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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00503-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00503-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - REVOCAR la sentencia del 12 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso 76001233300720160050300 que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por Hernán Santiago Valencia Bravo en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad de las GNR 62886 de 4 de marzo de 2015 y VPN 50066 de 23 de junio de 2015 de acuerdo con las consideraciones de esta providencia. TERCERO. - A título de restablecimiento ORDENAR a Colpensiones realizar el pago de la mesada y el retroactivo pensional del señor Hernán Santiago Valencia Bravo de conformidad con las Resoluciones 17829 de 22 de octubre de 2009 y VPB 7361 de 28 de noviembre de 2013, por lo expuesto en la parte motiva. 835 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Rad icado : 76001-23-33-000-2016-00503-01 ( 6562-2023) De mandan te : He rnán Santi ag o Val encia Brav o CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en esta providencia se decide el fondo del asunto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-00503-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., siete (07) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00503-01 (6562-2023)
Demandante: Hernán Santiago Valencia Bravo
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones.
Temas: Revocatoria Directa de actos administrativos – Violación del
derecho al debido proceso administrativo
Decisión: Revoca la decisión que negó las pretensiones de la
demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/ LEY 1437 DE 2011______________

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante en contra de la sentencia de 12 de mayo de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las súplicas de la
demanda instaurada por el señor Hernán Santiago Valencia Bravo, en contra de
la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1.

2.1.1. Pretensiones.

2. El señor Hernán Santiago Valencia Bravo, por intermedio de apoderada
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, solicitó la nulidad
de la Resoluciones GNR 62886 de 4 de marzo de 2015 por medio de la cual «se
niega el reconocimiento y pago de una pensión de vejez», y VPB 50066 de 23 de
junio de 2015 « por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la
resolución GNR 62886 de 4 de marzo de 2015.

1 Folio 57 del expediente
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

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3. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, solicitó ordenar
a la demandada continuar reconociendo y pagando la pensión de vejez que fue
reconocida teniendo en cuenta lo dispuesto en el acuerdo 049 de 1990 aprobado
por el Decreto 758 de 1990.

4. Así mismo, pretende el pago de las mesadas pensionales causadas a
partir del 25 de julio de 2007, el reajuste de la prestación desde el año 2008, y el
pago del retroactivo que corresponde a la suma de $53.588.340 por concepto de
mesadas causadas con anterioridad al año 2007 debidamente indexada.

2.1.2. Hechos.

5. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

6. Mediante Resolución No. 17829 de 22 de octubre de 2009, el Instituto de
Seguro Social (en adelante ISS), reconoció una pensión de vejez a al señor
Hernán Santiago Valencia Bravo.

7. Contra esta decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, sin
embargo, dicho recurso no fue resuelto, por lo que presentó una acción de tutela
en la que solicitó el amparo de su derecho de petición.

8. El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali amparó el derecho
fundamental de petición del señor Valencia Bravo y ordenó al ISS resolver el
recurso de apelación interpuesto por el primero en un término de 10 días.

9. A través de Resolución VPB 7361 de 28 de noviembre de 2013 se resolvió
confirmar la Resolución No. 17829 de 22 de octubre de 2009.

10. La parte demandante solicitó a Colpensiones información sobre los pagos
de sus mesadas pensionales y retroactivo pensional reconocidos a través de la
Resolución 17829 de 22 de octubre de 2009, sin embargo, la entidad no
respondió de fondo su solicitud.

11. El 4 de marzo de 2015 Colpensiones expidió la Resolución GNR 62886
«en la que resolvió «negar el reconocimiento y pago de una pensión de vejez
solicitada por el señor Valencia Bravo Hernán Santiago» y solicitó al demandado
su autorización para revocar la Resolución 17829 de 22 de octubre de 2009.

12. Contra la anterior Resolución, el demandante interpuso recurso de
apelación y manifestó que no otorgaba su consentimiento para revocar la
Resolución 17829 de 22 de octubre de 2009.
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13. A través de Resolución VPB 50066 de 23 de junio de 2015, Colpensiones
resolvió el recurso interpuesto contra la Resolución GNR 62886 de 4 de marzo
de 2015, confirmándola en su totalidad.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

14. Como normas vulneradas citó los artículos 29 de la Constitución Política;
97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; el acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 de 1990.

15. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los actos
demandados incurrieron en violación de la Constitución, porque se
desconocieron el derecho fundamental al debido proceso.

16. Para tal efecto, señaló que el artículo 97 del CPACA establece un
procedimiento para revocar los actos administrativos, y que de acuerdo con dicho
procedimiento Colpensiones debió solicitar demandante su autorización para
revocar el acto de reconocimiento pensional contenido en la Resolución 17829
de 2009.

17. A pesar de lo anterior, el Fondo expidió la Resolución GNR 62886 de 4 de
marzo de 2015, en la que resolvió negar el reconocimiento y pago de una pensión
de vejez al demandante, sin que el demandante hubiese otorgado su
consentimiento para ello.

18. Sostuvo que el demandante cumplió con todos los requisitos para adquirir
su derecho a la pensión y que, si bien percibía una pensión de jubilación por parte
del Municipio de Santiago de Cali reconocida en sentencia proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, esta no era una pensión
extralegal ni compartida.

19. Señaló que la pensión reconocida por el ente territorial era compatible con
la reconocida por el seguro social pues esta última no es una asignación que
provenga del erario y en ese sentido, no se incurrió en la prohibición establecida
en el artículo 128 de la Constitución Política

2.2. Contestación de la demanda3.

20. Colpensiones, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la
demanda, y señaló que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho.

3 Folio 115 del expediente
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21. Indicó que, mediante resolución 17829 de 2009 Colpensiones reconoció
una pensión de vejez al demandante y que esta resultaba incompatible con la
pensión reconocida por parte del Municipio de Cali, en tanto provenían de la
misma fuente, por lo que incurrió en la prohibición establecida en el artículo 128
de la Constitución

22. Propuso como excepciones las que denominó: i) inexistencia de la
obligación reclamada, (ii) prescripción trienal (iii)innominada; y (iv) buena fe.

2.3. La sentencia apelada4.

23. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 12
de mayo de 2023 negó las pretensiones de la demanda.

24. Para ello señaló que la Resolución GNR 62886 de 4 de marzo de 2015,
indicó en su encabezado que niega el reconocimiento y pago de una pensión de
vejez al accionante, pero realmente lo que hizo fue «no cumplir ni darle
efectividad a la Resolución 17829 del 22 de octubre de 2009 del ISS que
reconocía una pensión de vejez al demandante».

25. Así mismo indicó que dicha resolución expuso como consideraciones que
existió un error de la administración al reconocer la pensión al demandante, pues
este ya contaba con una reconocida por el Municipio de Santiago de Cali y solicitó
al demandado su autorización para revocar la Resolución expedida por el ISS.

26. Advirtió que el acto de reconocimiento pensional expedido por el Municipio
de Cali contenido en la Resolución 41.22.1.21.339 del 11 de mayo de 2007 en
cumplimiento de una sentencia judicial y la Resolución 4142.1.21. SRH 1752 de
octubre 25 de 2006, en la que anteriormente se había reconocido una pensión al
demandado, indican que la pensión reconocida era de naturaleza compartible.

27. Además de lo anterior, adujo que la Resolución 41.22.1.21.339 del 11 de
mayo de 2007 ordenó el reconocimiento de la pensión teniendo en cuenta 6 años,
5 meses y 12 días que habían sido cotizados en el ISS.

28. Así las cosas, concluyó que, como la Resolución 17829 del 22 de octubre
de 2009, a través de la cual el ISS le reconoció una pensión de vejez al
demandado se expidió teniendo en cuenta tiempos de servicio en el sector

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público, las asignaciones reconocidas por el Municipio de Santiago de Cali y por
el ISS resultaban incompatibles, en tanto se incurrió en la prohibición establecida
en el artículo 128 de la Constitución.

29. Por tal motivo, estimó que no era procedente reanudar el pago de la
prestación reconocida mediante la Resolución 17829 del 22 de octubre de 2009.

30. De otra parte, señaló que el acto demandado no revocó la resolución
17829 del 22 de octubre de 2009, sino que la suspendió, pues en ella se resaltó
la necesidad de contar con la autorización del demandante para ello, y manifestó
que la oficina jurídica iniciaría los trámites a los que hubiese lugar para obtener
la revocatoria.

