devolver a favor de PFIZER la suma
equivalente a setenta y ocho millones trescientos cuarenta y un mil pesos M/cte. ($78.341.000.oo)
pagadas por el importador por concepto de arancel e IVA, debidamente indexada más los
intereses causados desde el momento del pago hasta la fecha de reintegro liquidados a la tasa
máxima permitida por la ley.
CUARTA: Que se condene en costas a la parte Demandada».
Expediente nro. 2015-00634-00
Se solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos, por medio de los cuales
la DIAN negó la solicitud de liquidación oficial de corrección para efectos de
devolución:
Declaración de
Resolución decide recurso
Resolución importación – Fecha
–confirma-
autoadhesivo
1492 del 29 de 134 del 10 de febrero de 16 de octubre
14308031204909
agosto de 2014 2015 de 2013
«TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho:
• Se declare que el Certificado de Origen presentado por PFIZER aportado como prueba al
presentar la solicitud de liquidación oficial de corrección el 19 de noviembre de 2013, es válido y
cumple con los requisitos señalados por el Artículo 67 del Decreto 730 de 2012 y que, en
consecuencia, cobija la importación de la mercancía CHAPSTICK amparada en la Declaración
de importación No. 14308031204909 de fecha 16 de octubre de 2013.
• Se declare que la mercancía CHAPSTICK originaria de Estados Unidos, importada por
PFIZER y amparada en la declaración de importación relacionada en la pretensión primera de
esta demanda, no está sometida al pago de derechos arancelarios de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 7° y 13 del Decreto 730 de 201g2.
• Se ordene a la DIAN expedir Liquidación Oficial de Corrección con respecto a la Declaración
de importación No. 14308031204909, a través de la cual se reconozca el tratamiento arancelario
preferencial del que PFIZER es titular.
• Se ordene a la DIAN, como consecuencia de lo anterior, devolver a favor de PFIZER la suma
equivalente a doscientos dieciséis millones doscientos setenta mil pesos M/cte.
($216.270.000.oo) pagadas por el importador por concepto de arancel e IVA, debidamente
3
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Demandante: Pfizer SAS
indexada más los intereses causados desde el momento del pago hasta la fecha de reintegro
liquidados a la tasa máxima permitida por la ley.
CUARTA: Que se condene en costas a la parte Demandada».
Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 29, 209 y 363 de la Constitución
Política (CP), 3 (num. 2), 9 (nums. 6 y 14), 10 y 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
228 de la Ley 1564 de 2012 (CGP), 128 (num. 10) del Decreto 2685 de 1999, 7, 13,
67 y 75 del Decreto 730 de 2012 y la Ley 1143 de 2007, por medio de la cual se
aprueba el -Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos
de América- (APC)5.
Como concepto de la vulneración, expuso:
Los actos infringen las normas en que deberían fundarse. La autoridad aduanera
negó la liquidación oficial de corrección bajo el argumento que el certificado de origen
aportado no era válido, toda vez que las certificaciones para embarques múltiples no
amparan importaciones realizadas con anterioridad a su emisión, sino solo las
efectuadas posteriormente a dicha fecha y hasta doce (12) meses después; limitación
no prevista en el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y los Estados
Unidos de América [en adelante, APC)] ni en el Decreto 730 de 2012.
Si la autoridad aduanera tenía dudas acerca del origen de la mercancía o la validez de
los certificados aportados, en virtud del artículo 70 del Decreto 730 de 2012, podía
adelantar las diligencias para verificar dicha situación y así garantizar la aplicación de
los beneficios derivados del APC.
Tratándose de los certificados de origen que cobijan múltiples embarques, el artículo
67 del Decreto 730 de 2012 exige como único requisito especial que en el documento
se consigne el periodo amparado, y que el mismo «no exceda los 12 meses a partir de la
fecha de la certificación».
Esa norma no establece que la fecha del certificado sea anterior a los embarques, sino
que el periodo amparado no exceda doce (12) meses posteriores a la emisión del
documento, es decir, indica un límite temporal para la cobertura hacia futuro, pero no
prohíbe que el certificado cobije embarques anteriores a la fecha de su emisión.
Si se tiene en cuenta que el artículo 75 ibidem parte de la base de que el importador
no invocó el tratamiento preferencial al realizar la importación y le otorga el plazo de
un (1) año para la presentación del certificado de origen, mal puede el artículo 67
restringir la cobertura de una certificación únicamente a las operaciones realizadas
después de su expedición.
