República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-01018-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., treinta (30) de abril dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01018-01 (4147-2023)
Demandante: Hernán Restrepo Arias
Demandado: Universidad del Valle
Tema: responsabilidad disciplinaria de servidor público por apropiación de bien ajeno.
Subtema 1: debido proceso y términos en la actuación disciplinaria. Subtema 2: alcance
del derecho a un proceso disciplinario sin dilaciones injustificadas. Subtema 3:
naturaleza no perentoria de la indagación preliminar. Subtema 4: incidencia del
incumplimiento de términos en la validez del proceso disciplinario. Subtema 5: debido
proceso probatorio y regla de exclusión de prueba ilícita. Subtema 6: duda razonable
milita en favor del disciplinado
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de primera instancia
proferida el 17 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual se negaron sus pretensiones.
I. Síntesis del caso
Hernán Restrepo Arias promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los actos administrativos mediante los cuales la Universidad del Valle lo
sancionó con destitución e inhabilidad general por diez años, al declararlo responsable
de la apropiación de un maletín perteneciente a un estudiante, hallado en el locker o
casillero asignado al investigado. En la demanda alegó la vulneración del debido proceso
por dilación injustificada en la actuación disciplinaria, la ilicitud de la prueba derivada del
registro de su locker y la indebida valoración del acervo probatorio, por estimar que la
sanción se fundó en indicios insuficientes que no desvirtúan la presunción de inocencia.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones, al concluir que la
actuación disciplinaria se adelantó con observancia de las garantías procesales y que el
material probatorio, apreciado conforme a las reglas de la sana crítica, permitía alcanzar
certeza sobre la responsabilidad del disciplinado, en atención, principalmente, al hallazgo
del bien en su locker y a los elementos indiciarios concordantes.
El Consejo de Estado revoca la decisión de primera instancia, por cuanto concluye que,
si bien no se configuraron las irregularidades procesales alegadas en relación con la
dilación en la actuación ni con la validez del recaudo probatorio, la responsabilidad
disciplinaria del demandante no se encuentra acreditada con el grado de certeza exigido,
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01018-01 (4147-2023)
Demandante: Hernán Restrepo Arias
Demandado: Universidad del Valle
en tanto la imputación se sustentó en prueba indiciaria insuficiente que no desvirtúa la
presunción de inocencia, subsistiendo dudas razonables sobre su autoría en los hechos
investigados. En consecuencia, declara la nulidad de los actos administrativos
demandados y ordena el restablecimiento del derecho correspondiente.
II. Antecedentes
2.1. La demanda1
1. El 19 de marzo de 2015, Hernán Restrepo Arias presentó2 demanda3 de nulidad y
restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se exponen.
2.1.1. Pretensiones
2.Solicitó que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i)
Resolución 002-13 del 15 de noviembre de 2013, proferida por la Coordinación de
Control Disciplinario Interno del Personal Administrativo de la Universidad del Valle,
mediante la cual se le sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de
10 años; y (ii) fallo de segunda instancia del 11 de julio de 2014, expedido por el rector
de la Universidad del Valle, que confirmó en todas sus partes la decisión sancionatoria
de primera instancia.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó lo siguiente: (i) reintegrarlo al cargo
que venía desempeñando al momento de la destitución; (ii) pagarle los salarios,
prestaciones legales y extralegales dejados de percibir desde la desvinculación hasta el
reintegro efectivo; (iii) reconocerle los perjuicios morales ocasionados; (iv) que se declare
que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio; (v) que se ordene la
eliminación de la anotación disciplinaria en los registros correspondientes; y que se
indexen las sumas reconocidas.
2.1.2. Hechos
4. Hernán Restrepo Arias se vinculó como trabajador oficial de la Universidad del Valle
desde el 18 de noviembre de 1988, desempeñándose en el cargo de celador adscrito a
la sección de seguridad y vigilancia de la vicerrectoría administrativa, bajo contrato de
trabajo a término indefinido.
5.Los hechos que dieron lugar a la actuación disciplinaria se originaron en la pérdida de
un maletín que contenía un computador portátil de propiedad del estudiante Jorge Andrés
Ramírez Soler, ocurrida en instalaciones de la universidad el 10 de octubre de 2009,
específicamente en la escuela de ingeniería eléctrica.
1 Presentada ante el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, la cual fue remitida por competencia al
Tribunal Administrativo de Risaralda por medio de auto del 20 de agosto de 2015.
2 Según el «acta individual de reparto» visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-
2015-01018-01, archivo pdf «ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.PDF) NROACTUA 4», folio 210.
3 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.PDF) NROACTUA 4», folios 15 a 27
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Demandante: Hernán Restrepo Arias
Demandado: Universidad del Valle
6. Con ocasión de dicho suceso, mediante oficio del 12 de noviembre de 2009, el jefe de
la sección de seguridad y vigilancia remitió a la coordinación de control disciplinario
interno el informe suscrito por el estudiante afectado, junto con otros documentos
relacionados con la presunta pérdida del equipo.
7. En el marco de las actuaciones iniciales se allegaron diversos informes y escritos de
personal de vigilancia, dentro de los cuales se indicó que el maletín del estudiante habría
sido encontrado en el locker o casillero asignado a Hernán Restrepo Arias, situación que,
según se afirmó, fue advertida por otros celadores y comunicada a los supervisores de
turno.
8. Asimismo, se realizaron reuniones los días 26 y 27 de octubre de 2009 en las que se
recogieron versiones de varios celadores sobre lo ocurrido, incluyendo la del propio
investigado, sin que en ese momento se lograra esclarecer plenamente lo relacionado
con la ubicación del maletín y su contenido.
9. Posteriormente, el 24 de enero de 2012, la coordinación de control disciplinario interno
ordenó la apertura de indagación preliminar, con el fin de verificar la ocurrencia de los
hechos y determinar la posible existencia de falta disciplinaria.
10. En desarrollo de dicha etapa, el investigado rindió versión libre el 14 de marzo de
2012, en la cual manifestó que tuvo conocimiento de los hechos con posterioridad y que
incluso le habían sido sustraídos elementos personales de su locker o casillero,
incluyendo dinero en efectivo.
11. Dentro de la indagación preliminar también se recibieron múltiples declaraciones de
otros funcionarios de vigilancia, algunos de los cuales indicaron haber conocido los
hechos por comentarios de terceros, mientras que otros señalaron circunstancias
relacionadas con la presunta ubicación del maletín o con reacciones posteriores del
investigado frente a lo sucedido.
12. Mediante auto del 22 de agosto de 2012 se ordenó la apertura de investigación
disciplinaria, con el propósito de establecer si la conducta atribuida al investigado
constituía falta disciplinaria o si se encontraba amparada por alguna causal de exclusión
de responsabilidad.
13. Posteriormente, el 18 de enero de 2013 se dispuso el cierre de la investigación, y el
13 de febrero de 2013 se profirió pliego de cargos en contra de Hernán Restrepo Arias,
en el que se le imputó el incumplimiento de deberes y la realización de prohibiciones
propias de su cargo, por su presunta participación en la pérdida del maletín del estudiante
y su posterior hallazgo en el locker o casillero asignado al investigado, conducta que fue
subsumida en la posible vulneración de los artículos 34 numerales 1 y 6, 35 numeral 1 y
48 de la Ley 734 de 2002, así como de las disposiciones internas de la Universidad del
Valle (Acuerdo 004 de 1984), calificándose provisionalmente como falta gravísima y
atribuida a título de culpa gravísima.
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Demandante: Hernán Restrepo Arias
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14. Dentro del término legal, el investigado presentó escrito de descargos el 5 de marzo
de 2013, en el cual solicitó la práctica de pruebas, promovió incidente de nulidad del
proceso y recusó a la autoridad disciplinaria, actuaciones que fueron resueltas por la
autoridad disciplinaria sin acceder a sus pretensiones.
15. En desarrollo de la etapa probatoria se decretaron y practicaron diversas pruebas,
incluyendo declaraciones, ampliaciones de testimonios e inspección judicial al área de
trabajo del investigado, con el fin de verificar las condiciones del lugar y las circunstancias
relacionadas con los hechos objeto de investigación.
16. Posteriormente, mediante auto del 25 de septiembre de 2013 se corrió traslado para
alegatos de conclusión, los cuales fueron presentados dentro del término legal por el
apoderado del investigado, quien sostuvo, entre otros aspectos, la inexistencia de la falta
disciplinaria, la ilegalidad del procedimiento mediante el cual se encontró el maletín y la
vulneración del debido proceso.
17. Concluida la etapa de alegatos, el expediente fue remitido a la comisión obrero
patronal para concepto, en atención a la calidad de trabajador oficial del investigado,
instancia en la que se analizaron aspectos relacionados con la prescripción, la validez
de las actuaciones y la normativa aplicable.
18. Finalmente, mediante Resolución 002-13 del 15 de noviembre de 2013, la
coordinación de control disciplinario interno profirió fallo de primera instancia, en el que
declaró disciplinariamente responsable a Hernán Restrepo Arias, calificando la conducta
como falta gravísima a título de dolo, e imponiendo como sanción la destitución e
inhabilidad general por el término de 10 años.
19. La anterior decisión fue recurrida por el disciplinado y, mediante fallo de segunda
instancia del 11 de julio de 2014, el rector de la Universidad del Valle confirmó en todas
sus partes la decisión sancionatoria de primera instancia.
20. Posteriormente, mediante oficio 0030.0031.3376.2014 del 28 de agosto de 2014,
suscrito por el rector de la entidad, y entregado al actor el 29 de agosto del mismo año,
se dio cumplimiento al fallo de segunda instancia a partir del 1 de septiembre de 2014.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
21. Hernán Restrepo Arias citó como normas violadas los artículos 2, 6, 25, 29 y 53 de la
Constitución Política; 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 33 numeral 10, 94, 97 y 150
de la Ley 734 de 2002; así como el Acuerdo 005 del 9 de julio de 2004 del Consejo
Superior de la Universidad del Valle.
22. Sostuvo que los actos administrativos demandados se encuentran viciados por
violación del debido proceso, falsa motivación, indebida valoración probatoria, errónea
adecuación típica y desconocimiento de las normas que regulan la actuación
disciplinaria.
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23. En primer lugar, alegó la vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, al considerar que la actuación
disciplinaria no se adelantó con observancia de las formas propias del proceso ni dentro
de términos razonables, lo que afectó las garantías de defensa y contradicción.
24. En ese sentido, indicó que la investigación disciplinaria permaneció inactiva durante
un periodo prolongado entre la ocurrencia de los hechos y la apertura formal de la
indagación preliminar, lo cual desconoce los principios de celeridad y eficacia que rigen
la función administrativa, así como el deber de las autoridades de impulsar oficiosamente
las actuaciones dentro de un plazo razonable.
25. Afirmó que el incumplimiento de los términos procesales no constituye una simple
irregularidad, sino una vulneración sustancial del debido proceso, en tanto dichos
términos son de carácter perentorio y constituyen una garantía para el disciplinado, por
lo que no pueden ser indefinidos ni quedar sujetos a la discrecionalidad de la
administración. Enfatizó que los términos procesales no pueden ser indefinidos, en
atención a la jurisprudencia constitucional y a los principios de celeridad y seguridad
jurídica.
26. De igual forma, sostuvo que los cargos formulados en su contra adolecen de falta de
claridad y precisión, por cuanto no se realizó una adecuada subsunción típica de la
conducta, ni se determinó de manera concreta el comportamiento reprochado,
generándose ambigüedad en la imputación y afectándose su derecho de defensa.
27. En particular, manifestó que la autoridad disciplinaria no definió con certeza si los
hechos correspondían a una pérdida de un bien, a una irregularidad administrativa o a
una conducta constitutiva de hurto, lo que, a su juicio, evidencia una imputación confusa
e inconsistente desde el punto de vista jurídico.
28. En relación con la valoración probatoria, afirmó que la decisión disciplinaria se
fundamentó en simples conjeturas e indicios no corroborados, sin que existiera prueba
directa que acreditara su responsabilidad en los hechos investigados, por lo que se
incurrió en falsa motivación.
29. Señaló que los testimonios recaudados se basan, en su mayoría, en referencias
indirectas o comentarios de terceros, lo que impide derivar de ellos un grado de certeza
suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
30. Asimismo, cuestionó la legalidad de la prueba principal, consistente en el hallazgo del
maletín en el locker o casillero que le había sido asignado, al considerar que dicho
elemento fue obtenido mediante la apertura de ese espacio sin su autorización ni orden
de autoridad competente, lo que, en su criterio, vulnera el debido proceso y compromete
la validez de la actuación disciplinaria.
31. De otra parte, sostuvo que no se acreditó de manera cierta su participación en los
hechos investigados, ni la ocurrencia de la conducta en los términos en que fue imputada,
por lo que, en su criterio, no se configuraba materialmente la falta disciplinaria atribuida.
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01018-01 (4147-2023)
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32. Enese contexto, indicó que la autoridad disciplinaria desconoció el principio de
responsabilidad consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política, al imputarle una
conducta sin que existiera prueba suficiente de su realización ni de su culpabilidad.
33. Finalmente, manifestó que la sanción impuesta resulta desproporcionada frente a los
hechos investigados, en tanto no se acreditó la comisión de una falta disciplinaria de la
gravedad que justificara la destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, y
que, en consecuencia, se vulneraron sus derechos laborales, en particular los previstos
en el artículo 53 de la Constitución Política.
34. En síntesis, el demandante cuestiona la validez de los actos administrativos acusados
por considerar que (i) la actuación disciplinaria se adelantó con desconocimiento del
debido proceso, en particular por la dilación injustificada y la obtención irregular de
pruebas; (ii) los cargos fueron formulados de manera imprecisa, afectando su derecho
de defensa; (iii) la decisión se fundó en una indebida valoración probatoria, basada en
indicios no corroborados; (iv) no se acreditó la ocurrencia de la conducta ni su
responsabilidad; y (v) la sanción impuesta resulta desproporcionada.
2.1.4 Reforma de la demanda
35. Dentro del término legal, Hernán Restrepo Arias presentó reforma de la demanda, en
el sentido de adicionar nuevas pretensiones y argumentos jurídicos4.
36. En cuanto a las pretensiones, solicitó que se incluyera como nuevo acto acusado el
oficio 0030.0031.3376.2014 del 28 de agosto de 2014, suscrito por el rector de la
Universidad del Valle, mediante el cual se dio cumplimiento al fallo de segunda instancia,
al considerar que dicho acto hace parte de un acto complejo y, por ende, resulta
jurídicamente viable su inclusión dentro del proceso.
37. Indicó que respecto de esta nueva pretensión se había agotado el requisito de
procedibilidad, en tanto el mencionado acto administrativo fue enunciado en la
conciliación extrajudicial 076-2015 del 22 de diciembre de 2014, cuya acta fue aportada
con la demanda, y en la cual participó el apoderado de la entidad demandada.
38. Asimismo, precisó que dicho acto se encontraba mencionado en los hechos de la
demanda y aportado como prueba, adjuntando nuevamente copia del mismo.
39. De otra parte, el demandante expuso varias consideraciones jurídicas relacionadas
con los términos procesales en la actuación disciplinaria, señalando que estos son de
carácter perentorio y de estricto cumplimiento, constituyen una garantía del debido
proceso y no pueden ser indefinidos, en atención a los principios de celeridad y seguridad
jurídica, así como a lo previsto en los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley
734 de 2002.
4 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.PDF) NROACTUA 4», folios 250 a 252
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40. En ese sentido, sostuvo que una vez agotada la etapa de indagación preliminar, las
decisiones correspondientes debían adoptarse en el menor tiempo posible, sin que fuera
admisible la paralización de la actuación disciplinaria, y que el incumplimiento de los
términos procesales vulnera el debido proceso y el derecho de defensa.
41. Finalmente, dejó constancia de que, durante el trámite de la investigación disciplinaria,
tanto el apoderado del actor como representantes sindicales objetaron el
quebrantamiento del debido proceso y del derecho de defensa, y aportó como anexos
copia del oficio mencionado y la adición del poder conferido.
2.2. Contestación de la demanda
42. La Universidad del Valle contestó la demanda el 24 de mayo de 2016 para oponerse
a la prosperidad de las pretensiones5.
43. Sostuvo que los actos acusados, esto es, la Resolución 002-13 del 15 de noviembre
de 2013 y el fallo de segunda instancia del 11 de julio de 2014, se ajustan a lo dispuesto
en el Código Disciplinario Único y demás normas aplicables, por lo que no existe
fundamento fáctico ni jurídico para acceder a las pretensiones del demandante.
44. En relación con los cargos formulados en la demanda, la entidad negó que los actos
administrativos hubiesen sido expedidos con falsa motivación, al señalar que la decisión
disciplinaria se fundamentó en un conjunto de pruebas legalmente recaudadas dentro de
la actuación, las cuales permitieron establecer la responsabilidad disciplinaria del
demandante.
45. Indicó que durante el trámite del proceso disciplinario se garantizó el debido proceso,
en tanto se surtieron todas las etapas previstas en la Ley 734 de 2002, se practicaron las
pruebas pertinentes —incluidas las solicitadas por el investigado— y estas fueron
puestas en su conocimiento, permitiéndole ejercer plenamente su derecho de defensa
con asistencia de apoderado.
46. Señaló que no es cierto que la decisión disciplinaria carezca de respaldo probatorio,
por cuanto en el expediente reposan múltiples pruebas testimoniales y documentales
que acreditan los hechos investigados, entre ellas el informe presentado por el estudiante
afectado, los testimonios de los vigilantes y el hallazgo del maletín en el locker o casillero
asignado al demandante.
47. En ese sentido, sostuvo que la autoridad disciplinaria valoró integralmente el material
probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, lo que le permitió alcanzar certeza
sobre la responsabilidad del investigado en los hechos que dieron lugar a la actuación
disciplinaria.
48. Agregó que la conducta atribuida corresponde al intento de hurto del maletín de
propiedad de un estudiante, lo cual constituye una falta gravísima conforme al artículo
5 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.PDF) NROACTUA 4», folios 235 a 244.
