Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01277-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01277-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2016-01277-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., siete (07) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2016 01277 01 (4471-2021)
Demandante: Darío Pérez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Pensión gracia post mortem. Incumplimiento del requisito de buena
conducta. Condena en costas.
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia y se niegan las
pretensiones de la demanda toda vez que se demostró que la docente
causante incumplió el requisito de buena conducta contemplado en el
numeral 4 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 14 de mayo del 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de las Resoluciones UGM 17412 de 17 de noviembre de 2011
y UGM 45805 de 10 de mayo de 2012 expedidas por el agente liquidador de la extinta
Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. (CAJANAL), así como de los autos ADP 12112
de 29 de agosto de 2013, ADP 3830 de 10 de abril de 2014, ADP 3904 de 14 de abril de
2014 y ADP 4236 de 28 de abril de 2014 proferidos por la UGPP, mediante los cuales se
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia post mortem a favor de la causante
María Ligia González de Pérez (q. e. p. d).
2. A título de restablecimiento del derecho, requirió que se ordene a la entidad
demandada reconocer dicha prestación debido al fallecimiento de su cónyuge, en cuantía
equivalente al 75 % del promedio de lo devengado por la causante en el año anterior al
cumplimiento del estatus pensional, a partir del 9 de diciembre de 2006, con el ajuste de
las mesadas conforme al índice de precios al consumidor (IPC) y la correspondiente
condena en costas.
Radicación: 76001 23 33 000 2016 01277 01 (4471-2021)
Demandante: Darío Pérez
3. Como hechos relevantes, indicó que la causante laboró como docente territorial
durante 29 años, 11 meses y 11 días, en instituciones educativas del municipio de Tuluá
y al servicio del departamento del Valle del Cauca; asimismo, que se desempeñó con
honestidad, dedicación y buena conducta, y que cumplió 50 años de edad el 9 de
diciembre de 2006.
4. Sostuvo que la pensión gracia post mortem y su sustitución deben liquidarse con
base en los factores salariales devengados por la causante entre el 10 de diciembre de
2005 y el 10 de diciembre de 2006.
5. Finalmente, señaló que el 12 de diciembre de 2008 solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia por considerar que cumplía los requisitos de ley. No obstante, dicha
solicitud se negó bajo el argumento de que la causante había sido objeto de una sanción
disciplinaria, sin que fuera posible establecer si esta constituía falta de buena conducta.
Los demás actos administrativos demandados confirmaron esa decisión o se remitieron
a lo allí resuelto.
Contestación de la demanda
6. La entidad demandada se opuso a las pretensiones al sostener que los actos
administrativos acusados se expidieron conforme a la normativa aplicable y con plena
observancia de los requisitos legales.
7. Al respecto, indicó que, del análisis del expediente administrativo, se evidenció que
la causante fue sancionada por mala conducta, circunstancia que constituye un
impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia, sin que la parte actora hubiera
desvirtuado tal situación, pese a tener la carga de la prueba.
8. Señaló que la pensión de sobrevivientes prevista en los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993 no resulta aplicable a la pensión gracia, pues esta última se rige por un
régimen especial que exige el cumplimiento estricto de los requisitos consagrados en las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989, entre ellos, la prestación de servicios
durante 20 años en entidades territoriales y la ausencia de sanciones por mala conducta.
9. Con fundamento en lo anterior, propuso como excepciones de mérito las
siguientes: «inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido», «ausencia de vicios
en los actos administrativos demandados» y «prescripción».
Sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 14 de mayo de
2020 mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, a
título de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada reconocer la
pensión gracia a la que tenía derecho la docente María Ligia González de Pérez
(q. e. p. d.) en favor del señor Darío Pérez a partir del 7 de febrero de 2008 y liquidada en
cuantía equivalente al 75 % de todos los factores salariales percibidos por la causante
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Demandante: Darío Pérez
durante el período comprendido entre el 9 de diciembre de 2005 y el 9 de diciembre de
2006.
11. Para definir si la sanción disciplinaria impuesta a la causante configuraba una
causal de mala conducta que impidiera el reconocimiento de la pensión gracia
post mortem, el tribunal precisó que el requisito previsto en el artículo 4 de la Ley 114 de
1913 debía ser valorado de manera integral a lo largo de toda la vida laboral del docente,
de modo que un hecho aislado no resulta suficiente para desvirtuarlo salvo que se trate
de una conducta grave o reiterada que evidencie un comportamiento inadecuado de
carácter permanente.
