Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00956-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00956-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-00956-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
11 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-2017)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Doralba Ortega de Hernández, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) RDP039603 del 28 de agosto de 2013, que le negó
el reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP042756 del 17 de septiembre de
2013, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
la confirmó. Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, en adelante UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión
gracia de jubilación a partir del día que cumplió el estatus, es decir, 50 años de
edad y 20 de servicio, con inclusión en el IBL de todos los factores salariales que
fueron cancelados en el año anterior a la adquisición del derecho; ii) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y iii) pagar
las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Doralba Ortega de Hernández nació el 2 de julio de 1959, por lo
que cumplió 50 años de edad el 2 de julio de 2009.
ii) Entre el 30 de mayo de 1979 y el 30 de septiembre de 1981, prestó
servicios como docente en la Escuela Alfredo Vásquez Cobo del municipio de
Dagua, nombrada por el gobernador del departamento del Valle del Cauca.
iii) Posteriormente, fue designada en propiedad mediante el Decreto 2001 del
10 de octubre de 1994 en la Institución Educativa Julio Cesar Arce del municipio
de Palmira, y luego fue trasladada a otra institución dentro del mismo ente
territorial, donde actualmente labora y acumula un tiempo de servicios superior a
20 años.
iv) El 18 de julio de 2013, solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión
gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos
enjuiciados.
2
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 5, 11, 13, 16, 23, 29 y 53 de la
Constitución Política; 1, 4 y 5 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3
de la Ley 37 de 1933; y 1 y 15 de la Ley 91 de 1989.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso que los
actos administrativos atacados desconocieron sus derechos y vulneraron
expresamente las normas señaladas, pues la UGPP estaba en la obligación de
reconocer la prestación gracia al haberse demostrado que la señora Ortega de
Hernández sumó más de 20 años de servicio a la docencia a través de
vinculaciones de orden territorial o departamental (por provenir sus
nombramientos del gobernador del departamento del Valle del Cauca), y 50 años
de edad.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso
como razones de defensa que para el reconocimiento de la pensión gracia no es
admisible computar o complementar tiempos de servicio prestados en la Nación, o
con vinculación nacional, puesto que se desconocería el mandato legal que
prescribe dicha prestación.1
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo
no debido, ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el trámite de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento de que trata el artículo 182 del CPACA, llevada a cabo el
1 Folios 66 al 71.
3
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
28 de noviembre de 2016, profirió sentencia en la que negó las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:2
i) La señora Doralba Ortega de Hernández ingresó al servicio de la docencia
oficial de nivel territorial en 1979; no obstante, no obra en el expediente ninguna
prueba que permita demostrar que aquella logró completar un tiempo mínimo de
servicios de ese carácter (territorial), pues, por el contrario, reposa en el plenario
certificación de la Institución Educativa Nuestra Señora del Palmar en la que se
afirma que el tipo de vinculación es nacional.
ii) Conforme a lo analizado, y sin lugar a seguir verificando el cumplimiento de
los demás requisitos necesarios para el reconocimiento de dicha prestación, se
colige que no resulta viable el reconocimiento deprecado y, en ese orden, no se
logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la señora Doralba Ortega de Hernández interpuso recurso de
apelación contra la referida sentencia al considerar que en el expediente obra el
suficiente material probatorio que demuestra que la demandante fue nombrada y
vinculada por el departamento del Valle del Cauca, luego no existe justificación
para que el Tribunal afirme que su designación tuvo carácter nacional.3
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. La demandante
La señora Doralba Ortega de Hernández reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.4
2 Folios 128 al 135 y cd 127. Con ponencia del magistrado Jhon Erick Chaves Bravo.
3 Folio 143.
4 Folio 163.
4
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Demandante: Doralba Ortega de Hernández
1.5.2. La demandada
La UGPP, por conducto de apoderado, descorrió el término para alegar y reiteró los
argumentos invocados en la contestación de la demanda.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en
la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas
primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
5 Folios 164 y 165.
6 Folio 166.
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en
diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
5
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Demandante: Doralba Ortega de Hernández
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado,
mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la
pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional,
pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
prerrogativa eran los educadores locales o regionales».11
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia
de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.
Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un
mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra
causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de
marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En
similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte
Constitucional.
6
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta
corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada;
sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de
1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia,
a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
gracia».13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la
Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir
respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron
tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos
para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus
efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura
posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
sentencia del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los
entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a
través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal
de la sentencia transcrita.