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48 de la Ley 734 de 2002, así como una infracción a las normas éticas y disciplinarias de
la Universidad del Valle.
49. En relación con la alegada indebida adecuación típica, sostuvo que los cargos fueron
formulados con fundamento en graves indicios que comprometían al demandante,
incluyendo testimonios que lo ubican en el momento de los hechos con el elemento en
cuestión, por lo que no se configura la irregularidad alegada por la parte actora.
50. Asimismo, indicó que no se presentó vulneración de los términos procesales, en tanto
la actuación disciplinaria se adelantó dentro del término de prescripción de cinco años
previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, y que la ley no establece un término
específico para la iniciación de la indagación preliminar.
51. Frente a la alegada desproporción de la sanción, sostuvo que esta no resulta
desmedida, en tanto el artículo 44 de la Ley 734 de 2002 establece que para las faltas
gravísimas dolosas o cometidas con culpa gravísima procede la sanción de destitución
e inhabilidad general.
52. Finalmente, afirmó que no se vulneraron los derechos de defensa ni el debido proceso,
y reiteró que los actos demandados son válidos y se ajustan plenamente al ordenamiento
jurídico, por lo cual no hay lugar a su anulación ni al reconocimiento de las pretensiones
derivadas de ella.
2.2.1. Contestación de la reforma de la demanda
53. La Universidad del Valle, a través de apoderado judicial, se opuso a la reforma de la
demanda6.
54. En primer lugar, manifestó que la nueva pretensión consistente en la nulidad del oficio
0030.0031.3376.2014 del 28 de agosto de 2014 es improcedente, por cuanto dicho acto
administrativo no fue objeto de la conciliación extrajudicial exigida como requisito de
procedibilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 del CPACA.
55. Señaló que no basta con que el acto haya sido mencionado en la diligencia de
conciliación, sino que debía haber sido incluido expresamente dentro de las pretensiones
formuladas en dicha actuación, lo cual no ocurrió, según consta en el acta 076-2015 del
22 de diciembre de 2014.
56. Indicó que en la conciliación extrajudicial únicamente se formularon pretensiones
dirigidas a obtener la nulidad de la resolución 002-13 del 15 de noviembre de 2013 y del
fallo de segunda instancia del 11 de julio de 2014, así como el reintegro y el pago de las
acreencias laborales correspondientes.
57. Adicionalmente, sostuvo que la pretensión dirigida contra el mencionado oficio resulta
extemporánea, en tanto la demanda fue presentada por fuera del término de caducidad
6 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.PDF) NROACTUA 4», folios 250 a 252.
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de cuatro meses previsto en el artículo 138 del C.P.A.C.A., dado que dicho acto fue
notificado el 29 de agosto de 2014, según lo indicado en la propia demanda.
58. En consecuencia, solicitó que se rechazara la adición de la demanda en lo relativo a
la nueva pretensión, por considerarla legalmente improcedente.
2.3. Sentencia de primera instancia
59. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 7, mediante sentencia del 17 de marzo
de 20238, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, al considerar
que se encontraba plenamente acreditada la responsabilidad disciplinaria del
demandante y que los actos acusados se ajustaban al ordenamiento jurídico.
60. Como fundamento de su decisión, señaló que se encontraba acreditado que Hernán
Restrepo Arias se desempeñó como celador o vigilante adscrito a la Sección de
Seguridad y Vigilancia de la Universidad del Valle desde el 18 de noviembre de 1988
hasta el 1 de septiembre de 2014, cuando fue destituido e inhabilitado por el término de
diez años como consecuencia de un proceso disciplinario.
61. Indicóque la actuación disciplinaria tuvo origen en la pérdida de un maletín
perteneciente a un estudiante de la institución, el cual fue posteriormente hallado en el
locker o casillero asignado al demandante, circunstancia que dio lugar a la investigación
y posterior imposición de la sanción.
62. Precisó que, en sede disciplinaria, se concluyó que la conducta desplegada por el
actor se adecuaba a la falta gravísima prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002, al corresponder objetivamente a una conducta descrita en la ley penal como
delito —hurto— cometida con ocasión del ejercicio del cargo. En ese sentido, en relación
con el cargo de indebida adecuación típica, el tribunal concluyó que no le asistía razón
al demandante, en tanto la imputación disciplinaria se estructuró con fundamento en el
incumplimiento de deberes y la infracción de prohibiciones previstas en el estatuto interno
de la Universidad, en concordancia con las disposiciones del Código Único Disciplinario.
63. En ese sentido, señaló que los cargos formulados se encontraban debidamente
delimitados, al haberse identificado de manera expresa las normas presuntamente
vulneradas y el comportamiento reprochado, descartando así la alegada ambigüedad o
falta de claridad en la imputación.
64. En cuanto al cargo de falsa motivación por indebida valoración probatoria, el tribunal
concluyó que la decisión disciplinaria se sustentó en un conjunto de elementos
probatorios concordantes, entre los que se destacan la queja presentada por el
estudiante afectado, el informe rendido por el vigilante que halló el maletín y las
declaraciones de otros compañeros del disciplinado.
7 En Sala integrada por los magistrados Omar Edgar Borja Soto (ponente), Oscar Silvio Narváez y Eduardo Antonio
Lubo Barros.
8 Visible a índice 20 de Samai tribunales, expediente 76001-23-33-008-2015-01018-00, archivo pdf
«2_SENTENCIA(.pdf) NroActua 20».
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01018-01 (4147-2023)
Demandante: Hernán Restrepo Arias
Demandado: Universidad del Valle
65. Al respecto, destacó que, si bien no existía prueba directa de que el actor hubiera
tomado el maletín, el acervo probatorio permitía inferir razonablemente su
responsabilidad, a partir de la concordancia o convergencia de los distintos elementos
probatorios, en particular a partir del hallazgo del objeto en su locker o casillero, al que
el tribunal otorgó pleno valor probatorio como elemento determinante de la inferencia de
responsabilidad, así como de su comportamiento posterior a los hechos.
66. En esa línea, la sentencia de primera instancia resaltó que las manifestaciones del
demandante y su conducta posterior —incluyendo episodios de intimidación y amenazas
a otros compañeros de trabajo— constituyen elementos que, valorados de manera
conjunta con los demás medios de prueba, refuerzan de manera significativa la inferencia
sobre su responsabilidad en los hechos investigados, los cuales fueron valorados como
hechos concomitantes y posteriores a la conducta.
67. Asimismo, indicó que la autoridad disciplinaria valoró las pruebas conforme a las
reglas de la sana crítica, y que el hecho de que el resultado de dicha valoración no
favoreciera al disciplinado no comporta, por sí mismo, la configuración de una
irregularidad o de falsa motivación.
68. Frente al cargo por vulneración del debido proceso y del derecho de defensa, el
tribunal concluyó que no se configuró tal afectación, en tanto la actuación disciplinaria se
adelantó con observancia de las etapas previstas en la ley, sin que se evidencien
irregularidades sustanciales con incidencia en la validez del proceso, garantizándose al
investigado la posibilidad de intervenir en el trámite, rendir versión libre, solicitar y
controvertir pruebas, y ejercer los recursos correspondientes.
69. En particular, precisó que, pese al lapso transcurrido entre la ocurrencia de los hechos
y la apertura formal de la indagación preliminar, la actuación se adelantó dentro del
término de prescripción de cinco años previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002,
razón por la cual no se configuró vulneración alguna por desconocimiento de los términos
procesales.
70. De otra parte, el tribunal consideró acreditada la ilicitud sustancial de la conducta, al
evidenciar que el comportamiento del demandante afectó de manera grave el deber
funcional, en tanto, en su calidad de celador encargado de la seguridad de la institución,
comprometió los bienes bajo su custodia y la confianza depositada en el ejercicio de su
cargo.
71. En cuanto al elemento subjetivo, concluyó que la conducta fue realizada a título de
dolo, al advertir que el disciplinado actuó de manera consciente y voluntaria, abusando
de las funciones inherentes a su cargo.
72. Finalmente, respecto del principio de proporcionalidad, determinó que la sanción de
destitución e inhabilidad general por el término de diez años se ajusta a los parámetros
previstos en la Ley 734 de 2002 para las faltas gravísimas dolosas, y que corresponde
al mínimo legal establecido para este tipo de conductas.
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73. En consecuencia, concluyó que no se configuraron los vicios de nulidad alegados por
la parte actora y que los actos administrativos demandados se ajustan al ordenamiento
jurídico, al estimar que el material probatorio permitía concluir, sin que subsistiera duda
relevante, la responsabilidad disciplinaria del demandante, razón por la cual negó las
pretensiones de la demanda.
2.4. Recurso de apelación
74. Hernán Restrepo Arias, a través de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación
contra la sentencia proferida el 17 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda 9.
75. Como fundamento del recurso, sostuvo que la decisión de primera instancia
desconoció la existencia de graves irregularidades que se presentaron en el trámite del
proceso disciplinario, particularmente la vulneración del debido proceso y del derecho de
defensa del disciplinado.
76. En ese sentido, señaló que el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso–
administrativo sobre los actos disciplinarios implica la verificación del respeto de las
garantías fundamentales del investigado, en especial el debido proceso, el derecho de
defensa, y la legalidad de las pruebas, aspectos que —en su criterio— no fueron
adecuadamente analizados por el juez de primera instancia.
77. En primer lugar, insistió en que durante la actuación disciplinaria se presentó una
dilación injustificada, consistente en la inactividad de la investigación por un periodo
aproximado de dos años y tres meses, situación que, a su juicio, resulta contraria a los
principios que rigen el proceso disciplinario y al derecho fundamental a un debido
proceso sin dilaciones injustificadas.
78. Precisó que los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 10 de octubre
de 2009, mientras que la apertura de la indagación preliminar solo se produjo el 24 de
enero de 2012, y posteriormente, el 22 de agosto de 2012 se ordenó la apertura de la
investigación disciplinaria, lo cual evidencia, en su criterio, una demora injustificada en el
ejercicio de la potestad disciplinaria.
79. Sostuvo que dicha situación mantuvo al disciplinado en un estado de incertidumbre
jurídica o sub judice, sin justificación alguna, durante un tiempo prolongado, lo cual
vulnera el artículo 29 de la Constitución Política, en cuanto garantiza el derecho a un
proceso público sin dilaciones injustificadas.
80. En desarrollo de este argumento, citó pronunciamientos de la Corte Constitucional, en
particular la sentencia C-036 de 2003, en la cual se analizó la necesidad de que las
etapas del proceso disciplinario cuenten con términos definidos y razonables, con el fin
de evitar que el investigado permanezca indefinidamente sometido a una actuación sin
que se defina su situación jurídica.
9 Visible a índice 25 de Samai tribunales, expediente 76001-23-33-008-2015-01018-00, archivo pdf
«5_APELACIONDESENTENCIA_REQUEST(.pdf) NroActua 25».
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81. A partir de ello, indicó que la etapa de indagación preliminar no puede extenderse de
manera indefinida, pues ello desconoce el debido proceso y el derecho de defensa, al
impedir que el disciplinado tenga certeza sobre su situación jurídica y ejerza plenamente
sus derechos dentro de un término razonable.
82. En ese sentido, afirmó que la actuación adelantada por la Universidad del Valle
incurrió en una grave dilación injustificada, al mantener la investigación en un estado de
inactividad prolongado antes de dar inicio formal a la indagación preliminar y a la
investigación disciplinaria, lo cual, a su juicio, constituye una irregularidad sustancial que
debía conducir a la nulidad de los actos demandados.
83. De otra parte, el recurrente cuestionó la forma en que el juez de primera instancia
abordó el análisis del caso, al considerar que se limitó a realizar una descripción de las
pruebas recaudadas en la actuación disciplinaria, sin efectuar un estudio de fondo sobre
las irregularidades procesales alegadas en la demanda.
84. En particular, sostuvo que la sentencia impugnada no examinó adecuadamente las
violaciones al debido proceso ni al derecho de defensa que alegó en su demanda,
especialmente en lo relacionado con las irregularidades en la obtención y valoración de
las pruebas, argumentos que reiteró y a los cuales se remitió expresamente.
85. En ese contexto, reiteró que las pruebas recaudadas dentro del proceso disciplinario
presentan irregularidades que afectan su validez, al no haberse garantizado plenamente
los derechos del disciplinado durante su práctica, lo que compromete la legalidad de los
actos administrativos sancionatorios.
86. Asimismo, enfatizó que la obtención de la verdad dentro del proceso disciplinario no
puede realizarse a cualquier costo, sino con estricta observancia de las garantías
constitucionales y legales, en especial el debido proceso y el derecho de defensa.
87. Finalmente, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se acceda a las pretensiones de la demanda, al considerar que se encuentran
acreditadas las irregularidades sustanciales que afectan la validez del proceso
disciplinario adelantado en su contra.
2.5. Intervenciones en segunda instancia
88. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
2.6. Concepto del Ministerio Público
89. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad procesal.
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III. Consideraciones
3.1. Competencia
90. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
91. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los
siguientes problemas jurídicos:
92. ¿En el trámite del proceso disciplinario adelantado contra Hernán Restrepo Arias se
vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, en particular por las irregularidades
alegadas en la actuación por la dilación en la apertura de la indagación preliminar?
93. ¿La apertura del locker o casillero asignado a Hernán Restrepo Arias constituye
prueba obtenida con desconocimiento de las garantías del debido proceso y, en tal caso,
si dicha irregularidad afecta la validez de los actos administrativos sancionatorios?
94. ¿Con fundamento en el acervo probatorio, se encuentra acreditada con el grado de
certeza exigido en materia disciplinaria, la responsabilidad de Hernán Restrepo Arias por
la conducta imputada, consistente en el apoderamiento del maletín del estudiante,
constitutiva de falta gravísima conforme al artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002,
en concordancia con el delito de hurto del artículo 239 del Código Penal, o si, por el
contrario, subsisten dudas razonables que conduzcan a la revocatoria de la sanción?
3.3. Estudio y resolución del primer problema jurídico
3.3.1. Debido proceso en el procedimiento disciplinario
95. Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la
garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y
formales de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto
constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en
la posibilidad de defenderse, designar defensor, presentar y controvertir pruebas e
impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado puede
acudir ante el juez de lo contencioso administrativo en demanda de nulidad de las
decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una violación
del debido proceso.
3.3.2. Del término de duración de la indagación preliminar
96. La Carta Política contiene una referencia expresa al plazo razonable en cuanto, en el
artículo 29, consagra el derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas.
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Partiendo de esa norma, la legislación procesal penal y disciplinaria ha previsto términos
preclusivos para las distintas etapas procesales, pues es evidente que el poder punitivo
del estado no puede ejercerse de manera indefinida sino en términos preestablecidos.
De allí, por ejemplo, que en el Decreto 2700 de 1991 y en la Ley 600 de 2002 se hayan
fijado términos preclusivos para la realización de la investigación previa y que en el
artículo 141 de la Ley 200 de 1995 y en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 se haya
fijado un término de seis meses para que se adelante la indagación preliminar en los
procesos disciplinarios.
97. El artículo 156 de la Ley 734 de 2002 no fija un término perentorio e improrrogable
que conduzca a señalar que vencido el plazo deba ordenarse el archivo de la
investigación, como lo pretende la accionante, simplemente consagra dos posibilidades
al dar por terminada la indagación preliminar: el archivo definitivo o el auto de apertura.
En otras palabras, en este caso, el archivo definitivo de la actuación no se estableció
como mecanismo extintivo de la acción ante la posible mora al concluir el período de
indagación preliminar10.
98. De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa no
conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave
afectación de garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la
actuación cumplida carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe
determinarse el motivo por el cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento
de ese término hubo lugar o no a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el
curso del proceso. Es decir, del solo hecho que un término procesal se inobserve, no se
sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados
pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por
vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como
valor superior y como principio constitucional.
99. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos
fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia
de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren
múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole
de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la
actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo
que es materia de investigación. De este modo, aparte de la eventual falta disciplinaria
en que pueda incurrir el servidor que incumplió ese término, él se halla en el deber de
tomar una decisión con base en la actuación cumplida hasta el momento en que el
vencimiento de ese término operó. Si en tal momento existen dudas, éstas se tornen
insalvables y surge la obligación de archivar la actuación; pero si tales dudas no existen,
esto es, si aparecen cumplidos los objetivos pretendidos con la indagación preliminar,
nada se opone a que se abra investigación disciplinaria pues precisamente esta es una
de las decisiones que se pueden tomar en tal momento11.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 20 de septiembre de 2018, expediente 11001-
03-25-000-2014-00754-00 (2353-14).
11 SU-901 de 2005.
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3.3.3. Análisis sustancial para resolver el primer problema jurídico
100. Si bien es cierto, la eventual demora en la indagación preliminar constituye una
irregularidad en el trámite, también lo es, que no tiene la envergadura de una anomalía
sustancial que afecte el debido proceso porque, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 150 de la Ley 734 de 2002, la etapa de indagación es optativa pues se lleva a
cabo solo en los casos en que existe duda sobre la identidad del individuo o de la
comisión de la falta, es decir, que el proceso disciplinario como tal, inicia con el auto de
apertura de investigación.
101. Así, el retraso presentado no configura, en sí mismo, una irregularidad sustancial
que afecte el debido proceso, cuando el procedimiento concluye dentro del término de
prescripción de la acción disciplinaria establecido en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002
y se garantiza el derecho de defensa y contradicción del investigado12.
102. Lo antes dicho, no desconoce la importancia que tiene el cumplimiento de los
términos por parte del investigador, pero esta circunstancia, bajo el contenido de la
norma transcrita no conlleva necesariamente al archivo de la investigación, máxime,
cuando dentro del proceso disciplinario existían elementos de prueba que conducen a
deducir la existencia de la comisión de un eventual hecho disciplinable 13, como en el
presente caso se observa del pliego de cargos.
103. La Sala advierte que el reproche central del apelante se dirige a sostener que el
lapso transcurrido entre la ocurrencia de los hechos (octubre de 2009) y la apertura de
la indagación preliminar (enero de 2012) configura, por sí mismo, una vulneración del
debido proceso.
