Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2016-00213-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2016-00213-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2016-00213-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
24 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: JOSÉ JAEL LEAL AROCA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
Tema: Privación de la libertad. Ley 906 de 2004. Indebida identificación
e individualización de procesado. Suplantación de identidad. Se
acreditó un daño antijurídico. Liquidación de perjuicios. Principio
non reformatio in pejus.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la
Nación y por la Rama Judicial contra la sentencia del 15 de agosto de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 16 de marzo de 2008, un automóvil conducido por una persona quien dijo ser y
se identificó como “José Jael Leal Aroca” impactó una motocicleta a la altura del
kilómetro 52 + 400 mts de la vía Cali – Buga (Valle del Cauca). El accidente de
tránsito ocasionó la muerte de Olbein Millain Andrade y lesiones físicas a Amanda
Villegas, quienes fueran conductor y pasajera de la moto, respectivamente. Por ello,
el 9 de julio de 2009 y el 12 de mayo de 2010, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Guacarí adelantó diligencias de formulación de imputación y acusación contra José
Jael Leal Aroca, pues consideró que podía ser autor de los delitos de homicidio
culposo y lesiones personales culposas.
Luego, mediante sentencia del 1º de marzo de 2011, el Juzgado 1º Penal del
Circuito de Buga condenó al acusado a pena de prisión de 40 meses, pues encontró
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
que era autor de los delitos investigados y, en consecuencia, libró orden de captura
en su contra. En tal virtud, el 23 de abril de 2011, agentes de la Policía Nacional
capturaron a José Jael Leal Aroca. No obstante, el 22 de marzo de 2013, el Juzgado
2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá ordenó la libertad
inmediata de José Jael Leal Aroca, pues se logró establecer que él no era el autor
de los delitos por los cuales había sido condenado, pues el verdadero autor era una
persona diferente.
Después, mediante sentencia de revisión del 27 de junio de 2014, el Tribunal
Superior de Buga invalidó la condena impuesta a José Jael Leal Aroca, al considerar
que tanto la Fiscalía como la Rama Judicial habían incurrido en deficiencias
probatorias para identificar e individualizar al verdadero autor de los hechos
punibles. Finalmente, el 6 de marzo de 2015, el Juzgado 2º Penal del Circuito de
Buga precluyó la investigación penal seguida en contra del imputado. Los
demandantes consideran que la privación de la libertad de José Jael Leal Aroca fue
injusta, puesto que no cometió los delitos por los que fue privado de la libertad.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 18 de febrero de 20161, José Jael Leal Aroca, María Cristina Hernández Peralta,
Brayan Steven Leal Hernández, Manuel Mauricio Leal Hernández, José Alexander
Leal Hernández, Mercedes Aroca, Ángel María Leal, Magdalena Leal Aroca,
Ricardo Leal Aroca, Ángel María Leal Aroca, Orlando Leal Aroca y Ana Lucia Leal
Aroca, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentaron demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la
Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de José
Jael Leal Aroca.
Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte
demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los
demandantes; por daño a la salud, 100 SMLMV a José Jael Leal Aroca; por daño
1 Fl. 1 a 15, C. 1. Expediente Digital.
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
emergente, las sumas de $300.000.000 a José Jael Leal Aroca y $20.000.000 a
Julián Darío Zapata Escobar; y por lucro cesante, la suma de $103.500.000 a José
Jael Leal Aroca.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 16 de marzo de
2008, un automóvil conducido por una persona que dijo ser y se identificó como
“José Jael Leal Aroca” impactó una motocicleta a la altura d kilómetro 52 + 400 mts
de la vía Cali – Buga (Valle del Cauca). Indica que el accidente de tránsito le produjo
la muerte a Olbein Millain Andrade y lesiones físicas a Amanda Villegas, quienes
fueran conductor y pasajera de la moto, respectivamente.
Manifiesta que el 9 de julio de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí
adelantó diligencia de formulación de imputación en contra de José Jael Leal Aroca
por ser presunto autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales
culposas.
Sostiene que el 12 de mayo de 2010, la Fiscalía 6ª Seccional de Buga acusó al
sindicado de ser autor de los delitos referidos.
Señala que mediante sentencia del 1º de marzo de 2011, el Juzgado 1º Penal del
Circuito de Buga condenó al acusado a pena de prisión de 40 meses, pues encontró
había sido autor de los delitos investigados y, en consecuencia, libró orden de
captura en su contra.
Argumenta que el 23 de abril de 2011, agentes de la Policía Nacional capturaron a
José Jael Leal Aroca.
Manifiesta que el 22 de marzo de 2013, el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá ordenó la libertad inmediata de José Jael Leal
Aroca, pues se logró establecer que él no había sido el autor de los delitos por los
cuales había sido condenado.
Aduce que, mediante sentencia de revisión del 27 de junio de 2014, el Tribunal
Superior de Buga invalidó la condena impuesta a José Jael Leal Aroca al considerar
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
que tanto la Fiscalía como la Rama Judicial habían incurrido en deficiencias
probatorias para identificar e individualizar al verdadero autor de los hechos punibles
acaecidos el 16 de marzo de 2008.
Indica que el 6 de marzo de 2015, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Buga precluyó
la investigación penal seguida en contra de José Jael Leal Aroca por los delitos de
homicidio culposo y lesiones personales culposas.
Los demandantes consideran que la privación de la libertad de José Jael Leal Aroca
fue injusta, puesto que no cometió los delitos por los que fue privado de la libertad.
Textualmente solicitan en la demanda: “[…] declarar a la Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial patrimonialmente responsables de la privación injusta de
la libertad del señor José Jael Leal Aroca ocurrida el 23 de abril de 2011 y por
consiguiente de la totalidad de los daños y perjuicios morales, materiales
ocasionados a él y a sus familiares como consecuencia de su privación injusta de
la libertad”.
2. Contestaciones
El 13 de abril de 20162, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la
demanda y ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público.
2.1. La Fiscalía General de la Nación3 se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando que las actuaciones surtidas en el proceso penal adelantado contra
José Jael Leal Aroca fueron ajustadas a derecho. Adicionalmente, advirtió que el
daño se produjo por culpa de Jairo Leal Aroca, quien suplantó a su hermano José
Jael Leal Aroca. Como excepciones formuló las que denominó “ineptitud de la
demanda”, “falta de competencia por factor territorial y cuantía”, “falta de
legitimación por pasiva” y “hecho de un tercero”.
2 Fl. 124 a 126, C. 1. Expediente Digital.
3 Fl. 146 a 162, C. 1. Expediente Digital.
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2.2. La Rama Judicial4 argumentó que el daño alegado por los accionantes devino
de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, pues dicha
entidad tenía a su cargo la identificación e individualización del procesado, conforme
lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 906 de 2004. Como excepciones formuló
las que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “inducción a error”,
“hecho de un tercero”, “inexistencia de perjuicios” y “culpa exclusiva de la víctima”.
3. Audiencia inicial
El 15 de marzo de 20185 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca celebró la
audiencia inicial, en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “el señor José Jael Leal Aroca fue privado injustamente de la libertad,
al atribuírsele la responsabilidad penal por los delitos de homicidio y lesiones
personales culposas, sin ser la persona que realmente cometió los ilícitos, o si como
lo alegan las demandadas, ello obedeció al hecho de un tercero que suplantó su
identidad”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 2 de agosto de 20186 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La Fiscalía General de la Nación7 y la Rama Judicial8 reiteraron los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda.
4.2. El extremo activo y el Ministerio Público guardaron silencio.
4 Fl. 165 a 168, C. 1. Expediente Digital.
5 Fl. 201 a 206, C.1. Expediente Digital.
6 Fl. 231, C. 1. Expediente Digital.
7 Fl. 238 a 241, C. 1. Expediente Digital.
8 Fl. 233 y 234, C. 1. Expediente Digital.
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 15 de agosto de 20199, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que
la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial habían incurrido en un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues ninguna identificó
ni individualizó en debida forma al sujeto activo del hecho punible ocurrido el 16 de
marzo de 2008. En esta medida, sostuvo que la primera entidad adelantó una
investigación penal en contra de José Jael Leal Aroca y la segunda lo condenó y
libró orden de captura en su contra, a pesar de que el procesado no participó en los
hechos del 16 de marzo de 2008.