Vulneración del debido proceso. La actuación de la DIAN implica retener sumas que
no le pertenecen, porque de acuerdo con el artículo 550 del Estatuto Aduanero y la
jurisprudencia del Consejo de Estado6, la liquidación oficial de corrección constituye el
documento soporte de la petición de devolución, y si esta no se expide, la sociedad
queda imposibilitada para recuperar lo pagado. Además, afectó el debido proceso7 al
incurrir en una vía de hecho.
5
Índice 3 de Samai. Archivo: «ED_C01_01DemandaConPoderYAnexos». Pág. 79.
6
Refirió la sentencia del 23 de mayo de 2013, exp. 2008-00037, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
7
Citó la sentencia T-995 de 2007 de la Corte Constitucional.
4
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Demandante: Pfizer SAS
La entidad adoptó una decisión arbitraria al pretender aplicar restricciones inexistentes
en la ley, e intentar incorporar palabras que no están en la norma, toda vez que el
artículo 67 del Decreto 730 de 2012 no menciona una fecha mínima de cubrimiento
del certificado de origen para el caso de múltiples embarques.
Los actos administrativos mediante los cuales se negó el tratamiento preferencial están
fundamentados en el Oficio nro. 100227340-1672 expedido por la Coordinación del
Servicio de Origen de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la DIAN que,
si bien cita el artículo 67 del Decreto 730 de 2012, no realiza un análisis sistemático
de sus implicaciones frente al artículo 75 del mismo ordenamiento.
La DIAN impide acceder a los beneficios otorgados por el TLC con Estados
Unidos. La decisión de la DIAN sobre la invalidez de los certificados de origen no solo
se basó en una errónea interpretación de la disposición aplicable, sino que además
torna nugatorios los beneficios negociados por Colombia en virtud del TLC con
Estados Unidos.
No es aceptable que la Administración «exija que la mercancía se clasifique por una subpartida
arancelaria y proceda renglón seguido a desconocer los efectos de su reclasificación, y en concreto el
trato que se le debe dar a los bienes reclasificados por esta subpartida asignada por la DIAN incluida
en la lista de desgravación A del TLC»8.
OPOSICIÓN
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente 9:
Según los artículos 4.15 [num. 4, lit (b)] y 4.19 [num. 5] del APC, un importador al
introducir al territorio colombiano mercancía originaria de Estados Unidos tiene la
posibilidad de solicitar el trato arancelario preferencial de aquellas, a más tardar un (1)
año después de la fecha de importación.
La demandante presentó la solicitud de tratamiento preferencial oportunamente,
fundamentada en certificados de origen con múltiples embarques; sin embargo, de
acuerdo con el literal (b) del numeral 4 del artículo 4.15 del APC, dichos documentos
no pueden amparar mercancía embarcada con anterioridad a su fecha de emisión.
Los actos demandados se fundamentaron en el acervo fáctico, probatorio y del apoyo
técnico que dan cuenta de que los certificados de origen no cumplen los requisitos
exigidos por los literales g), j), y b) del parágrafo segundo del artículo 67 del Decreto
730 de 2012.
Así, como los doce (12) meses a los que alude la norma deben ser posteriores a la
fecha de certificación, en este caso no procede reconocer el tratamiento arancelario
preferencial, toda vez que no es viable que el documento ampare embarques
efectuados antes de su emisión.
La expresión «a partir de» contenida en el literal (b) del artículo 4.15 del APC fue
interpretada gramaticalmente y en su sentido natural y obvio de las palabras, de
8
Pág. 92 del archivo de la demanda del expediente 2015-00633-00.
9
Índice 3 de Samai. Archivo: «ED_C01_08ContestaciónDeLaDemandaDianConPoderYAnexos». Págs. 61 a 78.
5
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Demandante: Pfizer SAS
acuerdo con los artículos 27 y 28 del Código Civil, y de forma sistemática en el artículo
121 del Decreto 2685 de 1999, el cual prevé que el certificado de origen es un
documento soporte de la declaración de importación que debe ser obtenido antes de
la presentación y aceptación de la declaración de importación.
Los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme al principio de
legalidad y en garantía del debido proceso; no surgen de una actuación arbitraria y
están motivados. Además, los criterios de origen no fueron materia de discusión en
sede administrativa, pues esta se concretó en si los certificados de origen cumplieron
los requisitos de ley.
Propuso las excepciones de: (i) inexistencia de la causal invocada y (ii) la genérica.
AUDIENCIA INICIAL Y DE PRUEBAS
El 9 de marzo de 2017 se llevaron a cabo las audiencias inicial y de pruebas de que
tratan los artículos 180 y 181 del CPACA10. En la audiencia inicial no se advirtieron
irregularidades procesales, nulidades, medidas cautelares o excepciones previas que
se tuvieran que declarar. El litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos
administrativos demandados.