31. Por ello, consideró que no se vulneró el procedimiento para revocar los
actos administrativos y en ese sentido, no había lugar a anular los actos
acusados, por lo que negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Recurso de apelación5

32. El apoderado de la parte demandante, recurrió la decisión de primera
instancia y solicitó a la Sala que revocara dicha decisión y en su lugar, concediera
las pretensiones de la demanda.

33. Como fundamento de inconformidad reiteró que los actos acusados fueron
expedidos con violación al debido proceso, en tanto no se ajustó a lo establecido
en el artículo 97 del CPACA.

34. Insistió en que los actos acusados revocaron sin su autorización la
Resolución 17829 del 22 de octubre de 2009, a través de la cual se reconoció su
pensión de vejez.

35. Sostuvo que, el municipio de Santiago de Cali no cotizó al ISS los aportes
a pensión, como si lo hizo el demandante hasta el 25 de julio de 2007, que
cumplió con los requisitos para obtener una pensión de vejez que le fue
concedida por el ISS, y por ello, la pensión reconocida por el ente territorial no es
de naturaleza compatible.

36. Finalmente, señaló que las pensiones reconocidas por el municipio de
Santiago de Cali y el ISS eran compatibles, pues la primera se reconoció teniendo
en cuenta tiempo laborado en la Administración Pública por más de 24 años, 9

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meses y 8 días, sin incluir periodos cotizados al ISS, mientras que la segunda fue
reconocida teniendo en cuenta los aportes realizados por el demandante.

2.6. Alegatos de segunda instancia

37. En esta oportunidad las partes guardaron silencio y el Ministerio Público
no rindió concepto.

38. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

39. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 6 de la Ley 1437 de 2011.

40. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

41. En el asunto objeto de estudio la parte demandante es apelante única,
por lo que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo
expuesto en el recurso de apelación

3.2. Problema jurídico

42. Con fundamento en lo anterior, en esta oportunidad la controversia se
contrae a establecer si en este caso en los actos administrativos demandados,
contenidos en las Resoluciones GNR 62886 de 4 de marzo de 2015 y VPN 50066
de 23 de junio de 2015, se evidencia un procedimiento de revocatoria directa y
en caso afirmativo deberá determinar si dicho procedimiento se ajustó a las
normas que lo consagran y a las pautas jurisprudenciales impartidas frente a
actos de reconocimiento pensional

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

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3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.

3.3.1. De la revocatoria directa y sus efectos en el sub lite

43. Tal como ya lo ha señalado esta Subsección7, la revocatoria directa, se
trata de una prerrogativa de la administración sobre sus actos, que le permite
volver a decidir sobre asuntos ya decididos en procura de corregir en forma
directa o a petición de parte, las actuaciones lesivas de la constitucionalidad, de
la legalidad, o de derechos fundamentales 8. Procede frente a los actos
administrativos de carácter general y a los de carácter particular, de acuerdo con
los artículos 939 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

7 Sentencia de 21 de enero de 2021, dictada dentro del proceso 25000-23-42-000-2014-00045-01 con

ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero
ponente: Gerardo Arenas Monsalve, Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil once (2011),
Radicación número: 11001-03-25-000-2005-00114-00(4983-05), Actor: HENRY RAMIREZ DAZA.

9 «Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas

autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no
procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los
recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad
para su control judicial.
Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando
se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado
auto admisorio de la demanda.
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos
(2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.

Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia de
segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas
podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité
de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma
y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los
actos demandados.
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en conocimiento del
demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señale para tal efecto, evento en
el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en el que se
especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria.
Artículo 96. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán
los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán
lugar a la aplicación del silencio administrativo.
Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas
en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación
jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado
sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la
ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir
al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
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44. La Ley 1437 de 2011, artículo 9310, establece, en forma precisa las
causales que imponen a la Administración la revocatoria directa de los actos
administrativos de carácter general, al igual que ocurre con los particulares, de
oficio o a petición de parte. Tales causales son las siguientes :

• Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es, que la oposición sea grosera, de bulto, es
decir, cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional
de los actos administrativos, por parte de esta Jurisdicción.

• Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses
generales, causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el
retiro de un acto legalmente válido por la propia administración que lo
había expedido, en razón de la inoportunidad o inconveniencia de aquél 11,
vinculándose a la noción del mérito del acto administrativo.

• Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a
una persona.