12. Con fundamento en el acervo probatorio, estableció que la causante fue
sancionada disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo por 30 días, como
consecuencia del manejo indebido de recursos destinados al restaurante escolar. No
obstante, concluyó que dicha conducta aun cuando reprochable no fue reiterada ni
comportó una afectación permanente del servicio, razón por la cual no resultaba
suficiente para desvirtuar la buena conducta exigida para acceder a la pensión gracia.
13. Superado ese análisis, el a quo tuvo por acreditado que la docente prestó sus
servicios por más de 20 años, inicialmente como docente municipal y posteriormente
como nacionalizada, que cumplió la edad requerida y que no percibía otra prestación de
carácter nacional. En consecuencia, concluyó que reunía los requisitos legales para el
reconocimiento de la pensión gracia.
14. En relación con la liquidación de la prestación, determinó que debía efectuarse con
base en el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el año
anterior al cumplimiento de los requisitos, incluidos los emolumentos adicionales, de
conformidad con la interpretación jurisprudencial aplicable a este régimen especial.
15. Asimismo, encontró probada la calidad de cónyuge supérstite del demandante,
razón por la cual ordenó la sustitución pensional en su favor. En cuanto a la prescripción,
declaró extinguidas las mesadas causadas con anterioridad al 17 de febrero de 2008,
teniendo en cuenta la fecha de la reclamación administrativa.
16. Finalmente, el tribunal condenó en costas a la parte demandada y fijó las agencias
en derecho en el 5% del valor de las pretensiones de la demanda.
Recurso de apelación
17. La entidad demandada apeló la decisión de primera instancia al estimar que el
tribunal interpretó de manera errónea los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia y efectuó una indebida valoración probatoria.
18. En relación con la buena conducta, sostuvo que el a quo desconoció que la sanción
disciplinaria impuesta a la docente —mediante Resolución 003 de 27 de agosto de 2004,
confirmada por la Resolución 982 de 2 de octubre de 2004— por el delito de peculado
Radicación: 76001 23 33 000 2016 01277 01 (4471-2021)
Demandante: Darío Pérez
por apropiación, con suspensión e inhabilidad por 30 días, configura una causal expresa
de mala conducta conforme al numeral 4 del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979.
19. En esa medida, controvirtió directamente el criterio del tribunal según el cual la
conducta debía ser reiterada o permanente, al afirmar que la gravedad del hecho es
suficiente para tener por incumplido el requisito legal. Adicionalmente, enfatizó que,
tratándose de docentes, conductas como la apropiación de recursos públicos no pueden
considerarse irrelevantes o aisladas, por cuanto comprometen la función formativa del
educador, por lo que no es válido —como lo hizo el tribunal— restarle efectos frente al
reconocimiento pensional.
20. En cuanto a la calidad de docente territorial o nacionalizada, alegó que el tribunal
tuvo por acreditado este requisito sin que existiera prueba idónea en el expediente. En
particular, señaló que no se allegaron actos administrativos de vinculación ni
certificaciones expedidas por autoridad competente que permitieran identificar con
claridad la naturaleza del vínculo y la fuente de financiación de los tiempos laborados, en
los términos exigidos por la sentencia de unificación del Consejo de Estado, por lo que
dichos periodos no podían computarse para efectos de la pensión gracia.
21. Asimismo, cuestionó que el a quo invirtió o flexibilizó indebidamente la carga de la
prueba, pues correspondía a la parte actora acreditar plenamente los requisitos del
derecho reclamado, de conformidad con el artículo 167 del CGP, sin que fuera procedente
suplir la ausencia de prueba con inferencias o valoraciones favorables.
22. Finalmente, solicitó la revocatoria de la condena en costas al considerar que no se
acreditó su causación y que, en todo caso, debía aplicarse un criterio valorativo teniendo
en cuenta que se trata de una entidad pública cuyos recursos comprometen el erario.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Por medio de auto del 17 de febrero de 2022 se admitió el recurso de apelación.
Seguidamente, en auto del 25 de julio de 2025 se le corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
24. La parte demandante presentó alegatos de conclusión reiterando que la causante
cumplía los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de gracia post mortem
e indicó que la negativa administrativa se fundó en una sanción disciplinaria que
correspondió a un hecho aislado, sin relación con el ejercicio docente, que no dio lugar a
su retiro del servicio. Enfatizó en que la causante prestó servicios por más de 29 años
hasta 2008. Con apoyo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, sostuvo que la
conducta no fue grave ni reiterada, ni afectó el servicio educativo, por lo que no podía
impedir el derecho pensional, solicitándose la confirmación de la sentencia de primera
instancia.
