Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01660-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01660-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2016-01660-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01660-01 (5111-2022)
Demandante: CÉSAR TULIO LÓPEZ SAAVEDRA
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Temas: Reliquidación pensión docente. Vinculación anterior a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003. Aplicación de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor CÉSAR TULIO LÓPEZ SAAVEDRA, obrando por medio de apoderado
debidamente constituido, instauró demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL
MAGISTERIO, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes,
PRETENSIONES1
1 Folios 11 a 12.
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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01660-01 (5111-2022)
Demandante: César Tulio López Saavedra
Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 4143.0.21.2577 del 6 de abril de
2015, mediante la cual la entidad demandada a través de la Secretaría de
Educación Municipal de Santiago de Cali le reconoció pensión de jubilación al
accionante sin la totalidad de los factores salariales percibidos en el año anterior a
la adquisición del estatus.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a liquidar y
pagar la pensión de jubilación del demandante, con efectividad desde el 19 de
diciembre de 2014, calculada sobre el 75% del promedio de todos los salarios y
demás factores devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus
jurídico pensional y con los respectivos reajustes anuales de ley.
Que se ordene a la entidad demandada pagar de forma retroactiva las mesadas
atrasadas desde el momento de la consolidación del derecho y hasta la inclusión en
nómina del reclamante, y que del valor de esta condena se descuente el monto de
lo que le fue reconocido al actor en virtud del acto administrativo cuestionado.
Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes
del CPACA, y que en consecuencia, las sumas adeudas sean actualizadas en su
valor conforme a la variación del IPC, junto con la cancelación de intereses
moratorios a partir de la fecha de ejecutoria del fallo.
Que se condene en costas a la parte accionada.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que el señor López Saavedra laboró más de 20 años al servicio de la docencia
oficial y cumplió los requisitos para que le fuera reconocida una pensión de
jubilación conforme a las previsiones del régimen especial del magisterio.
2 Folios 12 a 13.
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Demandante: César Tulio López Saavedra
Que el ingreso base de liquidación de la prestación del actor, solo incluyó en su
cómputo la asignación básica y la prima de vacaciones percibidas por aquel durante
su último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional, omitiendo
para el efecto la prima de navidad, las horas extras, la bonificación del Decreto 1566
de 2014 y las primas de antigüedad y de servicios.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 21 de febrero de 2017 y notificada a la
entidad accionada.3 La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FNPSM
presentó memorial de contestación4, para lo cual manifestó que el acto
administrativo censurado se encuentra ajustado a derecho, pues la prestación fue
otorgada conforme a las Leyes 33 de 1985, 91 de 1989, 812 de 2003 y los Decretos
3752 de 2003 y 1158 de 1998, por lo que se extrae que el ordenamiento jurídico no
permite la inclusión de los factores solicitados por el demandante.
Propuso como excepciones las que denominó, falta de legitimidad por pasiva e
inexistencia de la obligación con fundamento en la ley.
En la audiencia inicial5 fueron resueltas las excepciones propuestas declarándolas
no probadas, en ella se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las
pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía
ánimo conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180
numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, y finalmente se corrió traslado para alegar de
conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia escrita el 30 de agosto
de 2019, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda. Para ello hizo un
recuento normativo y jurisprudencial sobre el régimen pensional aplicable a los
3 Folios 23 a 24.
4 Folios 37 a 44.
5 Folios 86 a 95.
6 Folios 119 a 123.
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Demandante: César Tulio López Saavedra
docentes.
Manifestó que de acuerdo con la Resolución 44143.0.21.2577 del 6 de abril de 2015,
el señor César Tulio López Saavedra se vinculó con el sector educativo desde el 23
de diciembre de 1991, es decir, antes del 27 de junio de 2003 cuando entró en
vigencia la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen jurídico aplicable a su caso es el
de la Ley 91 de 1989, norma que por interpretación jurisprudencial remite a la
regulación general consagrada en las Leyes 33 y 62 de 1985.
