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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00568-01

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00568-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. - Confirmar la sentencia del 31 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Segundo. - Sin condena en costas. Tercero. - Reconocer personería jurídica al abogado Adolfo León Cedeño Palacios, identificado con CC 16.286.676 y T.P. 160.096 del C.S.J, para representar a la demandante, de conformidad con el poder otorgado. Cuarto. - Reconocer personería jurídica al abogado Mateo Floriano Carrera, identificado con CC 83.057.039 y T.P. 99.707 del C.S.J., para representar al Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el poder otorgado. Quinto. - Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-00568-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

1 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

Bogotá, D.C., primero (1º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00568-01 (3079-2017)
Demandante: Olga Margarita Hermann Arango
Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Tema: Sanción moratoria cesantías definitivas. Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006. CONFIRMA SENTECIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 31 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Olga Margarita Hermann Arango instauró demanda en contra del
Departamento del Valle del Cauca, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio SADE 180305 del 10 de agosto de 2015; así
mismo de las Resoluciones 1745 del 28 septiembre y 348 del 26 de octubre, ambas
de la misma anualidad, en cuanto negaron el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago inoportuno de las cesantías definitivas.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
condene a la demandada a reconocer y pagar la aludida penalidad, equivalente a
un día de salario por cada día de retardo, “contados desde los 65 días hábiles
siguientes a la radicación de la solicitud de cesantías definitivas ante la Gobernación

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001 23-33-000-2016-00568-01 (3079-2017)

del Departamento del Valle del Cauca y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la
misma”; indexar las sumas adeudadas; y sufragar las costas de conformidad con lo
señalado en el artículo 188 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que entre el 1º de mayo de 1983 y el 30 de enero de 2014, ocupó los cargos
Trabajadora Social 2 y Profesional Especializado 222-04 en el Departamento del
Valle del Cauca.

Que el 29 de enero de 2014, solicitó de la Oficina de Prestaciones Sociales de la
Gobernación del Valle del Cauca el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas y el 24 de septiembre de 2014, la Secretaría de Salud del Departamento
del Valle del Cauca, por Resolución No. 1480, le reconoció la suma de $53.744.105
por concepto de cesantías definitivas.

El 18 de diciembre de 2014 y el 23 de abril de 2015, la entidad demandada,
mediante Resoluciones 2676 y 722, modificó y aclaró el anterior acto administrativo.

El 24 de junio de 2015, la administración consignó las cesantías definitivas
adeudadas. Actuación que comporta un retraso injustificado en la cancelación de
esa prestación, como quiera que el referenciado depósito no se produjo dentro de
los 65 días hábiles siguientes a la reclamación.

El 13 de julio de 2015, pidió de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional del Departamento del Valle del Cauca el reconocimiento de la
sanción moratoria, conforme lo dispone la Ley 1071 de 2006. Solicitud que fue
negada a través del Oficio enjuiciado SADE 180305 de 2015.

El 1º de septiembre de 2015, interpuso recursos de reposición y apelación en contra
del aludido oficio, los cuales fueron resueltos de forma adversa a través de las
Resoluciones demandadas 1745 y 348 de la misma anualidad.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El magistrado ponente de primera instancia admitió la demanda, mediante auto del
22 de agosto de 20161, decisión que fue notificada en debida forma a la entidad

1 Folio72

2

Radicado: 76001 23-33-000-2016-00568-01 (3079-2017)

accionada2, la cual guardó silencio.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 31 de marzo
de 2017. Concluyó que la entidad incumplió su obligación de cancelar las cesantías
en el término establecido en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y, en
consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos enjuiciados y dispuso
que la actora debe recibir una indemnización “equivalente a un día de salario por
cada día de retardo por el período comprendido entre el 7 de mayo de 2014 y el 24
de junio de 2015 […], sin lugar a indexación”.

Precisó que la Resolución 1480 del 24 de septiembre de 2014, que reconoció las
cesantías, debió proferirse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación
de la solicitud de esa prestación (19 de febrero de 2014), notificarse a los 5 días
hábiles siguientes (26 de febrero de 2014) y pagarse dentro de un término máximo
de 45 días hábiles (6 de mayo de 2014), pero como ello no ocurrió así, la
administración incumplió un deber legal.

