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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01385-01

Fecha
4 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01385-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 76001-23-33-000-2015-01385-01 (5137-2022)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2015-01385-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01385-01 (5137-2022)
Demandante: Cruz Nora Barrera Colorado
Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Marco normativo aplicable a los miembros de la fuerza pública
en materia prestacional. Ámbito de aplicación del Decreto 97 de
1989. Diferencias entre “muerte en simple actividad”, “muerte en
actos propios del servicio” y “muerte en actos meritorios del
servicio”. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Cruz Nora Barrera Colorado instauró demanda contra la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio No. S-2012-119361-DIR/ARPRE.GROIN 22 del
10 de mayo de 2012, por medio del cual se negó el reconocimiento de la pensión
de sobreviviente; y la nulidad de la Resolución No. 6872 del 11 de julio de 1990, por
medio de la cual se reconocieron las cesantías definitivas y la indemnización por
muerte, a favor de la menor Claudia Lorena Correa Barrera.

Que se inaplique, por vía de excepción de ilegalidad, la parte expuesta en el informe
administrativo de muerte del señor Óscar Hernán Correa Sandoval, referente a que
murió en simple actividad.

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01385-01 (5137-2022)

A título de restablecimiento del derecho solicitó, como pretensión principal, que se
declare que la demandada está obligada a reconocerla como beneficiaria de la
pensión de sobreviviente, de conformidad con los artículos 121 y 130 del Decreto
97 de 1989, por el fallecimiento, en actos del servicio, del señor Óscar Hernán
Correa Sandoval.

Que se declare que, en su condición de cónyuge supérstite, tiene derecho a la
pensión de sobreviviente, como consecuencia del fallecimiento del señor Óscar
Hernán Correa Sandoval, ordenando el pago en la proporción legal que
corresponde.

Que se condene al reconocimiento y pago de las mesadas pensionales junto con la
indexación respectiva, junto con los intereses moratorios.

Subsidiariamente, se le reconozca como beneficiaria de la pensión de sobreviviente,
de conformidad con el Decreto 3041 de 1966, teniendo en cuenta que el señor
Óscar Hernán Correa Sandoval cotizó más de 150 semanas hasta el momento de
su fallecimiento.

Que se ordene el pago de la pensión en la proporción legal que corresponde, pagar
las mesadas pensionales junto con la indexación respectiva y con los intereses
moratorios.

Que se declare que la demandada está obligada a reconocerle, por una sola vez,
una compensación equivalente a 72 meses de los haberes correspondientes,
tomando como base las partidas señaladas en el artículo 87 del Decreto 94 de 1989;
al pago doble de las cesantías por el tiempo servido por el causante, conforme con
el artículo 121 del Decreto 97 de 1989.

Que se condene a pagar, a título de compensación, la suma de doscientos salarios
mínimos legales mensuales por el hecho de no haber cubierto oportunamente los
salarios dejados de percibir, desde la fecha en que adquirió el derecho y hasta
cuando sea efectivamente reconocida como beneficiaria, conforme con la Ley 700
de 2001.

Que se condene a pagar la suma de cuarenta millones de pesos, por concepto de
los gastos en que incurrió por servicios médicos, intervenciones quirúrgicas,
servicios odontológicos, servicios de asistencia jurídica y la suma de trescientos
salarios mínimos legales mensuales por el daño antijurídico que le causó el
desconocimiento como beneficiaria de la pensión de sobreviviente.

Que todos los pagos que se ordenen, se ajusten con base en el índice de precios al
consumidor.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01385-01 (5137-2022)

Que mediante Resolución No. 6872 del 11 de junio de 1990, se liquidaron las
prestaciones sociales del señor Óscar Hernán Correa Sandoval, quien falleció en
actos propios del servicio.

Que convivió con el señor Óscar Hernán Correa Sandoval, de forma ininterrumpida,
desde 1981 y hasta su fallecimiento; y que de dicha unión nació Claudia Lorena
Correa Barrera.

Que, durante toda su relación, dependió económicamente del señor Correa
Sandoval.