104. No obstante, tal planteamiento no está llamado a prosperar. En efecto, conforme
al artículo 30 de la Ley 734 de 2002, la administración contaba con un término de cinco
años para ejercer la acción disciplinaria tratándose de faltas instantáneas. En el presente
caso, entre la fecha de los hechos y la apertura de la indagación preliminar transcurrieron
aproximadamente dos años y tres meses, esto es, dentro del término legalmente
previsto, razón por la cual no se configura prescripción ni pérdida de competencia
temporal de la autoridad disciplinaria.
105. Ahora bien, si bien la inactividad inicial puede ser cuestionable desde el punto de
vista de la eficiencia administrativa, lo cierto es que, para que dicha circunstancia
configure una vulneración del debido proceso, debe demostrarse una afectación material
al derecho de defensa, lo cual no ocurre en el presente asunto.
106. En efecto, una vez iniciada formalmente la actuación disciplinaria, el demandante
ejerció plenamente sus derechos procesales: rindió versión libre, presentó descargos,
promovió nulidades y recusaciones, solicitó pruebas, intervino en su práctica, formuló
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección b, sentencia del 1 de noviembre 2012, expediente 11001-03-25-
000-2011-00085-00(0257-11). / Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 24 de enero de
2019, expediente 11001-03-25-000-2012-00256-00 (0974-12).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de mayo de 2011), expediente
730012331000200401306 (0684-2008).
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alegatos y recurrió la decisión sancionatoria. Así, no se advierte que haya sido privado
de oportunidades reales de contradicción o defensa.
107. Por lo expuesto, el cargo de violación del derecho al debido proceso por el retraso
en la etapa de indagación preliminar no constituye causal de nulidad de los fallos
sancionatorios y, por ende, no prospera.
3.4. Estudio y resolución del segundo problema jurídico
3.4.1. El control de legalidad que la jurisdicción contenciosa–administrativo ejerce
sobre los fallos disciplinarios es pleno e integral
108. En el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
Sala Plena de esta corporación en sentencia del 9 de agosto de 2016, proferida en el
expediente 2011-316 (1210), unificó los criterios interpretativos en torno a la competencia
del juez de lo contencioso–administrativo en materia del control de legalidad sobre los
actos administrativos disciplinarios, para definir que es integral, pleno y positivo, porque
«la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de
legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo
sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado
por el prisma de los derechos fundamentales».
109. En ese sentido, la Sala Plena estableció en la referida sentencia del 9 de agosto
de 2016, que en ejercicio del denominado juicio integral, el juez contencioso tiene
competencia para examinar todas las causales de nulidad previstas en el artículo 137
del CPACA, porque aunque el juicio de legalidad se guía por las causales de nulidad
invocadas en la demanda, también es cierto, que en virtud de la primacía del derecho
sustancial, el juez puede y debe examinar aquellas causales conexas con derechos
fundamentales, con el fin de optimizar la tutela judicial efectiva, de máxima importancia
al tratarse del ejercicio de la función pública disciplinaria que puede afectar de manera
especialmente grave derechos fundamentales.
110. De igual manera, la referida sentencia precisó que el juicio integral permite al juez
contencioso estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan
la imposición de la sanción disciplinaria, así como controlar la valoración de la prueba
porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto
disciplinario se encuentra debidamente motivado.
111. El control judicial integral también permite que el juez contencioso examine en la
actuación sancionatoria, el estricto cumplimiento de todos los principios rectores de la
ley disciplinaria, esto es, la legalidad (tipicidad), culpabilidad, ilicitud sustancial, debido
proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad,
favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa,
proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de
principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia.
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112. Finalmente, la Sala Plena señaló que el juez contencioso, en virtud del principio
de proporcionalidad, está facultado para realizar un control positivo, capaz de sustituir la
decisión adoptada por la administración, ya que la sanción disciplinaria debe
corresponder a la gravedad de la falta cometida y la graduación prevista en la ley.
3.4.2. El debido proceso probatorio
113. La Corte Constitucional ha explicado que el debido proceso probatorio consiste
en un conjunto de garantías a favor de las partes en el marco de toda actuación judicial
o administrativa14. De este modo, ha afirmado que estas tienen derecho a: (i) presentar
y solicitar pruebas; (ii) controvertir las que se presenten en su contra; (iii) la publicidad de
las evidencias, en la medida en que de esta forma se asegura la posibilidad de
contradecirlas, bien sea mediante la crítica directa a su capacidad demostrativa o con
apoyo en otros elementos; (iv) a que las pruebas sean decretadas, recolectadas y
practicadas con base en los estándares legales y constitucionales dispuestos para el
efecto; (v) a que el funcionario que conduce la actuación decrete y practique de oficio los
elementos probatorios necesarios para asegurar el principio de realización y efectividad
de los derechos, arts. 2 y 228 CP; y (vi) a que se evalúen por el juzgador las pruebas
incorporadas al proceso15.
114. Esa tensión que genera el recaudo de pruebas, entre la búsqueda de la verdad y
la protección de los derechos fundamentales, incluida la intimidad, «es resuelta en buena
medida por el artículo 29 superior y por varios instrumentos legales, que consagran una
regla de exclusión de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales como
una forma de garantía del debido proceso»16. En ese sentido, los artículos 164 y 168 del
del CGP señalan que «[l]as pruebas obtenidas con violación del debido proceso son
nulas de pleno derecho», y que «[e]l juez rechazará, mediante providencia motivada, las
pruebas ilícitas».
115. Así, las partes, en el marco de toda actuación judicial o administrativa, tienen
derecho a que las pruebas sean decretadas, recolectadas y practicadas con base en los
estándares legales y constitucionales dispuestos para el efecto, so pena de su nulidad,
lo que constituye una expresión del debido proceso probatorio 17. De ese modo, «[l]a
prueba es sinónimo de garantía y por lo tanto se consideran ilícitos los medios de
convicción que hayan sido obtenidos directa o indirectamente, sin cumplimiento de la
ritualidad propia del proceso, con la vulneración de uno o varios derechos fundamentales,
o con la transgresión de una prohibición constitucional o legal»18.
116. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que la
irregularidad en la obtención de una prueba no acarrea la nulidad de todo el proceso. En
la sentencia SU-159 de 2002, se indicó que «[p]ara que la no exclusión de pruebas ilícitas
configure una vía de hecho por defecto fáctico que dé lugar a la anulación de una
14 Sentencia C-301 de 2012.
15 Ibídem.
16 Sentencia SU-371 de 2021
17 Sentencia C-301 de 2012
18 Ibídem.
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sentencia se requiere que éstas tengan tal grado de trascendencia que hayan sido
determinantes para fundar la acusación y la condena»19.
117. En todo caso, sobre este tema, en la Sentencia C-591 de 2005, la Corte señaló
que, en efecto, cuando la autoridad advierte una prueba ilícita, debe proceder a su
exclusión. Pero, deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la prueba ilícita
y sus derivadas, cuando quiera que dicha prueba ha sido obtenida mediante tortura,
desaparición forzada o ejecución extrajudicial. En efecto, en estos casos, por tratarse de
la obtención de una prueba con violación de los derechos humanos, esta circunstancia
por si sola hace que se rompa cualquier vínculo con el proceso. En otras palabras,
independientemente de si la prueba es trascendental o necesaria, el solo hecho de que
fue practicada bajo tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, es decir,
mediante la perpetración de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del
Estado, se transmite a todo el proceso un vicio insubsanable que genera la nulidad del
proceso, por cuanto se han desconocido los fines del Estado en el curso de un proceso
penal, cual es la realización de los derechos y garantías del individuo. Además, como
queda ya comprometida la imparcialidad del juez que ha conocido del proceso, debe
proceder además a remitirlo a un juez distinto20.
118. Significa todo lo anterior que el recaudo de pruebas no puede ejercerse de manera
arbitraria o irreflexiva. Al hacer parte de una actuación que se desprende del poder
punitivo del Estado, la autoridad disciplinaria debe desplegarla de manera razonable y
con plena observancia de las garantías previstas en la Carta Política para esa clase de
trámites21. En ese sentido, es indispensable que desde el momento en que recauda las
pruebas, analice los hechos y asuntos planteados en cada causa y, a partir de ellos,
verifique juiciosamente su pertinencia, conducencia y utilidad. Sin duda, la orden
mediante la cual se obtienen medios de convicción implica uno de los aspectos más
cruciales del proceso, tanto para la autoridad que busca demostrar la responsabilidad,
como para el investigado que intenta controvertir los elementos que se aducen en su
contra y conseguir los que pueden eximirle22. De ahí que, al igual que en todas las
actuaciones que se desatan durante el proceso disciplinario, el operador jurídico deba
ejecutarla con el lleno de requisitos legales y constitucionales previstos para el efecto.
3.4.3. El derecho a la intimidad y el recaudo probatorio
119. La intimidad ha sido reconocida por la Constitución como un derecho de carácter
fundamental en el artículo 15. En esa disposición, el constituyente señaló que «todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar». En esa misma norma, la Carta previó una
protección reforzada de la intimidad, en aquellos casos en los cuales está de por medio
(i) el conocimiento, actualización y rectificación de informaciones recogidas en bancos
de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, (ii) la correspondencia y (iii) los
libros de contabilidad y demás documentos privados, de los que eventualmente podrá
19 Sentencia SU-371 de 2021
20 Sentencia C-591 de 2005.
21 Sentencias T-247 de 2006; T-302 de 2008; T-868 de 2009; C-980 de 2010; T-214 de 2012; C-341 de 2014; y C-496
de 2015.
22 Sentencia C-014 de 2004.
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exigirse su presentación para efectos tributarios o judiciales y para los casos de
inspección, vigilancia e intervención del Estado.
120. El derecho a la intimidad también está consagrado en múltiples instrumentos
internacionales de protección de derechos humanos, como por ejemplo en el artículo 12
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se señala que «[n]adie
será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación», indicando a su vez que
«[t]oda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o
ataques». De igual forma en el artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos prescribe: «[n]adie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques». También fue consagrado en el artículo 8.1 del Convenio para la
protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, donde se dispuso
que «[t]oda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio
y de su correspondencia» y el artículo 11.2 del Pacto de San José de Costa Rica dispone
a su vez que «[n]adie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra esas injerencias o esos ataques».
121. La intimidad ha sido entendida por la Corte Constitucional como aquel ámbito que
las personas reservan del conocimiento de los demás, y como «el espacio exclusivo de
cada uno, es aquella órbita reservada para cada persona y de que toda persona debe
gozar, que busca el aislamiento o inmunidad del individuo frente a la necesaria injerencia
de los demás, dada la sociabilidad natural del ser humano. Es el área restringida
inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser penetrada por extraños con
el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente, en
ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley»23.
122. Efectivamente, el derecho a la intimidad supone la facultad en mantener una vida
privada sin intervenciones, puesto que implica la existencia de un espacio propio, interno
y personal del individuo. Por tanto, este derecho supone, en principio, el respeto de su
vida íntima frente a la interferencia de terceros en su esfera privada. En este sentido, en
la sentencia SU-056/1995, se expuso que el derecho a la intimidad se refiere «al ámbito
personalísimo de cada individuo o familia, es decir, a aquellos fenómenos,
comportamientos, datos y situaciones que normalmente están sustraídos a la injerencia
o al conocimiento de extraños»24. De igual manera, en sentencia T-552 de 1997, la Corte
manifestó: «[e]l derecho a la intimidad implica la facultad de exigir de los demás el respeto
de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo, que es resguardo de sus
posesiones privadas, de sus propios gustos y de aquellas conductas o actitudes
23 Sentencia T-696/96.
24 De igual manera, en sentencia T-158A/08, se expuso que el derecho a la intimidad “implica la facultad de exigir de
los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo, en donde se resguardan aquellas
conductas o actitudes que corresponden al fuero personal y en el que no caben legítimamente las intromisiones
externas24”. Véase, entre otras, las sentencias T-787/04; T-517/98; T-011/92; T-222/92.
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personalísimas que no está dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las
intromisiones externas.
123. En este contexto, el derecho fundamental a la intimidad ha sido concebido como
la posibilidad de rechazar cualquier intromisión arbitraria sobre el ámbito protegido que
su titular ejerce. Por tanto, la intromisión en la intimidad de la persona sucede con el
simple hecho de ingresar en el campo que ella se ha reservado, como un aspecto
puramente material, físico, objetivo, independientemente de que lo encontrado en dicho
interior sea dado a conocer o de los efectos que tal intrusión conlleve 25. Así pues, el
individuo no puede estar sujeto de manera permanente a la observación o a la intromisión
de sus semejantes, y en principio, tiene el derecho a reclamar el respeto de espacios
excluidos del escrutinio público en donde pueda desarrollarse en plena libertad.
124. De todos modos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que
el derecho a la intimidad no tiene un carácter absoluto y puede ser objeto de limitaciones
o de interferencias en guarda de un verdadero interés general que responda a los
presupuestos establecidos por el artículo 1o. de la Constitución 26, sin que pueda
desconocerse su núcleo esencial27. Así las cosas, la intimidad puede ser susceptible de
limitación como resultado de la interrelación de otros intereses de igual manera
constitucionalmente relevantes28, siempre que el recorte sea necesario para lograr el fin
legítimamente previsto, sea proporcionado para alcanzar el mismo y no afecte su núcleo
esencial29.
125. Así las cosas, es claro que cuando se habla del derecho a la intimidad, las
limitaciones son legítimas, siempre que respeten su núcleo esencial y obedezcan a la
satisfacción de los fines constitucionales inherentes al ejercicio del ius puniendi del
Estado30. En esa medida, las actuaciones probatorias que desconozcan esas pautas
serán contrarias al ordenamiento jurídico, por ende, los medios de convicción que
provengan de ellas no serán susceptibles de valoración en el trámite.
126. Cabe anotar que, en otros regímenes sancionatorios, como el penal, cuyas pautas
probatorias están previstas en la Ley 906 de 2004, también se ha establecido que la
transgresión del derecho a la intimidad en el recaudo de una prueba, se traduce en que
la misma sea ilícita. Así lo ha reconocido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, al indicar que, efectivamente, la prueba adquiere esa condición e
«[i]nvariablemente […] debe ser excluida del conjunto de medios de convicción obrantes
en el proceso, sin que puedan exponerse argumentos de razón práctica, de justicia
25 T-696/96.
26 Sentencia T-414 de 1992. En igual sentido véase sentencias C-517/98, C-692/03, C-501/94, T-453/05, T-552/97.
27 Sentencia C-336/07. Asimismo, puede consultarse las sentencias C-501/94, T-158A/08.
28 Sentencia 517/98y T-210/94.
29 En relación con los límites al derecho a la intimidad, mediante sentencia C-692/03 se señaló: “El reconocimiento de
que el derecho a la intimidad puede verse sometido a restricciones significa, sin más, que cierta información del
individuo interesa jurídicamente a la comunidad. Admitir que el derecho a la intimidad no es absoluto implica asentir
que en ciertas ocasiones, cuando el interés general se ve comprometido y se perjudica la convivencia pacífica o se
amenaza el orden justo, cierta información individual puede y debe ser divulgada. No por otra razón la Corte ha dicho
que “en el desarrollo de la vida corriente, las personas se ven impelidas a sacrificar parte de su intimidad como
consecuencia de las relaciones interpersonales que las involucran. En otros casos, son razones de orden social o de
interés general o, incluso, de concurrencia con otros derechos como el de la libertad de información o expresión, las
que imponen sacrificios a la intimidad personal”.
30 Sentencias C-721 de 2015 y C-029 de 2021.
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material, de gravedad de los hechos o de prevalencia de intereses sociales para
descartar su evidente ilegitimidad»31.
3.4.4. Medios de prueba recaudados en el proceso disciplinario seguido contra el
demandante
127. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala establece lo
siguiente:
128. Obra en el expediente la queja presentada por el estudiante Jorge Andrés
Ramírez Soler, en la que relató que el 10 de octubre de 2009, aproximadamente a las
10:00 a.m., se dirigió al edificio 353 de la Universidad del Valle con el fin de solicitar
colaboración al vigilante Conrado de Jesús Arias para almacenar unas bolsas con agua
en el congelador. Indicó que, mientras realizaban dicha actividad, dejó su maletín cerca
del escritorio del vigilante y que, tras un lapso aproximado de cinco minutos, durante el
cual el vigilante sostuvo comunicación por radio con otro funcionario —identificado como
el señor Hernán Restrepo—, advirtió que el maletín había desaparecido. Señaló que
inició su búsqueda en compañía del vigilante y de su pareja, y que, luego de
aproximadamente diez minutos, el vigilante Arias regresó con el maletín, el cual le fue
entregado. Manifestó que procedió a verificar su contenido, constatando que se
encontraban todos sus elementos personales, incluidos un computador portátil,
documentos de identidad, material de estudio, un teléfono celular, una navaja multiusos
y la suma de $600.000. Finalmente, indicó que el vigilante Arias le informó que el maletín
había sido hallado en el locker o casillero asignado a Hernán Restrepo, ubicado en el
espacio 1036 del edificio 331, circunstancia que lo motivó a presentar la queja, aun
cuando inicialmente se mostró renuente, en tanto sus pertenencias habían sido
recuperadas en su totalidad32.
129. Asimismo, reposa en el expediente informe suscrito por el celador Conrado de
Jesús Arias Arias el 10 de octubre de 2009, en el que expuso que ese día el estudiante
Jorge Ramírez le solicitó colaboración para congelar unas bolsas con agua, dejando su
maletín en una banca cercana al puesto de vigilancia. Señaló que, durante un lapso
aproximado de cinco a diez minutos, recibió una llamada por radio de parte de su
compañero Hernán Restrepo, quien le pedía que le recibiera una llamada por celular, la
cual no fue atendida de inmediato. Indicó que, al finalizar la diligencia, el estudiante le
manifestó la desaparición del maletín, ante lo cual procedió a comunicarse con el puesto
de vigilancia del edificio 331, donde laboraba el señor Restrepo, siendo informado de
que este ya no se encontraba en el lugar. Refirió que, ante tal situación, solicitó al celador
Héctor Fabio Soto Serna, quien le había recibido el turno a Hernán Restrepo, las llaves
del vestier del edificio 331, ingresó al espacio 1036 y se dirigió al locker o casillero
asignado al señor Hernán Restrepo, el cual constaba de tres compartimientos; indicó que
uno de ellos se encontraba sin candado, mientras que otro se hallaba asegurado, el cual
procedió a forzar, encontrando en su interior el maletín del estudiante. Manifestó que,
31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia SP 12158-2016, rad. N.º 45619.
