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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-00857-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-00857-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 21 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, DECLARAR la indebida escogencia del medio de control y, como consecuencia, la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. SEGUNDO: CONDENAR a los demandantes en costas de ambas instancias, las cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2015-00857-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

22 de mayo de 2026

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00857-01 (67081)
Demandantes: Grasas y Pieles de Occidente E.U. y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Reparación directa
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00857-01 (67081)
Demandantes: Grasas y Pieles de Occidente E.U. y otros1
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (en adelante, “CVC”), contra la sentencia proferida el 21
de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda del medio de control de reparación
directa. La Sala es competente para proferir esta providencia, de acuerdo con el
artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”, por tratarse de un recurso de
apelación presentado contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, el
cual conoció el proceso en primera instancia en virtud del numeral 6 del artículo 152
del CPACA2.

SÍNTESIS3

La CVC impuso a la empresa unipersonal Grasas y Pieles de Occidente una medida
preventiva de carácter ambiental consistente en la suspensión de las actividades de
incineración y de disposición a campo abierto de residuos de pieles y huesos, acto
administrativo que fue posteriormente revocado de manera directa. Los demandantes
ejercieron el medio de control de reparación directa, pues, como consecuencia de la
medida preventiva impuesta, la empresa se vio obligada a liquidarse. La Sala revocará
la decisión de primera instancia, pues debe interpretarse que el medio de control que
correspondía era el de nulidad y restablecimiento del derecho, y que este fue
interpuesto de manera extemporánea.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El 30 de julio de 2015, Grasas y Pieles de Occidente E.U. (en adelante, “La
Empresa”), Adrián Tejada Narváez, Alejandro Tejada Narváez, María Eugenia Narváez

1 Adrián Tejada Narváez, Alejandro Tejada Narváez, María Eugenia Narváez Salazar, Angie Tejada Narváez,

Yuliana Andrea Tejada Aragón y Victoria Eugenia Reyes Saavedra.
2 Antes de la modificación de la Ley 2080 de 2021, la norma establecía lo siguiente: “Los Tribunales Administrativos

conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa (…) cuando la cuantía
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. En el presente caso, los demandantes
estimaron la cuantía en 18.000 SMLMV, monto que supera los 500 SMLMV que establecía la citada norma.
3 Tema: reparación directa – obra pública – daño especial.

1

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00857-01 (67081)
Demandantes: Grasas y Pieles de Occidente E.U. y otros

Salazar, Angie Tejada Narváez, Yuliana Andrea Tejada Aragón y Victoria Eugenia
Reyes Saavedra presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra de la CVC, de acuerdo con las siguientes pretensiones:

Primera. Que se declare que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA - CVC - entidad que es representada legalmente por su Director
Doctor RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ o por quien haga sus veces al momento
de notificación y fallo, es administrativa y patrimonialmente responsable de los
perjuicios materiales, lucros cesantes y daño emergente, como también de los
perjuicios morales en su orden causados a los demandantes, "Grasas Y Pieles De
Occidente Empresa Unipersonal" y a los Señores GILDARDO TEJADA
MARQUEZ, como representante legal y gerente de la empresa y a los Señores
ADRIAN TEJADA NARVAEZ y ALEJANDRO TEJADA NARVAEZ, y a las Señoras
MARIA EUGENIA NARVAEZ, ANGIE TEJADA NARVAEZ, VICTORIA EUGENIA
REYES SAAVEDRA y YULIANA ANDREA TEJADA ARAGON todos mayores de
edad y vecinos de Palmira, por fallas en el servicio, falsa motivación de la
Resoluciones 0720 No. 0721 00226 de 2011 de fecha 12 de mayo del 2011,
expedidas por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA - CVC – DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL SURORIENTE - SEDE DE
PALMIRA ya que la falsa motivación al aplicar una normatividad atípica para la
empresa condujo al cierre definitivo de la EMPRESA GRASAS Y PIELES DE
OCCIDENTE EU. de manera indebida e ilegal, lo cual conllevó a la iliquidez y perdida
(sic) total de la empresa a la fecha de esta demanda y por consiguiente, son
responsables a indemnizar los perjuicios materiales de lucro cesante y daño
emergente recaído sobre la empresa y de los perjuicios materiales, lucro cesante y
perjuicios de orden moral recaídos en los actores miembros de la familia TEJADA
NARVAEZ, tal como se evidenció probatoriamente y como pido se declare en
enseguida.
SEGUNDA. Como consecuencia de la primera declaración, solicito se sirva condenar,
a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC -,
como directa responsable al pago por concepto de reparación por los daños
ocasionados a los demandantes, traducidos en perjuicios de orden material y moral,
subjetivos y objetivados, pasados, actuales y futuros, por fallas en el servicio al
expedirse infundadamente por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA CVC - DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL SURORIENTE -
SEDE DE PALMIRA, las Resoluciones 0720 No. 0721 - 00226 de 2011 de fecha 12
de mayo del 2011, mediante la cual se ordenó suspensión de actividades de la
empresa demandante y que luego fuera revocada esta suspensión por la misma CVC
(…).

