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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00659-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00659-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, SEGUNDO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción de cosa juzgada. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas a la parte demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-00659-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00659-01 (3968-2021)
Demandante: Manuel Yesid Rojas González
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Se declara de oficio la
excepción de cosa juzgada. Elementos de la figura y análisis
comparativo entre los dos casos en controversia. REVOCA
SENTENCIA Y SE DECLARA PROBADA DE OFICIO LA
EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Manuel Yesid Rojas González instauró demanda1 en contra de la UGPP
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se inaplique la Resolución RDP 013821 del 20 de marzo de 2013 con la que la
parte pasiva negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor del actor.

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) 23902 de 5 de octubre de 2001,
(ii) 03312 de 13 marzo de 2002, y (iii) 6318 de 10 de septiembre 2002; por medio de
las cuales la entonces Cajanal negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor

1 Ver el expediente digital en el índice 10 de SAMAI.

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del demandante y confirmó tal decisión, respectivamente, al resolver los recursos de
reposición y apelación.

Que se declare la nulidad del Auto ADP 003128 de 26 marzo de 2014, por medio
del cual la UGPP archivó una nueva solicitud del accionante, por considerar que con
los actos anteriores ya se había dado respuesta a la petición.

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: RDP (i) 014253 del 14 de abril de
2015, (ii) 020445 del 22 mayo de 2015, y (iii) 027327 del 6 de julio 2015; por medio
de las cuales la autoridad accionada negó el reconocimiento de la mencionada
prerrogativa y confirmó tal decisión, respectivamente, al resolver los recursos de
reposición y apelación.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa al actor conforme a las previsiones de
la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
este durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas, junto con la
indexación de la primera mesada por el período comprendido entre el 30 de
septiembre de 1993 y 9 de noviembre de 2020.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el reclamante nació el 9 de noviembre de 1950. Que en su vida laboral estuvo
vinculado al magisterio del departamento del Valle del Cauca como docente desde
el 29 de otubre de 1969, nombrado mediante Decreto 1264 del 15 de octubre de
1969. Que luego fue promovido a través de acto administrativo del 16 de agosto de
1982 al cargo de supervisor en la división de educación no formal y de adultos a
partir del 20 de agosto de 1982. Que posteriormente fue ascendido al empleo de
jefe de educación no formal y de adultos del cual tomó posesión el 6 de octubre de
1992 laborando hasta el 30 de septiembre de 1993.

Que el 6 de abril de 2001 el accionante radicó ante la entonces Cajanal EICE una
petición de reconocimiento de la pensión gracia por haber acumulado más de 20
años de labor como educador oficial. Que dicha autoridad negó lo solicitado
mediante la Resolución 23902 de 5 de octubre de 2001, asegurando que los tiempos
desarrollados en educación no formal y de adultos no podían ser computados para
acceder a este derecho. Que contra este acto interpuso recursos de reposición y en

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subsidio apelación, los cuales fueron resueltos negativamente por medio de las
Resoluciones 03312 de 13 marzo de 2002 y 6318 de 10 de septiembre 2002.

Que volvió a reclamar el pago de este derecho, pero ahora la UGPP negó con
fundamento en que no podían contabilizarse los períodos laborados entre el 20 de
agosto de 1982 y el 30 de septiembre de 1993, por cuanto el certificado laboral no
especificaba el tipo de vinculación. Que se presentó una nueva solicitud, pero esta
fue archivada mediante el Auto ADP 003128 de 26 marzo de 2014 en el que se
aseguró que ya se había dado respuesta a través de los anteriores actos.

Que el 16 de diciembre de 2014 radicó una última petición pensional ante la entidad
demandada, pero esta expidió la Resolución RDP 014253 del 14 de abril de 2015
con la que negó lo pretendido al sostener que el peticionario no había aportado el
expediente administrativo de su ascenso al cargo de supervisor, por lo que no se
podía establecer la procedencia del cómputo de este lapso.

Que interpuso recursos de reposición y apelación contra dicho acto, los cuales
fueron resueltos mediante las Resoluciones RDP 020445 del 22 mayo de 2015 y
RDP 027327 del 6 de julio 2015, ello en el sentido de confirmar la decisión inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 13,
48 y 53 de la Constitución Política; así como las Leyes 4 de 1966, 62 de 1985, 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 115 de 1994, y 153 de 1887; y los Decretos 3011
de 1997 y 2277 de 1979.

Que la educación para adultos, ya sea formal, no formal o informal, hace parte del
servicio público educativo, por lo que los educadores oficiales que prestan sus
servicios en sus diferentes niveles o modalidades (alfabetización, educación básica,
educación media, etc.), incluyendo los cargos relativos a funciones distintas a la
estrictamente educativa, según voces del inciso segundo del artículo 2° del
comentado Decreto 2277 de 1979 están cobijados enteramente por el Estatuto
Docente.