25. La entidad demandada, en alegatos de segunda instancia, solicitó la revocatoria
de la sentencia de primera instancia al considerar que no se acreditaron los requisitos
legales y jurisprudenciales exigidos para gozar de la prestación. Expresó que la causante
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Demandante: Darío Pérez
incurrió en mala conducta al haber sido sancionada disciplinariamente por malversación
de bienes escolares, lo cual desvirtúa el requisito de buena conducta. Adicionalmente,
alegó la falta de prueba idónea sobre la naturaleza territorial o nacionalizada de los
tiempos de servicio reclamados, invocando la jurisprudencia unificada del Consejo de
Estado y los principios de legalidad y sostenibilidad fiscal.
26. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa.
27. Mediante auto del 16 de octubre de 2025, la Sala decretó pruebas de oficio
dirigidas a la Alcaldía Municipal de Tuluá y a la Secretaría de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, con el fin de que remitieran a esta Corporación
documentación pertinente y certificaran diversa información relacionada con la causante,
en especial, lo relacionado con el expediente disciplinario de la docente.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
28. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
Problemas jurídicos
29. En atención a los reparos concretos formulados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la sanción disciplinaria impuesta a
la docente María Ligia González de Pérez (q. e. p. d.), derivada de la presunta apropiación
de recursos del restaurante escolar y calificada por la entidad demandada como causal
de mala conducta en los términos del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, resulta
suficiente para desvirtuar el requisito de buena conducta exigido para el reconocimiento
de la pensión gracia, sin que sea necesario acreditar su reiteración o permanencia.
30. En caso negativo, en segundo lugar, se establecerá si se encuentra debidamente
acreditada en el expediente la calidad de docente territorial o nacionalizada de la
causante, así como el cumplimiento de los demás requisitos legales para acceder a dicha
prestación, conforme a las reglas de carga de la prueba y a la jurisprudencia de
unificación aplicable.
31. En tercer lugar, se analizará si el demandante acreditó la calidad invocada que le
permite acceder a la prestación periódica objeto de la demanda.
32. Finalmente, se determinará si la condena en costas impuesta en primera instancia
se ajusta a las reglas procesales que rigen la materia.
Radicación: 76001 23 33 000 2016 01277 01 (4471-2021)
Demandante: Darío Pérez
Análisis de los problemas jurídicos
33. La Sala considera que la parte demandante no acreditó en su totalidad los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia, en particular, el requisito de buena
conducta exigido por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, conforme a las motivaciones
que se expondrán a continuación.
Análisis del requisito de buena conducta en el caso de la causante María Ligia
González Rodas (q. e. p. d.)
34. En relación con las exigencias previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 4 de la
Ley 114 de 1913 para acceder a la pensión gracia —esto es, haber observado honradez,
consagración y buena conducta—, debe precisarse que el artículo 46 del Decreto 2277
de 1979 establece un catálogo de conductas que pueden constituir causales de mala
conducta docente:
Artículo 46. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Los siguientes hechos
debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta:
a). La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la
toxicomanía;
b). El homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales. (Aparte tachado
declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-481 de
1998 del 9 de septiembre de 1998, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez
Caballero.)
c). La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos;
d). El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos
públicos.
e). La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;
f). El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las
prohibiciones;
g). El ser condenado por delito o delitos dolosos;
h). El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascensos en el
Escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones;
i). La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político;
j). El abandono del cargo.
35. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación1 ha precisado que la
configuración del incumplimiento de este requisito exige: (i) que la conducta reprochable
haya ocurrido durante el ejercicio del servicio docente; (ii) que esté prevista como causal
de mala conducta; (iii) que haya sido objeto de sanción disciplinaria mediante el debido
proceso; y (iv) que, adicionalmente, se valore su gravedad, de manera que no cualquier
falta aislada pueda desvirtuar este requisito2.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 13 de
agosto de 2018. Radicado: 73001-23-33-000-2014-00645-01(4493-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
2 Criterios reiterados en sentencia esta Subsección del 21 de agosto de 2025, rad. 27001 23 33 000 2017 00144 01
(6616-2019), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
Radicación: 76001 23 33 000 2016 01277 01 (4471-2021)
Demandante: Darío Pérez
36. En ese orden, la mala conducta debe entenderse como aquellos actos
reprochables del docente en el ejercicio de la labor educativa contemplados en el artículo
46 del Decreto 2277 de 1979, siempre que hayan sido objeto de sanción disciplinaria
impuesta con observancia del debido proceso.