Que la accionada no tuvo en cuenta las declaraciones que se presentaron, que
comprobaban que era la cónyuge del señor Óscar Hernán Correa Sandoval.

Que el derecho que le asiste a la pensión de sobreviviente es claro, conforme con
el artículo 35 del Decreto 94 de 1989 y el artículo 121 del Decreto 97 de 1989.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 11, 13, 22, 25, 29,
34, 42, 48, 53, 58, 150, 217, 218, 219, 220, 221, 229 y 336 de la Constitución
Política; la Ley 244 de 1995; los Decretos 94 de 1989, 97 de 1989 y 3041 de 1966;
y el Acuerdo No. 049 del 1° de febrero de 1990.

En el concepto de violación, entre otras cosas, señaló que, en virtud de la
excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad, debe inaplicarse el aparte del artículo
120 del Decreto 97 de 1989 que exige 12 años de servicio para acceder a la pensión
de sobrevivientes, por reunir los presupuestos de iniquidad manifiesta y violación al
principio de igualdad.

Que la demandada incurrió en un error al producir el acto demandado, porque omitió
la inaplicación de esa norma por violación de la Constitución, específicamente, sus
artículos 4°, 13, 42, 48, 150, 217 y 218.

Que se violó la Constitución Política porque el régimen prestacional de los miembros
de la fuerza pública solo puede regularse mediante leyes marco, cuyas materias no
son susceptibles de delegación al presidente de la República.

Que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en Sentencia T-566 de 1998,
determinó que sí debe ajustarse un acto administrativo de reconocimiento y pago
de pensión de sobreviviente a la actual Constitución, a pesar de haberse causado
en vigencia de la anterior.

Que los actos demandados violaron la ley, el debido proceso y el principio de
legalidad porque faltaron al principio de congruencia, en la medida que lo que se
solicitó fue la pensión de sobrevivientes por aportes y no la que se genera por las
causales de retiro.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01385-01 (5137-2022)

La demanda se admitió en auto del 13 de mayo de 20161. La Policía Nacional se
opuso a las pretensiones indicando que los actos demandados se expidieron
conforme a la ley y con el lleno de los requisitos exigidos.

Que el señor Óscar Hernán Correa Sandoval no cumplió con los requisitos exigidos
por la norma vigente al momento de su fallecimiento para acceder a la asignación
de retiro y, por lo tanto, sus beneficiarios tampoco pueden acceder a la sustitución
pensional pretendida, ya que el uniformado no adquirió los derechos laborales
reclamados en vigencia de una disposición que no había nacido a la vida jurídica,
como lo fue la Ley 100 de 1993.

Que, al momento del fallecimiento del señor Correa Sandoval, solo llevaba 5 años
y 3 meses al servicio de la institución, por lo que no consolidó el tiempo mínimo
requerido para ser beneficiario de la asignación de retiro2.

El 9 de octubre de 2017 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas3. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se
dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el
veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020), negó las pretensiones
manifestando que en el expediente no apareció la copia del registro civil de
matrimonio que diera cuenta que la demandante y el señor Óscar Hernán Correa
Sandoval contrajeron nupcias. Que tampoco hubo pruebas que permitieran inferir
que convivieron de forma singular y permanente.

Que, por consiguiente, la accionante no está legitimada en la causa por activa para
reclamar la pensión de sobrevivientes porque, fáctica y jurídicamente, no ostenta la
calidad de beneficiaria del señor Correa Sandoval.

Que para la transmisión de ese derecho no basta con acreditar que se es cónyuge
supérstite, pues también debía cumplirse con el requisito que el agente de policía
hubiera cumplido 12 años o más de servicio, tal y como lo prescribía el artículo 120
del Decreto 97 de 1989, norma vigente al momento del fallecimiento del señor
Correa.

Que el artículo 121 del Decreto 97 de 1989 no resulta aplicable al caso porque
regula eventos en los que la muerte se dio en “actos meritorios del servicio”,
mientras que las circunstancias que rodearon el deceso del uniformado fueron
producto de “actos propios del servicio y con ocasión del mismo”.