Al efecto sostuvo: “La Fiscalía omitió determinar la verdadera identificación e
individualización del investigado, a tal punto que ni siquiera solicitó a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el respaldo documental de la cédula de
ciudadanía presentada por el sujeto inicialmente capturado, perteneciente a la
cédula de ciudadanía No. 80.264.299 de Bogotá, mediante Io cual, seguramente se
hubiera podido determinar que la verdadera identidad del autor material de la
conducta punible no era la del hoy demandante […] La Fiscalía General de la
Nación, no observó los mandatos legales que para la fecha en que se abrió la
investigación penal contra el señor José Jael Leal Aroca, imponía el artículo 128 de
la Ley 906 de 2004, respecto a la individualización e identificación del procesado
[…] En cuanto a la conducta desplegada por el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Buga, se reprocha que pese a que el señor José Jael Leal Aroca, manifestó en
la audiencia de incidente de reparación integral efectuada el 8 de Julio de 2011, que
no era la persona que cometió el delito por el cual Io condenaron, no adoptó ninguna
medida tendiente a esclarecer dicha situación, y por el contrario el proceso continuó
hasta la ejecución de la sentencia, permaneciendo mientras tanto el demandante,
privado de la libertad en la Cárcel la Picota, hasta el 22 de marzo de 2013. De todo
Io expuesto, encuentra la Sala que la detención del señor José Jael Leal Aroca, así
como el hecho de enterarse que fue sujeto de una investigación penal en la que fue
condenado, por cuenta de una defectuosa identificación del autor del delito, le
9 Fl. 243 a 259, C. Ppal. Expediente Digital.
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causaron un daño antijurídico que amerita ser indemnizado, por ello se declarara
administrativamente responsables de los hechos a la Nación – Rama Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación, entidades que deberán pagar la indemnización de
perjuicios causados a los demandantes de manera solidaria [...]”.
En la parte resolutiva el a quo condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la
Rama Judicial a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a José Jael Leal Aroca,
Brayan Steven Leal Hernández, José Alexander Leal Hernández, Manuel Mauricio
Leal Hernández, Mercedes Aroca y Ángel María Leal, 50 SMLMV a Magdalena Leal
Aroca, Ángel María Leal Aroca, Orlando Leal Aroca, Ana Lucía Leal Aroca y Ricardo
Leal Aroca y 15 SMLMV a María Cristina Hernández Peralta; y por lucro cesante, la
suma de $25.162.105,00 a José Jael Leal Aroca.
6. Recursos de apelación
Los días 410 y 711 de octubre de 2019, la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial interpusieron recursos de apelación, respectivamente, los cuales fueron
concedidos el 7 de junio 202212 y admitidos el 10 de mayo de 202313.
6.1. La Fiscalía General de la Nación14 argumentó que su actuar estuvo amparado
en lo dispuesto en los artículos 250 de la Constitución Política y la Ley 906 del 2004.
De otro lado, manifestó que el daño alegado por los accionantes se produjo por
culpa de Jairo Leal Aroca, quien fuera hermano de José Jael Leal Aroca y quien
suplantó su identidad el 16 de marzo de 2008 -fecha del accidente de tránsito.
6.2. La Rama Judicial15 manifestó que el daño alegado por el extremo activo no le
era imputable, pues el deber de individualizar e identificar plenamente al sindicado
radicaba únicamente en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 906 de 2004.
10 Fl. 268 y 269, C. Ppal. Expediente Digital.
11 Fl. 270 a 274, C. Ppal. Expediente Digital.
12 Fl. 290, C. Ppal. Expediente Digital.
13 Fl. 309, C. Ppal. Expediente Digital.
14 Fl. 270 a 274, C. Ppal. Expediente Digital.
15 Fl. 268 y 269, C. Ppal. Expediente Digital.
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7. Acuerdo conciliatorio
El 29 de noviembre de 2022 se celebró audiencia de conciliación ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca16. En ella, la Fiscalía General de la Nación acordó
con los demandantes el pago del 70% de la mitad de la condena impuesta por el a
quo. El acuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación fue aprobado
mediante auto del 2 de febrero de 202317. Los demandantes y la Rama Judicial no
llegaron a un acuerdo conciliatorio.
8. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 28 de abril de 202318 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
8.1. La parte demandante, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron
silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia del 15 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7319
de la Ley 270 de 1996 y 15020 del CPACA.
16 Índice 63, Samai. Expediente Digital.
17 Fl. 303 a 307, C. Ppal. Expediente Digital.
18 Fl. 310, C. Ppal. Expediente Digital.
19 Artículo 73 de la Ley 270 de 1996. “De las acciones de reparación directa y de repetición de que
tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa
conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de
competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos.”
20 Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.”
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14021 del CPACA.
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la
administración de justicia.
3. Vigencia del medio de control
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal que, por ende, debe
examinarse de oficio22.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
21 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea
un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble
por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un
particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto
a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
a la protección del interés general23, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción24, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure25 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia26, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 164 del CPACA, señala que la pretensión de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera
reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad
de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día
siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la
sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado,
lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el
carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad27.
25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622;
Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130;
Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017,
Rad.: 54.716.
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta que aunque no obra sello o constancia de ejecutoria de la
providencia del 6 de marzo de 2015, mediante la cual el Juzgado 2º Penal del
Circuito de Buga precluyó la investigación penal seguida en contra de José Jael Leal
Aroca, lo cierto es que entre la fecha en que se profirió aquella y la que se presentó
la demanda, esto es, el 18 de febrero de 201628, no transcurrieron más de dos (2)
años. Además, se evidencia que se cumplió con el requisito de procedibilidad, pues
los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 5 de junio de
2015, la cual se declaró fallida el 14 de agosto de 201529.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis30.
4.1. José Jael Leal Aroca (víctima), Brayan Steven Leal Hernández (hijo), Manuel
Mauricio Leal Hernández (hijo), José Alexander Leal Hernández (hijo), Mercedes
Aroca (madre), Ángel María Leal (padre), Magdalena Leal Aroca (hermana), Ricardo
Leal Aroca (hermano), Ángel María Leal Aroca (hermano), Orlando Leal Aroca
(hermano) y Ana Lucia Leal Aroca (hermana), están legitimados en la causa por
activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con
el número de radicado 2008-0006331 y los demás conforman su núcleo familiar,
según dan cuenta copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento32.
4.2. María Cristina Hernández Peralta, quien alega ser compañera permanente de
José Jael Leal Aroca, no está legitimada en la causa por activa, pues aunque el
derecho de acción se ejerció invocando tal calidad, lo cierto es que no acreditó tener
un vínculo familiar con la víctima o tener la calidad de tercera perjudicada.
28 Fl. 1 a 15, C. 1. Expediente Digital.
29 Fl. 109 a 111, C. 1. Expediente Digital.
30 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del
libelo petitorio.”
31 Fl. 18 a 64, C. 1. Expediente Digital.
32 Fl. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 121 y 122, C. 1. Expediente Digital.
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de
conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección 33,
pues la primera fue la institución que solicitó ante el Juez de Control de Garantías
adelantar diligencia de formulación de imputación contra José Jael Leal Aroca y lo
acusó de ser autor de los hechos punibles, y la segunda fue quien lo condenó, libró
orden de captura en su contra y, posteriormente, precluyó la investigación penal.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se configura un daño antijurídico atribuible al
Estado, por condenar y ordenar la captura de una persona que no cometió la
conducta penal investigada, al haberse omitido la obligación de identificar e
individualizar plenamente al sindicado dentro del proceso penal.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el desarrollo jurisprudencial frente
al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199134 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
33 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.:
20420.
34 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
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ley o el derecho35, que contraría el orden legal36 o que está desprovista de una
causa que la justifique37, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida38, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en
términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros39.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad
En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó en la Ley 270 de
1996 la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus
35 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
36 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
38 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
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órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:
“Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales”
La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad40.
En cuanto a esta última, esto es, la responsabilidad por los daños antijurídicos
derivados de la privación injusta de la libertad de las personas, el artículo 68 de la
Ley 270 de 1996, consagró que:
“Articulo 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente
de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.
Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta
de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación41 en
particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del
juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la
construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas,
que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo
anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con
la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la
solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen
la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de
éste.
Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la
Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte
marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del 17 de
40 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.
41 Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018.
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octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se buscaba proteger
el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el desvalor patrimonial sufrido
por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad cuando el sindicado
recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno
de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba
la asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: i) el detenido no
cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la cual fue detenido no
es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya
ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por
tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos
estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del
daño mismo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado verificar
si con la medida se contradecía el ordenamiento jurídico o si esta se produjo al
margen del derecho, régimen bajo el cual la única manera para el Estado de librarse
de una condena era lograr probar alguna causal de justificación y, en particular, la
culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompe la imputación de la
responsabilidad y se desestima el deber de responder para la Administración. Es en
ese aspecto que se ha encontrado necesario reconducir esta fuente de
responsabilidad buscando mayor cercanía y armonía con la teleología del artículo
90 Constitucional y por ello el análisis debe partir, no solo de la verificación de la
existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su
antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo
implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o
privación, así como de la conducta de quien padece el daño en carne propia, para
luego acreditar, si ello llega a hacerse necesario, los demás elementos de la
responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de
antemano, en tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo
escogerá el juez en cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en
concreto.
En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que
se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se
exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se
llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente
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si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la
medida era necesaria, razonable y proporcional42, de donde, si la detención se
realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño
carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le
indemnicen los perjuicios por su padecimiento43. Así, cuando el operador jurídico o
el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una
persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el
análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la
antijuridicidad del daño que se discute.