37. Ahora bien, esta Corporación ha precisado que, por regla general, la configuración
de este incumplimiento exige que la conducta presente un carácter reiterado o persistente
a lo largo de la vinculación, de manera que una falta aislada de carácter leve no resulte
suficiente, por sí sola, para privar al docente de una prestación de naturaleza excepcional
como la pensión gracia, creada con el propósito de compensar el trato históricamente
inequitativo que afectó a los educadores territoriales y nacionalizados frente a los del
orden nacional.
38. Con todo, esta Subsección3 ha reconocido que la regla anterior admite modulación
cuando la conducta reprochable, aun siendo única, reviste tal gravedad que genera por
sí sola una afectación significativa de los deberes funcionales del educador y de los
bienes jurídicos que la norma disciplinaria busca proteger, circunstancia que justifica de
manera razonada la pérdida de la prerrogativa pensional. En esos eventos, la gravedad
objetiva del comportamiento —y no su reiteración— es el criterio determinante para dar
por configurado el incumplimiento del requisito de buena conducta.
39. En el caso de la señora María Ligia González de Pérez (q. e. p. d.), se observa
que estando vinculada como docente para el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), el
Departamento de Control Disciplinario y el alcalde municipal de ese ente territorial,
mediante las Resoluciones 003 del 27 de agosto de 20044 y 982 del 2 de noviembre de
20045, la sancionaron con suspensión en el ejercicio del cargo de inhabilidad especial por
el término de 30 días por haber incurrido en la trasgresión de los deberes establecidos
en los numerales 16, 27 y 218 de la Ley 734 de 2002.
40. En dichas decisiones disciplinarias se acreditó que la causante incurrió en el
incumplimiento de los deberes inherentes a su condición de servidora pública, como
consecuencia de la indebida administración y destinación de los recursos económicos
asignados al funcionamiento del restaurante escolar del Colegio Antonio José de Sucre
de Tuluá, institución en la que se desempeñaba como directora.
3 Este criterio se aplicó en la sentencia de esta Subsección del 29 de febrero de 2024, rad. 76001-23-33-000-2015-
01148-01 (2461-2019), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
4 Páginas 50 al 62 del archivo «RECIBEMEMORIAL_S48836MEMORANDO1(.pdf)», obrante en el índice 45 de SAMAI.
5 Folios 60 al 68 del expediente.
6 «1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario
competente».
7 «2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso
indebido del cargo o función».
8 «21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y
racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados».
Radicación: 76001 23 33 000 2016 01277 01 (4471-2021)
Demandante: Darío Pérez
41. Sobre el particular, se indicó que tales recursos, provenientes del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tenían como finalidad garantizar la adecuada
prestación del servicio de desayunos escolares a los estudiantes; sin embargo, no fueron
destinados al objeto previsto sino que, conforme a lo manifestado por la propia docente,
se utilizaron para otorgar un préstamo de carácter personal en favor de la presidenta del
restaurante escolar.
42. En consecuencia, se estimó que dicha circunstancia revestía especial relevancia,
toda vez que la disciplinada aceptó de manera expresa, directa e inequívoca su
responsabilidad en los hechos endilgados, reconociéndose como única autora de la
conducta ilícita y asumiendo, además, el compromiso de reintegrar la totalidad de los
recursos indebidamente utilizados, lo cual reforzó la demostración de su proceder
irregular.
43. Asimismo, se estableció que, debido al manejo inadecuado de los recursos
públicos, durante la vigencia de 2001 no se efectuaron pagos a proveedores ni se
registraron gastos asociados a la operación del restaurante escolar, circunstancia que
permitió a la autoridad disciplinaria concluir, sin lugar a duda, la inejecución absoluta de
los recursos respecto de la finalidad constitucional y legal para la cual se habían asignado.
