Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01265-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01265-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-01265-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
31 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
Demandado: Universidad del Valle
Temas: Nivelación salarial de empleados públicos frente a trabajadores
oficiales que ejercen la misma plaza de vigilantes.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, los señores Jorge Enrique Bastos Carillo y otros,
formularon demanda en orden a que se declare la nulidad de los siguientes oficios:
i) 0030.0031.1590.2015 de marzo de 2015 (Jorge Enrique Bastos Carillo); ii)
0030.0031.1639.2015 de marzo de 2015 (Juan Carlos Lenis Vargas); iii)
0030.0031.1635.2015 de marzo de 2015 (Wilson Pai Rubiano); iv)
0030.0031.1602.2015 de marzo de 2015 (José Hernan Guzmán Serrano); v)
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
0030.0031.1589.2015 de marzo de 2015 (Carlos Alberto García Escobar); vi)
0030.0031.1631.2015 de marzo de 2015 (Hugo Fernando Ordoñez Muñoz); vii)
0030.0031.1630.2015 de marzo de 2015 (Vicente Abel Ortiz Miranda); viii)
0030.0031.1628.2015 de marzo de 2015 (Alexander Carmona Montoya); ix)
0030.0031.1645.2015 de marzo de 2015 (Alexander Sánchez), expedidos por la
Universidad del Valle, mediante los cuales se negaron las solicitudes individuales
de cada uno de los demandantes en el entendido de que al haber sido vinculados
con posterioridad al 25 de enero de 1994 como empleados públicos, no pueden ser
beneficiarios de las condiciones salariales de la convención colectiva del trabajo,
conforme lo establecido en el artículo 42 del Acta 004 de 22 de febrero de 1994.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitaron:
i) Ordenar el pago de la nivelación salarial y de las demás prestaciones sociales,
como lo son las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de navidad,
servicios, incluidos los aumentos que se hubieren causado, con sus respectivos
intereses e indexación, de la siguiente manera:
Se toma como factor ponderante para liquidación el 15.3, que corresponde a 12
mesadas salariales básicas mensuales a Diciembre (sic) de 2014, más el 3.3,
expresadas en:
• Prima de navidad ………………. 2.3 (mesadas)
• Prima de vacaciones …………… 1 (mesada)
Diferencia salarial para cada uno de los Empleados Celadores $1.436.042
• 1.269.340 x 15.3 (Factor Ponderante) $21.971.443
• Lo anterior por los últimos 10 años $219.714.430
• Total para cada empleado público $219.714.430
• GRAN TOTAL (9 EMPLEADOS CELADORES) $1.977.429.870
ii) Actualizar la condena producto de la nivelación salarial, conforme lo establecido
en el artículo 178 del CCA (sic).
iii) Dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del CCA (sic).
iv) Ordenar, si no se efectúa el pago de forma oportuna, la liquidación de intereses
comerciales y moratorios en los términos del artículo 177 del CCA (sic).
2
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
v) Declarar que la entidad demandada actuó de mala fe, por haber operado de forma
ilegítima, desleal e induciendo al error a los demandantes y en consecuencia,
declarar el pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995 y
demás normas concordantes.
vi) Condenar en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de los demandantes señaló los siguientes:
i) Los señores Jorge Enrique Bastos Carillo, Juan Carlos Lenis Vargas, Wilson Pai
Rubiano, José Hernán Guzmán Serrano, Carlos Alberto García Escobar, Hugo
Fernando Ordoñez Muñoz, Vicente Abel Ortiz Miranda, Alexander Carmona
Montoya, y Alexander Sánchez, se desempeñan como empleados públicos inscritos
en carrera administrativa, bajo el cargo de celador, grados 4 y 5, en la Sección de
Seguridad y Vigilancia de la Universidad del Valle, y devengan una asignación
mensual de $1.284.734.
ii) El ente universitario demandado tiene en la actualidad, en su nómina de personal
interno, otras plazas de celadores, pero en calidad de trabajadores oficiales, quienes
perciben una remuneración mayor a la de los demandantes, equivalente a
$2.720.776, a pesar de que ejercen las mismas funciones y actividades en idénticas
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como iguales requisitos para
desempeñar tales cargos.
iii) La entidad demandada argumentó en respuestas a peticiones elevadas por
empleados públicos que ejercen el cargo de celador, que a partir de la expedición
del Acuerdo 004 del 22 de febrero de 1994 quienes desempeñaran las funciones de
celador tendrían la categoría de empleados públicos por ser esa la naturaleza del
cargo, no obstante se respetarían los derechos adquiridos de quienes para esa data
ocupaban esas plazas como trabajadores oficiales.
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Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
iv) La Universidad del Valle no radicó el referido acuerdo o convención colectiva
ante el Ministerio de Trabajo dentro del término de 15 días siguientes a su firma.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2.º, 23, 25, 29, 53, 122, 123 y 125 de la
Constitución Política; 1.º y 2.º del Convenio relativo a la discriminación en materia
de empleo y ocupación; 1.º, 2.º y 3.º del Convenio sobre igualdad de remuneración;
las Leyes 244 de 1995, 443 de 1998, 909 de 2004; y los Decretos 770 de 2005, 785
de 2005 y 2539 de 2005.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de los demandantes expuso
los siguientes argumentos:
i) Los actos administrativos censurados desconocieron el equilibrio en materia
salarial entre los derechos de los empleados públicos y los trabajadores oficiales,
los principios de primacía de realidad sobre las formas, irrenunciabilidad de los
derechos laborales, in dubio pro operario, favorabilidad, condición más beneficiosa,
y el de a trabajo igual salario igual, ya que existe identidad de funciones y jornada
desempeñada entre ambos servidores.
ii) En lo relacionado con la remuneración, la entidad demandada al momento de
aplicar a los servidores públicos vinculados mediante una relación legal y
reglamentario el sistema técnico de administración de personal, debió hacerlo con
sujeción a las normas del ordenamiento jurídico vigentes sin que se permita invocar
la autonomía universitaria para vulnerarlo.