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del
29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio
pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o
parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
i) Conforme el registro civil de nacimiento, la señora Doralba Ortega de
Hernández nació el 2 de julio de 1959, es decir, cumplió 50 años de edad 2 de
julio de 2009.19
ii) Mediante el Decreto 0995 del 9 de mayo de 1979, «Por el cual se hacen unos
nombramientos en la Secretaría de Educación Departamental», el gobernador del
departamento del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales, nombró a la
demandante adscrita al distrito educativo núm. 1-A de Cali.20 Tomó posesión del
empleo el 30 de mayo siguiente, ante el alcalde del municipio de Dagua, como
maestra seccional de la Escuela núm. 30 Alfredo Vásquez Cobo en el
Corregimiento de Centella.21
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Folio 19
20 Folio 26.
21 Folios 27 y 3 cuaderno 2.
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
iii) El director del núcleo educativo núm. 037 El Palmar de la Secretaría de
Educación del departamento del Valle del Cauca mediante certificación hizo
constar que la actora prestó sus servicios docentes como seccional de la Escuela
núm. 30 Alfredo Vásquez Cobo, desde el 30 de mayo de 1979 hasta el 30 de
septiembre de 1981.22
iv) A través del Decreto 2001 del 10 de octubre de 1994, «Por medio del cual se
hacen unos nombramientos de docentes de tiempo completo para básica primaria,
por el sistema de cofinanciación en el municipio de Palmira (Valle)», el
gobernador del departamento del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones
legales, nombró a la señora Ortega de Hernández como profesora de tiempo
completo en educación básica primaria para el municipio de Palmira mediante el
mecanismo de cofinanciación.23
22 Folio 4 cuaderno 2, certificación expedida el 5 de abril de 1991.
23 Folios 5 al 8 cuaderno 2.
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
Tomó posesión en el empleo el 2 de noviembre de 1994, ante la división de
recursos humanos de la Secretaría de Educación del departamento del Valle del
Cauca, como seccional en el centro docente núm. 8 Julio César Arce de Palmira,
plaza cofinanciada en básica primaria.24
24 Folios30 y 5 del cuaderno 2.
13
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
14
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
v) Con el Decreto 0124 del 9 de marzo de 2001, «por el cual se hacen unos
traslados en la Secretaría de Educación Departamental», el gobernador del
departamento del Valle del Cauca en uso de sus atribuciones legales trasladó, por
solicitud propia, a la accionante, quien era titular del empleo de docente en el
centro docente núm. 8 Julio César Arce de Palmira, al cargo de docente con doble
acción en el centro docente núm. 11 Mercedes Abrego, también del municipio de
Palmira en remplazo de otro educador.25
vi) Mediante el Formato Único para la expedición de certificado de salario del 25
de septiembre de 2014, suscrito por la Institución Educativa Nuestra Señora del
Palmar del municipio de Palmira, se certificó que el tipo de vinculación de la
accionante es nacional, como docente de primaria en propiedad y que para la
25 Folios 31 al 33.
15
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Demandante: Doralba Ortega de Hernández
fecha de expedición de la constancia se encontraba activa prestando servicios en
esa institución.26
vii) El 4 de mayo de 2015, la Procuraduría General de la Nación certificó que la
actora no registraba antecedentes disciplinarios.27
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 28 de agosto de 2013, la UGPP profirió la Resolución RDP039603 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por la demandante el 18 de julio de 2013,28 al considerar que los
períodos laborados en el departamento del Valle del Cauca son de carácter
nacional, por cuanto los certificados aportados al cuaderno administrativo así lo
indican.29
ii) El día 17 de septiembre de 2013, la UGPP expidió la Resolución RDP042756,
por la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión
y la confirmó.30
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará la
decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
i) La señora Doralba Ortega de Hernández demostró que laboró en el magisterio
oficial por más de 20 años como docente, en plazas clasificadas como territoriales.
Igualmente, tuvo una experiencia como educadora anterior al 31 de diciembre de
26 Folio 22.
27 Folio 25.
28 Folios 12 al 16.
29 Folios 2 al 6.
30 Folios 8 y 10.
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Demandante: Doralba Ortega de Hernández
1980, por ende, en lo que respecta al tiempo de servicio, cumple con los
presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser
acreedora del beneficio pensional pretendido.
ii) El tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia corresponde al
siguiente:
Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 30-05-1979 30-09-1981 0 4 2
Territorial 02-11-1994 25-09-201431 23 10 19
(Cofinanciada)
TOTAL 23 2 23
En relación con las vinculaciones antes descritas es oportuno hacer las siguientes
precisiones:
En primer término, el nombramiento efectuado a través del Decretos 0995 del 9 de
mayo de 1979, por el gobernador del Valle del Cauca es de carácter territorial,
pues dicho funcionario lo profirió en calidad de representante del departamento,
basado en atribuciones legales propias y no en facultades especiales conferidas
por la Nación.
