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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2016-01530-01

Acción de tutela: ampara el derecho a la salud

Fecha
2 de junio de 2017
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2016-01530-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFÍRMAR en su integridad el amparo y las órdenes impartidas en la parte resolutiva del fallo de tutela, con excepción de lo dispuesto en el ordinal segundo del mismo que se CONFIRMA salvo en lo referente al servicio de cuidador domiciliario. SEGUNDO: REVOCAR la orden impartida a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en el ordinal segundo del fallo impugnado, para la prestación del servicio de cuidador domiciliario, por ocho (8) horas diarias, adicionales al servicio de enfermería que actualmente recibe el paciente por seis (6) horas diarias. En su lugar, ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que inmediatamente a la notificación de este fallo disponga lo necesario para que en el término máximo de dos (2) días hábiles, le preste al señor Adolfo León Gordillo el servicio de enfermería domiciliaria durante las 24 horas del día, hasta que supere su estado de vulnerabilidad. Para el cómputo de las 24 horas debe tener en cuenta las 6 horas diarias durante las cuales le viene prestando al discapacitado dicho servicio y que no podrán suspenderse mientras éste no supere el estado de vulnerabilidad en que se encuentra. TERCERO: REMÍTASE el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del fallo, a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-33-000-2016-01530-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

2 de junio de 2017

ACCIÓN DE TUTELA - Ampara el derecho a la salud / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD - Se configura negativa al suministró de pañales e implementos necesarios por el paciente al no estar incluidos en el Plan Especial de Salud de las Fuerzas Militares / SERVICIO DE ENFERMERÍA DOMICILIARIA - Procede ya que las condiciones de salud física y mental de la accionante le impiden continuar su labor como cuidadora primaria del paciente

[L]a Sala encuentra satisfechos todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que se ordene el suministro de implementos que se requieran con necesidad, aún sin que exista orden médica que los prescriba, tal como lo dispuso el fallo de primera instancia. (…) la cuidadora no puede asistir adecuadamente a su esposo debido a que la edad con la que cuenta y su estado de salud no se lo permiten, razón por la cual procede el servicio de enfermería domiciliaria, sin que con ello se desconozca el principio de solidaridad, porque la labor de cuidado mal puede imponerse en perjuicio de la salud del mismo cuidador primario. Frente a la situación fáctica acreditada, la finalidad de ordenar el servicio de enfermería domiciliaria viene habilitada por la guarda de los derechos fundamentales de ambas personas. Además, resulta evidente que la carga de cuidadora primaria de su esposo, que de tiempo atrás viene cumpliendo la señora Aura Inés Franco, no resulta soportable para ella. (…). Así las cosas, a fin de garantizar la especial protección al paciente, el a-quo debió ordenar el servicio de enfermería domiciliaria más no el de cuidador domiciliario (…). Debido a las condiciones de salud física y mental de la esposa del paciente, que le impiden la idónea continuidad de su labor como cuidadora primaria, el servicio de enfermería domiciliaria debe prestarse durante las 24 horas del día, hasta que el agenciado en sus derechos fundamentales supere su estado de vulnerabilidad.(…) no hay lugar a acceder a la pretensión de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Departamento del Cesar para que se le autorice el recobro ante el FOSYGA por los gastos en que incurra por el cumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela para el suministro de medicamentos no incluidos en su Plan Obligatorio de Salud de naturaleza especial.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 11 / 11 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 48 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 100 DE 1993 / LEY 352 DE 1997 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 10 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1795 DE 2000

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la agencia oficiosa, ver: Corte Constitucional, sentencia T-109 de 22 de febrero de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Los requisitos jurisprudenciales para la autorización de medicamentos, procedimientos, o servicios, excluidos el Plan Obligatorio de Salud, ver: Corte Constitucional, sentencia T-383 de 28 de junio de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa, sentencia T-752 de 26 de septiembre de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa y sentencia T-574 de 15 de julio de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. En cuanto al servicio domiciliario de enfermería y del cuidador permanente, ver: Corte Constitucional, T-096 de 25 de febrero de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y sentencia T-594 de 30 de agosto de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Respecto a la regla general de acceso sin obstáculos al suministro de pañales desechables sin existencia de orden médica, ver: Corte Constitucional, sentencia T-478 de 9 de julio de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, sentencia T-383 de 28 de junio de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa, sentencia T-574 de 15 de julio de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 76001-23-33-000-2016-01530-01(AC)

Actor: ADOLFO LEÓN GORDILLO, POR INTERMEDIO DE AGENTE OFICIOSA AURA INÉS FRANCO

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL contra del fallo proferido el 14 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión Oral, mediante el cual accedió a las pretensiones de la demanda de amparo constitucional.

LA SOLICITUD DE TUTELA

El señor Adolfo León Gordillo, actuando por intermedio de su esposa Aura Inés Franco, en calidad de agente oficiosa, solicitó la tutela de los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social de su agenciado, los cuales estima vulnerados por la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA, la CLÍNICA REGIONAL DE OCCIDENTE – SANIDAD POLICIAL y el MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, al negarle el suministro de los insumos y el servicio de enfermería domiciliaria que requiere como consecuencia de las enfermedades que padece, con diez años de evolución, que lo mantienen en un estado de incapacidad absoluta y permanente.

HECHOS

De conformidad con lo expuesto por la agente oficiosa en su escrito de tutela, los hechos que motivan la acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

El señor Adolfo León Gordillo nació el 21 de febrero de 1943 en el municipio de Río Frío, Valle del Cauca.

En el año de 1961 adelantó un curso de Oficiales de la Policía Nacional y fue asignado para prestar servicio en diversas partes del país.

El día 28 de diciembre de 1968 contrajo matrimonio con la señora Aura Inés Franco. Del hogar que constituyeron nacieron tres hijos, Gustavo Adolfo Gordillo Franco de 45 años de edad, Jhon Fernando Gordillo Franco de 41 años de edad, y Julián Andrés Gordillo Franco de 36 años de edad, quienes han establecido hogares por fuera del núcleo familiar primario.

En el año de 1981 la Policía Nacional le reconoció pensión de jubilación al señor Adolfo León Gordillo.

A partir del año 1989 el pensionado empezó a padecer síntomas depresivos, afectivos, psicóticos, agresivos y de pérdida de memoria. Con el correr del tiempo su salud física y mental se fue deteriorando notablemente. Desde el año 2008 hasta la fecha sufre de síndrome demencial – déficit cognitivo moderado a severo, síndrome de Parkinson, hipertensión arterial e hipotiroidismo, según diagnóstico del psiquiatra tratante. Tales padecimientos le impiden razonar como una persona normal y realizar sus actividades diarias por sí mismo. Su esposa, quien presenta a nombre del enfermo esta acción de tutela, lo baña, lo viste, también lo asiste en sus necesidades fisiológicas, lo alimenta y vela por su estado de salud.

Como consecuencia de sus padecimientos, el señor Adolfo León Gordillo se encuentra postrado en una cama, sin poder movilizarse o desplazarse a ningún lugar, y requiere tanto asistencia como cuidado especial para realizar las actividades propias de su subsistencia, más aún cuando tampoco controla esfínteres. Es necesario cambiarlo de posición de manera constante para que no se le queme la piel ni le sobrevengan escaras.

A pesar de tener conocimiento de las condiciones de salud del paciente, los médicos tratantes se han negado a prescribirle pañales desechables, crema antipañalitis, crema humectante y pañitos húmedos para su limpieza, bajo el argumento de no encontrarse autorizados en el plan de salud.

