Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2016-01195-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2016-01195-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2016-01195-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
25 de abril de 2024
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01195-01 (27460)
Demandante: Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas Coopidrogas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-000-2016-01195-01 (27460)
Demandante COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS
COOPIDROGAS
Demandado MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA
Temas Impuesto de industria y comercio. Sanción por no declarar.
Territorialidad de las actividades comerciales.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 31 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, que decidió:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones N° SHM-8-23-3-36 del 20 de febrero
de 2016 y N° SHM-8-23-4-26 del 28 de junio de 2016, proferidos por la Secretaría de Hacienda
del MUNICIPIO DE FLORIDA.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la COOPERATIVA
NACIONAL DE DROGUISTAS – (sic) COPIDROGAS, no está obligada a declarar el impuesto
de industria y comercio en la jurisdicción del MUNICIPIO DE FLORIDA, por el año gravable
2010.
TERCERO: CONDENAR EN COSTAS de esta instancia a la parte vencida, de conformidad
con lo expuesto en las consideraciones de la presente sentencia. (...)»1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previa expedición del emplazamiento para declarar, el Municipio de Florida profirió
la Resolución Sanción Nro. SHM 8-23-3-36 del 20 de febrero de 2016, por medio de
la cual se impuso sanción a Coopidrogas por no haber presentado la declaración
del impuesto de industria y comercio del año 20102.
El demandante interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por la
Resolución Nro. SHM 8-23-4-26 del 28 de junio de 2016, que confirmó el acto
sancionatorio3.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
1 Folio 214 del Cuaderno Principal.
2 Folios 51 y 61 del Cuaderno Principal.
3 Folio 78 del Cuaderno Principal.
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Demandante: Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas Coopidrogas
siguientes pretensiones4:
«PRIMERA:
Que es nula la Resolución SHM-8-23-4-26 del 28 de junio de 2016, “Resolución por medio de
la cual se resuelve el recurso de reconsideración" notificada el 1º de julio de 2016 y proferida
por la Secretaría de Hacienda Municipal de Florida - Valle del Cauca, con la cual se confirma
en todas sus partes la Resolución Sanción por no Declarar SHM 8-23-3-36 del 20 de febrero
de 2016 mediante la cual se impuso una sanción por no declarar el impuesto de industria y
comercio, año gravadle 2010, proferida por la Secretaría de Hacienda de Florida a la
COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS
identificada con NIT 860.026.123-0, y debe declararse nula, por haber sido expedida con
violación a las normas nacionales y municipales a las que hubiere tenido que sujetarse.
SEGUNDA:
Que es nula la Resolución Sanción por no Declarar SHM 8-23-3-36 del 20 de febrero de 2016
mediante la cual se impuso una sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio y
su complementario de avisos y tableros, año (sic) gravadle 2010, proferida por la Secretaría
de Hacienda de Florida a la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS -
COOPIDROGAS identificada con NIT 860.026,123-0, y debe declararse nula por haber sido
expedida con violación a las normas nacionales y municipales a las que hubiere tenido que
sujetarse.
TERCERA:
Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se declare la no sujeción por la
vigencia fiscal 2010 del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Florida - Valle del
Cauca de la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS -
COOPIDROGAS identificada con NIT 860.026,123-0 y se declare al demandante a paz y salvo
por todo concepto en sus obligaciones del impuesto de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros, correspondiente al período señalado.
CUARTA.
Se condene al demandado al pago de las costas procesales a favor del demandante, al dar
inicio a actuaciones jurídicas por fuera del marco de ley y contraviniendo toda la jurisprudencia
existente al respecto.
QUINTA.
Se condene al demandado al pago de las expensas en derecho a favor del demandante, al
dar inicio a actuaciones jurídicas por fuera del marco de ley y contraviniendo toda la
jurisprudencia existente al respecto.».