2. Las pretensiones de la demanda se sustentaron, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones:

2.1.La empresa demandante se dedicaba a la calcinación de huesos y al
almacenamiento y comercialización de pieles en el departamento del Valle del Cauca.

2.2. En virtud de una denuncia anónima, el 14 de octubre de 2010, la CVC realizó una
visita a las instalaciones de la empresa y advirtió que “no estaba cumpliendo con las
normas de INCINERACIÓN de residuos provenientes de mataderos y/o plantas de
sacrificio”.

2.3.Así las cosas, el 12 de mayo de 2011, la CVC expidió la “Resolución 0720 No.
0721-00226”, a través de la cual se impuso como medida preventiva la suspensión de
las actividades de “incinearación de huesos” y “la disposición a campo abierto de
residuos de pieles y huesos”.
2

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00857-01 (67081)
Demandantes: Grasas y Pieles de Occidente E.U. y otros

2.4. Los accionantes advirtieron que dicha medida resultaba injusta e ilegal, pues se
aplicaron normas que rigen el proceso de incineración sin tener en cuenta que la
actividad de su establecimiento de comercio era realmente la de calcinación, por lo
que manifestaron que la CVC incurrió en una falsa motivación, al aplicar normas que
no correspondían, sumado a que no se practicaron pruebas de mediciones técnicas.

2.5. El 3 de junio de 2011, la empresa demandante solicitó la revocatoria directa de la
“Resolución 0720 No. 0721-00226”; sin embargo, el 10 de agosto de la misma
anualidad, la CVC negó dicha petición.

2.6. El 26 de enero de 2012, la CVC profirió la “Resolución 0720 No. 0721-00055”,
mediante la cual confirmó la suspensión de la actividad de incineración y la disposición
a campo abierto de los residuos. Además, dio apertura a una investigación ambiental
y formuló cargos a la empresa, a través de su representante legal.

2.7. El 7 de abril de 2014, la CVC de manera oficiosa revocó la anterior resolución y
ordenó el archivo del proceso investigativo. Oportunidad en la que puso de presente
los yerros en que se incurrió en el trámite del procedimiento administrativo
sancionatorio, esto es, que existió una falsa motivación e incongruencia entre la
medida preventiva y la formulación de cargos. Además, reconoció que la empresa
demandante realizaba un proceso de calcinación y no de incineración, por lo que no
era aplicable la normativa en que se basó la medida cautelar.

2.8. Desde la resolución de suspensión, los demandantes no volvieron a desarrollar
el objeto social de la empresa, lo que conllevó a su liquidación.

B. Posición de la parte demandada

3. La CVC se opuso a las pretensiones de la demanda4. Sostuvo que si bien el
proceso de calcinación no requería la obtención de permisos, lo cierto es que la medida
preventiva se encontraba debidamente justificada.

3.1. Frente a la revocatoria directa del acto administrativo manifestó lo siguiente:

Resultan extrañas las circunstancias que rodearon la expedición del acto
administrativo que revocó directamente la medida cautelar ambiental, cuando durante
todo el procedimiento administrativo sancionatorio a la luz de los medios de prueba
arrimados al asunto, y garantizando el derecho de defensa y contradicción de
GRASAS y PIELES DE OCCIDENTE E.U., se había concluido la viabilidad de
mantener la restricción de operaciones hasta tanto se consiguieran los diferentes
permisos de funcionamiento que brillaron por su ausencia.

3.2. De otro lado, propuso las excepciones de indebida escogencia del medio de
control y de caducidad. Al respecto, indicó que en el presente asunto lo que se
controvierte son los daños supuestamente ocasionados por la imposición de una
medida preventiva, la cual consideraba que adolecía de falsa motivación. En virtud de
ello, el medio de control idóneo era la nulidad y restablecimiento del derecho, el cual
debía promoverse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del acto

4 Folios 402 a 429 del cuaderno 1.

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Expediente: 76001-23-33-000-2015-00857-01 (67081)
Demandantes: Grasas y Pieles de Occidente E.U. y otros

administrativo, término que no fue observado en el caso concreto.

4. La CVC llamó en garantía a la Previsora S.A.5. Esta aseguradora contestó la
demanda y, entre otras excepciones, propuso la de indebida escogencia del medio de
control y caducidad, bajo los mismos argumentos de la CVC6.

C. La sentencia apelada

5. El 21 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:

PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la CVC, por los daños
antijurídicos padecidos con ocasión de la medida preventiva que suspendió la
actividad económica de la empresa demandante.
SEGUNDO: CONDENESE a la CVC a pagar, en abstracto, al representate legal de
Grasas y Pieles de Occidente E.U, por el perjuicio material lucro cesante consolidado,
las sumas que resulten del incidente de liquidación de perjuicios, acorde con los
parámetros establecidos en la parte considerativa de la presente providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda7.

6. La decisión anterior, se fundamentó en la siguiente línea argumentativa:

6.1. El medio de control de reparación directa sí era procedente, toda vez que no se
discute la legalidad del acto administrativo que impuso la medida preventiva, sino que
lo que se busca es la reparación por los daños causados durante la vigencia del acto
hasta su revocatoria.