32 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 120 a 121.
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posteriormente, retiró el elemento, devolvió las llaves y entregó el maletín a su
propietario, quien verificó que su contenido se encontraba completo. Finalmente, señaló
que elaboró dicho informe con el propósito de dejar constancia de lo ocurrido33.
130. Reposa un segundo informe elaborado por Conrado de Jesús Arias Arias, dirigido
al supervisor de turno, el 11 de octubre de 2009, en los que informó que el maletín del
estudiante fue encontrado en el vestier asignado a Hernán Restrepo, que esa
circunstancia le constaba a Luis Ramírez y a Harold Collazos, y que además Heriberto
Rincón habría visto a Restrepo con el maletín al hombro y «en apuros». Estos
documentos fueron incorporados por la autoridad disciplinaria como uno de los soportes
iniciales de la actuación34.
131. Obra en el expediente la declaración rendida por Héctor Fabio Soto Serna, celador
adscrito a la Sección de Seguridad y Vigilancia, quien manifestó que el 10 de octubre de
2009, aproximadamente a las 10:00 a.m., recibió turno de Hernán Restrepo en el edificio
331-332. Indicó que, posteriormente, el celador Conrado de Jesús Arias le solicitó las
llaves del vestier, las cuales le fueron entregadas sin dejar constancia en el libro
correspondiente, por cuanto se encontraba en funciones de apoyo y asumió que se
trataba de una diligencia personal. Señaló que Arias devolvió las llaves poco después,
sin que observara que ingresara o retirara objeto alguno. Añadió que, al día siguiente,
Conrado Arias le comentó de manera informal que había encontrado un maletín con un
computador portátil en el locker o casillero asignado a Hernán Restrepo. Precisó que no
reportó dicha situación a sus superiores por considerar que se trataba de un comentario
informal. Finalmente, indicó que el 11 de octubre de 2009 Hernán Restrepo se comunicó
telefónicamente con él para preguntarle si había visto unas llaves con un llavero rojo, y
agregó que, según lo informado por Conrado Arias, el computador hallado pertenecía a
un compañero de estudio de este último35.
132. Está en el expediente la declaración rendida por Aurelio Zuluaga Vásquez, celador
adscrito a la Sección de Seguridad y Vigilancia, quien manifestó que el 12 de octubre de
2009, al iniciar su turno a las 6:00 a.m., Hernán Restrepo le indicó que debía devolver
unos artículos que, según este, habían sido sustraídos de su locker o casillero, los cuales
—afirmó— pertenecían a la Fiscalía, situación respecto de la cual el declarante señaló
no tener conocimiento. Indicó que, al día siguiente (13 de octubre de 2009), el mismo
funcionario le comentó que se realizaría una verificación mediante toma de huellas en el
locker con el fin de identificar al responsable de la desaparición de dichos elementos.
Agregó que el 17 de octubre de 2009, aproximadamente a las 10:00 p.m., al momento
de entrega de turno, el señor Restrepo insistió en que debían aparecer sus pertenencias,
sin precisar cuáles eran, y manifestó sospechas en su contra, pese a que el declarante
reiteró desconocer los hechos. Señaló que, en ese contexto, el señor Restrepo le mostró
33 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 189 a 190.
34 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 189 a 190.
35 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 125
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un arma de fuego y realizó manifestaciones que interpretó como intimidatorias, al insinuar
que la dejaría en el lugar para verificar si también desaparecía y advertirle que tuviera
cuidado, haciendo alusión a su situación personal. Añadió que, con posterioridad, advirtió
daños en sus prendas de vestir (mangas de pantalones descosidas), lo que consideró
relacionado con la situación descrita. Indicó igualmente que el 18 de octubre de 2009
informó de estos hechos al Héctor Fabio Soto Serna, quien le manifestó que el 10 de
octubre de 2009 había prestado las llaves del vestier al celador Conrado de Jesús Arias
para ingresar a dicho espacio. Finalmente, precisó que no reportó oportunamente la
situación a sus superiores por no considerarlo conveniente en ese momento y por no
tener claridad sobre lo sucedido, y que no había tenido inconvenientes previos de
relevancia con el señor Hernán Restrepo36.
133. Se encuentra en el expediente la declaración de Conrado de Jesús Arias Arias,
en la cual indicó lo siguiente37: manifestó que el 10 de octubre de 2009,
aproximadamente a las 10:10 a.m., solicitó al celador Héctor Fabio Soto Serna las llaves
del vestier de los vigilantes del edificio 331, las cuales le fueron facilitadas, procediendo
a ingresar al espacio identificado como 1036. Indicó que el motivo de dicha actuación
obedeció a sospechas personales según las cuales el maletín que contenía un
computador portátil, reportado como extraviado ese mismo día hacia las 10:05 a.m. y
perteneciente al estudiante Jorge Andrés Ramírez Soler, podría encontrarse en poder de
Hernán Restrepo. Precisó que tales sospechas surgieron en el contexto inmediato de la
desaparición del elemento, y que procedió a revisar el locker o casillero de Hernán
Restrepo sin que mediara autorización previa del titular del locker ni orden de autoridad
competente. Señaló expresamente, que no contaba con permiso del señor Restrepo para
abrir su locker y que, pese a ello, procedió a hacerlo con fundamento exclusivo en dichas
sospechas. Añadió que el locker del señor Restrepo hacía parte del vestier y que, una
vez en su interior, realizó la apertura de este, encontrando allí el maletín que contenía el
equipo portátil extraviado. Indicó que, además de dicho elemento, únicamente observó
un pantalón dentro del locker, sin advertir la presencia de otros objetos. Afirmó que el
equipo portátil pertenecía al estudiante Jorge Andrés Ramírez Soler, a quien identificó
como compañero de estudio, y sostuvo que, según su apreciación, el señor Hernán
Restrepo habría tomado el maletín desde el edificio 353 y lo habría trasladado hasta el
edificio 331, sin precisar que hubiese presenciado directamente tal conducta. Manifestó
igualmente que presume que el señor Restrepo no tuvo conocimiento de que él había
ingresado al vestier ni de que había abierto su locker, lo cual explicaría, en su criterio,
que posteriormente no le solicitara explicaciones respecto de los elementos que aquel
indicó haber perdido. En relación con hechos posteriores, indicó que tuvo conocimiento
de amenazas atribuidas al señor Restrepo contra el celador Aurelio Zuluaga, según lo
informado por este último, quien le manifestó haber sido intimidado, incluso con arma de
fuego, en razón de las sospechas sobre la desaparición de objetos del locker. Señaló
que tales circunstancias le generaban temor por posibles represalias, tanto en su contra
como en contra de su familia. Finalmente, manifestó que elaboró un informe escrito
36 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 126
37 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 127
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detallado sobre los hechos ocurridos el día de la desaparición del portátil, el cual aportó
al proceso, y reconoció expresamente que su actuación al abrir el locker sin autorización
constituyó un error, por el cual ofreció excusas, aunque sostuvo que, dadas las
circunstancias y los antecedentes inmediatos, consideró necesario proceder de esa
manera para verificar sus sospechas, indicando además su interés en que la actuación
disciplinaria se llevara hasta sus últimas consecuencias.
134. En su declaración, William Millán Múñoz indicó lo siguiente38: celador adscrito a la
Sección de Seguridad y Vigilancia, quien manifestó que tenía conocimiento de diversas
anomalías ocurridas en el edificio 331, entre ellas la pérdida de algunos elementos de su
propiedad —como una camisa de dotación, una calculadora y la llanta de una bicicleta—
, así como de implementos de aseo pertenecientes a su compañero Aurelio Zuluaga,
según le fue informado por este último.
135. En relación con los hechos que involucraban a Hernán Restrepo, indicó que,
aproximadamente ocho días antes de su declaración, al recibirle turno, este le manifestó
que le habían sustraído del locker o casillero un equipo que le había sido prestado en la
academia donde estudiaba, sin especificar su naturaleza, y le advirtió que no manipulara
dicho locker, pues, según afirmó, había solicitado a un conocido de la SIJIN aplicar un
polvo para la toma de huellas con el fin de identificar al responsable del hurto. Señaló
que, posteriormente, el celador Conrado de Jesús Arias le informó —varios días después
de los hechos— que había solicitado las llaves del vestier a Héctor Fabio Soto Serna,
ingresado al mismo y abierto el locker del señor Restrepo, de donde extrajo un maletín
que contenía un computador portátil. Precisó que no tuvo conocimiento directo del
préstamo de dichas llaves por parte de Soto Serna ni de la apertura del locker, sino
únicamente por lo relatado por Arias.
136. Agregó que tuvo conocimiento de conflictos entre el señor Restrepo y el celador
Aurelio Zuluaga, derivados de la supuesta pérdida de elementos del locker o casillero,
incluyendo discusiones en las que, según le fue informado por Zuluaga, el primero lo
habría amenazado, incluso en relación con su medio de transporte, y posteriormente de
manera más grave, con amenazas de muerte. Indicó que, en otra ocasión, al recibir turno
del señor Restrepo, este le mostró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm y le
manifestó que la dejaría en el lugar para verificar si también desaparecía, a lo cual el
declarante respondió que, por su parte, el arma permanecería allí. Manifestó que tales
situaciones generaban un ambiente de tensión e incertidumbre en el lugar de trabajo, al
punto de sentirse afectado por la zozobra constante frente a posibles pérdidas de
elementos, aunque precisó que nunca observó directamente al señor Restrepo cometer
conductas de hurto. Finalmente, indicó que el 20 de octubre de 2009 el supervisor Luis
Enrique Ramírez le expuso una versión de los hechos que, en su criterio, difería de lo
inicialmente manifestado por el señor Restrepo, particularmente en relación con la
naturaleza del objeto supuestamente hurtado —pues en un comienzo se habló de un
equipo y posteriormente de un arma—, lo cual consideró debía ser esclarecido. Añadió
que, aunque él no recibió amenazas directas, sí tuvo conocimiento de que otros
38 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 129
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compañeros las habrían recibido, y expresó su preocupación por el impacto negativo de
estos hechos en el ambiente laboral y en la imagen del servicio de vigilancia.
137. Obra en el expediente la declaración rendida por Hernán Restrepo Arias, celador
adscrito a la Sección de Seguridad y Vigilancia, quien manifestó, en primer lugar, no
tener conocimiento de las anomalías relacionadas con la pérdida de elementos
personales de otros compañeros, aunque indicó que a él también se le habían extraviado
pertenencias de su locker.
138. Precisó que el 10 de octubre de 2009 se percató de la pérdida de una suma de
dinero correspondiente a $72.500, la cual mantenía guardada en un recipiente,
señalando que no advirtió signos de violencia en el locker o casillero y que dicho dinero
fue el único elemento que echó de menos. Indicó que no informó oportunamente a sus
superiores sobre esta situación, por cuanto decidió esperar para verificar lo que sucedía,
y que tampoco formuló reclamo formal alguno contra sus compañeros, limitándose a
hacer comentarios informales a algunos de ellos. En relación con las condiciones de
seguridad del locker, señaló que los candados presentaban fallas, lo que permitía su
apertura con facilidad, motivo por el cual adoptó como medida colocar un mecanismo
rudimentario —que denominó «cascarita»— consistente en un sistema para detectar
aperturas no autorizadas mediante la generación de un sonido o la impregnación de una
sustancia, con el fin de identificar a quien accediera al mismo. Manifestó que no
sospechaba de ningún compañero en particular por la pérdida del dinero y negó haber
sido objeto de amenazas o tener conocimiento de que otros vigilantes hubiesen sido
intimidados por estos hechos.
139. Asimismo, negó haber ingresado armas de fuego a la Universidad o haberlas
exhibido a sus compañeros con posterioridad al 10 de octubre de 2009, aclarando que
en una ocasión anterior, sin relación con los hechos investigados, había mostrado un
arma a un conocido. Frente a los hechos relacionados con la desaparición de un
computador portátil en el edificio 353 y las supuestas amenazas derivadas de dicha
situación, afirmó no tener conocimiento alguno, señalando que no entendía por qué se
le atribuían responsabilidades en relación con tales hechos. Indicó que ningún
compañero le había formulado reclamos directos al respecto y que, en su criterio,
cualquier acusación debía estar respaldada en pruebas. Finalmente, señaló que había
realizado observaciones a algunos compañeros —entre ellos Héctor Fabio Soto Serna,
Hugo Ordóñez, William Millán y Aurelio Zuluaga— respecto del manejo de las llaves del
vestier, indicando que varios de ellos tenían acceso a las mismas, lo cual, en su criterio,
podía generar descontrol en su uso. Añadió que existían tensiones laborales derivadas
de diferencias relacionadas con turnos y permisos de estudio, las cuales podían incidir
en conflictos entre el personal. Negó haber proferido amenazas contra sus compañeros
y atribuyó los señalamientos en su contra a malentendidos o a interpretaciones erróneas
de situaciones internas39.
39 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
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(.pdf) NroActua 4», folios 130
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140. La Coordinación de Control Disciplinario Interno del personal administrativo
expidió el auto AI005-12 el 24 de enero de 2012, notificado personalmente el 31 de enero
de 2012, por medio del cual ordenó la apertura de indagación preliminar con fundamento
en la información previamente allegada, esto es, la queja del estudiante, los informes de
Conrado de Jesús Arias y la declaración de William Millán; en esa providencia se dispuso
la práctica de pruebas dirigidas a verificar la ocurrencia de la conducta y la eventual
responsabilidad disciplinaria40.
141. Obra en el expediente la declaración rendida bajo juramento por Héctor Fabio
Soto Serna ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Valle el
5 de marzo de 2012, quien, luego de indicar sus datos personales y condiciones civiles,
manifestó que en relación con los hechos investigados sobre el hurto de 11
computadores y 2 monitores en la Escuela de Sistemas de la Facultad de Ingeniería,
señaló que para la época en que ocurrieron los hechos no se encontraba asignado a
dicho puesto de vigilancia, razón por la cual no tuvo conocimiento directo de lo sucedido.
Indicó que la información que posee al respecto proviene únicamente de comentarios de
sus compañeros, quienes le manifestaron que los equipos habían sido sustraídos,
circunstancia que se evidenció al momento de verificar el contenido de las cajas, en las
cuales no se encontraban los computadores. Añadió que tuvo conocimiento de estos
hechos de manera posterior a su ocurrencia, sin haber presenciado ni intervenido en los
mismos. Finalmente, señaló no tener información adicional que aportar sobre los hechos
materia de investigación41.
142. En el expediente está la ampliación de la declaración rendida bajo juramento por
Conrado de Jesús Arias Arias el 5 de marzo de 2012 ante la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Universidad del Valle, quien manifestó conocer los hechos
relacionados con la pérdida de un maletín que contenía un computador portátil de
propiedad del estudiante Jorge Andrés Ramírez Soler, ocurridos el 10 de octubre de
2009. Relató que, en esa fecha, el estudiante le solicitó colaboración para almacenar
unas bolsas con agua en el congelador, dejando su maletín —de color gris— en una
banca cercana a su escritorio. Indicó que, durante un lapso aproximado de cinco a diez
minutos, en el cual atendía dicha solicitud, recibió una comunicación por radio del señor
Hernán Restrepo, quien le pidió gestionar una llamada telefónica; no obstante, el
declarante le indicó que se encontraba ocupado y que debía esperar unos minutos, tras
lo cual no volvió a tener contacto inmediato con él.
143. Señaló que, al regresar con el estudiante al punto inicial, este le manifestó la
desaparición del maletín, ante lo cual procedió a comunicarse con el puesto de vigilancia
del edificio 331 —donde laboraba el señor Restrepo—, siendo informado por el celador
Héctor Fabio Soto Serna que aquel ya no se encontraba en el lugar debido a un permiso
de estudio. Indicó que, ante esta situación, solicitó a Soto Serna las llaves del vestier del
edificio 331, ingresó al espacio 1036 y se dirigió al locker o casillero asignado al señor
40 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 133 a 135
41 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 184 a 185
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Restrepo, el cual constaba de tres compartimientos: el primero sin candado, donde
observó únicamente libros, y el segundo cerrado con candado, el cual procedió a forzar,
encontrando en su interior el maletín del estudiante. Manifestó que retiró el maletín,
devolvió las llaves del vestier y regresó a su puesto, entregando el elemento al
estudiante, quien verificó que su contenido se encontraba completo. Añadió que sugirió
al afectado presentar un informe de lo sucedido, pero este inicialmente se mostró
renuente por haberse recuperado sus pertenencias.
144. En cuanto a la información posterior a los hechos, indicó que comunicó lo ocurrido
a otros compañeros, entre ellos Luis Ramírez y Harold Collazos, quienes le manifestaron
apreciaciones sobre el comportamiento del señor Restrepo. En particular, refirió que,
según lo informado por Luis Ramírez, este habría observado al señor Restrepo
desplazarse desde el edificio 331 hacia el 353 y regresar pocos minutos después
portando un maletín de características similares al extraviado, lo que inicialmente
interpretó como una posible broma. Por su parte, señaló que Harold Collazos comentó
que Restrepo se retiró de manera apresurada de su lugar de trabajo, consumiendo
rápidamente sus alimentos y sin hacer referencia a lo sucedido. Adicionalmente, indicó
que al día siguiente (11 de octubre de 2009) informó los hechos a Heriberto Rincón, quien
realizaba labores en el sector, y que este le manifestó haber observado al señor Restrepo
desplazarse entre los edificios 331 y 353 portando un bolso al hombro, sin demorarse en
dicho trayecto, lo cual le generó sospechas.
