Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01196-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01196-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-01196-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
Demandante: Florencio Cándelo Estacio
Demandado: Universidad del Pacífico.
Temas: Reintegro.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 31 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Florencio Cándelo Estacio, instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución Superior 004 del 13 de abril de 2015 por
medio de la cual se ordenó su remoción del cargo de Rector de la Universidad del
Pacífico.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene reintegrarlo al cargo que
ocupaba y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde
la fecha del retiro y hasta el retorno efectivo a las labores y, que se compulsen
copias a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura, a
la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República
para que adelanten las investigaciones correspondientes, acorde con sus
competencias.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
Que en Resolución No. 003 del 11 de mayo de 2011 fue designado Rector de la
Universidad del Pacífico para el periodo comprendido entre el 1º de junio de 2011
y el 31 de mayo de 2015.
Que una coalición mayoritaria del Consejo Superior de la Universidad, con el objeto
de hacerse del control administrativo de la misma, adelantó maniobras tendientes
a la separación de su cargo, entre estas el inicio de proceso disciplinario.
Que mediante Resolución No. 05 del 21 de noviembre de 2014, el Consejo Superior
de la Universidad decidió removerlo del cargo de rector, con 5 votos positivos de 7
y contrariando la advertencia realizada por la Ministra de Educación Nacional, la
Ley General y el parágrafo 2º del artículo 58 del Acuerdo Superior 01 de 2009.
Que en el mes de diciembre de 2014 la Presidenta del Consejo Superior delegada
por la Ministra de Educación Nacional, insistió y puso de presente que la decisión
adoptada contraría las disposiciones antes enunciadas, teniendo en cuenta que el
rector se encontraba ilegalmente suspendido desde el día 9 de octubre de 2014 y
hasta el 9 de enero de 2015.
Que mediante Resolución No. 007 del 19 de diciembre de 2014, el Consejo Superior
modificó el artículo 3º de la Resolución No. 05 de 2014, indicando que la vigencia
de la remoción sería a partir del 10 de enero de 2015, esto es, le dio efectos hacia
futuro a un acto particular y concreto.
Que por Resolución No. 01 del 11 de febrero de 2015, el mismo ente colegiado
permitió el retorno del demandante a su cargo, para lo cual, revocó las
Resoluciones No. 005 y 007 de 2014.
Que la decisión de suspensión provisional fue también revocada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
Que el 19 de marzo de 2015 se reunió el Consejo en cita para designar rector
encargado hasta tanto se profiriera sentencia de segunda instancia o se designara
rector en propiedad y máximo por el término de 90 días; ello, contrariando la
normatividad interna contenida en el Acuerdo 014 de 2015.
Que en Resolución No. 004 del 13 de abril de 2015, se revocó la Resolución No.
01 del 11 de febrero de esa anualidad.
Que, en esa misma fecha, se reunieron 4 personas, 3 de ellas aun con investidura
de Consejeros Superiores y profirieron 2 actos administrativos: I) Resolución 03 de
2015 por medio de la cual ratifican la designación en encargo del rector de la
Universidad de Pacífico y II) Resolución No. 04 de 2015, antes descritas; decisiones
que desconocen la normatividad que rige sobre la materia.
2
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas el preámbulo y los artículos 1, 6, 25, 29, 68, 69
y 209 de la Constitución Política de Colombia; Acuerdo 014 de 2005 o Estatuto
General; Ley 1474 de 2011; Ley 190 de 1995; Ley 734 de 2002; Ley 1437 de 2011
y, artículos 3, 28, 29, 65, 75, 79, y 109 de la Ley 30 de 1992.
Expresó que el acto acusado infringió las normas en que debería fundarse; fue
expedido en forma irregular; violó el derecho de audiencia y de defensa, y se
encuentra viciado por falsa motivación y desviación de las atribuciones propias del
funcionario o corporación que lo emitió.
