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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00834-01

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00834-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 5 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en tanto condenó en costas a Omaira Ceballos Dávila, por las razones expuestas en esta decisión. 26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 17 Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022) Demandante: Omaira Ceballos Dávila Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 5 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Omaira Ceballos Dávila contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), conforme a lo expuesto en esta providencia. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2015-00834-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

31 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00384-01 (3127-2021)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila
Demandado: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)1

Tema: Reliquidación pensión docente oficial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 5 de junio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Omaira Ceballos Dávila presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)2, en
orden a que se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones i) 206 del 2 de
mayo de 2007, por medio de la cual el secretario de educación del municipio de
Tuluá, en nombre y representación del Fomag, le reconoció la pensión de jubilación;
y ii) 310-054-0382 del 9 de julio de 2012, a través de la cual dicho funcionario
reliquidó la prestación.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó:
i) reliquidar la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales

1 En lo que sigue Fomag.
2 En lo sucesivo CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

devengados en el último año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 33 de 1985; ii) cumplir la sentencia en los términos previstos en los artículos
187 y 192 del CPACA; y iii) condenar en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Omaira Ceballos Dávila nació el 21 de diciembre de 1951 y laboró como docente
al servicio de la Secretaría de Educación de Tuluá del 17 de julio de 1979 al 31 de
agosto de 2010 y como asesor I en la Cámara de Representantes del 1° de
septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011.

• Mediante la Resolución 206 del 2 de mayo de 2007, suscrita por el secretario de
educación del municipio de Tuluá, en nombre y representación del Fomag, se le
reconoció la pensión de jubilación; no obstante, para la liquidación de la prestación
no se tuvieron en cuenta la totalidad de los factores salariales certificados por la
entidad a la que prestó sus servicios en el año anterior al retiro.

• A través de escrito del 29 de julio de 2014, solicitó al Fomag la reliquidación de la
pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores de salario que percibió
en el último año de servicios, la cual fue resuelta por medio de la Resolución 310-
054-0382 del 9 de julio de 2012, expedida por el secretario de educación del
municipio de Tuluá, en el sentido de acceder a ello en consideración a los factores
salariales devengados en ese periodo como docente nacionalizada, estos son:
asignación básica y las primas de vacaciones y de navidad. No obstante, no se
incluyeron los emolumentos percibidos en la Cámara de Representantes.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 58 y 228 de la
Constitución Política; las Leyes 57 y 153 de 1887; 33 y 62 de 1985; 91 de 1989; 4
de 1992; 100 de 1993; y 812 de 2003; y el Decreto 1073 de 2002.

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

• Los actos acusados son nulos por infracción de las normas en las que debían
fundarse, pues se desconoció el inciso 1 del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que
dispuso el reconocimiento de la pensión de jubilación según las disposiciones
establecidas en la Ley 91 de 1989, norma que remite al régimen pensional de la Ley

3 Folios 17 a 21.

2

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

33 de 1985 y sus decretos reglamentarios, que establecieron que esa prestación
debía liquidarse con el 75% del promedio salarial devengado en el último año de
servicios, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales.

• Lo anterior, con apoyo en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 (Exp.
0112-09) del Consejo de Estado, en la que se concluyó que:

«(…) en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales
trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido
tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas
que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa
por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como,
asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas
extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima
de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar
algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya
denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero
que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen
aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver
enfrentando». (Negrillas del original).

• Así las cosas, al haber devengado otros factores diferentes a los tenidos en cuenta
para la liquidación de la pensión de jubilación que le fue reconocida, tiene derecho
a la reliquidación con la inclusión de todos los percibidos en el año anterior al retiro
del servicio.

1.2. Contestación de la demanda

El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones4 con fundamento en las
siguientes consideraciones:

• La pensión de la demandante se reconoció en debida forma de acuerdo con los
lineamientos de las leyes 33 de 1985, 91 de 1989 y 812 de 2003 y los decretos 1158
de 1994, 2341 y 3752 de 2003, normas según las cuales en la liquidación de la
prestación solo pueden incluirse los factores que sirvieron de base para efectuar
aportes a pensión; en consecuencia, no se podía reconocer en consideración a
conceptos prestacionales respecto de los cuales la docente no cotizó, como lo son
las primas de navidad, de vacaciones y de alimentación.