Que, en tal sentido, de acuerdo con la jurisprudencia se concluye que los tiempos
de servicio como profesor de educación no formal se deben tener en cuenta para
efectos de realizar el reconocimiento de la pensión gracia, pues se privilegia la
naturaleza docente del cargo dentro de los diferentes niveles que hacen parte el
sistema ejecutivo, más aún cuando su vinculación fue de carácter territorial y con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, requisitos que le permiten acceder a la
prerrogativa pretendida.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

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El 19 de enero de 20172 se admitió la demanda, la cual fue notificada a la UGPP,
quien manifestó3 que, si bien el demandante cuenta con más de 50 años de edad,
no es posible afirmar que ha cumplido con el tiempo necesario para ser beneficiario
de la pensión gracia, toda vez que dicha prerrogativa se reconoce a quienes
estuvieran vinculados al 30 de diciembre de 1980, requisito que no se acreditó, pues
se desestimaron los tiempos comprendidos entre el 30 de abril de 1974 hasta 12 de
noviembre de 1974 y desde el 20 de agosto de 1982 al 30 de septiembre de 1993,
por haberse prestado el servicio en educación no formal. Que, en todo caso,
tampoco es posible reconocer que el actor hubiere prestado sus servicios por más
de 20 años, ya que no allegó el acto administrativo de ascenso al cargo de
supervisor de la División de Educación.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados, y (iii) prescripción.

El 23 de enero de 2019 se celebró la audiencia inicial,4 en la cual se advirtió que las
excepciones propuestas no podían ser consideradas como previas. Adicionalmente,
en esta diligencia se fijó el litigio, se declaró la falta de ánimo conciliatorio, se efectuó
el decreto de pruebas y se dispuso correr traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para conceptuar, ya que no había material
probatorio pendiente de practicar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia el 21 de mayo de
2020, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido
de declarar la nulidad de los actos reprochados y ordenar a la UGPP reconocer la
pensión gracia a favor del reclamante desde la fecha de adquisición del estatus
jurídico, la cual ordenó a la mencionada entidad que la determinara directamente.

Además, declaró configurada la prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 16 de diciembre de 2001, siempre y cuando los requisitos de edad y
tiempo de servicio se hubiesen cumplido antes de esa misma fecha. Finalmente,
condenó en costas a la parte pasiva conforme a lo previsto en el artículo 188 del
CPACA.

Que los certificados de tiempo se servicio dan cuenta de que el accionante laboró
para la Secretaría de Educación del Valle del Cauca en diversos cargos durante
más de 20 años, sin embargo, la UGPP considera que el tiempo ejercido como
supervisor de educación no formal no puede ser tenido en cuenta. Al respecto, pese

2 Ver el mismo índice.
3 Ver el mismo índice.
4 Ver el mismo índice.
5 Ver el mismo índice.

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a que las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 disponen que tienen
derecho a la pensión gracia quienes se desempeñen como educadores en
establecimientos educativos de enseñanza primaria o secundaria, inspector de
instrucción pública o normalista, también lo es que el Decreto 2277 de 1979, por el
cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente, establece en el
artículo 32 que los cargos como el ocupado por el actor tienen la connotación de
docente de rango directivo.

Que como los períodos de servicio ejercidos por el demandante como supervisor de
educación y jefe de división de educación pueden ser tenidos en cuenta como
docente, se concluye que, sumados a los años laborados como maestro
propiamente dicho, este acreditó un poco más de 23 años que junto a la edad de 70
años por haber nacido el 9 de noviembre de 1950, son suficientes para obtener el
derecho a la pensión gracia.

Que frente a la pretensión de indexación de la primera mesada, se advierte que,
aun en el entendido de que el reclamante todavía no es beneficiario de la pensión
gracia, por cuanto es a través de la sentencia que se ordenará su reconocimiento,
se considera que en el acto administrativo que la entidad accionada expida para su
otorgamiento debe indexar y actualizar la primera mesada, teniendo en cuenta lo
percibido por el demandante durante el año anterior al que cumplió con los
requisitos de edad y tiempo de servicios para ser beneficiario de la prestación,
conforme lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Que en el expediente obra petición radicada ante la UGPP el 16 de diciembre de
2014, por la cual el accionante solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, por
lo que debe declararse la prescripción de los montos causados con anterioridad al
16 de diciembre del 2011, siempre y cuando los requisitos para consolidar este
derecho hayan sido acreditados con anterioridad al 16 de diciembre del 2001, de lo
contrario no se estructuraría este fenómeno.

RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandada6 interpuso recurso de apelación a fin de que se revoque el
fallo y, en su lugar, se nieguen las pretensiones del reclamante. Para ello afirmó
que, a partir de los documentos obrantes en el expediente, se advierte que el
demandante laboró al servicio de la educación no formal en los periodos
comprendidos desde el 30 de abril de 1974 hasta el 12 de noviembre de 1974 y del
20 de agosto de 1982 al 30 de septiembre de 1993, razón por la cual este tiempo
deberá ser desestimado para efectos del reconocimiento solicitado, en atención a
que lo propio no constituía labor docente según el Decreto 2277 de 1977 y los

6 Ver el mismo índice.

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artículos 36 y 37 de la Ley 115 de 1994.

Que, en todo caso, el actor no allegó prueba que identificara la calidad de docente
en la que se encontraba, como tampoco la fuente de financiación de los tiempos, lo
que iría en contravía de lo señalado en la actual jurisprudencia aplicable, ya que la
certificación laboral válida debe provenir del jefe de recursos humanos o del
funcionario que haga sus veces con igual o mayor nivel o del funcionario delegado,
identificando cuáles fueron los elementos o soportes que se tuvieron en cuenta para
calificar la plaza, lo cual no ocurrió en el presente caso.

Que también se debe revocar la condena en costas impuesta en primera instancia,
toda vez que el sentido de esta es sancionar a la parte que en virtud de su accionar
de mala fe ha puesto en acción el ejercicio de los despachos judiciales, por lo que
su imposición se hará de manera autónoma de conformidad con el ejercicio y
desgaste realizados a lo largo del proceso.

La parte demandante7 apeló parcialmente la sentencia en la medida en que, pese
a la solicitud de aclaración o adición del fallo, lo cierto es que el juez de primera
instancia no fijó el período exacto de procedencia de la indexación de la primera
mesada, el cual correspondía al lapso comprendido entre el 30 de septiembre de
1993 y el 9 de noviembre de 2000.

Que, adicionalmente se observa que no hubo un pronunciamiento de fondo respecto
de la pretensión del ajuste anual de las mesadas conforme al artículo 14 de la Ley
100 de 1993, pues esta solicitud es diferente a la de la indexación en comento, pero
en la sentencia recurrida se confunden dichos términos.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 24 de noviembre de 20218 se admitieron los recursos de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

El 1.º de agosto de 20249 se decretó una prueba de oficio tendiente a verificar la
posible ocurrencia del fenómeno de cosa juzgada, por lo que se solicitó al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que allegara a la actuación la copia del
expediente 76001-23-31-000-2002-05211-00 en el que figuraban las mismas partes
del presente litigio.

A través de la plataforma SAMAI, el 6 de septiembre de 202410 el mencionado

7 Ver el mismo índice.
8 Ver índice 3 de SAMAI.
9 Ver Índice 14 de SAMAI.
10 Índices 19 y 20 de SAMAI.

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despacho allegó la documentación solicitada, de la cual se corrió traslado a las
partes el 27 de septiembre del presente año.11

En la oportunidad para pronunciarse, ambas partes aseguraron que no pudieron
tener acceso a estos elementos, razón por la cual el 22 de noviembre de 2024 se
requirió a la secretaría de esta corporación para que se asegurara de que ambos
extremos del litigio pudieran verificar los documentos aportados, corriendo
nuevamente traslado de los mismos, lo cual ocurrió el 11 de diciembre. 12

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que resolverá de oficio la Subsección es determinar si en el presente
caso se configuró el fenómeno de cosa juzgada por haberse proferido una sentencia
ejecutoriada con anterioridad a este proceso, dentro de una controversia entre las
mismas partes, para lo cual deberá verificarse si ambos procesos comparten causa
y objeto idénticos.

En caso negativo, se verificará si el demandante cumplió con la totalidad de los
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente los relativos
a acreditar una o varias vinculaciones como maestro oficial con carácter territorial o
nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, e igualmente algún período en
tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Adicionalmente se determinará si era procedente la condena en costas en primera
instancia en contra de la entidad demandada, y si hizo falta un pronunciamiento
expreso sobre el período de indexación de la primera mesada pensional y frente a
la pretensión del ajuste anual de la pensión conforme al artículo 14 de la Ley 100
de 1993.

Marco normativo y jurisprudencial

a. Acerca de la pensión gracia y los requisitos para adquirirla

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

11 Índice 24 de SAMAI.
12 Índice 43 de SAMAI.

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Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

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b. Sobre el fenómeno jurídico de cosa juzgada

La mencionada figura procesal de contenido sustancial corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su
calidad de medio de defensa, no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con
la inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su procedencia
ya ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el proceso en sí
mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con la habilitación del
juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente a un conflicto
previamente resuelto.