145. Precisó que toda esta información fue consignada en informes escritos
presentados a los supervisores los días 10 y 11 de octubre de 2009, los cuales adjuntó
a su declaración. Finalmente, manifestó que el señor Restrepo, en una ocasión posterior,
mostró un arma de fuego a algunos compañeros —entre ellos Harold Collazos y Edinson
Suárez—, afirmando que se trataba de un arma real, lo cual el declarante dijo poder
identificar por su condición de reservista.
146. Obra en el expediente la ampliación de la declaración rendida bajo juramento por
William Millán Muñoz42 el 8 de marzo de 2012 ante la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Universidad del Valle, quien, luego de identificarse plenamente, manifestó
inicialmente no conocer el motivo de su citación. En relación con los hechos investigados,
precisó que no tuvo conocimiento directo ni inmediato de lo ocurrido el 10 de octubre de
2009, indicando que se enteró aproximadamente cuatro días después, en horas de la
mañana de un día martes, cuando los celadores Conrado de Jesús Arias y Nelson Ortega
le preguntaron si tenía conocimiento de lo sucedido en el edificio 331 de la Facultad de
Ingeniería. Señaló que, al manifestar su desconocimiento, dichos compañeros le
informaron que el señor Hernán Restrepo habría sustraído un maletín con un computador
portátil desde el edificio 353. Indicó que la información que posee sobre estos hechos
proviene exclusivamente de lo manifestado por los mencionados compañeros, sin haber
presenciado directamente los acontecimientos ni tener conocimiento propio de las
circunstancias en que ocurrió la desaparición del maletín.
42 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 203
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Demandante: Hernán Restrepo Arias
Demandado: Universidad del Valle
147. Añadió que otros compañeros de trabajo —entre ellos Aurelio Zuluaga, Héctor
Fabio Soto y el supervisor Santiago Pineda— no le informaron sobre lo sucedido. Señaló
que, una vez tuvo conocimiento de la situación, procedió a comunicarse con su
supervisor Luis Enrique Ramírez para ponerlo al tanto de lo ocurrido, quien, según indicó,
tampoco tenía conocimiento previo de los hechos. Finalmente, manifestó no tener
información adicional que aportar en relación con los hechos materia de investigación.
148. En el expediente está la declaración rendida bajo juramento por Harold Collazos
Cantor el 9 de marzo de 2012 ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Universidad del Valle, quien, luego de identificarse plenamente, manifestó inicialmente
no conocer el motivo de su citación43. En relación con los hechos objeto de investigación,
consistentes en la pérdida de un maletín con un computador portátil perteneciente al
estudiante Jorge Andrés Ramírez Soler el 10 de octubre de 2009, indicó que no tuvo
conocimiento directo de lo ocurrido. Señaló que, para la fecha de los hechos, se
encontraba de turno en los edificios 351 y 357 de Ingeniería Civil y Mecánica, ubicados
en un sector distinto al lugar donde se produjo la desaparición del maletín, el cual —
según refirió— tuvo lugar en el edificio 353 correspondiente a Ingeniería Eléctrica y
Electrónica. Manifestó que la única información que posee sobre el suceso proviene de
comentarios de terceros, sin haber presenciado los hechos ni tener conocimiento directo
de las circunstancias en que ocurrieron. Finalmente, indicó no tener información adicional
que aportar respecto de los hechos materia de investigación.
149. Obra en el expediente la declaración rendida bajo juramento por Aurelio Zuluaga
Vásquez el 16 de marzo de 2012 ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Universidad del Valle, quien, luego de identificarse plenamente, manifestó inicialmente
no conocer el motivo de su citación44. En relación con los hechos investigados, indicó
que no tuvo conocimiento directo de la desaparición del computador portátil el día de su
ocurrencia, sino que se enteró con posterioridad. Señaló que, en una ocasión en que
realizaba entrega de turno a Hernán Restrepo, este llegó en actitud alterada y le
manifestó que se le habían perdido elementos de su locker o casillero, incluyendo un
computador portátil, situación que el declarante afirmó desconocer. Agregó que, en ese
mismo contexto, el señor Restrepo exhibió un arma de fuego tipo pistola, de color negro,
y realizó manifestaciones en el sentido de que no debía perderse ningún elemento de su
locker, pues lo mantenía asegurado y contaba con medios para responder, lo cual el
declarante interpretó como una conducta intimidatoria. Indicó que, ante ello, reaccionó
verbalmente expresando que, en caso de una agresión, no lo dejara con vida, señalando
que dicha situación le generó temor y malestar, en tanto desconocía completamente lo
ocurrido con el supuesto computador.
150. Señaló que, con posterioridad, tuvo conocimiento de los hechos a través del
celador Héctor Fabio Soto Serna, quien le relató lo sucedido en el edificio 353 con el
estudiante afectado, lo que le permitió inferir que el señor Restrepo podía sospechar de
43 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 211
44 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 214 y 215.
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sus compañeros como posibles responsables de la desaparición del equipo encontrado
en su locker o casillero. Indicó igualmente que le llamó la atención la situación, en tanto
cada celador aseguraba su locker con candado, y refirió que el señor Restrepo le
manifestó que el arma exhibida pertenecía a la Fiscalía, en el contexto de sus estudios
en criminalística, aunque el declarante expresó no tener claridad sobre dicha afirmación.
Finalmente, manifestó no tener información adicional que aportar y expresó su interés en
que se esclarezcan los hechos.
151. La autoridad disciplinaria expidió el auto AI 019-12 el 22 de agosto de 2012,
notificado personalmente el 29 de agosto de 2012, mediante el cual ordenó la apertura
de investigación disciplinaria, señalando que se hacía «con el fin de verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al
amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, y/o establecer si el señor Hernán
Restrepo Arias, con su proceder, posiblemente ha quebrantado el deber de respetar y
hacer cumplir las leyes y los reglamentos de la universidad»45.
152. Obra en el expediente la declaración rendida bajo juramento por Edinson Suárez
Bautista el 4 de diciembre de 2012 ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Universidad del Valle, quien, luego de identificarse plenamente, manifestó inicialmente
no conocer el motivo de su citación. En relación con los hechos investigados, indicó que
no tuvo conocimiento directo de la desaparición del computador portátil ocurrida el 10 de
octubre de 2009, por cuanto para esa época se encontraba asignado al edificio 350 de
Ingeniería Civil, el cual se encuentra ubicado en un sector distinto al edificio donde se
presentó el incidente. Señaló que la información que posee sobre lo ocurrido proviene
exclusivamente de comentarios de otros compañeros, a partir de los cuales tuvo
conocimiento de la existencia de una situación conflictiva entre los celadores Conrado
de Jesús Arias y Hernán Restrepo. Añadió que, según dichos comentarios, se habría
presentado la pérdida de un computador portátil, el cual —de manera imprecisa— fue
referido como perteneciente al propio Arias. Indicó igualmente que, fuera de tales
referencias indirectas, no tuvo participación en los hechos ni presenció circunstancia
alguna relacionada con la desaparición del elemento. Finalmente, manifestó no tener
información adicional que aportar en relación con los hechos materia de investigación46.
153. Obra en el expediente la versión libre rendida por Hernán Restrepo Arias el 10 de
diciembre de 2012 ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Universidad del
Valle, quien, debidamente informado de su derecho a no autoincriminarse conforme al
artículo 33 de la Constitución Política, manifestó conocer el motivo de la diligencia y
procedió a identificarse plenamente47. En relación con los hechos investigados,
consistentes en la desaparición de un computador portátil de propiedad del estudiante
Jorge Andrés Ramírez Soler el 10 de octubre de 2009, cuyo hallazgo posterior se reportó
45 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 219 a 223.
46 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 245 a 246
47 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 247 a 248
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en su locker o casillero, el declarante negó de manera categórica cualquier participación
en los mismos, afirmando no tener relación alguna con la pérdida del elemento. Indicó
que para la fecha de los hechos se encontraba laborando en turno comprendido entre
las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., en virtud de un permiso por estudios, y que el día en
cuestión entregó el turno aproximadamente a las 9:45 a.m. al celador Héctor Fabio Soto,
con el fin de desplazarse a sus actividades académicas. Frente al hallazgo del maletín y
el computador portátil en su locker, manifestó desconocer completamente cómo y en qué
momento dichos elementos pudieron haber sido introducidos en dicho espacio,
señalando que nunca fue informado oportunamente sobre tal circunstancia ni tuvo
conocimiento directo de la misma. Asimismo, negó haber tenido contacto o haber
sostenido diálogo con el celador Conrado de Jesús Arias el día de los hechos.
Finalmente, precisó que el dinero cuya pérdida había reportado previamente
correspondía a la suma de $72.500, aclarando que no ascendía al valor superior que se
había indicado en otros documentos del proceso.
154. Se encuentra en el expediente el auto AS 001-13 el 18 de enero de 2013,
notificado por estado el 22 de enero de 2013, mediante el cual ordenó el cierre de
investigación, dejando el asunto para la etapa de evaluación y eventual formulación de
cargos48.
155. Se encuentra probado que, mediante auto Al. 004-13 del 13 de febrero de 2013,
la Coordinación de Control Disciplinario Interno del personal administrativo de la
Universidad del Valle formuló pliego de cargos dentro del expediente 008-2009 en contra
de Hernán Restrepo Arias, en su condición de celador de la Sección de Seguridad y
Vigilancia, actuación que tuvo origen en la queja presentada por el estudiante Jorge
Andrés Ramírez Soler por la pérdida de una computadora portátil en la escuela de
ingeniería eléctrica el 10 de octubre de 2008; en desarrollo de la actuación se
recaudaron, entre otros elementos, escritos e informes que daban cuenta de que el
maletín del estudiante habría sido encontrado en el locker o casillero del investigado, así
como declaraciones de varios celadores —entre ellos Conrado Arias— quien indicó que,
tras la pérdida del maletín, procedió a abrir el locker del disciplinado, donde fue hallado
y posteriormente entregado al estudiante, y que varios celadores le indicaron que
señalaron haber visto al investigado con un maletín de similares características.
Igualmente, la referida providencia señaló que el investigado rindió versión libre y su
ampliación, en las cuales negó tener conocimiento de los hechos y de la forma en que
dichos elementos aparecieron en su locker.
156. Con fundamento en lo anterior, en el pliego de cargos se le imputó el presunto
incumplimiento de sus deberes funcionales y la vulneración de las prohibiciones propias
de su cargo, en los términos de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 y normas
internas de la Universidad del Valle, al considerarse que existían indicios graves que lo
48 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 251 a 252.
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comprometían en el extravío del bien, conducta que fue calificada provisionalmente como
falta gravísima a título de culpa gravísima49.
157. Se encuentra probado que dentro del trámite disciplinario, mediante escrito del 15
de marzo de 2013, Hernán Restrepo Arias, formuló recusación contra la autoridad
disciplinaria, con fundamento en el artículo 84 de la Ley 734 de 2002, al considerar
vulnerados los principios de imparcialidad y debido proceso, ya que desde la apertura de
la indagación preliminar mediante auto Al-005-12 de enero de 2012 y la posterior
apertura de investigación disciplinaria a través del auto Al-019-12 del 22 de agosto de
2012, se habrían validado actuaciones irregulares, particularmente el supuesto hallazgo
de un maletín en el locker o casillero del investigado, el cual —según lo expuesto— se
produjo mediante un procedimiento sin orden judicial o administrativa, sin testigos y con
inconsistencias en las versiones de los funcionarios intervinientes.
158. Igualmente alegó, que el operador disciplinario omitió valorar pruebas relevantes
y desestimó declaraciones que contradecían la versión del hallazgo, como las rendidas
por Héctor Fabio Soto Serna y otros servidores, lo que evidenciaría una presunta
predisposición para atribuir responsabilidad al investigado; en ese sentido, la defensa
sostuvo que la actuación desconoció los principios rectores del proceso disciplinario, en
especial la presunción de inocencia, la imparcialidad y la búsqueda de la verdad material,
por lo cual solicitó la suspensión de la actuación y su remisión a la procuraduría general
de la nación en ejercicio del poder preferente, así como la práctica de pruebas y, en
últimas, la terminación del proceso por inexistencia de la falta disciplinaria50.
159. Mediante auto Al-006-13 del 7 de marzo de 2013, la Coordinación de Control
Disciplinario Interno del Personal Administrativo de la Universidad del Valle resolvió la
recusación formulada. Al respecto, la autoridad disciplinaria analizó los argumentos
expuestos y concluyó que en el trámite se habían respetado las garantías procesales, la
presunción de inocencia y los principios rectores de la actuación disciplinaria, precisando
que no existía interés particular ni sesgo alguno del funcionario, que no se había emitido
juicio de responsabilidad ni decisión de fondo, y que las actuaciones adelantadas
correspondían a la etapa investigativa propia del proceso; igualmente, indicó que las
causales invocadas no se configuraban, en tanto la competencia para decidir de fondo
radica en el funcionario de conocimiento y no en el funcionario de apoyo, y que no se
evidenciaba vulneración de términos procesales, los cuales incluso fueron suspendidos
mediante actos administrativos; en consecuencia, se decidió no acceder a la recusación
al no encontrarse acreditadas las causales previstas en la ley disciplinaria, ordenando
comunicar la decisión y remitirla al rector para lo de su competencia51.
49 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 254 a 264.
50 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 272 a 289
51 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 292 a 300.
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160. A través de auto Al-007-13 del 11 de marzo de 2013, la Coordinación de Control
Disciplinario Interno del Personal Administrativo de la Universidad del Valle resolvió el
incidente de nulidad propuesto por el disciplinado, presentado el 5 de marzo de 2013, en
el cual se solicitó la nulidad de todo lo actuado desde octubre de 2009 por presunta
vulneración del debido proceso, al considerar que desde esa fecha se adelantaron
diligencias por parte del jefe de seguridad y vigilancia que debían entenderse como
indagación preliminar, así como por el supuesto vencimiento de los términos legales y la
irregular valoración de diligencias practicadas.
161. La autoridad disciplinaria analizó los argumentos y concluyó que no se
configuraba causal de nulidad, por cuanto las actuaciones adelantadas por el jefe de
seguridad y vigilancia en 2009 correspondían a actuaciones administrativas previas y no
al ejercicio formal de la acción disciplinaria, la cual inició con el auto de indagación
preliminar 005-12 del 24 de enero de 2012 y posteriormente con el auto de apertura de
investigación disciplinaria 019-12 del 22 de agosto de 2012; asimismo, precisó que las
diligencias iniciales no fueron valoradas como pruebas dentro del proceso, que no se
vulneraron los términos legales —los cuales además fueron suspendidos mediante actos
administrativos— y que en todo momento se garantizó el debido proceso, la defensa y la
presunción de inocencia. Igualmente, indicó que las causales de nulidad previstas en el
artículo 143 de la Ley 734 de 2002 no se configuraban, en tanto la competencia para
decidir de fondo recae en el funcionario de conocimiento y no en el funcionario de apoyo,
y no se evidenció irregularidad sustancial que afectara la validez del trámite; en
consecuencia, se decidió no acceder a la nulidad solicitada al no acreditarse vulneración
alguna del debido proceso ni causal legal que la sustentara52.
162. Por medio de auto del 22 de marzo de 2013, la Rectoría de la Universidad del
Valle, resolvió una nueva recusación presentada por el disciplinado contra el funcionario
instructor Jesús Ochoa Medina, en el marco del proceso disciplinario radicado 008-09,
en el cual se investigan hechos ocurridos el 10 de octubre de 2009 relacionados con el
hallazgo de un maletín de un estudiante en el locker o casillero del investigado. La
autoridad concluyó que no se configuraba causal de recusación, al evidenciar que no
existía prueba alguna que acreditara un interés directo, vínculo o circunstancia que
comprometiera la imparcialidad del funcionario, precisando además que las causales de
impedimento y recusación están dirigidas a quienes adoptan decisiones de fondo y no a
los funcionarios instructores, y que la simple manifestación de la causal sin soporte
probatorio resulta insuficiente para su prosperidad; en consecuencia, se decidió no
aceptar la recusación y disponer la devolución del expediente a la coordinación de control
disciplinario interno para continuar con el trámite del proceso53.
163. Obra en el expediente la diligencia de ampliación de la declaración rendida bajo
juramento por William Millán Muñoz el 12 de junio de 2013 ante la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Universidad del Valle, en la cual compareció en presencia del
52 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 301 a 310.
53 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 326 a 328.
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Demandante: Hernán Restrepo Arias
Demandado: Universidad del Valle
apoderado del señor Hernán Restrepo Arias54. En desarrollo de la diligencia, el
declarante manifestó inicialmente no tener conocimiento preciso del proceso por el cual
había sido citado y señaló que no tenía aspectos adicionales que ampliar respecto de lo
expuesto en su declaración anterior, ratificándose en lo allí indicado. Al ser interrogado
específicamente sobre los hechos investigados, consistentes en la presunta sustracción
de un maletín que contenía un computador portátil de propiedad del estudiante Jorge
Andrés Ramírez Soler, reiteró que no tuvo conocimiento directo de los mismos, en tanto
no se encontraba de turno el día en que ocurrieron los hechos, y que se enteró
aproximadamente cuatro días después por comentarios de terceros, quienes no
correspondían ni a los compañeros que se encontraban en servicio ese día ni al
supervisor de turno.
164. De manera expresa, indicó que en ningún momento observó a Hernán Restrepo
Arias tomar o sustraer el maletín, descartando así cualquier percepción directa de una
conducta irregular por parte del investigado. Adicionalmente, señaló que, conforme a las
reglas del servicio de vigilancia en la Universidad del Valle, a los celadores les está
prohibido recibir o guardar objetos personales de los estudiantes, circunstancia que, en
su criterio, forma parte de los protocolos de seguridad institucional. Finalmente,
manifestó no tener información adicional que aportar ni correcciones que realizar a su
declaración.