Que, si la demandante no estaba de acuerdo con esa calificación, debió cuestionar
la legalidad del informe administrativo del 25 de noviembre de 1989 pero, como no
lo hizo, esa clasificación goza de presunción de legalidad y es vinculante.

1 Véanse los folios 128-129.
2 Véanse los folios 141-148.
3 Véanse los folios 168-177.

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01385-01 (5137-2022)

Que no se advierte violación al derecho a la igualdad entre los uniformados que
fallecen “en actos del servicio” en relación con aquellos que lo hacen “en actos
meritorios del servicio” porque, en ambos eventos, son 12 años los que se exigen
como tiempo de servicio para que sus beneficiarios puedan acceder a la pensión de
sobrevivientes.

Que tampoco hay norma dentro del régimen especial vigente para la época de
ocurrencia de los hechos que permita reconocer, por favorabilidad, la pensión de
sobrevivientes con 5 años, 3 meses y 7 días de servicio.

Que no puede accederse al reconocimiento de la pensión de jubilación con base en
lo regulado en el Decreto 3041 de 1966, toda vez que allí se dispuso que esto se
haría cuando la muerte no sea de origen profesional; y que la muerte del señor
Correa Sandoval, al haberse dado “en actos del servicio”, fue de origen profesional.

Que, por idéntica razón, tampoco tendría cabida la aplicación de los Acuerdos No.
224 de 1966 y 049 de 1990, toda vez que delimitan su campo de acción para
pensiones producto de muertes de origen no profesional; y, en todo caso, el Acuerdo
No. 049 de 1990 entró en vigencia después de la muerte del señor Óscar Hernán
Correa Sandoval.

Que respecto a la aplicación del artículo 29 del Decreto 4433 de 2004 debía
señalarse que, al tener efectos ex nunc, no sirve para regular situaciones pasadas.
Que aun cuando se trate de un estatuto especial, no puede regular la situación
particular de la actora, porque dicha norma se promulgó 15 años después del
fallecimiento del agente Correa. Finalmente, condenó en costas y agencias en
derecho a la demandante4.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que, a grandes rasgos,
reiteró lo señalado en el acápite de concepto de violación de la demanda, en cuanto
a que, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad, debe
inaplicarse el aparte del artículo 121 del Decreto 97 de 1989 que exige 12 años de
servicio para acceder a la pensión de sobrevivientes, por reunir los presupuestos de
iniquidad manifiesta y violación al principio de igualdad.

Que el fallador está en la obligación de realizar un test o juicio severo de
constitucionalidad en los casos de pensiones de sobrevivientes máxime cuando, en
el caso concreto, la demandante es una persona de la tercera edad sin mínimo vital
resuelto y sin oportunidad de incorporarse a la actividad laboral.

Que, una vez cumplido el objetivo de protección de los derechos fundamentales de
la accionante, también deben desarrollarse los objetivos y los criterios de la Ley 923
de 2004.

4 Véanse los folios 364-370.

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Que entre el artículo 117 y el 121 del Decreto 97 de 1989 existe una gran
desigualdad porque consagran fórmulas disímiles, aun cuando quienes van a
combate o quienes restablecen el orden público están frente a un mismo elemento
generador de la invalidez o de la muerte5.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 13 de octubre de 2022 se admitió el recurso de apelación6 y por
providencia del 5 de diciembre de 2022, se dio traslado a las partes para alegar de
conclusión7.

La parte demandante alegó de conclusión reiterando, en general, los argumentos
que expuso en el acápite de concepto de violación de la demanda y el recurso de
apelación8.

La parte demandada guardó silencio.

El Ministerio Público rindió concepto en el que manifestó que es improcedente
reconocer las pretensiones de la demandante, al tenerse por cumplida la debida
ejecutoriedad y legalidad de las decisiones administrativas cuestionadas, al amparo
del régimen aplicable para el asunto de la pensión de sobrevivientes generado por
servidor policial, en aquellos tiempos.