En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar
misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que
tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la
medida en que en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este
responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del
principio alterum non laedere, pero no de aquellos que hallan amparo en el
ordenamiento. Deberá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y
determinó con su actuar doloso o gravemente culposo la detención, para estimar si
debe asumir las consecuencias de su actuación que pudo sentar las bases para que
se adoptara la medida restrictiva de su libertad.
Esta concepción de la fuente de responsabilidad en comento, si bien encuentra
amplia aplicación y desarrollo en la falla del servicio, que exige el estudio de la
adecuada actuación del Estado a la hora de dictar la orden de detención contra una
persona y por tanto el apego de dicha medida al ordenamiento jurídico, no excluye
42 Ibídem.
43 Sobre el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, la sentencia C-037 de 1996, indica: “Este artículo, en
principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los
artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se
refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales,
de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada
ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría
permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase
en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la
reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de
todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente
declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe
contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis
razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.
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la posibilidad de estudiar la responsabilidad derivada de la restricción a la libertad
de las personas bajo alguno de los otros títulos de atribución como ocurre con el
daño especial, en eventos en los cuales el sindicado sufre injustificada e
inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida forma por el órgano
competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual frente a la falla
del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mismo reo no dio
pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado
se ajustó al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas
públicas respecto del administrado, como cuando logra establecerse que el hecho
que pretendía imputarse al detenido no existió o la conducta era objetivamente
atípica, eventos en donde el daño antijurídico resulta acreditado sin mayor arrojo.
Otra circunstancia sucede cuando en la sentencia penal se logra establecer que el
sindicado no cometió la conducta o que fue absuelto en aplicación del principio in
dubio pro reo, por cuanto, en estos casos, el juez penal debe concluir su veredicto
luego de un riguroso análisis probatorio que permita calificar la conducta y verificar
la participación del individuo en el ilícito al cual se lo vincula de cara a las pruebas
que se recauden y valoren en el proceso penal respectivo, de cuya valoración se
desprende la suerte procesal penal del investigado, lo que implica el deber de
auscultar tales circunstancias bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del
servicio44.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 15 de agosto
de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, la Fiscalía General de la Nación
argumentó que su actuar estuvo amparado en lo dispuesto en los artículos 250 de
la Constitución Política y la Ley 906 del 2004. De otro lado, manifestó que el daño
alegado por los accionantes se produjo por culpa de Jairo Leal Aroca, quien fuera
hermano de José Jael Leal Aroca y suplantó su identidad. Por su parte, la Rama
Judicial manifestó que el daño alegado por el extremo activo no le era imputable,
pues el deber de individualizar e identificar plenamente al sindicado radicaba
únicamente en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo
44 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018. FJ. 105 a 107 y 120 a 127.
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dispuesto en el artículo 128 de la Ley 906 de 2004.
En este sentido, y comoquiera que solo la parte demandada presentó recurso de
apelación contra la sentencia del 15 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
357 del Código de Procedimiento Civil, exclusivamente habrá lugar a resolverse el
asunto sub lite en aquello que se reprocha como desfavorable45 en el recurso
presentado por la Rama Judicial.
No se estudiarán los argumentos presentados en alzada por la Fiscalía General de
la Nación, pues los demandantes y dicha entidad conciliaron la condena impuesta
en su contra por el a quo y dicho negocio jurídico tiene efectos de cosa juzgada, de
conformidad con el artículo 1346 del Decreto 1716 de 200947, no pudiendo ser objeto
de decisión o modificación en esta instancia.
Por demás, debe recordarse que según el artículo 105 de la Ley 446 de 1998
incorporado en el artículo 67 de Decreto 181848 de 199849, en los que sólo concilia
una de las partes, el proceso debe continuar respecto de quienes no llegaron a un
acuerdo y será el juez quien determine la responsabilidad que le corresponde50.
45 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere
apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante.”
46 “Artículo 13. El acta de acuerdo conciliatorio total o parcial adelantado ante el agente del Ministerio
Público y el correspondiente auto aprobatorio debidamente ejecutoriado, prestarán mérito ejecutivo
y tendrán efecto de cosa juzgada”.
47 Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de
1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.
48 “Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”
49 Artículo 67. Efectos de la conciliación administrativa. Lo pagado por una entidad pública como
resultado de una conciliación debidamente aprobada y aceptada por el servidor o exservidor público
que hubiere sido llamado al proceso, permitirá que aquélla repita total o parcialmente contra éste. La
conciliación aprobada, producirá la terminación del proceso en lo conciliado por las partes que la
acepten. Si la conciliación fuere parcial, el proceso continuará para dirimir los aspectos no
comprendidos en éste. Si el tercero vinculado no consintiere en lo conciliado, el proceso continuará
entre la entidad pública y aquél. (Artículo 105 Ley 446 de 1998).
50 En un caso de similares circunstancias fácticas así lo dispuso esta Subsección: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, rad. 42231.
20
Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
Así pues, a continuación se analizará exclusivamente si la Rama Judicial es
patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la
libertad de la que fue objeto José Jael Leal Aroca.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados frente a la Rama Judicial.
7.1. Hechos probados
De conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Consta que el 16 de marzo de 2008, un automóvil conducido por una persona
que se identificó como “José Jael Leal Aroca” impactó una motocicleta, en el
kilómetro 52 + 400 mts de la vía Cali – Buga (Valle del Cauca). El accidente de
tránsito le produjo la muerte a Olbein Millain Andrade y lesiones físicas a Amanda
Villegas, quienes fueran conductor y pasajera de la moto, respectivamente, según
da cuenta copia simple51 de la sentencia del 27 de junio de 2014 proferida por el
Tribunal Superior de Buga52.
7.1.2. Se probó que el 9 de julio de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Guacarí adelantó diligencia de formulación de imputación contra José Jael Leal
Aroca por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, según
consta en copia simple de la sentencia del 27 de junio de 2014 proferida por el
Tribunal Superior de Buga53.
7.1.3. Consta que el 12 de mayo de 2010, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Guacarí adelantó diligencia de formulación de acusación, en la que la Fiscalía 6ª
Seccional de Buga acusó a José Jael Leal Aroca de ser autor de los delitos de
51 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo
decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013.
52 Fl. 74 a 92, C. 1. Expediente Digital.
53 Fl. 74 a 92, C. 1. Expediente Digital.
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
homicidio culposo y lesiones personales culposas, según da cuenta copia simple de
la sentencia del 27 de junio de 2014 proferida por el Tribunal Superior de Buga 54.
7.1.4. Está acreditado que mediante sentencia del 1º de marzo de 2011, el Juzgado
1º Penal del Circuito de Buga condenó a José Jael Leal Aroca a pena de prisión
domiciliaria de 40 meses, pues encontró que era autor de los delitos investigados,
y en consecuencia, libró orden de captura en su contra, según da cuenta copia
simple de dicha providencia55. Justamente, en la providencia se señaló lo siguiente:
“HECHOS
El día 16 de marzo de 2008 alrededor de las 19:30 horas informó por medio de
avantel la policía de carreteras de Palmira sobre un accidente de tránsito entre dos
vehículos en la vía que de Cali conduce a Buga, a la altura del kilómetro 52 más 400
metros, en este lugar encontraron los uniformados que realizaron los actos urgentes
la motocicleta de placa GVA31A, conducida por Olbein Millán Andrade, donde
viajaba como parrillera la señora Amanda Villegas y el automóvil de placas CBI282,
en sentido Buga-Cali, conducido por José Jael Leal Aroca, sobre la vía en la mitad
el cuerpo sin vida del motociclista.
IDENTIDAD EINDIVIDUALIZACION DEL ACUSADO
José Jael Leal Aroca, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.264.299
expedida en Bogotá, nacido el 1° de Noviembre de 1961, hijo de Ángel Leal y
Mercedes Aroca.
CONSIDERACIONES DEL JUZGADO
Considera este Estrado Judicial que el encausado la noche de la ocurrencia de los
hechos incurrió en una actuación culposa y como consecuencia de esta en el
homicidio y las lesiones personales de los mencionados, cuando maniobró el
automotor que conducía, adelantando en un sitio donde era totalmente prohibido
hacerlo, primero porque no tenía la visibilidad suficiente al tratarse de una semicurva
y segundo porque existía una señal de tránsito horizontal como Io es una línea
amarilla continua que indica tal prohibición, produciendo entonces la colisión con la
motocideta que venía en sentido contrario y cuyo conductor no alcanzó a realizar
ninguna maniobra para evitar el impacto toda vez que cuando observó el obstáculo
sobre su vía era demasiado tarde, ya que existían unos arbustos que le impidieron
visualizarlo momentos antes (...)