• La Ley 812 de 2003 y sus decretos reglamentarios modificaron el concepto de
aportes para el personal docente afiliado al Fomag, en el sentido de incluir como
base de cotización para pensiones, además de la asignación básica, las horas

4 Folios 45 a 50.

3

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

extras y el sobresueldo cuando se certifique la realización de aportes por dichos
conceptos.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia proferida el 5 de
junio de 20205, negó las pretensiones de la demanda al encontrar probadas las
excepciones de «inexistencia de la obligación con fundamento en la ley» y «cobro de lo
no debido». Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente:

• Al serle aplicables a la demandante los preceptos de las leyes 33 y 62 de 1985
para el reconocimiento de la pensión de jubilación, pues su vinculación fue con
anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, los factores que deben tenerse en cuenta para la liquidación de la prestación
son aquéllos que se encuentren enlistados en esas leyes y sobre los cuales se haya
efectuado cotizaciones al sistema pensional.

• Lo anterior, con apoyo en la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2- 2019 del
25 de abril de 2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual en
la liquidación de las pensiones solo se pueden incorporar como factores los
efectivamente cotizados, que en todo caso son los previstos en el artículo 1 de la
Ley 62 de 1985.

• No le asiste derecho a la demandante a que el Fomag le reliquide la pensión de
jubilación con la inclusión de los factores salariales devengados en la Cámara de
Representantes como último año de servicios, toda vez que:

i) Los aportes no se hicieron a este fondo, entidad que atiende las prestaciones
sociales de los docentes, estos se realizaron al Instituto de Seguros Sociales (ISS)6,
hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)7.

ii) Según lo establece el literal b) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
norma que dispuso que los docentes tienen derecho a una pensión de jubilación
cuando cumplan los requisitos de ley, equivalente al 75% sobre el salario mensual
promedio del último año de servicio en esa calidad, es evidente que el IBL del último
año de servicio reclamado no fue en ejercicio de la docencia ni hizo aportes ni
cotizaciones al Fomag, pagador de la pensión de jubilación de la actora.

5 Folios 126 a 133.
6 En adelante ISS.
7 En lo que sigue Colpensiones.

4

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

iii) Se vulnera el principio de inescindibilidad, toda vez que los tiempos servidos no
fueron como docente y bajo las normas del régimen prestacional de estos, bajo el
cual se le reconoció la pensión de jubilación.

• La condena en costas es procedente, toda vez que se acreditó su causación y la
parte actora resultó vencida en el proceso.

1.4. El recurso de apelación

Omaira Ceballos Dávila interpuso recurso de apelación8 con fundamento en los
siguientes argumentos:

• El régimen pensional que le aplica es el de la Ley 33 de 1985 y sus decretos
reglamentarios, que establecen que la pensión de jubilación debe liquidarse con el
75% del promedio salarial devengado en el último año de servicios y con la inclusión
de la totalidad de los factores salariales percibidos en este periodo, sin perjuicio de
efectuar los descuentos correspondientes a los no tenidos en cuenta para la
cotización.

• Lo anterior, con apoyo en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 (Exp.
0112-09) del Consejo de Estado, que regía al momento en que causó su derecho
pensional, según la cual la Ley 33 no indica la forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que estos se encuentran
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

• Si bien Omaira Ceballos Dávila fue pensionada por el Fomag, también lo es que
efectuó cotizaciones al sistema pensional como servidora pública al ISS, hoy
Colpensiones, por lo tanto, según lo dispuesto en las leyes 33 de 1985, 71 de 1988,
91 de 1989 y 100 de 1993, todos los aportes deben ir a «una sola pensión de
jubilación».

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Las partes reiteraron los argumentos expuestos a lo largo de la actuación procesal9.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

8 Folios 139 a 141.
9 Samai, índices 14 y 15.

5

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Demandante: Omaira Ceballos Dávila

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Consisten en determinar si ¿Omaira Ceballos Dávila tiene derecho a la reliquidación
de su pensión de jubilación, reconocida bajo el régimen docente, con la inclusión de
los factores salariales que devengó el último año de servicios como asesor I de la
Cámara de Representantes?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Precedente vinculante de la Sala de sección segunda para el
reconocimiento de pensiones en virtud del régimen docente

La sección segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-014-
CE-S2-2019 del 25 de abril de 201910 estableció la siguiente regla jurisprudencial
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985, para los docentes oficiales
afiliados al Fomag y vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003:

«En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo».