Que en el acto administrativo demandado se evidencia que la entidad accionada
liquidó la prestación en litigio con inclusión de la asignación básica y de la prima de
vacaciones, a pesar de que se encuentra certificado que durante el año anterior a
la adquisición del estatus jurídico pensional también devengó la bonificación
mensual, la prima de antigüedad, la prima de navidad y la prima de servicios. No
obstante, dichos conceptos no pueden ser computados en la medida en que no
aparecen enlistados taxativamente en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.
Que si bien en la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por el Consejo
de Estado el 4 de agosto de 2010, se mantenía el criterio según el cual los factores
salariales que aparecen en el artículo el 1° de la Ley 62 de 1985 eran enunciativos,
dicha hermenéutica cambió por completo con la expedición de la sentencia del 25
de abril de 2019, la cual precisó, que «[…] La regla que rige para el ingreso base de
liquidación en la pensión de jubilación de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985
en cuanto a periodo y factores. Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los
factores son únicamente los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que
modificó el artículo 3° de la Ley 33 de 1985.». Lo anterior confirma el hecho de que
deben negarse las pretensiones del reclamante.
EL RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia a fin de que se incluya en el cálculo del IBL pensional,
7 Folios 132 a 143.
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Demandante: César Tulio López Saavedra
la bonificación mensual docente y las horas extras como factores computables
percibidos durante el año anterior a la consolidación de su prestación.
Precisó que el actor se vinculó al servicio docente con anterioridad a la vigencia de
la Ley 812 de 2003, razón por la cual se le reconoció la pensión de jubilación con
fundamento en la Ley 33 de 1985, lo que a su vez implica que debe reliquidarse la
prestación incluyendo todos los factores salariales devengados en el año anterior a
la adquisición del estatus de pensionado, pues el acto administrativo reprochado
omitió calcular la mesada pensional con base en todos los haberes laborales
pagados durante el año anterior a la consolidación del derecho, particularmente la
bonificación mensual docente y las horas extras.
Que en razón a que al accionante se le debe aplicar la Ley 91 de 1989 para efectos
pensionales, habría lugar a verificar para su caso la procedencia del artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 a fin de liquidar la prestación, pues dicha norma es
concordante con el régimen vigente a los docentes por estar en la categoría de
empleados públicos.
Que adicionalmente, el Consejo de Estado al resolver recursos de apelación
interpuestos contra decisiones relativas al reconocimiento de la pensión de
jubilación de docentes oficiales, para la determinación de la mesada pensional,
acoge la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, por lo que puede
concluirse que el tribunal de primera instancia resolvió el proceso de manera
inadecuada, pues tuvo en cuenta una jurisprudencia que no constituye precedente
frente al caso concreto.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandada allegó el escrito de alegatos8 con el que solicitó confirmar la
sentencia recurrida, para lo cual reprodujo los mismos argumentos de su
contestación.
8 Ver índice 14 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: César Tulio López Saavedra
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO9
El agente del Ministerio Público rindió concepto a través del cual solicitó revocar el
fallo apelado para que en su lugar se ordene incluir como factores de liquidación la
bonificación mensual y la prima de antigüedad, esto al aducir que de las pruebas
recaudadas en el trámite procesal se extrae que el demandante en su condición de
docente oficial, con adscripción en la Secretaría Municipal de Educación de
Santiago de Cali y con vinculación a partir del 23 de diciembre de 1991 (es decir,
antes del vigor de la Ley 812 de 2003), era beneficiario de las previsiones
pensionales reguladas por las Leyes 33 y 62 de 1985, por lo que resultaba factible
la inclusión de los factores allí enlistados si se aparejaban con los relacionados en
el documento “Formato único para la expedición de certificados de salarios”.
Que al revisar la normativa aplicable al caso del accionante en contraste con la
prueba en mención, se encuentra identidad con los factores de bonificación mensual
y prima de antigüedad, conceptos que el acto administrativo acusado no tuvo en
cuenta al momento de reconocer la prestación en litigio, por lo que debe ordenarse
su inclusión en atención a la observancia del precedente jurisprudencial del año
2019 SUJ-014-CE-S2-2019-1.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante tiene
derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con inclusión de la
bonificación mensual docente y las horas extras como factores salariales percibidos
por este durante el año anterior a la adquisición de su estatus jurídico pensional.
