República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-01027-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01027-01 (6456-2023)
Demandante: María del Socorro Lemos Ospina
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema. Pensión gracia. Subtema 1. Requisito del tiempo laborado en plazas del orden
departamental, municipal, distrital o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.
Subtema 2. Condena en costas.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 28 de abril de 2023, que negó las
pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, toda vez que, contrario a lo indicado en estos,
prestó sus servicios en calidad de docente territorial y nacionalizada por más de 20
años, cumple con la edad requerida y desempeñó el cargo con honradez, consagración
y buena conducta. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó lo solicitado, por
lo que la accionante apeló la decisión insistiendo en que cumple con los requisitos
legales de la prestación reclamada. La Sala confirma la decisión de primera instancia,
en la medida en que no se encuentra acreditado el tiempo de servicio docente de 20
años, con vinculación territorial o nacionalizada, desde antes del 31 de diciembre de
1980, para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora María del Socorro Lemos Ospina, mediante apoderado, presentó
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01027-01 (6456-2023)
Demandante: María del Socorro Lemos Ospina
Demandada: UGPP
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el 8 de septiembre de 20151, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:
a. Se declare la nulidad de las resoluciones RDP 017656 del 30 de
noviembre de 2012, RDP 008446 del 3 de marzo del 2015 y RDP 021269 del 27
de mayo de 2015, por medio de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento
de la pensión gracia.
b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
entidad demandada reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
demandante, por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por
la Ley 114 de 1913. Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el
momento en que adquirió el estatus, con inclusión de todos los factores salariales
devengados, ajustes e indexaciones a que haya lugar.
2.1.1. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. La accionante nació el 29 de marzo de 1959, por lo que cumplió la edad de 50
años el 29 de marzo de 2009. Laboró por más de 20 años al servicio de instituciones
educativas con vinculación de carácter territorial y nacionalizada, así:
(a) desde el 8 de septiembre de 1980 hasta el 10 de octubre de 1989, en virtud
de las resoluciones proferidas por el Distrito Educativo No. 1-B dependencia
adscrita al Municipio de Cali.
(b) a partir del 29 de enero de 1992 hasta el 15 de diciembre de 2003, con
ocasión del Decreto 1562 del 20 de diciembre de 1991, expedido por la
gobernación del departamento del Valle del Cauca;
(c) del 16 de diciembre de 2003 en adelante –inclusive hasta la fecha de
radicación de la demanda–, en virtud del Decreto 500 del 21 de octubre de 2003,
dictado por la alcaldía del municipio de Santiago de Cali.
4. Cumplidos el tiempo y la edad exigidos legalmente, la accionante le solicitó a
la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, pero su petición fue negada a través
de los actos demandados, que indicaron que el tiempo de servicio prestado no se
ajusta al establecido para el reconocimiento de dicha pensión, por lo que no podía
otorgársele.
5. La demandante estimó que la UGPP desconoció que prestó sus servicios como
docente territorial y nacionalizada, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980,
presupuestos que le otorgan el derecho al reconocimiento de la pensión gracia al
cumplir, además, con la edad, el tiempo de servicio y haber desempeñado su labor
con honradez, consagración y buena conducta.
1 Samai, Tribunal, índice 00030, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 30,1 EXPEDIENTEDIGI.
2
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Demandante: María del Socorro Lemos Ospina
Demandada: UGPP
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
6. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 6 de 1945.
• Ley 43 de 1975.
• Ley 33 de 1985.
• Ley 91 de 1989.
• Decreto 2285 de 1955.
7. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación, relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia, para
concluir que, en su caso, la entidad accionada se apartó del ordenamiento jurídico e
hizo una interpretación errónea de los tiempos de servicio docente.
2.2. Contestación de la demanda
8. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque la demandante no probó que estuvo al servicio docente por más de 20 años,
mediante vinculación departamental, municipal, distrital o nacionalizada. Al contrario,
las probanzas dan cuenta, incluso, que su vinculación fue de carácter nacional antes
del 31 de diciembre de 1980, por lo que no es dable reconocerle la pensión gracia 2.