Que al no ser posible la aplicación retrospectiva de los regímenes posteriores a la
causación del derecho deprecado a la pensión de sobrevivientes, el que, de todas
formas, en el evento particular de este específico proceso no tuvo ocurrencia, y al
no colmarse el mínimo de prestación de servicio que la disposición gobernaba para
1989, habría de confirmarse la providencia recurrida9.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si a la demandante le asiste derecho
o no al reconocimiento pensional de sobreviviente, de conformidad con los artículos
121 y 130 del Decreto 97 de 1989, con ocasión del fallecimiento del señor Óscar
Hernán Correa Sandoval.

Marco normativo aplicable a los miembros de la fuerza pública en materia
prestacional

En vigencia de la Constitución Política de 1886, el Congreso de la República revistió
al presidente de la República, en múltiples oportunidades, de facultades
extraordinarias relacionadas con la ordenación de materias atinentes a las fuerzas

5 Véanse los folios 378-387.
6 Véase a índice 3 en el aplicativo SAMAI.
7 Véase a índice 9 en el aplicativo SAMAI.
8 Véase a índice 14 en el aplicativo SAMAI.
9 Véase a índice 18 en el aplicativo SAMAI.

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militares y de policía. Sobre el último grupo se expidieron, concretamente, los
Decretos 465 de 1961, 3072 de 1968, 2338 de 1971, 613 de 1977, 2063 de 1984,
97 de 1989 y 1213 de 1990, los cuales regularon la carrera profesional de los
miembros de la Policía Nacional, así como sus prestaciones sociales.

Atendiendo a las circunstancias temporales del caso, se tiene que el Congreso
profirió la Ley 5ª de 1988, por medio de la cual se revistió al presidente de la
República de facultades extraordinarias para, entre otras, reformar los estatutos de
carrera de los oficiales, suboficiales y agentes de las fuerzas militares y de la Policía
Nacional, en virtud del numeral 12, del artículo 76 de la Constitución Política de
1886.

Bajo ese revestimiento de facultades extraordinarias para legislar, se expidió el
Decreto 97 de 1989 que, en su Título V, reguló las prestaciones sociales de sus
destinatarios ya fuere en actividad, por retiro, por incapacidad sicofísica, por muerte
en actividad, por muerte en retiro, por separación y para el caso de los
desaparecidos y prisioneros.

Particularmente, el Capítulo IV de ese título consagró las siguientes prestaciones
cuando se presentase la muerte en actividad de algún agente de la Policía Nacional:

i) Muerte simplemente en actividad: se determinó que sus beneficiarios
tendrían derecho al pago de una compensación equivalente a dos años
de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 98 de dicha norma; al pago de cesantías por el
tiempo de servicio del causante; y si el agente hubiere cumplido quince o
más años de servicio, tendrían derecho al pago de una pensión mensual
que se liquidaría y cubriría en la misma forma de la asignación de retiro,
de acuerdo con la categoría y tiempo de servicio del causante.

ii) Muerte en actos de servicio: se especificó que sus beneficiarios
tendrían derecho al pago de una compensación, por una sola vez,
equivalente a tres años de los haberes correspondientes, tomando como
base las partidas señaladas en el artículo 98 de esa norma; al pago doble
de las cesantías por el tiempo servido por el causante; y si el agente
hubiere cumplido doce años o más de servicio, tendrían derecho al pago
de una pensión mensual que se liquidaría y cubriría en la misma forma de
la asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante.

iii) Muerte en actos meritorios del servicio: se determinó que sus
beneficiarios tendrían derecho al pago de una compensación, por una
sola vez, equivalente a cuatro años de los haberes correspondientes al
grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas
en el artículo 98 de dicha norma; al pago doble de las cesantías por el
tiempo servido por el causante; si el agente hubiere cumplido doce o más
años de servicio, tendrían derecho al pago de una pensión mensual que
se liquidaría y cubriría en la misma forma de la asignación de retiro, de
acuerdo con el grado conferido póstumamente; y si el agente no hubiere
cumplido doce años de servicio, su cónyuge e hijos tendrían derecho al
pago de una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%)

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de las partidas señaladas en el artículo 98 de esa norma, la cual se
pagaría por mitades entre el o la cónyuge y los hijos del causante, en
concurrencia, estos últimos, en las proporciones de ley.

