Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2015-01597-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2015-01597-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2015-01597-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de noviembre de 2023
Radicado: 76001-23-33-000-2015-01597-01 (27728)
Demandante: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2015-01597-01 (27728)
Demandante EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado MUNICIPIO DE CALI
Tema Contribución por obra pública. Hecho Generador.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 02 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. 4131.1.21.13955 del 29 de julio
de 2014 y No. 4131.1.21.3346 del 14 de julio de 2015, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa del presente proveído.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho DECLARAR que EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP, no está́ obligada a pagar suma de dinero
alguna por concepto de contribución especial de contratos de obra pública para el año
gravable 2012, con base en lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: La sentencia deberá́ cumplirse dentro de los términos previstos en el artículo 192
de la Ley 1437 de 2011, en cuanto se den los supuestos de hecho allí́ determinados.
CUARTO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte vencida, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de la presente sentencia.
QUINTO: En firme esta providencia, archívense las diligencias una vez hechas las anotaciones
en el software de gestión”.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 03 de abril de 2014, el Municipio de Santiago de Cali – Departamento
Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas
Municipales profirió el Requerimiento Contribución Especial Nro. 4131.1.12.10-02
en el cual señaló que las Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
(en adelante EMCALI) no realizó la causación y pago de la contribución especial de
los contratos de obra pública por el año 2012.
El 29 de julio de 2014, la demandada expidió la Resolución Nro. 4131.1.21.13955,
declarando a la actora como deudora morosa de la contribución especial como
agente responsable, acto contra el que se interpuso recurso de reconsideración.
El 14 de julio de 2015, la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales de la
ciudad de Santiago de Cali mediante Resolución Nro. 4131.1.21.3346 confirmó el
acto administrativo recurrido.
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Demandante: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones1:
“3. DECLARACIONES Y CONDENAS
Previo los trámites que se consagran en el Título V Demanda y Proceso Contencioso
Administrativo, artículo 159 y s.s. del C.P.A.C.A. (ley 1437 de 2011); con respaldo en los
hechos que expondré y probaré, y en las disposiciones de derecho que invocare, comedida y
respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que haga las siguientes declaraciones en sentencia:
3.1. Se declare la nulidad de los actos administrativos que a continuación se relacionan, por
ser contrarios a la Constitución y a la ley:
• Resolución No. 4131.1.21.13955 del 29 de Julio de 2014 “Por medio de la cual se
declara deudor moroso de contribución especial a un agente responsables” proferida
por el Municipio de Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal – Subdirección de impuestos y rentas Municipales, dirigido a EMCALI
E.I.C.E.E.S.P., por concepto de la causación y de la contribución especial de contratos
de obra pública vigencia 2012.
• Resolución No. 4131.1.21.3346 del 14 de Julio de 2015 “Por medio de la cual se
resuelve un recurso de reconsideración”, proferida por el Municipio de Santiago de Cali
– Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Subdirección de impuestos y
rentas Municipales, dirigido a EMCALI E.I.C.E. E.S.P., por concepto de la causación y
de la contribución especial de contratos de obra pública vigencia 2012”.
Los anteriores actos administrativos fueron proferidos por el Municipio de Santiago de Cali –
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Subdirección de Impuestos y Rentas
Municipales.
3.2. Como consecuencia de dicha nulidad, se ordene el restablecimiento el (sic) derecho a
EMCALI E.I.C.E. E.S.P., declarando que NO se encuentra como deudor moroso de la
contribución especial de contratos de obra pública vigencia 2012.
3.2.1. Que se cancelen los registros contables que existen en el Municipio de Santiago de Cali
– Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Subdirección de Impuestos y
Rentas Municipales a nombre de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., como deudor moroso de la
contribución especial de contratos de obra pública vigencia 2012.
3.2.2. Que se cancele la radicación y se archive el expediente abierto en el Municipio de
Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Subdirección
de Impuestos y Rentas Municipales a nombre de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., como deudor
moroso de la contribución especial de contratos de obra pública vigencia 2012.