Lo anterior por cuanto, se observa que en el acto no intervino un delegado del
Ministerio de Educación Nacional, ni se indicó que actuaba por delegación, o que
los salarios de la demandante fueran financiados con recursos girados por la
Nación.
Adicionalmente, la vinculación fue para prestar servicios en el municipio de Dagua,
Corregimiento de Centella, donde la accionante laboró como docente seccional
de la Escuela núm. 30 Alfredo Vásquez Cobo.
31 Fecha de expedición del formato único para la expedición de certificado de salario obrante a folio
22.
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Demandante: Doralba Ortega de Hernández
Aunado a ello, la afirmación de que la designación tenga carácter territorial
también encuentra respaldo en el artículo 1° de la ley 91 de 1989, en tanto
dispone que son territoriales aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
En consecuencia, de acuerdo con el análisis integral del referido acto de
designación, se concluye que la vinculación con el departamento del Valle del
Cauca es del orden territorial.
En segundo término, el nombramiento efectuado a través del Decreto 2001 del
10 de octubre de 1994, por el gobernador del departamento del Valle del Cauca es
de carácter territorial departamental, pues fue suscrito por el representante del
ente territorial, en vigencia de la Ley 60 de 1993.
La referida norma estableció la descentralización de la educación, así que en
virtud de dicho proceso los departamentos prestarían directamente ese servicio.
Esta norma en su artículo 3 dispuso que «La prestación de los servicios
educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos
del situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el cual los
establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter
departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de
prestación del servicio».
Ahora, aunque el nombramiento de la señora Ortega de Hernández se hubiera
hecho con base en el sistema de cofinanciación, ello no muta la naturaleza del
vínculo territorial, como pasa a explicarse.
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Demandante: Doralba Ortega de Hernández
Teniendo en cuenta las normas citadas en las consideraciones del Decreto 2001
del 10 de octubre de 1994, se observa que el artículo 110 de la Ley 21 de 199232
impartió directrices para la asignación de recursos con fines de cofinanciación de
maestros, de la siguiente manera:
Los recursos para la cofinanciación de maestros cuyo objeto es facilitar
nombramientos por parte de los entes locales procederán previo convenio entre la
Nación, Ministerio de Educación Nacional y el respectivo distrito, departamento o
municipio.
Publicada la presente Ley todos los municipios del país elaborarán en un plazo de
tres meses el plan de desarrollo educativo con base en el cual se procederá a la
creación de plazas de maestros.
Los maestros deben ser nombrados por los alcaldes donde se haya
municipalizado la educación.
A su vez, el Decreto 206 de 28 de enero de 199333 en los artículos 4 y 5, señaló lo
siguiente:
Artículo 4°. Cofinanciación para el pago de maestros. Con los recursos asignados
en el Presupuesto Nacional para efectos de cofinanciar el pago de maestros de
primaria y secundaria, se financiarán, en promedio, hasta el 70% del costo de cada
educador que sea contratado por las entidades territoriales.
Para el año 1993 estos recursos serán ejecutados por el Ministerio de Educación al
igual que los recursos para cofinanciar infraestructura educativa.
Artículo 5°. Reglamentación de convenios, Ley 21 de 1992. El Ministerio de
Educación Nacional, antes del 31 de marzo de 1993, reglamentará los convenios a
que hace referencia el artículo 110 de la Ley 21 de 1992.
Aunado a ello, en el artículo 2 del Decreto 196 de 199534 se definieron como
docentes departamentales, distritales y municipales aquellos educadores
financiados o cofinanciados por la Nación-Ministerio de Educación Nacional,
mediante convenios y que se encuentren vinculados a plazas departamentales
o municipales.
32 «Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1993».
33 «Por medio del cual se reglamentan los artículos 31 y 32 de la Ley 38 de 1989».
34 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones»
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Demandante: Doralba Ortega de Hernández
Por su parte, el artículo 4º. del citado Decreto 196 de 1995 estableció lo siguiente:
Docentes departamentales y municipales financiados o cofinanciados por la Nación
-Ministerio de Educación Nacional. Los docentes departamentales y municipales
financiados o cofinanciados por la Nación-Ministerio de Educación Nacional
mediante convenios, serán afiliados o Incorporados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, bajo el régimen de la Ley 91 de 1989 y sus
Decretos reglamentarios 1775 y 2563 de 1990 o de las disposiciones que
modifiquen el régimen indicado, previo el cumplimiento de los requisitos económicos
y formales establecidos para el efecto. Los docentes así vinculados que
previamente se encuentren afiliados a una caja de previsión o entidad que haga sus
veces, quedarán eximidos de los requisitos económicos de afiliación al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio.