Que no es el resultado de un proceso administrativo serio y coherente, pues se trató
de una decisión administrativa aplicada a un funcionario de libre nombramiento y
remoción; siendo que esa decisión de remoción es una sanción disciplinaria, donde
no se garantizó el debido proceso del interesado y, respondió a un querer de la
mayoría del Consejo Superior de la Universidad. Esto es, no se profirió atendiendo
a los fines de un buen servicio.
Que su motivación es apenas aparente, pues se limitó a señalar apartes normativos
relacionados con la autonomía universitaria, sin indicar en forma concreta las
razones que justifican la remoción del cargo.
Que en la expedición del acto existieron otro tipo de irregularidades que “tal vez
podría considerarse como faltas penales y disciplinarias de quienes intervinieron en
su conformación”.
Que se violó el principio de inmutabilidad, en tanto la eventual desaparición del acto
administrativo por vía de revocatoria, debía contar con el consentimiento expreso
del titular.
Que la Universidad sabía y reconocía que el demandante no era funcionario de libre
nombramiento y remoción, sino de periodo fijo, por lo tanto, no era posible su
remoción sin un procedimiento reglado; con lo cual se vulneró la prohibición de
expedir sanciones de plano.
Que, también, se desconocieron los principios de irretroactividad y legalidad y, se
violentó el debido proceso.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
En auto del 25 de noviembre de 2015, el Tribunal rechazó la demanda por
caducidad de la acción; decisión que fue objeto de recurso de apelación en
providencia del 22 de marzo de 2018, fue revocada, consecuente con lo cual,
mediante auto del 21 de septiembre de 2018, se admitió aquella.
3
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
La Universidad del Pacífico, no contestó la demanda 1.
El 12 de febrero de 2020 se realizó la audiencia inicial y, en auto del 20 de octubre
de 2021 se cerró la etapa probatoria, se prescindió de la audiencia de alegaciones
y se corrió traslado a las partes para los mismos fines.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
En Sentencia del 31 de enero de 2022 2, el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca negó las pretensiones y ordenó a la parte actora reconocer y pagar a favor
de la demandada las expensas y gastos y, fijó agencias en derecho.
Con sustento de lo anterior, se afirmó que el cargo ocupado por el demandante era
de libre nombramiento y remoción y, por tanto, no era obligatorio que el acto
acusado fuera motivado, por lo que no encontró demostrado que el mismo se
encontrara viciado por falsa motivación y desviación de poder.
Que la decisión de retiro no fue el resultado de un proceso disciplinario, y en tal
sentido, no tenía la obligación de otorgar al actor la posibilidad de materializar su
derecho de defensa y contradicción, aportando pruebas y ejerciendo los recursos
procedentes contra él.
Que no desconoce que en contra del señor Florencio Cándelo se adelantó un
proceso disciplinario por parte del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico,
pero se acreditó que, por falta de garantías procesales, el asunto fue remitido a la
Procuraduría General de la Nación y, por ello, no entiende por qué se sigue
insistiendo en la existencia de vicio en el trámite disciplinario cuando lo
verdaderamente importante es comprobar si el cuerpo colegiado en cita, es el
competente para declarar su retiro.
Que, dada la naturaleza del cargo del demandante, no es posible afirmar que existió
una falsa motivación, por no haberse señalado las razones de índole fáctico que
llevaron a su remoción.
Que no se demostró el desmejoramiento del servicio alegado; tampoco las
irregularidades que podrían comportar faltas penales y disciplinarias, en tanto no
se aportaron pruebas en tal sentido.
Que la norma que regula la materia prohíbe revocar sin consentimiento expreso del
titular los actos administrativos que crean o modifican una situación de carácter
particular o reconocen un derecho de igual categoría, aunque en el caso, los actos
administrativos no crearon ningún derecho para el demandante, por el contrario, lo
removieron del cargo y, en ese sentido, no era necesario contar con su
1
Ver nota secretarial obrante a folio 226 del expediente.