3.2.3. Y por último, en el evento de que EMCALI E.I.C.E. E.S.P., haya realizado el pago
consignado en la Resolución No. 4131.1.21.3346 del 14 de Julio de 2015 “Por medio
de la cual se resuelve un recurso de reconsideración”, proferida por el Municipio de
Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Subdirección
de Impuestos y Rentas Municipales, dirigido a EMCALI E.I.C.E. E.S.P., por concepto de
la causación y de la contribución especial de contratos de obra pública vigencia 2012,
se le reintegre a EMCALI E.I.C.E. E.S.P., la suma que se pagó, debidamente indexada;
y que como consecuencia de la devolución se cancelen a favor de mi representada los
intereses moratorios respectivos desde el día calendario siguiente al pago efectuado
por EMCALI E.I.C.E. E.S.P., hasta el día en que efectivamente sean restringidas dichas
1 El Tribunal inadmitió la demanda en auto del 28 de septiembre de 2016 (fl 85 CP) y solicitó corregir una de
las pretensiones, relacionada con la declaratoria de nulidad del requerimiento especial. Mediante escrito que
reposa en los fls. 88 a 90 CP la demandante subsanó el yerro.
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sumas de dinero, a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera, y en
el evento que no se haya cancelado se dejen dichos actos administrativos sin efecto.
3.3. Se condene en costas a la entidad demandada y agencias en derecho del proceso
conforme lo establecido en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil”.
A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas vulneradas los
artículos 100 de la Ley 21 de 1992; las Leyes 418 de 1997; 548 de 1999; 782 de
2002; 1106 de 2006; 1421 de 2010 y 1430 de 2010; así como los artículos 223 del
Acuerdo 0321 de 2011 y; 112 y 113 del Decreto Extraordinario Nro. 411.0.20-0139
de 2012.
El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:
Sostuvo que, la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales efectuó la
fiscalización sin tener en cuenta que la actora en cumplimiento de su objeto social
suscribió contratos de obra civil y, por lo tanto, practicó la retención del IVA sobre la
base de la utilidad, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, tributo
que era excluyente de la contribución por obra pública del 5%. Explicó que la
sociedad le dio la connotación de obra civil y no le era posible practicar la retención
de la contribución, en la medida en que aplicó el IVA a los contratos.
Precisó que el Municipio de Cali no contempló en su Estatuto Tributario (Acuerdo
0321 de 2011), la aplicación de la contribución a los contratos suscritos por la
demandante, esto es entidades descentralizadas del orden municipal, por lo que no
le era exigible.
Argumentó que el artículo 223 del Acuerdo Nro. 0321 de 2011 dispuso como hecho
generador la suscripción de contratos de obra pública entre el Municipio de Santiago
de Cali y cualquier persona natural y jurídica, dejando por fuera los acuerdos
celebrados con entidades descentralizadas del orden municipal. Eso se refuerza
con el hecho de que solo con la expedición del Acuerdo Nro. 0338 de 2012 se
incluyeron estos supuestos dentro del hecho generador.
Especificó que la Administración pretendía aplicar de forma retroactiva la norma,
aun cuando la Constitución Política lo prohibía. Insistió en que el Acuerdo Nro. 0321
de 2011, en su artículo 223, precisó el hecho generador, refiriéndose únicamente a
contratos celebrados por el Municipio de Santiago de Cali, el cual difería de las
entidades descentralizadas, porque poseían personería jurídica, autonomía
administrativa y capital propio.
Manifestó que solo en casos excepcionales y señalados en el artículo 39.1 de la Ley
142 de 1994 aplicaba el Estatuto General de Contratación Pública y explicó que era
una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios
Indicó que aplicar lo decidido por la Administración era inducir a la demandante a
un pago de lo no debido y destacó que a los contratistas no se les podía exigir el
pago de IVA y de la contribución porque tendrían que asumir una doble causa
impositiva.