6.2. El daño consistió en la imposibilidad de explotar económicamente la empresa
producto de la medida preventiva que se le impuso, efectos que permanecieron hasta
la revocatoria del acto administrativo.

6.3. El daño anterior le era imputable a la CVC a título de falla en el servicio. Al
respecto, indicó que la Resolución que le impuso a la empresa demandante una
medida preventiva ambiental se fundamentó en una normativa que no se ajustaba a
su actividad productiva, sumado a que la medida se debió levantar porque “desde el
25 de octubre de 2011 habían desaparecido las causas que le habían motivado y, aún
así, la CVC (…) ratificó la medida”.

6.4.En virtud de lo anterior, condenó a la CVC en abstracto al pago del lucro cesante
consolidado y negó las demás pretensiones de la demanda.

D. El recurso de apelación

7. La CVC interpuso recurso de apelación e insistió en que el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho era el idóneo y no el de reparación directa8, en
los siguientes términos:

5 Folios 430 a 432 del cuaderno 1.
6 Folios 471 a 506 del cuaderno 1.
7 Folios 639 a 657 del cuaderno del Consejo de Estado.
8 Folios 662 a 668 del cuaderno del Consejo de Estado.

4

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00857-01 (67081)
Demandantes: Grasas y Pieles de Occidente E.U. y otros

No estoy de acuerdo con la procedibilidad de la acción de reparación directa para
atender este caso, porque considero que EL SUJETO PASIVO DE LA MEDIDA
PREVENTIVA CONTRIBUYE A LA REALIZACIÓN O MANTENIMIENTO DE LA
VIGENCIA del acto administrativo, que la impuso (…).
Pues es evidente que la queja y demás actuaciones previas como se anotó, son
situaciones atribuibles al actor, por lo tanto, si el mismo actor provocó la imposición
de la medida, no es la reparación directa la vía. Además, esta sentencia citada por el
fallador no tiene ninguna relación con las medidas preventivas en material ambiental,
si no (sic) con otros asuntos.
Aquí lo procedente era que el demandante atacara la medida a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual se considera que la decisión de
fondo debe ser inhibitoria, pues va en contravía del precedente en esta materia.

7.1. De otro lado, señaló que la medida preventiva impuesta se encontraba
debidamente justificada, dado el impacto ambiental que venía generando la empresa.
Además, manifestó que la resolución a través de la cual se revocó de manera directa
el acto administrativo sancionatorio se encontraba “viciada de irregularidad”, por
cuanto fue expedida con desconocimiento del principio de legalidad y del derecho
fundamental al debido proceso. En su criterio, lo procedente era revocar parcialmente
la sanción respecto de uno de los cargos, mas no disponer la revocatoria total del acto
administrativo, pues la empresa sí generaba contaminación ambiental.

7.2. Además, sostuvo que no se acreditó el daño alegado, en la medida en que el
único medio de prueba aportado fue un dictamen pericial de parte, el cual fue
controvertido y desvirtuado dentro del trámite procesal. En ese contexto, afirmó que la
sentencia incurrió en una contradicción, al restarle mérito probatorio al dictamen
pericial y, pese a ello, “condenar en abstracto con pruebas insuficientes para acreditar
el daño”.

E. Actuación surtida en segunda instancia

8. Mediante auto del 28 de julio de 2021 se admitió el recurso de apelación9 y, el 8
de noviembre de esa misma anualidad, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y para que el Ministerio Público rindiera concepto10, oportunidad en la que
ocurrió lo siguiente:

8.1. La CVC reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y en el recurso de
apelación11. La Previsora S.A. expuso, en lo sustancial, argumentos similares a los
formulados por la CVC en el recurso de apelación12.

8.2. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión de primera instancia13. Al
respecto, indicó que el medio de control procedente sí era el de reparación directa, en
la medida en que lo pretendido por los demandantes es el resarcimiento de los
perjuicios ocasionados por un acto administrativo que fue revocado de manera directa
por la propia administración.

9 Folio 692 del cuaderno del Consejo de Estado.
10 Folio 693 del cuaderno del Consejo de Estado.
11 Índice 17 de Samai.
12 Índice 16 de Samai.
13 Índice 18 de Samai.

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Expediente: 76001-23-33-000-2015-00857-01 (67081)
Demandantes: Grasas y Pieles de Occidente E.U. y otros

II. CONSIDERACIONES

F. Sentido de la decisión

9. La Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarará la
caducidad del medio de control. En la primera parte se indicará por qué el medio de
control interpuesto debió ser el de nulidad y restablecimiento de derecho, y no el de
reparación directa. En la segunda, se señalará que la demanda se presentó
tardíamente.

G. Improcedencia del medio de control de reparación directa

10. De conformidad con lo prescrito en los artículos 135 a 148 del CPACA, así como
con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación14, la escogencia del medio de
control a través del cual se somete una controversia al conocimiento de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa no depende de la discrecionalidad del demandante, sino
que está determinada por el origen del daño.