En resumen, en aquella decisión se estableció que la prestación se regía por las
siguientes reglas:

«(…)

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

10 Consejo de Estado, sección segunda, sentencia del 25 de abril de 2019. Consejero Ponente: César Palomino

Cortés. Demandante: Abadía Reynel Toloza. Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año
de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.».

De acuerdo con la regla precedente, IBL de la pensión de jubilación de los docentes
bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 comprende el periodo del último año
de servicio docente y los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

2.2.2. Contexto normativo de pensión y salario según las disposiciones
docentes

El Decreto 224 de 1972, «(p)or el cual se dictan normas relacionadas con el ramo
docente», en su artículo 5 estableció que el ejercicio de la docencia no será
incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario
se encuentre mental y físicamente apto para la tarea docente. Asimismo, que se
decretaría el retiro forzoso del servicio al cumplir 65 años de edad. Este artículo
dispuso:

«ARTÍCULO 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y
cinco (65) años de edad».

A su vez, el Decreto 2277 de 1979 (Estatuto Docente), «(p)or el cual se adoptan
normas sobre el ejercicio de la profesión docente», dispuso que los docentes que
prestan sus servicios en entidades oficiales del orden nacional, departamental,
distrital, intendencial, comisarial y municipal, son empleados oficiales de régimen
especial. La especialidad del régimen comprende aspectos de administración de
personal, situaciones administrativas, ascenso de los educadores, entre otros. El
artículo 70 ibidem previó lo siguiente:

«Artículo 70. Pensión. El reconocimiento y pago de pensiones continuará sujeto al
régimen vigente en la fecha de expedición de este decreto para los educadores oficiales.

El goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de empleos
docentes. Se exceptúan los cargos directivos docentes de que trata el artículo 32, para
los cuales sí existirá dicha incompatibilidad, salvo cuando se trate de educadores que en
la fecha de expedición de este decreto estén disfrutando de este beneficio».

7

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

Así, entonces, según los Decretos 224 de 1972 y 2277 de 1979, se infiere que los
docentes oficiales han disfrutado de algunas prerrogativas como la posibilidad de
recibir simultáneamente pensión y sueldo, lo que permite establecer que gozan de
un tratamiento especial por parte del ordenamiento jurídico.

Ahora, la Constitución Política de 1991, en su artículo 128, determinó la prohibición
de desempeñar simultáneamente más de un empleo público y recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, así:

«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.

Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas. (...)».

Corolario de lo dicho, es claro que la prohibición constitucional de percibir doble
asignación proveniente del tesoro público impide: i) desempeñar dos empleos de
forma simultánea; y ii) recibir más de una asignación del tesoro público.

El artículo 128 de la Constitución Política es desarrollado por el artículo 19 de la Ley
4ª de 1992, así:

«ARTÍCULO 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público,
ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades (...)».

8

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

De la lectura del anterior artículo, se destaca entonces el literal g), pues es la
excepción a los docentes pensionados, tal y como lo precisó el Consejo de Estado
en sentencia del 14 de agosto de 200911, en la que se determinó que los docentes
pensionados o que se pensionen en el futuro tienen derecho a la compatibilidad
entre pensión y salario que establecían las normas anteriores, así:

«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19 de la Ley
4 de 199212 no sólo cobija a los docentes pensionados con anterioridad a su entrada en
vigencia sino también a los que accedan a la pensión ordinaria y/o gracia con
posterioridad, dado que es precisamente su condición de pensionados la que les permite
acceder a los beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el
artículo 5 del Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería
incompatible con el goce de la pensión de jubilación”.

La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad demandada
al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con anterioridad a su entrada
en vigencia, sino que debe entenderse con respecto a los beneficios que para la fecha
de su entrada en vigencia, 18 de mayo de 1992, cobijan a los docentes que adquieran
la calidad de pensionados». (Resaltado del original).