Oposición de la demanda
El Municipio de Santiago de Cali controvirtió las pretensiones de la actora, con base
en los siguientes argumentos:
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Comentó que, de acuerdo con la Constitución Política, solamente el Congreso, las
Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales pueden
imponer contribuciones fiscales o parafiscales, de ahí que las leyes, ordenanzas y
acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos pasivos, hechos y bases
gravables, y las tarifas de los tributos.
Se refirió al principio de legalidad citando la sentencia C-035 de 2009, la cual señaló
que las entidades territoriales gozan de autonomía para el establecimiento o
supresión de impuestos de carácter local, autorizados en forma genérica por la ley.
Así, en materia de impuestos, debía existir una autorización del tributo y una
delimitación por parte del legislador, que en el caso de la contribución objeto de
debate, es el Decreto Extraordinario 2009 de 1992, que establece que las personas
que suscribieran contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de
vías con entidades de derecho público estaban sujetas al pago de una contribución
del 5% sobre el valor total del respectivo contrato.
Señaló que, en la actualidad, la contribución está reglada en las Leyes 418 de 1997,
548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006 y precisó que sobre el particular se
pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
Adujo que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, todas las personas
naturales o jurídicas que suscribieran contratos de obra pública con entidades de
derecho público o adicionaran valor a los contratos existentes debían pagar la
contribución.
Explicó que para el caso concreto se debía hacer una interpretación armónica de
los artículos 222 a 227 del Acuerdo 321 de 2011, para determinar la obligación en
cabeza de la actora y, que efectuar una interpretación aislada y exegética del
articulo 223 conllevaba a una conclusión errónea.
Expuso que al analizar los artículos del Estatuto Municipal se concluía que la
contribución aplicaba a los contratos celebrados por entidades de derecho público,
entre las cuales se encuentran entidades como la demandante.
Resaltó que según el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, los contratos de obras
públicas celebrados por entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del
orden departamental y municipal estarán excluidos de IVA, lo que no genera duda
de que la demandante debió descontar la contribución.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos
demandados con base en lo siguiente:
Dijo que, para la contribución especial de contratos de obra pública, la autorización
legal provenía de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006.
Sostuvo que, si bien el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 definió ́ y autorizó la
creación de la contribución especial de contratos de obra pública, refiriéndose
indistintamente a la celebración de esos contratos con entidades de derecho
público, la norma territorial precisó que el hecho generador lo constituyen los
contratos y adiciones suscritas entre el Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali y cualquier persona natural y/o jurídica,
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sin que de allí́ puedan incluirse las entidades descentralizadas u otras de orden
municipal.
Aclaró que la actora era una empresa industrial y comercial del Estado del orden
municipal, prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería
jurídica, patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa y de objeto
social múltiple, por lo que, era una persona jurídica distinta al ente territorial
demandado, aun cuando sea del orden municipal. En consecuencia, no era
procedente la interpretación armónica del artículo 223 del Acuerdo No. 0321 de
2011 para entender que los contratos de obra pública suscritos por la actora daban
lugar al hecho generador de la contribución especial objeto de estudio.
Concluyó que la suscripción de los contratos por EMCALI por la vigencia 2012 no
constituyen el hecho generador del tributo y, por ende, no había obligación de
retener, pues dicha circunstancia solo fue establecida en el municipio con el
Acuerdo Nro. 338 de 2012.
Finalmente, condenó a la demandada en costas y fijó como agencias en derecho el
equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Recurso de apelación
La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia.
Indicó que el artículo 6°de la Ley 1106 de 2006 y el Acuerdo Nro. 321 de 2011 (hizo
mención de los artículos 223 a 227, haciendo énfasis en el sujeto pasivo) señalaron
que las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública con
entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los
existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el
nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente
al 5% del valor total del correspondiente contrato o adición; motivo por el cual no
existe fundamento alguno para ordenar la devolución requerida por el demandante.