2.3. Sentencia de primera instancia
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia del 28 de abril
de 20233, negó las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
10. La demandante no logró demostrar una vinculación territorial – nacionalizada
al servicio docente al 31 de diciembre de 1980, puesto que las probanzas dan cuenta
que la vinculación del 8 de septiembre de 1980 tuvo un carácter nacional «sin aparecer
en el expediente, acta de posesión o siquiera resolución que pueda demostrar lo
contrario». Por lo tanto, estimó que no era necesario entrar a verificar el cumplimiento
de los demás requisitos establecidos para el reconocimiento de la pensión gracia.
11. No obstante, destacó que al proceso fue allegado el certificado de tiempo de
servicios expedido por la Secretaría de Educación del municipio de Santiago de Cali,
en el cual se indica que la señora María del Socorro Lemos Ospina laboró de forma
continua por 19 años, 10 meses y 15 días, con vinculación nacional.
12. Condenó en costas a la parte demandante.
2 Samai, Tribunal, índice 00030, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 30,1 EXPEDIENTEDIGI, pp.94 A 100.
3 Samai, Tribunal, índice 00031, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 31, 6_SENTENCIA.
3
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Demandada: UGPP
2.4. Recurso de apelación
13. La demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación4 para
que se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
14. Se valoró indebidamente el acervo probatorio, por ejemplo, el certificado
emitido por el Ministerio de Educación Nacional 2013-ER-35861 del 1 de abril del
2013, que da cuenta de que no existe registro alguno que indique que la demandante
haya laborado para esa cartera ministerial, así como también los diferentes actos de
nombramiento y de posesión que demuestran la verdadera vinculación en la docencia
oficial de María del Socorro Lemos Ospina, pues fueron dictados por el departamento
del Valle del Cauca, tal y como lo refleja el acta de posesión número 2022.
15. Entonces, para la recurrente el a quo omitió su deber de confrontar los actos
nombramiento y de posesión con los demás documentos obrantes en el expediente
judicial a fin de tener claridad si el nominador de la docente fue un ente territorial o el
Ministerio de Educación Nacional, sino que solo tuvo en cuenta lo consignado en la
certificación de tiempo de servicios expedida por la Secretaría de Educación de
Santiago de Cali.
16. Indicó que, en todo caso, puede que en una certificación laboral se indique que
la vinculación docente fue o es nacional; sin embargo, ello no significa que tal
información sea cierta, al punto que en múltiples pronunciamientos la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha ordenado reconocer la pensión gracia respecto
de quienes de forma equivocada la secretaría de educación respectiva certificó como
docentes nacionales, cuando en realidad se trataba de maestros nombrados por un
ente territorial.
17. Sostuvo que aportó todos los documentos que demuestran la realidad de su
vinculación laboral, provenientes de la autoridad que la nombró, la institución
educativa en la que prestó sus servicios y los relacionados con los extremos
temporales. En ese orden, subrayó que obran en el plenario pruebas documentales
que dan cuenta que la demandante laboró desde el 8 de septiembre de 1980 hasta el
10 de octubre de 1989, en virtud de resoluciones proferidas por el Distrito Educativo
Nº 1 – B, dependencia adscrita al municipio de Santiago de Cali, para un total de 9
años, 1 mes y 2 días de tiempo de servicio de carácter nacionalizado, cumpliendo así
con el requisito de encontrarse vinculada antes del 31 de diciembre de 1980.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
18. Mediante auto del 30 de mayo de 20245, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación presentado por la parte demandante.
4 Samai, Tribunal, índice 00034, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 34, 7_MOMORIALESWEB.
5 Samai, índice 00007, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 7, 42_AUTOQUEADMITE.
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19. A través de auto del 27 de enero de 20256, de oficio se decretó e incorporó como
prueba la Resolución 802 del 16 de septiembre de 1981, que le asignó funciones de
maestra alfabetizadora a la demandante, con efectos retroactivos al 8 de septiembre
de 1980. En ese sentido, expuso el despacho ponente que el mencionado documento
era pertinente, conducente y útil para esclarecer los hechos de la controversia. En
consecuencia, se ordenó correr traslado aquella, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 110 del CGP, por el término de 3 días, plazo dentro del cual los sujetos
procesales guardaron silencio.
2.6. Ministerio público
20. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto,
en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, pues, al igual que el a
quo, no encuentra acreditado el tiempo de servicio docente de 20 años, con
vinculación territorial o nacionalizada, desde antes del 31 de diciembre de 1980, para
acceder al derecho de la pensión gracia7.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
22. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 8 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
23. ¿Los documentos aportados al expediente demuestran el tiempo de servicio
docente, territorial o nacionalizado, prestado antes del 31 de diciembre de 1980, a
efectos del reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada por la demandante?
