Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00302-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00302-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2016-00302-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de mayo de 2026
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00302-02 (7293-2023)
Demandante: Paula Andrea López Parra
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FNPSM y otro
Tema: Reconocimiento cesantías definitivas. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 18 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. La señora Paula Andrea López Parra instauró demanda en contra de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el departamento del Valle del Cauca, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con
el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto ficto que negó la petición radicada el 18 de
agosto de 2018 a través de la cual solicitó el pago de las cesantías definitivas.
3. Que a título de restablecimiento del derecho se declare (i) que con el
departamento del Valle del Cauca existió una relación laboral durante el 14 de
marzo al 5 de junio de 2008, el 1° de junio al 23 de agosto de 2008 y en el período
de prueba nombrada mediante el Decreto 0868 de 21 de agosto de 2008; (ii) el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas que se consignaron a su favor y
(iii) la sanción por el no pago oportuno de las mismas, conforme a la Ley 244 de
1995.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00302-02 (7293-2023)
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que presenta los siguientes nombramientos:
✓ Institución Educativa Nuestra Señora de la Consolación por Resolución 807
del 31 de marzo de 2008 expedida por el secretario de educación del
departamento del Valle del Cauca, desde el 14 de marzo al 5 de junio de
2008. Provisional.
✓ Institución Educativa Santa Marta por Resolución 1685 del 11 de junio de
2008 expedida por el secretario de educación del departamento del Valle del
Cauca, desde el 1° de junio al 23 de agosto de 2008. Provisional.
✓ Institución Educativa Arturo Gómez Jaramillo por Decreto 868 del 21 de
agosto de 2008 expedida por el gobernador y el secretario de educación del
departamento del Valle del Cauca, periodo de prueba y Decreto 286 del 23
de febrero de 2010 en propiedad.
✓ Institución Educativa Nueva Granada por Resolución 000177 del 13 de abril
de 2010 expedida por el alcalde y la secretaria de educación del municipio
de Cartago, periodo de prueba y Resolución 00005 del 1° de febrero de 2011
en propiedad.
6. Que por Decreto 192 de febrero de 2011 expedido por el gobernador del
departamento del Valle del Cauca, se aceptó su renuncia en la Institución Educativa
Arturo Gómez en el cargo de docente en propiedad.
7. Que como consecuencia de la renuncia, el 18 de agosto de 2011 solicitó al
departamento la liquidación de sus cesantías definitivas.
8. Que mediante oficio la Fiduprevisora informó que el 22 de diciembre de 2011 el
abogado sustanciador impartió desaprobación toda vez que «[…] los
nombramientos detallados en el certificado de trabajo laborado no se encuentran
registrados en la base de datos y tampoco los actos de retiro para cada
nombramiento allí descrito. En consecuencia, se requiere a la Secretaría de
Educación remitir a la directora de afiliaciones y recaudos, acto administrativo de
los nombramientos que haya tenido el docente para el año 2008, actas de posesión,
copia de su documento de identidad, acto administrativo, retiros y nuevo certificado
de historia laboral con el reporte de todas las novedades presentadas en la
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prestación del servicio docente por parte del educador […]».
9. Que el 11 de febrero de 2014 radicó derecho de petición ante la Secretaría de
Educación del departamento donde solicitó cumplir con los requisitos pedidos por la
Fiduprevisora para lograr que fueran canceladas las prestaciones definitivas. Luego
de la interposición de una tutela, la entidad territorial informó que no encontró prueba
de la solicitud de pago de cesantías definitivas.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Se indicaron como normas violadas los artículos 99 y 102 de la Ley 50 de 1990,
artículo 249 del CST, artículo 166 Decreto Ley 66 de 1993, Ley 244 de 1995.
11. Manifestó que cuando la entidad no se pronuncia frente al reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas, el término del cálculo para la indemnización
moratoria comienza a partir del día siguiente a los 65 días hábiles a la radicación.
