Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00083-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00083-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2016-00083-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
13 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco Tenorio; Daniel Portilla; y Ramón Antonio
Maquilón.
Demandado: Universidad del Valle del Cauca.
Temas: Nivelación salarial. Empleados públicos y trabajadores
oficiales.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de primera proferida el 1 de septiembre del 2017 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
Contencioso Administrativo, los señores Francisco Polanco Tenorio, Daniel Portilla
Quintero y Ramón Antonio Maquilón, por medio de apoderado judicial, formularon
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en orden a que se
declare la nulidad de los Oficios 0030.0031.3337.2015; 0030.0031.3336.2015; y
0030.0031.3342.2015, proferidos por la Universidad del Valle, por medio de los
cuales se les negó una nivelación salarial.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho
solicitaron: (i) nivelar los salarios de los demandantes, quienes fueron nombrados
como empleados públicos de la Universidad del Valle en ejercicio de funciones de
celaduría, a la asignación salarial percibida por los trabajadores oficiales de esa
misma institución que cumplen las mismas funciones; (ii) reliquidar las
prestaciones sociales tales como cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones
y las primas de navidad y servicios, de conformidad con la nivelación salarial
concedida; (iii) pagar, a cada uno de los empleados públicos demandante, la suma
de $ 65.914.329; (iv) indexar el valor de la condena; (v) declarar que la
Universidad del Valle ha actuado de mala fe al inducir a los demandantes en error;
(vi) ordenar el pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995; (vii)
disponer que el cumplimiento de la sentencia se dé en los términos de los artículos
177 y 178 del C.C.A; y (viii) condenar en costas a la parte demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
i) Los demandantes son empleados públicos de carrera administrativa de la
Universidad del Valle y desempeñan el cargo de celador, grado 6, de la Sección
2
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
de Seguridad y Vigilancia con una asignación salarial de $ 1. 284.734 para el año
2016. Las funciones desarrolladas por los accionantes son idénticas, en
condiciones de tiempo, modo y lugar, a las del cargo de trabajador oficial celador;
sin embargo, estos últimos devengan una mayor contraprestación que asciende a
$ 2.720.776 para ese mismo año.
ii) La citada discriminación ha sido sustentada en el acuerdo sindical contenido en
el Acta 004 del 22 de febrero de 1994; sin embargo, ese documento no se
encuentra inscrito en el Ministerio del Trabajo, como ordena la ley, razón por la
que carece de validez. La falta de radicación de la citada acta fue corroborada por
la Universidad en documento del 10 de noviembre del 2014.
iii) El 29 de octubre del 2015, presentaron solicitud de conciliación judicial ante la
Procuraduría Judicial número 20 Judicial II para Asuntos Administrativos, que
propició la celebración de audiencia conciliatoria que fue declarada fallida.1
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 23,
25, 26, 29, 122, 123 y 125 de la Constitución Política de 1991; convenio 111 de la
OIT; las Leyes 23 de 1991; 244 de 1995; 443 de 1998; 640 del 2001; 909 del 2004;
y 785 del 2005; y los Decretos 1569 de 1998; 770 del 2005; 2539 del 2005; y 1716
del 2009. Al desarrollar el concepto de la violación, la parte demandante
argumentó lo siguiente:2
1 La parte demandante no suministró información sobre la fecha de realización de la diligencia.
2 Folios 6 al 10.
3
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
i) La Universidad del Valle ha desconocido y trasgredido los derechos laborales de
los empleados públicos, particularmente el relativo a la remuneración mínima, vital
y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo y el principio «a salario igual
trabajo igual», toda vez que ha omitido dar pleno cumplimiento a las normas que
regulan la función pública.
ii) La demandada ha desconocido el justo equilibrio en materia salarial de los
empleados públicos y los trabajadores oficiales, en tanto se omitió el derrotero
según el cual el desempeño de una labor en iguales condiciones y jornada merece
una retribución salarial igualitaria. La conducta del ente demandado ha
desatendido las virtudes, el talento y la idoneidad de los demandantes, pues se
apartó de los principios de protección al servidor público, la primacía de la
realidad, la irrenunciabilidad de derechos laborales, el in dubio pro operario, la
favorabilidad, la condición más benéfica, la igualdad de oportunidades y la
igualdad de los trabajadores.
iii) Los estatutos de una institución de educación superior, deben establecer un
sistema técnico de administración de personal dirigido a la correcta aplicación de
las remuneraciones salariales para sus servidores con vinculaciones legales y
reglamentarias, el cual debe ser coherente con el ordenamiento normativo, es
decir, que la autonomía universitaria no puede superponerse frente a derechos
superiores de carácter laboral.
iv) La Universidad del Valle ha incurrido en conductas salarialmente
discriminatorias bajo el amparo de la forma de vinculación de sus servidores, sin
tener en cuenta la calidad y cantidad de las actividades laborales desempeñadas.