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 2, 6, 13 y 29 de la
Constitución Política; 162, 163, 164 y siguientes de la Ley 1437 de 2011; 32, 33 y
35 de la Ley 14 de 1983; y 90 del Acuerdo 289 de 2004 del Concejo Municipal de
Florida -Valle del Cauca. Los cargos de nulidad se resumen a continuación:
1. El municipio desconoció las reglas jurisprudenciales establecidas en
materia de territorialidad en desarrollo de la actividad comercial, al fijar
como punto de generación de ingresos el domicilio del comprador y no
el lugar de venta
Dijo que Coopidrogas es una persona jurídica de derecho privado, que hace parte
de las entidades de economía solidaria, y presta múltiples servicios a sus asociados.
Explicó que la actividad comercial que realiza la cooperativa desde su sede en
Yumbo a algunas zonas de los Departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño,
se realiza mediante los siguientes sistemas: i) Vía telefónica, se toma el pedido o se
ofrece el producto, cerrada la negociación, las mercancías son empacadas en el
4 Folio 87 del Cuaderno Principal.
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centro de distribución, luego se genera la factura y la orden de entrega, para que
los bienes sean retirados por el asociado, o despachados al domicilio de la
droguería por medio de una empresa transportadora contratada por Coopidrogas o
por el asociado. ii) Vía internet, en el correo electrónico de la cooperativa se hace el
pedido, y se surte el citado procedimiento para el alistamiento, facturación y
despacho de las mercancías.
Precisó que Coopidrogas “para todo el proceso de venta que efectúa desde el Municipio de
Yumbo cuenta con toda la planta de personal en la sede ubicada en el citado municipio sin que dicho
personal se traslade a convenir ventas con las droguerías ubicadas en los diferentes municipios que
se atienden desde esta sede, (...) tampoco cuenta con bodegas ni centros de distribución en el
Municipio de Florida- Valle del Cauca”.
Aclaró que el proceso de venta de productos a clientes del Municipio de Florida, se
desarrolla así: En Cota (Cundinamarca), Coopidrogas realiza los pedidos a los
proveedores nacionales, almacena el inventario, fija precios y condiciones de venta
y despacha la mercancía para su almacenamiento final en las Bodegas del
Municipio de Yumbo (Valle del Cauca). Luego, en Yumbo, la cooperativa realiza la
comercialización de los productos para los clientes ubicados en los Departamentos
del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, mediante los sistemas descritos, y genera la
factura, autoriza los pedidos, los despachos, y las condiciones de pago. Y
finalmente, el asociado recoge la mercancía en Yumbo, o se le envía al Municipio
de Florida, por medio de una empresa de mensajería.
Por lo anterior, concluyó que el desarrollo de la actividad comercial se efectúa de
manera integral en jurisdicción del Municipio de Yumbo5.
Afirmó que respecto de la territorialidad del tributo en las actividades comerciales,
la jurisprudencia del Consejo de Estado6 ha señalado que lo relevante es “establecer
en donde realiza la actividad gravada el contribuyente del tributo, independientemente de donde se
entiende realizada la venta”. A partir de esto, concluyó que el sitio en donde se efectúa
realmente el hecho gravado, es aquel en el que se ejecuta o realiza la actividad
comercial, y no el sitio de domicilio del comprador.
Que por todo lo expuesto, no es procedente la sanción impuesta a la demandante.
2. Indebida motivación de los actos administrativos.
Discutió que en los actos sancionatorios demandados se afirmó que Coopidrogas
ejerce actividades comerciales en el Municipio de Florida, sin probar de forma
sumaria ese señalamiento. Agregó que durante la investigación la cooperativa le
informó a la Administración todos los clientes que tenía en dicho municipio, y que
en el expediente no consta que alguno hubiere manifestado que sus vendedores se
desplazaran a dicha jurisdicción.
Oposición a la demanda
El Municipio de Florida controvirtió las pretensiones de la demanda, de conformidad
con los siguientes argumentos7:
5 Al respecto, dijo que de ser necesario, colocaría en consideración del despacho, correos electrónicos de la
empresa y grabaciones de llamadas de pedidos, para que sean verificados en una inspección ocular.