En la audiencia de pruebas se incorporaron al expediente las aportadas con las
demandas y la contestación, y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y al Ministerio Público para que emitiera concepto.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia apelada: (i) negó las
pretensiones de la demanda y (ii) condenó en costas a la actora, con fundamento en
lo siguiente11:
Los certificados de origen fueron expedidos el 13 de mayo de 2013 y el 18 de
septiembre de 2013, los cuales cubren los periodos del 15 de mayo de 2012 al 14 de
mayo de 2013 y del 15 de mayo de 2013 al 14 de mayo de 2014, respectivamente, y
establecen como mercancía originaria de Estados Unidos la denominada «CHAPSTICK
MEDICATED», clasificada en la subpartida arancelaria 33.04.99.00.00.
El literal b) del parágrafo 2º del artículo 67 del Decreto 730 de 2012 establece que el
periodo de cobertura del certificado de origen que ampara múltiples embarques no
debe exceder los doce (12) meses a partir de su expedición, y el literal d) del artículo
121 del Decreto 2685 de 1999 dispone que el certificado de origen es un documento
soporte de la declaración de importación que debe ser obtenido por el importador
previa a la presentación y aceptación de la declaración de importación.
Los actos demandados controvirtieron los periodos que cubrían los certificados de
origen presentados por la demandante para acceder al trato arancelario preferencial,
10
Índice 3 de Samai. Archivos: «ED_C02_06AudienciaInicialConAnexos» y «ED_C02_07AudienciaDePruebas»,
respectivamente.
11
Índice 31 de Samai - Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
6
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pues estos únicamente debían amparar importaciones realizadas a partir del 13 de
mayo y del 18 de septiembre del 2013.
Como las declaraciones de importación se presentaron antes de la fecha de emisión
de los certificados de origen, estos no cumplieron los requisitos previstos por el Decreto
730 de 2012. Además, no se aportó información adicional que permitiera a la DIAN
verificar el origen de la mercancía importada, motivos suficientes para negar el trato
arancelario preferencial y la devolución de los tributos aduaneros.
De conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, se condena en costas
a la demandante, por resultar vencida en el proceso.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento en lo
siguiente12:
Interpretación errónea. El tribunal consideró equivocadamente que el artículo 121 del
Decreto 2685 de 1999 aclaró el literal b) del parágrafo 2º del artículo 67 del Decreto
730 de 2012, norma especial que se expidió, específicamente, para dar cumplimiento
a los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del APC con los Estados
Unidos de América.
De ahí que no se comparta la tesis del a quo en el sentido que, según el artículo 121
del Decreto 2685 de 1999, los certificados de origen de las mercancías siempre deben
expedirse antes de la presentación de la declaración de importación.
El fallo transgrede los principios de igualdad y seguridad jurídica, dado que en la
sentencia del 2 de agosto de 201913, en un proceso con identidad de partes y
supuestos fácticos y jurídicos, el tribunal anuló los actos enjuiciados al concluir que el
certificado de origen puede referirse a cualquier periodo, siempre que no exceda los
doce (12) meses a partir de su fecha de expedición.
Omisión en la valoración probatoria. El tribunal no tuvo en cuenta que la DIAN en
el instructivo del certificado de origen recomendado para mercancías cubiertas por el
APC -publicado en su página web-, señaló que la fecha en la que inicia el cubrimiento puede
ser previa al momento de la firma del documento.
Prueba del origen. No es cierto que Pfizer SAS tuviese que aportar otros medios
probatorios distintos al certificado de origen para acreditar la calidad originaria de las
mercancías, comoquiera que el artículo 75 del Decreto 730 de 2012 señala que quien
pretenda beneficiarse de un tratamiento arancelario preferencial puede elegir
cualquiera de las opciones allí enunciadas para constatar el origen de los bienes y, en
este caso, la sociedad escogió el referido certificado, que cumple los requisitos del
artículo 67 ibidem.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
12
Índice 34 de Samai - Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
13
Proceso nro. 76001-23-33-007-2016-00008-00.
7
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Demandante: Pfizer SAS
El recurso de apelación presentado por la demandante se admitió mediante auto del
1º de febrero de 202414. En el término de ejecutoria la DIAN se pronunció reiterando
los argumentos de la contestación, en el sentido que el certificado de origen debió
obtenerse con antelación a la fecha de la presentación y aceptación de las
declaraciones de importación materia de investigación en sede administrativa15. Al no
ser necesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para
alegar. El Ministerio Público no emitió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad de las resoluciones mediante las cuales la DIAN negó las
solicitudes de liquidación oficial de corrección para efectos de devolución respecto de
las declaraciones de importación presentadas a nombre de Pfizer SAS, y de los actos
que decidieron los recursos de reconsideración contra las anteriores, confirmándolas.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
deberá establecer si el importador, para aplicar el tratamiento arancelario preferencial,
estaba obligado a obtener el certificado de origen antes de la presentación y
aceptación de las declaraciones de importación -tesis de la DIAN-, o si, por el contrario,
es posible presentar la prueba de origen con posterioridad a la importación de los
bienes -planteamiento de la actora-.