Esta institución se deriva del principio de la seguridad jurídica, con base en el cual
lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y definición
permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de decisiones
judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en tensión.

Por esa razón, la cosa juzgada tiene como efectos principales los de la inmutabilidad
y unicidad de las providencias cuyas determinaciones hagan tránsito a dicho
fenómeno, ello en el entendido de que no podrán ser objeto de nuevas
manifestaciones o estudios judiciales, toda vez que lo resuelto deberá ser definitivo,
con excepción de la eventual posibilidad de una tutela por unas causales específicas
y muy restrictivas basadas en defectos del proveído, o bien, ante la interposición del
recurso extraordinario de revisión como lo consagra el artículo 303 del CGP que
expresamente regula esta figura de la siguiente forma:

«[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso
son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro
de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás
casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos
en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. […]»

El inciso 4.° del parágrafo 2.° del artículo 175 del CPACA consagró que, entre otras,
la excepción de cosa juzgada se declarará fundada mediante sentencia anticipada
en los términos previstos en el numeral 3.° del artículo 182A, el cual también dispuso
que, en todo caso, tal medio de defensa podrá resolverse en cualquier estado del
proceso si se encuentra demostrada, tanto así que puede ser decretada de oficio
conforme al artículo 187 ibidem en el que se señaló que la sentencia se pronunciará
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sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el juez advierta
probada.

Ahora, en relación con los requisitos para su configuración, el Consejo de Estado13
los ha precisado de la siguiente forma:

«[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de
partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en
los siguientes términos:

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una
o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen
cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada.»

[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de
la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo. […]»

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, en principio resultaría necesario
verificar el cumplimiento de las exigencias para consolidar el derecho a la pensión
gracia señaladas previamente en el punto a.) del marco normativo.

Sin embargo, en atención a la búsqueda independiente de la Sala, el 1.º de agosto
de 202414 se decretó una prueba de oficio tendiente a que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca allegara al presente proceso la copia íntegra del expediente
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
76001-23-31-000-2002-05211-00, el cual promovió el actual demandante contra la
extinta Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL- EICE (hoy UGPP -demandada

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del

10 de julio de 2024. Radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023).
14 Ver índice 14 de SAMAI.

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10

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00659-01 (3968-2021)

en esta actuación-), ello con el fin de determinar si eventualmente se había
configurado la excepción de cosa juzgada.

Una vez allegada la documentación requerida, se procede a efectuar un análisis
comparativo entre el litigio bajo examen y el resuelto por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, esto para identificar si ambas controversias comparten
identidad de sujetos, objeto y causa, tal como se observa a continuación:

76001-23-31-000-2002-05211-00 76001-23-33-000-2016-00659-01
RADICADO
(PROCESO ANTERIOR) (PROCESO ACTUAL)
Demandante: Manuel Yesid Rojas González Demandante: Manuel Yesid Rojas González

PARTES Demandado: Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL- EICE Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
(actualmente extinta y por tanto sucedida en sus obligaciones por la Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
UGPP)
«[…] PRIMERA: DECLARAR que es nula la resolución No. 23902 de «[…] 2.1. Que se inaplique la Resolución No. RDP 013821 de fecha 20
octubre 5 de 2001, originaria de la Subdirección General de de marzo de 2013 "Por la cual se niega el reconocimiento y pago de
Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia", proferido por la
mediante la cual se resolvió negar al actor el derecho al reconocimiento Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad
y pago de la PENSIÓN GRACIA. Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, por ser contrario a la Constitución
SEGUNDA: DECLARAR que es nula la resolución No .03312 de marzo Política y a la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 148
13 de 2002, originaria de la Subdirección General de Prestaciones del C.P.A y de lo C.A. (Ley 1437|de 2011).
Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, mediante la cual
se desata el recurso de reposición y decide confirmar la resolución 2.2. Que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos
anterior. en:

TERCERA: DECLARAR que es nula la resolución No .6318 de - Resolución No. 23902 de fecha 05 de octubre de 2001. "Por la cual
septiembre 10 de 2002, originaria del Jefe de la Oficina Jurídica de la se niega una solicitud de pensión de jubilación gracia"
Caja Nacional de Previsión Social, por medio de la cual se resuelve el - Resolución 03312 de fécha'13 de marzo de 2002. "Por la cual se
recurso de apelación y se confirman las dos resoluciones anteriores. resuelve un recurso de reposición", ambos proferidos por la subdireción
General de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión
CUARTA: DECLARAR que el actor tiene derecho a que la entidad Social.
demandada, le reconozca, liquide y pague la pensión gracia a partir de - Resolución No. 6318 de fecha 10 de septiembre de 2002. "Por la cual
la fecha de su causación, con los reajustes de Ley año por año. se resuelve un recurso de apelación", proferido por el Jefe de la Oficina
Juridica de la Caja Nacional de Previsión Social
QUINTA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se - Auto ADP 003128 de fecha 26 de marzo de 2014 proferido por la
condene a la demandada a reconocer, liquidar y pagar al actor la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad
pensión gracia, efectiva a partir del 9 de noviembre de 2000; cuyas Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
mesadas iniciales deben ser liquidadas en cuantía al 75% del promedio Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
de los salarios y todos los factores salariales que devenga un - Resolución No. RDP 014253 de fedra 14 de abril de 2015, por la, cual
Supervisor de Educación en el Departamento del Valle del Cauca en el se niega el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de
grado 14 del Escalafón Nacional Docente durante el período de jubilación gracia del Sr. (a) ROJAS GONZÁLEZ MANUEL YESID, con
OBJETO
noviembre de 1999 a noviembre de 2000, con los reajustes anuales de CC No. 14.968.382.
(PRETENSIONES)
ley, de conformidad con las pautas que establezca la sentencia, tal - Resolución No. RDP 020445 de fecha 22 de mayo de 2015. "Por la
como lo tiene definido la Jurisprudencia del Honorable Consejo de cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución
Estado. 14253 del 14 de abril de 2015", ambos proferidos por la Subdirectora
de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad
PETICIÓN SUBSIDIARIA: Como consecuencia de las anteriores Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
declaraciones se condene a la demandada a reconocer, liquidar y Parafiscales de la Protección Social.
pagar al actor la pensión gracia, efectiva a partir del 9 de noviembre de - Resolución No. RDP 027327 de fecha 6 de julio de 2015, "por la cual
2000; cuyas mesadas iniciales deben ser liquidadas en cuantía al 75% se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 14253
del promedio de los salarios y todos los factores salariales que devengó del 14 de abril de 2015", proferida por el Director de Pensiones de la
el actor durante el último año de servicio aportados al proceso Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
administrativo (1992-1993), con los reajustes anuales de ley, de Parafiscales de la Protección Social
conformidad con las pautas que establezca la sentencia, tal como lo
tiene definido la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado. Actos administrativos que le negaron al actor el reconocimiento y pago
de su pensión gracia.
SEXTA: Condénese a la demandada a pagar las mesadas adicionales
de junio y diciembre desde la fecha de su causación, con los reajustes 2.2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a titulo de
anuales de ley. […]» restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada a:

2.2.1. Hecho lo anterior, se condene a la entidad demandada, a
reconocer y cancelar al actor la pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia en cuantía del 75% del salario y factores salariales devengados
en el último año de servicios, dineros que deberán ser cancelados con
su respectiva retroactividad.
2.2.2. Ordenar a la entidad demandada reconocer la indexación de la
primera mesada de la pensión mensual vitalicia de jubilación gracia del
actor, por el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 1993
hasta el 9 de noviembre de 2000 o lo que resulte probado en el proceso
conforme al principio de indemnización integral. […]»
«[…] PRIMERO: El actor prestó sus servicios al Estado como docente «[…] 3.1. Mi cliente en el año 2001 radicó la documentación necesaria,
nacionalizado al Departamento del Valle del Cauca, como maestro de para el reconocimiento y pago de su pensión gracia, acreditando los 20
escuela primaria: De octubre 28 de 1969 al 29 de abril de 1974 y como años, de servicio como docente departamental, prestando su servicio a
docente en la Escuela Normal Superior Santiago de Cali del 13 de nivel básico primaria y secundaria así: Desde el 29 de octubre de 1969
noviembre de 1974 al 19 de agosto de 1982 y por Decreto hasta el 30 de septiembre de 1993, por espacio de más de 23 años de
Departamental No.1591 de agosto 16 de 1982 es promovido del cargo servicio.
de profesor de tiempo completo de la Normal de Varones de Cali al
cargo de Supervisor de la División de Educación no formal y de Adultos 3.2. El actor nació el día 9 de noviembre de 1950, cumpliendo los 50
tomando posesión el 20 de agosto de 1982 hasta el 5 de octubre de años de edad el día 9 de noviembre de 2000.
CAUSA 1992 y por decreto departamental 1574 se le concede Comisión para
(HECHOS) desempeñar el cargo de Jefe de la División de Educación no formal y 3.3. Mediante Resolución No. 23902 de fecha 05 de octubre de 2001,
de adultos y por decreto No.1575 de septiembre 18 de 1992, es "Por la cual se niega una solicitud de pensión de jubilación gracia", se
promovido del cargo de Supervisor al cargo de Jefe División de Adultos le niega la pensión argumentando que los tiempos laborados por mi
no formal y de Adultos de la Secretaria de Educación Departamental, poderdante desde el 30 de abril de 1974 hasta noviembre 12 de 1974
tomando posesión el 6 de octubre de 1992 y por decreto departamental y desde el 20 de agosto de 1982 hasta septiembre 30 de 1993, se
No.0847 de mayo 7 de 1993 es encargado como Jefe de Distrito desestiman toda vez que laboró en educación no formal y de adultos
Educativo No.1B de Cali de la misma Secretaria de Educación mientras en el Departamento del Valle del Cauca, no cumpliendo con el requisito
se denomina al titular y por decreto departamental No.2085 de de 20 años de servicio.
septiembre 17 de 1993 se le acepta la renuncia al cargo de Supervisor
de Educación, habiendo laborado hasta el 30 de septiembre de 1993.