En ese orden, el Departamento del Valle del Cauca incurrió en mora desde el 7 de
mayo de 2015 hasta el 24 de junio de 2015, fecha en que se depositaron las
cesantías definitivas de la actora, tal como se prueba con las copias auténticas de
los cheques y del oficio suscrito por la Subsecretaría de Tesorería de la demandada.

En cuanto a que la penalidad que se ordena sea indexada, dijo no es procedente
porque esa sanción “no solo cubre la actualización moratoria sino que es incluso
superior a ella”.

Que no operó el fenómeno de la prescripción, si se atiente que la exigibilidad de la
penalidad inició el 7 de mayo de 2014 y la solicitud de esa sanción ante la
administración ocurrió el 13 de julio de 2015, es decir dentro del lapso de 3 años.

RECURSO DE APELACIÓN

El Departamento del Valle del Cauca interpuso recurso de apelación con
fundamento en que la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han
insistido en que la indemnización que se ordenó es en esencia una sanción, por ello
debe estar condicionada al examen de los elementos subjetivos relativos a la buena
o mala fe que guiaron la actuación del patrono.

2 Folio 87.

3

Radicado: 76001 23-33-000-2016-00568-01 (3079-2017)

En esa medida, dicha valoración hace que la sanción moratoria no sea de aplicación
inmediata o mecánica. Para soportar lo anterior, referenció las sentencias (i) del 11
de julio de 2000, 27 de marzo de 2001 y 24 de enero de 2006, emitidas por la Corte
Suprema de Justicia dentro de los radicados 13467, 14379 y 25334, y (ii) SU 448
de 1996, proferida por la Corte Constitucional, las indican que la buena fe es un
elemento que se encuentra implícito en las normas que consagran la indemnización
por mora, como los artículos 1º del Decreto 797 de 1947 y 65 del CST.

Reitero que su actuar “estuvo encaminado a cumplir con el pago de las cesantías
definitivas reconocidas a favor de la señora Olga Margarita Hermann Arango, lo que
demuestra su buena fe”.

Que no podía de oficio reconocer la sanción moratoria solicitada, máxime cuanto no
mediaba una providencia judicial que dispusiera su pago y su actuación, en este
caso, estuvo precedida de diligencia, cuidado y buena fe.

Por lo expuesto, pidió que se revoque la sentencia recurrida y se nieguen las
pretensiones de la demanda.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

El magistrado conductor del proceso, por autos del 14 de diciembre 2017 y 22 de
junio de 2018, admitió el recurso de apelación y corrió traslado de 10 días hábiles
para que las partes presenten sus alegatos de conclusión, vencido este término, fijó
10 días más para que el agente del Ministerio Público allegue su concepto.

La demandante sostuvo que el Departamento del Valle del Cauca sustentó el
recurso de alzada en jurisprudencia que no tienen relación con el caso en estudio,
pues esta se refiere a la indemnización por mora consagrada en los artículos 65 del
CST y 1º del Decreto 797 de 1949, normas que hacen referencia a prestaciones e
indemnizaciones consagradas en favor del sector privado.

Que el marco jurídico que se pide aplicar es otro, pues es el de la sanción moratoria
previsto para los servidores públicos en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, el
cual es de carácter objetivo y, por ende, no requiere examen sobre la conducta
desplegada por el empleador o la entidad que tiene a su cargo el pago de las
cesantías.

Alegar la buena fe en el presente caso cuando ha existido una mora protuberante
por parte de la administración, vulnera “el principio general del derecho en virtud del
cual ´nadie puede alegar su propia culpa´”.

4

Radicado: 76001 23-33-000-2016-00568-01 (3079-2017)

La entidad demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

El 15 de octubre de 2019, el Departamento del Valle del Cauca presentó una fórmula
de conciliación consiste en cancelar a la actora la suma de $56.285.926, la cual
cubre los valores de $55.182.291 por concepto de sanción moratoria generada en
el período reconocido en la sentencia de primera instancia (desde el 7 de mayo de
2014 hasta el 24 de junio de 2015) y $1.103.645 correspondiente al 2% de las costas
del proceso, así:

Analizada la posición del apoderado de la Entidad y una vez estudiados los
fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos del presente caso, el Comité de
Conciliación de manera unánime determina que el presente asunto mediante acta No.
34 encuentra ajustada la posición de CONCILIAR, teniendo en cuenta que para el
caso que nos ocupa, existe sentencia condenatoria de primera instancia y dicha
decisión fue apelada; pese a haber interpuesto el recurso mencionado la reiterada
jurisprudencia del máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativo, muestra que la probabilidad de que el fallo recurrido sea
CONFIRMADO es ALTA, por lo tanto:

Se cancelará el total de la conciliación correspondiente a $56.285.926, el cual incluye
el valor a pagar por concepto de sanción moratoria $55.182.281 y el valor
correspondiente al 2% de las costas del proceso, siendo este $1.103.645, conciliación
que será cancelada en un término de noventa (90) días desde la ejecutoria de la
providencia que apruebe la conciliación.