24. En el evento de resultar positiva la respuesta a la anterior pregunta: ¿la
demandante cuenta con el tiempo de servicio docente de 20 años con vinculación
territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la pensión
6 Samai, índice 00017, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 17_48_AUTOQUEDECRETA.
7 Samai, índice 00012, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 12_ CONCEPTO.
8 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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gracia?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
25. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 9,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre y cuando se desempeñaran en el
empleo con honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de
carácter nacional.
26. La Ley 116 de 192810 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
27. Posteriormente, la Ley 37 de 193311 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
28. Por su parte, la Ley 91 de 198912, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
29. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
9 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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• Personal nacionalizado: son (a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1013 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
30. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199714,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
31. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201815,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
13 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
32. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados16, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal17; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
16 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
17 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.
33. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
34. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los siguientes hechos:
• Edad
35. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, la señora María del Socorro Lemos Ospina nació el 29 de
marzo de 1959, según copia de su cédula de ciudadanía18, en consecuencia, cumplió
la edad de 50 años el 29 de marzo de 2009.
• Vinculación docente
36. Obra la Resolución 802 del 16 de septiembre de 198119, por medio de la cual
el secretario de educación del departamento del Valle del Cauca asignó funciones en
educación de adultos para la campaña de alfabetización –Simón Bolívar– a los
distritos educativos 1A y 1B del municipio de Cali, y asignó en el Centro Mariano
Ramos No. 20, «Plaza Nacional», a la demandante como alfabetizadora.
37. Se encuentra el acta del 21 de septiembre de 198120, que da cuenta que la
accionante se presentó al despacho de la gobernación del departamento del Valle del
Cauca a fin de tomar posesión del empleo de alfabetizadora, para el cual fue
nombrada a través de la Resolución 802 del 16 de septiembre de 1981, en el Centro
Mariano Ramos No. 20. En tal acta, en el acápite de observaciones se dejó la siguiente
anotación: «A PARTIR DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1980 CARÁCTER NACIONAL.
VIENE LABORANDO NORMALMENTE».
38. La copia de la Resolución 00119 del 16 de junio de 198121 da cuenta que, por
medio de ese acto, se concedió licencia por enfermedad a Lirian González a partir del
10 de junio de 1981, por 30 días, y en su reemplazo se designó a la señora María del
Socorro Lemos Ospina, para desempeñar las funciones de seccional de la Escuela
No. 114 Enrique Olaya Herrera.
18 Samai, índice 00004, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 4, 01_DEMANDAPODERYANEXOS , pp.7.
19 Samai, Tribunal, índice 00036, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 36,8 EXPEDIENTEDIGI. pp. 4 Y 5.
20 Samai, Tribunal, índice 00036, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 36,8 EXPEDIENTEDIGI. pp. 29.
21 Samai, Tribunal, índice 00036, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 36,8 EXPEDIENTEDIGI. pp. 30.
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Demandante: María del Socorro Lemos Ospina
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39. Obra la copia de la Resolución 0024 del 25 de marzo de 198822, por medio de
la cual el jefe del distrito educativo 1-A del municipio de Cali designó a la peticionaria
para prestar las funciones de seccional del Centro Docente No. 100 Croydon, durante
la licencia por enfermedad concedida a Myriam Olave de Zuluaga, a partir del 18 de
febrero de 1988.
40. Se encuentra la Resolución 089 del 12 de octubre de 198823, acto por medio
del cual el jefe del distrito educativo 1-A del municipio de Cali designó a la demandante
para desempeñar las funciones de seccional en el Centro Docente No. 10 Santiago
Rengifo Salcedo, durante la licencia de maternidad concedida a Ociery Yaneth Zúñiga,
a partir del 2 de agosto de 1988.
41. También se evidencia la Resolución 102 del 3 de noviembre de 1989, a través
de la cual el jefe del distrito educativo 1-B del municipio de Cali le concedió licencia
no remunerada a Nomar Lucy Coronado por 36 días y en su reemplazo designó a la
accionante para desempeñar las funciones de directivo docente en el Centro
Educativo No. 110 Ignacio Herrera y Vergara, a partir del 5 de septiembre de 1989.