Se refirió al concepto DIAN Nro. 20031 de 9 de marzo de 2009, el cual fue
demandado ante el Consejo de Estado2, corporación que manifestó que las
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, ya sean constituidas como
sociedades por acciones o como empresas industriales y comerciales del Estado,
son "entidades públicas" pertenecientes al nivel descentralizado por servicios de la
rama ejecutiva y que la contribución especial de obra pública se genera por la simple
suscripción de un contrato de la misma naturaleza y de concesión para la
construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o
fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales con cualquier entidad de derecho
público, categoría en la que, se encuentran incluidas las empresas industriales y
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta de que trata el artículo
38 de la Ley 489 de 1998.
Así, concluyó que el legislador optó por un criterio orgánico para determinar el hecho
generador de la contribución y no uno material, motivo por el cual la actora estaba
obligada a descontar el tributo.
Oposición al recurso de apelación
2 Radicado Nro. 11001-03-27-000-2011-000205-00 (18975)
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La demandante no presentó escrito.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia de primera instancia al considerar
que EMCALI era sujeto pasivo del tributo por el año 2012, toda vez que la Ley 1106
de 2006 señalaba como hecho generador la suscripción de contratos de obra
pública de todas las personas naturales o jurídicas con entidades de derecho
público o en el evento en que se celebren contratos de adición al valor de los
existentes, las cuales debían pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio,
según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución
equivalente al 5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva
adición.
Señaló que, de conformidad con el Acuerdo 0321 de 2011, el tributo se causaba
con la suscripción de contratos de obra pública y adiciones, entre el Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali y
cualquier persona natural o jurídica. Adicionalmente, la norma indicaba que eran
sujetos pasivos del tributo todas las personas naturales o jurídicas que suscriban
contratos de obra pública con entidades de derecho público o celebren contratos de
adición al valor de los existentes que se celebren en su jurisdicción.
Manifestó que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en la
sentencia del 25 de febrero de 2020, exp.2020-CE-SUJ-SP-001, C.P. William
Hernández Gómez y en la sentencia del 03 de diciembre de 2020, exp.22472, que
reitera la primera, estableció las reglas de unificación jurisprudencial, explicó en
detalle los elementos esenciales que configuran el tributo y fijó criterios para
determinar el hecho generador de la contribución de obra pública.
Concluyó que la demandante era una entidad de derecho público del tipo sociedad
de economía mixta y, según las reglas de unificación fijadas, los contratos de obra
celebrados estaban gravados con el tributo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Atendiendo los cargos de apelación formulados por la parte demandada, le
corresponde a la Sala pronunciarse sobre la sentencia de primera instancia que
declaró la nulidad de los actos mediante los cuales el Municipio de Santiago de Cali
liquidó la contribución especial por obra pública por la vigencia 2012 declarando
deudor moroso a EMCALI E.I.C.E. E.S.P, en consecuencia, se debe establecer si
en el caso concreto se causó el mencionado tributo.
Frente a la contribución especial sobre los contratos de obra pública es preciso
observar que la misma fue incorporada en nuestra legislación tributaria, inicialmente
con carácter territorial en el Decreto 2009 de 1992 y con la finalidad de dotar a las
fuerzas armadas de fuentes de financiación en el contexto del estado de conmoción
interior que había sido declarado en el país, la Ley 104 de 1993 prorrogó su vigencia
por dos años sin embargo extendió su alcance a nivel nacional y los recursos se
distribuyeron para seguridad ciudadana y financiación del gasto militar, las leyes
241 de 1995, 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de
2010 prorrogaron su vigencia hasta que se declaró con carácter permanente en la
Ley 1738 de 2014.
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Los elementos de la contribución de los contratos de obra pública3 se encuentran
regulados en el artículo 6 de la Ley 1106 de 20064 , y los recursos están destinados
a los fondos de convivencia ciudadana y seguridad pública de la Nación,
Departamento o Municipio, dependiendo de la entidad contratante.
Así, el hecho generador “se realiza sobre los contratos de obra que se celebren con entidades
de derecho público, independientemente de su régimen contractual” , y “dependiendo del carácter
de la entidad de derecho público contratante, esto es, si es nacional, departamental o municipal, la
contribución se pagará a la Nación, al Departamento, o al Municipio, que son los sujetos activos del
tributo”5 , la norma señala lo siguiente:
“Artículo 6º. De la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y
otras concesiones. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, quedará así:
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades
de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a
favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública
contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato o de la respectiva adición”.