6 Citó la sentencia del Consejo de Estado del 22 de junio de 1990, expediente 2180, C.P. Jaime Abella Zarate.
7 Folio 162 del Cuaderno Principal.
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Afirmó que la prueba que sustenta la sanción por no declarar corresponde a la
respuesta al requerimiento de información Nro. 76275-013-2015, donde
Coopidrogas por intermedio de su revisor fiscal y representante legal, certificó que
obtuvo unos ingresos en el Municipio de Florida, producto de unas ventas realizadas
en esa jurisdicción en el año 2010; lo cual constituye una confesión del
contribuyente.
Dijo que el hecho que la cooperativa realice las ventas por internet o llamadas
telefónicas, no desconoce que estas se desarrollan en el Municipio de Florida, pues
la Ley 14 de 1983 no limitó el cumplimiento de la actividad de comercio a
determinada forma de negociación. Aclaró que los ingresos que obtiene la
cooperativa en dicha jurisdicción, se encuentran soportados en la contabilidad, y
son fruto del aprovechamiento que hace del mercado y de la infraestructura vial.
Adicionalmente, en el municipio se encuentran radicados los clientes con los cuales
realizan las transacciones comerciales sin cuya aceptación, no podría cerrarse el
ciclo de la comercialización. Y que en el mismo territorio se concreta el negocio
jurídico, pues en este se establecen los elementos esenciales del contrato.
Sostuvo que sí fue observada la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues en esta
se establece que el aspecto relevante es donde se realiza la actividad gravada, por
lo que resulta indiferente que se utilice un inmueble para el desarrollo de las
actividades comerciales. Que en efecto, esa Corporación ha señalado que las
actividades gravadas también se causan en forma ambulante, a través de agentes
viajeros o cualquier otro método utilizado para realizar la operación comercial8.
Refirió que en caso de solicitarse una visita de inspección tributaria la misma no
resultaba procedente ya que de conformidad con el artículo 750 del Estatuto
Tributario Municipal la información aportada en la respuesta al requerimiento
ordinario es un hecho confesado y plena prueba contra la cooperativa.
Señaló que mediante los actos demandados se sustentó y cuantificó la sanción
conforme con lo dispuesto en la ley, y se le dio la oportunidad al contribuyente para
que ejerciera su derecho de defensa, por lo que no se vulneró el debido proceso.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad de los actos demandados y condenó en costas a la
parte vencida, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Refirió que en materia de territorialidad del impuesto de industria y comercio, la
Corte Constitucional ha señalado, como regla general, que el tributo se causa en el
lugar en que se realiza la actividad comercial9. Que, el Consejo de Estado ha
reiterado que su causación: “cuando se trata de actividades comerciales de venta de bienes,
tiene lugar en el sitio en que concurren los elementos del contrato de compraventa, esto es, el precio,
el plazo de pago y la cosa que se vende. Así mismo, que para determinar la jurisdicción en que se
configura la obligación tributaria, no resulta relevante establecer el lugar desde el cual se realizan
los pedidos”10.
8 Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado del 16 de noviembre de 2001, expediente 12440, C.P.
Ligia López Díaz.
9 Refirió la sentencia C-121 de 2006.
10 Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado del 28 de julio de 2005, expediente 13885, C.P. Héctor
Romero Díaz.
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De igual forma refirió que la labor que efectúan los agentes de venta “es de
coordinación”, que por lo tanto, no genera el tributo. Y, concluyó que la causación del
impuesto de industria y comercio cuando se trata de venta de bienes, tiene lugar en
el sitio en el que concurren los elementos del contrato de compraventa, esto es, el
precio, el plazo de pago y la cosa que se vende.
Analizó las pruebas obrantes en el proceso, y concluyó que las facturas y el
certificado de revisor fiscal de la cooperativa soportan que no se registraron ventas
en la jurisdicción de Florida.