Para resolver, la Sala reiterará en lo pertinente el criterio expuesto en la sentencia del
9 de mayo de 202416, que dirimió la controversia suscitada entre las mismas partes
sobre otras declaraciones de importación, pero bajo supuestos jurídicos idénticos a los
aquí discutidos.
Certificado de origen. APC entre Colombia y los Estados Unidos de América
El tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que el literal b) del
parágrafo 2º del artículo 67 del Decreto 730 de 2012 establece que el periodo de
cobertura del certificado de origen que ampare múltiples embarques no debe exceder
los doce (12) meses a partir de su expedición, y el literal d) del artículo 121 del Decreto
2685 de 1999 dispone que dicho documento debe ser obtenido por el importador
previa a la presentación y aceptación de la declaración de importación, lo cual no
ocurrió en el presente caso porque los certificados de origen fueron emitidos
posteriormente a las operaciones de comercio exterior.
Por su parte, la sociedad sostuvo que el a quo interpretó indebidamente los artículos
67 y 75 del Decreto 730 de 2012, porque los certificados de origen que registran
múltiples embarques pueden referirse a cualquier periodo, siempre y cuando no
excedan los doce (12) meses a partir de su expedición para solicitar el tratamiento
arancelario preferencial para los embarques efectuados antes de la fecha de su
emisión.
En lo que interesa al caso concreto, la Sala observa que mediante la Ley 1143 de
2007 Colombia aprobó el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre la República
14
Índice 7 de Samai.
15
Índice 15 de Samai.
16
Exp. 25407, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
8
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00633-01 [28143]
Demandante: Pfizer SAS
de Colombia y los Estados Unidos de América, sus Cartas Adjuntas y sus
Entendimientos, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 200617.
El Capítulo Cuarto del APC - Reglas de Origen y Procedimientos de Origen, Sección
B - Procedimiento de Origen, artículo 4.15, se refirió a la solicitud de trato preferencial.
Conforme a dicha norma, cada Parte dispondrá: (i) que un importador podrá solicitar
el trato arancelario preferencial basado en una de las siguientes: a) una certificación
escrita o electrónica emitida por el importador, exportador o productor; o b) el
conocimiento del importador de que la mercancía es originaria, incluyendo la confianza
razonable en la información que posee el importador de dicha circunstancia [num. 1] y
(ii) que una certificación podrá aplicarse a: a) un solo embarque de una mercancía al
territorio de una Parte; o b) múltiples embarques de mercancías idénticas, dentro de
cualquier periodo establecido en la certificación escrita o electrónica, que no exceda
los doce (12) meses a partir de la fecha de certificación [num. 4].
Además, establece que cada Parte dispondrá que la certificación no debe estar hecha
en un formato preestablecido, siempre que sea en forma escrita o electrónica,
incluyendo, pero no limitando, entre otros, los siguientes elementos: la información que
demuestre que la mercancía es originaria, fecha de la certificación y en el caso de una
certificación para múltiples embarques, el periodo que esta cubre [num. 2].
En lo que tiene que ver con las obligaciones respecto a las importaciones, el artículo
4.19 del APC estableció que «cada Parte dispondrá que, si una mercancía era originaria cuando
fue importada a su territorio, pero el importador de la mercancía no hizo una solicitud de trato arancelario
preferencial al momento de la importación, el importador pueda, a más tardar un año después de la
fecha de importación, hacer la solicitud de trato arancelario preferencial y solicitar un reembolso de
cualquier exceso de derechos pagados como resultado de no haber solicitado el trato arancelario
preferencial», presentando a la Parte: a) una declaración por escrito, manifestando que
la mercancía era originaria al momento de la importación, b) una copia escrita o
electrónica de la certificación, si una certificación es la base de la solicitud, u otra
información que demuestre que la mercancía era originaria y c) otra documentación
relacionada con la importación de las mercancías, según lo requiera la Parte
importadora [num. 5].
En todo caso, con el propósito de determinar si una mercancía importada a su territorio
proveniente del territorio de otra Parte es mercancía originaria, la Parte importadora
podrá conducir una verificación mediante: a) solicitudes escritas de información al
importador, exportador o productor, b) cuestionarios escritos dirigidos al importador,
exportador o productor, c) visitas y d) otros procedimientos que las partes -importadora
y exportadora- puedan acordar [art. 4.18].