Las prestaciones sociales de los docentes financiados y cofinanciados serán
de cargo de la respectiva entidad territorial y los recursos para su cancelación
se regirán por lo que disponga el correspondiente convenio de financiación o
de cofinanciación. Las entidades territoriales, las cajas de previsión o las
entidades que hagan sus veces, girarán directamente los recursos al Fondo
Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio.
Parágrafo.- Una vez se venzan los términos de los convenios de plazas financiadas
cofinanciadas, los derechos salariales y prestacionales se pagaran con cargo al
situado fiscal. (Negrilla de la Sala)
Bajo esta línea intelectiva se colige que los maestros cofinanciados por la Nación
son docentes departamentales, distritales o municipales, respectivamente,
dependiendo de la plaza en la que hubieren sido designados, y que sus
emolumentos estarían a cargo de la entidad territorial respectiva, no de la Nación.
Sobre la naturaleza de la vinculación de los docentes financiados o cofinanciados,
esta subsección en sentencia del 11 de abril de 2018,35 en la que resolvió un
asunto similar, luego de analizar las normas citadas, concluyó lo siguiente:
De conformidad con lo anterior y en virtud a que las normas definen a los docentes
cofinanciados como docentes departamentales, distritales o municipales
dependiendo del ente que los hubiera vinculado, la Sala considera que como el
demandante fue vinculado como docente cofinanciado por el Municipio (sic) de San
Sebastián de Mariquita desde 1994, se debe entender que dicha vinculación se dio
como municipal y por consiguiente tiene derecho a que dichos tiempos sean tenidos
35 Radicado 190012333000201500392 01 (2235-2017), C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Doralba Ortega de Hernández
en cuenta para el reconocimiento de la pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia.
Este mismo criterio fue reiterado por esta Sala en las sentencias del 10 de febrero
de 2011,36 del 10 de marzo de 2016; 37 del 17 de julio de 2020,38 del 13 de abril de
2023;39 y del 20 de abril de 2023.40
Del mismo modo se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia SU-559 de
1997, al indicar que los docentes departamentales, municipales y distritales,
también son los cofinanciados por la Nación.
Así las cosas, el tiempo de servicios prestado a partir del 2 de noviembre de 1994,
se reputa territorial, debido a que el gobernador del Valle del Cauca nombró a la
señora Ortega de Hernández, en propiedad, como docente del municipio de
Palmira por el sistema de cofinanciación.
El acto de designación, se itera, fue suscrito por el gobernador, en calidad de
representante del departamento, basado en atribuciones legales propias y no en
facultades especiales conferidas por la Nación.
A su vez no se puede perder de vista que en la parte motiva del referido decreto
se advirtió con claridad que el municipio de Palmira, previo el lleno de los
requisitos exigidos, firmó el convenio respectivo con la Fiduciaria del Estado; y que
creó 27 plazas cofinanciadas de acuerdo al Convenio suscrito entre el Ministerio
de Educación Nacional, la Fiduciaria del Estado y la Alcaldía, lo cual permite inferir
válidamente que el cargo ocupado por la educadora era del orden territorial y
que el convenio de cofinanciación no implicaba que la naturaleza de su
nombramiento fuera del orden nacional.41
36 Subsección B, Expediente Rad. 0088-10 C. P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
37 Subsección A, Expediente Rad. 2604-14. C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
38 Subsección B, Expediente Rad. 3398-16 C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
39 Subsección A, Expediente Rad. 3114-2017. C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
40 Subsección A, Expediente Rad. 3905-2018. C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández
41 A dicha conclusión se arribó en la sentencia del 22 de abril de 2022, proferida por la Subsección
B, exp. 76001-23-33-000-2014-00318-01 (2918-2020), M. P. Carmelo Perdomo Cúeter.
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
Así las cosas, en este caso el decreto de nombramiento claramente advierte que
la designación estuvo precedida de la firma del convenio de cofinanciación entre el
ente territorial, el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria del Estado, con
lo que se desvirtúa el carácter de nacional que le atribuyó el a quo.