Consideró que la actividad ejercida por Coopidrogas en el Municipio de Florida es
de coordinación y promoción, lo que no significa el ejercicio de la actividad comercial
en ese territorio. Que en el expediente se encuentra demostrado que “los ingresos
percibidos por la COOPERATIVANACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS- COPIDROGAS en
el MUNICIPIO DE FLORIDA, corresponden a contratos de compra venta que se perfeccionaron en
otros municipios, pues la empresa demandante no ejerció actividades comerciales en dicho ente
territorial, tal y como se extrae de los actos administrativos allegados al expediente, en los cuales la
entidad accionada es clara en indicar que en dicho territorio lo que efectúa la citada sociedad es la
distribución de sus productos a través de la utilización de su infraestructura vial”.
Por lo anterior, declaró la nulidad de los actos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho, dispuso que la actora no estaba obligada a declarar
el impuesto de industria y comercio en el Municipio de Florida en el año 2010.
Ordenó condenar en costas a la demandada, por ser la parte vencida, fijando como
agencias en derecho en la suma del 0.1% del valor de las pretensiones reconocidas,
cuya liquidación se realizará por Secretaría.
Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión de primera instancia, con fundamento en lo
siguiente:
Cuestionó que no fue valorado en debida forma el material probatorio de los
ingresos obtenidos por la cooperativa. Insistió en que el gravamen no depende de
la existencia de un establecimiento comercial, sino de la realización de una actividad
comercial dentro de una jurisdicción municipal.
Precisó que la prueba contable “demuestra entradas de dinero a la empresa a causa de ventas
realizadas en el Municipio de Florida”, y que no es procedente que la misma sea
controvertida con una certificación de contador cuyas afirmaciones no se
encuentran soportadas.
Advirtió que el lugar de obtención de los ingresos gravados sí constituye prueba del
factor territorial, por ello, deben registrarse contablemente de manera separada por
cada municipio, “esto es algo que debe tenerse presente señor juez ya que mientras el
contribuyente no demuestre el pago de las obligaciones sobre los ingresos que pretende deducir
como causados “fuera del municipio” estos serán gravados en la jurisdicción donde se demuestre su
obtención de acuerdo al mandato de la Ley”. Que la actora omitió demostrar que la
obtención de dichos ingresos se generó por fuera del municipio, en tanto no lo hizo
en el momento oportuno, esto es, en la interposición del recurso ante la
Administración.
Consideró que el a quo desconoció el “principio de consensualismo”, en la medida en
que no tuvo en cuenta que el perfeccionamiento de los contratos se produce en el
momento y lugar en el que la aceptación es conocida por el oferente. Que el hecho
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de que el demandante sostenga que el precio se señala de forma unilateral, elimina
el carácter consensual de la compraventa.
Señaló que el municipio debe ser exceptuado de la condena en costas, en la medida
en que no se encuentran demostrados los gastos que permitan determinar su
causación, y el asunto que se ventila es de interés público.
Alegatos de conclusión
La parte demandante reiteró los argumentos planteados en la demanda, e hizo
referencia a dos pronunciamientos del Consejo de Estado, para señalar que en
estos se determinó que Coopidrogas no era responsable del impuesto de industria
y comercio en el Municipio de Florida11. En el mismo sentido, aludió a diferentes
sentencias que se han expedido por parte de ésta Corporación y del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en segunda instancia respecto de Coopidrogas
con otras jurisdicciones municipales12.