La mesada pensional del señor Adolfo León Gordillo solamente alcanza para cubrir las necesidades básicas del hogar (alimentación, vestimenta, servicios públicos domiciliarios, administración del conjunto residencial donde habitan, y los traslados a las diversas citas y controles médicos).

La ardua labor que adelanta la esposa del discapacitado para asistirlo, le ocasionó a ésta una lesión en la columna vertebral y el neurocirujano tratante le diagnosticó espondilosis con espondilolistesis L5 - S1 grado 1. Además se le practicó una “Laminectomía lumbar de L5 por canal lumbar estrecho a este nivel con foraminectomía bilateral y se logra hacer una fijación transpedicular L5 – S1 con tornillos del sistema USS”.

Para evitar una nueva lesión de columna, la señora Aura Inés Franco solicitó a la Seccional de Sanidad de la Policía Nacional Valle del Cauca el servicio de enfermería en casa 24 horas pero le fue negado. Al insistir en su petición solo le autorizaron el servicio por 6 horas bajo el argumento de que ella lo podía atender el resto del día.

A la señora Aura Inés Franco se le han reactivado sus problemas lumbares. Además le diagnosticaron osteoartrosis de rodilla, osteoporosis e hipertrigliceridemia y también viene recibiendo atención siquiátrica como consecuencia de síntomas depresivos.

La Seccional de Sanidad Policial Valle del Cauca se comprometió por intermedio del FOMED a realizar una visita mensual para valorar el estado de salud de Adolfo León Gordillo y renovar la medicación, sin embargo no se han practicado. Ello ha obligado a la esposa del paciente a dejarlo solo y trasladarse a la división médica a fin de gestionar las cita y efectuar las transcripciones de la prescripciones farmacéuticas. También tiene que trasladarse con su esposo para acudir a la consulta médica, lo cual implica una labor dispendiosa y costosa.

LAS PRETENSIONES

La accionante solicitó como pretensiones las siguientes:

“1. Tutelar a favor de mi cónyuge ADOLFO LEÓN GORDILLO, los derechos fundamentales a la salud como derecho autónomo, la vida, calidad de vida y vida digna.

2. Se ORDENE a la Jefe de la EPS Seccional de Sanidad Policial Valle del Cauca, el suministro de PAÑALES TENA, TOALLITAS HUMEDAS, CREMA HUMECTANTE de AVON MOISTIRE THERAPY y PASTA LASSAR que hace de CREMA ANTIPAÑALITIS, que requiere mensualmente mi cónyuge ADOLFO LEON GORDILLO para soportar las patologías que padece y así procurar mejorar su calidad de vida.

3. Se ORDENE la autorización de enfermería en la tarde y en las noches, para completar el servicio en 24 horas, de acuerdo a lo fundamentado en esta acción de tutela, en especial a los numerales 18, 19 y 20.

4. Que se ORDENE la visita mensual del grupo interdisciplinario FOMED de la Clínica de Sanidad Policial Valle del Cauca, con el fin de que se analice el estado de salud de mi esposo y transcriban las fórmulas médicas para el control de cada una de las patologías que padece mi cónyuge, toda vez que en la actualidad me veo obligada a llevar en ambulancia cada mes a mi ser querido a la clínica para que transcriban las fórmulas médicas”.

IV. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

El Magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de 5 de octubre de 2016, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a: i) la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional; ii) la Dirección de Sanidad de la Policía Seccional Valle del Cauca; iii) la Clínica Regional de Occidente Sanidad Policial; y iv) al Ministerio de Defensa – Policía Nacional. A todos les concedió el término de dos días hábiles para que rindieran informe sobre los hechos originarios de la acción de tutela y allegaran las pruebas pertinentes.

V. ACTUACIONES DE LAS PERSONAS DEMANDAS Y VINCULADAS AL TRÁMITE CONSTITUCIONAL

V.1. La Policía Nacional Dirección de Sanidad Seccional Valle del Cauca

Por intermedio de la Jefe Seccional de Sanidad del Valle del Cauca, se opuso a las pretensiones de la demanda.

Precisó que la prestación de los servicios requeridos por el accionante no se ha contratado en la actualidad por falta de disponibilidad presupuestal.

Informó que de conformidad con los hechos expuestos en la demanda y en atención a las condiciones de salud del señor Adolfo León Gordillo, se procedió por parte de la Oficina de Sanidad y del Pomed a programar una junta médica y estudiar el caso del paciente con un grupo interdisciplinario para resolver sobre sus necesidades y determinar las razones generadoras de las complicaciones planteadas.

Acotó que solo se suministran los medicamentos y procedimientos previstos en el Plan de Beneficios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, debiendo acudir al Comité Técnico Científico cuando lo prescrito por los médicos tratantes no está en dicho plan, siempre y cuando el paciente no cuente con la capacidad económica para costearlos.

Insistió que el accionante debe ajustarse al Plan del Subsistema de Salud de la Policía Nacional y que en caso de ordenarse la prestación de servicios, tratamientos o medicamentos que no estén incluidos en el mismo, debe autorizarse el recobro al Fosyga.

Finalmente solicitó la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado porque “…la Dirección de Sanidad – Seccional Sanidad Valle del Cauca, dio el respectivo trámite para que el Accionante obtenga sus servicios de salud y de conformidad con las normas imperativas que regulan su funcionamiento […]

V.2. La Dirección Nacional de Sanidad de la Policía, la Clínica Regional Occidente de Sanidad Policial, y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, guardaron silencio.

VI. LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia proferida el 14 de octubre de 2016, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, resolvió:

“PRIMERO: TUTELAR el derecho a la salud y a la vida en condiciones de dignidad del señor ADOLFO LEÓN GORDILLO vulnerados por la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, de acuerdo con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, suministre al señor ADOLFO LEÓN GORDILLO, los pañales, la crema antipañalitis, pañitos húmedos, crema humectante y demás elementos complementarios, que requiere para sobrellevar su estado de salud y las condiciones especiales de vulnerabilidad que atraviesa por su avanzada edad, y le proporcione el servicio de cuidador domiciliario, por ocho (8) horas diarias, adicionales al servicio de enfermería que actualmente recibe por seis (6) horas diarias; servicios que deberán ser suministrados de manera continua y periódica hasta que el agenciado supere su estado de vulnerabilidad.

TERCERO: ORDENAR a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, garantice al señor ADOLFO LEÓN GORDILLO, la prestación de los tratamientos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, medicamentos, suplementos, seguimientos, terapias, y demás servicios que ordenen sus médicos tratantes para el tratamiento integral de las enfermedades o condiciones especiales de salud que padece o le sean diagnosticadas con posterioridad.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes en los términos del artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres (03) días siguientes a su notificación de conformidad con lo normado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser impugnado este proveído.

SÈPTIMO: Una vez regrese de la Corte Constitucional el expediente exento de revisión, se archivará realizadas las anotaciones en el software de gestión.
(…)”.

Adoptó tales decisiones luego de establecer los siguientes hechos:

-Las patologías que padece el agenciado y las consecuencias que ellas originan en su estado de salud mental y físico permiten entender como razonable que adicionalmente al servicio de enfermería suministrado por la Institución de Sanidad de la Policía, el paciente requiera de un cuidador permanente que le ayude a realizar sus mínimas actividades diarias de manera independiente, tales como ir al baño, comer, caminar, vestirse y sostenerse en pie, debido a que su incapacidad funcional es de carácter degenerativo.