42. Obra el Decreto 1652 del 20 de diciembre de 199024 del departamento del Valle
del Cauca, por medio del cual fue nombrada la demandante en el cargo de seccional
del Centro Docente No. 123 Juan Pablo II del municipio de Cali, en reemplazo de
Nancy Zúñiga, quien renunció.
43. Se tiene el Decreto 0500 del 21 de octubre de 200325, «[p]or el cual se modifica
el Decreto Municipal No. 0326 de julio 15 de 2003, que incorpora el personal docente
y directivo docente proveniente del departamento del Valle del Cauca a la planta de
cargos de la administración central municipal financiada con recursos del Sistema
General de Participaciones», expedido por el alcalde del municipio de Santiago de
Cali, y se incorpora sin solución de continuidad a la planta de personal de ese ente
municipal a la señora María del Socorro Lemos Ospina. El decreto también fue suscrito
por el secretario de educación municipal y el director de desarrollo administrativo.
44. Por último, se encuentra el certificado de tiempo de servicio de la Secretaría de
Educación municipal de Santiago de Cali del 18 de julio 2011 26, en el que se indica
que las designaciones efectuadas a través de las resoluciones 00119 del 16 de junio
de 1981, 0024 del 25 de marzo de 1988, 089 del 12 de octubre de 1988, 102 del 3 de
noviembre de 1989, y los decretos 1652 del 20 de diciembre de 1990 y 0500 del 21
de octubre de 2003, fueron «como nacional en forma continua».
• Actos demandados
45. La UGPP, mediante las resoluciones RDP 017656 del 30 de noviembre de
22 Samai, Tribunal, índice 00036, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 36,8 EXPEDIENTEDIGI. pp. 32.
23 Samai, Tribunal, índice 00036, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 36,8 EXPEDIENTEDIGI. pp. 34.
24 Samai, Tribunal, índice 00036, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 36,8 EXPEDIENTEDIGI. pp. 34.
25 Cuaderno de pruebas, fls. 16 a 18.
26 Cuaderno de pruebas, fl. 3.
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-01027-01 (6456-2023)
Demandante: María del Socorro Lemos Ospina
Demandada: UGPP
201227, RDP 008446 del 3 de marzo del 201528 y RDP 021269 del 27 de mayo de
201529, le negó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante.
3.5. Caso concreto
46. La Sala procede a verificar si la demandante tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia, para lo cual hará el análisis relacionado con el requisito del tiempo
de servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980, pues solo de superarse este
supuesto habrá lugar a determinar si se acreditaron los 20 años de servicios docente
con vinculación territorial – nacionalizada.
3.5.1. Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980
47. Lo primero que debe decirse es que del análisis de la Resolución 802 del 16 de
septiembre de 1981 y del acta de posesión del 21 de septiembre de 1981, se
demuestra que la demandante fue nombrada docente alfabetizadora para los distritos
educaditos 1A y 1B de Cali, a partir del 8 de septiembre de 1980. Es decir, dichos
actos dan cuenta de una vinculación que inició antes de que se profirieran.
48. Al respecto, debe decirse que el ejercicio de la docencia en programas de
educación de adultos en el nivel de alfabetización, conforme a lo dispuesto en el
artículo 7.º del Decreto 1830 de 1966, tiene como misión específica la enseñanza de
la lectura, escritura, cívica y nociones de aritmética, la iniciación en actividades
profesionales y habilitar al alfabetizado para su ingreso a los cursos de educación
general básica y a los de formación profesional.
49. Con la expedición del Decreto 378 de 1970, «por el cual se establece la
educación primaria para adultos en todo el territorio nacional», se incluyó, además de
la enseñanza referida con anterioridad, los estudios de ciencias sociales y naturales y
el de formación religiosa.
50. En el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, «por el cual se adoptan normas sobre
el ejercicio de la profesión docente», se previó lo siguiente:
Profesión docente. Las personas que ejercen la profesión docente se denominan
genéricamente educadores.
Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y
no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este Decreto. Igualmente
incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de
programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de educandos, de
educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación
formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos que
determine el reglamento ejecutivo.