El 20 de febrero de 2021, la accionante pidió que se expida el fallo de segunda
instancia, requerimiento que fue reiterado el 22 de julio y 30 de noviembre de esa
anualidad y el 20 de septiembre de 2022, máxime cuanto la entidad demandada
allegó una propuesta de arreglo.

El 14 y 18 de septiembre de 2023, la actora solicitó medidas cautelares en el
proceso porque sufrió un accidente de tránsito que le provocó la amputación
supracondílea derecha y una depresión postraumática. Discapacidad que, sumada
a su edad (67 años3), la convierten en un sujeto especial de protección, lo que
amerita la pronta resolución del caso.

El despacho considera que dado que (i) el expediente ingresó para fallo el 18 de
septiembre de 2018, (ii) las condiciones físicas y psicológicas de la señora Olga

3 Nació el 25 de octubre de 1956

5

Radicado: 76001 23-33-000-2016-00568-01 (3079-2017)

Margarita Hermann Arango cambiaron drásticamente a raíz del accidente de tránsito
que padeció y (iii) existen varias solicitudes de la antes nombradas tendientes a que
el caso se decida de fondo con prontitud para conjurar de alguna manera su
situación, resulta imperioso dictar la sentencia que en derecho corresponde.

En todo caso, tampoco se observa necesario habilitar una etapa de conciliación, en
la medida en que ello no fue solicitado por ambas partes, sino que la entidad
accionada manifestó tener ánimo conciliatorio, pero la actora no coadyuvó esta
solicitud e inclusive insistió en que se profiriera sentencia de segunda instancia, de
manera que lo procedente es continuar con esta etapa procesal en aras de que la
controversia siga su curso para garantizar el acceso a la administración de justicia
de la ciudadana.

Problema jurídico

Se debe ocupar la Sala de resolver, si para el estudio de la sanción moratoria es
necesario analizar el elemento subjetivo en el retardo.

Buena fe en las actuaciones de la administración

En lo concerniente a la acreditación de la mala fe del empleador estatal para la
configuración de la sanción prevista en los términos de la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, esta Subsección4 ha sostenido que ello no
constituye requisito sine qua non para penalizar económicamente a las entidades
que incurran en mora, toda vez que fue establecida con el propósito de resarcir los
daños que se causan al empleado público con el incumplimiento en el pago de la
liquidación definitiva del auxilio de cesantía. Al efecto, consideró:

“[…] respecto al argumento de la demandada, referente a que el incumplimiento en el
pago de la obligación está exento de mala fe, debe precisar la Sala que al tenor literal
de los artículos 1º y 2º de la pluricitada Ley 244 de 1995, no es requisito sine qua
non para que se cause la sanción moratoria, la demostración de la buena o mala
fe del empleador estatal, por cuanto la indemnización que regula dicha ley se
origina cuando la administración cae en mora en el pago de las cesantías que
se han liquidado por un acto administrativo en firme. Lo anterior significa que la
única exigencia que precisan las referidas normas es la omisión en el pago del
auxilio de cesantía dentro del plazo allí señalado, sin consideración adicional de
ninguna naturaleza, pues para ello la administración cuenta con un plazo suficiente
para proceder a realizar el pago efectivo de dicha prestación, tal y como lo ha
precisado la jurisprudencia de esta Sección, aclarando que “si se trata del auxilio de
cesantía, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, la entidad pública
obligada al pago dispone de un término de quince (15) días hábiles a partir de la fecha
de solicitud de liquidación definitiva de cesantías, para producir el acto administrativo

4Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia de 4 de octubre de 2012. Radicado 08001-23-31-000-2004-01499-01(1274-10). C. P. Dr.
Gerardo Arenas Monsalve.

6

Radicado: 76001 23-33-000-2016-00568-01 (3079-2017)

que ordene su liquidación, y de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de que
quede en firme dicho acto, para proceder a su pago […]”5.” (negrita con subrayas
fuera del texto).