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3.4. Inconforme con la anterior decisión, presenta recurso de reposición
SEGUNDO: El status de pensionado lo adquirió el 9 de noviembre de y en subsidio el de apelación, recursos que fueron resueltos mediante
2000, pues nació el 9 de noviembre de 1950 de conformidad el Resolución 03312 de fecha 13 de marzo de 2002. "Por la cual se
respectivo documento que se anexa. resuelve un recurso de reposición", proferido por la Subdirección
TERCERO: El actor fue ascendido al grado 14 en el Escalafón Nacional General de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión
Docente mediante resolución No. E-036699 de agosto 29 de 1991, Social y Resolución No. 6318 de fecha 10 de septiembre de 2002. "Por
originaria de la Junta Seccional de Escalafón del Valle del Cauca. la cual se resuelve un recurso de apelación", proferido por el Jefe de la
Oficina Jurídica de la Caja Nacional de Previsión Social, confirmando
CUARTO: Durante el último año en que el actor cumplió sus 50 años en todas sus partes la decisión impugnada.
de servicio (10 de noviembre de 1999 a 9 de noviembre de 2000) un
Supervisor de Educación en el Departamento del Valle del Cauca 3.5. Posteriormente, mi cliente vuelve a solicitar el reconocimiento y
devengaba según certificados de sueldos y factores salariales que se pago de su pensión gracia siendo resuelto mediante Resolución No.
anexa la suma de $26.960.136 que al multiplicarse por el coeficiente RDP 013821 de fecha 20 de marzo de 2013 "Por la cual se niega el
0.0625 arroja una pensión de $1.685.008 mensuales, efectiva a partir reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
de la fecha en que adquirió el status de pensionado en el numeral gracia", proferido por la Subdirectora de Determinación de Derechos
anterior, pensión que deberá reajustarse durante los años Pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
subsiguientes conforme a los mandatos de ley. y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, negando el
derecho y desestimando los tiempos laborados entre el 20 de agosto
QUINTO: Durante el último año de servicio (1° de octubre de 1992 a 30 de 1982 y el 30 de septiembre de 1993, por cuanto el certificado no
de septiembre de 1993) el actor se desempeñó como Supervisor de señala tipo de vinculación de docente. Contra dicho acto administrativo
Educación en el Departamento del Valle del Cauca y devengó según no interpuso recurso alguno.
certificados de sueldos y factores salariales que se anexa la suma de
$9.457.464 que al multiplicarse por el coeficiente 0.0625 arroja una 3.5. Luego, mediante auto ADP 003128 de fecha 26 de marzo de 2014
pensión de $591.091 mensuales, efectiva a partir de la fecha en que proferido por la Subdirectora de Determinación de Derechos
adquirió el status de pensionado en el numeral anterior, pensión que Pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
deberá reajustarse durante los años subsiguientes conforme a los y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, se
mandatos de ley. […]» archiva otra petición; efectuada por el actor a nivel de su
reconocimiento pensional por cuanto ya había agotado la actuación
administrativa con los anteriores actos administrativos citados.

3.7. Así las cosas, el actor por medio del suscrito solicita nuevamente
el reconocimiento de su pensión gracia, y mediante Resolución No.
RDP 014253 de fecha 14 de abril de 2015, “Por la cual se niega el
reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia del Sr. (a) ROJAS GONZÁLEZ MANUEL YESID con CC No.
14.968.382", niegan la prestación reclamada, pero solicitan que se
allegue acto administrativo de ascenso al cargo de SUPERVISOR DE
LA DIVISION DE EDUCACIÓN Decreto Departamental No. 1591 de
1982 y el Decreto Departamental 1575 de 1992, por el cual es
promovido al cargo de Jefe de la División de Educación.