45. En cuanto a la revocación de los actos de carácter particular y concreto, se ha
establecido en el ordenamiento jurídico colombiano12 la regla general contenida en el
artículo 9713 del CPACA14, según la cual, tales actos no podrán ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular, pues implican la creación,
modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y determinada, esto

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa.»
10 «ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por

las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales,
de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.»
11 Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia de mayo 5 de 1.981.
12 El artículo 24 del Decreto 2733 de 1.959 ya establecía: “Cuando el acto administrativo haya creado una

situación jurídica individual, o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular”.

13«ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las

excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual
categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la
ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir
al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa».

14 Anteriormente se encontraba en el artículo 73, inciso 1.° del Decreto 01 de 1984.
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en en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos administrativos -
especialmente de los favorables15-, estrechamente relacionado con la presunción de
legalidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la protección de los derechos
adquiridos.

46. Respecto a la figura de la revocatoria directa, a la luz de la Ley 1437 de 2011
esta Corporación en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado sobre la prohibición de
revocar actos administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de
carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de
manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo
derecho, en los siguientes términos16:

«[…]
Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de
un acto administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto
administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos,
categoría esta última que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del
Decreto 01 de 1984.

En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos
administrativos que: “hayan creado o modificado una situación jurídica de
carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría” salvo
que de manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del
respectivo derecho.

Advierte la Sala que, en lo que respecta a la posibilidad con que contaba la
administración para revocar actos administrativos de carácter particular, en los
eventos en los que concurría alguna de las causales de revocatoria ya citadas,
para el caso de los actos fictos positivos, o si fuere evidente la ilegalidad en su
expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011
preceptúan que en los casos en que la administración considere la
inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto administrativo, o que su expedición
tuvo lugar por medios ilegales o fraudulentos, deberá acudir ante esta

15 Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio jurídico

del destinatario, esto es, “crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica”, como los nombramientos,
las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la Administración responde de
manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho constitucional fundamental de petición, v.
gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone
a los de gravamen en los cuales se incluyen aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del
destinatario, es decir “tienen un efecto desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de
obligaciones, de sanciones, la revocación de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las
peticiones. Ver Consejo de Estado. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-
1994-10227-01(10227).

16 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo Arenas

Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.

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jurisdicción, para demandarlos, siempre que no cuente con el consentimiento,
previo, expreso y escrito del titular de los derechos reconocidos en el respectivo
acto administrativo. […]».

47. Conforme a la normativa y jurisprudencia en cita, en principio, la administración
solo podrá revocar un acto administrativo de carácter particular, en los eventos en que
se cuente con el consentimiento del administrado. En caso contrario, deberá cuestionar
su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control.

48. De otra parte, a través de la Ley 797 de 2003 «por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993», se
consagró una de las excepciones a la prohibición de revocatoria unilateral, cuando
ocurre justamente en el marco del sistema pensional, tal como se indica en su artículo
19:
«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes
respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones
económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la
adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte
para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a
cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales
pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación
económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento
del particular y compulsar copias a las autoridades competentes».

49. Esta norma fue analizada por la Corte Constitucional en sentencia C-835
de 200317, en la cual declaró su exequibilidad condicionada «[…] en el entendido
que el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base
en documentación falsa, se refiere siempre a conductas que estén tipificadas
como delito por la ley penal», esto al considerar que los dos supuestos que trae
la norma deben entenderse como el resultado de conductas u omisiones
especialmente graves, al punto que pudieran enmarcarse en algún tipo penal; y
no simplemente tratarse de discrepancias jurídicas, o inconsistencias menores
en el cumplimiento de los requisitos.

50. En la citada decisión, la Corte estableció que la revocatoria directa, debe
sujetarse a las reglas básicas del debido proceso, con lo cual la administración
no puede suspender el pago de las mesadas mientras se surte el proceso, en el
cual, además, la carga de la prueba recae sobre la administración, a quien
corresponde demostrar, con suficiencia, la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional.

17 MP. Jaime Araujo Rentería.
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51. Una decisión de revocar solamente puede adoptarse desde el punto de
vista administrativo, por las causales previstas taxativamente en el artículo 93 del
CPACA, con los requisitos y el procedimiento previsto de los artículos 94 a 97
Ibidem.