4
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Demandante: Francisco Polanco y otros.
1.2. Contestación de la demanda
Dentro del término legal concedido, la parte demandada se opuso a la prosperidad
de las pretensiones del medio de control, de acuerdo con las siguientes razones:3
i) la Universidad del Valle no ha desconocido normas de carácter constitucional o
legal, sino que, por el contrario, ha actuado conforme a derecho, pues se ha
negado a reconocer un derecho de carácter salarial que no les corresponde a los
demandantes. Según el artículo 150 superior, numeral 19, el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos es una atribución exclusiva del Congreso
de la República que, por razones puntuales y especiales, puede ser concedida al
Gobierno nacional.
ii) Los derroteros legales en materia salarial para la Universidad del Valle están
dados por el Decreto 3135 de 1968, en el que, adicionalmente, se establecen las
categorías de los servidores públicos y se señala que los trabajadores oficiales
son aquellos que desempeñan actividades de construcción y sostenimiento de
obras públicas, mientras que los empleados públicos, según la Ley 4 de 1992, son
aquellos vinculados de forma legal y reglamentaria con una entidad pública.
iii) La diferencia entre empleados públicos y trabajadores oficiales reviste gran
importancia, toda vez que el modo de vinculación de aquel lo introduce en un
status predeterminado en el ordenamiento jurídico, que solo puede ser modificado
a través de mecanismos constitucionales. En ese sentido, las condiciones
3 Folios 122 al 142.
5
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Demandante: Francisco Polanco y otros.
laborales, salariales y prestacionales de los demandantes está fijada en la norma y
la Universidad del Valle ha respetado tales prerrogativas.
iv) La autonomía universitaria no es absoluta y, en ese sentido, no permite definir
o modificar circunstancias laborales fijadas por el legislador como el régimen
aplicable a los demandantes el cual se encuentra consagrado en la Ley 4 de 1992
y los Decretos 1919 del 2002 y 2410 del 2003, pues son las normas vigentes para
el momento de la vinculación a la Universidad del Valle, lo cual ocurrió en los años
2003,4 20055 y 2008.6
v) Todos los celadores vinculados a partir del año 1995 tienen la calidad de
empleados públicos y han recibido una remuneración salarial igualitaria. Los
beneficios de esa índole concedidos a celadores que para ese momento tenían la
categoría de trabajadores oficiales y que laboraban en la institución antes del año
1995 corresponden a beneficios convencionales, consignados en el Acta 004 de
1994, que no se encontraban vigentes para el momento de los nombramientos de
los accionantes.
vi) En la aludida Acta convencional se dispuso que, a partir de ese momento, el
cargo de celador tendría la categoría de empleado público de carrera
administrativa, como sucede con los accionantes. Finalmente, propuso las
excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, carencia del
derecho sustancial reclamado, imposibilidad del reconocimiento privilegios o
4 Ramón Antonio Maquilón.
5 Francisco Polanco Tenorio.
6 Daniel Portilla Quintero.
6
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Demandante: Francisco Polanco y otros.
beneficios extralegales a empleados públicos, buena fe, pago total de las
obligaciones, compensación y prescripción.
1.3 La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en audiencia inicial del 1 de
septiembre del 2017, dictó sentencia de primera instancia dentro del proceso de la
referencia, en la que negó las pretensiones de la demanda de conformidad con las
razones que pasan a explicarse:7
i) Por medio de Acta 004 de 1994, las organizaciones sindicales de la Universidad
del Valle y ese ente de educación superior acordaron que, a partir de ese año, el
cargo de vigilante tendría la de empleo público de carrera administrativa y les
serían aplicables las normas, requisitos, beneficios y régimen salarial de esa clase
de servidores públicos.
ii) Las diferencias salariales entre celadores, empleados públicos y trabajadores
oficiales, que cumplen las mismas funciones se debe al tipo de vinculación laboral;
en ese sentido, los trabajadores oficiales gozan de prerrogativas convencionales
que no les pueden ser aplicadas a los empleados públicos, en cumplimiento del
artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo.
iii) Según el artículo 150, numeral 19, de la Constitución Política de 1991, el
régimen salarial de los empleados públicos solo le está dado al legislador, lo que
quiere decir que la Universidad del Valle no puede disponer libremente de las
7 CD en folio 148.
7
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Demandante: Francisco Polanco y otros.
contraprestaciones de esa clase de servidores; sin embargo, sí puede realizar
acuerdos de esa índole con los trabajadores oficiales.
iv) La distinción salarial alegada por los demandantes no obedece a razones
arbitrarias, sino que tiene origen en la naturaleza del cargo de los demandantes,
pues la Universidad del Valle se encuentra imposibilitada legalmente para
extenderle beneficios convencionales concedidos a los trabajadores oficiales.