10.1. En ese sentido, cuando se controvierte la legalidad de un acto administrativo, el
medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Al
respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado:

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, es procedente cuando
el daño proviene del acto administrativo ilegal y para lograr su reparación es menester
que el juez declare su nulidad, porque solo entonces el daño causado por éste será
antijurídico y comprometerá la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, que
siempre que exista un acto administrativo con el cual se afirma haber causado un
perjuicio, y del cual se acusa su ilegalidad, ésta será la acción correcta.15

10.2. De otro lado, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que la
reparación directa también es la vía procesal adecuada, entre otros casos 16, cuando

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 21 de mayo

de 2021, exp. 66150, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2026, expediente 67838.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 19 de julio de 2007, expediente 33628. MP Ruth Stella Correa

Palacio.
16 La jurisprudencia de esta Subsección ha señalado que a pesar de que la fuente del daño sea un acto

administrativo, la reparación directa procede, excepcionalmente, en estos tres casos:
a) Por cuenta de los perjuicios causados por los actos administrativos legales, siempre y cuando su legalidad no
se cuestione en sede judicial y se atente contra el principio de igualdad frente a las cargas públicas. b) Por los
perjuicios causados por la expedición y ejecución del acto administrativo declarado nulo o que haya sido revocado
directamente. c) Por los perjuicios de la declaración de nulidad o revocatoria directa de un acto administrativo
favorable al interesado, siempre que tales decisiones no hubieran sido provocadas por este ni ‘por la inobservancia
de las reglas propias del procedimiento administrativo.
Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 27 de febrero de 2026, expediente 72293 M.P. Fredy Ibarra Martínez. Ver también: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, expediente
39546, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
En ese sentido, en sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 16079, M.P. Ramiro Saavedra Becerra esta
Corporación sostuvo: “Los actos administrativos, como expresión de la voluntad de la Administración Pública con
la finalidad de producir efectos jurídicos, deben basarse en el principio de legalidad, el cual se constituye en un
deber ser: que las autoridades sometan su actividad al ordenamiento jurídico. Pero es posible que en la realidad la
Administración viole ese deber ser, es decir, que no someta su actividad al ordenamiento legal sino que, por el
contrario, atente contra él. Se habla, en este caso, de los actos y actividades ilegales de la Administración y aparece,
en consecuencia, la necesidad de establecer controles para evitar que se produzcan esas ilegalidades o para el
caso en que ellas lleguen a producirse, que no tengan efectos o que, por lo menos, los efectos no continúen
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el perjuicio sea causado por la expedición y ejecución de un acto administrativo que
fue revocado directamente por la administración. Sin embargo, esta Corporación ha
establecido que el solo hecho de que la administración revoque un acto administrativo
no habilita automáticamente el medio de control de reparación directa, pues considerar
ello, implicaría i) considerar la reparación directa como un medio de control residual
cuando lo que se discute es la legalidad de un acto administrativo y ii) dejar en mano
de los particulares el manejo de las normas que definen la caducidad. Al respecto, ha
sostenido que:

2.2. La circunstancia de que los actos administrativos fuente del Daño hayan sido
revocados posteriormente, no muta la acción originalmente prevista por la ley para
obtener la reparación de los perjuicios derivados del mismo. Máxime si la revocatoria
directa se produce cuando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ha
caducado. En el caso concreto es verdad que ante la revocatoria de los actos
determinantes del daño, no cabe una acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
pero no sólo por su inexistencia sobrevenida sino, especialmente, porque ya se había
producido la caducidad de la acción que era pertinente.
2.3. La acción de reparación directa no es la procedente por la sóla inconducencia de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto por medio del cual
se revocó directamente el que causaba el perjuicio. Pues, de conformidad con lo
expuesto, la misma no procede frente a daños causados con un acto administrativo
que bien pudo demandarse por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
La circunstancia de que la revocatoria directa de un acto administrativo no produzca el
restablecimiento del daño causado con el mismo, no conduce a entender como
procedente la acción de reparación directa pues, se reitera, la pertinente al efecto era
la de nulidad y restablecimiento del derecho ejercitada dentro del tiempo previsto en la
ley (…).
2.5. El derecho de acción, como es sabido, se rige por normas de orden público, que
son imperativas y desarrollan el principio del debido proceso que apareja el derecho de
defensa. Riñe por tanto con la naturaleza de la acción, el dejar a los particulares el
manejo de las normas que definen el término de caducidad de las acciones, en
particular de la acción de reparación directa cuyo ejercicio se dilataría en el tiempo, al
considerarla procedente para obtener la reparación de los perjuicios que el acto
revocado directamente, pudiese causar17.