Vistas las anteriores disposiciones, tratándose de embarques múltiples, y para lo que
interesa al caso, se tiene que cada Parte dispondrá que: (i) el importador podrá
solicitar el trato arancelario preferencial basado en una certificación escrita o
electrónica emitida por el importador, exportador o productor; (ii) la certificación podrá
aplicarse dentro de cualquier periodo establecido, que no exceda los doce (12) meses,
(iii) si una mercancía era originaria cuando fue importada a su territorio, pero el
importador no hizo una solicitud de trato arancelario preferencial en su momento, se
podrá, a más tardar un (1) año después de la importación, hacer la solicitud de trato
17
La Corte Constitucional mediante la sentencia C-750 del 24 de julio de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández declaró
exequible dicho acuerdo, las cartas adjuntas y sus entendimientos, así como sus anexos y, su ley aprobatoria.
9
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arancelario preferencial y pedir un reembolso de cualquier exceso de derechos
pagados como resultado de no haber solicitado el trato arancelario preferencial,
presentando a la Parte una copia escrita o electrónica de la certificación -por ser la base
de la solicitud en este caso-.
Por medio del Decreto 730 del 13 de abril de 2012, el Gobierno Nacional dio
cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del referido APC.
En su artículo 67 dispuso que cuando una certificación de origen sea la base de la
solicitud de tratamiento arancelario preferencial, esta puede ser completada por el
productor, exportador o importador de la mercancía. No requerirá un formato
prestablecido, siempre que contenga, entre otra, la siguiente información: en el caso
de una certificación para múltiples embarques, emitida conforme al literal b) del
parágrafo 2 de la misma norma, el periodo que cubre la certificación (literal j).
Ese literal b) al que se remite, indica que la certificación de origen podrá aplicarse a
un solo embarque o múltiples embarques de mercancías idénticas, dentro de cualquier
periodo establecido en la certificación escrita o electrónica, que no exceda los 12
meses a partir de la fecha de la certificación.
A su vez, el artículo 75 del citado decreto establece que si una mercancía era originaria
cuando fue importada a Colombia, pero el importador no hizo una solicitud de trato
arancelario preferencial al momento de la importación, este puede, a más tardar un
(1) año después de la fecha de la operación, hacer la solicitud del tratamiento
preferente y solicitar un reembolso de cualquier exceso de derechos pagados como
resultado de no haberlo solicitado, presentando: a) una declaración por escrito,
manifestando que la mercancía era originaria al momento de la importación, b) una
copia escrita o electrónica de la certificación, si una certificación es la base de la
solicitud, u otra información que demuestre que la mercancía era originaria y c) otra
documentación relacionada con la importación de las mercancías, según lo requiera
la DIAN.
De modo que, son dos las oportunidades con las que cuenta el importador de la
mercancía originaria de los Estados Unidos de América para solicitar el trato
arancelario preferencial: la primera, al «momento de la importación», que comprende la
presentación de la declaración y su aceptación -asignación de número y fecha-18 y, la
segunda, a más tardar un (1) año después de la «fecha de importación»19 cuando el
importador omitió pedir el trato preferencial de manera inicial y pretenda el reembolso
del pago en exceso que se haya generado.
Como se puede apreciar, el APC y el decreto guardaron silencio respecto al momento
en el que se debe obtener el certificado de origen para acceder al tratamiento
arancelario preferencial, valga decir, antes de la presentación y aceptación de la
declaración de importación o a posteriori.
Si bien el artículo 121 del Decreto 2685 de 199920 -referido por el a quo- establecía que,
para efectos aduaneros el declarante estaba obligado a obtener antes de la
presentación y aceptación de la declaración y a conservar por un periodo de cinco (5)
18
El artículo 123 del Decreto 2685 de 1999 señala: «[l]a Declaración de Importación para los efectos previstos en este Decreto,
se entenderá aceptada, cuando la autoridad aduanera, previa validación por el sistema informático aduanero de las causales
establecidas en el artículo anterior, asigne el número y fecha correspondiente. […]».
19
Respecto del conteo del término para la solicitud de devolución de derechos contenida en el artículo 75 del Decreto 730 de
2012, la Sala se pronunció en la sentencia del 10 de febrero de 2022, exp. 24932, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
20
En su tenor vigente para la época de los hechos.
10
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años contados a partir de dicha fecha, el original, entre otros documentos, del
certificado de origen -cuando se requiera para la aplicación de disposiciones especiales-, y que
deberá ponerlo a disposición de la autoridad aduanera cuando esta así lo requiera,
para la Sala no se puede obviar que el artículo 513 del mismo ordenamiento prevé
que la autoridad aduanera puede expedir una liquidación oficial de corrección cuando
se presenten errores, entre otros, el de tratamiento preferencial -norma reglamentada por
el artículo 438 de la Resolución nro. 4240 de 2000-21.