1.2. Contestación de la demanda
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Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
La Universidad del Valle, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación: 1
i) Los empleados públicos que ejercen el cargo de celador gozan del régimen
salarial y prestacional establecido la Ley 4ª de 1992, los Decretos 1919 de 2002,
2410 de 2003 y demás normas que lo adicionan y complementan. De manera que
a los demandantes no se les ha discriminado ni dado un trato desigual en materia
de retribución laboral.
ii) Los demandantes iniciaron su vínculo laboral, como empleados públicos en
ejercicio del cargo de celador, con la Universidad del Valle en los años 2001, 2003,
2008 y 2009. Desde esa época cuentan con una asignación salarial estable e
igualitaria para todos los trabajadores vinculados a partir de 1995, la cual se nivela
de acuerdo al grado de escalafón que tenga cada trabajador.
Así, las prerrogativas existentes en los años 1989 a 1991 fueron suprimidas con
anterioridad a la vinculación de los demandantes; por tanto, no puede decirse que
se presenta discriminación cuando en ningún momento la hubo y, por ello, tampoco
surgieron derechos adquiridos bajo su titularidad ni situaciones jurídicas
consolidadas.
iii) El artículo 2 del Acta N.º 004 de 1994, ratificada en asamblea general y en la
Convención colectiva de trabajo suscrita entre la Universidad del Valle y el Sindicato
mixto de trabajadores oficiales y empleados públicos de la Universidad el Valle -
SINTEUNIVALLE-, dispuso que las personas que a partir del 25 de enero de 1994
fueran vinculadas para ocupar el cargo de vigilante en dicha institución les serían
aplicables todas las normas, requisitos y beneficios, régimen salarial y prestaciones
que existan al momento de su vinculación para los empleados públicos de carrera
no docentes. De esta forma, se acreditó que los demandantes iniciaron labores en
la Universidad del Valle con posterioridad a la fecha referida, en el cargo de
celadores, así:
1
Folios 188 al 208 del cuaderno 1
5
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Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
José Enrique Bastos Carrillo Resolución N.º 2392 de 10 de septiembre de 2008
Wilson Pai Rubiano Resolución N.º 1197 de 24 de marzo de 2009
Carlos Alberto García Escobar Resolución N.º 1197 de 24 de marzo de 2009
Alexander Carmona Montoya Resolución N.º 1197 de 24 de marzo de 2009
José Hernán Guzmán Serrano Resolución N.º 1197 de 24 de marzo de 2009
Alexander Sánchez Resolución N.º 1197 de 24 de marzo de 2009
Vicente Abel Ortiz Miranda Resolución N.º 1197 de 31 de julio de 2001
Hugo Fernando Ordoñez Muñoz Resolución N.º 1595 de 6 de junio de 2003
Juan Carlos Lenis Vargas Resolución N.º 1197 de 24 de marzo de 2009
iv) Los argumentos de los actores, adicionalmente, carecen de veracidad pues se
encuentran acreditadas las excepciones de a) caducidad de la acción; b)
inexistencia de la obligación de nivelación salarial y cobro de lo no debido; c) carencia
del derecho sustancial reclamado; d) imposibilidad de reconocimiento de privilegios o
beneficios a empleados públicos adicionales a los establecidos en la ley; e) buena fe;
f) pago total de las obligaciones correspondientes al vínculo legal y reglamentario de
acuerdo al grado de carrera administrativa que ostenta; g) compensación; y h)
prescripción.
1.3. La audiencia inicial
El 1.º de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca llevó a cabo
la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, y se pronunció en estos
términos:2
La excepción propuesta por la entidad demanda denominada caducidad, no tiene
vocación de prosperidad porque las pretensiones de la demanda se fundan en
reclamaciones de naturaleza laboral, relacionadas con el reconocimiento de
acreencias de carácter salarial, razón por la cual la figura jurídica de caducidad no
tiene aplicación.
1.4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 25
de septiembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos:3
2
Folios 308 al 322 del cuaderno principal
3
Folios 373 al 379 ibidem
6
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Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
i) La Universidad del Valle y el Sindicato SINTEUNIVALLE suscribieron el Acta N.º 004
de 22 de febrero de 1994, introducida en la Convención colectiva 1995-1996, en la
cual establecieron unos beneficios para el personal de trabajadores oficiales que
desempeñaban el cargo de celador. No obstante, con la entrada en vigencia del
Decreto 1919 de 2002, esto es, el 1.º de septiembre de 2002, todos los empleados
públicos vinculados o que se vincularon a las instituciones de educación superior,
gozan del régimen de prestaciones sociales de quienes ostentan la misma
condición en la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, condición que
ostentan los demandantes.
ii) No son aplicables los beneficios laborales convencionales a los demandantes
porque el Acta N.º 004 de 22 de febrero de 1994 fue clara en establecer, en su
numeral 42, que aquellos beneficios solo son extensibles a las personas
expresamente allí enlistadas; sin embargo, los demandantes no fueron incluidos.
Así mismo, se consagró que a partir del 25 de enero de 1994 quienes ingresaran a
la institución educativa para ocupar el cargo de vigilantes, se regirían por las
normas, requisitos, beneficios, régimen salarial y prestacional que existían para los
empleados públicos de carrera no docentes; aunado a la obtención de los
beneficios de la convención colectiva, salvo lo referente a salarios, la cual estuvo
vigente hasta el 31 de diciembre de 1996.
iii) Si en la actualidad para un mismo cargo existen diferentes salarios, como lo
afirman los demandantes, lo cierto es que ello obedece a unos beneficios
convencionales de los cuales fueron acreedores el personal de vigilantes de la
universidad, en su condición de trabajadores oficiales; sin embargo, estas
prebendas no pueden otorgarse a los celadores que no fueron beneficiados de
dicho acuerdo, como son los accionantes.