Asimismo, si bien el certificado del 25 de septiembre de 2014, suscrito por la
Institución Educativa Nuestra Señora del Palmar del municipio de Palmira, señala
que el tipo de vinculación de la actora era nacional, ello también resulta
desvirtuado a la luz del análisis realizado al acto de nombramiento que, como ya
se dijo, vinculó a la docente en una plaza territorial bajo el sistema de
cofinanciación.
Dicho de otra forma, al interpretar, en conjunto, los actos de nombramiento no
queda duda de su vinculación territorial; adicionalmente, se observa que la
mentada constancia fue proferida con anterioridad a las sentencias de unificación
que se analizaron en precedencia, lo que permite inferir que en aquella solo se
consideró el origen de los recursos para definir si la docente era nacional,
nacionalizada o territorial, discusión que, se insiste, fue zanjada a través del
proveído de unificación SUJ2-11/18.42
De acuerdo con lo explicado, los tiempos laborados como docente por parte de la
señora Doralba Ortega a partir de 1994 se podrían clasificar como territoriales o
departamentales, pero, en todo caso, no podrían ser, de ningún modo,
denominados como nacionales en atención a que no existe prueba alguna dentro
42 En efecto, en la citada providencia de unificación se concluyó que lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que
sea de carácter territorial o nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a
los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban
los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
del proceso que dé cuenta de ello, al paso que sí obra suficiente material
probatorio que respalde sus pretensiones.
Ahora bien, de acuerdo con el Decreto 124 del 9 de marzo de 2001 expedido por
el gobernador del Valle del Cauca, así como de lo certificado en el formato de
certificación de salarios aportado,43 se tiene que la accionante fue objeto de
traslados, sin solución de continuidad, es decir, manteniendo incólume el
nombramiento como docente efectuado mediante el Decreto 2001 del 10 de
octubre de 1994.
De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente en plazas del orden territorial por algo más de 20 años y cumplió con la
exigencia de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, tal como lo
determinó el a quo; por lo tanto, la interesada cumplió el requisito del tiempo de
servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
ii) La señora Ortega de Hernández cuenta con más de 50 años de edad y
durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias,44 es
decir, que cumple con los requisitos de edad, buena conducta y desempeño
laboral con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el
reconocimiento del beneficio pensional reclamado.
Ahora bien, la accionante cumplió 50 años de edad el 2 de julio de 2009, y los 20
años de servicio el 2 de julio de 2012, es decir, que en ese momento adquirió el
derecho pensional.
Así las cosas, pese a la contundencia de las pruebas el a quo negó la pensión
gracia bajo el argumento de que no se había acumulado el tiempo de servicio
requerido para acceder a la pensión. En ese orden, la Sala revocará la sentencia
apelada y, en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados y se
43 En este se indica que a partir del 9 de octubre de 2003 la señora Doralba Ortega fue trasladada
a la Institución Educativa Nuestra Señora del Palmar del municipio de Palmira folio 21.
44 Aspecto que no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia.
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00956-01 (0303-17)
Demandante: Doralba Ortega de Hernández
ordenará el reconocimiento y pago de la pensión gracia pretendida, en cuantía del
75% del promedio de los factores devengados por la demandante en el año
anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 2 de julio
de 2011 y el 2 de julio de 2012, con inclusión de los factores salariales
devengados en ese período.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».45
Ahora bien, la señora Ortega de Hernández consolidó el estatus pensional el 2 de
julio de 2012, de modo que tenía hasta el 2 de julio de 2015 para reclamar ante
la administración el reconocimiento y pago de la prestación para que sus mesadas
pensionales no fueran objeto de prescripción, lo cual efectivamente se materializó
a través de la reclamación del 18 de julio de 2013, razón por la que no operó el
fenómeno de la prescripción trienal.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
45 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado: i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22
de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de
2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
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Demandante: Doralba Ortega de Hernández
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201646, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
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Demandante: Doralba Ortega de Hernández
Pese a que en este caso se comprobó su causación, como la decisión que se
adopta es fruto de lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, no se
impondrán costas a cargo de la entidad demandada, con el fin de salvaguardar los
principios de buena fe y confianza legítima.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada por
cuanto la demandante acreditó en el proceso los requisitos para ser beneficiaria
de la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 28 de noviembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. En su lugar, se dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP039603 del 28 de agosto
de 2013; y RDP042756 del 17 de septiembre de 2013, mediante las cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP negó el reconocimiento de la pensión
gracia de la actora.
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Demandante: Doralba Ortega de Hernández
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Doralba Ortega de Hernández,
identificada con cédula de ciudadanía 29.538.926, en cuantía del 75% del
promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 2 de julio de 2011 y el 2 de julio de 2012.
Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo
en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación
de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM
27
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