10.3. La anterior postura fue reiterada por esta Sección, en la que se hizo hincapié en
que el hecho de que un acto administrativo sea revocado por la administración no hace
procedente por esa sola circunstancia la reparación directa:

31. Cuando la administración profiere un acto administrativo particular que es
desfavorable al destinatario y frente a éste se aduce una ilegalidad, el afectado está

produciéndose y se indemnicen los daños que pudieron producirse. Cuando ello pasa y quien se encuentre afectado
con la decisión administrativa alegue la causación de un perjuicio derivado de la ilicitud o ilegalidad de la misma,
las acciones procedentes son las acciones de nulidad o también llamadas acciones de legalidad o de impugnación.
Sin embargo, cuando esto no sucede, es decir, no se discute la validez del acto administrativo, y sólo se alega la
causación de perjuicios, la acción procedente es la de reparación directa”.
En el mismo sentido, la Subsección en sentencia del 19 de agosto de 2025, expediente 61850, con ponencia del
M.P. (E) Fredy Ibarra Martínez, señaló que la reparación directa no tiene la virtualidad de modificar el medio de
control procedente por el solo hecho de que el acto administrativo se revoque, pues dicha situación “no tiene la
vocación de transformar el medio de control judicial legalmente procedente”
Así las cosas, la tesis planteada en el presente asunto reitera la posición que la Sala adoptó previamente. No
obstante, conviene precisar que, frente a esa decisión, el magistrado Alberto Montaña Plata aclaró el voto en el
sentido de que la reparación directa procede siempre que se revoque un acto administrativo, sin embargo, la
mayoría de la Sala no comparte ese criterio.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009,

expediente 27422, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
7

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00857-01 (67081)
Demandantes: Grasas y Pieles de Occidente E.U. y otros

llamado a ejercer la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho y cuestionar
su legalidad antes de que expire el plazo de cuatro (4) meses para demandar.
32. El interesado no puede omitir su deber de acudir a esta jurisdicción bajo la
expectativa de que la administración revoque directamente en algún momento el
acto administrativo, pues quien se considere afectado con una decisión le es
exigible manifestar su inconformidad dentro del término de ley. Si no lo hace, se
entiende que aceptó lo resuelto y, en esa medida, el hecho de que el acto fuente del
daño se revoque posteriormente no varía la acción establecida por el
ordenamiento para obtener la indemnización a que hubiere lugar; considerar lo
contrario implicaría tener por residual el medio de control de reparación directa cuando
se pretende un resarcimiento por los efectos de un acto administrativo, que bien pudo
controvertirse a través de la nulidad y restablecimiento del derecho (…).
34. Así, aunque la potestad de revocar directamente un acto administrativo la puede
ejercer la Administración en cualquier tiempo, no es posible afirmar que con
posterioridad al vencimiento del término para formular la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho del acto administrativo revocado, se puede accionar a
través del medio de control de reparación directa, porque ello va en contra de lo previsto
en el artículo 96 del CPACA, que prevé que ni la petición de revocatoria de un acto, ni
la decisión que sobre ella recaiga ‘revivirán los términos legales para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas’ 18 (se destaca).

10.4. Conforme a la jurisprudencia citada, cuando el daño alegado tiene origen en un
acto administrativo particular, cuya legalidad se cuestiona, el medio de control
procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual debe ejercerse
dentro del término legal. Por lo tanto, no es plausible que la parte no acuda a dicho
medio de control bajo la expectativa de una eventual revocatoria directa, para con ello
habilitar la opción de la reparación directa, pues este cauce procesal no está instituido
en el ordenamiento jurídico para sustituir el control de los actos administrativos ni para
desconocer las reglas de caducidad.

11. En este punto, resulta necesario precisar que si bien podría pensarse que el
acto que impone una medida preventiva en un procedimiento sancionatorio ambiental
es de trámite, lo cierto es que la jurisprudencia constitucional y la de esta Corporación
han precisado que tiene carácter de acto administrativo sustancial o de fondo y, por
ende, puede ser demandado a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

11.1. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-703 de 2010 analizó la
constitucionalidad del artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, que al momento de los
hechos regulaba la adopción de medidas preventivas19. En esa providencia reiteró que
la medida preventiva ambiental es un acto susceptible de control jurisdiccional, en los
siguientes términos:

Así lo estimó la Corte a propósito de algunas medidas preventivas en materia
ambiental, al señalar que cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones
específicas, encaminadas a enfrentar una situación o hecho o a evitar un peligro de
daño grave, ‘sin contar con la certeza científica absoluta, lo debe hacer de acuerdo con

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de

mayo de 2025, expediente 70865, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
19 “Artículo 32. Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten

efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que
hubiere lugar”.
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Demandantes: Grasas y Pieles de Occidente E.U. y otros

las políticas ambientales trazadas por la ley, en desarrollo de la Constitución, en forma
motivada y alejada de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho’.
De conformidad con lo entonces expuesto, el acto administrativo dictado con base
en el principio de precaución ‘debe ser excepcional y motivado’ y, ‘como
cualquier acto administrativo, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo’, para que así ‘la decisión de la autoridad se enmarque
dentro del Estado de Derecho, en el que no puede haber decisiones arbitrarias o
caprichosas’ de modo que, si esto llegara a ocurrir, el ciudadano tenga ‘a su disposición
todas las herramientas que el propio Estado le otorga’. La Corporación concluyó que
‘en este sentido no hay violación del debido proceso, garantizado en el artículo 29 de
la Constitución’ y, con fundamento en los mismos criterios, procede ahora concluir que
es ajustada a la Carta la expresión ‘contra ellas no procede recurso alguno’, contenida
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 200920 (se destaca).