1.4. El recurso de apelación
Los demandantes, por medio de apoderado judicial, interpusieron recurso de
apelación de acuerdo con los siguientes argumentos:8
i) No se entiende cómo se argumenta que no existe una discriminación salarial en
detrimento de los derechos laborales de los demandantes por el simple hecho de
existir una distinción en el modo de vinculación a la Universidad del Valle, cuando
lo realmente determinante es la labor desempeñada; «según el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca existe una diferencia entre quien aporta su
capacidad intelectual y quien vende su fuerza pública».
ii) En el derecho laboral debe primar la realidad sobre las formas y en este caso
debe tenerse en cuenta «la preponderancia de la situación real que opera en el
derecho del trabajo y son las situaciones reales las que crean el derecho, pues el
escrito es solo un instrumento para forjar la realidad».
8 Folio 171 al 176.
8
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Demandante: Francisco Polanco y otros.
iii) Los literales e y f del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política de
1991 asignó al Congreso de la República la competencia de fijar los salarios de
empleados públicos y trabajadores oficiales, lo que quiere decir que la Universidad
del Valle no puede ampararse en la autonomía universitaria para suscribir actas o
acuerdos convencionales con sus trabajadores oficiales para modificar el régimen
salarial o prestaciones se los servidores, pues ello constituye el ejercicio irregular
de la función legislativa.
iv) El derecho a la nivelación salarial solicitada no debe estar guiada por la forma
de vinculación, sino por las actividades desempeñadas por los demandantes, en
comparación con los trabajadores oficiales que realizan las mismas labores, razón
por la que la sentencia de primera instancia debe ser revocada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Tanto la parte demandante como la demandada alegaron de conclusión según
memoriales visibles en los folios 200 a 203 y 196 a 199, respectivamente, en
donde reiteraron los argumentos propuestos en la contestación de la demanda y
en el recurso de apelación
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
9
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
2.1. El problema jurídico
Revisados los argumentos propuestos en el recurso de apelación, el problema
jurídico se circunscribe a establecer si los señores Francisco Polanco Tenorio, Daniel
Portilla y Ramón Antonio Maquilón tienen derecho a que, en su calidad de
empleados públicos, en ejercicio del cargo de celador, la Universidad del Valle les
nivele el salario al devengado por los trabajadores oficiales celadores de esa misma
institución.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales
El Decreto 3135 de 1968 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad
social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de
los empleados públicos y trabajadores oficiales», en su artículo 5º dispuso lo
siguiente:
Artículo 5 Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que presten sus
servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la
construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los
estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser
desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.
Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del
Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas
precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por
personas que tengan la calidad de empleados públicos
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Demandante: Francisco Polanco y otros.
De conformidad con la anterior disposición, con los artículos 233 del Decreto 1222
de 1986, 292421 del Decreto 1333 de 1986 y 125 del Decreto 1421 de 1993; con
la jurisprudencia y la doctrina, existen tres (3) criterios para clasificar a los
servidores públicos y, concretamente, para diferenciar quién debe ser
considerado empleado público y quién trabajador oficial.
Un primer criterio, es el orgánico que focaliza la distinción en el tipo de entidad.
Así, por regla general, todas las personas que prestan sus servicios en los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos, rama legislativa (excepto los congresistas), entidades territoriales, rama
judicial, organismos de control, organización electoral, corporaciones autónomas
regionales, son empleados públicos. Por su parte, por regla general, todas las
personas que prestan sus servicios en una empresa industrial y comercial del
Estado, son trabajadores oficiales.
Un segundo criterio, es el funcional que determina la excepción a la anterior
regla. Según este criterio, todas las personas que prestan sus servicios a los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos
públicos son empleados públicos, salvo (criterio funcional) quienes desempeñan
funciones de construcción y sostenimiento de obras públicas. A su turno, todas las
personas que prestan sus servicios a una empresa industrial y comercial del
Estado son trabajadores oficiales, salvo (criterio funcional) quienes desempeñan
funciones de dirección, confianza y manejo señalados en los estatutos que serán
trabajdores oficiales.
Un tercer criterio, cuya aplicabilidad ha sido cuestionada, es el de vinculación, que
hoy en dia tiene que ser analizado a la luz del principio constitucional de la
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Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
primacia de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de la relación
laboral (artículo 53 de la Constitución Política9.
2.2.2. Los convenios o convenciones colectivas de trabajo y los empleados
públicos.
En sentencia de unificación de 29 de septiembre del 2011,9 la Sección Segunda
del Consejo de Estado concluyó que los empleados públicos no gozan de un
derecho pleno de negociación colectiva, pues están constitucionalmente
inhabilitados para presentar pliegos de peticiones o para celebrar convenciones
colectivas, circunstancia que, de acuerdo con las consideraciones de la Corte
Constitucional en sentencia C-1235 de 2005, no resulta contraria a los preceptos
de la Carta de 1991.