27 Samai, Tribunal, índice 00030, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 30,1 EXPEDIENTEDIGI. pp.7 A 12.
28 Samai, Tribunal, índice 00030, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 30,1 EXPEDIENTEDIGI. pp.13 A 18.
29 Samai, Tribunal, índice 00030, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 30,1 EXPEDIENTEDIGI. pp.23 A 27.
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Demandada: UGPP
51. Ahora, la Sala estima pertinente señalar que la labor de alfabetización fue
definida expresamente en el parágrafo del artículo 3 del Decreto 0428 del 7 de febrero
de 1986 y, a su turno, en el artículo 6 de Decreto 3011 de 19 de diciembre de 1997
que indicó:
Para efectos del presente decreto la alfabetización es un proceso formativo tendiente
a que las personas desarrollen la capacidad de interpretar la realidad y de actuar, de
manera transformadora, en su contexto, haciendo uso creativo de los conocimientos,
valores y habilidades a través de la lectura, escritura, matemática básica y la cultura
propia de su comunidad.
El proceso de alfabetización hace parte del ciclo de educación básica primaria y su
propósito fundamental es el de vincular a las personas adultas al servicio público
educativo y asegurar el ejercicio del derecho fundamental a la educación y la
consecución de los fines de la educación consagrados en el artículo 5º de la Ley 115
de 1994.
52. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 27 de mayo de 201530, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas
Monsalve, explicó en los siguientes términos por qué quienes ejercen la labor de
alfabetización no desempeñan una tarea administrativa, sino docente, que permite
catalogar a los que la realizan, en representación del Estado, como maestros oficiales:
Al respecto, las normas en cita le permiten a la Sala arribar a la conclusión de que la
instrucción en alfabetización, dispuesta por el Gobierno Nacional, implica el ejercicio
de la actividad docente en estricta observancia de los contenidos curriculares
diseñados por el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a las necesidades y el
entorno de la comunidad educativas del país.
Ello, a diferencia de lo considerado por el Tribunal, no comporta el ejercicio de una
actividad administrativa sino, por el contrario, de la actividad docente propiamente
dicha en la que un educador transmite, a través de un método pedagógico, las
nociones de lectoescritura a una población adulta previamente definida.
Sobre este mismo particular, resulta relevante destacar que, esta Sección ha sostenido
en forma consistente e invariable que la labor docente, a diferencia de lo expresado
por el Tribunal, se concibe como la prestación de un servicio público subordinado al
cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la educación31. Así las
cosas, estima la Sala, no le asiste la razón al Tribunal cuando afirma que dicho
servicio, tratándose de docentes alfabetizadores, corresponde a una tarea
eminentemente administrativa y voluntaria.
Lo anterior, toda vez que independientemente de los contenidos que estos transmitan
en ejercicio de su cátedra, llámese educación formal, no formal o instrucción por
alfabetización, su condición no es otra que la de docentes oficiales.
53. A partir de la caracterización de la alfabetización y de la precisión de su ejercicio
como una labor docente de carácter oficial, esta corporación de manera reiterada ha
indicado que el tiempo laborado en dicha tarea válidamente puede computarse para
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, exp. 25000-23-25-
000-2012-01126-01(2823-13).
31 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero Ponente: Dr. Jesús María
Lemos Bustamante, Expediente No. interno 2460-2003, Actora: Sonia Stella Prada Cáceres.
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efectos del reconocimiento de la pensión gracia, como lo justificó la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de septiembre de 2025 32,
así:
En este punto, debe destacarse que a través del Decreto 1830 de 1966 se reglamentó
la educación para adultos, cuyo artículo 7 determinó que la alfabetización «constituye
la etapa inicial de programas más amplios de educación de adultos y tiene como misión
específica la enseñanza de la lectura, escritura, cívica y nociones de aritmética, la
iniciación en actividades profesionales, habilitando al alfabetizado para su ingreso a
los cursos de educación general básica y a los de formación
profesional». Posteriormente, el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria
para adultos en todo el territorio nacional y mediante el artículo 2 del Decreto 2277 de
197933 se dispuso que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización de
adultos.