La parte demandada, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público rindió concepto en el sentido que se confirme la sentencia
apelada, teniendo en cuenta el actual criterio jurisprudencial del Consejo de Estado,
en el que se precisó que: “Consta en el plenario que, en virtud de los procedimientos
comerciales establecidos por la actora, la determinación de los productos a enajenar y del precio de
estos tiene lugar en la ciudad de Yumbo, que es donde se encuentran los vendedores autorizados
para efectuar la negociación. Así mismo, está demostrado que los ingresos percibidos por la
demandante provenientes de los clientes ubicados en Florida fueron incluidos en la liquidación
presentada por el impuesto en el municipio de Yumbo” 13. A partir de esto, concluyó que la
venta se configuró en el Municipio de Yumbo, y en ese entendido, el hecho
generador se llevó a cabo en un lugar diferente a la jurisdicción territorial de la
entidad demandada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Le corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación presentado por la parte
demandada contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de las
Resoluciones Nros. SHM-8-23-3-36 del 20 de febrero de 2016 y SHM-8-23-4-26 del
28 de junio de 2016, proferidas por el Municipio de Florida (Valle del Cauca), mediante
las cuales se impuso a Coopidrogas una sanción por no declarar por concepto del
impuesto de industria y comercio por el año gravable 2010.
El problema jurídico se centra en determinar si la sociedad era o no sujeto pasivo
del gravamen en la mencionada jurisdicción, en atención a que, como lo afirma la
Administración, aquella celebró contratos de compraventa con clientes ubicados en
su territorio, lo que le generó ingresos que debían ser gravados. En contraposición
11 Consejo de Estado. Sección Cuarta. sentencias del 4 de julio de 2019 y del 23 de julio de 2020. Expedientes.
23977 y 24739, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
12 Sentencia del Consejo de Estado. Sección Cuarta. del 28 de noviembre de 2019. Expediente. 24715, C.P.
Milton Cháves García. Sentencias del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 2 de agosto de 2019,
M.P. Omar Edgar Borja Soto; del 24 de octubre de 2019, M.P. Oscar A. Valero; del 31 de julio, Ronald Otto
Cedeño; 30 de abril de 2019, M.P. Fernando Augusto García Muñoz; y 5 de abril de 2018, M.P. Zoranny
Castillo Otalora.
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. del 23 de julio de 2023, Expediente 24739, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
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de esto, la demandante argumentó que de conformidad con las reglas de
territorialidad que rigen para el impuesto de industria y comercio, el hecho generador
no se causó en el municipio demandado, además que la actuación administrativa
fue indebidamente motivada al no contar con suficientes pruebas que demostraran
la sujeción pasiva de la sociedad.
Además de lo anterior, la Sala deberá establecer si es procedente la condena en
costas impuesta en la sentencia de primera instancia.
Para resolver, se tiene que la Sección se ha pronunciado en reiteradas ocasiones
sobre asuntos que guardan similitud fáctica y jurídica con el objeto aquí discutido,
esto es, la realización del hecho generador por la comercialización de bienes.
Dentro de la línea jurisprudencial14, se tendrá en consideración lo expuesto en las
providencias del 21 de octubre de 2021, exp. 25360, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello; 23 de julio de 2020, exp. 24739, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; 4 de
julio de 2019; exp. 23977, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; y 28 de noviembre de
2019, exp. 24715, C.P. Milton Chaves García, como las más recientes. Por tanto,
se aplicará aquí, en lo pertinente, el razonamiento de la Sala expuesto en dichas
decisiones.
El impuesto de industria y comercio es un tributo municipal que grava la realización
de actividades industriales, comerciales y de servicio. Ahora, la Ley 14 de 1986 no
especificó en qué casos la actividad comercial se entiende realizada en el municipio,
la jurisprudencia de esta Sección identificó los criterios de sujeción territorial al
impuesto, que, luego se establecieron en el numeral 2º del artículo 343 de la Ley
1819 de 2016.
Siguiendo los criterios plasmados en las sentencias mencionadas, la actividad
comercial tiene lugar en la jurisdicción del municipio o distrito donde se perfecciona la venta, lo que
ocurre cuando las partes intervinientes concretan los elementos esenciales del contrato de
compraventa. De modo que el tributo se causa en la jurisdicción en donde las partes convienen la
cosa vendida y su precio15.