-Si bien la responsabilidad de ayudar al paciente con sus necesidades básicas cotidianas recae en su esposa, se encuentra acreditado que ella no cuenta con la colaboración adecuada de sus hijos mayores de edad quienes han hecho su vida fuera del hogar. Además padece de afecciones en la zona lumbar, presenta patologías tanto depresivas como de ansiedad, refiriendo un estado de cansancio y agotamiento significativo, tanto físico como emocional, debido al rol de cuidadora que desempeña respecto de su esposo.

-El hogar del paciente no está en condiciones económicas para costear el valor de un cuidador permanente de manera particular, en tanto la demandante asevera que afrontan una situación económica precaria al disponer solo del ingreso derivado de la mesada pensional del enfermo, lo cual resulta insuficiente al punto que en muchas ocasiones deben dejar de comprar los alimentos necesarios, para poder adquirir los pañales desechables y los elementos de aseo que requiere el tutelante.

-En el expediente no obran manifestaciones provenientes de la entidad accionada que desvirtúen la incapacidad económica alegada ni pruebas indicadoras de lo contrario.

-Las condiciones físicas y mentales en que se encuentra la agente oficiosa, además de su edad, le impiden proporcionar a su esposo los cuidados y soportes que éste requiere en sus actividades cotidianas, aparte de que tampoco cuenta con ingresos económicos para sufragar el costo de tal servicio.

-Los médicos tratantes de la entidad accionada han valorado el estado de salud del paciente, prescribiéndole el servicio de atención domiciliaria, suministro de pañales, pañitos húmedos, crema antipañalitis y servicio domiciliario de enfermería por seis (6) horas diarias. Sin embargo, en el expediente no existe prueba que demuestre que dichos servicios le han sido efectivamente suministrados al actor.

Como consecuencia de lo anterior el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó así:

“…es razonable afirmar que el derecho a la salud y la dignidad del señor ADOLFO LEÓN GORDILLO se ha visto vulnerado por la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, al no proporcionarle de manera ágil y oportuna los servicios médicos y asistenciales que requiere para vivir en condiciones dignas y recibir un trato ajustado a su estado de vulnerabilidad, como quiera que los pañales desechables y los elementos complementarios, así como el servicio de cuidador domiciliario devienen como indispensables para que mejore sus condiciones de salud y se recupere de las dolencias que lo aquejan, o para que al menos pueda afrontar las consecuencia que se derivan de sus deficiencias mentales y físicas de manera más tranquila y confortable.

Ahora bien, no puede olvidarse que dichas garantías fundamentales solo se materializan si el paciente recibe los servicios prescritos por su médico tratante, de manera real y efectiva, lo que torna en procedente la protección solicitada…”.

El salvamento de voto.

Uno de los magistrados integrantes de la Sala de decisión salvó su voto al considerar que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional sí ha brindado toda la atención médica y asistencia requerida por el paciente. Fundamentó su disenso en el concepto expedido por la líder del Programa Médico Domiciliario que da cuenta de la visita realizada al paciente, del cual se puede colegir que se le ordenó el suministro de pañales, la crema antipañalitis, los pañitos húmedos, la visita médica domiciliaria, y la continuidad del servicio de enfermería, configurándose la carencia actual de objeto por hecho superado.

Acerca del servicio de cuidador domiciliario que le fue ordenado, argumentó que se debieron observar los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional en sus sentencias, en las cuales ha fijado como características de esta figura las siguientes: i) Por lo general son sujetos no profesionales en el área de la salud, ii) en la mayoría de los casos resultan ser familiares, amigos o personas cercanas de quien se encuentra en situación de dependencia, iii) prestan de manera prioritaria, permanente y comprometida el apoyo físico necesario para satisfacer las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria de la persona dependiente y aquellas otras necesidades derivadas de la condición de dependencia que permitan un desenvolvimiento cotidiano del afectado y, por último, iv) brindan con la misma constancia y compromiso, un apoyo emocional al sujeto por el que veían.

Teniendo en cuenta que las labores del cuidador domiciliario las asume generalmente una persona que compone el núcleo familiar, expresó que si el paciente convive con su esposa y tiene tres hijos, éstos serían los llamados inicialmente a prestar la atención necesaria para su recuperación.

VII. LA IMPUGNACIÓN

La Policía Nacional, Dirección de Sanidad, Seccional Valle del Cauca, impugnó la sentencia de primera instancia que concedió el amparo solicitado.

Alegó que el paciente cuenta con esposa y tres (3) hijos quienes tienen el deber de solidaridad para con él, por los lazos de afecto y la consanguinidad que los unen.

También insistió en que, por solicitud de la familia, se realizó valoración psiquiátrica al señor Adolfo León Gordillo, en la que se dictaminó que el paciente presenta un deterioro global de su personalidad y de sus funciones cognitivas de 10 años de evolución, que le genera una discapacidad absoluta y permanente, y que actualmente está postrado en cama, donde recibe cuidados de enfermería por parte del programa home care de la EPS y de sus familiares (esposa e hijos).

Resaltó que igualmente se le brindan los siguientes servicios: i) enfermería de lunes a domingo por seis horas diarias de 7:00 am a 1:00 p.m. con asistencia al usuario en actividades como baño, vestido, tendido de cama, alimentación, administración de medicamentos, curaciones, cambio de posición, etc; ii) terapia física domiciliaria tres veces por semana; iii) tratamiento terapéutico por fonoaudiología con valoraciones semanales; iv) acompañamiento y visitas a domicilio de los profesionales en salud mental; v) autorización para la entrega de pañales desechables, crema antipañalitis y pañitos húmedos; vi) visita médica domiciliaria; y vii) entrega de alimento nutricional y medicamentos.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 14 de octubre de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

VIII.2. Problema jurídico a dilucidar

En atención a lo planteado en los hechos de la demanda, en el fallo de primera instancia y en el escrito de impugnación, corresponde establecer a la Sala:

-Si la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Valle del Cauca, le ha vulnerado al señor Adolfo León Gordillo los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad social: i) al negarle los pañales desechables, los pañitos humectantes y la crema antipañalitis, por no encontrarse en el Plan de Sanidad; y ii) no autorizarle el cuidado diario de enfermería domiciliaria por 24 horas; todo lo cual resulta necesario para el paciente como consecuencia de su condición de discapacidad absoluta y permanente por el síndrome demencial con déficit cognitivo moderado a severo, asociado a síndrome de Parkinson, hipertensión arterial e hipotiroidismo, que padece.

De ser positiva la respuesta, también debe determinar la Colegiatura:

-Si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, ante la manifestación de la líder del Programa Médico Domiciliario en el sentido de haber autorizado en la visita domiciliaria practicada al paciente el 14 de septiembre de 2916, todos los servicios e insumos requeridos; y

-Si la orden de suministrar un cuidador debió impartirse a la esposa y los tres hijos del paciente mas no a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

A fin de absolver tales interrogantes, la Sala ha de referirse previamente a: i) la procedencia de la agencia oficiosa; ii) los derechos fundamentales a la vida, salud y seguridad social; ii) la autorización de entrega de medicamentos, procedimientos, o servicios excluidos del Plan Obligatorio de Salud, particularmente de los pañales desechables, crema antipañalitis, pañitos húmedos; iii) el servicio de enfermería domiciliaria y de cuidador permanente; y a iv) la carencia actual de objeto.