42. Esta Corporación ha sostenido que la labor docente de alfabetización es
computable para efectos de acceder a la pensión gracia, así34:
«De acuerdo con las normas antes mencionadas, el tiempo servido como docente en
programas de alfabetización debe tomarse como laborado en educación primaria, por
lo que es dable tenerlo en cuenta para efecto de calcular el requerido para acceder a
la pensión gracia y sumarlo al que se laboró en educación secundaria, pues como ya
se expuso el artículo 3.° de la Ley 37 de 1933, extendió dicha prestación a los maestros
que completaron los años de servicio previstos en la Ley 114 de 1913 en
establecimientos del nivel educativo antes mencionado.»
Así las cosas, resulta necesario determinar si los servicios prestados por el actor como
maestro de adultos en la entidad territorial son computables para acceder a la pensión
gracia, teniendo en cuenta que la actividad desempeñada como maestro alfabetizador
encaja dentro de la normatividad aplicable, siempre y cuando el vínculo tenga el
carácter de territorial o nacionalizado.
54. Bajo estos supuestos, la vinculación de la señora María del Socorro Lemos
Ospina, como docente alfabetizadora a partir del 8 de septiembre de 1980, podría
resultar apta para efectos de computar los 20 años de servicio exigidos por el
legislador en el marco del reconocimiento de una prestación pensional gracia, siempre
que la misma –la vinculación– se encuentre alineada con el supuesto consistente en
que haya sido en instituciones educativas del orden territorial o nacionalizadas.
55. Es así que el problema jurídico planteado guarda relación con la interpretación
que debe otorgarse al numeral 2, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en
32 Rad. 76001 23 33 000 2021 00954 01 (0390-2025), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
33 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001-23-
33-000-2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: a) del 15 de
agosto de 2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); b) del 6 de julio de 2017, radicado 52001-
23-33-000-2014-00257-01 (4537-2016), c) del 17 de julio de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01
(4850-2016); d) del 27 de mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); e) del 29 de julio
de 2021, radicado 76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); f) del 14 de octubre de 2021, radicados 25000-23-
42-000-2016-03173-01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); g) del 23 de junio de 2022,
radicado 41001-23-33-000-2016-00462-00 (1503-2021).
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tanto dispuso que los docentes «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos».
56. En resumen –como se vio párrafos atrás– la pensión gracia tuvo como finalidad
compensar a los educadores adscritos a entidades territoriales en razón de la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con sus homólogos nacionales;
sin embargo, ese objetivo en principio perdió fundamento en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que en
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se dispuso que tal beneficio sería compatible con
la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial[mente] de la Nación».
57. Es claro, entonces, que con la expedición de la Ley 91 de 1989 se buscó
desmontar el reconocimiento de la pensión gracia, porque, básicamente, ya no había
una situación de desigualdad en las asignaciones salariales de los docentes.
58. No obstante, a pesar de que la ley en comento buscó poner fin a la pensión
gracia, fijó unas reglas en aras de reconocerla a quienes cumplieran con los requisitos
allí establecidos. Al respecto, en el numeral 2, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, se dijo:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
59. A raíz de las diferentes interpretaciones alrededor del anterior artículo, la
Sección Segunda del Consejo de Estado fijó la siguiente regla de unificación 35 en
cuanto al entendimiento que debe otorgársele, para efectos de reconocer la pensión
gracia de jubilación:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, Rad. 2016- 00278-01
(3018-2017).
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antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento.
60. Al respecto, esta corporación sostuvo que, de la lectura de la citada normativa,
se tenía que la pensión gracia se reconoce a los docentes que estén dentro de los
siguientes supuestos: a) vinculados «hasta el 31 de diciembre de 1980»; b) que
«tuviesen o llegaren a tener derecho»; c) que «cumplan con la totalidad de los
requisitos» previstos en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado.
61. En relación con el siguiente requisito, consistente en «tuviesen o llegaren a
tener derecho», indicó que se refiere a dos eventos, a saber: el primero a la posibilidad
de reconocer la pensión gracia a los docentes que antes o al momento de promulgarse
la Ley 91 de 1989 –29 de diciembre de 1989– hubieran cumplido con la totalidad de
los requisitos legalmente establecidos para el efecto, con una vinculación territorial o
nacionalizada, antes del 31 de diciembre de 1980, mientras que el segundo consiste
en reconocerle tal derecho a los maestros que acrediten las condiciones con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando se demuestre una
experiencia docente territorial o nacionalizada antes de esa fecha.