Por su parte, el artículo 130 del Decreto 97 de 1989 consagró el orden de
beneficiarios de las prestaciones sociales por causa de muerte de un agente de la
Policía Nacional, así: i) la mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos
del causante, en concurrencia estos últimos en las proporciones de ley; ii) si no
hubiere cónyuge sobreviviente, la prestación se dividiría por partes iguales entre los
hijos; iii) a falta de hijos, las prestaciones corresponderían al cónyuge; y iv) si no
hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, las prestaciones se dividirían entre los
padres, conforme con las reglas que allí se establecieron.

Ahora bien, dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad
social, la inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares
fundamentales, en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el
sostenimiento del grupo familiar deja en situación de desamparo a los integrantes
del mismo.

Con la finalidad de atender dicha contingencia, se consagró la pensión de
sobrevivientes, la cual busca suplir la ausencia repentina del apoyo económico que
brindaba un afiliado o pensionado al grupo familiar y, así, evitar que su deceso se
traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de
las personas beneficiarias de dicha prestación.

De ese modo, refiriéndose a la sustitución pensional, la Corte Constitucional indicó
que esta tiene como finalidad “[…] evitar que las personas allegadas al trabajador y
beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su
fallecimiento en el desamparo o la desprotección”10 y, por lo tanto, con dicha
institución pretende impedirse que quienes dependían de la persona que murió, se
vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su
fallecimiento11.

Por consiguiente, como el objeto de la pensión de sobrevivencia es atender la
contingencia derivada del deceso del trabajador, se estima que la figura tampoco
es ajena al régimen prestacional aplicable a los miembros de las fuerzas públicas,
específicamente, a los de la Policía Nacional, pues, como puede advertirse, la
normativa que ha regulado las prestaciones sociales de los miembros de dicha
institución consagró las diversas prestaciones en favor de los beneficiarios de los
agentes muertos en actividad.

En punto a esta situación, advierte la Sala que el beneficio prestacional de
sobrevivencia, en los términos del artículo 130 del Decreto 97 de 1989, solo exige
para su otorgamiento que se demuestre la calidad del parentesco con el causante
de la pensión ─a excepción del supuesto de los hermanos menores de edad del
agente, quienes debían demostrar la dependencia económica─, para lo cual cobra
relevancia probatoria la presentación del registro civil de matrimonio ─en el caso

10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-190 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
11 Ibid.

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que el beneficiario fuese el cónyuge─ o del registro civil de nacimiento ─en el caso
que los beneficiarios fuesen los hijos o los padres─.

Resolución al caso en concreto

La demandante busca, como pretensión principal, el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivencia en los términos del artículo 121 del Decreto 97 de 1989,
el cual dispuso:

“Artículo 121. MUERTE EN ACTOS MERITORIOS DEL SERVICIO.
Durante la vigencia del presente estatuto, a la muerte de un Agente de la
Policía Nacional en servicio activo, en actos meritorios del servicio, en
combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en
conflicto internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden
público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo
cualquiera que sea el tiempo de servicio, además sus beneficiarios en el
orden establecido en este estatuto, tendrán derecho a las siguientes
prestaciones:

a) A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación
equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado
conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el
artículo 98 de este Decreto;

b) Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante;

c) Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el
Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y
cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el
grado conferido póstumamente;

d) Si el Agente no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, su cónyuge
e hijos tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas señaladas
en el artículo 98 de este estatuto. Esta prestación se pagará la mitad al
cónyuge y la otra mitad a los hijos del causante, en concurrencia estos
últimos en las proporciones de ley.

Parágrafo. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo efecto,
aquellos en que el Agente se enfrente a grave e inminente peligro en defensa
de la vida, honra y bienes de las personas”.