VIII.3. La agencia oficiosa en la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona cuenta con la acción de tutela para reclamar por sí misma o por quien actúe a su nombre la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

En virtud de ello, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 prevé que se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, lo cual debe manifestarse en la solicitud de amparo.

Por tanto, es claro que la acción de tutela puede ser promovida para garantizar derechos ajenos, para lo cual la jurisprudencia constitucional ha señalado que se deben satisfacer los siguientes elementos normativos; i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando como tal; ii) del escrito de tutela se debe poder inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer la acción de tutela, ya sea por circunstancias físicas o mentales; iii) la informalidad de la agencia, pues esta no implica que deba existir una relación formal entre el agente y los agenciados; y iv) la ratificación de lo actuado en el proceso.

VIII.4. Los derechos fundamentales a la vida, seguridad social y salud

La protección del derecho fundamental a la vida, previsto en el artículo 11 de la Carta Política, no se centra únicamente en su connotación biológica, sino que se extiende a las condiciones de dignidad en que se debe desarrollar la existencia del ser humano.

El derecho a la seguridad social, dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, se ha reconocido como fundamental en tanto la satisfacción de su contenido, esto es, del derecho a la pensión y a la salud, envuelve así mismo el goce de las demás libertades. Sin embargo, para su amparo resulta necesario que se satisfagan los requisitos legales y reglamentarios previamente dispuestos para su realización, ello sin desconocer el carácter de derecho irrenunciable.

A su turno, la salud viene concebida en la Carta Política como: i) un servicio público a cargo del Estado; ii) un deber ciudadano de procurar el propio cuidado integral; iii) una garantía para todas las personas de acceder a los servicios de promoción, protección y recuperación; iv) un derecho fundamental de los niños; v) un servicio garantizado a las personas de la tercera edad; vi) una prestación especializada para los disminuidos físicos, sensoriales y físicos; y vii) un valor que se debe proteger en relación con toda persona de conformidad con el principio de solidaridad social. Además se ha reconocido como un derecho fundamental autónomo.

VIII.5. Los requisitos jurisprudenciales para la autorización de medicamentos, procedimientos, o servicios, excluidos el Plan Obligatorio de Salud. Regla General de Acceso sin obstáculos al suministro de pañales desechables

Estos requisitos comportan condiciones fácticas que se han determinado para, en cada caso concreto, inaplicar las normas de dichos planes que excluyan prestaciones tendientes a la prevención, conservación o superación de circunstancias que impliquen una amenaza o vulneración a los derechos a la vida, salud y seguridad social.

En términos generales se debe verificar o establecer que: i) la falta de servicio o medicamento amenace o vulnere los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; ii) el servicio o medicamento no pueda ser sustituido por otro que se encuentre en el plan obligatorio; iii) el interesado no pueda costearlo directamente y no pueda acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y iv) el servicio o medicamento haya sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada.

En las sentencias T-752 de 2012 y T-383 de 2013, la Corte Constitucional reiteró el precedente constitucional según el cual los pañales desechables, excluidos del POS, si bien no se prescriben para mejorar una condición de salud, contribuyen a que las personas puedan llevar una vida en condiciones dignas, lo cual los convierte en implementos que se requieren con necesidad.

En tales fallos se puso de presente que al solicitar el suministro de pañales desechables, los interesados se encuentran con la reticencia del personal médico para prescribirlos y con la negativa de las EPS o entidades de sanidad para autorizarlos, en atención a que consideran que no son un servicio que contribuya al mejoramiento del estado de salud del paciente.

Para solucionar tal situación, la jurisprudencia constitucional estableció una regla general de acceso sin obstáculos al suministro de pañales, por parte de quienes requieran dicho servicio, con miras a hacer efectiva la garantía al goce del derecho a la vida en condiciones de dignidad.

En consecuencia, por regla general, se debe suministrar pañales sin obstáculo alguno, a las personas que:

“(i) sufren de enfermedades congénitas, accidentales o como consecuencia del deterioro en su salud por su avanzada edad.
(ii) no controlan sus esfínteres, y la falta de control es secuela permanente de sus afectaciones en salud;
(iii) dependen de un tercero de forma parcial o permanente, para moverse, alimentarse y realizar necesidades fisiológicas; y,
iv) finalmente, no cuentan con la capacidad económica, ni con su familia en forma subsidiaria, para sufragar el costo del servicio en forma particular”.

Es más, en particulares casos de apremio y evidente afectación de derechos fundamentales, se ha ordenado el suministro de pañales sin que exista orden médica que los prescriba.

VIII.6. El servicio domiciliario de enfermería y de cuidador permanente. Alcance dispuesto en la jurisprudencia

El servicio domiciliario de enfermería se define como una modalidad de prestación de salud extra hospitalaria “que busca brindar una solución a los problemas de salud en el domicilio o residencia y que cuenta con el apoyo de profesionales, técnicos o auxiliares del área de la salud y la participación de la familia”. Dicho servicio está incluido en el Plan Obligatorio de Salud – POS y debe ser prescrito por el médico tratante y garantizado por la EPS.

En cuanto a las Fuerzas Militares y de Policía se refiere, su Subsistema de Seguridad Social se encuentra regulado en el Decreto 1795 de 14 de septiembre de 2000, el Plan Básico de Salud viene establecido en el Acuerdo 02 de 27 de abril de 2001 y el listado actualizado de medicamentos cubiertos está relacionado en los Acuerdos 042 de 21 de diciembre de 2005 y 046 de 12 de abril de 2007. De conformidad con lo dispuesto en la sentencia T-594 de 2013, el servicio de enfermería permanente o 24 horas no está incluido en tales listados, solo la atención o visita domiciliaria para realizar procedimientos de enfermería. Sin embargo, no se entiende como razonable que en tratándose de regímenes especiales de salud, estos no contengan como mínimo las prestaciones previstas en el régimen general.

Por su parte, el servicio de cuidador de personas en situación de dependencia lo prestan generalmente familiares, amigos o personas cercanas al paciente, que ordinariamente no son profesionales en el área de la salud y lo hacen de manera prioritaria, permanente y comprometida para satisfacer las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria de la persona dependiente, aunque no se trata de una prestación calificada que atienda el servicio de salud directamente, pues responde siempre al principio de solidaridad. Tal labor no está considerada en el POS.

VIII.7. La carencia actual de objeto

La acción de tutela se concibió para obtener la protección efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto necesario, al punto de no existir el motivo o razón que justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se configura, así, la carencia actual de objeto.

Se sigue de lo dicho que la carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos tales como el hecho superado y el daño consumado.

El primero acaece cuando se supera la afectación de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección constitucionalmente previsto, o en el evento en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se va a lograr el amparo solicitado. Por su parte, el daño consumado ocurre cuando las condiciones de hecho que configuran la amenaza o vulneración alegada desaparecen pero sin existir una reparación del daño.

IX. El caso concreto

El señor Adolfo León Gordillo nació el 21 de febrero de 1943, por lo que a 4 de octubre de 2016, fecha de presentación de la acción de tutela, contaba con 73 años de edad. Además recibe pensión de jubilación por parte de la Policía Nacional.

De conformidad con los exámenes médicos y de laboratorio que le fueron practicados, se le diagnosticó que padece de síndrome demencial con déficit cognitivo moderado a severo, asociado a síndrome de Parkinson, hipertensión arterial e hipotiroidismo. Su delicada situación mental y física ha llevado a sus médicos tratantes a considerarlo como una persona con discapacidad absoluta y permanente.