En ese sentido, en la sentencia del 4 de mayo de 2015 la Sala precisó que el artículo
513 del Decreto 2685 de 1999 «no puede ser interpretado de forma restrictiva respecto de la
oportunidad para la presentación del certificado de origen para solicitar el tratamiento preferencial
arancelario, ni se puede pretender que la no presentación de los certificados de origen, al radicar la
declaración de importación, acarrea una consecuencia no prevista en la ley, como es la pérdida del
tratamiento preferencial, máxime cuando el artículo 513 del Estatuto Aduanero permite este tipo de
corrección»22.
Además, como también lo ha dicho la Sala, en los términos establecidos por el artículo
228 de la Constitución Política23, el derecho sustancial prevalece sobre el formal, por
lo que el contribuyente puede pedir que se corrijan las declaraciones de importación
para determinar su derecho a la exención, mediante el cumplimiento de las
disposiciones aduaneras aplicables, sin que sea menester que en el momento de
presentar la declaración de importación haya invocado el tratamiento preferencial o
aportado la prueba del certificado de origen, pues esto se puede acreditar en la
actuación administrativa prevista para la corrección de la declaración con fines de
devolución24.
Precisado lo anterior, se observa que, en el presente caso obran las siguientes
pruebas:
Los días 20 de febrero, 7 de mayo y 3 de agosto de 2013, la agencia de aduanas DHL
Global Forwarding Colombia SA presentó a nombre de Pfizer SAS tres (3)
declaraciones de importación por medio de las cuales introdujo al territorio aduanero
nacional el producto descrito como «barra medicada para labios CHAPSTICK», bajo la
subpartida arancelaria 33.04.10.00.00, liquidando un arancel del 15% e IVA del 16%25.
El 10 de septiembre de 2013, la Coordinación del Servicio de Arancel de la
Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la DIAN expidió la Resolución nro.
00768326, por la cual se clasifica el producto denominado «BARRA MEDICADA PARA
LABIOS – CHAPSTICK MEDICADO y comercialmente como “CHAPSTICK MEDICADO”» , por la
subpartida arancelaria 33.04.99.00.00 del arancel de aduanas.
21
«ARTÍCULO 438. LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 513 del Decreto 2685
de 1999, la liquidación oficial de corrección, procederá a solicitud de parte, dirigida a la División de Liquidación, o a dependencia
que haga sus veces, cuando:
[…]
b) Cuando se trate de establecer el monto real de los tributos aduaneros, en los casos en que se aduzca pago en exceso».
22
Exp. 19008, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en la sentencia del 20 de febrero de 2017, exp. 21153, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
23
«Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán
públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo».
24
Sentencia del 20 de febrero de 2017, exp. 21153, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, que reitera el criterio expuesto en la
sentencia del 4 de mayo de 2015, exp. 19008, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
25
Según consta en cada demanda y en los antecedentes de las resoluciones que negaron las liquidaciones oficiales de corrección.
26
Índice 3 de Samai. Archivo: «ED_C03_01ActuacionesProceso20150063200». Págs. 32 a 33.
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El 16 y 25 de octubre de 2013, la agencia de aduanas DHL Global Forwarding
Colombia SA corrigió voluntariamente las referidas declaraciones de importación,
modificando la subpartida arancelaria a la 33.04.99.00.00, indicada por la DIAN en la
anterior resolución27.
El 21 de noviembre de 2013, DHL Global Forwarding Colombia SA, actuando a nombre
de Pfizer SAS solicitó a la DIAN la expedición de liquidación oficial de corrección para
efectos de devolución de los tributos aduaneros de las mencionadas declaraciones de
corrección, debido al reconocimiento del tratamiento arancelario preferencial. Para el
efecto anexó, entre otros documentos, los certificados de origen en los que se indica:
(i) «Periodo cubierto: desde 05/15/2012 hasta 05/14/2013», con fecha de expedición «05/13/2013»
y (ii) «Periodo cubierto: desde 05/15/2013 hasta 05/14/2014», emitido el «09/18/2013»28.
La División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Buenaventura expidió las Resoluciones nros. 1473 del 27 de agosto de
2014 y, 1491 y 1492 del 29 de agosto del mismo año, por medio de las cuales negó la
liquidación oficial de corrección para efectos de devolución, porque a su juicio «para los
embarques múltiples la Certificación debe ser previa, es decir se certifica lo que se vaya a embarcar
dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de la certificación; de allí que no se exija los datos de las
facturas, puesto que se amparan las posibles mercancías que se negocian y se embarquen a futuro
dentro del periodo indicado»29.