Para el caso concreto la discusión gira en la aplicación del Acuerdo Nro. 0321 de
2011, que, en relación con la contribución por obra pública, señala lo siguiente:
“Capítulo XVIII
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
“Artículo 222: Autorización legal: La contribución se encuentra autorizada por las Leyes 418
de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006.
Artículo 223: Hecho generador: Lo constituye la suscripción de contratos de obra pública,
incluidas sus adiciones, entre el Municipio de Santiago de Cali y cualquier persona natural o
jurídica.
Artículo 224: Sujeto activo: El Municipio de Santiago de Cali es el sujeto activo de la
contribución sobre contratos de obra pública que se cause en su jurisdicción y en él radican
las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión,
recaudo, devolución y cobro.
Artículo 225: Sujeto pasivo: Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban
contratos de obra pública con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al
valor de los existentes. (…)
Artículo 226: Base gravable: El valor total del contrato o de las respectivas adiciones.
Artículo 227 Causación: Es el momento de la entrega del anticipo, si lo hubiere, y en cada
cuenta que se cancele al contratista. (…)
Artículo 228: Tarifa: Cinco por ciento (5%) (…)
Artículo 229: Exclusión: La celebración o adición de contratos de concesión de obra pública
no causará la contribución establecida en este capítulo.
3 Este tributo tiene antecedentes normativos en el Decreto Legislativo 2009 de 1992, la Ley 104 de 1993, 241
de 1995, 418 de 1997, 548 de 1999 y 782 de 2002, disposiciones que establecían el gravamen sobre todas
las personas naturales o jurídicas que suscribieran contratos de obra pública para la construcción y
mantenimiento de vías con entidades de derecho público. Hecho generador que fue ampliado en la Ley 1106
de 2006 sobre todos los contratos de obra pública.
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 25 de marzo de 2021, exp.23290, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto, reiterada el 3 de junio del mismo año, exp.24303, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello,
entre otras.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Unificación 2020-CE-SUJ-
SP-001 del 25 de febrero de 2020, exp. 22473 C.P. William Hernández Gómez.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Artículo 230: Destinación de los recursos: Los recursos que se recauden por esta
contribución se destinarán a la creación de un fondo de seguridad de conformidad con las
previsiones de los artículos 119 y 122 de la Ley 418 de 1997.
Artículo 231: Vigencia de la contribución: Será de cuatro (4) años contados desde la
vigencia de la Ley 1421 del 21 de diciembre de 2010 o por el tiempo que señalen leyes
posteriores”.
Debe observarse que, en el presente caso, las partes no discuten que la norma
municipal deba ser aplicada en el sub examine, lo que se controvierte es la
interpretación que de la misma debe hacerse frente a los sujetos obligados. Así
mismo, no es un hecho debatido que la actora es una entidad descentralizada, cuya
naturaleza jurídica corresponde a la de una empresa industrial y comercial del
Estado del orden municipal, prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada
de personería jurídica, patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa
y de objeto social múltiple.
Para la Sala, como lo resalta el Tribunal, el Acuerdo Nro. 031 de 2011, señaló como
hecho generador la suscripción de contratos de obra pública, incluidas sus
adiciones, entre el Municipio de Santiago de Cali y cualquier persona natural o
jurídica.
Si bien la norma local al referirse al sujeto pasivo indica que corresponde a “Todas
las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública con entidades de derecho
público”, lo cierto es que esta disposición no puede ser contraria o diferente al hecho
generador dispuesto en esa misma norma municipal, el cual marca o define la
situación que genera la carga impositiva.
Al respecto, esta sala6 ha precisado que el supuesto que da nacimiento a la
obligación tributaria lo constituye el hecho generador que corresponde a “la situación
de hecho, que es indicadora de una capacidad contributiva, y que la ley establece de manera
abstracta como situación susceptible de generar la obligación tributaria, de suerte que si se realiza
concretamente ese presupuesto fáctico, entonces nace al mundo jurídico la correspondiente
obligación fiscal”7.