Llegando a esta conclusión el Juzgado, se vislumbra que se está en un todo de
acuerdo con los argumentos de la señora Fiscal que intervino en la audiencia de
juicio oral y público como del abogado representante de las víctimas, pues considera
que se cumplen a cabalidad los presupuestos que exige el Artículo 381 del Código
de Procedimiento Penal para condenar, a saber, que obra en el proceso prueba que
conduce a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado
(...)
En este caso al señor José Jael Leal Aroca no le aparece constancia de
antecedentes penales en su contra, de Io que se deduce que su desempeño en
sociedad ha sido bueno, además por la modalidad del delito cometido (culposo), el
54 Fl. 74 a 92, C. 1. Expediente Digital.
55 Fl. 47 a 64, C. 1. Expediente Digital.
22
Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
Juzgado considera que es viable concederle el beneficio de la prisión domiciliaria
(…)
Como al señor José Jael Leal Aroca no se le impuso medida de aseguramiento
alguna, se librará la orden de captura correspondiente para que sea reseñado
debidamente por el INPEC y conducido hasta el lugar de su residencia donde
cumplirá la pena impuesta (...)
RESUELVE:
Condenar al señor José Jael Leal Aroca, con cédula de ciudadanía 80.264.299
expedida en Bogotá (...), como autor responsable de la conducta punible de
homicidio culposo en concurso heterogéneo con lesiones personales culposas,
agotado en jurisdicción de este municipio, la noche del 16 de marzo de 2008”
7.1.5. Se probó que el 23 de abril de 2011, agentes de la Policía Nacional capturaron
a José Jael Leal Aroca, según da cuenta copia simple de la sentencia del 27 de
junio de 2014, proferida por el Tribunal Superior de Buga56.
7.1.6. Consta que el 29 de abril de 2011, José Jael Leal Aroca suscribió diligencia
de compromiso ante el Centro de Servicios Judiciales de Armenia, según da cuenta
copia simple de la sentencia del 27 de junio de 2014 proferida por el Tribunal
Superior de Buga57.
7.1.7. Está probado que el 8 de julio de 2011, durante el trámite del incidente de
reparación integral adelantado por Amanda Villegas -víctima de los hechos
punibles-, el señor Leal Aroca manifestó que no era la persona que había cometido
los delitos por los cuales había sido condenado y aportó como pruebas: i) copia de
la denuncia que presentó el 3 de mayo de 2003 por pérdida de su cédula de
ciudadanía; ii) declaración extraprocesal rendida el 31 de mayo de 2011 por María
Cristina Hernández Peralta, quien manifestó que en la fecha que ocurrió el accidente
José Jael Leal Aroca se encontraba en la ciudad de Bogotá; y iii) declaraciones extra
proceso rendidas el 31 de mayo de 2011 por los señores Ariel Buitrago Aguilar y
José Edgar Miricia Bernal, en las que manifestaron que del 14 de agosto de 2007 al
27 de diciembre de 2009 laboraron con José Jael Leal Aroca fabricando prendas de
vestir, y que aquel no conducía carros. De esta información da cuenta copia simple
de la sentencia del 27 de junio de 2014 proferida por el Tribunal Superior de Buga58.
56 Fl. 74 a 92, C. 1. Expediente Digital.
57 Fl. 74 a 92, C. 1. Expediente Digital.
58 Fl. 74 a 92, C. 1. Expediente Digital.
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7.1.8. Consta que el 6 de agosto de 2012, José Jael Leal Aroca solicitó al Juzgado
2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá ordenar su libertad,
puesto que la persona que había cometido los delitos por los que había sido
condenado era su hermano, Jairo Leal Aroca, quien el día de los hechos lo había
suplantado. De esta información da cuenta copia simple de la sentencia del 27 de
junio de 2014, proferida por el Tribunal Superior de Buga59.
7.1.9. Se demostró que el 2 de octubre de 2012, el Juzgado 2º de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, con el fin de verificar la presunta
suplantación alegada por el señor José Jael Leal Aroca, solicitó: i) una experticia
técnica para determinar la autenticidad de la licencia de tránsito presentada el día
de los hechos por el autor del delito; ii) escuchar a la señora Edith Rodríguez Gómez
-pasajera del automóvil el día del accidente-; iii) cd contentivo de las fotografías del
accidente de tránsito; y iv) que la Fiscalía Sexta Seccional de Buga y el Juzgado 1º
Penal del Circuito de Buga informaran cómo se había esclarecido la identidad del
procesado. De esta información da cuenta copia simple de la sentencia del 27 de
junio de 2014 proferida por el Tribunal Superior de Buga60.
7.1.10. Está acreditado que el 4 de octubre de 2012, el Juzgado 1º Penal del Circuito
de Buga y la Fiscalía 6ª Seccional de Buga informaron al Juzgado 2º de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que no tenían ningún documento en
su poder que permitiera establecer la identidad del procesado. De esta información
da cuenta copia simple de la sentencia del 27 de junio de 2014 proferida por el
Tribunal Superior de Buga61.
7.1.11. Está probado que el 12 de marzo de 2013, Edith Rodríguez Gómez rindió
declaración juramentada ante el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, según da cuenta copia simple de la sentencia del 27 de junio
de 2014 proferida por el Tribunal Superior de Buga62. En la referida diligencia, la
señora Rodríguez Gómez manifestó:
59 Fl. 74 a 92, C. 1. Expediente Digital.
60 Fl. 74 a 92, C. 1. Expediente Digital.
61 Fl. 74 a 92, C. 1. Expediente Digital.
62 Fl. 74 a 92, C. 1. Expediente Digital.
24
Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
“[…] el día que ocurrió el accidente viajaba en un carro con un señor que se había
identificado como ‘José Jael Leal Aroca’, a ese sujeto Io había conocido como tres
meses antes; mi relación con él era laboral; posteriormente me mostraron las fotos
del hermano, del que está detenido en domiciliaria [José Jael Leal Aroca], pero
personalmente no Io he visto, -se le pone de presente a la testigo fotografía visible
a folio 145 del cuaderno 1 de ejecución de penas-, dijo que correspondía a la del
sujeto que el día del accidente viajaba con ella en el carro, el Juzgado deja
constancia que en la aludida fotografía aparece la imagen del señor Jairo Leal
Aroca”
7.1.12. Consta que el 22 de marzo de 2013, el Juzgado 2º de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá ordenó la libertad inmediata de José Jael Leal
Aroca, pues logró establecer que él no había sido el autor de los delitos por los
cuales había sido condenado. De esta información da cuenta copia simple de la
sentencia del 27 de junio de 2014 proferida por el Tribunal Superior de Buga63.
7.1.13. Se probó que José Jael Leal Aroca estuvo privado de la libertad hasta el 23
de marzo de 2013, según da cuenta el certificado emitido por el INPEC el 6 de junio
de 201864.
7.1.14. Está probado que el 10 de octubre de 2013, José Jael Leal Aroca presentó
acción de revisión contra la sentencia del 1º de marzo de 2011 proferida por el
Juzgado 1º Penal del Circuito de buga, con el fin de que la misma fuera revocada,
según da cuanta copia simple de dicho memorial65. Como fundamentos de su
pretensión manifestó:
“[…] En el presente caso procede la causal contenida en el numeral 3 del artículo
192 de la Ley 906 de 2004, esto es, cuando después de la sentencia condenatoria
aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates,
que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad, por cuanto las
pruebas han sido contundentes y categóricas en demostrar que el señor José Jael
Leal Aroca fue suplantado por su hermano el señor Jairo Leal Aroca, quien
actualmente se encuentra extraditado en España, cumpliendo una pena de más de
30 años por delitos que cometió en el extranjero y en Colombia. Que de acuerdo al
acerbo probatorio es preciso manifestar que mi prohijado es inocente de todos y
cada uno de los delitos por los cuales fue condenado”
7.1.15. Está probado que mediante sentencia de revisión del 27 de junio de 2014,
el Tribunal Superior de Buga invalidó la condena impuesta a José Jael Leal Aroca
63 Fl. 74 a 92, C. 1. Expediente Digital.
64 Fl. 228, C. 1. Expediente Digital.
65 Fl. 65 a 71, C.1. Expediente Digital.
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
por deficiencias en la identificación e individualización del verdadero autor de los
hechos punibles. Adicionalmente, ordenó reponer la actuación contra el procesado,
desde la audiencia de formulación de acusación, según da cuenta copia simple de
dicha providencia66. Al efecto, la sentencia sostuvo lo siguiente:
“La acción de revisión que nos ocupa ha sido promovida por el señor José Jael Leal
Aroca identificado con la cédula de ciudadanía 80.264.299 de Bogotá, fundado en
que no es la persona que cometió los delitos por los cuales el 1º de marzo de 2011
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga Io condenó a cuarenta (40) meses
de prisión, entre otras penas.
En el análisis del caso Io primero que se observa es que en el juicio oral la Fiscalía
no introdujo prueba de la identidad o individualización del sujeto que había cometido
los delitos por los cuales se profirió condena.