2
Notificado el 18 de febrero de 2022 a la parte demandada y el 5 de abril de 2022 a la parte demandante.
4
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
aquiescencia para su revocatoria.
Que no se demostró que el rector entrante no cumplía con los requisitos para
ocupar el cargo, ni tampoco que la prestación del servicio hubiera sufrido mengua
con posterioridad a su ingreso.
Que, conforme lo establecido en el artículo 365 del CGP en concordancia con el
188 del CPACA, es procedente la imposición de costas y agencias en derecho
contra la parte vencida.
EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante 3 insistió en que el señor Florencio Cándelo fue designado
como Rector de la Universidad del Pacífico por un periodo de 4 años, comprendido
entre el 1º de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2015, por lo tanto, no podía ser
removido del mismo antes de terminar su periodo “así su cargo fuera de libre
nombramiento y remoción” y, a continuación, repitió todos los argumentos
formulados en la demanda en contra del acto acusado.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
En auto del 2 de diciembre de 2022, se admitió el recurso de apelación.
Las partes y el al Agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación
guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
En el asunto se pretende la declaratoria de nulidad de la Resolución Superior 004
del 13 de abril de 2015 por medio de la cual “se resolvió la remoción del señor
Florencio Cándelo Estancio del cargo de Rector de la Universidad del Pacífico”.
El Tribunal del Valle del Cauca negó las pretensiones por considerar que el cargo
ocupado por el demandante era de libre nombramiento y remoción y por ello con el
acto demandado no se vulneró el debido proceso administrativo y tampoco, éste se
encuentra viciado por falsa motivación.
A su turno, la parte demandante en el escrito de apelación insiste en que, pese a
que el cargo ocupado por el demandante es de libre nombramiento y remoción, el
mismo, fue nombrado para un periodo fijo, por tanto, no podía ser removido.
También indicó que el acto acusado transgrede las normas en que debía fundarse;
fue expedido en forma irregular; viola el derecho de audiencia y de defensa, y se
encuentra viciado por falsa motivación y desviación de las atribuciones propias del
funcionario o corporación que lo emitió.
3
En escrito recibido el 22 de abril de 2022
5
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
En consecuencia, corresponde a la Sala determinar si el acto demandado se
encuentra viciado por las causales de nulidad indicadas, caso en el cual, deberá
revocarse la decisión de primera instancia.
De la categorización de los empleos: Formas de nombramiento y remoción /
Autonomía Universitaria:
El artículo 125 de la Constitución Política dispone lo siguiente:
“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por
la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
(…)
Parágrafo (adicionado por el artículo 6 del acto legislativo N.º 1 de 2003). Los
períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de
elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o
elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular,
lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido”.
A su turno el artículo 1.º de la Ley 909 de 2004 clasifica los empleos públicos de la
siguiente forma:
“Artículo 1.º. Objeto de la ley.
(…)
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de
la función pública los siguientes empleos públicos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales”. (Negrillas fuera del texto).
Sin embargo, el artículo 3. ° ibidem, preceptúa:
Artículo 3°. Campo de aplicación de la presente ley.
1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su
integridad a los siguientes servidores públicos:
6
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
(…)
• Al personal administrativo de las instituciones de educación superior que no
estén organizadas como entes universitarios autónomos.
(…)
2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con
carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los
rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como:
(…)
• Entes Universitarios autónomos.
(…)
Lo anterior quiere decir que es viable aplicar de manera supletoria 4 las
disposiciones de que trata la Ley 909 de 2004, siempre y cuando existan vacíos en
la normatividad que gobierna a los entes universitarios autónomos.
Ello es así, por cuanto el artículo 69 de la Constitución Política estableció que los
entes universitarios son autónomos y por ende pueden gestionar unilateralmente
los asuntos referentes a su funcionamiento; en efecto, dispuso:
“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley
establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de
todas las personas aptas a la educación superior”.
En desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 30 de 1992 que, en su artículo 28,
sobre el tema prescribe:
ARTÍCULO 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución
Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes,
seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para
el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
4
Ver en este sentido Sentencias del 16 de mayo de 2016 Radicación número: 08001-23-31-000-200700131-01(1305-15) y
del 2 de mayo de 2019 Rad. 68001-23-33-000-2014-00190-01(4142-17). Así mismo. Concepto de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del 31 de julio de 2008, Número interno: 1906. Radicación: 11001-03-06-000-2008-00043-00.
7
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
Y, en el artículo 66 se estableció:
“El rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la
universidad estatal u oficial y será designado por el consejo superior
universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los
respectivos estatutos”5
Sin embargo, la autonomía con que cuentan las Universidades Colombianas y que
las faculta para autodeterminarse en aquellas materias previstas en la Ley 30 de
1992, no las autoriza para que desatiendan los derechos y principios contenidos en
la Constitución y la Ley, ni interfieran con la órbita competencial de otras Entidades
Estatales.
Ahora, la Universidad del Pacífico fue creada como un ente universitario
autónomo por la Ley 65 de 1988.
En Acuerdo 014 del 27 de mayo de 2005, la Universidad refrendó el Estatuto
General y los reglamentos vigentes y, en el artículo 23 de documento denominado
“Estatuto General de la Universidad del Pacífico” 6 se previó:
“El Rector será designado por el Consejo Superior, mediante decisión
mayoritaria de sus miembros, para un periodo de tres años y podrá ser
reelegido”.
Mediante Resolución No. 001-2009 de julio de 2009 7 se adoptó el reglamento del
personal administrativo, que en su artículo 15 instituye que este es: 1. De libre
nombramiento y remoción; 2. De carrera administrativa; 3. Provisionales y 4.
Trabajadores Oficiales.
En el artículo 16, se indicó que son empleos de libre nombramiento y remoción los
de dirección, conducción, asesoría institucional o de especial confianza o manejo,
administración, decisión y administración sobre fondos y/o bienes; y a continuación
señaló entre los empleos de tal categoría; “2. Los clasificados en el nivel directivo
y asesor; Rector, Vicerrector, Directores, Secretario General, Director de Unidad,
Jefe de Oficina, de División y de Departamento” (Negrilla propia).
En el artículo 17, se previó la forma de provisión de los empleos de libre
5
Sobre este aparte se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia T-007/08 así: “Por lo tanto, de las consideraciones
jurisprudenciales anteriores se concluye que las universidades públicas, en ejercicio de la autonomía universitaria , están
facultadas para determinar el sistema de designación de sus miembros directivos, del personal docente y administrativo, así
como la facultad de precisar cuáles cargos son de libre nombramiento y remoción y de carrera. Se entiende que todos sus
cargos deben estar contemplados en sus estatutos, planta de personal y tener sus funciones, así como que deben estar
previstos los recursos para los gastos que ellos demanden”; esta decisión fue citada por el Consejo de Estado en fallo del 31
de agosto de 2021. Radicado 11001-03-06-000-2021-00079-00(2468).
6
Reposan además en el expediente el acuerdo por medio del cual se adopta el Estatuto del profesor universitario de la
Universidad del Pacifico (Folios 21-35) y el Acuerdo No. 005 del 8 de noviembre de 2013 “Por medio del cual se expide el
Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico y se deroga el Acuerdo No. 020 del 2005” (Folios
36-45)
7
http://www.unipacifico.edu.co:8095/unipaportal/documentos/acue0012009.pdf
8
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
nombramiento y remoción prescribiendo que “se proveerán discrecionalmente a
través de un nombramiento ordinario, para desempeñar temporalmente o a término
indefinido un cargo”.
En el artículo 56, se señaló que el Consejo Superior de la Universidad es el
competente para el reconocimiento de situaciones administrativas cuando se trata
del Rector; así mismo, en el artículo 70, se advirtió que la misma Corporación es la
titular para declarar las causales de retiro, cuando atañe al Rector.