1.5. El recurso de apelación
Los demandantes, por conducto de apoderado, interpusieron recurso de apelación4
4
Folios 386 al 392 del cuaderno principal
7
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Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
y lo sustentaron así:
i) No es procedente afirmar la inexistencia de discriminación salarial bajo la tesis de
que ésta se justifica en las diferentes formas de vinculación, tal como lo sostuvo el
a quo, dado que lo determinante para analizar la procedencia de una nivelación
salarial es la naturaleza de la actividad o la labor desempeñada, que en este caso
específico era la ejercida de la misma forma tanto por los vigilantes en calidad de
empleados públicos como por los trabajadores oficiales de la entidad demandada.
ii) La anterior afirmación tiene fundamento en la preponderancia de la situación real
que opera en el derecho laboral siempre con primacía sobre la formalidad, pues la
primera es las que crea derechos, mientras que el escrito es solo un instrumento
para forjar lo factual. Lo anterior, en concordancia con los principios de favorabilidad,
condición más beneficiosa e igualdad.
iii) La Universidad del Valle manifestó expresamente que existe una excepcionalidad
para las asignaciones salariales plasmadas en actas extra convencionales, donde
se crearon cargos y esquemas de remuneración diferentes que la entidad justifica
en que la nivelación en ese aspecto solo es facultad del legislador, en adición a que
no existe presupuesto para reconocer lo pretendido debido a la difícil situación
económica de la institución educativa. De esta manera, con su actuar desconoció
las garantías contempladas en el artículo 53 de la Constitución Política.
En adición a lo anterior, la excepción alegada por la entidad demandada no está
soportada convencional ni estatutariamente. Por lo tanto, no se desvirtuaron los
hechos de la demanda, puesto que no es una causa justificada para el tratamiento
desigual en la remuneración de los demandantes, la vulneración del artículo 150
superior, ni los problemas presupuestales de la autoridad demandada, esto en
detrimento de los derechos laborales de quienes prestan las labores como vigilantes
pero en calidad de empleados públicos.
1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.6.1. Los demandantes
8
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Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, concedido de
conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 247 de la Ley 1437 de
2011, la parte demandante guardó silencio. 5
1.6.2. La entidad demandada
La Universidad del Valle, por intermedio de apoderada, solicitó confirmar lo decidido
en primera instancia, reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.6
1.7. El ministerio público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones que se indican
a continuación:7
i) Los celadores vinculados a la Universidad del Valle a partir del 26 de enero de
1994 no pueden acceder a los privilegios convencionales, como se aplica a quienes
se encontraban ocupando esos empleos hasta el 25 de enero de 1994, en razón a
la incorporación del Acuerdo contenido en el Acta No. 004 de 1994 y en la
convención colectiva vigente para los años 1995 y 1996 (artículo 26). Así, en el
expediente se acreditó que las fechas de vinculación de los actores datan en los
años 2001, 2003, 2008 y 2009.
ii) La igualdad alegada por la parte actora no lo es en la realidad normativa y práctica
debido a que la situación de los vigilantes vinculados con anterioridad a la
suscripción del Acta 004 de 1994, generó que adquirieran el derecho a mantener su
salario tal como venían percibiéndolo; mientras que los vigilantes que ingresaron
con posterioridad al acuerdo contenido en aquella acta, no adquirieron derecho
alguno sobre el tema salarial.
2. Consideraciones
5
Constancia secretarial Folio 401 del cuaderno principal
6
Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI
7
Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI
9
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si los demandantes tienen derecho a la nivelación
salarial solicitada, en su calidad de empleados públicos bajo el cargo de celadores
de la Universidad del Valle, con el fin de igualar su remuneración y prestaciones a
las percibidas por los trabajadores oficiales que ocupan la plaza de vigilantes en la
referida institución educativa.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen de empleos en la Universidad del Valle
En primera medida, es preciso traer a colación los mandatos constitucionales a
tener en cuenta en el sub lite. Así, el artículo 13 de la Constitución Política dispone
que «[T]odas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. […]
Igualmente, los artículos 48 y 53 de la Carta Política, establecen:
Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley.
[…] El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en
las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan
vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos
de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los
términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
10
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la
mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad […]
Por otro lado, el Convenio 100 de la OIT, ratificado por Colombia a través de la Ley
54 de 1962, señala:
Artículo 1. A los efectos del presente Convenio:
(a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo,
y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador,
directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último;
(b) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la
mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de
remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. […] (Resaltado original
del texto).
Por su parte, la Ley 4.ª de 1992, por medio de la cual se formulan los lineamientos
básicos esenciales del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos
propiamente dichos, en lo relativo a los entes universitarios autónomos, fue la base
para regular lo atinente a los servidores docentes o administrativos de los claustros
educativos, tal como se previó en el artículo 77 de la Ley 30 de 1992. 8
Del mismo modo, el legislador promulgó las Leyes 443 de 1998 y 909 de 2004, en
virtud de las cuales instituyó como regla general que los cargos públicos deben ser
provistos por personas que superen los concursos, con lo cual determinó el mérito
y la calidad del aspirante como sistema de selección preferente de servidores
públicos. Lo anterior, con el fin de privilegiar el potencial intelectual y la preparación
académica y técnica en el acceso a la función pública, con los objetivos de lograr
una mejor prestación del servicio a la ciudadanía, aumentar la eficacia de la
actividad administrativa y eliminar los efectos nocivos del clientelismo y la burocracia
en el Estado.