Sobre dicha materia, en el expediente reposa prueba del informe administrativo por
muerte del 17 de noviembre de 1989, en el que se determinó que el señor Óscar
Hernán Correa Sandoval murió “en actos propios del servicio y con ocasión del
mismo”12.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que habrá “muerte
en simple actividad” cuando no aparece probado el nexo de causalidad entre el
acto del servicio y el fallecimiento del policía; “muerte en actos propios del
servicio” cuando sí aparece probado el nexo de causalidad; y “muerte en actos
meritorios del servicio” cuando el miembro de la fuerza pública se encontraba en
servicio activo cumpliendo una misión que suponía el grave e inminente riesgo para
su vida e integridad personal, cuando el deceso se ocasionó en un combate o como

12 Véanse los folios 246-248.

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consecuencia de la acción del enemigo o se produjo en un conflicto internacional o
para preservar o restablecer el orden público13.

Con base en lo anterior, es claro para la Sala que, no puede reconocérsele a la
demandante la pensión de sobrevivencia en los términos del artículo 121 del decreto
comentado, toda vez que el deceso del señor Correa Sandoval no se calificó como
“muerte en actos meritorios del servicio”, motivo por el cual quedó excluido del
ámbito de aplicación de esa norma en concreto.

Ahora, como el fallecimiento se calificó como “muerte en actos propios del
servicio”, la norma a aplicar era la consagrada en el artículo 120 del Decreto, que
determinó que los beneficiarios del agente tendrían derecho: i) al pago de una
compensación, por una sola vez, equivalente a tres años de los haberes
correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 98 de
esa norma; ii) al pago doble de las cesantías por el tiempo servido por el causante; y
iii) si el agente hubiere cumplido doce años o más de servicio, tendrían derecho
al pago de una pensión mensual que se liquidaría y cubriría en la misma forma de
la asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante.

Empero, en el expediente reposa prueba que acredita que, al momento de la
muerte, el señor Correa Sandoval solo había laborado al servicio de la Policía
Nacional por 5 años, 3 meses y 7 días14. En consecuencia, no es posible acceder
a la pretensión de nulidad de los actos acusados ya que, en consideración al tiempo
laborado por el causante y la calificación que de su muerte se hizo, tan solo había
lugar al reconocimiento de las cesantías y de la compensación a favor de los
beneficiarios, tal y como ocurrió en la Resolución No. 6872 del 11 de julio de 1990.

Además, la Sala pone de presente que ni en el expediente administrativo, ni en sede
judicial, obró prueba que acreditara la condición que tenía la demandante como
posible beneficiaria de dicha prestación, motivo por el cual fue adecuado el
reconocimiento que se hizo de la menor Claudia Lorena Correa Barrera, en la
Resolución No. 6872 del 11 de julio de 1990, como la única beneficiaria del señor
Correa Sandoval.

Finalmente, en cuanto a los reparos que la apelante realizó sobre los artículos 117
y 121 del Decreto 87 de 1989, la Sala manifiesta que por tratarse de una norma
vertida en un decreto ley ─porque lo expidió el presidente con base en una ley de
facultades extraordinarias pro tempore conferidas por el Congreso de la
República─, este no es el medio para controvertir las supuestas diferencias de trato
que había ante el mismo supuesto en dichos artículos.

Asimismo, como los presupuestos normativos que reguló el artículo 117 no son
aplicables a este caso en concreto ─incapacidad absoluta en actos meritorios del
servicio─ por la sola ocurrencia de la muerte del señor Correa Sandoval, la Sala se
abstendrá de pronunciarse en torno a ello, por no ser el objeto de la litis.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos administrativos

13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de
2017. Exp. 1694-15. C.P. William Hernández Gómez.
14 Véase el folio 230.

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demandados, se confirmará la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de
dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio
de la cual se negaron las pretensiones.

De la condena en costas en segunda instancia

Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe.

No obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura, en la que en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2°, del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en los
argumentos de la parte vencida, no se presenta una carencia de fundamentación
que dé lugar a la condena en costas en esta instancia. Contrario a ello, en sus
escritos, la parte manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos
mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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