165. Obra en el expediente la declaración rendida bajo juramento por Héctor Fabio
Soto Serna el 2 de septiembre de 2013 ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de
la Universidad del Valle, en presencia del apoderado del señor Hernán Restrepo Arias,
en la cual, luego de identificarse plenamente, manifestó conocer el motivo de su
citación55. En relación con los hechos investigados, señaló que para la fecha del 10 de
octubre de 2009 se encontraba prestando servicio en el edificio 331, aproximadamente
a las 10:10 a.m., momento en el cual se encontraba realizando el procedimiento de recibo
de turno de Hernán Restrepo, quien se retiró alrededor de las 10:00 a.m. en razón de un
permiso de estudio. Indicó que, en ese contexto, el celador Conrado de Jesús Arias —
adscrito al edificio 353— se presentó ante él y le solicitó las llaves del vestier del edificio
331 «para mirar algo», las cuales le fueron facilitadas. Señaló que Arias se ausentó por
un lapso no superior a un minuto, tras lo cual devolvió las llaves, sin que el declarante
observara que retirara o portara objeto alguno al momento de su regreso.
166. Manifestó que solo uno o dos días después de estos hechos, Conrado Arias le
comentó que había solicitado las llaves porque a un conocido suyo —un estudiante— se
le había extraviado un computador portátil con un maletín, y que, tras realizar algunas
averiguaciones, había tenido conocimiento de que Hernán Restrepo había sido visto en
el lugar, razón por la cual decidió verificar el locker o casillero de este último, en el cual
—según le relató— encontró el maletín. Precisó que esta información proviene
exclusivamente de lo manifestado por Conrado Arias, sin que él hubiese presenciado
54 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 368 a 369.
55 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 407 a 409
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01018-01 (4147-2023)
Demandante: Hernán Restrepo Arias
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directamente dicha actuación ni el supuesto hallazgo. Afirmó que en ningún momento vio
el maletín ni el computador, ni observó al señor Arias abrir el locker del señor Restrepo,
ni tampoco presenció conducta alguna de este último consistente en guardar elementos
en su locker, indicando que, tras la entrega del turno, no volvió a tener contacto con él
ese día. Señaló que no realizó reporte ni anotación alguna sobre el préstamo de las llaves
ni sobre lo ocurrido, por cuanto consideró que se trataba de una situación rutinaria, dado
que, en el desarrollo de sus funciones, es frecuente que los vigilantes dejen objetos
personales en distintos puestos y posteriormente regresen a recogerlos, en razón de los
cambios constantes de ubicación derivados de las necesidades del servicio.
Adicionalmente, indicó no tener conocimiento de que el señor Arias hubiera solicitado
autorización a un superior para ingresar al vestier o revisar el locker del señor Restrepo.
Finalmente, manifestó que, conforme a las reglas del servicio de vigilancia, los celadores
no se encuentran autorizados para recibir ni custodiar objetos personales de los
estudiantes dentro de sus puestos de trabajo.
167. Obra en el expediente la diligencia de ampliación de la declaración rendida bajo
juramento por Aurelio Zuluaga Vásquez el 2 de septiembre de 2013 ante la Oficina de
Control Disciplinario Interno de la Universidad del Valle, en presencia del apoderado de
Hernán Restrepo Arias, en la cual el declarante, luego de identificarse plenamente,
manifestó conocer el motivo de su citación56. En desarrollo de la diligencia, el declarante
indicó, en primer lugar, que se ratificaba íntegramente en lo expuesto en sus
declaraciones anteriores rendidas tanto ante la Jefatura de Vigilancia como ante la
misma Oficina de Control Disciplinario Interno el 16 de marzo de 2012, señalando no
tener aspectos adicionales que agregar o modificar respecto de dichas versiones. Al ser
interrogado de manera específica sobre los hechos investigados, manifestó de forma
expresa que no le constaba haber observado a Hernán Restrepo Arias tomar o sustraer
el maletín que contenía el computador portátil del estudiante Jorge Andrés Ramírez Soler
el 10 de octubre de 2009.
168. De igual manera, indicó que tampoco presenció al celador Conrado de Jesús Arias
extraer dicho maletín del locker o casillero asignado al señor Restrepo, ni tuvo
conocimiento directo de la desaparición del elemento en el edificio 353. Señaló además
que no conoce al estudiante afectado y que este no le informó sobre la pérdida del
maletín, precisando que la información que posee sobre lo ocurrido proviene
exclusivamente de lo manifestado por el celador Héctor Fabio Soto, quien le indicó que
se había extraviado un maletín con un computador portátil. En cuanto a las reglas del
servicio, manifestó que los celadores no se encuentran autorizados para recibir o
custodiar objetos personales de los estudiantes, ni para abrir o allanar los lockers de sus
compañeros sin autorización de un superior jerárquico. Finalmente, indicó no tener
información adicional que aportar ni correcciones que realizar a su declaración.
169. Obra en el expediente la diligencia de ampliación de la declaración rendida bajo
juramento por Conrado de Jesús Arias Arias el 3 de septiembre de 2013 ante la Oficina
de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Valle, en presencia del apoderado
56 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 410 a 411
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Demandante: Hernán Restrepo Arias
Demandado: Universidad del Valle
del señor Hernán Restrepo Arias, en la cual el declarante, luego de identificarse
plenamente, manifestó conocer el motivo de su citación57. En desarrollo de la diligencia,
indicó inicialmente que no tenía aspectos sustanciales adicionales que agregar a lo ya
expuesto en sus declaraciones anteriores, salvo la intención de aportar al proceso una
comunicación escrita del estudiante Jorge Andrés Ramírez Soler, relacionada con la
pérdida del maletín. Frente a las circunstancias de tiempo en que ocurrieron los hechos,
explicó que el lapso en el cual se produjo la desaparición del maletín corresponde a un
intervalo aproximado, dentro del cual el señor Hernán Restrepo se habría desplazado
entre los edificios 331 y 353, señalando que dicho recorrido podría inferirse a partir de
registros de comunicación por radio —los cuales, según indicó, quedan almacenados en
la central—, así como por posibles registros de cámaras de seguridad del sector y por
testimonios de terceros que afirmaron haberlo visto en ese trayecto. En relación con su
actuación el día de los hechos, reiteró que ingresó al vestier del edificio 331 tras solicitar
las llaves al celador Héctor Fabio Soto, sin autorización previa, y que procedió a revisar
el locker asignado al señor Restrepo. Describió que dicho locker constaba de tres
compartimientos, indicando que el primero se encontraba sin candado y contenía
algunos objetos personales, mientras que el segundo tenía un candado que, según
afirmó, cedió fácilmente al ser halado, permitiéndole abrirlo y encontrar en su interior el
maletín del estudiante.
170. Señaló que no contaba con autorización del señor Restrepo para abrir el locker o
casillero, reconociendo que actuó por iniciativa propia y sin seguir el procedimiento
administrativo establecido, justificando su conducta en la urgencia de verificar sus
sospechas ante la desaparición del elemento. Al ser interrogado sobre si presenció
directamente al señor Restrepo tomar el maletín, indicó que no lo vio, pero sostuvo que,
a partir de la comunicación radial que este le dirigió y del sonido característico del equipo,
podía inferir que se encontraba en el edificio 353 en el momento de los hechos, antes de
haber entregado formalmente el turno, dado que el radio es un elemento asignado al
celador en servicio. Indicó que el estudiante no presentó inicialmente queja formal debido
a que sus pertenencias fueron recuperadas, y que solo elaboró un informe a solicitud del
propio declarante y de la jefatura de vigilancia. Asimismo, explicó que no mostró el
maletín recuperado al celador Soto, por cuanto procedió de manera inmediata a
entregarlo al estudiante, quien verificó su contenido y se retiró del lugar.
171. En cuanto a inconsistencias advertidas en relación con otros testimonios, aclaró
que cuando hizo referencia a que Luis Ramírez había observado desplazamientos del
señor Restrepo entre edificios, se refería al celador Luis Eduardo Ramírez y no al
supervisor Luis Enrique Ramírez Chila, quien, según consta en el proceso, no se
encontraba de turno el día de los hechos. Finalmente, reiteró que el señor Restrepo no
le otorgó autorización para ingresar a su locker, y sostuvo que, así como él no contaba
con dicho consentimiento, tampoco el investigado habría tenido autorización para tomar
el maletín del estudiante, afirmación que fundamenta en los testimonios de terceros que
—según indicó— observaron desplazamientos sospechosos del disciplinado.
57 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
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(.pdf) NroActua 4», folios 413 a 415
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172. Obra en el expediente la diligencia de ampliación de la declaración rendida bajo
juramento por Martín Emilio Martínez Gutiérrez el 4 de septiembre de 2013 ante la Oficina
de Control Disciplinario Interno de la Universidad del Valle58, quien para la época de los
hechos se desempeñaba como jefe encargado de la Sección de Seguridad y Vigilancia,
y quien manifestó conocer el motivo de su citación. En relación con los hechos objeto de
investigación, indicó que no tuvo conocimiento directo ni inmediato de la presunta pérdida
del maletín con el computador portátil ocurrida el 10 de octubre de 2009, señalando que
la situación no fue informada oportunamente a la jefatura. Precisó que tuvo conocimiento
de lo sucedido con posterioridad, a partir de la información suministrada por el supervisor
Heiber Ancizar Home, quien le refirió la existencia de una irregularidad en el edificio 353
en la que presuntamente se encontraba involucrado Hernán Restrepo, así como la
participación del celador Conrado de Jesús Arias. Manifestó que, a raíz de dicha
información, en su calidad de jefe encargado procedió a adelantar actuaciones internas
de verificación, convocando al personal del edificio 331 —lugar de trabajo del señor
Restrepo— y al señor Arias, con el fin de indagar sobre lo ocurrido.
173. Indicó que dichas diligencias se llevaron a cabo entre los días 26 y 27 de octubre
de 2009. Señaló que, en ese contexto, el señor Conrado de Jesús Arias le hizo entrega
de informes escritos de su puesto de trabajo, en los cuales se hacía referencia a la
pérdida de un maletín con un computador portátil perteneciente a un estudiante, así como
a la recuperación de dicho elemento en el locker o casillero asignado al señor Restrepo.
Añadió que también tuvo conocimiento de la existencia de una comunicación del
estudiante afectado, aunque no recordó con precisión si esta fue allegada directamente
por el interesado o por intermedio del señor Arias. Indicó que, según lo consignado en
dichos informes, los hechos habrían ocurrido cuando el celador Arias se encontraba
colaborando a un estudiante en el edificio 353, momento en el cual el señor Restrepo
habría tomado el maletín y se habría retirado del lugar, y que, posteriormente, Arias se
dirigió al edificio 331, donde, ante la ausencia del señor Restrepo —quien ya se había
retirado por permiso de estudio—, solicitó las llaves del vestier al celador Héctor Fabio
Soto Serna, ingresó a dicho espacio y encontró el maletín en el locker del investigado.
174. No obstante, precisó que, en las indagaciones realizadas al resto del personal de
vigilancia, ninguno de los celadores manifestó tener conocimiento directo de los hechos,
coincidiendo en que la información que poseían provenía de los informes rendidos por el
señor Arias y de comentarios entre compañeros. En cuanto a aspectos procedimentales,
manifestó que en ningún momento autorizó al señor Conrado de Jesús Arias para abrir
o allanar el locker del señor Restrepo, y que, conforme a las reglas del servicio, los
celadores no se encuentran facultados para ingresar a espacios ajenos a su asignación
ni para abrir locker o casillero sin autorización previa de un superior, debiendo en todo
caso consultar al supervisor de turno ante cualquier situación irregular. Indicó igualmente
que no tuvo contacto directo con el estudiante afectado ni presenció el maletín
supuestamente sustraído, señalando que, aunque se intentó convocar al estudiante, este
no compareció. Finalmente, señaló que el celador Héctor Fabio Soto no presentó informe
alguno sobre los hechos en el libro de minutas, pese a que, de haber tenido conocimiento
58 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 418 a 420
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directo de la situación, se encontraba obligado a hacerlo, y precisó que el manejo de las
llaves del vestier corresponde a una práctica operativa interna de los vigilantes, quienes
las prestan entre sí según las necesidades del servicio.
175. En el expediente milita el oficio SASBS-SSV-613-2013 de 9 de septiembre de
2013, adjuntando la planilla de registro de entrada y salida del mes de octubre de 2009,
en la que se evidencia que el 10 de octubre de 2009 el investigado tenía programación
laboral con ingreso a las 6:00 a.m. y salida a las 10:00 a.m. por permiso de estudio59.
176. En la foliatura está la sentencia de tutela 181 del 18 de septiembre de 2014
proferida por el Juzgado 15 Administrativo de Cali, dentro de la acción promovida por
Hernán Restrepo Arias contra la Universidad del Valle, la Oficina de Control Disciplinario
Interno del Personal Administrativo, la Vicerrectoría Administrativa – Sección de
Seguridad y Vigilancia, el Sindicato Sintraunicol Subdirectiva Cali y Conrado de Jesús
Arias, en la cual el actor alegó la vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso con ocasión del trámite disciplinario adelantado en su contra por los hechos
ocurridos el 10 de octubre de 2009, relacionados con la pérdida de un maletín con un
computador portátil de propiedad del estudiante Jorge Andrés Ramírez Soler, el cual
posteriormente fue encontrado en su locker o casillero, señalando que para ese momento
se había ausentado de su puesto de trabajo en razón de un permiso educativo, que el
locker fue abierto sin autorización mediante la entrega de llaves por parte de otro vigilante
y que, pese a la inexistencia de testigos directos y a la insuficiencia probatoria, la
autoridad disciplinaria resolvió destituirlo e inhabilitarlo por diez años, desconociendo los
argumentos de defensa y el acervo probatorio, por lo que solicitó la revocatoria de los
actos administrativos sancionatorios y su reintegro.
177. El sindicato coadyuvó la solicitud indicando la vulneración del debido proceso y la
existencia de inconsistencias en la actuación, mientras que la universidad sostuvo que
en el trámite disciplinario se respetaron todas las garantías y que la acción de tutela era
improcedente por existir otros medios de defensa judicial.
178. El juzgado, tras reiterar la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y la
necesidad de agotar los mecanismos ordinarios, concluyó que el actor contaba con la
acción contenciosa para controvertir la legalidad de los actos administrativos
sancionatorios y que no se acreditaba un perjuicio irremediable, por lo cual negó por
improcedente el amparo solicitado60.
179. Fallo disciplinario de primera instancia contenido en la Resolución 002-13 del 15
de noviembre de 2013, proferido por la Coordinación de Control Disciplinario Interno de
la Universidad del Valle dentro del expediente 008-2009 contra Hernán Restrepo Arias,
en su calidad de celador de la sección de seguridad y vigilancia, en el cual, a partir de
los antecedentes relacionados con la pérdida de un computador portátil de propiedad de
59 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 427 a 429
60 Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf
«ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRUEBAS Y ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS- TOMO 1.
(.pdf) NroActua 4», folios 431 a 438
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un estudiante el 10 de octubre de 2009 y su posterior hallazgo en el locker del
investigado, se recaudó un acervo probatorio compuesto principalmente por informes
escritos de compañeros de trabajo, declaraciones juramentadas y versiones libres,
dentro de las cuales se destaca que el celador Conrado de Jesús Arias informó haber
encontrado el maletín en el locker del investigado y que otro compañero indicó haberlo
visto previamente con el mismo, mientras que varios declarantes manifestaron conocer
los hechos solo por comentarios o no haber estado presentes el día de ocurrencia, lo
que evidencia que gran parte de la prueba es de carácter indirecto o de oídas.
180. Asimismo, el propio investigado sostuvo en su versión libre que no tuvo
conocimiento directo de los hechos y que incluso le habían desaparecido objetos de su
locker o casillero, señalando además que se retiró de su turno antes de la hora habitual
por razones académicas, circunstancia corroborada parcialmente mediante planillas de
control laboral que indican que el día de los hechos tenía horario de 6:00 a.m. a 10:00
a.m. con permiso de estudio, pese a lo cual la autoridad disciplinaria consideró que
existían «graves indicios» en su contra, en la medida en que el elemento perdido
apareció en su locker sin que el investigado lograra desvirtuar tal circunstancia,
otorgando especial relevancia a este hallazgo como indicio determinante.
181. Frente a alegaciones de la defensa relativas a la ilegalidad en la obtención de la
prueba por apertura no autorizada del locker, las cuales fueron desestimadas bajo el
argumento de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, así como a la
inexistencia de nulidades o afectaciones al debido proceso, concluyendo que el
comportamiento del investigado implicó el incumplimiento de deberes y la realización de
prohibiciones previstas en la Ley 734 de 2002, calificando la conducta como falta
gravísima a título de dolo con fundamento en la afectación del deber funcional y en la
inferencia de intención derivada de los indicios recaudados, para finalmente imponer
como sanción la destitución del cargo y la inhabilidad general por diez años61.
182. Fallo disciplinario de segunda instancia proferida por el despacho de rectoría de
la Universidad del Valle el 11 de julio de 2014, el despacho desestima los argumentos
de la defensa y del sindicato relativos a la inexistencia de la falta, la ilegalidad de la
prueba, la violación del debido proceso y la prescripción, al considerar que el trámite se
ajustó a la Ley 734 de 2002, que la acción disciplinaria no se encontraba prescrita y que
las pruebas testimoniales y documentales ofrecen suficiente credibilidad y coherencia,
destacando como elemento central el hecho de que el maletín fue encontrado en el locker
del disciplinado sin explicación satisfactoria, junto con los comportamientos
concomitantes y posteriores que refuerzan los indicios en su contra; en ese sentido,
concluye que se encuentra acreditada la ocurrencia de la conducta y la responsabilidad
disciplinaria a título de dolo, al adecuarse el comportamiento al delito de hurto previsto
en el artículo 239 del Código Penal, constituyendo falta gravísima conforme al artículo
48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, por haberse realizado en razón del cargo y con
abuso del mismo, razón por la cual decide confirmar integralmente la sanción impuesta
61Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf «
ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 4», folios 34 a 63
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en primera instancia consistente en la destitución del cargo y la inhabilidad general por
el término de diez años62.
3.4.5. Análisis sustancial para resolver el segundo problema jurídico
183. Para resolver el segundo problema jurídico, la Sala debe precisar la naturaleza
del hallazgo del maletín en el locker del disciplinado.