3.3. Caso concreto.

52. De acuerdo con las pruebas allegadas18, se encuentra acreditado que el
Instituto de Seguros Sociales reconoció al señor Hernán Santiago Valencia Bravo
una pensión de vejez mediante Resolución 17829 de 22 de octubre de 2009,
esto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 de la Ley 100 de 1993
y 9. ° de la Ley 797 de 2003.

53. Que mediante Resolución VPB 7361 de 28 de noviembre de 2013,19
Colpensiones resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la anterior
decisión, confirmándola en su totalidad.

18 Folio 1 del CD contenido en el folio 56 del expediente.
19
Folio 8 del CD contenido en el folio 56 del expediente.
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54. Ahora bien, a través de Resolución GNR 62886 de 4 de marzo de 2015
Colpensiones “negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez” 20. En la
parte motiva de dicho acto, el fondo indicó que incurrió en error al expedir la
Resolución 17829 de 22 de octubre de 2009, toda vez que se efectuó el
reconocimiento de una pensión de vejez y no de una pensión compartida y que,
además no se efectuó conforme a la normatividad aplicable al caso, pues el
estudio debió efectuarse de acuerdo con el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990.

55. Bajo las anteriores consideraciones, Colpensiones solicitó al pensionado
su autorización para revocar dicho acto e indicó el procedimiento a seguir para
tal efecto. En la parte resolutiva del acto, el fondo señaló lo siguiente:21

56. El demandado recurrió la anterior decisión y mediante Resolución VPN
50066 de 23 de junio de 2015 22que confirmó la decisión contenida en la

20
Folio 14 del CD contenido en el folio 56 del expediente.
21
Folio 14 del CD contenido en el folio 56 del expediente.
22
Folio 21 del CD contenido en el folio 56 del expediente.
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Resolución GNR 62886 de 4 de marzo de 2015, y en esta oportunidad reiteró que
esta última decisión «no fue emitida conforme a derecho ni de acuerdo con la Ley»

57. En relación con el pago de las mesadas pensionales reconocidas al
demandante mediante Resolución 17829 de 22 de octubre de 2009,
Colpensiones, a través de Resolución GNR 62886 de 4 de marzo de 2015,23
manifestó lo siguiente:

23
Folio 14 del CD contenido en el folio 56 del expediente.
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58. Mediante memorial radicado el 14 de enero de 2014 24ante Colpensiones,
el demandante solicitó a la entidad que informara dónde podía reclamar el pago
de las mesadas y el retroactivo pensional reconocidos en la Resolución 17829
de 22 de octubre de 2009.

3.3.1. Análisis del caso concreto

59. Ahora bien, establecido lo anterior, se analizarán las pruebas allegadas al
proceso, a efectos de verificar si le asiste razón al apelante quien señaló que en
este caso los actos demandados no se limitaron a suspender los efectos de la
Resolución 17289 de 22 de octubre de 2009 que le reconoció el pago de una
pensión de vejez, sino que revocaron dicha decisión sin cumplir con el
procedimiento dispuesto en el artículo 97 del CPACA para ello.

60. Revisados los actos acusados se observa que en los mismos se realizó
un análisis frente al reconocimiento pensional efectuado mediante la Resolución
17829 de 22 de octubre de 2009, y se indicó que la entidad incurrió en error al
expedir dicho acto, pues reconoció una pensión de vejez directa en lugar de una

24
Folio 59 del CD contenido en el folio 56 del expediente.
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compartida y además, no se tuvo en cuenta la normativa aplicable al caso, que
era la contenida en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 de
1990, para posteriormente explicar el trámite administrativo tendiente a obtener
la revocatoria de dichos actos.

61. A pesar de lo anterior, en la parte resolutiva del acto se decidió negar el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada por el señor Hernán
Santiago Valencia Bravo, por lo que, si bien en la parte considerativa se
expusieron argumentos relacionados con el procedimiento a seguir para
adelantar la revocatoria directa, el efecto de esta decisión inadvirtió el derecho
pensional otorgado al demandante en la Resoluciones 17829 de 22 de octubre
de 2009 y VPB 7361 de 28 de noviembre de 2013 y como consecuencia de ello
se dispuso suspender el pago de las mesadas al demandante desde ese
momento, a quien además no se habían pagado hasta ese momento, como lo
señala el mismo acto.