Contra los anteriores actos la demandante interpuso recursos de reconsideración,
decididos por la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Buenaventura mediante las Resoluciones nros. 132, 133 y 134 del 10 de
febrero de 2015, respectivamente, que los confirmaron30.
Ahora bien, según se expuso en los actos demandados:
Resolución nro. 1473 del 27 de agosto de 201431: «el Certificado de Origen Sin Número,
presenta varias incongruencias entre las cuales se destaca que el periodo cubierto dice ser desde el
15/05/2012 hasta el 14/05/2013, es decir aproximadamente un año antes de la fecha en que se firma el
documento (13/05/2013), situación que no daría cumplimiento a lo estipulado en el literal b del parágrafo
2º del Artículo 67 del Decreto 730 de 2012».
Resolución nro. 1491 del 29 de agosto de 201432: «[e]n ítem 2 del Certificado se puede
apreciar que el periodo que cubre el mismo es del 05/15/2012 al 05/14/2013. Lo que podría indicar que
la Declaración de Importación en estudio está dentro del periodo amparado. No obstante se recuerda
que el literal b) exige que los múltiples embarques se realicen dentro de los 12 meses, contados a partir
de la fecha de certificación. Entonces si la Certificación fue expedida el 13 de mayo de 2013 mal puede
cubrir el periodo anterior de 2012 a 2013, puesto que no es aplicable a embarques anteriores a la
Certificación».
Resolución nro. 1492 del 29 de agosto de 201433: «[e]n ítem 2 del Certificado se puede
apreciar que el periodo que cubre el mismo es del 05/15/2013 al 05/14/2014. Lo que podría indicar que
la Declaración de Importación en estudio está dentro del periodo amparado. No obstante se recuerda
que el literal b) exige que los múltiples embarques se realicen dentro de los 12 meses, contados a partir
27
Índice 3 de Samai. Archivos: «ED_C03_01ActuacionesProceso20150063200», pág. 22;
«ED_C01_01DemandaConPoderYAnexos», pág. 20 y «ED_C04_01ActuacionesProcesoAcumulado20150063400», pág. 22.
28
Índice 3 de Samai. Archivos: «ED_C03_01ActuacionesProceso20150063200», pág. 24 y
«ED_C04_01ActuacionesProcesoAcumulado20150063400», pág. 24, respectivamente.
29
Pág. 9 de la Resolución nro. 1491 del 29 de agosto de 2014.
30
Págs. 65 a 73, 62 a 71 y 65 a 73 de los archivos ibidem, respectivamente.
31
Índice 3 de Samai. «ED_C03_01ActuacionesProceso20150063200». Pág. 48.
32
Índice 3 de Samai. Archivo: «ED_C01_01DemandaConPoderYAnexos». Pág. 43.
33
Índice 3 de Samai. Archivo: «ED_C04_01ActuacionesProcesoAcumulado20150063400». Pág. 46.
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de la fecha de certificación. Entonces si la Certificación fue expedida el 18 de septiembre de 2013 mal
puede cubrir un periodo anterior, puesto que no es aplicable a embarques anteriores a la Certificación».
Lo que se evidencia de dichos actos, y de las demás pruebas aportadas al expediente,
es que el importador de la mercancía proveniente de los Estados Unidos de América
no hizo la solicitud de trato arancelario preferencial al momento de la importación y
que, para efectos de la solicitud de liquidación oficial de corrección -a la que tiene derecho,
conforme se analizó con anterioridad-, allegó los documentos requeridos y el certificado de
origen para múltiples embarques de mercancías, sin exceder los doce (12) meses del
periodo que cubre la certificación -desde el 15/05/2012 hasta el 14/05/2013 y desde el 15/05/2013
hasta el 14/05/2014-, dando cumplimiento al literal b) del parágrafo 2º del artículo 67 del
Decreto 730 del 2012.
Exigir que el certificado de origen para la solicitud del trato arancelario preferencial sea
expedido previamente a la exportación de las mercancías, desconocería el derecho
que tiene el importador de la mercancía originaria de los Estados Unidos de América
para solicitar el tratamiento preferente, a más tardar, un (1) año después de la fecha
de importación -arts. 4.19 del APC y 75 del Decreto 730 de 2012-.
Así las cosas, conforme al criterio que en esta oportunidad se reitera, la Sala comparte
la interpretación sistemática esbozada por la apelante sobre los artículos 65 y 75 del
Decreto 730 de 2012, en armonía con las normas aplicables del APC. En
consecuencia, prospera el cargo de apelación relacionado con la interpretación de la
norma, por lo que la Sala se abstiene de resolver los demás reparos propuestos en el
recurso de alzada.