En ese sentido, la Sala ha juzgado que resultan determinantes « las pruebas allegadas
al proceso, en cada caso» (sentencia del 29 de septiembre de 2011, exp.18413, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia), más allá de datos puntuales sobre el lugar donde se toman los
pedidos, se entregan los productos, se ejercen labores de coordinación o se
suscribe el contrato de compraventa (sentencias del 08 de marzo de 2002, exp.12300, C.P.
Juan Ángel Palacio Hincapié; del 08 de junio de 2016, exp.21681, CP: Martha Teresa Briceño de
Valencia; y del 20 de noviembre de 2019, exp.23294 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, entre
otras)16.
Siguiendo estas consideraciones, la legalidad del acto depende de que se motive
con suficiencia fáctica y jurídica la realización del hecho generador en los términos
propuestos17.
14 Al respecto las sentencias del 12 de febrero de 2020 Expediente. 23773, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto; del 07 de mayo de 2020, Expediente 23037, C.P. Milton Chaves García; del 15 de octubre de 2020,
Expediente 23619 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; y del 15 de julio de 2021, Expediente 24195 C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello
15 Sentencia del 15 de octubre de 2020, exp.23619 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
16 Ibidem.
17 En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 15 de octubre de 2020, exp.23619 C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez
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Con el objeto de identificar el origen de los ingresos fiscalizados por la demandada,
en este asunto se encuentran las siguientes pruebas:
(i) Según certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá, y aportado con la demanda, el objeto social de la actora
consiste, entre otros, en la realización de operaciones comerciales como distribuidora
mayorista a gran escala, así como las de operador logístico, relacionadas con el
suministro de bienes y servicios necesarios para surtir las droguerías de los
asociados18.
(ii) Mediante Requerimiento de Información Nro. 76275-013-2015 del 10 de abril de 2015,
la Administración requirió a la actora para que le informara el total de las ventas
registradas en la contabilidad, extractadas de las facturas en que se encontraran
direcciones ubicadas en el Municipio de Florida durante los años 2010 a 2014,
información que debía estar certificada por revisor fiscal, así como una relación de las
personas naturales o jurídicas a las que realizó ventas en ese municipio y una
explicación de los procedimientos utilizados para las ventas, despacho, entrega y
cobro de los productos comercializados19.
(iii) La actora respondió el requerimiento, para lo cual relacionó las ventas realizadas a
los asociados domiciliados en la jurisdicción de Florida y afirmó que no tenía ningún
registro contable de ventas realizadas en ese territorio, puesto que las facturas de
venta que se contabilizaban correspondían en su totalidad a las que se realizaban en
la agencia ubicada en Yumbo, siendo ese el municipio en donde se tomaban los
pedidos, se concretaban las ventas, se facturaba y se despachaban los productos.
Por ende, era en Yumbo donde se concretaban los elementos de la actividad
comercial, razón por la cual declaraba y pagaba el impuesto en esa jurisdicción20.
Explicó que los procedimientos para realizar las ventas a clientes ubicados en el
municipio de Florida consistían en que estos se comunicaban vía telefónica con los
agentes ubicados en cualquiera de las agencias establecidas en Pereira, Barranquilla,
Medellín o Yumbo, por esa vía también se ofrecían los productos, su precio y se
tomaba la orden, la cual a su vez se enviaba al centro de distribución (bodega) y era
expedida la factura y orden de entrega, bien para que el asociado retirara la
mercancía o esta le fuera enviada al domicilio de la respectiva droguería. El mismo
procedimiento se llevaba a cabo para los pedidos realizados vía internet (correo
electrónico).
En cualquiera de los dos casos, vía teléfono o internet, el pago de la factura se
realizaba a través de las entidades financieras destinadas para el recaudo, con el
respectivo código de barras impreso en la factura dentro de los plazos establecidos.
