Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01042-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01042-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-01042-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01042-01 (0716-2023)
Demandante: Libardo Arcenio Hurtado Sánchez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1, Sociedad
de Desarrollo Agropecuario SA2 y Sociedad Fiduciaria Popular
SA3, últimas dos integrantes del Consorcio de Remanentes de
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, el cual a su vez
actúa como administrador y vocero del Patrimonio Autónomo
de Remanentes de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones4
Tema: Reliquidación pensión de jubilación Ley 33 de 1985. Falta de
jurisdicción
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Libardo Arcenio Hurtado Sánchez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5, en
orden a que se declarara la nulidad de los oficios SP-AP-11246-20553 y PARDS-
1 En lo que sigue UGPP.
2 En lo sucesivo Fiduagraria S.A.
3 En adelante Fiduciar S.A.
4 En lo sucesivo PAR Telecom.
5 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2015-01042-01 (0716-2023)
Demandante: Libardo Arcenio Hurtado Sánchez
42798-12 del 20 de noviembre de 2012, expedidos por la Caja de Previsión Social
de Comunicaciones6, hoy UGPP, y el PAR Telecom, respectivamente, por medio
de los cuales se le negó la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión
de todos los factores salariales devengados durante el último año de labores en la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones7.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los
factores salariales, legales y extralegales, devengados en el último año de servicio
en Telecom; ii) la actualización de las sumas que resultaren de la condena, de
acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC); iii) el reconocimiento de los
intereses moratorios y comerciales a los que haya lugar; y iv) la condena en costas
a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Libardo Arcenio Hurtado Sánchez nació el 22 de mayo de 1952 y laboró al
servicio de Telecom entre le 1º de mayo de 1974 y el 31 de marzo de 1995.
3.2. Sobre los factores salariales que percibió se le realizaron los descuentos
respectivos con destino a Caprecom, la que era la encargada de la seguridad social
de los trabajadores de las comunicaciones.
3.3. A través de la Resolución 1256 del 17 de junio de 2008, Caprecom le
reconoció la pensión de jubilación en consideración al cumplimiento de los
requisitos de la Ley 33 de 1985, efectiva a partir del 22 de mayo de 2007.
3.4. En la base de liquidación de la pensión de jubilación no se incluyeron todos
los factores salariales legales y extralegales percibidos en el último año de servicio
en Telecom, sino únicamente los enlistados en el artículo 1 del Decreto 1158 de
1994.
3.5. Mediante escritos del 23 de octubre de 2012, solicitó a Caprecom y al PAR
Telecom la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad
de los factores salariales devengados en el último año de servicio; sin embargo,
fue negada por las entidades a través de los oficios SP-AP-11246-20553 y PARDS-
42798-12 del 20 de noviembre de 2012, respectivamente.
6 En lo sucesivo Caprecom.
7 En lo que sigue Telecom.
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Demandante: Libardo Arcenio Hurtado Sánchez
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4.Como tales, se señalaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; la Ley
33 de 1985; y los decretos 2200 de 1987; 2201 de 1987; 2123 de 1992; y 666 de
1993.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente8:
5.1. Al ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, se
desconoció que su pensión de jubilación debía ser reconocida de conformidad con
la Ley 33 de 1985, aplicada en su integridad, según la cual la prestación tenía que
ser liquidada con el 75% de todos los factores salariales (legales y extralegales)
percibidos en el último año de servicio.
5.2. Lo anterior, en consideración de la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 4 de agosto de 2010, en la que se fijaron los parámetros para establecer
los factores que constituyen salario, es decir los devengados por el trabajador de
manera habitual y periódica durante su último año de servicio.
5.3. Por lo tanto, al haber percibido durante su último año de servicio otros
emolumentos, además de los tenidos en cuenta para la liquidación, le asiste el
derecho a que su pensión sea reliquidada con la inclusión de todos los factores
salariales devengados durante dicho periodo.
5.4. El derecho a la igualdad se vulneró, toda vez que existieron reconocimientos
de pensiones de jubilación a favor de sus compañeros de trabajo, en sus mismas
condiciones, en los que se incluyeron todos los factores de salario devengados en
el último año de servicio para la liquidación de la prestación.