Las anteriores razones son suficientes para revocar la sentencia apelada, que negó
las pretensiones de la demanda, en tanto lo procedente es declarar la nulidad de los
actos administrativo demandados y a título de restablecimiento del derecho ordenarle
a la DIAN que practique las liquidaciones oficiales de corrección para efectos de
devolución respecto de las declaraciones de importación identificadas con los
autoadhesivos nros. 14308031204890 y 14308031204909 del 16 de octubre de 2013,
y 14308021697198 del 25 de octubre de 2013, en las que se reconozca el tratamiento
arancelario preferencial del APC.
Respecto a las pretensiones de devolución de tributos aduaneros y la liquidación de
intereses corrientes y moratorios, se reitera que «[e]l legislador fijó un trámite independiente
para las solicitudes de devolución de saldos a favor, pagos en exceso o indebidos que se proyecta sobre
el reconocimiento de los intereses de los artículos 863 y 864 del ET. El propósito de la actuación
administrativa que provocó la demandante y que derivó en los actos demandados consistía en que la
demandada expidiera la liquidación oficial de corrección que estableciera las sumas pagadas en exceso
y sirviera de sustento a la petición de devolución, de ahí que el restablecimiento del derecho conculcado
debe ser la consecuencia jurídica del acto anulado, el cual, se repite, negó la expedición de la liquidación
oficial de corrección pretendida y no una devolución» 34.
De manera que las liquidaciones oficiales de corrección que en ejecución de esta
sentencia emita la Administración sustentarán el trámite de devolución que inicie la
demandante, que se efectuará previas las verificaciones que haga la DIAN sobre la
procedencia de la devolución de tributos y compensaciones que exija el procedimiento
previsto en la normativa vigente para cuando esta se tramite (entre ellas la
constatación de que los tributos no hayan sido declarados como deducciones en la
34
Sentencia del 3 de marzo de 2022, exp. 25367, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. En el mismo sentido cfr. la sentencia del 4
de abril de 2024, exp. 27646, C.P. Milton Chaves García.
13
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declaración de renta, o como impuesto descontable en el caso del IVA, tal como se
indica, actualmente, en los ordinales 6 y 7 del artículo 729 del Decreto 1165 de 2019),
motivo por el cual se negarán las pretensiones de la demanda encaminadas a obtener
el reintegro de los tributos aduaneros pagados en exceso, así como el reconocimiento
de intereses.
En conclusión, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de las Resoluciones nros. 1473 del 27 de agosto de 2014 y, 1491 y 1492
del 29 de agosto de 2014, proferidas por la Seccional de Impuestos y Aduanas de
Buenaventura de la DIAN, por medio de las cuales se negó la expedición de las
liquidaciones oficiales de corrección para efectos de devolución respecto de las
declaraciones de importación identificadas con los autoadhesivos nros.
14308031204890, 14308021697198 y 14308031204909, respectivamente; y de las
Resoluciones nros. 132, 133 y 134 del 10 de febrero de 2015, por las que la citada
seccional, en su orden, las confirmó. A título de restablecimiento del derecho se le
ordenará a la entidad demandada que expida las liquidaciones oficiales de
corrección con fines de devolución de tributos aduaneros, que podrán ser
reclamados en devolución en cuanto a las citadas declaraciones de importación.
Las demás pretensiones de la demanda se negarán.
En cuanto a la condena en costas -agencias en derecho y gastos del proceso-, se observa
que a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, no hay lugar a su
imposición en ambas instancias, comoquiera que prosperó el recurso de apelación y
no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. REVOCAR la sentencia del 28 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones nros. 1473 del 27 de agosto de 2014 y,
1491 y 1492 del 29 de agosto de 2014, proferidas por la Seccional de Impuestos y Aduanas de
Buenaventura de la DIAN, por medio de las cuales se negó la expedición de las liquidaciones
oficiales de corrección para efectos de devolución respecto de las declaraciones de importación
identificadas con los autoadhesivos nros. 14308031204890, 14308021697198 y
14308031204909, respectivamente; y de las Resoluciones nros. 132, 133 y 134 del 10 de febrero
de 2015, por las que la citada seccional, en su orden, las confirmó.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la DIAN que expida las
liquidaciones oficiales de corrección con fines de devolución de tributos aduaneros, que podrán
ser reclamados en devolución en cuanto a las declaraciones de importación relacionadas en el
anterior ordinal.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
2. Sin condena en costas en ambas instancias.
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Demandante: Pfizer SAS
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse en la opción «validador de documentos» dispuesta en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
15
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