62. Desde esa lectura, dijo la corporación, la normativa tiene otro límite temporal
que atañe a que la pensión gracia solo puede reconocerse a los docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980. Es así que el derecho está en cabeza del docente
que haya tenido una vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre
de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que
la desarrollaron, sin importar el momento en que logre acreditar los requisitos, es decir,
puede ser a partir del 1 de enero de 1981, inclusive, o después del 29 de diciembre
de 1989, fecha de entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.
63. Lo anterior se ratificó en la sentencia de unificación del 22 de enero de 201536,
en la que esta corporación indicó que la expresión «vinculados hasta el 31, en la que
esta corporación indicó que la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980» no exige que la vinculación esté vigente para esa fecha, sino que lo relevante
es haberse desempeñado como docente territorial o nacionalizado con antelación a
ese momento. En tal sentido, se sostuvo:
la expresión “docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980”, contemplada
objeto de análisis, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral
vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado, pues lo que cuenta para
efectos pensionales es el tiempo servido; por lo tanto, la pérdida de continuidad no
puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional.
64. Así las cosas, la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado
afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia es que la
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 22 de enero de 2022, Rad. 25000-23-42-
000-2012-02017-01(0775-14).
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vinculación del docente territorial o nacionalizado sea anterior al 31 de diciembre de
1980, caso en el cual es válido también incluir el tiempo laborado posteriormente,
siempre y cuando se demuestren de igual naturaleza.
65. A la luz de las anteriores consideraciones, de las pruebas documentales
referidas en el acápite de hechos probados, se tiene lo siguiente:
66. Conforme con la copia de la Resolución 802 del 16 de septiembre de 1981, el
secretario de educación del departamento del Valle del Cauca nombró a la señora
María del Socorro Lemos Ospina alfabetizadora para los distritos educativos 1A y 1B
del municipio de Cali y fue asignada en el Centro Mariano Ramos No. 20, en una
«Plaza Nacional», como de manera inequívoca lo señala ese mismo acto
administrativo.
67. En el mismo sentido, en el acta del 21 de septiembre de 1981 se indicó que la
accionante se presentó al despacho de la gobernación del departamento del Valle del
Cauca a fin de tomar posesión del empleo de alfabetizadora, para el que había sido
nombrada a través de la Resolución 802 del 16 de septiembre de 1981. En el acápite
de observaciones se dejó, de forma precisa, la siguiente anotación: «A PARTIR DEL
8 DE SEPTIEMBRE DE 1980 CARÁCTER NACIONAL. VIENE LABORANDO
NORMALMENTE».
68. Lo anterior indica que el nombramiento, si bien lo realizó un funcionario del
departamento del Valle del Cauca, se efectuó respecto de una plaza del orden
nacional, por lo que lleva a concluir que la vinculación de la peticionaria es de esa
misma naturaleza, tal y como lo indica el acta de posesión y designación referidos.
69. Por lo tanto, la Sala considera que la accionante ejerció el empleo de docente
antes del 31 de diciembre de 1980, mediante una vinculación de carácter nacional,
que no resulta válida para el reconocimiento de la pensión gracia, máxime que no obra
documento que indique que hubo un nombramiento anterior a esa fecha de carácter
territorial o nacionalizado que permita continuar con el estudio de los demás requisitos
establecidos para el efecto, de manera tal que no es procedente acceder a las
pretensiones de la demanda.
3.6. Conclusión
70. La Sala concluye que la señora María del Socorro Lemos Ospina no probó la
vinculación del orden territorial – nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 y
ello no le permite cumplir con los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, como acertadamente lo indicó el juez de primera instancia.
4. Costas
71. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
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el criterio de interpretación mayoritario37 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
72. Siguiendo el anterior razonamiento, la Sala advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca decidió condenar en costas a la parte accionante
por resultar vencida en el trámite de primera instancia, es decir, aplicó un criterio
objetivo en la imposición de dicha condena.
73. No obstante, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte demandante haya obrado de
mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que la
accionante actuó sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el
curso del proceso en primera instancia. En consecuencia, no hay lugar a confirmar
dicha condena, por lo que se revocará.
74. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 28 de abril de 2023, que negó las pretensiones de la demanda, salvo la
condena en costas, que se revoca.
Segundo. Sin condena en costas en las dos instancias.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Demandante: María del Socorro Lemos Ospina
Demandada: UGPP
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
18
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