5.5. El cambio de régimen de Telecom, en nada afectó su derecho al
reconocimiento pensional en su calidad de empleado público.
1.2. Contestaciones de la demanda
6. La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en los
siguientes argumentos9:
8 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 27, actuación «Expediente digital»,
documento «8_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE20150104(.pdf) NroActua 27», folios 110 a
115.
9 Ibidem, folios 226 a 232.
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Demandante: Libardo Arcenio Hurtado Sánchez
6.1. No es posible acceder a la solicitud de reliquidación solicitada por el actor,
toda vez que al momento del reconocimiento de su pensión de jubilación se tuvo
en cuenta todos y cada uno de los factores salariales a que tenía derecho de
conformidad con las normas vigentes aplicables, los cuales se encuentran
dispuestos de forma taxativa
6.2. Acceder a la reliquidación pedida atentaría en contra de los recursos de la
nación, los cuales deben ser utilizados de manera racional, proporcional y en busca
de un alcance beneficioso por igual a todos aquellos que esperan ver cumplido su
anhelo de contar con uno ingreso seguro luego de haber cumplido su ciclo laboral.
6.3. Propuso la excepción de falta de jurisdicción al considerar que el estudio del
asunto le corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, pues el actor tenía la
calidad de trabajador oficial. Asimismo, las de i) subrogación legal; ii)
compensación; iii) inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no
debido; iv) ausencia de vicios en los actos demandados; y v) prescripción.
7.El PAR Telecom se opuso a las súplicas de la demanda bajo las siguientes
consideraciones10:
7.1. El precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, especialmente el
de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, precisó que la pensión de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 debe ser liquidada
conforme con las reglas previstas en los artículos 36 o 21 ibidem, según sea el
caso, y con la inclusión de los factores indicados en el Decreto 1158 de 1994, y
con los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto del régimen anterior.
7.2. Así las cosas, el demandante al estar cobijado por el régimen de transición,
tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo
de servicio y monto previstas en la Ley 33 de 1985, salvo en lo que tiene que ver
con el IBL, el cual se encuentra regulado en el artículo 36 o 21 de la Ley 100 de
1993 y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
7.3. Propuso la excepción de falta de jurisdicción, puesto que el actor poseía la
calidad de trabajador oficial y por lo tanto la competencia es de la jurisdicción
ordinaria laboral. También, las de i) imposibilidad para proferir sentencia de fondo
contra el consorcio remanentes Telecom; ii) inexistencia de la obligación; iii) buena
fe; iv) prescripción de la acción en cuanto atañe al patrimonio autónomo de
remanentes PAR; v) compensación; vi) pago; y vii) legalidad del Decreto 2123 de
1992.
10 Ibidem, folios 284 a 295.
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1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 16 de septiembre
de 2022 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas
a la parte vencida. Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente11:
8.1. Es improcedente la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión
de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio,
puesto que la liquidación de las pensiones reconocidas según la Ley 33 de 1985,
en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, se debe calcular con los
factores cotizados enlistados en el Decreto 1158 de 1994, tal y como lo consideró
la Sección Segunda del Consejo en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, dentro del expediente 4403-2013.
8.2. En ese orden, al haberse reconocido al demandante la pensión de jubilación
con la inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 sobre lo que
efectivamente efectuó cotizaciones, se establece que la liquidación de la
prestación se ajustó a derecho.
8.3. No hay lugar a la condena en costas, toda vez la entidad demandada no
demostró o acreditó la ocurrencia de gastos en la instancia, en consideración a lo
previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso12.
1.4. El recurso de apelación
8.4. Libardo Arcenio Hurtado Sánchez interpuso recurso de apelación con
fundamento en que el a quo desconoció que la pensión de jubilación debía ser
liquidada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, es decir con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicio, periodo en el que percibió, además de los emolumentos ya incluidos en
la liquidación de la prestación, otros legales y extralegales sobre los cuales se
efectuaron aportes y que, por ello, debieron ser incluidos en el Ingreso Base de
Liquidación13.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
11 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 41, actuación «Sentencia de primera
instancia», documento «20_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 41».