Su edad y estado de salud lo hacen sujeto de especial protección constitucional por encontrarse en situación de debilidad manifiesta, lo cual impone una interpretación flexible y garantizadora de sus derechos fundamentales.

Las exigencias normativas previstas para la procedencia de la agencia oficiosa se entienden satisfechas en este caso concreto. Aunque la señora Aura Inés Franco, esposa del señor Adolfo León Gordillo, no manifiesta de manera expresa que actúa como su agente oficiosa, las condiciones de salud en que se encuentra este último, que llevan a considerarlo como un sujeto con discapacidad absoluta y permanente, y el hecho de estar a cargo y bajo el cuidado de su cónyuge, legitiman su actuación. Por esa misma situación de salud del paciente resulta difícil una ratificación expresa de la agencia oficiosa por parte del titular de los derechos fundamentales.

IX.1. El suministro de pañales desechables, toallitas húmedas, crema humectante y crema antipañalitis

La agente oficiosa manifiesta en la demanda de tutela que desde el año 2014 le ha pedido a la Seccional de Sanidad Policial del Valle del Cauca el suministro de pañales desechables, toallitas húmedas, crema antipañalitis y crema humectante para la atención de su esposo, insumos que le han sido negados con el argumento de no encontrarse en el plan obligatorio de salud de la Policía Nacional.

En efecto, mediante oficio número 0204/JEFAT – ATEUS 10.8.4.1.1 el Jefe Seccional de Sanidad del Valle del Cauca le respondió así:

“Revisado su caso nos permitimos informarle respecto al requerimiento de pañales desechables para el uso del señor Adolfo León Gordillo, que este insumo no se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud, (…)”.

Tal como se dejó expuesto en el acápite VIII.5 de este fallo, la Corte Constitucional estableció una regla general de acceso sin obstáculos al suministro de pañales desechables, a las personas que:

“(i) sufren de enfermedades congénitas, accidentales o como consecuencia del deterioro en su salud por su avanzada edad.
(ii) no controlan sus esfínteres, y la falta de control es secuela permanente de sus afectaciones en salud;
(iii) dependen de un tercero de forma parcial o permanente, para moverse, alimentarse y realizar necesidades fisiológicas; y,
iv) finalmente, no cuentan con la capacidad económica, ni con su familia en forma subsidiaria, para sufragar el costo del servicio en forma particular”.

Es más, en particulares casos de apremio y evidente afectación de derechos fundamentales, se ha ordenado el suministro de pañales sin que exista orden médica que los prescriba.

En el caso bajo estudio se advierte que la situación del señor Adolfo León Gordillo es apremiante porque depende de un tercero en forma permanente para moverse, alimentarse y realizar sus necesidades fisiológicas, a raíz de las enfermedades incapacitantes que padece, que le han traído como consecuencia la relajación de esfínteres y particularmente la incontinencia urinaria, las cuales le han ocasionado una notable disminución física al punto de reconocerlo como sujeto con discapacidad absoluta y permanente. Por ello resulta evidente que se configuran las tres primeras reglas previstas para ordenar el suministro de pañales desechables, toallitas húmedas, y crema antipañalitis o humectante, por vía de tutela, cuando se necesitan con urgencia y no existe orden médica, más aún cuando en este caso han sido negados por no figurar en el Plan Especial de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía.

Ahora bien, en cuanto al requisito de la falta de capacidad económica para correr con los costos del insumo, la agente oficiosa manifiesta que el hogar subsiste con la pensión de su esposo la cual asciende a la suma de $2.230.732 y recibe una suma neta de $2.057.847 según se aprecia en la fotocopia del volante de pago obrante a folio 181 del expediente acompañado por la parte demandada.

También asegura que el monto de la pensión de su cónyuge solamente alcanza para cubrir las necesidades básicas del hogar, correspondientes a alimentación, vestimenta, servicios domiciliarios, gastos de administración del conjunto donde viven, y lo concerniente a sufragar los traslados a las diferentes citas o controles médicos, rubros que ha tenido que restringir para cubrir con dificultad los costos de los pañales desechables y las cremas.

En estos términos, la Sala encuentra satisfechos todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que se ordene el suministro de implementos que se requieran con necesidad, aún sin que exista orden médica que los prescriba, tal como lo dispuso el fallo de primera instancia.

Sin embargo, ante lo planteado en el escrito de impugnación y el salvamento de voto de uno de los magistrados integrantes de la Sala de Decisión de primera instancia, que alegó la ocurrencia de la carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto en visita médica domiciliaria efectuada al paciente se autorizó la entrega de los insumos reclamados, el Magistrado ponente solicitó a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Valle del Cauca que informara si al paciente, por intermedio de sus familiares, le entregaron materialmente tales insumos.

Mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2017, la Jefe y el Asesor Jurídico de la División de Sanidad del Valle del Cauca, ponen de presente que al paciente se le entregan mensualmente los siguientes insumos: 90 pañales talla M, pañitos húmedos, crema almipro y crema humectante. De igual forma manifiestan que la última entrega de tales insumos se produjo el 27 de enero de 2017, en cantidades para ser usadas durante los meses de febrero y marzo, y acompañan constancia del recibo de dichos insumos por parte de la señora Aura Inés Franco.

Con todo, en el mismo informe rendido a esta Sala se resalta que la última visita médica domiciliaria se llevó a cabo el 8 de mayo de 2017 sin que se informara sobre la autorización y entrega de los pañales, los pañitos húmedos, la crema humectante requerida por el paciente debido a su comprobado estado de discapacidad absoluta y permanente.

Por tanto, no se configura la carencia actual de objeto por hecho superado y habrá de confirmarse la declaratoria de vulneración de los derechos fundamentales del paciente y la orden impartida por el a-quo respecto del suministro de pañales desechables, toallitas húmedas, crema humectante y crema antipañalitis. Así se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Los servicios de enfermería domiciliaria y de cuidador domiciliario

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Valle del Cauca, impugnó la sentencia de tutela de primera instancia por cuanto, a su juicio, el a-quo no debió ordenarle que le suministrara al paciente un cuidador domiciliario, sino que tal mandato debió dirigirlo tanto a la esposa como a los tres hijos del señor Adolfo León Gordillo.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe advertir que en la demanda de amparo la agente oficiosa del titular de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados, solicita que se ordene enfermería domiciliaria en la tarde y en las noches para completar de esta manera las 24 horas de atención, en tanto ya vienen autorizadas inicialmente 6 horas en las mañanas.

A efectos de resolver tal inconformidad, deviene necesario precisar de manera previa el alcance de cada uno de estos servicios y lo dispuesto en la jurisprudencia respecto de ellos.

En la Sentencia T-594 de 30 de agosto de 2013, la Corte Constitucional se pronunció sobre el caso de un patrullero de la Policía Nacional, con disminución del 100% de su capacidad psicofísica y un diagnóstico de “vida neurovegetativa persistente”, a quien la Dirección de Sanidad le negó el servicio de enfermería permanente 24 horas bajo el argumento de que tal prestación no se encuentra en el Plan de Beneficios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía.

En esa ocasión la Corte determinó que: i) el servicio de enfermería permanente o 24 horas no está incluido en el Plan Básico de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía, solo la atención o visita domiciliaria para la realización de procedimientos por enfermería; ii) se está negando un servicio excluido del POS que el paciente requiere con necesidad y no cuenta con recursos económicos para costearlo, además de haber sido prescrito por el médico tratante; y iii) el paciente requiere medicamentos en dosis precisas, sonda gástrica, traqueotomía para respirar; convulsiona y desconecta los aparatos. Ante la compleja situación de salud ordenó a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de Norte de Santander, que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, efectuara una junta médica interdisciplinaria para la valoración integral del paciente y que a partir de sus resultados definiera la intensidad con la cual se debe prestar el servicio solicitado.