En el mismo sentido, esta Subsección, en sentencia del 26 de agosto de 2021,
sostuvo respecto de la constatación de elementos subjetivos de la entidad o
persona encargada del reconocimiento y pago del auxilio de cesantías en el trámite
y liquidación de dicha prestación, lo siguiente:

“[…] Así, en lo que respecta a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para la
aplicación de la Ley 244 de 1995 resulta irrelevante el examen sobre la subjetividad
de la conducta desplegada por el empleador o quien esté llamado al reconocimiento
y trámite de consignación de las cesantías causadas, pues la norma concibe el pago
de dicha prestación como una obligación a su cargo y no como una facultad
discrecional cuyo cumplimiento pueda ser relativizado o condicionado por elementos
intrínsecos o extrínsecos, subjetivos o no, que configuren mala fe.

Bajo dicho entendimiento, el empleador no puede excusarse en la buena fe propia,
la mala fe ajena, la ausencia de recursos administrativos, ni mucho menos ampararse
en sus propios errores para impedir la causación de una penalidad que opera por
ministerio de la ley, de pleno derecho, que no requiere declaración judicial y que
puede ser reclamada y reconocida aún por vía administrativa.” 6

Bajo ese entendido, se debe precisar que, en el derecho público, a diferencia del
derecho privado, la mala fe no constituye un requisito para la aplicación de la norma,
pues basta con la acreditación del no pago oportuno del auxilio de las cesantías
para que haya lugar a la sanción moratoria derivada del incumplimiento en el pago
de la citada prestación social7.

Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 6 de

marzo de 2008. C. P.: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Rad.47001-23-31-000-2002-00266-
01(0875-06).
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. C.P. William Hernández Gómez. Bogotá D.C,

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00084-01 (0885-2020).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. C.P. William Hernández Gómez. Radicación:
17001-23-33-000-2018-00068-01 (2684-2020).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. C.P. William Hernández Gómez. Radicación:
17001-23-33-000-2018-00182-01 (5449-2019).
7 Posición que también ha sido adoptada por la Corte Constitucional como se advierte en la Sentencia

T-008/15 de enero de 2015. Expediente T-4.501.911. M. P.: Jorge Iván Palacio Palacio.

7

Radicado: 76001 23-33-000-2016-00568-01 (3079-2017)

• El 29 de enero del 2014, la demandante solicitó del Jefe de la Oficina de
Prestaciones Sociales del Valle del Cauca el reconocimiento de las cesantías
definitivas8.

• El 24 de septiembre de 2014, el Departamento del Valle del Cauca, por
Resolución 1480, le reconoció a la actora la suma de $53.744.105, por concepto de
cesantías definitivas9.

• El 18 de diciembre de 2014, el Departamento del Valle del Cauca, mediante
Resolución 2676, modificó parcialmente el anterior acto administrativo para precisar
y tener en cuenta los conceptos de excedentes de prestaciones sociales en la
liquidación de las cesantías definitivas10.

• El 23 de abril de 2015, el Departamento del Valle del Cauca, a través de la
Resolución 722, aclaró la anterior resolución para actualizar los certificados de
disponibilidad presupuestal11.

• El 24 de junio de 2015, se consignaron las cesantías definitivas12.

• El 13 de julio de 2015, la demandante solicitó de la administración el pago de la
sanción moratoria13.

• El 21 de agosto de 2015, la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional (E) del Departamento del Valle del Cauca, por Oficio SADE 180305,
le negó a la actora el reconocimiento de la referenciada penalidad, porque no
desvirtuó la presunción de la buena fe administrativa14.

• El 10 de septiembre de 2015, la accionante interpuso recursos de reposición y
apelación en contra de la anterior determinación15.

• El 28 de septiembre de 2015, la entidad demandada, por medio de la Resolución
1745, confirmó lo decidido en el oficio antes mencionado16.

8 Folio 11.
9 Folio 23.
10 Folios 27 a 30.
11 Folios 31 y 32.
12 Folios 33 y 34, 54.
13 Folio 36.
14 Folios 37 y 38.
15 Folios 39 a 41.
16 Folios 42 a 44.

8

Radicado: 76001 23-33-000-2016-00568-01 (3079-2017)

• El 26 de octubre de 2015, el Director Jurídico del Departamento del Valle del
Cauca, a través de la Resolución 348, rechazó por improcedente el recurso de
apelación interpuesto por la demandante17.