12 En lo que sigue CGP.
13 Ibidem, índice 44, actuación «Apelación de Sentencia», documento
«23_APELACIONDESENTENCIA_RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 44».
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9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar; no obstante, la UGPP lo hizo
en donde reiteró sus argumentos de las instancias procesales anteriores14.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
11. Antes de abordar el fondo de la controversia, esta Subsección encuentra
necesario examinar si en el presente asunto se configura la excepción de falta de
jurisdicción y si, como consecuencia de ello, se presenta la causal de nulidad
prevista en el numeral 1 del artículo 133 del Código General del Proceso15.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre la causal de nulidad originada en la falta de jurisdicción
12. El artículo 16 del CGP dispuso que la jurisdicción es improrrogable. En efecto,
la norma establece lo siguiente:
«Artículo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. La
jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son
improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de
jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado
conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el
proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la
declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo» (Se resalta).
13. A su vez, el artículo 133, numeral 1, ibidem estableció entre las causales de
nulidad del proceso aquella que se produce «cuando el juez actúe en el proceso
después de declarar la falta de jurisdicción o competencia».
14. De acuerdo con lo expuesto, una vez determinada la falta de jurisdicción el juez
no puede seguir adelante con el trámite del proceso y le corresponde enviarlo al
competente. Esta causal de nulidad es insaneable, tal como lo determinó la Corte
14 Samai, índice 9 actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«8_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 9».
15 En lo que sigue CGP.
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Constitucional en la sentencia C-537 de 2016 al examinar la constitucionalidad del
artículo 16 del CGP, en la que indicó lo siguiente:
«En desarrollo de esta competencia, mediante la Ley 1564 de 2012, Código General
del Proceso, el legislador estableció el régimen de las nulidades procesales en los
procesos que se rigen por este Código y dispuso que la falta de jurisdicción y la
incompetencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables (artículo 16),
es decir, que la nulidad que su desconocimiento genera, es insaneable.
Implícitamente dispuso, por consiguiente, que la incompetencia por los otros factores
de atribución de la competencia, como el objetivo, el territorial y el de conexidad, sí es
prorrogable y el vicio es entonces saneable, si no es oportunamente alegado. En los
términos utilizados por el legislador, la prorrogabilidad de la competencia significa que,
a pesar de no ser el juez competente, el vicio es considerado subsanable por el
legislador y el juez podrá válidamente dictar sentencia, si la parte no alegó
oportunamente el vicio. En este sentido, la determinación de las formas propias del
juicio por parte del legislador consistió en establecer una primera diferencia: la asunción
de competencia por un juez sin estar de acuerdo con lo dispuesto por los factores
objetivo, territorial y por conexidad, le permite al juez prorrogar o extender no obstante
su competencia y, por lo tanto, este hecho no genera nulidad de la sentencia dictada
por el juez, si el vicio no fue alegado, mientras que, la asunción de competencia con
desconocimiento de la competencia de la jurisdicción y de los factores subjetivo
y funcional, sí genera necesariamente nulidad de la sentencia» (se resalta).
15. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA la
jurisdicción contenciosa conoce, además de lo previsto en la Constitución Política
y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos sujetos al
derecho administrativo en los que se encuentren involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa; de las
controversias que surjan entre los servidores públicos sujetos a una relación legal
y reglamentaria con el Estado, y de aquellas relativas a la seguridad social de estos
con una administradora de derecho público.
16. A su vez, el numeral 4 del artículo 105 ibidem señala como excepción a la
aplicación de la citada regla que «(l)a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no
conocerá de (…) (l)os conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades
públicas y sus trabajadores oficiales» (se resalta).
17. Se advierte de lo anterior que los conflictos derivados de la relación de
trabajadores oficiales deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria laboral,
puesto que el criterio que fija la competencia no es el acto administrativo que define
la situación reclamada, sino la naturaleza jurídica de la vinculación laboral
pretendida. En similares términos se pronunció esta corporación16, al precisar lo
siguiente:
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 21 de febrero de 2019, radicado
76001-23-33-000-2015-00968-01 (1290- 2017), M. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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«La competencia que por ley le corresponden a las diferentes jurisdicciones, se
establece atendiendo los criterios i) orgánico, de acuerdo a la naturaleza jurídica de la
entidad en la que se prestan los servicios; ii) funcional, es decir, se sujeta a la naturaleza
de las funciones que le corresponde cumplir17 y iii) en materia laboral administrativa
entra en juego un tercer factor y es el tipo de vinculación del servidor público, por el
cual a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le está atribuido el conocimiento
de los asuntos que, en ese tema se susciten entre el Estado y quienes mantienen con
él una relación legal y reglamentaria, como lo dispone el artículo 104 numeral 4.º del
CAPACA (sic).