Esa anómala situación fue incrementada en su gravedad por la juez que profirió la
sentencia, pues sin que se hubiera introducido al juicio oral prueba de la
identificación del supuesto autor, decidió condenar como tal al señor José Jael Leal
Aroca, con la cédula de ciudadanía 80.264 299 expedida en Bogotá.
Al no haberse demostrado en el juicio oral quién era realmente la persona que el día
del accidente de tránsito investigado conducía el vehículo con el cual se cometieron
los delitos investigados, condenar a persona alguna por esos punibles era
absolutamente temerario, pues implicaba el grave riesgo de condenar a un inocente,
evento que perfectamente se puede predicar del accionante, señor José Jael Leal
Aroca, pues con las declaraciones de los abogados Carlos Enrique Viveros Álvarez
y Gustavo Durango Saldana se genera el pensamiento serio de que dicho señor fue
condenado injustamente.
En efecto, el abogado Carlos Enrique Viveros Álvarez declaró que el 9 de julio de
2009 actuó como defensor del procesado en la audiencia de formulación de
imputación que se realizó el 9 de julio de 2009 en el Juzgado Promiscuo Municipal
de Guacarí, y que la persona a quién asistía en esa audiencia no es la persona que
funge como accionante -José Jael Leal Aroca-.
Y el abogado Gustavo Durango Saldana declaró que actuó como apoderado de la
víctima en la audiencia de formulación de imputación que se realizó el 9 de julio de
2009 en el Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí: que recuerda que la persona
que compareció como indiciado a esa audiencia era menudo y de menos estatura
que el accionante -José Jael Leal Aroca-.
Las pruebas aludidas, analizadas en conjunto con la imperdonable omisión de la
Fiscalía consistente en no aportar pruebas en el juicio oral que demostraran quién
era realmente la persona que conducía el vehículo con el cual se cometieron los
delitos investigados, torna, en palabras de la Corte Suprema de Justicia en el fallo
citado, cuando menos discutible la verdad declarada en el fallo, haciendo que no
pueda probatoriamente mantenerse.
Pertinente es expresar que en el artículo 128 de la Ley 906 de 2004 se señala el
deber de la Fiscalía General de la Nación de verificar la correcta identificación o
individualización del imputado, con el objeto de prevenir errores judiciales (...)
66 Fl. 74 a 92, C. 1. Expediente Digital.
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
No soslaya el Tribunal que múltiples injusticias se han cometido por casos de falta
de diligencia de la Fiscalía en Io que respecta a la prueba de identificación de los
procesados, falencias que tienen origen en conceder credibilidad a las simples
afirmaciones que aquellos hacen respecto a sus nombres y datos de identificación.
Io que genera que de manera fácil sea engañada, y que los jueces -por falta de rigor
en el análisis probatorio o por ligereza como en este caso- terminen condenando a
personas inocentes o inexistentes, y que se capture a personas que ninguna
participación han tenido en los delitos cometidos, sólo porque el nombre y los datos
que dio el procesado respecto a su identidad no fueron verificados.
En consecuencia, la Sala declarará fundada la acción de revisión objeto de estudio,
y dejará sin efecto Io actuado a partir de la audiencia de formulación de acusación
(...)
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la causal tercera de revisión a cuyo amparo se
demandó la sentencia proferida en contra del señor José Jael Leal Aroca identificado
con la cédula de ciudadanía 80.264.299 expedida en Bogotá.
SEGUNDO: INVALIDAR la condena impuesta al señor José Jael Leal Aroca
identificado con la cédula de ciudadanía 80.264.299 expedida en Bogotá, contenida
en la sentencia No. 015 del 1º de marzo de 2011, proferida por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Buga.
TERCERO: ORDENAR se reponga la actuación contra el procesado desde la
audiencia de formulación de acusación.
CUARTO: ORDENAR que se remita inmediatamente la actuación al Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Buga [...]”
7.1.16. Consta que el 6 de marzo de 2015, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Buga
precluyó la investigación penal seguida en contra de José Jael Leal Aroca por los
delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, según da cuenta copia
simple del acta de dicha audiencia67.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver el cargo invocado en el recurso de apelación, la Sala analizará
de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del
Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria
de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar
dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación
frente al Estado.
67 Fl. 107 a 109, C. 2. Expediente Digital.
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración68-69.
7.2.1. El daño antijurídico
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que
contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique,
violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en
términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la limitación del
derecho a la libertad de José Jael Leal Aroca, por cuanto fue capturado y privado
de su libertad, en virtud de una sentencia condenatoria, a pesar de que no haber
cometido delito alguno.
68 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
69 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
28
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
En efecto, se evidencia que la detención de José Jael Leal Aroca obedeció a un
error de identificación e individualización del autor de los hechos punibles ocurridos
el 16 de marzo de 2008, dado que ese día una persona se identificó con su nombre
y número de cédula, pero las autoridades no cumplieron con la obligación de
constatar que la información suministrada fuera cierta, para establecer su verdadera
identidad e individualizarlo, como era su deber. Ello llevó a que se adelantara un
proceso penal contra una persona inocente, que no había sido autor ni participe de
delito alguno.
Así, fue solo hasta después de que el injustamente procesado fue capturado (hecho
probado 7.1.5.) que se logró establecer que había existido un error en la
individualización de la persona que había cometido los delitos por los que había sido
condenado, pues se determinó que no había sido José Jael Leal Aroca quien había
estado presente el día de los hechos. De conformidad con lo anterior, se concluye,
que esta omisión en el deber de individualización en la que se incurrió, implica que
la detención de José Jael Leal Aroca no se ajustó al ordenamiento jurídico, ya que
era un presupuesto ineludible que la restricción de la libertad fuera impuesta sobre
la persona que, presuntamente, había cometido los delitos investigados, situación
que no ocurrió en este caso.
Así las cosas, se evidencia que el daño tiene el carácter de antijuridico, pues se
trata de la afectación de un derecho protegido por el ordenamiento jurídico cuya
lesión no encuentra justificación legal. Al efecto, se tiene que la libertad de
locomoción es un derecho inherente e inalienable de la persona y se constituye en
presupuesto esencial para la realización de los demás derechos, de donde la
vulneración de tal postulado y los daños que con ello se generen resultan
antijurídicos.
7.2.2. La imputación
Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Rama Judicial, debe
examinarse si la conducta que adoptó contribuyó fáctica y/o jurídicamente en su
29
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
causación.
Al respecto, es menester recordar que el proceso penal acusatorio previsto en la
Ley 906 de 2004 comporta un modelo adversarial en el que se encuentran
separadas las funciones de investigación o acusación de aquellas de carácter
decisorio, que además trajo consigo el principio de igualdad de armas, donde las
partes cuentan con las mismas herramientas para acudir ante el juez70, quien es el
encargado de propender por la aplicación de la justicia material y por la defensa de
los derechos y garantías fundamentales de las partes e intervinientes71. Además, este
procedimiento se compone de varias de etapas y estas a su vez de distintas
actuaciones procesales como son, entre otras, la captura, la imposición de la
medida de aseguramiento (acto introductorio) y el proferimiento de la sentencia
(acto decisorio).
En este sentido, se advierte que el artículo el artículo 139 de la Ley 906 de 2004
dispone que “…constituyen deberes especiales de los jueces, en relación con el
proceso penal…Ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas
correccionales atribuidos por este código y demás normas aplicables, con el fin de
asegurar la eficiencia y transparencia de la administración de justicia [y] Corregir los
actos irregulares”.
A su vez, el artículo 297 ibídem prevé que “para la captura se requerirá orden escrita
proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por
motivos razonablemente fundados, para inferir que aquel contra quien se pide
librarla es autor o partícipe del delito que se investiga”.
Además, el artículo 298 ejusdem señala que “el mandamiento escrito expedido por
el juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura,
el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o imputado, cuya
captura se ordena, el delito que provisionalmente se señale, la fecha de los hechos
y el fiscal que dirige la investigación”.
70 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Auto de 1° de marzo de 2013, Rad.: 4819.
71 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 25 de mayo de 2016. Rad.:
43837.
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
De otra parte, el artículo 457 de la misma normativa indica que “es causal de nulidad
la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales”.
A su turno, frente a la diferencia que existe entre las obligaciones de individualizar
e identificar al sindicado, la Corte de Suprema de Justicia en sentencia del 4 de
agosto de 201672 indicó que el primer término se refiere al proceso de individuar a
una persona, distinguiéndola con características físicas o morales; y el segundo es
aquel que se realiza para acreditar la exactitud de lo individualizado a partir del
nombre, apellido, edad, lugar de nacimiento, residencia, estado, profesión u otros
datos del sujeto. A propósito, en este proveído se señaló lo siguiente:
“Individualizar o individuar significa el proceso más o menos complicado de concretar
a una persona, de distinguirla con sus características de todas las demás. Es una
tarea de índole originaria que supone la concreción de una persona por la reunión de
una serie de elementos que sobre ella poseemos, elementos que provienen de ella
misma y que se refieren a sus características, a lo que le es propio como individualidad
física o moral.