12. Que el auxilio de cesantía es un derecho irrenunciable de todos los trabajadores
para que el empleado pueda atender sus necesidades mientras permanece cesante
o satisfacer otros requerimientos como vivienda y educación.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
13. La demanda fue admitida el 24 de octubre de 2016, la entidad territorial propuso
las excepciones de falta de argumentación jurídica por carencia del derecho y cobro
de lo no debido por cuanto la sanción moratoria por el no pago de las cesantías
definitivas corresponde a la Fiduprevisora quien se ha demorado en la
«consignación» por las limitantes presupuestales.
14. Que no tiene la obligación de cancelar la sanción moratoria pedida pues no es
su obligación y tampoco se ha demostrado la mala fe de la administración.
15. La Nación, Ministerio de Educación, FNPSM no contestó la demanda.
16. La audiencia inicial se llevó a cabo el 10 de agosto de 2018 en la cual se declaró
probada de oficio la excepción previa de «ineptitud de la demanda por falta de
requisitos formales» con respecto a la pretensión de reconocimiento de la sanción
moratoria y la existencia de una relación laboral. Decisión que fue confirmada por el
Consejo de Estado el 24 de abril de 2020.
17. El 9 de mayo de 2023 se continuó con la audiencia inicial y la de pruebas se
realizó el 1° de junio de 2023 en donde se ordenó a las partes la presentación por
escrito de los alegatos de conclusión.
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18. El departamento expresó que el FNPSM es el encargado del reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales solicitadas por los docentes, así como de su pago.
19. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
20. Mediante sentencia del 18 de agosto de 2023 el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, negó las pretensiones al determinar que no había lugar al
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas porque la renuncia presentada el
15 de diciembre de 2010 y aceptada por el departamento, se dio con ocasión al
nombramiento en propiedad en calidad de docente ante el municipio de Cartago,
por lo cual, no se presentó una desvinculación laboral, condición que se debe dar
para obtener el reconocimiento y pago de la prestación.
21. Que la movilidad laboral, como es el caso, no se asemeja a la ruptura del vínculo
laboral, condición necesaria para obtener el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas.
22. Que la docente Paula Andrea López Parra, al momento de solicitar las cesantías
definitivas a la Secretaría de Educación de la Gobernación del Valle del Cauca (18
de agosto de 2011) no se había desvinculado laboralmente con el Estado, porque
el cambio de institución educativa en calidad de docente, corresponde al traslado o
movilidad entre Secretarías de Educación, pasando del colegio Santa Marta-
municipio de El Águila (administrado por la Secretaría de Educación Departamental
del Valle del Cauca) al colegio Nueva Granada (administrado por la Secretaría de
Educación de Cartago), encontrándose activa y sin solución de continuidad en el
FNPSM entidad a la que le corresponde liquidar y reconocer el auxilio de cesantías
parciales o definitivas de los docentes oficiales.
RECURSO DE APELACIÓN
23. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que argumentó que
la vinculación de la demandante con la Institución Educativa Santa Marta, se efectuó
desde el 17 de junio de 2008 al 18 de julio de 2008, conforme el formato único para
la expedición de certificado de historia laboral expedido por el departamento del
Valle del Cauca. Por su parte, la vinculación laboral al servicio de la Institución
Educativa Arturo Gómez, en el municipio de Alcalá, se efectuó el 28 de agosto de
2008, conforme el acta de posesión, por lo que entre uno y otro periodo existió
interrupción, lo que conlleva a colegir que se finiquitó la relación laboral y, por ende,
emanaba el derecho para reclamar las cesantías.
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24. Que el reclamo de las cesantías presentado el 18 de agosto de 2011 debió ser
resuelto favorablemente.