Análisis sustancial

En primer lugar, es preciso señalar que las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 no
contemplan condicionamiento para la causación de la sanción moratoria, distinta de
la constatación objetiva de la tardanza del empleador o de la entidad encargada de
la consignación del auxilio de cesantías.

En ese orden, para la causación de la aludida penalidad resulta irrelevante el
examen sobre la conducta desplegada por el Departamento del Valle del Cauca,
pues las aludidas leyes conciben las cesantías como una obligación a su cargo y no
como una facultad discrecional cuyo cumplimiento pueda ser relativizado o
condicionado por elementos intrínsecos o extrínsecos.

El empleador, en este caso, no podía excusarse en trámites o plazos administrativos
internos, ni pretender que por virtud de los mismos se impida la causación de una
penalidad que opera por ministerio de la ley, de pleno derecho, que no requiere
declaración judicial y que puede ser reclamada y reconocida aún por vía
administrativa. Aceptar lo que se plantea en el recurso de apelación, sería tanto
como convalidar la ineficiencia de la administración en el cumplimiento de sus
funciones, y equivaldría a admitir que le es dable a la entidad desplazar hacia el
administrado la carga de soportar las consecuencias de su mal funcionamiento y
que, en definitiva, le estaría permitido alegar la propia culpa en su beneficio, en
detrimento de la filosofía de la cesantía y de los derechos del trabajador, como
extremo débil de la relación laboral18.

Aunado a lo anterior, del libelo petitorio no es posible extraer una pretensión
encaminada a declarar la existencia de mala fe por parte del Departamento del
Valle del Cauca en la expedición de los actos de reconocimiento de cesantías
definitivas, y de existir, la misma no tendría efecto práctico en tanto, como se indicó,
la injerencia de aspectos subjetivos en la liquidación y posterior consignación de
las cesantías no tiene la virtualidad de afectar la causación de la sanción moratoria.

17 Folios 45 y 46.
18 En ese mismo sentido se ha pronunciado esta Subsección en sentencias del 26 de noviembre de

2020 (radicación 73001-23-33-000-2016-00743-01 (4822-2017). Miguel Ángel González Ocampos
contra el Ministerio de Educación Nacional, Fomag y el departamento del Tolima) y del 3 de junio de
2021 (radicación 76001-23-33-000-2017-00699-01 (5876-2018). Ligia Robles Navia contra el
Ministerio de Educación, Fomag).

9

Radicado: 76001 23-33-000-2016-00568-01 (3079-2017)

En segundo lugar, le asiste razón a la actora cuando pone en evidencia que la
jurisprudencia que fundamentó el recurso de apelación del Departamento del Valle
del Cauca no se aplica al caso concreto, pues está dirigida a normas que regulan la
indemnización moratoria en el sector privado (artículos 65 del CST y 1º de la Ley
797 de 1947) y posibilitan estudiar los elementos subjetivos relativos a la buena o
mala fe que guiaron la conducta del patrono.

Lo expuesto, resuelve la inconformidad planteada en el recurso de apelación y da
lugar a confirmar la decisión del a quo que accedió al pago de la sanción moratoria
por el período comprendido entre el 7 de mayo de 2014 y el 24 de junio de 2015,
máxime cuando ese lapso fue aceptado por la administración, al punto que fue
utilizado para ofrecerle a la accionante una fórmula conciliatoria.

Por último, es importante evidenciar que las partes otorgaron poder y solicitaron el
reconocimiento de personería jurídica a los abogados Adolfo León Cedeño Palacios
y Mateo Floriano Carrera, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva.

Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos del recurso de apelación y de su oposición no presentan una carencia
de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello,
ambas partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables de defensa
jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en
esta instancia.

10

Radicado: 76001 23-33-000-2016-00568-01 (3079-2017)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. - Confirmar la sentencia del 31 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

Segundo. - Sin condena en costas.

Tercero. - Reconocer personería jurídica al abogado Adolfo León Cedeño Palacios,
identificado con CC 16.286.676 y T.P. 160.096 del C.S.J, para representar a la
demandante, de conformidad con el poder otorgado.

Cuarto. - Reconocer personería jurídica al abogado Mateo Floriano Carrera,
identificado con CC 83.057.039 y T.P. 99.707 del C.S.J., para representar al
Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el poder otorgado.

Quinto. - Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

11

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