11.2. Por lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los actos mediante los cuales
se imponen medidas preventivas de suspensión de actividades dentro de un proceso
administrativo sancionatorio ambiental constituyen verdaderos actos administrativos
sustanciales o de fondo, en cuanto producen efectos jurídicos inmediatos, razón por la
cual son susceptibles de control judicial a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sobre este particular, la Sección Primera de esta
Corporación sostuvo:

Frente a la naturaleza de dicho acto administrativo, se pronunció la Sección cuando
dirimió igualmente un recurso de apelación en contra de una decisión de rechazo de la
demanda, en el que consideró que sólo las decisiones que determinaran medidas
preventivas o aquellas que impusieran una sanción podían considerarse como
actos definitivos y por tanto susceptibles de censura en esta Jurisdicción21 (se
destaca)

11.3. En el mismo sentido, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado que:

Se advierte, entonces, que el supuesto daño padecido por la parte demandante tuvo su
origen en la expedición de la Resolución 1535 de 2008 (fls. 1, 7 y 13, c. 1); por tanto, la
parte actora podía solicitar la nulidad de ese acto administrativo, en ejercicio a la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Justamente, la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación ha sido pacífica
en afirmar que los actos administrativos por medio de los que se impone una medida
preventiva de suspensión de actividades en el marco de un proceso sancionatorio
administrativo ambiental son actos definitivos con efectos jurídicos inmediatos; y
por tal razón son susceptibles de control judicial ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho22 (se destaca).

11.4. En ese orden de ideas, a juicio de la Sala, cuando se discute un daño causado
con una medida preventiva de suspensión de actividades del investigado, medida
preventiva cuya legalidad se cuestiona, el medio de control procedente es el de nulidad
y restablecimiento del derecho, sin que el hecho de que la administración lo hubiera
revocado con posterioridad habilite automáticamente el ejercicio del medio de control
de reparación directa.

20 Corte Constitucional, C-703 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 26 de noviembre de 2015,

radicado 25000-23-41-000-2013-00717-01, M.P. Guillermo Vargas Ayala. Postura reiterada en sentencia del 12 de
julio de 2018, radicado 11001-03-24-000-2007-00292-00, M.P. María Elizabeth García González.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de

2023, expediente 54234, M.P. María Adriana Marín.
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Expediente: 76001-23-33-000-2015-00857-01 (67081)
Demandantes: Grasas y Pieles de Occidente E.U. y otros

12. La Sala recuerda que, en el sub examine, la parte demandante promovió el
medio de control de reparación directa con el fin de que se le indemnizaran los
perjuicios causados por la resolución que le impuso una medida preventiva de
suspensión de actividades en el marco de un proceso sancionatorio ambiental, y que
el acto administrativo fue revocado más adelante por la entidad que lo había expedido.

12.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en su sentencia sostuvo que el
medio de control de reparación directa era procedente. No obstante, para la Sala es
claro que el demandante debió promover el medio de nulidad y restablecimiento del
derecho porque el actor discute la legalidad de la medida preventiva.

12.2. En efecto, en el expediente se demostró que:

12.2.1.El 30 de septiembre de 2010, el señor Luis Alfonso Rico presentó una queja
ante la CVC por las supuestas afectaciones ambientales que varios establecimientos
de comercio estaban generando, entre ellas, la empresa aquí demandante,
oportunidad en la que se adjuntó también un registro fotográfico23.

12.2.2.El 14 de octubre de 2010, la CVC realizó una visita a las instalaciones de la
empresa demandante con el fin de verificar las supuestas afectaciones ambientales24.
En dicha ocasión, la CVC sostuvo que la actividad de “incineración” no cumplía con
las características técnicas exigidas por el artículo 13 de la Resolución 0886 de 200425,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y que,
adicionalmente no se contaba con permiso de concesión de aguas. Razón por la que
recomendó iniciar el correspondiente proceso sancionatorio ambiental.

12.2.3.El 12 de mayo de 2011, la CVC por medio de la “Resolución 0721 No. 0721-
00226 de 2011”, impuso a la empresa demandante, como medida preventiva, la
suspensión de actividades de incineración de huesos y la suspensión de la disposición
a campo abierto de residuos de pieles y huesos. En dicho acto administrativo se dejó
constancia de que la medida permanecería vigente hasta el momento en que se
cumpliera con lo prescrito en el artículo 8º de la Resolución 0886 de 200426 -que trata
sobre los requerimientos para la operación y mantenimiento de incineradores y hornos
crematorios-27.