La Corte Constitucional en Sentencia C-133 del 1° de abril de 199313, al estudiar la
exequibilidad del citado artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, consideró:

«(...) Este mandato constitucional (el contenido en el artículo 128 de la Constitución
Política) consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar
simultáneamente dos o más cargos públicos y de recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal
el Estado, además de autorizar a la ley para fijar los casos en que no opera dicha
prohibición.

Tal incompatibilidad está redactada en los siguientes términos:

(...)

Esta disposición apareció por primera vez en la Constitución Política de 1886 cuando el
constituyente de esa época prescribió: «Nadie podrá recibir dos sueldos del tesoro
público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes» (art. 64). Este
precepto, como se lee en los antecedentes legislativos obedeció al deseo del
constituyente de evitar posibles abusos por parte de los empleados públicos, al
permitírseles la acumulación de cargos y por ende de sueldos.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,
radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08). M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
12 «Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.».
13 Magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. Referencia: Expediente D-153.

9

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el precepto antes
vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda persona de
desempeñar mas (sic) de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva
normatividad, al extenderse la definición de tesoro público, también al patrimonio
correspondiente a las entidades descentralizadas. (...)».

Bajo dicho entendido, se encuentra la prohibición de percibir más de dos
asignaciones por cualquier concepto que provengan del erario, (dos empleos
públicos en forma simultánea o pensión de jubilación y sueldo), cuyo pago o
remuneración provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado. Ello, sin perjuicio de las excepciones previstas en
la ley.

Por su parte, la Ley 60 de 199314, «(p)or la cual se dictan normas orgánicas sobre la
distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución
Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política
y se dictan otras disposiciones», en su artículo 6, inciso 3, dispuso que el régimen
prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados sería el
reconocido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ellas reconocidas serían
compatibles con pensiones o cualquier otra remuneración. Este artículo estableció:

«Artículo 6o. Administración del personal (…)

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad
y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones
en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de
remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal
será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el
régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial».

Asimismo, la Ley 115 de 1994, «(p)or la cual se expide la ley general de educación», en
su artículo 115, inciso 1, estableció que el ejercicio de la profesión docente se regiría
por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por dicha ley, y que el
régimen prestacional de los educadores estatales por lo establecido en las leyes 91
de 1989, 60 de 1993 y también por la Ley 115, de lo cual se establece que fue el
propio legislador el que permitió a los docentes devengar pensión, prestaciones y el
salario de manera concomitante.

Luego, se expidió la Ley 344 de 1996, «(p)or la cual se dictan normas tendientes a la
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden
otras disposiciones», en la que en su artículo 19 se precisó lo siguiente:

14 Derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.

10

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

«ARTÍCULO 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».

Antes de la expedición de la Ley 344 de 1996, el único régimen general que permitía
el goce simultáneo de la pensión de jubilación y la estabilidad en el cargo era el
aplicable a los docentes afiliados al Fomag, el que permanece incólume. En efecto,
la primera parte del artículo 19, exceptúa expresamente de su ámbito de aplicación
a aquellos, sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.

Luego, el presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por el artículo 111 de la Ley 715 de 2001, expidió el Decreto 1278 de
2002, «(p)or el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente», el cual en su
artículo 2 dispuso que se aplicaría a los docentes de los niveles de preescolar,
básica o media que vinculen a partir de su entrada en vigencia, o a quienes sean
asimilados en el nuevo escalafón docente de acuerdo con sus artículos 65 y 66.
Veamos:

«ARTÍCULO 2. Aplicación. Las normas de este Estatuto se aplicarán a quienes se
vinculen a partir de la vigencia del presente decreto para desempeñar cargos docentes
y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica (primaria
y secundaria) o media, y a quienes sean asimilados de conformidad con lo dispuesto en
esta misma norma.

Los educadores estatales ingresarán primero al servicio, y si superan satisfactoriamente
el período de prueba se inscribirán en el Escalafón Docente, de acuerdo con lo dispuesto
en este decreto.

(…)

ARTÍCULO 65. Asimilación. Los educadores con título profesional inscritos en el
escalafón docente de conformidad con el decreto-ley 2277 de 1979 y vinculados en
propiedad a un cargo docente o directivo docente estatal, podrán asimilarse al nuevo
escalafón si se someten a la misma evaluación de desempeño y de competencias
realizadas para superar el período de prueba aplicadas a los educadores que poseen su
misma formación profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de este
decreto.