(v) Con la respuesta al requerimiento también fue aportado el Certificado expedido por el
revisor fiscal de la contribuyente, en el que manifestó que “de acuerdo con los registros
contables la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS “COPIDROGAS”,
no registra ventas en la jurisdicción del municipio de Florida (Valle del Cauca)”. Además,
relacionó las facturas de ventas despachadas a dicho municipio durante los años
2010 a 201421.
(vi) Previo emplazamiento para declarar, la Administración profirió la Resolución Nro.
SHM 8-23-3-36 del 20 de febrero de 2016, mediante la cual sancionó a la demandante
por la omisión en la presentación de la declaración del ICA por el año gravable 2010.
En este acto argumentó, entre otras cosas, que la sociedad “recibió ingresos por el
ejercicio de su actividad económica, como es la comercialización de productos y/o prestación
18 Folio 5 del Cuaderno Principal.
19 Folios 9 a 10 del Cuaderno Principal.
20 Folio 12 a 14 del Cuaderno Principal.
21 Folio 28 del Cuaderno Principal.
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de servicios, dentro de la jurisdicción de Florida, por el año gravable 2010 (....) de conformidad
con la respuesta enviada al requerimiento de información N. 76275-013-2015. (...) El
contribuyente hizo uso de la infraestructura, mercado y servicios del Municipio para desarrollar
su actividad.”22.
(vii) La anterior decisión fue confirmada en la Resolución Nro. SHM-8-23-4-26 del 28 de
junio de 2016.
De conformidad con el anterior recuento, de las pruebas y de los procedimientos
comerciales descritos por la actora, la Sala considera que, los ingresos percibidos
por la sociedad por el desarrollo de su actividad comercial se causaron por fuera del
Municipio de Florida. Por tanto, esta Sala llega a conclusiones diferentes a las
consignadas por la Administración como pasa a explicarse:
Si bien la contribuyente realizó ventas a clientes que estaban ubicados en la
jurisdicción de Florida, la Sala parte de reiterar que, de acuerdo con los precedentes
jurisprudenciales citados, tratándose del impuesto de industria y comercio, ni el
lugar del domicilio del cliente, como tampoco el de la entrega de los bienes vendidos
puede entenderse como aquel en el que realmente se realizó la actividad comercial,
pues, se repite dichos aspectos son distintos al de la comercialización de los bienes.
Por tanto, son insuficientes para concluir que se ha realizado el hecho generador en
una determinada jurisdicción, en este caso, en el Municipio de Florida.
Por el contrario, la actividad comercial sujeta al gravamen discutido se entiende
realizada en el lugar donde se pactan los elementos esenciales del contrato, esto
es, el precio y la cosa que se vende. Así, en virtud de los procedimientos
comerciales de la actora, los productos enajenados, el precio, expedición de las
facturas y despacho, es posible estimar que el hecho generador ocurrió en un
municipio distinto al de Florida y que, para este caso, en las condiciones que lo
afirmó la sociedad, corresponde al municipio de Yumbo, lugar donde se
encontraban ubicados los agentes comerciales autorizados para efectuar las
negociaciones con los clientes.
En esa medida, la demandada no podía presumir que todos los ingresos obtenidos
por el desarrollo de la actividad comercial de la sociedad debían declararse en su
jurisdicción, por el simple hecho que los clientes de la demandante se encontraban
en ese municipio, pues se destaca que la única actuación probatoria adelantada por
la demandada consistió en el requerimiento de información enviado a la
demandante.
Sobre este particular se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-056 de
2019, con ocasión al análisis de exequibilidad de las reglas de territorialidad para el
impuesto de industria y comercio consagradas en la Ley 1819 de 2016, que si bien
no corresponde a la norma vigente para la época de los hechos, los argumentos
ilustran suficientemente el hecho de que la ubicación del adquirente de los bienes
puede ser irrelevante para determinar la jurisdicción en la cual se realiza la actividad
comercial y que incluso esa postura es contraria a los principios que rigen el sistema
tributario.