Se destaca que esta Subsección a través de sentencia de 9 de julio de 2020, en el
caso puntual de vigilantes que laboraban con la Universidad del Valle a corte 25 de
8
«Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior». «Artículo 77. El régimen
salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley
4a de 1992, los Decretos Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan.».
11
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
enero de 1994, sostuvo que «[…] se infiere que efectivamente éstos detentaban una
relación contractual con la demandada en calidad de trabajadores oficiales, pues en
el Acta 004 del 22 de febrero de 1994 (folios 164 a 183), se resalta que se celebró
un acuerdo entre los directivos de la institución y el sindicato de trabajadores
“Sinteunivalle”, tendiente a definir su situación específica ante la entrada en vigencia
del Estatuto General de la Universidad en lo referente a la priorización de las
vinculaciones en carrera administrativa, las cuales buscaban dar cumplimiento al
marco constitucional y legal aludido previamente.» 9
En el Acta 004 de 22 de febrero de 1994 suscrita entre los directivos de la
Universidad del Valle y el sindicato de trabajadores «SINTEUNIVALLE», se indicó lo
siguiente:10
[…] 1. SITUACIÓN LABORAL DE LOS VIGILANTES VINCULADOS A LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE (sic)
[…] ACUERDO. (sic)
Entre el Dr. Jaime Galarza Sanclemente en su condición de representante legal de la
Universidad del Valle y el Sindicato Mixto de Trabajadores Oficiales y Empleados
Públicos de la Universidad del Valle “SINTEUNIVALLE”, hemos celebrado el siguiente
acuerdo que será elevado a Convención Colectiva de Trabajo, en los siguientes
términos:
A. El cargo de vigilante a partir de la aprobación definitiva del Estatuto General
de la Universidad del Valle, será de la categoría de empleados públicos de carrera
administrativa.
B. Los vigilantes que en la actualidad ocupan este cargo, la Universidad del
Valle les continuará respetando la estabilidad laboral y los beneficios convencionales.
[…]
42. NUEVAS VINCULACIONES (sic)
Las personas que a partir del 25 de Enero de 1.994 (sic), sean vinculadas para ocupar
el cargo de Vigilante, les serán aplicados todas las normas, requisitos, beneficios,
Régimen Salarial y Prestaciones que existan al momento de su vinculación para los
Empleados Públicos de Carrera no Docentes. […]» (Subrayado y mayúscula original
del texto).
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 9 de julio de 2020, radicado N.º 76001-23-33-000-2015-01489-01(2831-18)
10
Folios 121 al 131 del cuaderno 1
12
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
Posteriormente, se suscribió la convención colectiva de trabajo con el sindicato de
trabajadores «SINTEUNIVALLE» para los años 1995 a 1996, en donde se ratificó lo
establecido en los artículos 2.° y 26, a saber:11
Artículo 2o. Niveles y cargos. A partir de la vigencia de la presente Convención
Colectiva de Trabajo, la Universidad del Valle continuará reconociendo para los
Trabajadores Oficiales cubiertos por la presente Convención Colectiva de Trabajo, los
cargos y niveles establecidos mediante el Acta de Acuerdo del 12 de Marzo de 1993,
suscrita entre “SINTEUNIVALLE” y la UNIVERSIDAD DEL VALLE, por el Comité
Paritario de Escalafón y Nivelación de Cargos de Trabajadores Oficiales. El actual
Estatuto Orgánico de la Universidad del Valle contempla dichos cargos y esta se
compromete a particularizar en su Reglamento de Personal Administrativo cada uno
de estos cargos con sus respectivos niveles.
Para el caso de los Vigilantes, se ratifica la vigencia del Acuerdo entre la Universidad
del Valle y Sinteunivalle, según Acta 004 del 22 de Febrero de 1994. […]
Artículo 26o. Vigilantes. A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de
Trabajo, la Universidad del Valle reconocerá al personal de Vigilantes incluidos en el
Acuerdo de fecha Febrero 22 de 1994, los beneficios de la presente Convención
Colectiva de Trabajo, con excepción del Punto de Salarios, que será el que
corresponda al aumento salarial de los Empleados Públicos no Docentes, para el año
de 1995.
Conforme lo reseñado, en el caso específico de la Universidad del Valle, la forma
de vinculación tuvo como criterio prevalente la carrera administrativa, porque así se
estableció para quienes ocuparan el cargo de vigilantes a partir del 25 de enero de
1994, en tanto éstos eran trabajadores oficiales antes de aquella fecha.
Al respecto, a través de sentencia de 9 de julio de 2020 esta Subsección afirmó que
«[…] los servidores que se encontraban en esa situación con anterioridad a la fecha
en comento, claramente debían continuar sometidos al régimen convencional que
los favorecía y a las condiciones que previamente habían consolidado por tratarse
de derechos adquiridos, de suerte que no resulta extraño ni ajeno en el sub examine,
el hecho de que se encuentren personas que ocupan la plaza de celador como
empleados públicos con diferencias frente a quienes la ejercen aun como
trabajadores oficiales […].».12
11
Folios 262 al 278 del cuaderno principal
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 9 de julio de 2020, radicado N.º 76001-23-33-000-2015-01489-01(2831-18)
13
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
2.2.2. El estudio de comparación exigido por la jurisprudencia para efectos de
analizar la equivalencia de las particularidades de empleos a nivelar
Frente a la equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega el
desempeño de un empleo igual al comparado pero con mejores condiciones en el
esquema salarial de una misma entidad, esta Corporación en sentencia del 9 de
diciembre de 2019 señaló las condiciones para la procedencia de aquellas
pretensiones, a saber: 13
[…] Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que
cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor
salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b)
contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige
el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que alega
se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo
probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus alegatos.
(Resaltado fuera de texto).
Igualmente, sobre el asunto la Corte Constitucional ha afirmado:14
[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de
sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad
de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada obedece a
criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces homogeneidad entre
los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones desiguales...”