Lo anterior quiere decir que si se trata de un trabajador oficial, se debe ejercer la
acción laboral ante la jurisdicción ordinaria del trabajo, pero si el asunto en
discusión es sobre el vínculo de un empleado público, debe conocer la jurisdicción de
lo contencioso administrativo». (Resalta la Sala).
18. Por su parte, el artículo 2, numeral 1, de la Ley 712 de 2001 «(p)or el cual se
reforma el Código Procesal del Trabajo» indicó que a la jurisdicción ordinaria le
corresponde asumir «(l)os conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente
en el contrato de trabajo».
2.2.2. En torno a la calidad de empleado público o trabajador oficial
19. De acuerdo con lo expuesto y a efectos de establecer la competencia de esta
jurisdicción para dirimir los conflictos que se presenten ante ella, el juez debe
analizar la naturaleza jurídica del empleo que ocupaba el trabajador.
20. Al respecto, valga señalar que el carácter de empleado público o trabajador
oficial se adquiere de acuerdo con los criterios orgánico, funcional y estatutario,
esto es, la entidad en la que se presta el servicio, las funciones que desempeña el
trabajador y las disposiciones contenidas en los estatutos de la entidad.
21. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la sola forma
de vinculación no es razón suficiente para determinar si una persona puede ser
considerada como empleado público o trabajador oficial, y que se hace necesario
analizar si se cumplen los criterios mencionados. Sobre el particular señaló lo
siguiente18:
«Según lo anterior, la legislación previó un concepto general para referirse a los
servidores públicos, indistintamente si se trata de empleados públicos o trabajadores
oficiales, como es la denominación empleado oficial, tal y como lo reguló el artículo 1.º
del Decreto 1848 de 1969. Respecto a las definiciones de empleado público y
17 Dueñas Quevedo Clara Cecilia, Derecho Administrativo Laboral, editorial Ibáñez segunda
reimpresión 2013, Pagina 64 y ss.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 28 de mayo de 2020, radicado
47001-23-33-000-2015-00108-01(1956-17), M.P. William Hernández Gómez.
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trabajador oficial, la norma en cita reproduce prácticamente en su integridad el artículo
5 del Decreto Ley 3135 de 1968.
De modo tal que para diferenciar al empleado público del trabajador oficial se debe
recurrir al criterio orgánico y funcional. Ello porque en el caso de que la entidad
empleadora sea un ministerio, departamento administrativo, superintendencia y
establecimiento público (criterio orgánico) se infiere que se trata de empleado público,
salvo, se reitera, si se dedica a actividades de construcción y mantenimiento de obras
públicas (criterio funcional).
Dicha regla también funciona en el caso de las empresas industriales y comerciales del
Estado y las sociedades de economía mixta (criterio orgánico) que por regla general
están compuestas principalmente por trabajadores oficiales y en cargos de dirección y
confianza por empleados públicos (criterio funcional).
De igual forma, se precisa que la forma de vinculación de uno y otro es diferente, por
cuanto el empleado público se une al Estado mediante una relación legal y
reglamentaria mientras que los trabajadores oficiales lo hacen a través de contrato de
trabajo».
22. En tal sentido, corresponde analizar la normativa que rige la materia a efectos
de establecer la calidad del trabajador en torno a los criterios señalados
previamente.
23. Así, el Decreto 3135 de 1968 «(p)or el cual se prevé la integración de la seguridad
social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales» dispuso lo siguiente:
«Artículo 5 Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que presten sus
servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la
construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los
estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser
desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.19
Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y
comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de
dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos» (se
resalta).