Lo anterior es así, porque, a pesar de encontrarse limitados en cuanto a las
facultades de concertación, según los Convenios 151 y 154 de la OIT, adoptados
como legislación por las Leyes 411 de 1997, 524 de 1998 y el Decreto 160 de
1994, no existe prohibición que les impida participar en la toma de decisiones o
hallar nuevos mecanismos de acuerdo para resolver los conflictos de tipo laboral.
En ese sentido, a pesar de que la negociación colectiva es una prerrogativa que
se encuentra consagrada constitucionalmente en el artículo 55 de la Carta Política,
los empleados públicos encuentran una limitación legal al ejercicio de ese derecho
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 29 de septiembre del 2011.
Radicado 08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-10).
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Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
en los términos del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se
señala que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de
peticiones ni celebrar convenciones colectivas, restricción normativa que ha sido
declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-
1234 del 2005, previamente citada.
Se explicó que la capacidad de negociación de las partes no puede desconocer
las facultades de las autoridades legales y constitucionales para fijar
unilateralmente las condiciones laborales de los empleados públicos, pues, debe
recordarse, que tales calidades están limitadas a las disposiciones del literal e,
numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991, según el cual una
de las funciones del Congreso de la República es, precisamente, la de fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.
Así las cosas, es la autoridad legislativa la llamada a establecer las condiciones
sobre las que el Gobierno nacional puede reglamentar los requisitos y condiciones
de los reconocimientos pensionales, lo que quiere decir que las disposiciones de
carácter municipal, departamental o de establecimientos públicos, entre otros, que
se expidan en torno a esta materia, devienen ilegales, así como las convenciones
colectivas de trabajo suscritas por los sindicatos de empleados públicos. En lo que
toca con el tema pensional, por mandato del artículo 48 constitucional, es de
reserva legal.
Dicho de otro modo, los reconocimientos y pagos de pensiones de jubilación
originados en convenciones colectivas, ordenanzas, acuerdos municipales o de
establecimientos públicos, etc. deben sujetarse a las normas que para el efecto ha
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Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
fijado el legislador y el constituyente, pues, de lo contrario estarían viciadas por
falta de competencia y, por contera, de ilegalidad.
A pesar de las anteriores consideraciones, con la entrada en vigencia del nuevo
Sistema General de Seguridad Social, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dejó
incólumes las situaciones jurídicas individuales definidas a partir de disposiciones
municipales o departamentales, siempre y cuando ello hubiere ocurrido con
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, que, para el nivel territorial,
ocurrió el 30 de junio de 1995.
Ahora, solo pueden entenderse como protegidas 2 situaciones bajo el amparo del
artículo 146 de la Ley 100 y son la siguientes:
(i) la de quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
en el sector territorial, esto es el 30 de junio de 1995, tuvieran una situación
jurídica definida, esto es, (sic) que se les hubiera reconocido el derecho pensional;
y, ii) la de quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
en el sector territorial hubieran cumplido los requisitos exigidos por dichas normas,
esto es, que hayan adquirido el derecho así no se les haya reconocido.10
Finalmente, la sentencia de unificación, en virtud del principio de favorabilidad,
interpretó que, a pesar de que el artículo 146 ibidem solo se refirió a disposiciones
municipales y departamentales, dicha convalidación debe entenderse también
respecto de las convenciones colectivas de trabajo, debido a que son
equiparables, en tanto también se refieren a derechos laborales «extralegales»
que fueron avalados por el Congreso de la República sin reparo sobre su
irregularidad.
10 Estas 2 circunstancias fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-
410 de 1997.
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Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se establece lo
siguiente:
i) El 22 de febrero de 1994, mediante Acuerdo 004, ratificado en la Convención
Colectiva de Trabajo de 1995 y 1996, la Universidad del Valle y las asociaciones
sindicales: Comité Obrera Patronal Universidad del Valle y Sinteunivalle,
acordaron, entre otras, lo siguiente: 11
1. Situación laboral de los vigilantes vinculados a la universidad del valle:
[…]
Acuerdo:
Entre el Dr. Jaime Galarza Sanclemente en su condición de representante legal
de la Universidad del Valle y el Sindicato Mixto de Trabajadores Oficiales y
Empleados Públicos de la Universidad del Valle “SINTEUNIVALLE”, hemos
celebrado el siguiente acuerdo que será elevado a Convención Colectiva de
Trabajo, en los siguientes términos:
A. El cargo de vigilante a partir de la aprobación definitiva del Estatuto General de
la Universidad del Valle será de la categoría de empleados públicos de carrera
administrativa.
B. Los vigilantes que en la actualidad ocupan este cargo, la Universidad del Valle
les continuará respetando la estabilidad laboral y los beneficios
convencionales.
[…]
42. NUEVAS VINCULACIONES
Las personas que a partir del 25 de Enero de 1994, sean vinculadas para ocupar
11 Folios 25 al 35.
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Demandante: Francisco Polanco y otros.
el cargo de Vigilante, les serán aplicados todas las normas, requisitos, beneficios,
Régimen Salarial y Prestaciones que existan al momento de su vinculación para
los Empleados Públicos de Carrera no Docentes.