Marco normativo y jurisprudencial
En atención a que el presente asunto se centra en el debate sobre el ingreso base
de liquidación pensional, y por consiguiente en la determinación del valor final de la
pensión de los docentes oficiales, resulta necesario traer a colación la sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 proferida el 25 de abril de 2019 por la Sección
9 Índice 16 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: César Tulio López Saavedra
Segunda del Consejo de Estado con ponencia del consejero César Palomino
Cortés, dictada dentro del expediente 68001233300020150056901, a través de la
cual se procedió a sentar jurisprudencia frente al IBL en el régimen pensional de los
educadores vinculados al servicio público educativo oficial, afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En la providencia se fijaron las
siguientes reglas de unificación sobre el tema en cuestión.
“i.v. Reglas de unificación sobre el IBL en pensión de jubilación y vejez de los
docentes
71. De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de la
jurisprudencia en materia de régimen pensional de los docentes:
72. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, y se deben tener en cuenta las siguientes reglas:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.
v. Efectos de la presente decisión
73. Como se dijo en la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de 28 de agosto de 2018, “La Corte Constitucional, en sentencia C-816
de 2011, estableció que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de
cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional - como
guardiana de la Constitución -, tienen valor vinculante por emanar de órganos
diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de
igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la
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Constitución Política10. Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica que
exponen, tienen características de permanencia, identidad y carácter vinculante y
obligatorio”.
74. En esta oportunidad y retomando lo indicado la Sala Plena de la Corporación,
se acudirá al método de aplicación en forma retrospectiva del precedente,
disponiendo para ello, que las reglas jurisprudenciales que se han fijado en este
pronunciamiento se acojan de manera obligatoria en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”. (Subrayado y negrilla del
texto original).
En conclusión, en la citada sentencia se fijó como regla jurisprudencial, para el tema
que interesa en este proceso, que en la liquidación de la pensión ordinaria de
jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
quienes gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores
que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado
los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún concepto diferente a estos.
Ahora bien, sin perjuicio del acatamiento el criterio unificador de la sentencia de
antes mencionada, lo cierto es que de la lectura del mencionado precepto normativo
al que esta hace referencia, se extrae que, […] En todo caso, las pensiones de los
empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores
que hayan servido de base para calcular los aportes. […].
Lo anterior permite inferir que tanto la línea jurisprudencial en cita como la norma
aplicable a casos como el presente, conlleva la inclusión en el cálculo del IBL, no
solo de los enlistados en dicho precepto, sino también todos aquellos conceptos
10 La Corte Constitucional ha reconocido la gran responsabilidad que tienen los órganos situados en
el vértice de las respectivas especialidades de la rama judicial, puesto que la labor de unificación de
la jurisprudencia nacional implica una forma de realización del principio de igualdad. Sentencia T-
123/95 citada en la Sentencia T-321/98.
En la sentencia C-179 de 2016 reafirmó dicha tesis al exponer lo siguiente: «[…] la función de
unificación jurisprudencial la cumplen en sus diferentes especialidades y en su condición de órganos
de cierre, según el Texto Superior, (i) la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales
y de examen de validez constitucional de las reformas a la Carta como de las normas con fuerza de
ley (CP arts. 86 y 241); (ii) el Consejo de Estado en relación con su rol de Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativos (CP arts. 236 y 237); y (iii) la Corte Suprema de Justicia en su calidad
de tribunal de casación y máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria (CP art. 235). […]»
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sobre los cuales se hubiese establecido el carácter de factor salarial computable
para efectuar aportes.
Puntualmente, en el caso de los docentes oficiales, se encuentra que los Decretos
633 y 634 de 2007 crearon un emolumento denominado asignación adicional, a la
cual accederían los directivos docentes regidos por los Decretos 2277 de 1979 y el
1278 de 2002. Al respecto, se advierte que este haber salarial está consagrado
como factor salarial por hacer parte de la asignación básica mensual de los
educadores, la cual es base de cotización conforme al artículo 6° del Decreto 691
de 1994.