[…]
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i)
ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma
preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales […] (Resaltado fuera de texto).
Lo anterior, tiene fundamento en que el juicio de igualdad en el ámbito de las
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 9 de diciembre de 2019, radicado: 76001-23-31-000-2011-00572-01 (4858-18).
14
Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esta
corporación también señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007
lo siguiente: «[…] Al respecto, se ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores
ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e
idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la
predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del
derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y
calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]» (Resaltado fuera del texto).
14
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
controversias derivadas del trabajo, no puede ser formal sino objetivo y material,
como lo ha sostenido la Corte Constitucional: 15
[…] De ahí pues que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de una
regla elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia de la
garantía superior al trabajo, ya sea que éste se preste ante entidades públicas o
privadas. (…) Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial
constituye una vulneración de la Constitución, pues se sigue aquí la regla general la
cual señala que un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio (y en esa
medida en constitucionalmente prohibido) cuando no obedece a causas objetivas y
razonables, mientras que el trato desigual es conforme a la Carta cuando la razón de
la diferencia se fundamenta en criterios válidos constitucionalmente. En consecuencia
no toda diferencia salarial entre trabajadores que desempeñan el mismo cargo
vulnera el principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera que es posible encontrar
razones objetivas que autorizan el trato diferente.”
6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional,
propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse
ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo
régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y,
no obstante ello, reciben una remuneración diferente. Se insiste entonces en que la
discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro
objetivo, discernible y razonable, que justifique la diferenciación.
Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de
evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las
dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir
de la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a
cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos.
(Resaltado fuera de texto).
En este orden de ideas, en los asuntos donde existe una aparente igualdad
originada únicamente en el ejercicio homogéneo de algunas funciones que le
corresponden a un empleo con mejor remuneración, o en la sola nomenclatura
semejante del cargo ocupado como es el caso de los celadores o vigilantes, dichos
supuestos no pueden ser suficientes para establecer un criterio de equiparación
respecto a la nivelación salarial.
15
Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012.
Expediente: T-3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha
corporación en el expediente: D-113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las
providencias referidas es de revisión de tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su
parte considerativa se desarrolló una regla jurisprudencial de aplicación homogénea en clave de
precedente relacionada con lo casos en los que se invoca la igualdad para efectos de nivelación
salarial.
15
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
Adicional a ello, deben valorarse objetivamente todas las particularidades de cada
empleo a comparar, porque un trato discriminatorio únicamente puede darse entre
pares y no entre similares con ciertas diferencias. En efecto, así lo esbozó, esta Sala
en sentencia de 9 de julio de 2020: 16
[…] quien pretenda el pago de una diferencia en su remuneración porque considera
que las funciones que cumple resultan asimilables a las de otro servidor cuya
asignación es mayor, debe acreditar que existe un criterio de igualdad entre los dos
para poder evidenciar si se presenta un trato disímil injustificado, aspecto que solo se
logra si se comprueba fehacientemente que quien está en la supuesta situación
desfavorable:
a) cumplía las mismas funciones y tenía iguales responsabilidades que las de la plaza
comparada,
b) contaba con idéntica preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo
contrastado,
c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el empleo cotejado,
y específicamente para este caso y,
d) detentaba un vínculo laboral con el Estado homogéneo al del extremo comparado.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
El 22 de febrero de 1994, se suscribió entre los directivos de la institución educativa
demandada y los representantes del sindicato de trabajadores «SINTEUNIVALLE» el
Acta 004,17 mediante la cual se acordó que ante la entrada en vigencia del Estatuto
General de la Universidad que ordenaba fijar la categoría de los empleos de
vigilante a la de empleados públicos, quienes se desempeñaban como tal pero en
calidad de trabajadores oficiales, antes del 25 de enero de 1994, continuarían
cobijados por los beneficios convencionales y con idéntica estabilidad laboral.
El 26 de abril de 1995, se firmó la Convención colectiva de trabajo, 18 entre la
Universidad del Valle y el sindicato «SINTEUNIVALLE» para la vigencia del período
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 9 de julio de 2020, radicado N.º 76001-23-33-000-2015-01489-01(2831-18)
17
Folios 121 al 131 del cuaderno 1
18
Folios 262 al 278 del cuaderno principal
16
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
1995 a 1996, en la cual se ratificaron los compromisos adquiridos en el Acta 004 de
1994 y se aclaró que a partir del 25 de enero de esa anualidad toda persona que
fuera vinculada en el cargo de celador, lo haría bajo una relación legal y
reglamentaria como empleado público inscrito en carrera administrativa.
En los años 2001, 2003, 2008 y 2009, los actores fueron nombrados y tomaron
posesión de los empleos de celador en la Unidad de seguridad de la Vicerrectoría
administrativa de la Universidad del Valle, de la siguiente manera:
Demandante Nombramiento
Jorge Enrique Basto Carrillo Resolución N.º 2392 de 10 de septiembre de 200819
José Hernán Guzmán Serrano Resolución N.º 1197 de 24 de marzo de 200920
Alexander Sánchez Resolución N.º 1197 de 24 de marzo de 200921
Alexander Carmona Montoya Resolución N.º 1197 de 24 de marzo de 200922
Wilson Pai Rubiano Resolución N.º 1197 de 24 de marzo de 200923
Vicente Abel Ortiz Miranda Resolución N.º 1197 de 31 de julio de 200124
Hugo Fernando Ordoñez Muñoz Resolución N.º 1595 de 6 de junio de 200325
Juan Carlos Lenis Vargas Resolución N.º 1197 de 24 de marzo de 200926
Carlos Alberto García Escobar Resolución N.º 1197 de 24 de marzo de 200927
El 8 de julio de 2014, en respuesta a una petición formulada por el funcionario Carlos
Alberto García, a través del Oficio N.º 0030.0031.2771.201428 el jefe de la división
de recursos humanos de la Universidad del Valle, anexó un listado de personas
correspondiente a los servidores que dentro de la institución ocupaban el empleo
de celador, e, igualmente, indicó si eran empleados públicos o trabajadores
oficiales.