24. De la norma transcrita se derivan los tres criterios reseñados: i) el orgánico, en
tanto indica que la clasificación en uno u otro responde a la naturaleza jurídica de
la entidad; ii) el funcional pues tiene en consideración las labores que desempeña
el trabajador; y iii) el estatutario, en tanto permite que a través de estos
instrumentos internos la entidad indique las actividades que pueden ser
19 Texto subrayado declarado inexequible mediante Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.
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desempeñadas por empleados públicos.
25. Así las cosas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del aludido Decreto
3135, toda persona que preste sus servicios en entidades públicas como
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos
públicos, sin importar el orden territorial al que pertenezcan, es decir, si son
entidades de carácter nacional, departamental, municipal o distrital es, por regla
general, empleado público.
26. Empero, los trabajadores oficiales son: i) las personas dedicadas a las
actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas, y ii) por regla
general, quienes trabajan en las empresas industriales y comerciales del Estado,
excepto por aquellos que desempeñen funciones de dirección o confianza.
2.3. Caso concreto
27. Una vez analizada la situación fáctica planteada en el sub judice esta
Subsección encuentra necesario abordar el análisis de los criterios orgánico,
funcional y estatutario, que permitirá definir si Libardo Arcenio Hurtado Sánchez
tenía la condición de trabajador oficial o de empleado público, para así determinar
si esta jurisdicción es a la que le corresponde dirimir el conflicto suscitado y abordar
el análisis de la legalidad de los actos demandados.
2.3.1. Criterio orgánico
28. Antes de la expedición del Decreto 2123 de 199220, proferido en ejercicio de las
facultades otorgadas al gobierno por el artículo 20 transitorio de la Constitución
Política21, Telecom tenía el carácter de establecimiento público descentralizado del
orden nacional. En el artículo 1 del referido decreto se dispuso lo siguiente:
«Reestructúrase en una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, a la Empresa
de Telecomunicaciones -TELECOM- creada y organizada por las leyes 6a. de 1943 y
83 de 1945, y los Decretos 1684 de 1947, 1233 de 1950, 1184 de 1954, 1635 de 1960
y 3267 de 1963, vinculada al Ministerio de Comunicaciones a la cual, salvo lo dispuesto
20 «Por el cual se reestructura la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -TELECOM».
21 «Artículo transitorio 20. El Gobierno Nacional, durante el término de dieciocho meses contados a
partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y
recomendaciones de una Comisión conformada por tres expertos en Administración Pública o
Derecho Administrativo designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el
Gobierno Nacional y uno en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá,
fusionará o reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con
el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en
especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece».
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en el presente Decreto, para todos los efectos le serán aplicables las disposiciones que
regulan el régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado».
29. La transformación de Telecom en empresa industrial y comercial del Estado
llevó a la modificación, entre otras, de la naturaleza jurídica de la relación de trabajo
con sus servidores y de su régimen laboral, por lo que es preciso tener en cuenta
que por regla general sus servidores son trabajadores oficiales y excepcionalmente
empleados públicos.
30. Conforme con lo anterior y en consideración con la preceptiva del artículo 5 del
Decreto 3135 de 196822, en el sentido de que los estatutos de dichas empresas
precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por
personas que tengan la calidad de empleados públicos, en el artículo 5 del Decreto
2123 de 1992 se dispuso:
«Régimen de los Empleados. En los estatutos internos de la empresa se determinarán
los cargos que serán desempeñados por empleados públicos; en todo caso quienes
desempeñen las funciones de Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Director
de Oficina, Director del Instituto Tecnológico de Capacitación ITEC, Gerente de
Servicio, Gerente Regional, Asistente y Jefe de la División tendrán la calidad de
empleados públicos, los demás funcionarios vinculados a la planta de personal a la
fecha de reestructuración de la Empresa pasarán a ser automáticamente trabajadores
oficiales».
31. Fue así como en el artículo 29 de los estatutos de la empresa, adoptados por la
junta directiva y aprobados según el Decreto 666 del 5 de abril de 1993 23, se hizo
la clasificación ordenada en la norma transcrita. Dicho artículo dispuso:
«Artículo 29. Clasificación. Las personas que presten sus servicios a la Empresa, son
trabajadores oficiales; sin embargo quienes desempeñen funciones de: Presidente,
Vicepresidente, Secretario General, Director de Oficina, Director del Instituto
Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones, ITEC, Gerente de Servicios, Gerente
Regional, Asistente y Jefe de División tendrán la calidad de empleado público».