En el artículo 57, se indicó como formas de retiro del servicio, entre otros, la “1.
Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción” …. 9. Revocatoria del nombramiento” …
En el artículo 58, se definió la insubsistencia como: “Es un acto por el cual la
Autoridad Universitaria con facultad nominadora, separa definitivamente del
servicio a un empleado. Podrán declararse insubsistentes los nombramientos de:
1. Empleos de libre nombramiento y remoción: A través de resolución, contra la cual
no procederá recurso por vía gubernativa…”. En esta misma disposición se indicó
que no podrá declararse insubsistente el nombramiento de quien se encuentre en
uso de las siguientes situaciones administrativas: reincorporación (Art. 47), permiso
por lactancia (Art. 49), comisión (Art. 51), vacaciones (Art. 54) y suspensión en el
ejercicio de funciones o suspensión del contrato de trabajo 8 (Art. 55)
Y, el artículo 66, se refirió a la revocatoria del nombramiento, y se establecieron las
circunstancias en que ello sucede, a saber: 1. Se ha cometido error en la persona;
2. La designación se efectuó por acto administrativo inadecuado, o se expidió por
autoridad administrativa incompetente; 3. El nombrado manifiesta su no aceptación
o no se posesiona dentro del plazo; 4. El acto adolece de yerros en la
denominación, clasificación o ubicación del cargo, o se efectúa el nombramiento en
un empleo existente; 5. La designación recae en un empleado incurso en
inhabilidad, incompatibilidad o interdicción en el ejercicio de funciones públicas; y
6. Se dio posesión al empleado, contraviniendo las disposiciones del Artículo 35 del
presente reglamento.
Finalmente, en el capítulo II del Acuerdo No. 011 del 22 de diciembre de 2010 9
se reguló el procedimiento para designación del Rector y concretamente en el
artículo 9 se dispuso: “El Consejo Superior designará al Rector (a) de la Universidad
con plena autonomía de la terna de candidatos que conforme dicho Consejo
Superior, de acuerdo con la reglamentación que se establezca”. Y, en el artículo 13
se indicó que el Rector ejercería su mandato durante cuatro (4) años pudiendo ser
reelegido por una sola vez.
8
Por decisión de carácter disciplinario o en cumplimiento de decisión judicial.
9
Por el cual se expide el Reglamento Electoral de la Universidad del Pacífico y se derogan los Acuerdo 003/2004, 006/2007,
007/2007, 008/2007, 009/2007, 005/2009, 003/2010 y 008/2010” (Folios 129 y ss.)
9
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
Caso Concreto:
Como restablecimiento del derecho en el asunto se persigue el reintegro del
demandante al cargo que ocupaba en la Universidad del Pacífico, el que, sin lugar
a dudas, deriva de la finalización del vínculo laboral que ostentaba como Rector.
Al respecto, lo primero que debe anotarse es que para la Sala no hay dudas que el
cargo ocupado por el demandante es de libre nombramiento y remoción, púes así
lo estableció el ente universitario, en ejercicio de su autonomía, en las disposiciones
que rigen su funcionamiento. Situación que, comporta, además, que el acto de su
desvinculación no estaba llamado a ser motivado.
Ahora, en el trámite adoptado para el caso del señor Cándelo Estacio, dicho ente
universitario expidió 3 actos administrativos que cobran especial relevancia para
efectos de dar respuesta al problema jurídico, así:
-Resolución No. 005 del 21 de noviembre de 2014 1011, en la cual el Consejo
Superior de la Universidad del Pacífico decidió removerlo del cargo de Rector
“clasificado como de libre nombramiento y remoción” en ejercicio de la facultad
discrecional, argumentándose, además, la autonomía universitaria.
-Resolución Superior 001 del 11 de febrero de 201512, por medio de la cual se
revocó la anterior, por considerar que fue expedida contrariando los estatutos de la
universidad.