En el mes de febrero del año 2015, los demandantes radicaron derechos de
petición29 ante la entidad demandada pretendiendo el reconocimiento y pago de la
19
Folio 220 del cuaderno 1
20
Folios 96 al 98 del cuaderno 1
21
Ibídem
22
Ibídem
23
Folio 226 ibidem y tal como consta en el acta de posesión de 1.º de abril de 2009, folio 221 del
cuaderno 1
24
Folio 226 ibidem y tal como consta en el acta de posesión de 9 de agosto de 2001, folio 225 del
cuaderno 1
25
Folio 226 ibidem
26
Folios 96 al 98 ibidem
27
Folios 96 al 98 ibidem
28
Folios 132 al 135 ibidem
29
Folios 18, 30, 31, 41, 42, 54 al 56, 68, 82, 83, 93, 94, 106, 107, 119 y 120 ibidem
17
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
nivelación salarial y de las demás prestaciones sociales, como lo son las cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones, primas de navidad, servicios, incluidos los
aumentos que se hubieren causado, con sus respectivos intereses e indexación. Lo
anterior, dando aplicación a los beneficiarios consagrados en la convención
colectiva de trabajo suscrita entre la Universidad del Valle y el sindicato
«SINTEUNIVALLE» para la vigencia del período 1995 a 1996, conforme lo establecido
en el artículo 42 del Acta 004 de 22 de febrero de 1994.
En el mes marzo de 2015, a través de los oficios que se relacionan a continuación,
la Universidad del Valle dio respuesta a las peticiones elevadas por los actores, y
señaló que al haber sido vinculados como empleados públicos con posterioridad al
año 1994, no podían ser beneficiarios de las condiciones salariales de la convención
colectiva del trabajo, conforme lo establecido en el artículo 42 del Acta 004 de 22
de febrero de 1994:
Demandante Oficio de respuesta
Jorge Enrique Basto Carrillo 0030.0031.1590.2015 de 201530
José Hernán Guzmán Serrano 0030.0031.1602.2015 de 201531
Alexander Sánchez 0030.0031.1645.2015 de 201532
Alexander Carmona Montoya 0030.0031.1628.2015 de 201533
Wilson Pai Rubiano 0030.0031.1635.2015 de 201534
Vicente Abel Ortiz Miranda 0030.0031.1630.2015 de 201535
Hugo Fernando Ordoñez Muñoz 0030.0031.1631.2015 de 201536
Juan Carlos Lenis Vargas 0030.0031.1639.2015 de 201537
Carlos Alberto García Escobar 0030.0031.1589.2015 de 201538
El 20 de junio de 2018, la División de recursos humanos de la entidad demandada
expidió certificaciones, en las que señaló que los demandantes fueron vinculados a
dicha entidad, en los cargos de celador en la Sección de seguridad y vigilancia de
la Vicerrectoría administrativa, con dedicación de tiempo completo y en los
siguientes periodos:
30
Folios 19 al 22 del cuaderno 1
31
Folios 57 al 60 del cuaderno 1
32
Folios 115 al 118 ibidem
33
Folios 102 al 105 ibidem
34
Folios 43 al 46 ibidem
35
Folios 89 al 92 ibidem
36
Folios 78 al 81 ibidem
37
Folios 32 al 35 ibidem
38
Folios 69 al 72 ibidem
18
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
Demandante Vinculación
Jorge Enrique Basto Carrillo Nombramiento definitivo desde el 16 de septiembre de
200839
José Hernán Guzmán Serrano Nombramiento provisional como auxiliar de celaduría
desde el 1.º de octubre de 2008 hasta el 30 de marzo de
2009.
Nombramiento definitivo desde el 1.º de abril de 200940
Alexander Sánchez Nombramiento provisional como auxiliar de celaduría
desde el 1.º de octubre de 2008 hasta el 30 de marzo de
2009.
Nombramiento definitivo desde el 1.º de abril de 200941
Alexander Carmona Montoya Nombramiento provisional como auxiliar de celaduría
desde el 1.º de octubre de 2008 hasta el 30 de marzo de
2009.
Nombramiento definitivo desde el 1.º de abril de 200942
Wilson Pai Rubiano Nombramiento provisional como auxiliar de celaduría
desde el 1.º de octubre de 2008 hasta el 30 de marzo de
2009.
Nombramiento definitivo desde el 1.º de abril de 200943
Vicente Abel Ortiz Miranda Contratos de prestación de servicios desde 6 de octubre
de 1998 hasta el 30 de julio de 2001
Nombramiento provisional desde el 1.º de agosto de 2001
hasta el 30 de noviembre de 2001.
Nombramiento definitivo desde el 1.º de diciembre de
200144
Hugo Fernando Ordoñez Muñoz Nombramiento definitivo desde el 9 de junio de 200345
Juan Carlos Lenis Vargas Nombramiento provisional como auxiliar de celaduría
desde el 1.º de octubre de 2008 hasta el 30 de marzo de
2009.