Asimismo, el Decreto 1566 de 2014 creó una bonificación mensual efectiva a partir
1° de junio de 2014, la cual ha sido fijada con posterioridad cada año bajo el mismo
criterio, esto es, el relativo a que la naturaleza de dicho emolumento es el de un
factor salarial con efectos legales para el cálculo de los aportes, respecto del cual
deben efectuarse los respectivos descuentos.
Por otro lado, el Decreto 2354 de 2018 creó la denominada bonificación pedagógica
efectiva para los docentes y directivos docentes de las plantas de personal de las
entidades territoriales certificadas en educación, la cual, además, también fue
concebida como un factor salarial para efectos de cotizaciones, tal como lo previó
el artículo 3°, numeral 4° de la norma en cita.
En tal sentido, esta Sala acogerá la posición del Consejo de Estado establecida en
la sentencia de unificación analizada previamente, al igual que la normativa citada
anteriormente sobre los factores salariales establecidos como tales. Conforme a ello
se procederá a dar solución al caso concreto.
Resolución del caso concreto
Para definir el presente asunto se tiene que, el secretario de educación del municipio
de Santiago de Cali, actuando en representación de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a
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través de la Resolución 4143.0.21.2577 del 6 de abril de 201511, concedió la pensión
vitalicia de jubilación al demandante, en cuantía mensual de $2.114.282 con
efectividad desde el 20 de diciembre de 2014. En dicha resolución quedó
establecido lo siguiente.
• Que la pensión vitalicia de jubilación debía ser reconocida con fundamento en
los requisitos de la Ley 33 de 1985 por haberse vinculado la reclamante como
docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
• Que el valor de la pensión vitalicia de jubilación sería el equivalente al 75% del
salario promedio mensual devengado durante el último año anterior a la fecha
de adquisición del estatus jurídico pensional del demandante (19 de diciembre
de 2014).
• Que los factores salariales tenidos en cuenta en el IBL pensional fueron la
asignación básica mensual y la doceava de la prima de vacaciones.
Como se precisó anteriormente y contrario a lo afirmado por el recurrente, a la Sala
le corresponde dar aplicación a la regla jurisprudencial establecida en la sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019, en primer lugar, porque la tesis del 4 de
agosto de 2010 fue replanteada por la Sala Plena del Consejo de Estado en la
primera providencia en mención, esto para el caso puntual de los docentes oficiales.
En segundo lugar, porque tal como allí se estableció, aquella constituye un
precedente vinculante y obligatorio para los casos que guardan identidad fáctica y
que se encuentran pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial,
siempre que no se haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada12, tal como
sucede en el presente asunto, dado que la providencia apelada no ha quedado
ejecutoriada.
Bajo este entendido, sin que exista discusión en esta instancia sobre el régimen
pensional que rige la situación particular del actor, esto es, el de la Ley 33 de 1985
por haber sido vinculado como docente oficial antes del 27 de junio de 2003 cuando
11 Folios 3 a 5.
12Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente:
680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos
de la decisión».
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entró en vigencia de la Ley 812 de 2003 (23 de diciembre de 1991)13, resulta
evidente que para definir el litigio bajo estudio se debe acudir a la primera regla
jurisprudencial esbozada anteriormente.
Al respecto, dicho postulado jurisprudencial en materia de liquidación del derecho
reconocido al reclamante, indica que el ingreso base de liquidación de la pensión
comprende, i) el período correspondiente al último año de servicio, anterior a la
consolidación del estatus pensional, y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, que
corresponden a los siguientes: asignación básica, gastos de representación, primas
de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras, bonificación por servicios prestados, y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
Contrastados los factores enlistados en la anterior disposición con los devengados
por el interesado durante el mencionado período14, comprendido entre el 19 de
diciembre de 2013 y el 18 de diciembre de 2014 (año anterior a la adquisición del
estatus), se observa lo siguiente.