3.8. Inconforme con lo anterior se presenta recuso de reposición y en
subsidio el de apelación, anexando los documentos exigidos por la
demandada.

3.9. Por medio de la Resolución No. RDP 020445 de fecha 22 de mayo
de 2015. "Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de
la resolución 14253 del 14 de abril de 2015", proferido por la
Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, confirma la decisión impugnada
con el argumento que el tiempo prestado por mi poderdante como
Supervisor de la División de Educación No Formal y de Adultos del 2
de agosto de 1982 al 30 de septiembre de 1993, se desvirtúan en
consideración que se realizaron en ejercicio de su actividad como
docente en EDUCACION NO FORMAL, no cumpliendo con los 20 años
de servicio.

3.10 Por último, con la Resolución No. RDP 027327 de fecha 6 de julio
de 2015. "Por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de
la resolución 14253 del 14 de abril de 2015", proferida por el Director
de Pensiones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, se
confirma la decisión impugnada argumentando nuevamente que los
tiempos de servicio del 2 de agosto de 1982 al 30 de septiembre de
1993, se realizaron en ejercicio de una actividad docente en
EDUCACION NO FORMAL y por consiguiente, no cumple con los 20
años de servicio exigidos en la ley. […]»

Pues bien, adicionalmente a este ejercicio de comparación, resulta necesario
verificar, con base en los hechos y pretensiones expuestas anteriormente, qué fue
lo materialmente resuelto mediante una decisión ejecutoriada en vía judicial dentro
del proceso con radicado 76001-23-31-000-2002-05211-00.

Respecto a dicho proceso, en primera instancia el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca profirió sentencia el 5 de agosto de 2005,15 mediante la cual negó las
pretensiones del reclamante, luego de haber estudiado todos los requisitos para la
consolidación de la pensión gracia y determinar que la actividad de supervisión de
educación no formal, no se configuró en labor docente sino a partir de la expedición

15 Ver expediente digital remitido como prueba de oficio en el índice 40 de SAMAI.

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del Decreto 2722 del 16 de diciembre de 1996,16 fecha a partir de la cual ya había
terminado su relación legal y reglamentaria.

En segunda instancia, la Sección Segunda – Subsección “B” del Consejo de Estado
emitió sentencia el 15 de junio de 200617 con la que confirmó la providencia apelada
por el demandante al concluir que, una vez analizadas las exigencias para acceder
al derecho pretendido, este no había cumplido con el tiempo de labor oficial de 20
años de servicio como maestro territorial o nacionalizado.

Para el efecto, en dicha causa judicial se analizó íntegramente el período
comprendido entre el 29 de octubre de 1969 y el 30 de septiembre de 1993; no
obstante, en el fallo se determinó que el único interregno computable con
vinculación como docente de educación formal fue el comprendido entre el 29 de
octubre de 1969 y el 16 de agosto de 1982 cuando fue promovido al cargo de
supervisor de la división de educación no formal y de adultos, lo cual solo equivalía
a 12 años, 3 meses y 9 días que no permiten tener satisfecho el requisito de los 20
años de labor educativa.

Lo anterior, dado que no se demostró que durante el lapso posterior hubiese
ejercido dicha plaza, pero cumpliendo funciones de enseñanza en planteles
oficiales, situación que era la única que le hubiese permitido computar dichos
tiempos a fin de acceder a la pensión gracia.

Con todo, en virtud de los supuestos de hecho y de derecho de la presente
actuación, así como de la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por las dos
autoridades judiciales en comento, lo que la Subsección puede concluir en el litigio
bajo estudio es que sí se configuró la excepción de cosa juzgada.

Lo anterior, toda vez que para ambos procesos se observa con claridad que la
controversia se generó entre las mismas partes, esto es, el señor Manuel Yesid
Rojas González y la UGPP (como sucesora directa de la entonces Cajanal EICE en
virtud del Decreto 2040 de 2011).

De igual forma se puede concluir que estos casos comparten idéntico objeto, pues
si bien existen diferencias en cuanto a la redacción de las pretensiones, en esencia
estas son iguales, ya que el derecho en tensión para cada litigio es exactamente el
mismo, esto es, el reconocimiento de la pensión gracia de que trata la Ley 114 de
1913.

Ello incluso al margen de que se hayan demandado actos administrativos diferentes,
pues es claro que las dos negativas de la administración fueron provocadas a través

16 Por medio del cual se incorpora a la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca el personal

administrativo y los supervisores de educación no formal y de adultos.
17 Ver el mismo índice.

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de peticiones radicadas en momentos diferentes, dada la posibilidad de solicitar lo
propio en cualquier tiempo y en múltiples ocasiones al tratarse de una prestación
periódica, pero que, en el fondo, implican una sola manifestación de voluntad.