-Resolución Superior No. 004 del 13 de abril de 2015 13 que, a su vez, revocó la
anterior. -acto administrativo acusado-
Advierte la Sala que las motivaciones consignadas en la Resolución Superior No.
004 de 2015 como soporte de la decisión en ella contenida, no guardan relación
directa con la finalización del vínculo laboral del demandante, sino con aspectos
procesales y procedimentales que fueron inobservados en el proceso para la
expedición de la Resolución No. 001 del 11 de febrero de 2015, que se revocó.
Así, en la parte final de las consideraciones, se anotó:
“Conforme el anterior contexto fáctico, probatorio, las consideraciones jurídicas
traídas y al análisis previo de los hechos acaecidos en la sesión del 11 de
febrero de 2015, es innegable e irrefutable que se vulneraron no sólo los
derechos fundamentales Al Debido Procesal y A la Participación del señor Konti
Bikila Lumunba Cifuentes Ortiz, como miembro del Consejo Superior de la
Universidad del Pacífico en su calidad de Representante del Sector Productivo;
10
Folios 46 y 47.
11
Modificada en Resolución No. 007 del 19 de diciembre de 2014 (Folio 48)
12
Folio 49.
13
Folios 81-86.
10
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
sino también se expidió la Resolución Superior No. 001 del 11 de febrero de
2015, violentándose las garantías que debe cumplir toda actuación
administrativa, según lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política
de Colombia (Debido Proceso). De igual manera, es incuestionable que se
desconocieron o vulneraron las disposiciones contenidas en el Régimen Legal
de Impedimento contemplado en el artículo 11 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 18 de Enero
de 2011) y el artículo 25 del Reglamento Interno del Consejo Superior de la
Universidad del Pacífico (Acuerdo No. 005 del 08 de Noviembre de 2013)”
Los argumentos que determinaron realmente el retiro del servicio del actor están
consignados en la Resolución No. 005 del 21 de noviembre de 2014; acto
administrativo que a la fecha tiene plenos efectos, en la medida que, si bien es
cierto que inicialmente fue objeto de revocatoria por parte del ente universitario -
Resolución No. 001 del 11 de febrero de 2015-; también lo es, que dicha resolución,
a su vez, fue revocada directamente en Resolución No. 004 del 13 de abril de 2015.
De la revisión de la demanda, se observa que contra dicho acto administrativo se
orientaron parte de las inconformidades del demandante en los hechos y en el
concepto de la violación.
Verbigracia, en los hechos 7 y 8 se cuestionó que la Resolución No. 005 fue
aprobada con cinco votos positivos de siete, desconociendo la ley general y el
parágrafo 2 del artículo 58 del Acuerdo Superior 01 de 2019. Seguidamente, en el
numeral 10, se debate que se hubiere modificado su vigencia, dándole efectos
hacia futuro.
En desarrollo del cargo de Falsa Motivación se detuvo la parte actora para indicar
que la motivación del acto administrativo era apenas aparente, pues se limita a
señalar apartes normativos relacionados con la autonomía universitaria, sin señalar
de manera correcta las razones que justifican la remoción del cargo; dichos
argumentos fueron vertidos en la Resolución en cita.
Y en lo que toca a la Desviación de Poder, de manera reiterativa, se dijo que las
decisiones expedidas por la administración universitaria no respetaron el debido
proceso, ni las mínimas garantías procedimentales.
Sin embargo, el acto administrativo mencionado no fue objeto de solicitud de
nulidad, lo que impide a esta Sala analizar su legalidad y tampoco, la de la
Resolución No. 001 del 11 de febrero de 2015 -que revocó aquella-, pues nunca se
demandó.
Con dicha omisión, se desconoció que las 3 manifestaciones de voluntad de la
administración constituían una unidad de contenido y de fin que debía
demandarse en forma completa, ya que, en todas, de manera concatenada se
decidió sobre la continuidad de la vinculación laboral del señor Florencio Cándelo
11
Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
Estacio.