[…]
ii) El 26 de abril de 1995, con sustento en el artículo 469 del Código Sustantivo del
Trabajo, la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Valle remitió al
Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social la Convención Colectiva de trabajo
descrita en el numeral anterior, la cual tendría vigencia a partir del 1 de enero de
1995, hasta el 31 de diciembre de 1996.12
iii) Los demandantes se vincularon laboralmente, como empleados públicos, a la
Universidad del Valle, en la Sección de Seguridad y Vigilancia, para desempeñar
el cargo de celador del siguiente modo:
➢ Ramón Antonio Maquilón: Resolución 2.731 del 9 de diciembre del 2003.13
➢ Francisco Polanco Tenorio: Acta de posesión del 3 de mayo del 2005.14
➢ Daniel Portilla: Resolución 2.408 del 11 de septiembre del 2008.15
iv) El 8 de julio del 2014, la Universidad del Valle expidió el Oficio
0030.0031.2771.2014, en donde informó que los señores Ramón Antonio
Maquilón, Francisco Polanco Tenorio y Daniel Portilla se vincularon a la
Universidad del Valle como celadores en calidad de empleados públicos. En el
mismo documento se da cuenta de la vinculación de 4 personas que también
12 Folio 93.
13 Folio 22.
14 Folios14.
15 Folio 19.
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Demandante: Francisco Polanco y otros.
desempeñan el cargo de celadores, pero en calidad de trabajadores oficiales. 16
v) El 20 de octubre del 2014, los demandantes, a través de apoderado,
interpusieron una solicitud ante la Universidad del Valle en donde se solicitó lo
siguiente:17
1. Respuesta clara del porque si el Acuerdo 004 del 22 de febrero de 1994 no está
radicado o depositado ante el Ministerio del Trabajo se aplica con tanta naturalidad
en la Universidad del Valle como si eso fuera legal hacerlo.
2. Como la excusa para lograr mi nivelación salarial es la aplicación del acuerdo
004 del 22 de febrero 1994 según su respuesta 08 septiembre 2014. Hoy al
conocer que no se puede aplicar por no estar radicado ante el Ministerio del
Trabajo, le pido que se proceda a nivelarme con el mismo salario que hoy tiene un
celador del estamento oficial el cual es $ 2.720.776, al cual tengo derecho por
realizar la misma función.
3. Estaré solicitando a la Procuraduría General de la Nación concepto sobre este
asunto.
vi) En respuesta a la anterior petición, la Universidad del Valle profirió los Oficios
0030.0031.3337.2015;18 0030.0031.3336.2015;19 y 0030.0031.3342.2015 del mes
de septiembre del año 201520 en el que, en respuestas idénticas, se explicó lo
siguiente:
Usted ha sido nombrado como empleado público administrativo […] en el cargo de
celador.
No hay discriminación desde el punto de vista legal y en relación con el cargo de
celador, porque es por ministerio de la ley que su denominación es de Empleado
Público, tal como reza el Decreto 80 de 1980 que organza el sistema de Educación
Post Secundaria y que en su artículo 122 considera:
16 Folios 36 al 39.
17 Folios 88 y 89.
18 Dirigido al señor Francisco Polanco Tenorio.
19 Dirigido al señor Daniel Portilla.
20 El documento no tiene día de expedición.
17
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
“…El personal administrativo de las instituciones oficiales de educación superior
está integrado por empleados públicos y trabajadores oficiales. Tienen la calidad
de trabajadores oficiales los obreros que desempeñen funciones en construcción,
preparación de alimentos, actividades agropecuarias, jardinería, aseo y
mantenimiento de edificaciones y equipos. Los demás empleados administrativos
tienen la calidad de empleados públicos…”
Se hace necesario entonces retomar lo pactado en el Acta 004 del 22 de febrero
de 1994, suscrita entre la Universidad del Valle y Sintraunicol, válida igualmente y
depositada ante el Ministerio del ramo, donde se definió un régimen de transición
para los celadores vinculados hasta ese momento con la Institución para continuar
respetando la estabilidad de los beneficios convencionales de aquellos que al 25
de enero de 1994 se encontraban al servicio de la Universidad del Valle.
Que el numeral 42 del acta mencionada, estableció que a la personas vinculadas
en el cargo como celadores se les aplicarían todas las normas que existieran al
momento de su vinculación vigente para los empleados públicos no docentes, y en
ese sentido la Universidad del Valle a partir del 25 de enero de 1994, por mandato
de la Ley y de lo pactado convencionalmente, vincula al personal en el cargo de
celaduría como empleados públicos.