44. En ese orden de ideas, los fallos disciplinarios consideraron irrelevante determinar
el destino específico dado a los recursos por parte de la presidenta, en la medida en que
lo jurídicamente trascendente radicaba en el incumplimiento de los deberes funcionales
exigibles a la servidora pública. En tal sentido, se concluyó que la disciplinada actuó de
manera negligente y en contravía de los principios que orientan la función administrativa,
al omitir garantizar la adecuada inversión de los recursos destinados a la alimentación de
los menores, quienes son sujetos de especial protección constitucional.
45. Finalmente, se destacó que la conducta desplegada implicó una vulneración grave
de los derechos de los niños, al defraudar la confianza depositada en su gestión y
desatender la obligación primordial de asegurar su bienestar integral, conforme a los
postulados superiores del ordenamiento jurídico colombiano, los cuales imponen la
prevalencia de los derechos de los menores de edad.
46. La referida sanción fue ejecutada mediante la Resolución 1049 del 22 de
noviembre de 20049, suscrita por el alcalde del municipio de Tuluá, el secretario de
Educación y el asesor jurídico, especificando que la suspensión en el ejercicio del cargo
regía entre el 29 de noviembre hasta el 28 de diciembre de 2004.
47. Con base en lo anterior, para la Sala está claro que la imposición de la sanción
disciplinaria obedeció al incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública y
directora del Colegio Antonio José de Sucre de Tuluá, en especial, el establecido en el
numeral 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, consistente en «vigilar y salvaguardar
los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida
y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados».
9 Folios 69 y 70 del expediente.
Radicación: 76001 23 33 000 2016 01277 01 (4471-2021)
Demandante: Darío Pérez
48. A su vez, es conveniente advertir que dicho deber se acompasa con la causal de
mala conducta establecida en el literal c) del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979,
consistente en «la malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos», el cual se
ajusta perfectamente a los hechos por medio de los cuales se sancionó a la causante.
49. Por consiguiente, está demostrado el incumplimiento de haber desempeñado con
buena conducta el cargo docente, en este caso de carácter directivo, puesto que la
situación reprochada ocurrió durante el ejercicio de sus servicios como educadora, está
prevista como causal de mala conducta, fue objeto de sanción disciplinaria mediante el
debido proceso y revistió tal gravedad, que no puede considerarse como un hecho
aislado.
50. En ese mismo sentido, la Sala advierte que los hechos acreditados en los fallos
disciplinarios presentan una entidad particularmente grave, comoquiera que la causante,
en su calidad de directora de una institución educativa, desvió de manera deliberada
recursos de destinación constitucional provenientes del ICBF que debían garantizar la
alimentación de los menores estudiantes, reconoció de forma expresa e inequívoca su
responsabilidad, y propició la inejecución absoluta de ese presupuesto durante la vigencia
de 2001, con afectación directa de los derechos de los niños como sujetos de especial
protección.
51. Ese conjunto de circunstancias, verificadas en sede disciplinaria con plena
observancia del debido proceso, no puede ignorarse al momento de evaluar si quien
pretende acceder a una prestación de naturaleza excepcional como la pensión gracia
cumple el requisito de buena conducta que el legislador exigió como condición sine qua
non para su otorgamiento.
52. Así las cosas, en el presente caso no se acreditó la exigencia de buena conducta,
lo cual permite concluir que no hay lugar al reconocimiento de la pensión gracia post
mortem reclamada por el demandante, en su calidad de cónyuge supérstite de la señora
María Ligia González de Pérez (q. e. p. d.)
53. En atención a lo concluido y dado que el incumplimiento del requisito de buena
conducta resulta por sí solo determinante para negar la prestación reclamada, la Sala se
releva del análisis de los demás cargos formulados en el recurso de apelación —esto es,
la acreditación de la calidad de docente territorial o nacionalizada y la distribución de la
carga probatoria— habida cuenta que, aun de superarse favorablemente dichos puntos,
el resultado del proceso no variaría.
54. Por consiguiente, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar se
negarán las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
Radicación: 76001 23 33 000 2016 01277 01 (4471-2021)
Demandante: Darío Pérez
56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas a la parte vencida en el proceso.
57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
58. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas
instancias, por cuanto se revocará la sentencia apelada, ya que prosperaron los
argumentos del recurso interpuesto por la entidad demandada. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 14 de mayo de 2020
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual accedió a las
pretensiones incoadas por el señor Darío Pérez contra la UGPP. En su lugar, NEGAR las
súplicas de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Radicación: 76001 23 33 000 2016 01277 01 (4471-2021)
Demandante: Darío Pérez
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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