Nombramiento definitivo desde el 1.º de abril de 200946
Carlos Alberto García Escobar Nombramiento provisional:
• Desde el 12/09/06 hasta el 11/01/07
• Desde 07/02/07 hasta el 06/06/07
• Desde 03/07/07 hasta el 02/11/07
• Desde 15/11/07 hasta el 14/03/08
• Desde 01/04/08 hasta el 30/07/08
• Desde 19/08/08 hasta el 15/09/08
• Desde 01/10/08 hasta el 30/03/09
• Nombramiento definitivo desde el 1.º de abril de
200947
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala, en primera medida,
39
Folio 343 del cuaderno principal
40
Folio 346 del cuaderno principal
41
Folio 351 ibidem
42
Folio 350 ibidem
43
Folio 345 ibidem
44
Folio 349 ibidem
45
Folio 348 ibidem
46
Folio 344 ibidem
47
Folio 347 ibidem
19
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
resalta que los recurrentes como empleados públicos del ente universitario,
pretenden la nivelación salarial con fundamento en un parangón con los
trabajadores oficiales de la planta interna de la propia institución educativa. Así,
aducen que desempeñan la misma plaza, con idénticas funciones y
responsabilidades, pero con una remuneración mayor como único factor disímil.
En otras palabras, en el sub lite no se pretende una homologación a empleos de
mayor nivel; por el contrario, lo que los recurrentes solicitan es la aplicación del
principio de igualdad en materia laboral «a trabajo igual, salario igual», desde la
perspectiva de un aparente cotejo entre semejantes y no entre empleados y plazas
diferentes jerárquicamente.
Sentado lo anterior, al analizar el acervo probatorio se observa que los
demandantes fueron nombrados como celadores en cargos que por su naturaleza
y fecha de vinculación (2001, 2003, 2008 y 2009) corresponden a empleados
públicos debidamente inscritos en carrera administrativa, tal como la propia
Universidad del Valle lo previó en su Estatuto General, así como en el Acta 004 del
22 de febrero de 1994. En efecto, se indicó que a partir del 25 de enero de dicha
anualidad, todo aquel que ingresara a la planta de personal de la institución en la
plaza de vigilante, lo haría a través de una relación legal y reglamentaria bajo las
condiciones y características que ésta implica.
Del mismo modo, a partir de los medios de prueba reseñados, específicamente del
Oficio N.º 0030.0031.2771.201448 de 8 de julio de 2014, suscrito por el jefe de la
división de recursos humanos de la Universidad del Valle, se advierte que en el ente
educativo también existen personas que ocupan el cargo de celadores, aunque lo
hacen como trabajadores oficiales en lo atinente a su tipo de vinculación.
Ahora, si bien en el plenario no se advierte la fecha, forma y características de la
vinculación de estos últimos, lo cierto es que se observa que del listado de 118
personas solo 7 personas son celadores en calidad de trabajadores oficiales.
48
Folios 132 al 135 del cuaderno 1
20
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
Al respecto, se dirá que el hecho de que sean tan pocos trabajadores oficiales a
comparación de los restantes que se enlistan como empleados públicos, permite a
la Sala concluir que los casos de los celadores que fueron contratados antes del 25
de enero de 1994 son excepcionales y que por su vínculo laboral, eran beneficiarios
de las garantías convencionales. Lo anterior, guarda relación con el hecho de que
en la Universidad del Valle se consagró la imposibilidad de volver a tener en su
planta de personal, vigilantes bajo una relación contractual de trabajo.
Así las cosas, los vigilantes que ostentan la condición de trabajadores oficiales,
tienen una condición muy diferente desde el punto de vista material frente a la de
los demandantes, porque el vínculo laboral con la entidad demandada es
completamente disímil respecto a su origen y características, lo cual es un aspecto
significativo al momento de realizar un juicio de igualdad.
Sobre el asunto, esta Subsección ante un caso similar al sub lite, señaló:49
[…] Desde el punto de vista funcional como de la responsabilidad del servidor, así
como en cuanto a los requisitos de ingreso y evaluación de desempeño, se materializa
una variación significativa entre ambos supuestos por las siguientes razones:
i) Los empleados públicos ingresan a la planta de personal de determinada entidad,
en virtud de acto administrativo de nombramiento y una diligencia de posesión,
que juntos consolidan una relación legal y reglamentaria que como su nombre lo
indica, está plenamente definida y sometida a las directrices de orden normativo
que se expidan en cuanto al régimen salarial, prestacional, disciplinario y de
funciones, de suerte que para esta clase de servidores no se predica un margen
de negociación o modificación de sus condiciones laborales, pues incluso la
misma autoridad empleadora está sujeta a los postulados que el marco regulatorio
específico del sector exija.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los empleados públicos adquieren
derechos de carrera administrativa, de forma que su desempeño debe ser
constantemente evaluado, pues el mérito es la condición de ingreso,
permanencia, ascenso o egreso de una entidad pública. Aunado a ello, para poder
ser vinculados como tal, resulta necesaria la acreditación de sendos requisitos
generales y específicos que deben ser valorados puntualmente en cada caso y
que finalmente se acompasan con un catálogo de funciones exegéticas que no
admiten cambios por voluntad de las partes, sino exclusivamente por la autoridad
legislativa o ejecutiva respectiva.
ii) Por otro lado, los trabajadores oficiales son aquellos que para detentar un
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 9 de julio de 2020, radicado N.º 76001-23-33-000-2015-01489-01(2831-18)
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
vínculo laboral con el Estado, lo hacen a través de un contrato de trabajo con
todas las características y condiciones que ello implica, por lo que en este caso,
sí se presenta un margen de negociación en cuanto a aspectos como la
remuneración y el esquema de funciones, que permite tanto al servidor como a
la administración, manejar cierto grado de acción para definir la forma de ejercer
la actividad dentro de unos parámetros generales, tanto así que las
responsabilidades no tienen que ser expresas y definidas, sino que pueden
derivarse del ejercicio del cargo y sus necesidades.
Una de las diferencias palmarias con los empleados públicos, es que los servidores
en comento no adquieren derechos de carrera, por lo que tampoco están sometidos
a la estabilidad en razón de la evaluación de desempeño, y en consecuencia, su
permanencia es menos rigurosa, así como la forma de acceder al cargo, en tanto
puede que existan exigencias para ocuparlo, pero éstas no serán regladas por la Ley
o las decisiones administrativas, de manera que resultarían ser más flexibles, por lo
que podría haber perfiles disímiles entre trabajadores de una misma denominación.