25. Finalmente, realizó algunas precisiones sobre la sanción moratoria y citó varios
apartes de la sentencia de unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016 que fijó
las reglas jurisprudenciales de la indemnización prevista en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
26. Se admitió el recurso el 31 de enero de 2024. Las partes guardaron silencio.
27. El Ministerio Público presentó escrito en el que indicó que el expediente digital
enviado no contaba con los elementos de juicio requeridos como la sentencia y el
recurso de apelación, por lo que su concepto se refirió a que debía confirmarse el
auto dictado en la audiencia inicial.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
28. Antes de resolver el fondo del asunto es importante delimitar los aspectos que
deben abordarse en esta instancia.
29. Lo anterior, porque dentro de los planteamientos del recurso existen varios
relacionados con la sanción moratoria, pretensión que se excluyó del litigio desde
el auto proferido en la audiencia inicial del 10 de agosto de 2018 al declararse
probada de oficio una excepción, escenario que impide que exista pronunciamiento
por parte de esta Corporación al respecto.
30. En consecuencia, se estudiará si la señora Paula Andrea López Parra tiene
derecho al reconocimiento de las cesantías definitivas reclamadas el 18 de agosto
de 2011.
Resolución del caso concreto
31. La Subsección considera desde ya que la sentencia de primera instancia debe
confirmarse porque la renuncia aceptada por la Secretaría de Educación del
departamento del Valle del Cauca a través del Decreto 192 del 8 de febrero de 2011,
no da lugar al reconocimiento y pago de las cesantías definitivas reclamadas el 18
de agosto de 2011 por la señora Paula Andrea López Parra como pasa a explicarse.
32. De las pruebas que obran en el expediente se tiene lo siguiente:
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Resolución 0807 de 31 de marzo de 20081 expedida por la Secretaría Educación
departamental, a través de la cual la demandante fue nombrada en provisionalidad
en el cargo de docente en la institución educativa Nuestra señora de la Consolación
«mientras dura la licencia de maternidad concedida» a una docente de dicha
institución.
Resolución 1685 de 11 de junio de 20082 expedida también por la Secretaría
Educación departamental, donde se le nombró en provisionalidad en el cargo de
docente en la institución educativa Santa Marta, en reemplazo de una licencia de
maternidad desde el 1° de junio de 2008 hasta el 18 de julio de 2008.
Decreto 0868 de 21 de agosto de 20083 expedido por la Secretaría de Educación
departamental, a través del cual se le nombró en periodo de prueba en su calidad de
docente en la institución Arturo Gómez Jaramillo, cargo del cual tomó posesión el 28
de agosto de 2008, tal como consta a folio 169 del expediente y en el cual laboró
hasta el 12 de abril de 2010 según certificado de tiempo de servicios visible a folio
181.
Decreto 0286 de 23 de febrero de 20104 expedido por el gobernador del Valle del
Cauca por medio del cual se le nombra en propiedad y se dispone la inscripción en
el escalafón docente, en la institución educativa Arturo Gómez Jaramillo.
Nombramiento que se extendió hasta el 22 de abril de 2010, según certificación
visible a folio 181 del expediente.
Resolución 000177 de 13 de abril de 20105 expedida por el alcalde del municipio
de Cartago – Valle del Cauca, a través del cual nombra a la demandante como
docente en periodo de prueba en la institución educativa Nueva Granada. Cargo del
cual tomó posesión el 23 de abril del mismo año, tal como consta a folio 29 ibidem.
Decreto 000005 de 1 de febrero de 20116 expedida por el alcalde del municipio de
Cartago – Valle del Cauca, a través del cual se le nombra en propiedad a la actora
en el cargo de docente en la institución educativa Nueva Granada. Cargo del cual
tomó posesión el 11 de febrero del mismo año, tal como consta a folio 34 ibidem.
33. Si bien la demandante refiere en el recurso una interrupción de servicios en el
año 2008 por cuanto la provisionalidad en la cual fue nombrada para cubrir una
licencia de maternidad mediante Resolución 1685 del 11 de junio de 2008 en la
institución Santa Marta finalizó el 18 de julio de 2008 según el certificado de historia
laboral del cual adjuntó pantallazo y el acta de posesión anexo de la demanda, esa
interrupción no se refiere al año 2011 cuando, según el sustento de sus
pretensiones, al ser aceptada la renuncia en la institución educativa Arturo Gómez
Jaramillo había lugar al reconocimiento de las cesantías definitivas, en
consecuencia este argumento pierde relevancia y no permite variar lo resuelto en
primera instancia.