3.4.5.1. Naturaleza del hallazgo del maletín en el locker o casillero
184. La parte demandante cuestiona la validez del hallazgo del maletín en su locker, al
considerar que se trató de una actuación irregular que vulneró su derecho a la intimidad
y, por ende, debía ser excluida del proceso disciplinario. Sin embargo, la Sala advierte
que dicha premisa parte de una comprensión inexacta de la naturaleza de ese elemento
de conocimiento, en la medida en que la revisión del locker no fue ordenada ni practicada
por la autoridad disciplinaria, ni se realizó en el marco de una actuación formal de
recaudo probatorio. Por el contrario, se trata de un hecho previo al inicio del proceso
disciplinario, que fue puesto en conocimiento de la administración a través de la queja
presentada por el estudiante afectado y del informe rendido por el celador Conrado de
Jesús Arias.
185. En ese sentido, el hallazgo del maletín no constituye, en estricto sentido, un medio
de prueba recaudado por la autoridad en ejercicio de sus funciones investigativas, sino
un hecho fáctico antecedente, que dio lugar a la iniciación de la actuación disciplinaria.
En ese orden, se trata de un hecho previo no producido por la autoridad disciplinaria, ya
que el hallazgo del maletín robado en el locker o casillero del disciplinado no es prueba
producida por la autoridad, sino, un hecho informado por el quejoso y por el celador
Conrado Arias en su informe, ya que él fue quien realizó el hallazgo. En suma, es un
hecho previo, relatado en la queja y en el informe del celador, y no una prueba recaudada
por la autoridad disciplinaria, es un hecho anterior al proceso disciplinario introducido al
expediente a través de la queja, y el informe del celador Conrado de Jesús Arias.
186. Bajo esta perspectiva, no resulta procedente analizar dicho elemento bajo los
parámetros estrictos de exclusión de la prueba ilícita, en tanto no se trata de una prueba
obtenida por la administración con violación de garantías fundamentales, sino de un
hecho que posteriormente fue incorporado al proceso a través de los medios de prueba
legalmente recaudados.
187. En el caso concreto, la apertura del locker asignado al demandante, aun cuando
se realizó sin su autorización, no comporta una vulneración sustancial del derecho al
debido proceso que conduzca a la exclusión probatoria, en tanto es un hecho previo
relatado en la queja y en el informe del celador Conrado de Jesús Arias, que no
constituye una actuación de recaudo probatorio desplegada por la autoridad disciplinaria.
Por consiguiente, no se configura una prueba ilícita ni se afecta la validez de los actos
administrativos demandados.
62Visible a índice 4 de Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-33-000-2015-01018-01, archivo pdf «
ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 4», folios 118 a 136
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188. En el caso concreto, la Sala advierte que no se está ante una prueba obtenida en
el marco de la actuación disciplinaria, sino frente a un hecho fáctico previo, en esa
medida no es una prueba ilícita porque la actuación no fue practicada por la autoridad
disciplinaria, ocurrió antes del proceso, y en consecuencia es un hecho conocido, no una
prueba formal.
3.6. Estudio y resolución del tercer problema jurídico
3.6.1. Tipicidad de la falta disciplinaria
189. En materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de la conducta del
sujeto disciplinable desde tres factores: la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad,
los cuales, por el diseño y estructura del derecho disciplinario, adquieren connotaciones
propias que los diferencian de otras manifestaciones del ius puniendi estatal.
190. La tipicidad, como categoría dogmática del derecho disciplinario, encuentra su
fundamento en el principio de legalidad, entendido como expresión del debido proceso,
conforme al cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio» (artículo 29 de la Constitución Política). Dicho principio
cumple la función de garantizar la libertad y seguridad individuales, al establecer de
forma previa y clara qué comportamientos son sancionables, y a la vez, preservar la
seguridad jurídica63.
191. A diferencia del derecho penal, el régimen disciplinario se caracteriza porque las
conductas constitutivas de falta no se encuentran descritas de manera cerrada o taxativa,
sino que están consignadas en tipos abiertos o en blanco, dada la imposibilidad del
legislador de prever de forma detallada todos los comportamientos reprochables de los
servidores públicos. Por ello, el tipo disciplinario se complementa con normas que
establecen deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a cada cargo, de las cuales se
deriva la adecuación específica de la conducta64.
192. En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado que los tipos abiertos o en
blanco son aquellos que remiten a normas complementarias que definen con mayor
precisión los deberes o prohibiciones vulnerados. Así, en la sentencia C-818 de 2005,
esa corporación sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas infracciones disciplinarias
que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de
comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo
integrado por las disposiciones en las que se establecen deberes, mandatos y
prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos»65.
63 Constitución Política, art. 29.
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2024, expediente 11001-03-
25-000-2021-00261-00.
65 Corte Constitucional, Sentencia C-818 de 2005.
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193. Por consiguiente, el proceso de adecuación típica supone la verificación lógica y
razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta y el
comportamiento desplegado por el disciplinado, de lo cual surge la contrariedad entre el
hecho y el deber funcional. En este análisis, la autoridad disciplinaria cuenta con un
margen de interpretación más amplio que en el ámbito penal, lo que no implica que pueda
extenderse hasta alterar o ampliar el tipo legal, pues ello desconocería el principio de
legalidad66.
194. De acuerdo con lo expuesto, el juicio de adecuación típica en materia disciplinaria
es el proceso detallado de razonamiento metodológico, mediante el cual se compara la
conducta real y comprobada de un servidor público con la descripción abstracta de una
falta establecida en la ley. En ese sentido, consiste en determinar si el comportamiento
encaja en el tipo disciplinario, garantizando el principio de legalidad67.
195. Se trata de una confrontación objetiva o subsunción lógica-jurídica, en la que se
analiza si el hecho probado coincide exactamente con los elementos normativos de la
falta descrita en el estatuto disciplinario u otras normas especiales, como ocurre con los
tipos en blanco, en los que, se requiere integrar la descripción típica con normas
complementarias, tales como, otras normas que establecen deberes o prohibiciones, por
ejemplo, manuales de funciones, reglamentos, entre otros, para establecer la falta con
precisión68. Su finalidad primordial es asegurar que no se sancione conducta alguna que
no esté previamente definida como falta en virtud del principio de legalidad en materia
punitiva en sentido estricto: nullum crimen, nulla poena sine lege, según el cual, ningún
delito, ninguna pena, sin ley previa, recogido por el constituyente de 1991 en el artículo
29.
3.6.2. Contenido y alcance de la falta disciplinaria del artículo 48 numeral 1 de la
Ley 734 de 2002
196. El artículo 48 de la Ley 734 de 2002 establece el catálogo de faltas gravísimas en
materia disciplinaria, dentro de las cuales el numeral 1 señala:
«Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable
a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función
o cargo, o abusando del mismo».
197. Esta disposición consagra una hipótesis especial de falta disciplinaria que se
estructura a partir de la remisión al derecho penal, en la medida en que el
comportamiento reprochado debe corresponder, en sus elementos objetivos, a una
conducta descrita como delito en la legislación penal.
66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de diciembre de 2022, expediente 11001-03-
25-000-2020-00210-00.
67 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 06 de febrero de 2020, expediente 25000-23-
42-000-2013-06021-01(3003-17).
68 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2018, expediente 11001-03-
25-000-2013-00234-00(0530-13).
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198. En ese sentido, no se exige la configuración de responsabilidad penal ni la
existencia de una condena judicial, sino la verificación, en sede disciplinaria, de que el
comportamiento del servidor público se adecúa objetivamente a un tipo penal.
199. Adicionalmente, la norma exige que dicha conducta sea sancionable a título de
dolo, lo cual implica que no basta la realización material del comportamiento, sino que
debe acreditarse la intención del sujeto disciplinado en la ejecución del mismo, en
concordancia con el principio de culpabilidad previsto en el régimen disciplinario.
200. De igual manera, la conducta debe guardar una relación funcional con el cargo,
en tanto debe cometerse en razón, con ocasión o como consecuencia de la función, o
mediante el abuso de la misma, lo que delimita el ámbito de aplicación de la norma a
comportamientos vinculados con el ejercicio de la función pública.
201. En consecuencia, para la configuración de la falta gravísima prevista en el artículo
48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, se requiere la concurrencia de tres elementos: (i) la
adecuación objetiva de la conducta a un tipo penal, (ii) su realización a título de dolo y
(iii) la existencia de un nexo funcional con el cargo.
3.6.3 Contenido y alcance del artículo 239 del Código Penal
202. El artículo 239 del Código Penal define el delito de hurto en los siguientes
términos:
«Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho
para sí o para otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses. La
pena será de prisión de treinta y dos (32) meses a cuarenta y ocho (48) meses cuando la
cuantía sea inferior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será
de prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses cuando la cuantía sea
igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.»
203. De la disposición se desprenden los elementos estructurales del tipo penal, los
cuales son: (i) el apoderamiento, entendido como la sustracción o toma de control del
bien; (ii) que recaiga sobre una cosa mueble ajena; y (iii) que exista el propósito de
obtener provecho para sí o para un tercero.
204. El apoderamiento implica la ruptura de la esfera de custodia del titular del bien y
su incorporación al ámbito de disposición del sujeto activo, aun cuando dicha apropiación
no sea definitiva.
205. Por su parte, la ajenidad del bien exige que este no pertenezca al sujeto activo,
mientras que el propósito de provecho constituye el elemento subjetivo del tipo, el cual
se traduce en la intención de obtener un beneficio, ya sea económico o de cualquier otra
naturaleza.
206. En el ámbito disciplinario, este tipo penal adquiere relevancia en la medida en que
puede servir de fundamento para la configuración de la falta gravísima prevista en el
artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, siempre que se verifique la adecuación
objetiva de la conducta y su realización dolosa en el contexto del ejercicio del cargo.
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207. En consecuencia, el artículo 239 del Código Penal permite identificar el contenido
material de la conducta reprochada, sirviendo como parámetro de subsunción para
efectos de establecer la responsabilidad disciplinaria cuando se imputa la realización de
un comportamiento constitutivo de hurto.
3.6.4. La valoración probatoria en la Ley 734 de 2002
208. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado, en lo que refiere a la
finalidad de la prueba, que «las pruebas judiciales son los medios señalados por el
legislador para crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los
hechos que son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique
el ordenamiento positivo a los casos concretos»69. De manera que el recaudo de la
prueba tiene por objetivo llevar al juez a un estado de certeza para poder proferir un fallo
sustentado en la realidad planteada por las pruebas aportadas, siempre y cuando, estas
sean debidamente valoradas conforme con las reglas y criterios que el propio
ordenamiento jurídico establece –de conformidad con las reglas de la sana crítica–.
209. Sobre la valoración de las pruebas, la Ley 734 de 2002 preceptuó, en su artículo
141, que estas «[…] deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de
las pruebas en que ésta se fundamenta».
210. Los medios probatorios que se recauden durante la actuación administrativa
mostrarán en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como legalmente
corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de este procedimiento
«[…] es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda
de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las
personas que en él intervienen», tal como lo dispuso el artículo 20 de la mencionada Ley
734, y al mismo tiempo tener en cuenta que la sanción disciplinaria «tiene función
preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos
en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el
ejercicio de la función pública», como lo instituye el artículo 16 ibídem.
211. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional70 el sistema de la
sana crítica o persuasión racional obliga al juzgador a establecer por sí mismo el valor
de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Estas
reglas son las que debe tener en cuenta la autoridad disciplinaria y contribuyen para que
las conclusiones a las cuales arribe sobre el valor o contenido de la prueba sean
legalmente válidas, pues impiden que aquel razone a voluntad, discrecionalmente,
arbitrariamente, de manera contra evidente o dé un alcance y extensión a la prueba que
no se desprenda de ella.
69 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente 70001-23-33-000-2013-00277-01(1498-15),
sentencia de 25 de enero de 2018.
70 Sentencia C-202 de 2005.
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01018-01 (4147-2023)
Demandante: Hernán Restrepo Arias
Demandado: Universidad del Valle
212. La Ley 734 de 2002 señala un nivel de certeza especial para que la autoridad
disciplinaria pueda establecer responsabilidad y proferir fallo sancionatorio, el cual puede
observarse claramente de la lectura coordinada y conjunta de las siguientes normas.
213. El artículo 9 ídem establece que a quien se le atribuya la comisión de una falta
disciplinaria (tipicidad) se le debe presumir inocente hasta que esta presunción sea
desvirtuada mediante la declaratoria de responsabilidad y la cual solo se puede declarar
cuando se haya eliminado «toda duda razonable», desde luego, sobre los elementos que
determinan la responsabilidad (tipicidad, antijuridicidad o ilicitud material y culpabilidad).
La norma en comento señala lo siguiente:
«Artículo 9. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no
haya modo de eliminarla».
214. En los artículos 162 y 142 de la Ley 734 de 2002, el legislador estableció el grado
de convencimiento que el material probatorio, aportado a través de los medios de prueba
válidos, debe dar a la autoridad disciplinaria para proferir dos de las providencias más
importantes del proceso disciplinario, esto es el pliego de cargos y el fallo. Las normas
en comento establecen lo siguiente:
«Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento
formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba
que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede
recurso alguno».
«Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que
obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de
la responsabilidad del investigado».
215. De acuerdo con las disposiciones anteriores, para que la autoridad disciplinaria
pueda proferir el fallo y atribuir responsabilidad, debe acreditarse un nivel de certeza,
para que así se proteja el principio de presunción de inocencia.
216. En ese mismo sentido, los artículos 132 y 140 de la Ley 734 de 2002, establecen
que «[s]erán rechazadas [las pruebas]practicadas ilegalmente», y que «[l]a prueba
recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los
derechos fundamentales del investigado, se tendrá cómo inexistente».
217. Es así que el proceso administrativo disciplinario se sintetiza en dos finalidades,
la primera como instrumento de tutela de los derechos y garantías de los asociados y la
segunda constituye un sendero para que la administración pueda tomar una decisión
acorde con el ordenamiento jurídico, teniendo como criterio los elementos de juicio
necesarios para ello, que se circunscriben como principios y reglas, y al acervo
probatorio.
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Demandante: Hernán Restrepo Arias
Demandado: Universidad del Valle
3.6.5. El razonamiento por indicios en la jurisdicción de lo contencioso–
administrativo
218. El Consejo de Estado ha señalado que los indicios son medios de prueba
«indirectos y no representativos» que no son percibidos directamente por el juez –como
si ocurre por ejemplo con la inspección judicial–, sino que «[e]n la prueba indiciaria el
juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros
hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o
científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo
en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el
proceso»71.
219. La jurisprudencia de esta corporación ha señalado, que los indicios se componen
de los siguientes elementos: «(i) los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos
conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las
partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el
proceso, (ii) una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que
se utiliza para la elaboración del razonamiento, (iii) una inferencia mental: el
razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación
de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar,
(iv) el hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental»72.
220. Ahora bien, la jurisprudencia contenciosa ha sido clara en advertir que los indicios
deben apreciarse en conjunto con «las reglas de la sana crítica, teniendo en
consideración su gravedad, concordancia, convergencia y su relación con los demás
medios de prueba que obren en la actuación procesal (…). Asimismo, para que un hecho
pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso y el
juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes»73.
3.6.6. La prueba indiciaria en materia disciplinaria
221. El artículo 130 de la Ley 734 de 2002, al regular lo relacionado con los «medios
de prueba» en materia disciplinaria, señala en su inciso segundo que «[l]os indicios se
tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la
sana critica».
222. El Consejo de Estado, Sección Segunda tiene definido que la autoridad
disciplinaria no puede proferir una decisión disciplinaria sancionatoria con fundamento
exclusivamente en indicios, por lo que es necesario que los elementos propios de la falta
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 2013, Exp. 27913.
72 Consejo de Estado, sección Tercera, sentencias de 3 de octubre de 2007, Exp. 19286; 23 de mayo de 2008, Exp.
15237; 10 de marzo de 2011, Exp. 18722; 22 de junio de 2011, Exp. 18592; 22 de noviembre de 2012, Exp. 26657; 6
de diciembre de 2013, Exp. 30814; 10 de septiembre de 2014; Exp. 29186; 5 de marzo de 2015, Exp. 32955; 2 de
mayo de 2016, Exp. 37755; 29 de agosto de 2016, Exp. 37185; entre muchas otras.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 16337, reiterada en el fallo de 14
de abril de 2011, Exp. 20145.
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disciplinaria se demuestren con los demás medios probatorios que fijó el legislador en
materia punitiva disciplinaria, consagrados en el artículo 130 de la Ley 734 de 2002 74.
223. En ese sentido, la prueba indiciaria es un método adecuado para determinar la
responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos, si se valora en conjunto y
teniendo en cuenta los parámetros de convergencia, concordancia y concurrencia fijados
por la jurisprudencia.
3.6.7. Análisis sustancial de la Sala para resolver el tercer problema jurídico
224. La Sala aborda el estudio del caso a partir del estándar de certeza exigido en
materia disciplinaria, conforme al cual la responsabilidad del investigado debe
acreditarse de manera plena, con fundamento en pruebas legal y regularmente
allegadas, valoradas en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, de tal
manera que conduzcan a una inferencia lógica, unívoca y exenta de duda razonable.
225. La Sala advierte que la inferencia de responsabilidad construida por la autoridad
disciplinaria descansa, fundamentalmente, en el hallazgo del maletín en el locker o
casillero asignado al demandante y en una serie de declaraciones de carácter indirecto.
Sin embargo, dicho razonamiento presenta fisuras relevantes que impiden otorgarle el
alcance demostrativo que se le atribuye.
226. En efecto, el hallazgo del elemento en el locker no permite, por sí solo, atribuir de
manera cierta su introducción o permanencia al disciplinado, en ausencia de prueba
sobre el control exclusivo de dicho espacio, las condiciones de acceso por terceros o la
integridad del procedimiento mediante el cual fue abierto. A ello se suma que los
testimonios recaudados no ofrecen una reconstrucción directa y coherente de los
hechos, sino que, en su mayoría, corresponden a referencias indirectas, comentarios o
percepciones posteriores, lo que debilita significativamente su fuerza incriminatoria.