En este punto también debe precisarse que, aun en el entendido de que en este
litigio se añadió una pretensión relacionada con la indexación de la primera mesada
pensional, la cual no había sido formulada en el proceso anterior, lo cierto es que
ello no implica que no exista una igualdad en el objeto de ambas controversias, ya
que esta última solicitud no es principal, sino accesoria o dependiente del éxito del
derecho esencial reclamado, esto es, de la pensión gracia.

Por tanto, si no es procedente conceder la prerrogativa fundamental en litigio, no es
dable estudiar de fondo una petición inherente a la primera como sería la
actualización del valor monetario de la mesada, toda vez que esta carecería de
objeto. En tal sentido, pese a que el reclamante formula una inconformidad respecto
a este punto en su apelación, lo cierto es que ello no puede ser estudiado al
advertirse que la procedencia de la pensión gracia que igualmente pretende en esta
oportunidad, ya fue examinada en la controversia anterior en el sentido de denegar
lo propio.

Por último, también se verifica una identidad de causa o de fundamentos de hecho
frente a los dos procesos bajo estudio, pues los elementos que se alegaron y se
examinaron obedecen a los mismos requisitos para acceder a la pensión gracia,
puntualmente la edad, el tiempo de servicio, la acreditación de una vinculación antes
del 31 de diciembre de 1980 y que los vínculos sostenidos hayan sido del orden
territorial o nacionalizado.

Al respecto, lo que se observa es que los interregnos que se validaron en la
mencionada actuación con sentencia ejecutoriada desde el 2006, son precisamente
los mismos sobre los que ahora se pretende generar un nuevo pronunciamiento,
pues incluyen los tiempos entre 1969 y 1993 cuando el actor terminó su vínculo
legal y reglamentario, interregnos sobre los cuales ya se definió que solo podían ser
tenidos en cuenta los acreditados desde 1969 hasta 1982, en la medida en que los
restantes se establecieron como vínculos en educación no formal sin el
cumplimiento de actividades propias de enseñanza.

Es decir, pese a que el fundamento jurídico en esta nueva oportunidad es debatir el
hecho de que el servicio de directivo como supervisor de educación no formal sí
puede ser contabilizado para acceder a la prerrogativa en comento, deberá tenerse
en cuenta que el sustento de hecho que es el importante para establecer o no la
ocurrencia de la cosa juzgada, sí es el mismo, ya que se trata de realizar un análisis
frente a los mismos períodos de labor oficial, los cuales ya tuvieron un
pronunciamiento que no es dable discutir a través de este nuevo litigio.

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De hecho, es de resaltar que la presentación de la demanda que dio origen al asunto
de la referencia tuvo lugar el 20 de mayo de 2016,18 es decir, después de que el
fallo de segunda instancia proferido el 15 de junio de 2006 en el primer proceso
promovido por el actor quedó ejecutoriado e hizo tránsito a cosa juzgada.

Esto significa que, incluso, en el desarrollo de la última reclamación en vía
administrativa que es objeto de demanda en el presente caso y que inició con una
petición radicada el 16 de diciembre de 2014, la figura jurídica en mención ya había
cobrado plenos efectos de inmutabilidad respecto de lo resuelto inicialmente en la
actuación con radicado 2002-05211.

Como se observa, en procura de evitar la vulneración del principio de la seguridad
jurídica de las partes, lo cual es la finalidad de la cosa juzgada, resulta claro que la
Sala no podrá pronunciarse sobre los argumentos de mérito de los dos recursos de
apelación.

En consecuencia, al tenerse demostrada esta excepción como se expuso
previamente, la misma será declarada probada de oficio en virtud de lo dispuesto
en el artículo 187 del CPACA, y, por tanto, se revocará la providencia recurrida que
accedió a las pretensiones del actor.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

18 Ver expediente digital en el índice 10 de SAMAI.

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Ahora, en esta instancia, pese a que se está revocando la decisión del juez de
origen, la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP,19 que
refiere a la condena en costas en ambas instancias a la parte que resulte vencida
en segunda, decide aplicar en su lugar el criterio previamente enunciado y observa
que de los argumentos planteados en la demanda y en el trámite de primera no se
presenta una falta de sustento jurídico que dé lugar a la imposición de dicha carga.

Contrario a ello, la parte demandante propuso argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses y fue luego del debate jurídico y probatorio que se
determinó en esta oportunidad la declaratoria de oficio de la excepción de cosa
juzgada, por lo que no se impondrá tal condena en ninguna de las instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la
demanda. En su lugar,

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción de cosa juzgada.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas a la parte demandante según lo
manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

19 «[…] Artículo 365. Condena en costas En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que

haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de
ambas instancias. […]»

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