Posteriormente, la Corte Constitucional en fallo T-478 de 2014, planteó que debido a la imposibilidad de asistencia adecuada por parte de un cuidador, procede el servicio de enfermería domiciliaria, sin que con ello se desconozca el principio de solidaridad social, evento para el cual no es indispensable que medie orden del médico tratante por cuanto dicho servicio va a depender de las posibilidades del cuidador de realizar la labor de asistencia sin obstáculos.

En la misma providencia la Corte explicó que para el caso del servicio de enfermería domiciliaria, cuando hay una persona enferma al cuidado de otra, un familiar por ejemplo, que no puede asistirla adecuadamente porque su avanzada edad o estado de salud no se lo permite, es procedente que el Estado, a través del sistema de seguridad social y en virtud del principio de solidaridad, autorice que un profesional asista al paciente en su hogar.

Particularmente se refirió al caso de un enfermo a cargo de un cuidador que igualmente presentaba un estado de salud precario, y lo hizo en los siguientes términos:

“En el caso concreto del servicio de enfermera domiciliaria la Corporación ha sostenido que cuando hay una persona enferma que está al cuidado de otra, un familiar por ejemplo, que no puede asistirla adecuadamente porque su edad avanzada o estado de salud no se lo permite, es procedente que el estado, a través del sistema de seguridad social y en virtud del principio de solidaridad, autorice que un profesional asista al paciente en su hogar.

Para esta Corporación la labor de cuidado y asistencia no puede desarrollarse en perjuicio de la salud de otra persona o sin consideración a los obstáculos que su avanzada edad le puede generar, como la falta de fuerza, que es una situación recurrente alegada por los accionantes en sede de tutela. La Corte considera que se vulneran los derechos fundamentales del paciente y de su cuidador cuando se niega la asistencia profesional bajo el argumento de que el cuidado en casa es una labor que debe realizarse de forma exclusiva por la familia. Encuentra asimismo, que se genera una amenaza de la estabilidad de la salud, tanto del paciente como del cuidador, cuando se le exige a este último asistir al primero, a pesar de manifestar la imposibilidad de hacerlo, por causa de situaciones sobre las cuales no se tiene incidencia como la salud y la edad. La finalidad de ordenar la asistencia de una enfermera domiciliaria resulta ser, entonces la protección del derecho a la salud de ambas personas.

Se reitera que cuando un usuario del sistema de salud solicita servicios asistenciales –enfermera domiciliaria-, autorizarlos directamente o por vía de una orden de tutela va a depender de las posibilidades reales del cuidador de realizar la labor de asistencia sin obstáculos. Por ello, entonces, no es indispensable que medio orden del médico tratante.

Con fundamento en lo expuesto, cuando una entidad encargada de garantizar el acceso a servicios de salud tenga noticia de que un usuario afiliado a su red de servicios, requiere un servicio médico, exista o no exista dictamen de médico tratante que soporte el requerimiento del servicio, como la entidad conoce los antecedentes de las enfermedades y padecimientos del paciente, debe estar al tanto de los servicios de salud que se necesitan para tratarlos, o son necesarios para garantizar su vida en condiciones dignas. Además, las entidades de salud deben asegurar, como mínimo, que el usuario acceda al examen diagnóstico necesario para determinar la pertinencia de ordenar o no un servicio médico, examen que no solo debe considerar la historia clínica del paciente, sino también la capacidad económica del usuario y de la familia en forma subsidiaria, de forma tal que se pueda determinar”. Negrillas y subrayas no originales.

De otra parte, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 12 de febrero de 2015 ordenó a la Nueva Empresa Promotora de Salud EPS – Nueva EPS que autorizara y suministrara el servicio de auxiliar de enfermería domiciliaria a una paciente. Adujo “que las cargas que constituyen el cuidado físico y emocional necesario para satisfacer las necesidades básicas e instrumentales de la vida de (la paciente), y aquellas otras necesidades derivadas de la condición de dependencia que permitan su desenvolvimiento cotidiano, no son soportables para la familiar más próxima que se encarga de proporcionar dichos cuidados, su madre, la señora (…), pues es una persona que tiene 87 años, circunstancia que además de otorgarle la condición de sujeto de especial protección por pertenecer al grupo de personas de la tercera edad, pone de manifiesto sin entrar en mayores consideraciones la dificultad sobre todo física, de atender y cuidar a su hija”.

En la sentencia T-096 de 2016, la Corte Constitucional insistió en la procedencia del servicio de atención domiciliaria como una modalidad de servicios de salud extra hospitalaria con miras a brindar una solución a los problemas de salud en el domicilio o residencia del enfermo, siempre que sea prescrito por el médico tratante. También se refirió al cuidador de personas y lo definió como aquel que realiza una actividad social, de ayuda y acompañamiento a quienes se hallan en total situación de dependencia.

Igualmente cabe recordar que en la sentencia T-414 de 2016, la Corte Constitucional dispuso que bajo la categoría de atención domiciliaria se agrupan aquellos procedimientos, insumos, dispositivos y, en general, tecnologías en salud por medio de los cuales las EPS se encargan de garantizar al usuario un óptimo tratamiento de su patología en su lugar de residencia como sustituto de la atención hospitalaria, entre los cuales se cuentan, por ejemplo, valoraciones, terapias ocupacionales, físicas y de lenguaje, visitas médicas, servicio de enfermería e, inclusive, adecuación de la vivienda mediante camas hospitalarias y colchones antiescaras”.

En el mismo fallo se refirió al servicio de cuidador domiciliario de personas y sostuvo que no sería en estricto sentido una prestación que deban suministrar las EPS, pues se trata principalmente de una función que no demanda una idoneidad o entrenamiento en el área de la salud, en tanto está más vinculada al área de socorro físico y emocional de la persona enferma, por lo cual es una tarea que corresponde, en primera instancia, a los familiares en virtud del principio de solidaridad, o en su ausencia, al Estado.

Sin embargo, también relacionó una serie de circunstancias excepcionalísimas que deben ser examinadas con el máximo de precaución para determinar la verdadera necesidad del servicio de cuidador domiciliario de personas, a saber: i) si los específicos requerimientos del afectado sobrepasan el apoyo físico y emocional, ii) el grave y contundente menoscabo de los derechos fundamentales del cuidador como consecuencia del deber de velar por el familiar enfermo, y iii) la imposibilidad de brindar un entrenamiento adecuado a los parientes encargados del paciente.

Bajo esta misma dirección, concluyó que una Entidad Prestadora de Salud no es la llamada a garantizar el servicio de cuidador permanente a una persona que se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta cuando: i) efectivamente se tenga certeza médica de que el sujeto dependiente solamente requiere que una persona familiar o cercana se ocupe de brindarle de forma prioritaria y comprometida un apoyo físico y emocional en el desenvolvimiento de sus actividades básicas cotidianas; ii) la labor a desarrollar sea una carga soportable para los familiares próximos de aquella persona a quien se deba proporcionar tal cuidado; y iii) a la familia se le brinde un entrenamiento o una preparación previa que sirva de apoyo para el manejo de la persona dependiente, así como también un apoyo y seguimiento continuo a la labor que el cuidador realizará, con el fin de verificar constantemente la calidad y aptitud del cuidado, prestación esta última que sí debe ser asumida por la EPS a la que se encuentre afiliada la persona en situación de dependencia.