32. Así las cosas, el cambio de la naturaleza jurídica de la empresa significó que,
con excepción de los servidores clasificados como empleados públicos, los
restantes adquirieron de manera automática la calidad de trabajadores oficiales.
33. Es importante precisar que Libardo Arcenio Hurtado Sánchez estuvo vinculado
en Telecom en el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 1974 y el 31 de
marzo de 1995, y para la fecha en que se produjo su retiro se desempeñaba como
22 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y
se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
23 «Por el cual se aprueban los Estatutos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones,
Telecom».
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Demandante: Libardo Arcenio Hurtado Sánchez
jefe de reparto24. De acuerdo con lo anterior, cuando Telecom se transformó en
una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, el demandante
ocupaba un cargo de aquellos que no fueron clasificados como empleados
públicos, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto
2123 de 1992, de manera automática adquirió la calidad de trabajador oficial.
2.3.2. Criterio funcional
34. LibardoArcenio Hurtado Sánchez prestó sus servicios a Telecom como
mensajero II entre el 1º de mayo y 15 de agosto de 1074 y como jefe de reparto
entre el 16 de agosto de ese año y el 31 de marzo de 199525, cargos que
pertenecían a la escala administrativa operativa, como lo establecía el Decreto 290
de 199226.
35. Al respecto, se observa que los cargos que ocupó al servicio de Telecom, de
conformidad con lo previsto en los artículos 5 del Decreto 2123 de 1992 y 29 de
los estatutos de la empresa, adoptados por la junta directiva y aprobados a través
del Decreto 666 de abril 5 de 1993, no le otorgaban la condición de empleado
público, sino la de trabajador oficial.
36. Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que el desempeño de dichos cargos no
comporta la toma de decisiones de carácter definitivo o el señalamiento de
directrices o políticas, ni corresponde a la más alta jerarquía de la institución que
permita concluir que se trataba de un empleo de dirección, confianza y manejo.
37. En efecto, se ha considerado que quienes ejercen estos empleos, representan
con sus actos al empleador y, en tal medida, cuentan con facultades de mando y
administración y están dotados de poder discrecional y autodecisión. Esto es, el
servidor desempeña funciones de especial responsabilidad pues dirige o
direcciona la organización interna de la entidad.
38. Así las cosas, a juicio de la Sala, los empleos de mensajero II y jefe de reparto
no pueden ser considerados de confianza y manejo, y mal podría decirse que en
este caso lo era para desconocer la condición de trabajador oficial que lo cobijaba,
24 Según la certificación del 9 de abril de 2014 de la Coordinación Financiera del PAR Telecom, el
certificado de información laboral del 9 de abril de 2014. Samai Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, índice 27, actuación «Expediente digital», documento
«8_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTE20150104(.pdf) NroActua 27», folios 69 a 71.
25 De conformidad con el certificado de información laboral del 5 de abril de 2014, Samai, folio 2,
documento «6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1(.ZIP) NroActua 2, 001Carpeta1 2», folios 85
y 86.
26 «Por el cual se aprueba la Resolución número JD-0115 de diciembre 12 de 1991, que modifica
la Planta de Personal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom».
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pues no se demostró que las funciones atribuidas fueran consideradas como tal,
para excluirlas de la clasificación general de los servidores que, en virtud de la ley,
prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado,
quienes por regla general tienen la naturaleza de trabajadores oficiales.
2.3.3. Criterio estatutario
39. Ahora bien, de acuerdo con el inciso 3 del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968
los estatutos de las empresas industriales y comerciales del Estado «precisarán qué
actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan
la calidad de empleados públicos». Sin embargo, los estatutos deben señalar de
manera expresa que el cargo sería desempeñado por un empleado público.
40. Al respecto, tal y como se expuso en líneas anteriores, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 29 de los estatutos de Telecom, adoptados por la junta
directiva y aprobados según Decreto 666 de abril 5 de 1993, quienes desempeñen
los cargos de presidente, vicepresidente, secretario general, director de oficina,
director del instituto tecnológico de electrónica y comunicaciones, ITEC, gerente
de servicios, gerente regional, asistente y jefe de división serían empleados
públicos, los demás pasarían a ser trabajadores oficiales.