Bajo este panorama disyuntivo, es posible asumir que los trabajadores oficiales
con quienes se pretende la nivelación salarial en el sub iudice, lo son por cuanto
esa fue su vinculación inicial al margen de los cambios estructurales en la
institución educativa demandada, y que por lo tanto debían permanecer de esa
forma para garantizar sus derechos adquiridos como en efecto se planteó en el
Acta 004 de 1994 y en la convención colectiva de 1995 a 1996 de la Universidad
del Valle.
Por ello, resultaría patente una causa justificante válida para el tratamiento
diferencial en cuanto a la remuneración comparada con la de los demandantes,
en tanto se trataría de una situación excepcional derivada de una protección
constitucional sobre los intereses de los trabajadores oficiales aludidos, que se
torna válida ante la disimilitud de su situación jurídicamente consolidada frente
a la que habrían tenido si ésta hubiera mutado a una vinculación legal y
reglamentaria. (Resaltado fuero del texto)
En consecuencia, la Sala advierte que existe imposibilidad jurídica para realizar un
juicio o test de igualdad, ya que el vínculo laboral de los demandantes con la entidad
demandada se materializó a través de una relación legal y reglamentaria, mientras
que los demás fue por medio de un contrato de trabajo, con independencia de que
se trate de servidores con la misma denominación del cargo como vigilantes.
Así, esta circunstancia distorsiona el marco de funciones, responsabilidades,
requisitos e incluso de perfiles que tendrían ambos extremos del ejercicio
comparativo, conllevando a que no se puedan considerar como iguales. De ahí que
se justifique el tratamiento remunerativo disímil al no tratarse de una discriminación
entre iguales sino entre posibles semejantes.
22
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
Esta posición fue objeto de estudio por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral,50 pues en aquella oportunidad un trabajador oficial pretendía la
nivelación salarial respecto de un empleado público. Ahora, si bien la Sala no
desconoce que esta providencia no es aplicable al sub lite, sí comprueba la
concordancia en el criterio esbozado anteriormente, a saber:
[…] Lo anterior deja al descubierto, que con independencia de que el accionante como
quedó visto, reúna a satisfacción los requisitos de estudio, antigüedad, experiencia,
conocimientos y funciones para poder desempeñar ese puesto de trabajo, su
retribución que corresponde a la de un empleo de carrera administrativa, se encuentra
reservada al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, cuyo
tratamiento según la Constitución Política y la ley difiere sustancialmente de la
remuneración de los trabajadores oficiales, quienes como el promotor del proceso,
sus «SALARIOS Y FACTORES SALARIALES» (sic) como las «PRESTACIONES
SOCIALES» (sic) recibidas, comprende no solo el salario básico mensual pactado y
las prestaciones legales, sino también algunos beneficios consagrados en las
convenciones colectivas de trabajo, tal como lo certifica en ente demandado a folio
50 y vto., y en tales circunstancias jurídicamente no resulta posible otorgar la
nivelación salarial demandada, en los términos implorados en la presente acción
judicial.
En suma, la naturaleza del vínculo laboral con la entidad demandada es un factor
objetivo y razonable que imposibilita equiparar la remuneración de los vigilantes en
su condición de trabajadores oficiales y la de los demandantes como empleados
públicos, en la medida en que la esencia de aquella naturaleza jurídica, exige un
tratamiento distinto.
Así las cosas, en los términos señalados por la Corte Constitucional, la Sala advierte
que sí existe un motivo objetivo y válido que justifique el tratamiento diferencial,
contrario a lo expuesto por los recurrentes, más aun cuando «[…] la discriminación
salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo,
discernible y razonable, que justifique la diferenciación.» 51.
En consecuencia, se concluye que no es procedente la nivelación salarial entre los
demandantes en su calidad de empleados públicos de la Universidad del Valle, en
50
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sala de Descongestión n.° 1. Sentencia
SL2022-2018 del 6 de junio de 2018. Radicación: 63294.
51
Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012.
Expediente: T-3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha
corporación en el expediente: D-113.
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
ejercicio de los cargos de celadores, y los trabajadores oficiales que ocupan el cargo
de vigilantes en esa misma institución, porque conforme lo establecido en líneas
atrás no se existe igualdad objetiva y material entre aquellos.
3. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201652, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en los numerales 1.º
y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, 53 la Sala condenará a la parte
demandante al pago de las costas de segunda instancia, por haberse confirmado
52
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
53
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…) 8. Solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
íntegramente la sentencia del inferior y teniendo en cuenta la gestión que realizó la
entidad demandada, Universidad del Valle, al presentar alegatos de conclusión en
segunda instancia.
4. Conclusión
Con base en la perceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, se concluye que los demandantes no lograron desvirtuar la presunción
de legalidad de los actos administrativos censurados, de suerte que deben negarse
las pretensiones de la demanda y, en ese sentido, es procedente confirmar la
decisión de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Confirmar la sentencia del 25 de septiembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso instaurado por los
señores Jorge Enrique Bastos Carillo; Juan Carlos Lenis Vargas; Wilson Pai
Rubiano; José Hernán Guzmán Serrano; Carlos Alberto García Escobar; Hugo
Fernando Ordoñez Muñoz; Vicente Abel Ortiz Miranda; Alexander Carmona
Montoya; y Alexander Sánchez, contra la Universidad del Valle, que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo manifestado en las
consideraciones de esta providencia.
Segundo. – Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la entidad
demandada, las cuales serán liquidadas por el tribunal de origen.
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-01265-01 (2917-2020)
Demandante: Jorge Enrique Bastos Carrillo y otros
Tercero. – Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen y háganse las anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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