62. En ese sentido, las resoluciones acusadas desconocieron una situación
jurídica favorable reconocida al actor en Resoluciones 17829 de 22 de octubre
de 2009 y VPB 7361 de 28 de noviembre de 2013, pues contrario a lo señalado
por el a quo, no se limitaron a suspender los efectos de dichos actos –orden no
contenida en estos-, sino que de manera expresa negaron la prestación
previamente reconocida.

63. Para la Sala, si la entidad pretendía dejar sin efectos las Resoluciones
17829 de 22 de octubre de 2009 y VPB 7361 de 28 de noviembre de 2013, que
reconocían una pensión al demandante, debieron adelantar el procedimiento
establecido en el artículo 97 del CPACA, y solicitar al demandado su
consentimiento para revocar la decisión, por tratarse de un acto favorable y en
caso de no obtenerla -como presuntamente ocurrió-, presentar una demanda
para obtener una declaración de nulidad de dichos actos, en lugar de desconocer
el derecho reconocido en los mismos.

64. Como ya se indicó, para la procedencia de la revocatoria directa es
indispensable que la administración determine cuál es la causal de aquellas
contenidas en el artículo 93 del CPACA que la habilita para modificar una
situación jurídica consolidada, y que en el evento de tratarse de un acto de
contenido particular, solicite al administrado que autorice expresamente y por
escrito a la entidad, a fin de que modifique el derecho o la obligación que le había
sido determinada, esto por mandato del artículo 97 ibidem y su parágrafo, con
observancia del debido proceso y las garantías de defensa y contradicción.

65. Por lo anterior, no podía la Colpensiones proferir el acto de revocatoria sin
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antes obtener el consentimiento previo y expreso de la titular del derecho y al no
conseguirlo, debía acudir ante la jurisdicción contenciosa a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo
97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

66. Bajo las anteriores consideraciones, la Sala considera que le asiste razón
a la apelante comoquiera que los actos administrativos demandados, esto es, las
Resoluciones GNR 62886 de 4 de marzo de 2015 y VPN 50066 de 23 de junio
de 2015, negaron un reconocimiento pensional al demandante que ya había sido
reconocido a través de Resoluciones 17829 de 22 de octubre de 2009 y VPB
7361 de 28 de noviembre de 2013, sin adelantar el trámite administrativo
dispuesto en el artículo 97 del CPACA.

67. Por lo anterior se declarará la nulidad de los actos administrativos
contenidos en las Resoluciones GNR 62886 de 4 de marzo de 2015 y VPN 50066
de 23 de junio de 2015.

68. Finalmente, se advierte que la demandante solicitó a título de
restablecimiento del derecho el pago de las mesadas causadas a partir del 25 de
julio de 2007, el reajuste de la prestación desde el año 2008, y el pago del
retroactivo que corresponde a la suma de $53.588.340 por concepto de mesadas
causadas con anterioridad al año 2007 debidamente indexada.

69. La Sala advierte que mediante Resolución 17829 de 22 de octubre de 2009
se reconoció una pensión de vejez al señor Hernán Santiago Valencia Bravo a
partir del 25 de julio de 2007. En dicha decisión se indicó que se reconocería un
retroactivo pensional de $53.588.340 y se ordenó la inclusión en nómina del
demandante a partir del mes de noviembre de 2009.

70. En ese orden, a título de restablecimiento se ordenará a Colpensiones
realizar el pago de la mesada y el retroactivo pensional del señor Hernán
Santiago Valencia Bravo de conformidad con las Resoluciones 17829 de 22 de
octubre de 2009 y VPB 7361 de 28 de noviembre de 2013, toda vez, que su
legalidad aún no había sido desvirtuada.

3.6. De la condena en costas en segunda instancia.

71. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
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reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

72. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile
un interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual
no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose
de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

73. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo
en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

74. Teniendo en cuenta que las pretensiones del recurso prosperaron
parcialmente, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia del 12 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso
76001233300720160050300 que negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por Hernán Santiago Valencia Bravo en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones- Colpensiones por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad de las GNR 62886 de 4 de marzo de 2015
y VPN 50066 de 23 de junio de 2015 de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia.

TERCERO. - A título de restablecimiento ORDENAR a Colpensiones realizar el
pago de la mesada y el retroactivo pensional del señor Hernán Santiago Valencia
Bravo de conformidad con las Resoluciones 17829 de 22 de octubre de 2009 y
VPB 7361 de 28 de noviembre de 2013, por lo expuesto en la parte motiva.
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CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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