‘Identificar es algo que se haya íntimamente ligado a lo anterior, pero que es, sin
embargo, diferente en un sentido amplio, genérico, identificar implica una
yuxtaposición, el proceso más o menos complicado de ver si lo que se posee respecto
a la individualidad de alguien corresponde, se ajusta a la misma. La identificación es
el resultado final a que toda individualización debe concluir. Identificar, pues, no es
precisamente descubrir, sino confirmar, realizar un reconocer, acreditar la exactitud
de lo individualizado, de lo conocido’. (Criminalística, en Enciclopedia OMEBA, Tomo
V, pág.119).
Por la primera operación, la de individualizar, se establece que se trata de una persona
determinada, de una integridad sicofísica aislada, de alguien que se concreta en la
afirmación ‘Este y no otro’. Por la segunda (identificación), se agregan a esa
individualización el nombre, apellido, edad, lugar de nacimiento, residencia actual,
estado, profesión, etc., tal como se ve en el artículo 386 (359 del vigente para la época
de los hechos y 338 del actual C. de P.P.) que consigna reglas para la recepción de
indagatoria”.
Por su parte la Corte Constitucional en sentencia T-653-14, refirió sobre la
suplantación de identidad y la consecuente vulneración del debido proceso lo que
se cita a continuación:
72 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 4 de agosto de 2016, radicado:
86973.
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
“De conformidad con el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal la Fiscalía
General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y
legales, tiene como una de sus atribuciones investigar y acusar a los presuntos
responsables de haber cometido un delito, en aras de lo cual podrá coordinar y
direccionar a la Policía Judicial en su labor de investigación.
En virtud de lo anterior, la labor de verificar la correcta identificación o
individualización del imputado, con el fin de prevenir errores judiciales corresponde,
en principio, a la Fiscalía General de la Nación. Al efecto se establece como
mecanismo de identificación el documento de identidad y, en caso de no
presentarse, el registro de la tarjeta decadactilar, lo que se debe verificar con los
documentos obtenidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Dicha norma además establece que en caso de no lograrse la verificación de la
identidad, la policía judicial que realice la confrontación deberá remitirse de manera
inmediata a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de expedir la copia
de la fotocédula. Si no aparecen los archivos en la Registraduría se registra de
manera única y excepcional con el nombre con que se identificó el sindicado y se
procede a la asignación de un cupo numérico.
La normativa penal cuenta con distintos métodos para efectos de identificar a las
personas, tales como los que se utilizan por parte de la ciencia criminalística en sus
manuales, las características morfológicas, huellas digitales, carta dental, y perfil
genético de los presuntos responsables, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 420 del CPC. Asimismo, procede el reconocimiento por medio de
fotografías, vídeos o en fila. Todos estos procesos están regulados en el Código de
Procedimiento Penal (…)
Tratándose de las funciones propias del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad ya la Corte Constitucional, en sentencia T-949 de 2003, manifestó
compartir la doctrina que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia en materia
de protección de los derechos fundamentales, relacionados con situaciones de
suplantación de personas. Dicha Corporación ha establecido que la solicitud
efectuada a dicho juez constituye la vía idónea para debatir dichos asuntos. Los
argumentos que se aducen al respecto son: 1) la atribución expresa de competencia
y 2) el contacto directo con el expediente y la facultad de solicitar las pruebas
conducentes y pertinentes que permiten establecer la verdadera identidad del
procesado, sin estar sometido a un término preclusivo.
Puede concluirse entonces que existen dos momentos cruciales cuando se trata de
identificar a una persona que se encuentra procesada en un juicio penal y que
corresponden: 1) al Fiscal, quien en su labor de investigación debe utilizar los
métodos idóneos para individualizar, investigar y acusar a los presuntos
responsables y 2) el que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, quien identifica a la persona que debe cumplir la pena.
Esta introducción resulta básica y permite delimitar los dos aspectos que a
continuación se desarrollan:1) la violación del debido proceso que puede existir por
parte de las autoridades judiciales ante los casos de suplantación y homonimia, para
lo cual se acude al precedente que en materia de tutela contra providencias
judiciales ha establecido la Corte, y 2) la protección a los derechos fundamentales
al buen nombre y habeas data”.
Del anterior recuento jurisprudencial y del estudio detallado del material probatorio
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
que reposa en el expediente, se evidencia que el daño antijurídico es imputable
fáctica y jurídicamente a la Rama Judicial, pues el Juzgado Promiscuo Municipal de
Guacarí adelantó las diligencias de formulación de imputación y acusación, y por su
parte el Juzgado 1º Penal del Circuito de Buga profirió la sentencia condenatoria del
1º de marzo de 2011 e igualmente expidió una orden de captura en contra de José
Jael Leal Aroca, sin haber realizado su cabal identificación e individualización de
manera que se pudiera establecer la verdadera identidad de la persona que había
cometido los ilícitos penales investigados (hechos probados 7.1.4. y 7.1.5.).
Además, se advierte que dichas autoridades judiciales no declararon de oficio la
nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales que afectaban el debido
proceso y el derecho a la defensa del procesado, nulidad que, por cierto, estaba
ampliamente acreditada dentro del proceso, lo que a la postre conllevó la
trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del
demandante.
Así pues, se observa que la privación de la libertad a la que fue sometido José Jael
Leal Aroca se derivó con certeza de la omisión en la identificación e individualización
del procesado, que se produjo como consecuencia de la suplantación de identidad
por parte de Jairo Leal Aroca, cuya correcta identidad no fue verificada por la entidad
demandada en las instancias judiciales y oportunidades procesales pertinentes,
incumpliendo lo dispuesto en los artículos 139, 297, 298 y 457 de la Ley 906 de
2004.
A la sazón, llama la atención el hecho que tanto al Juzgado Promiscuo Municipal de
Guacarí, como al Juzgado 1º Penal del Circuito de Buga, les bastara con la
información suministrada por la Fiscalía General de la Nación para adelantar el
trámite judicial en contra del procesado, sin que hubieran ejecutado alguna otra
actividad probatoria pertinente y necesaria para establecer con certeza que esa
persona era en realidad el autor material de los delitos investigados.
Resulta evidente que la autoridad judicial encargada de proferir el acto decisorio en
el proceso penal acogió la identificación e individualización del procesado realizada
por la Fiscalía General de la Nación, sin que hubiera hecho el más mínimo esfuerzo
de análisis y constatación de esos datos, teniendo en cuenta que, por tratarse de la
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
comisión de conductas ilícita, los investigados en muchas oportunidades tienden a
mentir u ocultar su verdadera identidad, aunado a que como lo que estaba en juego
era el derecho fundamental de la libertad de una persona, ello exige, desde todo
punto de vista, la corroboración y certeza de que quien deba ser objeto de privación
de la libertad sea la misma persona que cometió la conducta punible.
En ese sentido, la privación de la libertad de José Jael Leal Aroca ocurrió como
consecuencia de una falla en el servicio, sustentada en la omisión de sus deberes
de individualizar y de establecer la verdadera identidad de la persona sindicada,
procesada, imputada, condenada y capturada, tanto a instancia de la Fiscalía
General de la Nación como de la Rama Judicial, quienes debieron practicar y valorar
las pruebas idóneas, suficientes y pertinentes para ello, situación que no ocurrió en
este caso, de manera que el fundamento de la imputación radica en la indebida
identificación e individualización del sujeto activo del hecho punible.
Por demás, para la Sala no son de recibo los argumentos de defensa expuestos por
la Rama Judicial en la contestación de la demanda y en su recurso de apelación,
cuando alega que el daño alegado por los accionantes devino exclusivamente de
las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, pues los jueces
no son vicarios de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y deben
advertir las irregularidades provenientes de la fase investigativa que incidan de
manera sustancial en la decisión judicial que ha de adoptarse.
Así las cosas, se concluye que el daño alegado tiene el carácter de antijurídico y es
imputable a la Rama Judicial a título de falla en el servicio, al devenir de una
actuación de la Administración no ajustada a derecho, en tanto la privación de la
libertad que sufrió José Jael Leal Aroca obedeció a un error de identificación e
individualización en el que dicha entidad contribuyó, al condenar y expidir una orden
de captura en contra de una persona que no había cometido ninguna conducta
punible, desconociendo las normas procesales, así como las garantías
constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico prevé para este
procedimiento.
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
8. Liquidación de perjuicios
A continuación se realizará la liquidación de perjuicios teniendo en cuenta la
tipología de aquellos reconocidos en la sentencia de primera instancia, esto es, los
perjuicios morales y el lucro cesante. Lo anterior se realizará de esta manera,
porque no se puede desmejorar la situación de la parte recurrente, quien actúa
como única apelante en el presente proceso.