41. En este punto, resulta necesario precisar que el cargo de jefe de división es
diferente al del jefe de reparto, tal y como se advierte del Decreto 290 de 1992,
pues el primero pertenece al nivel ejecutivo asesor y el segundo, como ya se dijo,
a la escala administrativa operativa.
42. De lo expuesto, esta Subsección encuentra que quienes desempeñaban los
cargos de mensajero II y jefe de reparto no tenían la calidad de empleos públicos,
pues no se encontraban dentro de esa clasificación, establecida de manera
expresa dentro de los estatutos de la entidad.
43. Por todo lo analizado, es claro que a partir de la vigencia del Decreto 2123 del
31 de diciembre de 1992, que produjo la reestructuración de Telecom, de un
establecimiento público a una empresa industrial y comercial del Estado del orden
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital
independiente, el demandante dejó de ser un empleado público para convertirse
en trabajador oficial, calidad que ostentó hasta la fecha de su retiro del servicio, el
31 de marzo de 1995.
44. Bajo ese contexto, no es dable para la Sala continuar con el trámite del presente
proceso, en la medida en que se configuró la excepción de falta de jurisdicción de
que trata el numeral 1 del artículo 133 del CGP, cuya nulidad es insaneable según
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lo preceptúa el artículo 16 ibidem.
45. Ahora, si bien se discute la legalidad de unos actos administrativos, este solo
hecho no implica que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo sea la que
deba conocer del proceso, pues se discute la reliquidación de una pensión de
jubilación de quien trabajó al servicio de una empresa industrial y comercial del
Estado, cuyo cargo no se encontraba dentro de los catalogados como empleos
públicos, sino como el de un trabajador oficial.
46. Por lo anterior, se ordenará la remisión del expediente a los juzgados laborales
del circuito de Cali, con el fin de que este asunto se someta al respectivo reparto,
por ser los despachos competentes para su conocimiento en primera instancia.
3. Conclusión
47. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que en el sub lite se plantea
una discusión sobre la reliquidación de una pensión de jubilación de una persona
que laboraba al servicio de una empresa industrial y comercial del Estado, cuyo
cargo no estaba clasificado como aquellos que eran desempeñados por empleos
públicos, sino por trabajadores oficiales; de manera que, por mandato del numeral
4 del artículo 105 del CPACA, no es de conocimiento de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.
48. En consecuencia, se declarará la nulidad de la sentencia proferida el 16 de
septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó
las súplicas de la demanda y en su lugar se declarará probada la excepción de
falta de jurisdicción y competencia.
49. Las pruebas practicadas en esta jurisdicción conservarán su validez y tendrán
eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirlas, en los
términos descritos en el artículo 138 del CGP.
50. Por lo anterior, y tal como lo dispone el artículo 168 del CPACA, se ordenará la
remisión del expediente a los juzgados laborales del circuito de Cali, con el fin de
que este asunto se someta al respectivo reparto, por ser los competentes en tanto
que el demandante prestó sus servicios en Telecom en la dependencia División
Técnico-Operativa de la regional Valle del Cauca27.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
27 Samai, índice 2, documento 6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1(.ZIP) NroActua 2,
001Carpeta1 2, archivo 2, folio 84.
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Demandante: Libardo Arcenio Hurtado Sánchez
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la nulidad de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la
demanda en el proceso promovido por Libardo Arcenio Hurtado Sánchez en contra
la UGPP, Fiduagraria SA y Fiduciar SA. En su lugar se dispone:
Declarar probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia para
conocer de la demanda presentada por Libardo Arcenio Hurtado Sánchez, de
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
Segundo. Las pruebas practicadas en esta jurisdicción conservarán su validez y
tendrán eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirlas, en los
términos descritos en el artículo 138 del CGP.
Tercero. Por secretaría de la Sección, enviar el expediente a los juzgados
laborales del circuito de Cali para que avoquen conocimiento del presente proceso.
Cuarto. Dejar las anotaciones respectivas en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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