1 Folios 185 y 186.
2 Folios 164 y 165.
3 Folios 167 y 168.
4 Folios 175 y 176
5 Folio 27 y 28.
6 Folios 30 a 33.
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00302-02 (7293-2023)
34. Ahora, por medio de la Resolución 0800 del 4 de mayo de 20107 se declaró la
vacancia temporal del cargo de docente titular de la señora Paula Andrea López
Parra en la institución educativa Arturo Gómez Jaramillo, para que se
desempeñara como docente en periodo de prueba en el municipio de Cartago.
35. Una vez nombrada y posesionada en periodo de prueba en la institución
educativa Nueva Granada del municipio de Cartago, el 15 de diciembre de 2010
presentó renuncia a su cargo de docente en propiedad en la institución Arturo
Gómez Jaramillo, la cual fue aceptada mediante Decreto 0192 del 8 de febrero de
20118 cuando ya había sido nombrada en propiedad a través de Resolución 000005
del 1° de febrero de 2011 en la institución Nueva Granada al haber superado el
periodo de prueba y cumplir con los demás requisitos de ley conforme se indica en
dicho acto administrativo.
36. De las pruebas se concluye que la prestación del servicio estuvo sujeta a varios
cambios debido a nombramientos en provisionalidad, periodo de prueba y posterior
propiedad, sin que se evidencie la finalización del vínculo laboral para el año 2011
cuando presentó la solicitud de liquidación y pago de las cesantías definitivas.
37. Recordemos que el auxilio de cesantías es una prestación social a la que todos
los empleados del Estado tienen derecho, cuya finalidad primaria consiste en cubrir
o prever las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al
retiro de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el
riesgo de desempleo,9 que actualmente también promueve el acceso de los
trabajadores a los componentes de educación y vivienda.
38. Ahora, si es claro que las cesantías definitivas cubren el riesgo del desempleo,
el requisito principal para su liquidación y pago debe ser el retiro del servicio,
exigencia que no se advierte en el presente asunto, donde la premisa principal de
las pretensiones y del medio de control fue que con la renuncia aceptada por la
institución Arturo Gómez Jaramillo en el año 2011, surgió el derecho a reclamar
la prestación, lo que no es cierto, porque la señora López Parra no se desvinculó
del servicio al Estado, ni finalizó su relación laboral como docente, sino que al
cumplir con los requisitos de un concurso de méritos pasó de la institución Arturo
Gómez Jaramillo con nombramiento por el departamento del Valle del Cauca a la
Nueva Granada nombrada por el municipio de Cartago.
39. Lo expuesto permite confirmar la decisión recurrida.
7 Folio 40.
8 Folio 178.
9 Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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De la condena en costas de segunda instancia
40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
42. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
43. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto la
sentencia apelada será confirmada, esto es, las peticiones del recurso fueron
negadas totalmente. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 18 de agosto de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo considerado en la parte motiva.
Segundo. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante por
las razones expuestas en la presente providencia.
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00302-02 (7293-2023)
Tercero. Se reconoce personería al abogado Mateo Floriano Carrera con tarjeta
profesional 99.707 del CS de la J, para que represente los intereses del
departamento del Valle del Cauca, en atención al poder conferido visible en el índice
33 de SAMAI.
Cuarto. Se reconoce personería al abogado Martín Orlando Méndez Amador con
tarjeta profesional 277.445 del CS de la J, para que represente los intereses de la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, en atención al poder visible en el índice
34 de SAMAI. Asimismo, se acepta la sustitución de poder hecha en el abogado
Luis Alberto Espinosa Jaimes con tarjeta profesional 362.556 del CS de la J.
Quinto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
9
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