8.1. En la demanda se solicitó condenar a las entidades demandadas a pagar, por
perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los demandantes. A su turno, la
sentencia apelada condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Rama
Judicial, a pagar por concepto de perjuicios morales, 100 SMLMV a José Jael Leal
Aroca, Brayan Steven Leal Hernández, José Alexander Leal Hernández, Manuel
Mauricio Leal Hernández, Mercedes Aroca y Ángel María Leal, 50 SMLMV a
Magdalena Leal Aroca, Ángel María Leal Aroca, Orlando Leal Aroca, Ana Lucía Leal
Aroca y Ricardo Leal Aroca y 15 SMLMV a María Cristina Hernández Peralta.
Ahora bien, en sentencia del 29 de noviembre de 202173, la Sección Tercera de
esta Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios
morales en caso de privación injusta de la libertad. En ella indicó que había lugar a
reconocer perjuicios a quienes habían sufrido aflicción derivada de la privación
injusta de la libertad, teniendo en cuenta los siguientes criterios: i) para la víctima
directa, la prueba de la privación de la libertad constituye presunción de la
causación del perjuicio moral; ii) frente a los parientes en el primer grado de
consanguinidad del detenido y cónyuge, compañero o compañera permanente, la
prueba de tales calidades constituye presunción del perjuicio moral ocasionado por
la privación de la libertad de la víctima; y iii) en relación con las demás víctimas
indirectas, el perjuicio moral no está acreditado por su vínculo familiar con la
víctima, per se, sino que el juez debe determinar si el demandante cumplió la carga
de la prueba para acreditar un perjuicio moral indemnizable, ocasionado por la
privación de la libertad de la víctima y su vínculo afectivo con estos.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de noviembre de 2021, Rad. 46681.
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Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
Asimismo, se señaló que había lugar a reconocer los perjuicios a quienes habían
sufrido aflicción derivada de la privación injusta de la libertad, teniendo en cuenta
los topes de indemnización establecidos para la víctima directa. En ese sentido, i)
para los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge
o su compañero o compañera permanente, debe reconocerse el cincuenta por
ciento (50%) de lo que le corresponda a la víctima directa, y ii) a los demás
demandantes que acrediten la causación de los perjuicios morales, el treinta por
ciento (30%) de lo que le corresponda a la víctima directa, según la siguiente tabla:
Víctima directa en
Duración de la privación
SMLMV
Entre un día y un mes Suma fija de 5 SMLMV
Hasta 2 meses Hasta 10 SMLMV
Hasta 3 meses Hasta 15 SMLMV
Hasta 4 meses Hasta 20 SMLMV
Hasta 5 meses Hasta 25 SMLMV
Hasta 6 meses Hasta 30 SMLMV
Hasta 7 meses Hasta 35 SMLMV
Hasta 8 meses Hasta 40 SMLMV
Hasta 9 meses Hasta 45 SMLMV
Hasta 10 meses Hasta 50 SMLMV
Hasta 11 meses Hasta 55 SMLMV
Hasta 12 meses Hasta 60 SMLMV
Hasta 13 meses Hasta 65 SMLMV
Hasta 14 meses Hasta 70 SMLMV
Hasta 15 meses Hasta 75 SMLMV
Hasta 16 meses Hasta 80 SMLMV
Hasta 17 meses Hasta 85 SMLMV
Hasta 18 meses Hasta 90 SMLMV
Hasta 19 meses Hasta 95 SMLMV
20 meses o más Hasta 100 SMLMV
Sumado a ello, dicha sentencia señaló que por cada día adicional de privación
injusta de la libertad al último mes transcurrido, la liquidación se realizaría tomando
una fracción equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la
cual se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por 30
días. Igualmente, estableció que en casos de detención domiciliaria, la cuantía de
los perjuicios morales sufridos por la víctima directa se disminuirá en un 50%.
Adicionalmente, en esta sentencia se manifestó que en relación con las demandas
presentadas desde el 28 de agosto de 2013 hasta el 29 de noviembre de 2021, en
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
las cuales el juez advierta que se presentaron fundándose en la jurisprudencia
existente y no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de los
parientes en segundo grado de consanguinidad, podrá el fallador hacer uso de las
facultades probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido
proceso. Finalmente, indicó que en relación con la determinación de los topes
máximos por perjuicios morales y la forma de calcularlos, la sentencia tendría
aplicación inmediata.
Ahora bien, como en el caso sub examine la demanda se presentó el 18 de febrero
de 201674, es dable aplicar los topes máximos establecidos para el reconocimiento
de los perjuicios morales, y la forma de calcularlos, establecidos en la sentencia de
unificación del 29 de noviembre de 202175.
En este orden de ideas, se encuentra acreditado que José Jael Leal Aroca fue la
víctima directa de la privación injusta de la libertad y que es padre de Brayan Steven
Leal Hernández, Manuel Mauricio Leal Hernández, José Alexander Leal Hernández;
hijo de Mercedes Aroca y Ángel María Leal; y hermano de Magdalena Leal Aroca,
Ricardo Leal Aroca, Ángel María Leal Aroca, Orlando Leal Aroca y Ana Lucia Leal
Aroca.
Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidará el perjuicio moral padecido por José
Jael Leal Aroca y su núcleo familiar durante el tiempo en el que permaneció privado
de la libertad de forma injusta, esto es, desde el 23 de abril de 2011, cuando fue
capturado por agentes de la Policía Nacional (hecho probado 7.1.5.) hasta el 23 de
marzo de 2013, cuando quedó en libertad (hecho probado 7.1.13.), para un total de
23 meses.
De conformidad con lo anterior y debido a que el procesado estuvo detenido en
detención domiciliaria, la cuantía de los perjuicios morales sufridos por la víctima
directa se disminuirá en un 50%. Por ello, la Sala reconoce por concepto de
perjuicios morales, 50 SMLMV a José Jael Leal Aroca, 25 SMLMV para cada una
de las siguientes personas, Brayan Steven Leal Hernández, José Alexander Leal
74 Fl. 1 a 15, C. 1. Expediente Digital.
75 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de noviembre de 2021, Rad. 46681.
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
Hernández, Manuel Mauricio Leal Hernández, Mercedes Aroca y Ángel María Leal,
y 15 SMLMV para cada una de las personas que se nombran a continuación,
Magdalena Leal Aroca, Ángel María Leal Aroca, Orlando Leal Aroca, Ana Lucía Leal
Aroca y Ricardo Leal Aroca.
8.2. Por otro lado, en la demanda se solicitó condenar a las entidades demandadas
a pagar, por lucro cesante, la suma de $103.500.000 a José Jael Leal Aroca. A su
vez, en la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca condenó
a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, a pagar por este
concepto la suma de $25.162.105,00 a José Jael Leal Aroca.
Sobre este particular, es menester poner de presente que por lucro cesante se
entiende la ganancia frustrada o el provecho económico que dejó de reportarse y
que de no producirse el daño habría ingresado al patrimonio de la víctima. Frente al
lucro cesante, en los eventos de privación injusta de la libertad, la Sala Plena de la
Sección Tercera de la Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse para unificar
los criterios sobre la acreditación de su existencia y cuantía, el periodo
indemnizable, el ingreso base de la liquidación y el periodo adicional por reubicación
laboral, entre otros, en los siguientes términos:
“[S]u existencia y cuantía deben reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una
relación laboral anterior o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya
estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad o ii) a partir de la
existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación
laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante.
1. Presupuestos para acceder al reconocimiento del lucro cesante
1. Por concepto de lucro cesante sólo se puede conceder lo que se pida en la
demanda, de forma tal que no puede hacerse ningún reconocimiento
oficioso por parte del juez de la reparación directa; (…).
2. Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le indemnice por
concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente que lo
acredite (…).
(…) Cuando la persona privada injustamente de su libertad haya sido una ama de
casa o la persona encargada del cuidado del hogar, tendrá derecho a que se le
indemnice el lucro cesante, conforme a los términos y condiciones consignados en
la sentencia de unificación del 27 de junio de 2017, proferida dentro del proceso con
radicación 50001-23-31-000-2000-372-01 (33.945).
2 Parámetros para liquidar el lucro cesante:
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
2.2.1 Período indemnizable
El período indemnizable, para la liquidación del lucro cesante, en los eventos de
privación injusta de la libertad, será el tiempo que duró la detención, es decir,
el período que transcurrió desde cuando se materializó la orden de detención
con la captura o la aprehensión física del afectado con la medida de
aseguramiento y hasta cuando éste recobró materialmente la libertad o quedó
ejecutoriada la providencia que puso fin a la actuación penal contra el
investigado o sindicado, lo último que ocurra.
La liquidación del lucro cesante comprenderá, si se pide en la demanda y se
prueba suficientemente su monto, el valor de los ingresos ciertos que, de no
haberse producido la privación de la libertad, hubiera percibido la víctima
durante el tiempo que duró la detención y, además, si se solicita en la
demanda, el valor de los ingresos que se acredite suficientemente que
hubiera percibido la víctima después de recuperar su libertad y que se
frustraron con ocasión de pérdida de ésta.
2.2.2 Ingreso base de liquidación
El ingreso base de liquidación deber ser lo que se pruebe fehacientemente
que devengaba la víctima al tiempo de su detención, proveniente del
ejercicio de la actividad productiva lícita que le proporcionaba ingresos.