Concretadas las pretensiones tanto de la parte actora como de la parte demandada o impugnante, se tiene lo siguiente:

La agente oficiosa manifiesta en la demanda de tutela que, en atención a la lesión lumbar y los síntomas depresivos que padece, solicitó inicialmente a Sanidad Policial del Valle del Cauca el servicio de enfermería domiciliaria para su esposo por el término de 24 horas y solo se le autorizó por 6 horas. A su juicio tal decisión no resultó acertada por cuanto el cuidado que debe tener con su esposo en el día es el mismo que debe prodigarle en la noche, el cual no puede llevar a cabo por la lesión lumbar, la ansiedad, la depresión, la osteoporosis y la hipertrigliceridemia que padece y le vienen tratando médicamente.

Por tales razones acudió a la acción de tutela y en el fallo de tutela de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca le ordenó a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que se le proporcionara al paciente el servicio de cuidador domiciliario por 8 horas diarias, adicionales al servicio de enfermería domiciliaria que actualmente recibe por 6 horas al día, servicios que deberán ser suministrados durante el día, de manera continua y periódica, hasta la superación de su estado de vulnerabilidad. Lo dispuso así al considerar que lo pretendido es obtener la presencia de otra persona para que cuide al enfermo y lo ayude a realizar sus actividades elementales ordinarias.

En el expediente consta que a la señora Aura Inés Franco quien en la actualidad cuenta con 64 años de edad y funge como cuidadora del paciente, se le diagnosticó una espondilólisis con una espondilolistesis L5-S1 grado II con importante comprensión del canal a este nivel produciendo una radiculopatía especialmente del lado derecho; se le practicó cirugía el 14 de diciembre de 2000, concretamente una laminectomía lumbar de L5 por canal lumbar estrecho con foraminectomía bilateral y se logró hacer una fijación transpedicular L5-S1 con tornillos del sistema USS. Además se le valoró y viene recibiendo tratamiento médico por padecer de dolores lumbares, de hipotiroidismo no especificado tipo repetido, de osteoporosis, así como afrontar patologías depresivas y de ansiedad, asociadas a cansancio y agotamiento como consecuencia de la actividad de cuidadora de su esposo que desempeña.

Tales condiciones conducen a la Sala a entender que la cuidadora no puede asistir adecuadamente a su esposo debido a que la edad con la que cuenta y su estado de salud no se lo permiten, razón por la cual procede el servicio de enfermería domiciliaria, sin que con ello se desconozca el principio de solidaridad, porque la labor de cuidado mal puede imponerse en perjuicio de la salud del mismo cuidador primario. Frente a la situación fáctica acreditada, la finalidad de ordenar el servicio de enfermería domiciliaria viene habilitada por la guarda de los derechos fundamentales de ambas personas. Además, resulta evidente que la carga de cuidadora primaria de su esposo, que de tiempo atrás viene cumpliendo la señora Aura Inés Franco, no resulta soportable para ella. Así lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia T-478 de 2014 y la Sección Primera del Consejo de Estado en fallo AC-2014-03861-00, cuyos alcances se dejaron expuestos con anterioridad.

De otra parte, en el informe de la visita domiciliaria efectuada por un grupo interdisciplinario de profesionales en salud se avala la continuidad del servicio de enfermería domiciliaria por seis horas, de lunes a domingo, para la asistencia del paciente en sus cuidados básicos, tales como baño, alimentación, vestido, administración de medicamentos, curaciones, tomas de exámenes de laboratorio, movilización con apoyo del cuidador primario, a partir de lo cual cabe entender que los cambios de posición del paciente no son simples actos mecánicos sino que requieren conocimientos de fisioterapia y enfermería como mínimo. De otra parte no se plantea justificación razonable que permita entender la procedencia del servicio de enfermería domiciliaria solo por seis horas diarias cuando las deplorables condiciones de salud del paciente comportan una discapacidad absoluta y permanente.

En la visita médica interdisciplinaria que se le practicó se concluyó que el paciente no responde a órdenes verbales, se trata de un anciano frágil con síndrome de inmovilidad y una cadena muscular posterior con retracciones, con control cefálico y control central deficiente, sin posibilidad por sí mismo de efectuar ajustes posturales, razón por la cual requiere de manejo terapéutico, de la continuidad de las visitas médicas interdisciplinarias y del servicio de enfermería que viene recibiendo.

Así las cosas, a fin de garantizar la especial protección al paciente, el a-quo debió ordenar el servicio de enfermería domiciliaria mas no el de cuidador domiciliario, debido a las particulares condiciones de salud en que se encuentra, que superan la necesidad de contar con un cuidador que lo ayude a tomar oportunamente la medicación, que lo asista en su aseo personal y alimentación, y requieren que se disponga de un oportuno y permanente servicio de enfermería que lo asista mediante la movilización frecuente de su corporalidad de manera idónea y profesional con ocasión de su estado de indefensión, que emprenda inmediatamente las curaciones que resulten necesarias, así como todo cuidado preventivo, profesional y urgente, necesario para garantizar la salud y vida digna del señor Adolfo León Gordillo.

Debido a las condiciones de salud física y mental de la esposa del paciente, que le impiden la idónea continuidad de su labor como cuidadora primaria, el servicio de enfermería domiciliaria debe prestarse durante las 24 horas del día, hasta que el agenciado en sus derechos fundamentales supere su estado de vulnerabilidad. Para el cómputo de las mismas puede tenerse en cuenta las 6 horas diarias durante las cuales la División de Sanidad Militar de la Policía Nacional le viene prestando al discapacitado dicho servicio, las cuales no podrán suspenderse mientras éste no supere el estado de vulnerabilidad en que se encuentra.

En consecuencia, se revocará la orden impartida en el ordinal segundo de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, únicamente en cuanto al servicio de cuidador domiciliario ordenado.

Ahora bien, respecto del argumento expuesto en el salvamento de voto de la sentencia de primera instancia y en el escrito de impugnación, consistente en que, respecto de este tópico estudiado se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, en atención a que en el acta de visita médica domiciliaria practicada al paciente se dispuso la continuidad de las 6 horas de enfermería domiciliaria, de lunes a domingo, que le habían sido autorizadas y venía recibiendo, la Sala ha de manifestar que tal documento solo prevé la referida orden, sin que a partir de tal acto pueda inferirse con plena certeza que, en efecto, la aludida atención ha continuado. Además, con anterioridad se ha dejado expuesta la necesidad de que el servicio de enfermería domiciliaria se preste durante las 24 horas del día, mientras no se supere el estado de vulnerabilidad en que se encuentra el paciente.

Al establecerse que lo procedente es ordenar el servicio de enfermería domiciliaria queda relevado del debate determinar si la orden de suministrar el servicio de cuidador domiciliario debió impartirse a la esposa e hijos del paciente o a la entidad demandada.

La solicitud para que se ordene el recobro al FOSYGA.

En la contestación de la acción de tutela, la Policía Nacional, Dirección de Sanidad, Seccional Valle del Cauca solicita que se ordene repetir contra el Fosyga en caso de ordenarse la prestación de servicios no previsto en el Plan Obligatorio de Salud de la referida entidad.

La jurisprudencia de esta Sección ha dispuesto de manera reiterada que las Empresas Promotoras de Salud pueden repetir en contra del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), por el pago de los sobrecostos en que incurra por el cumplimiento de la orden que le imparte el juez constitucional para amparar derechos fundamentales conculcados.