El 16 de mayo de 2011, la anterior decisión fue notificada al representante legal
12.2.4.
de la empresa demandante28. Como contra esta decisión no proceden recursos en

23 Folios 10 a 17 del cuaderno 1.
24 Folios 18 a 23 del cuaderno 1.
25 “Artículo 13. Todos los incineradores deben cumplir con las siguientes características de diseño para su
operación: (…)”.
26 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. “Artículo 8. El artículo 13 de la Resolución 0058 de 2002

quedará así: Artículo 13. Todos los incineradores deben cumplir con las siguientes características de diseño para
su operación (…)”
27 Folios 26 a 33 del cuaderno 1.
28 Folio 35 del cuaderno 1.

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Demandantes: Grasas y Pieles de Occidente E.U. y otros

sede administrativa29, el 3 de junio de 2011, la empresa solicitó la revocatoria directa
del acto administrativo mediante el cual se ordenó la suspensión de actividades30.

12.2.5.El 1º de julio de 2011, el Inspector de Policía Municipal de Pradera – Valle del
Cauca dio cumplimiento a la orden impartida por la CVC, consistente en la ejecución
de la medida preventiva.

12.2.6.El 10 de agosto de 2011, la CVC negó la solicitud de revocatoria directa y
confirmó en todas sus partes la “Resolución 0721 No. 00226” del 12 de mayo de
201131, tras considerar que la decisión se encontraba ajustada al ordenamiento jurídico
y se profirió de acuerdo con la competencia otorgada por la ley.

El 25 de octubre de 2011, la CVC realizó una visita de seguimiento a la empresa
12.2.7.
demandante, en la que constató que la planta no estaba en funcionamiento desde
hacía tres meses en acatamiento de la medida preventiva y que no se encontraron
residuos de huesos o pieles32.

12.2.8. El 13 de enero de 2012, la empresa solicitó que se revisaran las obligaciones y
sanciones impuestas, toda vez que la suspensión se dio por la incineración y no por la
calcificación, actividades que son diferentes33.

12.2.9. El 26 de enero de 2012, la CVC, mediante la “Resolución 0720 No. 0721-
00055”, ordenó la apertura de una investigación ambiental y formuló cargos; además,
se ratificaron las medidas preventivas impuestas34.

12.2.10.Mediante “Resolución 0720 No. 0721-000281” del 7 de abril de 2014, la CVC
revocó de manera directa la “Resolución 0720 No. 0721-00055” de 2012 que ordenó
la apertura de una investigación ambiental y se formularon cargos, toda vez que estuvo
afectada de falsa motivación e incumplía con el principio de congruencia, pues la
actividad desarrollada por la demandante es la de calcificación y no la de incineración,
como erradamente se sostuvo. Como consecuencia, ordenó levantar la medida
impuesta a la empresa y terminó el procedimiento sancionatorio35.

12.2.11.El 23 de abril de 2014, se realizó la notificación personal del anterior acto
administrativo al representante legal de la empresa36 y, finalmente, el 16 de octubre de
2014, la CVC ordenó el archivo del procedimiento sancionatorio37.

12.3. El 30 de julio de 2015, se presentó la demanda que dio inicio al presente
proceso, en la cual los accionantes pretenden una indemnización de perjuicios como

29 Ley 1333 de 2009, “artículo 32. Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo

y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar”.
30 Folios 40 a 43 del cuaderno 1.
31 Folios 102 a 110 del cuaderno 1.
32 Folios 116 a 118 del cuaderno 1.
33 Folios 137 a 142 del cuaderno 1.
34 Folios 122 a 128 del cuaderno 1.
35 Folios 211 a 216 del cuaderno 1.
36 Folio 218 del cuaderno 1.
37 Folios 223 a 224 del cuaderno 1.

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consecuencia de una “falla en el servicio, extralimitación de poder y falsa motivación
de la Resolución 0720 No. 0721-00226 del 2011”, mediante la cual se impuso a la
empresa una medida preventiva de suspensión de actividades, que calificaron como
“arbitraria e ilegal”. Medida que fue revocada de manera directa por la propia
administración, en atención a la evidente “indebida interpretación y aplicación de la
ley”. De acuerdo con lo anterior, es claro que los demandantes discutían la legalidad
de la medida cautelar en los siguientes términos:

La falsa motivación al aplicar una normatividad atípica para la empresa condujo al cierre
definitivo de la EMPRESA GRASAS Y PIELES DE OCCIDENTE EU. de manera
indebida e ilegal
6º. Lo delicado del asunto es que la COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CVC –
SECCIONAL DE PALMIRA, se fundamentó erróneamente y con falsa motivación entró a
sancionar la empresa por cuanto se dan aplicaciones a unas normas legales que no rigen
para esta clase de empresa (…).
13º. La falla del servicio en la determinación tomada en expedir por vía de hecho, violando
el debido proceso y con falsa motivación por parte de la Regional de la CVC de Palmira
20º. Si analizamos las normas citadas por la CVC, nada tiene que ver la empresa con
HORNOS CREMATORIOS, es decir, hay falsa motivación (…38).

12.4. En ese orden de ideas, a juicio de la Sala, el medio de control procedente para
dirimir el presente asunto era el de nulidad y restablecimiento del derecho, pues se
acreditó que el origen del daño alegado proviene de la supuesta ilegalidad del acto
administrativo mediante el cual se impuso la medida preventiva de suspensión de
actividades. En tal sentido, no resulta jurídicamente admisible que el solo hecho de
que el acto haya sido revocado con posterioridad por la administración permita abrir la
posibilidad de acudir al medio de control de reparación directa.