La omisión puesta de presente, convierte la demanda en inepta por cuanto no se
estructura el presupuesto procesal de demanda en forma definido como “la carta
de navegación para el proceso, es lo que le permite al juez determinar si tiene
competencia atribuida para desatar la litis que se le propone y determinar la
procedencia de la acción en ese momento, como también delimita el objeto de la
contención, al cual la parte demandada se circunscribirá en la defensa de su
interés” 14.
Presupuesto que se satisface, cuando se verifica la concurrencia de las exigencias
del CPACA que prevén sobre el contenido de la demanda, la individualización de
las pretensiones y los anexos que deben allegarse al líbelo; y la omisión de ello,
determina que el Juez administrativo deba proferir una sentencia inhibitoria, sin que
ello implique, en manera alguna, la vulneración de los derechos fundamentales del
demandante, pues, al haberse acreditado que hubo una incorrecta individualización
del acto acusado, no otra podría ser la decisión, pues la ineptitud de la demanda
constituye un impedimento para la decisión de fondo.
No pasa por alto esta Sala que, en proveído del 22 de marzo de 2018, esta misma
Corporación, al desatar un recurso de apelación contra el auto que rechazó la
demanda por caducidad del medio de control, concluyó que el acto administrativo
que resolvió de manera definitiva la situación jurídica del demandante, fue la
Resolución No. 004 del 13 de abril de 2015; sin embargo, la finalidad de ello, fue
determinar la fecha “a partir de la cual debe hacerse el computo de caducidad para
la interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”;
más ningún análisis sobre el fondo del asunto podía realizarse en ese estadio
procesal.
Así, si bien la última resolución, dada la particular forma en que se desarrolló el
caso del demandante, fue el acto administrativo que finiquitó su situación laboral;
ello, para el asunto, adquiría una mayor relevancia desde el punto de vista
procedimental, concretamente, para garantizar el acceso a la administración de
justicia traducido en la satisfacción del presupuesto de caducidad de la acción 15
que, no para el fondo del mismo, por lo que viene expuesto.
Finalmente, pone de presente esta colegiatura que aún “cuando no hayan sido
objeto de recurso de apelación los presupuestos procesales son siempre materia
de análisis previo por el superior” 16; en la medida que se constituyen en los
requisitos mínimos para la actuación válida y regular del proceso contencioso
administrativo, pues determinan su nacimiento legítimo, su desarrollo normal y su
culminación con una sentencia, de manera que, deben ser mirados por el juez en
14
Derecho Procesal Administrativo. Juan Ángel Palacio Hincapié. 4ª Edición 2004. Página 181
15
Como se consideró en el Auto de fecha 22 de marzo de 2018.
16
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia No. 031 del 29 de noviembre de 1982. M.P. Dr. Germán
Giraldo Zuluaga.
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Radicación: 76-001-23-33-000-2015-01196-02 (6360-2022)
cualquier instancia del proceso, quien haciendo un estudio de los aspectos formales
de la misma determina su presencia, pues de no ser así, por regla general, produce
decisiones inhibitorias 17.
Por manera que la decisión que ahora se profiere, no desconoce los derechos de
defensa y contradicción de las partes, sino que responde a las exigencias
procedimentales que el legislador estableció.
Corolario a lo expuesto, deberá REVOCARSE la sentencia apelada que negó las
pretensiones, para en su lugar declarar probada la excepción de inepta demanda
por no estructurarse el presupuesto de demanda en forma.
De la Condena en Costas.
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta
realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en las
actuaciones surtidas en el trámite procesal por el extremo demandante, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que diera lugar a la condena en
costa impuesta, por lo que no se impondrán costas en esta instancia judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
17
Idea extraída de PALACIO. Hincapié. Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo. Sexta Edición. Librería Sánchez LTDA.
2006.
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FA L L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 31 de enero de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en precedencia. En
su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de ineptitud de la demanda y
en consecuencia la inhibición para decidir de fondo el asunto traído a la instancia
judicial.
SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
14
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