Los educadores que quieran asimilarse al nuevo escalafón y obtengan calificación
satisfactoria en esta prueba, serán inscritos en el nuevo escalafón en el grado que les
corresponda de conformidad con la formación que acrediten de acuerdo con el artículo
20 de este decreto, y serán ubicados en el primer nivel salarial de dicho grado, debiendo
superar las otras evaluaciones y tiempos para cambiar de nivel salarial.

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Demandante: Omaira Ceballos Dávila

ARTÍCULO 66. Consecuencias de la asimilación. Para ser asimilado al nuevo escalafón
docente se requiere renunciar al cargo anterior y ser nombrado de nuevo.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento para la asimilación, una
vez se provean en propiedad los cargos que hoy están siendo provistos por contrato de
prestación de servicios o en provisionalidad. En todo caso, las asimilaciones procederán
cuando las entidades territoriales tengan las disponibilidades presupuestales para
atender las erogaciones que de ello se derive».

Por su parte, el artículo 45 del mencionado Decreto 1278 de 2002 estableció en
cuanto a las incompatibilidades del ejercicio de cargos en el sector educativo, lo
siguiente:

«ARTÍCULO 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución y en
las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el sector educativo
estatal es incompatible con:

a. El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido.

b. El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».

Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-1157 de 2003, con ponencia
del Magistrado Eduardo Montealegre Lynett, declaró inexequible la citada
disposición al considerar que fue expedida excediendo las facultades que le fueron
otorgadas al gobierno.

Respecto de la compatibilidad entre sueldo y pensión de jubilación para docentes,
la Corte Constitucional15 sostuvo:

«Entre los preceptos que han venido favoreciendo a los docentes al servicio de entidades
públicas cabe señalar el contenido en el artículo 5 del Decreto Ley 224 de 1972, a cuyo
tenor «el ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea
docente, pero no se decretará el retiro forzoso del servicio al cumplir los 65 años de
edad».

Así, pues, cuando en el asunto que se examina la Caja Nacional de Previsión Social,
mediante acto administrativo, desconoce la existencia de unas clarísimas excepciones
al precepto constitucional, establecidas por la ley con previa autorización de la propia
Carta, las cuales favorecen de manera específica a quienes cumplen la actividad
docente, que es la ejercida por la actora, lesiona abiertamente su derecho al trabajo.

En efecto, amparada en la misma norma constitucional que la Caja invoca y en la
normatividad legal que consagra el régimen excepcional, la peticionaria puede percibir
las mesadas correspondientes a su pensión sin que para ello deba renunciar al cargo de
docente y, a la inversa, le es posible trabajar al servicio de la enseñanza sin que, contra

15 Sentencia T-064 de 22 de febrero de 1995

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Demandante: Omaira Ceballos Dávila

su voluntad de hacerlo, pueda CAJANAL oponer la consecuencia de una pérdida del
derecho a la pensión, ya que con ello impondría al trabajo un castigo que, para casos
como el controvertido, no tiene sustento en norma alguna.

(…)

Además, es claro para la Corte que, estando autorizada la peticionaria para ejercer como
docente sin detrimento de su pensión, la restricción proveniente del acto administrativo
vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad».

Por su parte, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado16,
señaló:

«En lo que atañe al caso concreto, es válido afirmar que los docentes oficiales han
disfrutado de algunas prerrogativas, como la posibilidad de recibir simultáneamente
pensión y sueldo, y algunos gozan de la denominada pensión gracia, lo que permite
aceptar que, de alguna manera, gozan de un tratamiento especial por parte del
ordenamiento jurídico

(…)

Bajo estos supuestos, el artículo 5 del Decreto 224 de 197217 consagró la compatibilidad
del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación. Posteriormente, el
artículo 70 del Decreto 2277 de 1979 previó, que el disfrute de la pensión no sería
incompatible con el ejercicio de empleos docentes.

(…)».

Corolario con lo expuesto, es claro para la Sala que los docentes gozan de la
prerrogativa de recibir simultáneamente pensión de jubilación y sueldo, siempre y
cuando después de habérseles reconocido la pensión, continúen desempeñándose
en el ejercicio del empleo docente, para lo cual deberán tener aptitud mental y física,
entendiéndose que la causa de ambos emolumentos sea el ejercicio de la profesión
docente.