[…]
Así mismo debe tenerse en cuenta que la actividad de celador o vigilante que
invoca usted como peticionario, no puede estar consagrada como de trabajador
oficial pues esta circunstancia no puede anteponerse a las disposiciones legales
ya citadas, porque como lo ha sostenido el Honorable Consejo de Estado al
estudiar la legalidad del Decreto 3135 de 1968, las entidades no tienen la facultad
de establecer qué actividades pueden ser desempeñadas por los servidores
vinculados mediante contrato de trabajo, porque ello es una forma de usurpar la
función que la Constitución y la ley estableció en cabeza del órgano legislativo.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Para resolver el problema jurídico planteado es necesario tener en cuenta que, de
conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 4 de
1992, la vinculación laboral a las entidades públicas es, preferentemente, bajo la
calidad de empleado público, con las excepciones de los cargos de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción y los de trabajadores oficiales,
entre otros.
18
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
Sobre la labor de celador en la Universidad del Valle debe decirse que del material
probatorio aportado al proceso, se logra inferir que antes del 25 de enero de 1994,
las personas que la desempeñaban tenían la calidad de trabajadores oficiales,
toda vez que en el Acta 004 del día 22 de ese mismo mes y año se acordó que,
solo a partir de tal momento, tendrían la categoría de empleados públicos, al paso
que las personas vinculadas hasta esa fecha seguirían ostentando aquella calidad,
en aras de conservar los beneficios convencionales pactados.
De conformidad con lo anterior, resulta evidente que la Universidad del Valle ha
contado con dos categorías de servidores públicos que desempeñan funciones de
celador, los primeros en calidad de trabajadores oficiales, que corresponden a
aquellas personas contratadas antes del 25 de febrero de 1994 y, los segundos,
como empleados oficiales vinculados con posterioridad a esa data, en virtud del
Acta 004 de 1994 y la Convención Colectiva de trabajo de los años 1995 y 1996.
Ahora, para establecer si hay lugar a ordenar la nivelación salarial pedida por los
demandantes resulta importante recordar que esta Sala ya se ha pronunciado en
previas oportunidades sobre las exigencias que deben encontrarse satisfechas en
el proceso para determinar la procedencia de tal asimilación.21 En ese sentido, se
ha indicado que debe estar acreditado, por parte del peticionario: (i) que cumple
las mismas funciones del empleo cuya nivelación requiere; (ii) que cuenta con la
misma preparación; y (iii) que están satisfechos los requisitos mínimos del cargo.
21 Consejo de Estado, Sección Subsección A. sentencia del 9 de diciembre del 2019. Radicado
76001 23 31 000 2011 00572 01 (4858-18).
19
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
Con similar postura se ha identificado la Corte Constitucional,22 que ha
desarrollado una teoría objetiva de nivelación salarial, según la cual, ello solo es
procedente en aquellos eventos en los que está probado que el empleo
desempeñado por el interesado y aquel a cuya nivelación se pretende llegar: (i)
cuentan con idéntica labor asignada; (ii) tienen la misma categoría; (iii) exigen
igual preparación; (iv) son coincidentes en horarios; y (v) ostentan análogas
responsabilidades.
De lo anterior, se desprende la conclusión de que el desempeño de las mismas
funciones no es el único requisito necesario para deprecar la existencia de una
diferencia salarial injustificada, sino que, dicho evento, debe estar acompañado de
otras circunstancias que permitan llegar al convencimiento de que, frente a las
mismas circunstancias legales y laborales de tiempo, modo y lugar, ocurre una
desigualdad que no encuentra sustento, por ejemplo, en la carga laboral, el nivel
de responsabilidad o la naturaleza del cargo, entre otros.
Bajo ese entendido, el estudio de una eventual nivelación salarial requiere,
ineludiblemente, del análisis comparativo de ambos cargos, es decir, que resulta
insuficiente decidir asuntos como el presente, únicamente, a partir del resultado
matemático de las diferencias salariales, evento que impone en el demandante la
carga de probar que existe un criterio de igualdad del que se logre establecer si se
configura o no un trato diferenciado e injustificado.
22 Corte Constitucional. Sentencias C-071 de 1993 y SU-111 de 1997.
20
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
Para definir lo anterior, el Consejo de Estado ha establecido una serie de ítems
que deben estar demostrados en el proceso, de acuerdo con lo siguiente:23
Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una diferencia
en su remuneración porque considera que las funciones que cumple resultan
asimilables a las de otro servidor cuya asignación es mayor, debe acreditar que
existe un criterio de igualdad entre los dos para poder evidenciar si se presenta un
trato disímil injustificado, aspecto que solo se logra si se comprueba
fehacientemente que quien está en la supuesta situación desfavorable:
a) cumplía las mismas funciones y tenía iguales responsabilidades que las de la
plaza comparada,
b) contaba con idéntica preparación o perfil al de un funcionario que ocupa el
cargo contrastado,
c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el empleo
cotejado, y específicamente para este caso y,
d) detentaba un vínculo laboral con el Estado homogéneo al del extremo
comparado.