12.5. En efecto, lo alegado por los demandantes se encuadra dentro de las causales
de nulidad por falsa motivación por error de derecho, la cual se configura cuando la
administración desconoce los supuestos jurídicos en los que debía de sustentar la
decisión, ya sea por: i) inexistencia de la norma invocada por la autoridad; ii) falta de
relación entre la norma invocada por la entidad y los hechos objeto de decisión y iii)
por errónea interpretación39.

12.6. Esta conclusión adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que, en el
escrito mediante el cual se solicitó la revocatoria directa de la resolución presentado el
3 de junio de 201140, los demandantes pusieron de presente los defectos que, a su
juicio, afectaban la decisión administrativa, e incluso manifestaron que el acto era
“contrario a la constitución y a la ley”. De ello se desprende que, desde esa fecha, los
actores tenían conocimiento de la supuesta ilegalidad del acto, sin que, aun así,
hubiesen activado oportunamente el aparato jurisdiccional a través del medio de
control idóneo.

38 Folios 322 a 380 del cuaderno 1.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 29 de julio de 2021,

expediente 25346, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
40 Folios 40 a 43 del cuaderno 1.

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H. Caducidad

13. Teniendo claro que las pretensiones de la demanda realmente son de nulidad y
restablecimiento del derecho, procederá la Sala a analizar si su presentación fue
oportuna, o no.

13.1. La figura de la caducidad fue instituida como una sanción por el ejercicio tardío
del derecho de acción, que opera por el solo transcurso del tiempo, y “por ser de orden
público, es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los
respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, inclusive en contra de la
voluntad de las partes”41.

13.2. El numeral 2 literal d) del artículo 164 del CPACA prescribe que el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho caduca a los cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo42.

13.3. En el presente asunto, la “Resolución 0720 No. 0721-00226” , fuente del daño,
fue notificada a los accionantes el 12 de mayo de 2011. En ese sentido, el término de
cuatro (4) meses venció el 13 de septiembre de 2011. No obstante, el derecho de
acción solo se ejerció el 30 de julio de 201543.

13.4. Conviene precisar que si bien el demandante presentó solicitud de conciliación
el 24 de abril de 201544, esta no tuvo la virtualidad de suspender el cómputo de la
caducidad, en tanto fue radicada cuando ya había fenecido el término para interponer
el medio de control.

I. Costas

14. En los términos del artículo 188 del CPACA45 la parte vencida debe asumir las
costas. En la medida en que se revocó totalmente la decisión del inferior, los

41
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2006, expediente 15323, CP Mauricio
Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de mayo de 2018, expediente
40338. CP María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de diciembre de 2025,
expediente 67189. CP Diego Enrique Franco Victoria.
42 “Artículo 164. La demanda deberá ser presentada. (…) 2. (…) d). Cuando se pretenda la nulidad y

restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a
partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el
caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.
43 La Sala advierte que podría pensarse que los demandantes debían atacar la “Resolución 0720 No. 0721-00055”

del 26 de enero de 2012 que ratificó la medida preventiva; sin embargo, eso no sería preciso si se considera que
el ordenamiento jurídico no exige la expedición de un acto administrativo de ratificación. En efecto, el artículo 16 de
la Ley 1333 de 2009 dispone que la legalidad de dicha medida debe evaluarse al momento de establecer si existe
mérito para iniciar el proceso sancionatorio y que, de no existir, “se levantará dicha medida una vez compruebe que
desaparecieron las causas que lo motivaron”. En consecuencia, la ley no establece una obligación de ratificación,
por cuanto la medida preventiva inicialmente adoptada conserva su vigencia mientras subsista las circunstancias
que motivaron su imposición, sin que sea necesario un pronunciamiento adicional por parte de la administración.
Ahora bien, en gracia de discusión, si se cuenta la caducidad desde la mentada Resolución -lo que no es
procedente-, habría operado igualmente la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
44 De acuerdo con la constancia expedida por la Procuraduría 166 Judicial II para Asuntos Administrativos, la

solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 24 de abril de 2015, y el 16 de julio de la misma anualidad se
declaró fallida (folios 320-321 del cuaderno 2).
45 Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena

en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
13

Expediente: 76001-23-33-000-2015-00857-01 (67081)
Demandantes: Grasas y Pieles de Occidente E.U. y otros

demandantes deben ser condenados a las costas de ambas instancias46, las cuales
serán liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia, incluidas
las agencias en derecho, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 de la
Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso.

III. DECISIÓN

15. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 21 de mayo de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, DECLARAR la indebida escogencia
del medio de control y, como consecuencia, la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

SEGUNDO: CONDENAR a los demandantes en costas de ambas instancias, las
cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el tribunal de primera instancia
de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Aclara voto

46 El numeral 4 artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 establece que “Cuando la sentencia de segunda instancia

revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”.
14

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