2.3. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Omaira Ceballos Dávila nació el 21 de diciembre de 195118 y laboró en la
Secretaría de Educación de Tuluá entre el 17 de septiembre de 1979 y el 1° de
septiembre de 2011, cuando le fue aceptada su renuncia a través del Decreto 280-

16 Sentencia del 7 de febrero de 2013. Expediente: 15001233100020100004201 (2642-11).
Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
17 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
18 Según la cédula de ciudadanía visible a folio 15.

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Demandante: Omaira Ceballos Dávila

018-0680 del 25 de agosto de 2012, expedido por la Alcaldía de ese municipio 19, y
en la Cámara de Representantes del 1° de septiembre de 2010 al 31 de agosto de
20112021.

• Por medio de la Resolución 206 del 2 de mayo de 200722, el secretario de
educación del municipio de Tuluá, en nombre y representación del Fomag le
reconoció la pensión de jubilación correspondiente a un 75% del promedio salarial
devengado en el último año de servicios anterior al estatus pensional, en
consideración al sueldo básico. La cuantía de la prestación resultó en $1.451.987,
a partir del 22 de diciembre de 2006.

• A través de escrito del 29 de julio de 201423, la demandante solicitó al Fomag la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores de
salario que percibió en el último año de servicios, la cual fue resuelta por medio de
la Resolución 310-054-0382 del 9 de julio de 2012, expedida por el secretario de
educación del municipio de Tuluá, en el sentido de acceder a ello en consideración
a los factores de salario devengados en ese periodo como docente nacionalizada,
estos son: asignación básica y las primas de vacaciones y de navidad. La mesada
pensional se incrementó a $2.011.067, a partir del 1° de septiembre de 2012. En
este acto administrativo se señaló:

«Que la docente presenta a folios 6 al 11 del expediente, las certificaciones del
congreso de la república de labores y cotizaciones hechas al seguro social,
igualmente que en correo electrónico se consultó el procedimiento de reliquidación de
esta docente y la respuesta de la Directora de prestaciones, es que no procede la
reliquidación de aportes hechos ante otras entidades. Lo anterior en virtud de la ley 4 de
1992, ley 91 de 1989 y Decreto 3752 de 2003, que en su artículo tercero, establece que
la base de liquidación de las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la
expedición de la ley 812 de 2003 a cuyos a cuyo pago se encuentre obligado el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no podrá ser diferente a la base de
cotización sobre la cual realiza aportes el docente, si existen factores extralegales o
sobresueldos, la liquidación de esto se estará cargo de la entidad territorial, además la
liquidación se hará sobre los Decretos de salarios 1027 y 1055 de 4 de abril de 2011,
para cada régimen docente sea 2277 o 1278 de 2002 (…)».

19 De conformidad con las resoluciones 206 del 2 de mayo de 2007 (Fls. 2 y 3) y 310-054-0382 del

9 de julio de 2012 (Fls. 4 a 7), expedidas por la Secretaría de Educación de Tuluá.
20 Conforme con la constancia de tiempos de servicios del 25 de octubre de 2011 (Fl. 10), la

certificación del 12 de diciembre de 2011 (Fl. 11) y el certificado de información laboral del 12 de
diciembre de 2012 (Fl. 13).
21 No existe prueba que de constancia cuál fue la causa de que los tiempos se superpongan.
22 Folios 2 y 3.
23 Folios Según la Resolución 310-054-0382 del 9 de julio de 2012 (Fls. 4 a 7).

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

• Mediante Oficio 310-044-026-3855 del 22 de noviembre de 201224, suscrito por el
secretario de educación del municipio de Tuluá, se reiteró lo expuesto en la
Resolución 310-054-0382 del 9 de julio de 2012.