A estos efectos, señaló la Corte Constitucional:
“Adicionalmente, debe también la Corte resaltar que imponer al Congreso la obligación de
asignar la condición de sujeto activo del ICA al municipio donde reside el consumidor del bien
22 Folios 52 a 60 del Cuaderno Principal.
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o servicio, atentaría contra los principios de equidad y justicia tributaria, por dos tipos de
razones. Lo primero, como se ha indicado, porque el grado de participación de dicha
jurisdicción, en términos de utilización del mercado correspondiente, es contingente y por lo
general sustantivamente menor al del municipio donde se fabrica o acopia el bien. Lo segundo,
porque una fórmula como la planteada conlleva serios inconvenientes en términos de
eficiencia en el recaudo del tributo.
Sobre este último particular, la Sala concuerda con el argumento de varios intervinientes,
acerca de las complejidades que para el sistema tributario generaría que aquellas empresas
que envían sus productos a diversos municipios del país tuvieran que contribuir por concepto
de ICA a cada una de esas localidades y conforme a las reglas particulares y concretas que
cada concejo municipal o distrital determine. Esto implicaría no solo costos desproporcionados
asociados a los ejercicios contables y administrativos a cargo de los comerciantes, sino
también un esfuerzo institucional igualmente excesivo, puesto que los municipios receptores
tendrían que, cuando menos, monitorear y definir la cuantificación económica de cada compra
realizada en su municipio, al margen del lugar de origen del bien o servicio. Este escenario,
tratándose de ingresos fiscales de carácter territorial, se muestra particularmente
problemático”. (Énfasis propio).
En conclusión, la demandante no se encontraba sujeta al deber formal de presentar
declaración del ICA en el Municipio de Florida, razón por la cual los actos
demandados que impusieron sanción por no declarar son nulos.
Sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación relacionados con la
prueba contable, se pone de presente que en este caso no se desprende que de
esta surja la obligación de declarar en el Municipio de Florida, pues si bien el ente
territorial señala que la respuesta otorgada por la demandante, la cual se
fundamenta en su contabilidad, es la que demuestra esta obligación, lo cierto es
que de los registros contables sólo se utilizó la información para determinar los
clientes ubicados en Florida, pero nunca se demostró la existencia de ingresos en
esa jurisdicción en las cuentas contables respectivas que fueran objeto del impuesto
de industria y comercio.
En cuanto a la falta de prueba de la declaración de los ingresos en otros municipios,
que cuestiona el municipio demandado en el recurso de apelación, la Sala advierte
que se trata de un argumento nuevo que no fue planteado en los actos acusados,
de ahí que no sea procedente que el mismo sea discutido en el recurso de
apelación, pues ello vulnera el derecho de defensa del actor.
Así las cosas, contrario a lo señalado por el apelante, se encuentra que, desde la
vía gubernativa, la actora desvirtúo que los ingresos discutidos fueron obtenidos en
la jurisdicción de Florida, en tanto los mismos provienen de operaciones comerciales
realizadas en el Municipio de Yumbo.
En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, comoquiera que no
prosperaron los cargos expuestos en el recurso de apelación.
Finalmente, para decidir sobre las costas objeto del recurso de apelación y las
concernientes a la segunda instancia, la Sala observa que en el plenario no se
probaron gastos o expensas del proceso ni agencias en derecho, razón por la cual
no se encuentran acreditadas las exigencias que hace el ordinal 8.º del artículo 365
del CGP (norma aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA) para que proceda
la condena en costas. En consecuencia, se revocará la decisión de primera
instancia en lo que a determinación de costas respecta, y no se condenará en costas
en segunda instancia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar los ordinales primero y segundo de la sentencia del 31 de octubre
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión Oral.
2. Revocar el ordinal tercero de la sentencia del 31 de octubre de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión
Oral. En su lugar, sin condena en costas en primera instancia.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
4. Reconocer personería al abogado Alejandro Nieto Osorio como apoderado de
la parte demandada, en los términos y para los fines del poder que obra a
índice 48 de Samai.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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