En ese sentido, al revisar el material probatorio aportado al proceso se encuentra
que los señores Ramón Antonio Maquilón, Francisco Polanco y Daniel Portilla se
vincularon a la Universidad del Valle en los años 2003, 2005 y 2008,
respectivamente, en el cargo de celador, según consta en los nombramientos y
acta de posesión arrimados al expediente, citados en el hecho probado número
(iii). Dichos cargos tienen el carácter de empleo público, tal como se dispuso en el
Acta 004 de 1994, en la Convención Colectiva de Trabajo de los años 1995 y 1996
y se reiteró en el Oficio 0030.0031.2771.2014 del 8 de julio del 2014 de la
Universidad del Valle y en los actos administrativos demandados, afirmación que,
por demás, no ha sido puesta en discusión dentro del presente asunto e, incluso,
ha sido sostenida también por la parte demandante.
23Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de julio del 2020.
Radicado 76001 23 33 000 2015 01489 01 (2831-18).
21
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
Al revisar el Oficio 0030.0031.2771.2014 del 8 de julio del 2014, antes citado, se
observa que en la planta de personal de la Universidad del Valle figuran 4
personas que, tal como los demandantes, también ostentan el cargo de celadores,
pero lo hacen en calidad de trabajadores oficiales; sin embargo, en el proceso no
reposa documento oficial alguno que dé cuenta de las diferencias salariales
existentes entre los demandantes y los citados trabajadores oficiales, más que el
dicho del apoderado de los accionantes que en el escrito de la demanda asegura
que la diferencia salarial superaba el millón de pesos.
En ese sentido, no obran pruebas que den cuenta del origen de dichos salarios, es
decir, no se citaron fechas, horarios u otras circunstancias que permitieran
establecer el fundamento de la diferencia salarial; a pesar de lo anterior, en la
contestación de la demanda, la Universidad del Valle argumentó que ello obedecía
a una serie de beneficios convencionales que fueron pactados en favor de los
celadores vinculados a esa entidad y plasmados en la Convención de los años
1995 y 1996, afirmación que no fue refutada por la parte actora, que sustentó sus
pretensiones, mayoritariamente, en el principio laboral de «a trabajo igual, salario
igual».
De acuerdo con lo expuesto, la Sala estima razonable concluir que esa diferencia
salarial obedece a los beneficios convencionales de los que son titulares los
trabajadores oficiales por la naturaleza de su relación laboral. De ese modo, el
incremento salarial del que fueron sujetos los celadores de la Universidad del Valle
que tienen la calidad de trabajadores oficiales obedece a una serie de
prerrogativas de orden convencional que no pueden ser aplicadas a los celadores
vinculados con posterioridad al 25 de febrero de 1994, toda vez que, a partir de
22
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
esa fecha, en virtud de la Convención de los años 1995 y 1996 tienen la categoría
de empleados públicos.
Aunado a lo anterior, debe recordarse que los demandantes iniciaron sus labores
en la entidad demandada en los años 2003, 2005 y 2008, es decir con
posterioridad a la fecha consignada en el Acta 004 de 1994, razón por la que
ostentan la naturaleza de empleados públicos y, en consecuencia, no pueden ser
beneficiarios de las prebendas pactadas en favor de los trabajadores oficiales.
Lo anterior permite señalar también que los peticionarios pretenden la nivelación
salarial a un cargo con el que no guardan identidad jurídica, pues la relación
laboral existente entre la Universidad del Valle y los trabajadores oficiales es
material y conceptualmente distinta a la surgida, legal y reglamentariamente, con
los empleados públicos, circunstancia que impide realizar el ejercicio comparativo
de ambos cargos, pues es uno de los requisitos sine qua non para su procedencia.
Sobre las diferencias entre empleados públicos y trabajadores oficiales, esta
corporación ha dicho lo siguiente:24
i) Los empleados públicos ingresan a la planta de personal de determinada entidad,
en virtud de acto administrativo de nombramiento y una diligencia de posesión,
que juntos consolidan una relación legal y reglamentaria que como su nombre lo
indica, está plenamente definida y sometida a las directrices de orden normativo
que se expidan en cuanto al régimen salarial, prestacional, disciplinario y de
funciones, de suerte que para esta clase de servidores no se predica un margen
de negociación o modificación de sus condiciones laborales, pues incluso la misma
autoridad empleadora está sujeta a los postulados que el marco regulatorio
específico del sector exija.
24 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 9 de julio del 2020. Radicado
76001 23 33 000 2015 01489 01 (2831-18).