De lo anterior se desprende que como solo se estableció que el presupuesto fáctico
de la contribución era la celebración de contratos con el municipio demandado, no
puede hacerse extensiva la obligación a otras entidades que no fueron reseñadas
en el hecho gravable, so pena de modificarlo vía determinación del sujeto pasivo,
máxime cuando el presupuesto que trae la norma que regula el hecho generador
resulta más restrictivo (municipio de Cali) que la definición dada respecto a la
sujeción pasiva (entidades de derecho público).
La Sala precisa que en este caso no puede hacerse una interpretación conjunta
entre las dos disposiciones referidas porque iría en contra del principio de certeza
de los tributos, puesto que se generaría un grado de indefinición respecto del hecho
generador de la obligación fiscal. Al tratarse de normas de carácter impositivo su
interpretación no puede dar lugar a equívocos o, ambigüedades, por lo que deberá
aplicarse la norma particular del hecho generador comoquiera que la identificación
del sujeto de pasivo se desprende de esta.
En esa medida al aplicar el hecho generador del Acuerdo Nro. 0321 de 2011, vigente
para la época de los hechos, no es posible el cobro de la contribución cuando se
6 Consejo de Estado, Sentencia del 29 de julio de 2021, exp. 25432, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
7 Sentencia C-333 del 17 de mayo de 2017, MP Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01597-01 (27728)
Demandante: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.
celebran contratos con entidades del orden descentralizado, como es el caso de la
demandante.
Repárese que como el mismo municipio lo reconoce en el acto que resolvió el
recurso de reconsideración, “con el fin de dar mejor claridad sobre el tema y evitar indebidas
interpretaciones”, mediante el Acuerdo Nro. 0338 del 28 de diciembre de 2012 se
modificó el hecho generador de la contribución y se identificó en los sujetos pasivos
las entidades de nivel central y descentralizado del orden municipal, así:
“ARTÍCULO 34: MODIFICAR el artículo 223 del Capítulo XVIII, PARTE SUSTANTIVA, Libro
Primero del artículo 1 del Acuerdo No. 0321 de 2011, el cual quedará así:
Artículo 223: Hecho Generador: Son hechos generadores la contribución especial:
a) La suscripción de contratos de obra pública y sus adiciones.
b) La ejecución a través de subcontratistas de convenios de cooperación suscritos entre entidades
públicas con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su
mantenimiento.
c) Los contratos de concesión de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de
comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales.
ARTÍCULO 35. MODIFICAR el artículo 225 del Capítulo XVIII, parte sustantiva, Libro Primero
del artículo 1 del Acuerdo No. 0321 de 2011, el cual quedará así:
Artículo 225. Sujeto Pasivo. Persona natural o jurídica que suscriba contratos de obra pública o sus
adiciones y concesiones con entidades de derecho público del nivel central y descentralizado municipal.
(…)” (resaltos fuera del texto)
Como se observa el hecho generador regulado en este último acuerdo no lo delimita
a la suscripción de contratos con el Municipio de Santiago de Cali.
Finalmente, se pone de presente que en este asunto no hay lugar a aplicar la
sentencia del 14 de agosto de 2013, exp.18975, C.P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez, en la que se estudió el concepto DIAN Nro. 20031 de 2009, pues como
se advirtió, la demandada no incluyó como hecho gravable la celebración de
contratos con entidades descentralizadas del orden municipal para la vigencia
cuestionada.
Por lo expuesto, no prospera el recurso de apelación interpuesto por el Municipio
de Cali y se confirmará la sentencia de primera instancia.
Condena en costas
Finalmente, en esta instancia, no habrá lugar a condena en costas porque en el
expediente no se probó su causación como lo exige el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Resalta la Sala que la demandada no apeló las costas impuestas en primera
instancia, motivo por el cual no serán evaluadas en esta oportunidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.
FALLA
1. Confirmar la sentencia proferida el 02 de mayo de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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