227. En tales condiciones, la concordancia probatoria se diluye, pues los elementos de
convicción no convergen de manera unívoca hacia una misma hipótesis fáctica, sino que
admiten explicaciones alternativas razonables, lo que impide alcanzar el grado de
certeza exigido en materia disciplinaria.
228. Bajo ese marco, lo primero que debe advertirse es que en el expediente no obra
prueba directa del acto de apoderamiento del maletín de propiedad del estudiante Jorge
Andrés Ramírez Soler. En efecto, ninguno de los testimonios ni de los documentos
recaudados da cuenta de manera directa, inmediata y personal de que el señor Hernán
Restrepo Arias haya sustraído el bien del lugar en que se encontraba.
229. En particular, la Sala observa que la propia reconstrucción inicial de los hechos,
contenida en la queja del estudiante y en el informe del celador Conrado de Jesús Arias,
evidencia que la desaparición del maletín ocurrió en un lapso breve, sin que exista
identificación directa del autor del hecho. El estudiante, según su relato, dejó el maletín
74 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de marzo de 2017, expediente
11001032500020110051900 (200911).
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en el puesto de vigilancia y, tras unos minutos, advirtió su desaparición, sin haber
observado quién lo tomó.
230. Ahora bien, especial atención merece la declaración del celador Conrado de Jesús
Arias, en tanto constituye el principal soporte fáctico de la hipótesis incriminatoria. La
Sala advierte que dicho testimonio presenta limitaciones estructurales que impiden
otorgarle el alcance demostrativo que le asignó la autoridad disciplinaria. En primer lugar,
el declarante reconoce haber ingresado al vestier y abierto el locker asignado al
demandante sin autorización, sin presencia de autoridad competente y por iniciativa
propia, motivado en meras sospechas. Esta circunstancia no solo afecta la regularidad
del hallazgo, sino que incide directamente en la credibilidad y objetividad del relato, en la
medida en que el propio testigo es quien genera el supuesto hecho base del indicio. En
tales condiciones, su dicho no puede ser valorado como un elemento externo e
independiente, sino como una narración que proviene de quien intervino activamente en
la producción del hallazgo, lo que exige un estándar de corroboración particularmente
estricto, que en el caso no se satisface.
231. A lo anterior se suma que las afirmaciones de Conrado de Jesús Arias relativas a
que el demandante habría tenido el maletín o a que otros compañeros lo vieron en tales
circunstancias no constituyen prueba directa, sino referencias de carácter indirecto o de
oídas que no fueron corroboradas por quienes supuestamente presenciaron tales
hechos. En efecto, los demás testimonios no confirman de manera categórica haber
observado al disciplinado con el elemento sustraído ni en el momento del presunto
apoderamiento, ni en su traslado u ocultamiento. Así, el relato de Arias no solo carece
de corroboración externa suficiente, sino que introduce elementos inferenciales que
amplifican su contenido sin respaldo empírico verificable. En estas condiciones, su
declaración, lejos de constituir una prueba directa de responsabilidad, se integra apenas
como un indicio de origen unilateral, que no alcanza el grado de consistencia,
convergencia y univocidad requerido para desvirtuar la presunción de inocencia.
232. Ahora bien, la imputación disciplinaria se edificó fundamentalmente sobre dos
ejes: (i) el hallazgo del maletín en el locker o casillero asignado al disciplinado, y (ii)
ciertos señalamientos indirectos según los cuales habría sido visto portando el elemento.
Sin embargo, al analizar con rigor el material probatorio, la Sala encuentra que ninguno
de estos elementos alcanza, ni individual ni conjuntamente, el grado de certeza
requerido.
233. Si bien el hallazgo del maletín en el locker constituye un indicio relevante, a partir
de aquí, el edificio inferencial se rompe, porque ello no resulta concluyente en ausencia
de elementos que acrediten el acceso exclusivo del investigado a dicho espacio, la
integridad de la cadena de custodia del hallazgo o la inexistencia de intervención de
terceros.
234. En relación con los supuestos testimonios que ubicarían al disciplinado con el
maletín, se advierte que no existe en el expediente una declaración directa, clara y
categórica rendida en sede disciplinaria por un testigo que afirme, bajo juramento y con
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inmediación probatoria, haber observado al señor Hernán Restrepo Arias apropiándose
del bien o trasladándolo desde el lugar de los hechos.
235. Por el contrario, las referencias en ese sentido provienen de informes o
manifestaciones indirectas, en las que se indica que un tercero —como Heriberto
Rincón— «habría visto» al disciplinado con un maletín al hombro, lo cual
constituye prueba de oídas que no fue ratificada en forma directa dentro del proceso, ni
sometida a contradicción efectiva, lo que reduce sustancialmente su valor demostrativo.
236. A ello se suma que varios de los testimonios recaudados —como los de Héctor
Fabio Soto, William Millán, Harold Collazos o Edinson Suárez— coinciden en señalar que
su conocimiento de los hechos provino de comentarios de terceros o de versiones
posteriores, y no de percepción directa de los acontecimientos, lo que impide derivar de
ellos una inferencia concluyente sobre la autoría.
237. Particular relevancia adquiere, en este punto, la declaración del celador Héctor
Fabio Soto Serna, quien constituye el testigo más próximo al lugar y momento de los
hechos, en tanto fue quien recibió el turno del disciplinado y permaneció en el puesto
inmediatamente después de la ocurrencia de la desaparición del maletín. No obstante,
pese a esa cercanía fáctica, su testimonio resulta especialmente revelador en sentido
exculpatorio, pues manifestó que no observó que el señor Hernán Restrepo Arias
hubiese ingresado al vestier con el maletín, ni que hubiera transportado objeto alguno
hacia dicho lugar.
238. De igual forma, el citado testigo indicó que, si bien entregó las llaves del vestier a
Conrado de Jesús Arias, no advirtió que este hubiese ingresado o salido con el maletín
ni con ningún elemento, ni dejó constancia de tales hechos por no haber percibido
situación irregular alguna. Esta circunstancia resulta particularmente significativa, en
tanto evidencia que el único testigo ubicado en una posición inmediata de observación
no percibió ninguno de los actos que estructurarían la cadena fáctica de la imputación
(ingreso, ocultamiento y posterior extracción del bien).
239. En lo que respecta al hallazgo del maletín en el locker o casillero, si bien se trata
de un hecho objetivamente importante, su fuerza incriminatoria no es absoluta ni
automática. En efecto, está acreditado que el acceso a dicho espacio no era exclusivo ni
excluyente, pues otros funcionarios podían ingresar al vestier, e incluso se encuentra
probado que el propio celador Conrado de Jesús Arias accedió al locker y lo manipuló
sin autorización, con base en sospechas personales.
240. Esta circunstancia introduce un elemento de incertidumbre relevante en la cadena
inferencial, en tanto rompe la relación necesaria entre tenencia y autoría, al no poder
descartarse razonablemente la intervención de terceros en la ubicación del maletín
dentro del locker.
241. Asimismo, no se acreditó dentro del proceso una trazabilidad del bien que permita
establecer de manera continua e ininterrumpida su recorrido desde el momento de su
desaparición hasta su hallazgo, lo cual impide cerrar el circuito probatorio de manera
concluyente.
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242. Ahora bien, si bien algunos testimonios dan cuenta de que el demandante habría
evidenciado comportamientos que fueron calificados como extraños con posterioridad a
los hechos —tales como actitudes de confrontación, manifestaciones de inconformidad
o conductas que generaron sospecha entre sus compañeros—, la Sala considera que
tales apreciaciones no constituyen prueba suficiente ni idónea para estructurar, por sí
solas, un juicio de responsabilidad disciplinaria, porque con ello no se prueba la autoría
de la conducta reprochada, además, es un indicio débil o equívoco, y en todo caso, puede
explicarse de otras maneras razonables y por tanto válidas.
243. En efecto, este tipo de comportamientos posteriores, además de estar descritos
en términos generales y subjetivos, admiten múltiples interpretaciones posibles, pues
pueden obedecer a reacciones emocionales frente a la situación vivida, a conflictos
laborales preexistentes o a percepciones personales de los declarantes, sin que de ellos
se derive necesariamente un vínculo cierto con la comisión de la conducta investigada.
244. De igual forma, tales manifestaciones carecen de la precisión y objetividad
requeridas para ser consideradas como indicios graves y concordantes, en la medida en
que no se refieren a hechos verificables directamente relacionados con el apoderamiento
del bien, sino a valoraciones posteriores sobre el comportamiento del disciplinado, lo cual
limita significativamente su capacidad demostrativa.
245. Por consiguiente, estos elementos, aun valorados en conjunto con los demás
medios de convicción, no permiten cerrar la cadena inferencial ni suplir la ausencia de
prueba directa, ni mucho menos alcanzar el estándar de certeza exigido en materia
disciplinaria, debido a que la inferencia de responsabilidad se construyó sobre una base
indiciaria frágil que no supera el umbral de certeza exigido, lo que impide válidamente
imponer una sanción disciplinaria de la máxima gravedad.
246. En ese contexto, la Sala encuentra que el conjunto de elementos probatorios
permite estructurar una hipótesis de responsabilidad, pero no una inferencia única y
excluyente. Por el contrario, subsisten explicaciones alternativas razonables —como la
posible intervención de terceros o la manipulación posterior del locker— que no fueron
descartadas con el rigor exigido en materia disciplinaria, y que quedan abiertas como
hipótesis alternativas.
247. Para la Sala, en materia sancionatoria, el juicio de responsabilidad no se satisface
con la concurrencia de indicios que hagan probable una determinada versión de los
hechos, sino que demanda que tales elementos de convicción converjan de forma tal
que conduzcan, sin ambigüedad relevante, a una única conclusión posible. Por ello,
cuando los hechos acreditados admiten interpretaciones alternativas igualmente
razonables —como ocurre cuando no se demuestra el control exclusivo sobre el lugar en
el que fue hallado el bien, ni se cuenta con testimonios directos sobre su
apoderamiento—, la inferencia pierde su carácter unívoco y se transforma en una
hipótesis conjetural, insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. En tales
eventos, la duda que subsiste no es meramente especulativa, sino jurídicamente
importante, y debe resolverse en favor del disciplinado.
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248. En tales condiciones, no se logra desvirtuar la presunción de inocencia que
ampara al disciplinado, en tanto el material probatorio no alcanza el estándar de certeza
requerido, sino que deja subsistente una duda objetiva, razonable y jurídicamente
relevante sobre su responsabilidad.
249. En consecuencia, y en aplicación del principio in dubio pro disciplinado
consagrado en el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, la Sala concluye que no es
jurídicamente viable mantener la sanción impuesta, al no encontrarse plenamente
acreditada la conducta atribuida.
3.7. Conclusión y órdenes a proferirse
250. De conformidad con el análisis integral realizado por la Sala, se concluye que, si
bien la actuación disciplinaria adelantada contra el señor Hernán Restrepo Arias no
presenta irregularidades sustanciales en lo que respecta al trámite procedimental —en
particular en relación con la alegada dilación en la etapa de indagación preliminar—, ni
tampoco se configura una causal de nulidad derivada del eventual carácter irregular del
acceso al locker o casillero, lo cierto es que la decisión sancionatoria no supera el
estándar de certeza exigido en materia disciplinaria.
251. En efecto, el examen conjunto y crítico del acervo probatorio permite establecer
que la responsabilidad del disciplinado no se encuentra demostrada con prueba directa,
y que la imputación se edificó fundamentalmente sobre elementos indiciarios que no
alcanzan el grado de convergencia, precisión y fuerza demostrativa necesarios para
desvirtuar la presunción de inocencia. En particular, no obra en el expediente testimonio
directo que ubique al disciplinado ejecutando el acto de apoderamiento del maletín, ni se
acreditó una secuencia fáctica continua que permita atribuirle, sin margen de duda, la
conducta investigada.
252. Asimismo, si bien el hallazgo del maletín en el locker asignado al demandante
constituye un hecho relevante, la Sala evidenció que dicho elemento no resulta
concluyente en términos de autoría, en la medida en que el acceso a dicho espacio no
era exclusivo y se encuentra probado que terceros ingresaron y manipularon el locker
sin autorización, lo cual introduce una hipótesis alternativa razonable que no fue
descartada en el proceso disciplinario.
253. De igual forma, los testimonios recaudados carecen, en su mayoría, de percepción
directa de los hechos, pues se fundan en comentarios, referencias indirectas o
reconstrucciones posteriores, lo que limita significativamente su valor probatorio. Incluso,
el testigo más cercano al momento y lugar de los hechos —Héctor Fabio Soto Serna—
no observó circunstancia alguna que permita inferir de manera directa la responsabilidad
del disciplinado.
254. Adicionalmente, los comportamientos posteriores atribuidos al demandante, si
bien pueden generar sospecha o interpretaciones adversas, no constituyen prueba
suficiente ni idónea para estructurar certeza sobre la comisión de la conducta, en tanto
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admiten diversas explicaciones y carecen de la entidad necesaria para suplir la ausencia
de prueba directa o cerrar la cadena inferencial.
255. En tales condiciones, la Sala concluye que el material probatorio únicamente
permite construir una hipótesis de responsabilidad, pero no una inferencia unívoca, cierta
y exenta de duda razonable. Por el contrario, subsisten incertidumbres objetivas sobre la
forma en que ocurrieron los hechos y la eventual participación del disciplinado, lo cual
impide desvirtuar la presunción de inocencia que lo ampara.
256. En consecuencia, y en aplicación del principio in dubio pro disciplinado, previsto
en el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, no resulta jurídicamente viable mantener la
sanción impuesta, razón por la cual se impone revocar la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.
257. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se
ordenará el reintegro del demandante al cargo que venía desempeñando o a uno de igual
o superior jerarquía, sin solución de continuidad, en las mismas condiciones en que
estaba vinculado, así como el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones
dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta cuando se produzca su
reintegro efectivo, debidamente indexados, y la eliminación de la anotación disciplinaria
correspondiente.
258. Para ello se deberán actualizar los valores a pagar según la fórmula que se
describe a continuación:
R= Rh X Índice final
---------------------------
Índice inicial
259. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es el que corresponde a los salarios y las prestaciones sociales, por el
guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE (vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para
la fecha en que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma
señalada en el artículo 192 del CPACA. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la
fórmula se aplicará separadamente, mes por mes.
3.8. De los perjuicios reclamados
260. Esta Subsección ha señalado que el perjuicio moral se configura una vez
satisfechas las condiciones generales para su reconocimiento, a saber: que sea
particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un
bien jurídicamente tutelado75. Asimismo, se ha detenido en la necesidad de que, quien
pretende el reconocimiento de perjuicios morales, debe acreditar su ocurrencia.
75 Sentencia del 13 de abril de 2023, expediente 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-2020).
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01018-01 (4147-2023)
Demandante: Hernán Restrepo Arias
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261. Asimismo, la Sección Tercera de esta corporación tiene definido que el concepto
de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los
sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden
a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo76.
262. En ese orden, para que proceda el reconocimiento de la indemnización por
concepto de perjuicios morales generados por una sanción disciplinaria ilegal, es
necesario convencer plenamente al juez de la existencia de un padecimiento causado
con ocasión de la sanción y la publicidad de aquella, de tal manera que este, dentro de
su discrecionalidad judicial, determine la magnitud del dolor, aflicción, tristeza o congoja
y, con fundamento en ello, la indemnización a reconocer77.
263. En el caso concreto, la Sala no encuentra demostrado los perjuicios morales
reclamados.
264. En efecto, el actor no requirió del a quo la práctica de prueba testimonial y/o
pericial a fin de que se estableciera el grado de aflicción y daño moral reclamado.
Además, en criterio de la Sala, la afectación padecida por el demandante en sus
derechos subjetivos se entiende restablecida en su totalidad con el restablecimiento del
derecho que se ordena en esta providencia.
3.9. Cuestión final
265. El Tribunal no desarrolló un análisis autónomo ni específico sobre el oficio
0030.0031.3376.2014 el 28 de agosto de 2014, suscrito por el rector de la Universidad
del Valle, mediante el cual se dio cumplimiento al fallo de segunda instancia. En realidad,
lo que hizo fue subsumirlo dentro del análisis general de legalidad de los actos
sancionatorios.
266. En ese sentido, la Sala considera que se trata de un acto de mera ejecución,
carente de autonomía jurídica, cuya validez depende de la legalidad del acto principal
que ejecuta, razón por la cual, no hay lugar a estudiar su legalidad.
3.10. Costas
267. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 78 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone
76 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, expediente 76001-
23-31-000-1998-01510-01(25506).
77 Subsección B, sentencia del 10 de julio de 2014, expediente 52001-23-31-000-2006-00268-01(0354-09).
78 La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01018-01 (4147-2023)
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Demandado: Universidad del Valle
la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es
necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó
de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, siguiendo el mismo
derrotero, no se condenará en costas, porque no se advierte que las partes hayan
incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Revocar la sentencia de primera instancia del 17 de marzo de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por
Hernán Restrepo Arias. En su lugar:
Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 002-13 del 15 de noviembre de 2013,
proferida por la Coordinación de Control Disciplinario Interno del Personal Administrativo
de la Universidad del Valle, mediante la cual se sancionó a Hernán Restrepo Arias con
destitución e inhabilidad general por el término de 10 años; y del fallo de segunda
instancia del 11 de julio de 2014, expedido por el rector de la Universidad del Valle, que
confirmó en todas sus partes la decisión sancionatoria de primera instancia.
Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Universidad del Valle a
reintegrar a Hernán Restrepo Arias, sin que se entienda que existió solución de
continuidad, al cargo que venía desempeñando al momento de la destitución; y a pagarle
de manera indexada los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir desde la
desvinculación hasta el reintegro efectivo, de acuerdo con la fórmula señalada en la parte
motiva de esta providencia.
Cuarto: Ordenar a la Universidad del Valle y a la Procuraduría General de la Nación,
eliminar el registro de la sanción de sus bases de datos, especialmente del Sistema de
Información para el Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, SIRI, que administra
la Procuraduría.
Quinto. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Sexto. Sin condena en costas en ambas instancias.
CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en
el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-14).
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01018-01 (4147-2023)
Demandante: Hernán Restrepo Arias
Demandado: Universidad del Valle
Séptimo. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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