(…)
El ingreso de los independientes debe quedar también suficientemente
acreditado y para ello es necesario que hayan aportado, por ejemplo, los libros
contables que debe llevar y registrar el comerciante y que den cuenta de los
ingresos percibidos por su actividad comercial o remitir, por parte de quienes
estén obligados a expedirlas, las facturas de venta, las cuales tendrán valor
probatorio siempre que satisfagan los requisitos previstos en el Estatuto
Tributario, o que se haya allegado cualquier otra prueba idónea para acreditar
tal ingreso.
2.2.3 Aplicación del salario mínimo legal mensual
Cuando se acredite suficientemente que la persona privada injustamente
de la libertad desempeñaba al tiempo de su detención una actividad
productiva lícita que le proporcionaba ingresos y que no pudo continuar
desempeñando por causa de la detención, pero se carezca de la prueba
suficiente del monto del ingreso devengado producto del ejercicio de tal actividad
lícita o la privada de la libertad haya sido una ama de casa o la persona
encargada del cuidado del hogar, la liquidación del lucro cesante se debe
hacer teniendo como ingreso base el valor del salario mínimo legal
mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de
reparación directa (…).
2.2.4 Incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales
Se puede reconocer un incremento del 25% al ingreso base de liquidación, por
concepto de prestaciones sociales, siempre que: i) así se pida en la demanda y
ii) se pruebe suficientemente que el afectado con la medida trabajaba como
empleado al tiempo de la detención, pues las pretensiones sociales son
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
beneficios que operaran con ocasión de una relación laboral subordinada”76.
(Subrayas y negrilla fuera de texto)
Ahora bien, está probado que existió una privación injustificada de la libertad de
José Jael Leal Aroca por un lapso de 23 meses, esto es, desde el 23 de abril de
2011 hasta el 23 de marzo de 2013 (hechos probados 7.1.5. y 7.1.13.)
Igualmente, se observa que en el plenario obra el balance general del patrimonio de
José Jael Leal Aroca, correspondiente a los años 2009, 2010 y del período
comprendido entre el 1° al 31 de marzo de 2011, elaborado por el contador público
Héctor Hugo Pedraza Barón77.
Asimismo, se evidencia que se aportó al expediente una certificación78 del 1° de
octubre de 2009, expedida por el citado contador, en la cual se consigna que José
Jael Leal Aroca, ejercía la actividad independiente de confección de prendas de
vestir desde el año 2008.
Adicionalmente, se allegó certificado79 de matrícula de persona natural del 21 de
octubre de 2014, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual indica
que José Jael Leal Aroca era propietario del establecimiento de comercio
JOLEVEST, con matrícula mercantil No. 01553998 del 21 de diciembre de 2005
cuyo objeto es la confección de prendas de vestir.
Finalmente, obra en el expediente certificación80 laboral del 21 de octubre de 2014,
suscrita por Hugo Hernán Barrios, quien indica ser el Gerente de la empresa
HERNAN BARRIOS VESTIDO SOBRE MEDIDAS, en la que certifica que José Jael
Leal Aroca prestó sus servicios como confeccionista satélite de vestidos para
caballero desde el 15 de enero de 2006 hasta abril de 2011.
En suma, se encuentra probado que José Jael Leal Aroca desarrollaba una
actividad económica lícita. Sin embargo, se advierte que no se acreditó el monto
76 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, Rad. 44572.
77 Fl. 95 a 103, C. 1. Expediente Digital.
78 Fl. 98, C. 1. Expediente Digital.
79 Fl. 93, C. 1. Expediente Digital.
80 Fl. 93, C. 1. Expediente Digital.
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
devengado por la actividad económica que éste desarrollaba, puesto que las
pruebas atrás descritas por sí solas no constituyen prueba suficiente para acreditar
el ingreso devengado.
Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidará el lucro cesante padecido por José Jael
Leal Aroca durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, esto es, desde el 23
de abril de 2011 hasta el 23 de marzo de 2013, por 23 meses, con base en el salario
mínimo mensual legal vigente.
Así las cosas, se liquidará el lucro cesante con base en el salario mínimo mensual
legal vigente, de acuerdo con la siguiente formula:
S= Vp x (1+i)n – 1
i
Donde:
S = Suma calculada
Vp = Valor presente ($1.300.000)
n = Número de meses del período indemnizable (23)
i = Tasa de interés constante 0,004867
S = $1.300.000 x (1+0,004867)23 – 1
0,004867
S = $1.300.000 x (0,118143)
0,004867
S = $1.300.000 x 24,274342
S= $31.556.644,51
Así pues, se advierte que la Sala reconocerá por lucro cesante la suma de
$31.556.644,51 a José Jael Leal Aroca, pues se evidencia que la actualización de
la condena impuesta por el a quo a las entidades demandadas por este concepto,
resulta superior al monto de la condena que aquí se impone81. Lo anterior, en
81 El a quo condenó a las entidades demandadas a pagar por lucro cesante la suma de
$25.162.105,00 a José Jael Leal Aroca, suma que actualizada a la fecha de esta providencia
asciende a $33.941.855,31.
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
aplicación del principio de la non reformatio in pejus, pues no se puede desmejorar
la situación de la entidad demandada, que obra como única apelante.
Por demás, es menester precisar que como el proceso terminó frente a la Nación –
Fiscalía General de la Nación, entidad que concilió obligándose al pago del 70% del
50% de la codena impuesta en primera instancia, la Nación – Rama Judicial deberá
asumir el pago del 50% de lo reconocido por perjuicios morales y lucro cesante en
esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA,
según el cual, “en todos los casos en los que en la causación del daño estén
involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la
proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la
influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, se modificará la sentencia del 15 de
agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de condenar
a la Nación – Rama Judicial a pagar, por perjuicios morales, 25 SMLMV a José
Jael Leal Aroca, 12,5 SMLMV a Brayan Steven Leal Hernández, José Alexander
Leal Hernández, Manuel Mauricio Leal Hernández, Mercedes Aroca y Ángel María
Leal, y 7,5 SMLMV a Magdalena Leal Aroca, Ángel María Leal Aroca, Orlando Leal
Aroca, Ana Lucía Leal Aroca y Ricardo Leal Aroca; y, por lucro cesante la suma
de $15.778.322,2 a José Jael Leal Aroca.
9. Condena en costas
El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 ibídem, prevé las siguientes reglas para proceder a la
condena en costas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […] 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”. (Se subraya)
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la Rama Judicial, toda vez que el recurso de apelación que
interpuso no prosperó.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
En relación con las agencias en derecho82 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora83. A su turno, el Acuerdo 2222 de 200384
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determinó
que en los procesos ordinarios en segunda instancia, éstas podrán fijarse en hasta
el 5% del valor de las pretensiones85.
No obstante, comoquiera la parte vencedora no desplegó ninguna actuación en
segunda instancia, no habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo de
la parte demandada.
82 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
83 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
84 “Por el cual se modifica el Acuerdo 1887 del 27 de junio de 2003 sobre fijación de agencias en
derecho”.
85 “Artículo 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: 1.1. Proceso ordinario.
(…) Segunda instancia. Hasta el cinco por ciento (5) del valor de las pretensiones confirmadas o
revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce o niega obligaciones de
hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este
concepto. En los casos en que únicamente se ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de
hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…)”.
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: Frente a la responsabilidad patrimonial de la Nación – Fiscalía General
de la Nación, ESTARSE a lo resuelto en el auto del 2 de febrero de 2023, mediante
el cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aprobó el acuerdo conciliatorio
celebrado entre los demandantes y dicha entidad.
SEGUNDO: Frente a la responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama Judicial
MODIFICAR la sentencia del 15 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial
por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto José Jael Leal Aroca.
SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar por concepto de
perjuicios morales las siguientes sumas de dinero a favor de las personas que a
continuación se relacionan:
José Jael Leal Aroca 25 SMLMV
Brayan Steven Leal Hernández 12,5 SMLMV
José Alexander Leal Hernández 12,5 SMLMV
Manuel Mauricio Leal Hernández 12,5 SMLMV
Mercedes Aroca 12,5 SMLMV
Ángel María Leal 12,5 SMLMV
Magdalena Leal Aroca 7,5 SMLMV
Ángel María Leal Aroca 7,5 SMLMV
Orlando Leal Aroca 7,5 SMLMV
Ana Lucía Leal Aroca 7,5 SMLMV
Ricardo Leal Aroca 7,5 SMLMV
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar a José Jael Leal
Aroca, por concepto de lucro cesante, QUINCE MILLONES SETESCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS Y DOS CENTAVOS
($15.778.322,2).
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: CONDENAR en costas a la Nación – Rama Judicial, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
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Radicado: 76001233300020160021301 (68658)
Demandante: José Jael Leal Aroca y otros
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.
SEXTO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
VF
Sigue leyendo
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