Para resolver los problemas jurídicos planteados y teniendo en cuenta los hechos
enunciados con anterioridad, vale la pena señalar que el secretario de educación
del municipio de Tuluá, en nombre y representación del Fomag, reconoció a favor
de la demandante una pensión de jubilación en cuantía de $1.451.987, a partir del
22 de diciembre de 2006, conforme a la Ley 33 de 1985 y para liquidarla, solo se
tuvo en cuenta la asignación básica, devengada en el año anterior a la adquisición
del estatus pensional; sin embargo, esta prestación fue reliquidada en consideración
a los factores de salario devengados en el último año de servicios como docente
nacionalizada, estos son: asignación básica y las primas de vacaciones y de
navidad. En consecuencia, la mesada pensional se incrementó a $2.011.067, a
partir del 1° de septiembre de 2012.

De los demás documentos que obran en el proceso, se establece también que la
demandante se vinculó al servicio oficial docente el 17 de septiembre de 1979.
Según esta fecha, como el nombramiento se produjo antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, el régimen aplicable es el previsto en la Ley 33 de 1985,
como lo hizo la Secretaría de Educación de Tuluá, en nombre y representación del
Fomag.

En cuanto a la liquidación de la pensión, se tiene que se calculó con el 75% del
promedio de la asignación básica devengada en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, para luego ser reliquidada en consideración a los factores de
salario devengados en el último año de servicios como docente nacionalizada, estos
son: asignación básica y las primas de vacaciones y de navidad.

La anterior circunstancia, a juicio de la Sala y siguiendo las orientaciones de la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, supone la
conclusión de que la demandante no tenía derecho a la reliquidación de su pensión
de jubilación con la inclusión de los factores salariales devengados en el último año
de servicio como lo son las primas de vacaciones y de navidad, puesto que de
conformidad a las normas que gobiernan su liquidación, sólo se pueden incorporar
como factores los que se encuentren en la Ley 62 de 1985, dentro de los que no se
encuentran esos emolumentos.

Ahora, si bien en el último año de servicios la demandante laboró al servicio de la
Cámara de Representantes, lo cierto es que allí no ejercía la profesión docente, por

24 Folios 8 y 9.

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

lo que no gozaba de la prerrogativa que el régimen pensional de los maestros les
otorga, esto es de recibir simultáneamente sueldo y pensión, como lo estaba
haciendo. Por lo tanto, ello desconoció la prohibición prevista en el artículo 128 de
la Constitución Política, en armonía con el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que
establece taxativamente las excepciones al régimen prohibitivo de percepción de
doble erogación pública.

Empero, en consideración al principio de «interés en la pretensión u oposición, para la
sentencia de fondo o mérito», con fundamento en el cual, en materia laboral, esta
Corporación25 ha considerado que a través del ejercicio del medio de control el
demandante busca satisfacer un derecho que le represente una mejora frente a lo
inicialmente reconocido, o dicho en otros términos, obtener un beneficio, en
condiciones normales; de manera que en aquellos casos en los que no media
demanda de reconvención el resultado de su proceso no puede conllevar
consecuencias que alteren el estado de las cosas a como se encontraban antes de
iniciar la demanda, es decir, el juez no puede hacer más gravosa la situación en la
que se encontraba el demandante y que lo motivó a acudir a la jurisdicción con el
fin de acceder a un derecho del cual se considera es acreedor.

Por las anteriores razones la Sala se relevará de analizar lo relacionado con la
inclusión de factores adicionales a los previstos en la Ley 62 de 1985 para conformar
el IBL de la pensión de Omaira Ceballos Dávila y lo relativo a la percepción de
sueldo y pensión de manera simultánea.

Los razonamientos vertidos en esta providencia, solo pueden conducir a que se
confirme en lo analizado la sentencia apelada que negó las pretensiones.

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicado

11001-03-25-000-2013-01223-00, M.P. César Palomino Cortés

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma26.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará en numeral segundo de la sentencia apelada
que condenó en costas a la parte demandante y se abstendrá de hacerlo en esta
instancia.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no procede la reliquidación
pensional de Omaira Ceballos Dávila en consideración a un IBL conformado con la
totalidad de los factores salariales que devengó el último año de servicios como
asesor I de la Cámara de Representantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 5 de junio de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en tanto condenó en
costas a Omaira Ceballos Dávila, por las razones expuestas en esta decisión.

26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-00834-01 (3127-2022)
Demandante: Omaira Ceballos Dávila

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 5 de junio de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda incoada por Omaira Ceballos Dávila contra la Nación, Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag),
conforme a lo expuesto en esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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