23
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los empleados públicos adquieren
derechos de carrera administrativa, de forma que su desempeño debe ser
constantemente evaluado, pues el mérito es la condición de ingreso, permanencia,
ascenso o egreso de una entidad pública. Aunado a ello, para poder ser
vinculados como tal, resulta necesaria la acreditación de sendos requisitos
generales y específicos que deben ser valorados puntualmente en cada caso y
que finalmente se acompasan con un catálogo de funciones exegéticas que no
admiten cambios por voluntad de las partes, sino exclusivamente por la autoridad
legislativa o ejecutiva respectiva.
ii) Por otro lado, los trabajadores oficiales son aquellos que para detentar un vínculo
laboral con el Estado, lo hacen a través de un contrato de trabajo con todas las
características y condiciones que ello implica, por lo que en este caso, sí se
presenta un margen de negociación en cuanto a aspectos como la remuneración y
el esquema de funciones, que permite tanto al servidor como a la administración,
manejar cierto grado de acción para definir la forma de ejercer la actividad dentro
de unos parámetros generales, tanto así que las responsabilidades no tienen que
ser expresas y definidas, sino que pueden derivarse del ejercicio del cargo y sus
necesidades.
Una de las diferencias palmarias con los empleados públicos, es que los
servidores en comento no adquieren derechos de carrera, por lo que tampoco
están sometidos a la estabilidad en razón de la evaluación de desempeño, y en
consecuencia, su permanencia es menos rigurosa, así como la forma de acceder
al cargo, en tanto puede que existan exigencias para ocuparlo, pero éstas no
serán regladas por la Ley o las decisiones administrativas, de manera que
resultarían ser más flexibles, por lo que podría haber perfiles disímiles entre
trabajadores de una misma denominación.
A partir de la anterior diferenciación, es claro que en el presente asunto no es
posible, jurídicamente, efectuar un test de igualdad para efectos de establecer una
eventual nivelación salarial entre los demandantes y los trabajadores oficiales
celadores de la Universidad del Valle, toda vez que, contrario a lo afirmado por los
apelantes, el tipo de vinculación laboral sí es relevante, toda vez que dicha
discrepancia fija una desigualdad en el marco de funciones, responsabilidades,
requisitos y perfiles de ambos extremos comparativos, razón por la que no pueden
ser considerados como iguales.
24
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
Así, a pesar de que el cargo de celador, como empleado público y como
trabajador oficial, es igual en su denominación, no ocurre lo mismo con su
naturaleza legal, por cuanto dicho factor objetivo impide equipararlos
salarialmente, en tanto la esencia de ambos cargos exige un tratamiento distinto,
que, en este caso, se funda en la garantía de continuidad de los beneficios
convencionales adquiridos por los trabajadores oficiales a los cuales los libelistas
no accedieron por no haber estado, ni siquiera, vinculados laboralmente a la
entidad con la que se acordaron tales beneficios, hoy demandada, para el
momento de la celebración del acuerdo convencional tantas veces citado.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que sí existe una razón legal que
justifica el tratamiento diferencial entre empleados públicos y trabajadores
oficiales, que, además, impide su equiparación. Adicionalmente, la Subsección
considera importante señalar que, en todo caso, y más allá de los aspectos
formales y legales de los empleos cuya comparación se pretende, dentro del
asunto de marras la parte interesada no procuró probar que las condiciones
profesionales de ambos cargos, la experiencia, el cumplimiento de los requisitos
específicos de cada empleo, las funciones y el régimen de responsabilidad sea
exactamente igual al extremo con mayor remuneración salarial, con el propósito
de demostrar la igualdad material de ambas plazas laborales.
Es decir, aunque quisiera admitirse la procedencia del estudio comparativo de
ambos empleos, en el proceso no obran medios de prueba que acrediten con
suficiencia la equivalencia laboral alegada por la parte demandante, lo que quiere
decir que no se encuentra satisfecha la carga probatoria que recae sobre el
recurrente, evento que impide acceder a las pretensiones de la demanda y, en
consecuencia, impone el deber de confirmar la sentencia de primera instancia.
25
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
2.5 De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201625, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
26
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De conformidad con lo explicado, con las reglas citadas y atendiendo lo dispuesto
en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso26, la Sala
condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante como quiera
que resultaron probadas a partir de la intervención en esta instancia de la parte
accionada y que el recurso de apelación le será resuelto de forma negativa.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que los demandantes Francisco Polanco, Daniel
Portilla y Ramón Maquilón, no tienen derecho a que se nivelen sus asignaciones
salariales de empleados públicos celadores, a aquellas percibidas por otros
celadores de la Universidad del Valle, pero que cuentan con el carácter de
trabajadores oficiales y que son beneficiarios de una serie de prebendas de
carácter convencional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
26 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
27
Radicado: 76001 23 33 000 2016 00083 01 (0490-18)
Demandante: Francisco Polanco y otros.
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 1 de septiembre del 2017, dictada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por los señores Francisco Polanco, Daniel
Portilla y Ramón Antonio Maquilón en contra de la Universidad del Valle, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos
en la parte considerativa de esta decisión.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, de
acuerdo con lo explicado previamente en esta sentencia, las cuales serán
liquidadas por el juez de primera instancia.
Tercero. En firme esta decisión, efectuar las respectivas anotaciones en el
aplicativo Samai y devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente27
LBC
27 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
28
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