En esta oportunidad la Sala aprecia que no se trata de un caso donde la acción de tutela se presente en contra de una Empresa Promotora de Salud sino de uno donde el amparo se solicita respecto de la Dirección de Sanidad Militar de la Policía Nacional que no ostenta tal condición.

Al resolver un reparo igual, la Corte Constitucional en sentencia T-540 de 2002 puso de presente que la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, mediante la cual se creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, respecto de las cuales el legislador expidió la Ley 352 de 17 de enero de 1997 que lo estructura, y a partir de la cual se concluye que no funge como una Empresa Promotora de Salud y no puede repetir en contra del FOSYGA sino asumir los recursos de su propio fondo-cuenta por tratarse de un régimen especial regido por sus propias normas.

La Corte Constitucional explica la situación así:

“…si bien en términos prácticos puede decirse que la Dirección General de Sanidad Militar, por las funciones que cumple, entre las cuales está la de “Dirigir la operación y funcionamiento del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares” (artículo 10, literal a) de la Ley 352 de 1997), puede compararse con una Empresa o Entidad Promotora de Salud de la que trata el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, cuya función básica es la de “organizar, y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados…”, lo cierto es que la Dirección General de Sanidad Militar es un organismo que pertenece a un sistema de salud especial y por ello no puede ser catalogada como Empresa Promotora de Salud (EPS) y debe regirse, entonces, por las normas de ese sistema especial que la creó.

En ese sentido, advierte la Sala que ni la Ley 352 de 1997, ni el Decreto 1795 de 2000, mediante el cual el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades extraordinarias conferidas por la Ley 578 de 2000, estructuró el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP), contienen disposición alguna que permita a la Corte declarar que la Dirección General de Sanidad Militar pueda repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), por los sobrecostos en que incurra por el cumplimiento de la orden que le imparte en el fallo de tutela.

La Sala colige que en casos como el que se examina, por tratarse de un régimen o sistema especial de seguridad social en salud, la financiación de los costos debe obtenerse de los recursos de fondos propios con los cuales se hace posible la operación del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, pues se observa que la Ley 352 de 1997, en forma similar a como lo hace la Ley 100 de 1993 lo establece en su artículo 218…”.

A su turno, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 21 de mayo de 2009, también acogió el criterio según el cual el Fondo Cuenta Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no puede repetir ante el FOSYGA por los sobrecostos en la entrega de medicamentos NO POS.

Aunque la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 29 de abril de 2009 consideró que resulta totalmente válido extender la facultad que tienen las EPS de repetir contra el FOSYGA por el suministro de medicamentos o servicios que no se encuentren en el POS, a las entidades de salud pertenecientes al Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en fallo posterior dictado el 29 de mayo de 2014 negó la petición de recobro por cuanto el referido subsistema constituye un régimen especial de seguridad social que cuenta con su propio fondo de financiación para sufragar los costos en que incurra por la prestación del servicio.

En tales términos no hay lugar a acceder a la pretensión de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Departamento del Cesar para que se le autorice el recobro ante el FOSYGA por los gastos en que incurra por el cumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela para el suministro de medicamentos no incluidos en su Plan Obligatorio de Salud de naturaleza especial.

La orden de prestarle al paciente un tratamiento integral

En el fallo de tutela impugnado el a-quo ordenó a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que “garantice al señor Adolfo León Gordillo la prestación de los tratamientos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, medicamentos, suplementos, seguimientos, terapias, y demás servicios que ordenen sus médicos tratantes para el tratamiento integral de las enfermedades o condiciones especiales de salud que padece o le sean diagnosticadas con posterioridad”.

La atención integral en salud comporta el cuidado, el suministro de medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, las prácticas de rehabilitación, la realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento, así como todo el componente que el médico tratante valore como necesario para el restablecimiento de la salud del paciente.

En el presente asunto, las características particulares del caso y el estado de incapacidad absoluta y permanente del paciente, avalan la decisión del a-quo, en tanto resulta garantista de sus derechos fundamentales. Además, se condiciona expresamente a lo ordenado por sus médicos tratantes.

Conclusión

Se confirmarán en su integridad las órdenes impartidas en la parte resolutiva del fallo de tutela, con excepción de lo dispuesto en el ordinal segundo del mismo que se confirmará salvo en lo referente al servicio de cuidador domiciliario que se revocará para, en su lugar, ordenar la prestación del servicio de enfermería domiciliaria, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFÍRMAR en su integridad el amparo y las órdenes impartidas en la parte resolutiva del fallo de tutela, con excepción de lo dispuesto en el ordinal segundo del mismo que se CONFIRMA salvo en lo referente al servicio de cuidador domiciliario.

SEGUNDO: REVOCAR la orden impartida a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en el ordinal segundo del fallo impugnado, para la prestación del servicio de cuidador domiciliario, por ocho (8) horas diarias, adicionales al servicio de enfermería que actualmente recibe el paciente por seis (6) horas diarias. En su lugar, ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que inmediatamente a la notificación de este fallo disponga lo necesario para que en el término máximo de dos (2) días hábiles, le preste al señor Adolfo León Gordillo el servicio de enfermería domiciliaria durante las 24 horas del día, hasta que supere su estado de vulnerabilidad. Para el cómputo de las 24 horas debe tener en cuenta las 6 horas diarias durante las cuales le viene prestando al discapacitado dicho servicio y que no podrán suspenderse mientras éste no supere el estado de vulnerabilidad en que se encuentra.

TERCERO: REMÍTASE el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del fallo, a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Magistrado Jhon Erick Chaves Bravo.
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política.
Sentencias T-432 de 1994, T-414 de 1999, T-452 de 2001, T-531 de 2002 y T-109 de 2011, entre otras.
M.P. María Victoria Calle Correa.
M.P. María Victoria Calle Correa.
Sentencia T-383 de 2013.
Sentencia T-574 de 2010.
Sentencias T-154 de 2014 y T-096 de 2016, entre otras.
Por el cual se establece el Manual Único de Medicamentos y Terapéutica para el SSMP, y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 042 del 21 de diciembre de 2005 del CSSMP.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Sentencia T-383 de 2013.
Sentencia T-574 de 2010.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Se trata de un paciente que vive en la casa de su padre quien le presta los pocos cuidados que sus 70 años de edad le permiten, y solo recibe $629.000 (50% de la pensión, pues el otro 50% los percibe el hijo menor).
M.P. María Victoria Calle Correa.
Este es un servicio médico asistencial; se trata de la prestación directa de un servicio por una tercera persona. Bajo ese entendido, en principio no se puede ordenar a una EPS autorizarlo directamente, pues por su naturaleza debe ser el médico tratante quien determine de qué forma y bajo qué condiciones de calidad deben ser suministrados, atendiendo a la disponibilidad de los profesionales encargados.
Consejera Ponente, Dra. María Claudia Rojas Lasso.
Consejero Ponente, Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Magistrado Ponente, Dr. Alberto Rojas Ríos.
Sentencias T-619 de 2014 y T-131 de 2015, Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez.
Estos lineamientos ya habían sido previstos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-154 de 2014, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerreo Pérez.
M.P. María Victoria Calle Correa.
AC-2014-03091-00. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Consejero Ponente, Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
AC-41001-23-31-000-2009-00107-01.
AC-19991-23-31-000-2009-00009-01.
AC-23001-23-33-000-2014-00024-01.

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