Factores de la Ley 62 de 1985 y demás normas en materia
Factores devengados
salarial docente
Asignación básica / Sueldo Asignación básica
Gastos de representación
Primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación
Dominicales y feriados
Horas extras15 Horas extras
Bonificación por servicios
Trabajo suplementario
Asignación adicional
Bonificación mensual 1 de junio/14 – 31
Bonificación mensual docente
diciembre/15
Bonificación pedagógica
Prima de navidad
13 Según el acto administrativo demandado visible de folios 3 a 5 del expediente.
14 Acreditados en el formato único para la expedición de certificado de salarios obrante de folios 7 a
8.
15 Demostradas a través del certificado de salarios que reposa de folios 7 a 8, así como de una
certificación emitida el 2 de septiembre de 2016 por la rectora de la Institución Educativa Álvaro
Echeverry Perea donde laboró el demandante, la cual se encuentra en el folio 9 del expediente.
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12
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01660-01 (5111-2022)
Demandante: César Tulio López Saavedra
Prima de antigüedad extralegal
Prima de servicios docente
Prima de vacaciones
Se concluye entonces que los únicos factores salariales que coinciden para el caso
del apelante, son la asignación básica y las horas extras, razón por la cual, en
principio, serían los únicos a incluir en la base de liquidación, de conformidad con la
sentencia de unificación, toda vez que el pago de cada uno de estos haberes fue
debidamente demostrado con las pruebas practicadas en el proceso y se
encuentran enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.
Sin embargo, advierte la Sala que la bonificación mensual que devengó el
demandante durante el año anterior a la adquisición del derecho, pese a no estar
señalada de manera expresa en la referida norma, sí debe ser incluida por
disposición de los respectivos decretos que la previeron como factor salarial, tal
como lo indicó el artículo 1º del Decreto 1566 de 2014.
Por ello, aunque en el plenario no se encuentra prueba relativa a que sobre dicho
emolumento se hayan efectuado aportes, toda vez que el certificado de salarios
expedido por la entidad territorial no contiene dicha información, tal circunstancia no
obsta para ordenar su inclusión en la liquidación de la pensión del reclamante, por
cuanto constituye factor salarial respecto del cual se debieron efectuar cotizaciones
a pensión, lo cual en todo caso era responsabilidad de la entidad empleadora.
Como se observa, este haber laboral al que se ha hecho referencia individualmente,
fue establecido con naturaleza salarial computable en lo que respecta al IBC con
posterioridad a la expedición de la Ley 62 de 1985 y del Decreto 1158 de 1994. Por
esa razón, es claro que en su momento no estaba contemplado como factor a incluir
en el cálculo del IBL pensional, situación que en la actualidad no es óbice para que
sea tenido en cuenta en la liquidación de la prestación por cumplir con las
condiciones exigidas para lo propio.
Es de señalar que la presente discusión en cuanto a la bonificación mensual, no ha
sido ajena a esta Subsección, pues en sentencia proferida el 17 de septiembre de
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202016, se llegó a la misma conclusión, «[…] En cuanto a la bonificación mensual,
también ordenada en la sentencia, si bien no se encuentra enlistada en el artículo 1 de la
Ley 62 de 1985, por haberse creado posteriormente –Decreto 1566 del 19 de agosto de
2014- sí constituye factor salarial para la liquidación de su pensión, […]».
Ahora bien, en el caso particular se observa que la misma entidad demandada tuvo
en cuenta la prima de vacaciones como factor computable para el cálculo del IBL
de la pensión del señor López Saavedra, ello pese a que tal concepto no está
enlistado en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, y tampoco se advierte que hubiese
sido obligatorio o que materialmente se hubiesen realizado descuentos para aportes
a pensión sobre dicho emolumento. Lo anterior conllevaría inferir que la prima en
mención no debió hacer parte del ingreso base de liquidación pensional.
No obstante, debido a que la demanda que originó la presente actuación fue
interpuesta por el pensionado con el fin de incrementar el monto de su pensión, no
para disminuirlo, y adicionalmente, en observancia del principio procesal de la non
reformatio in pejus que impide desmejorar las condiciones del apelante único como
en efecto lo es el demandante en el litigio bajo examen, no resulta procedente
efectuar orden alguna tendiente a que se excluya la prima de vacaciones del
ejercicio de determinación del IBL del reclamante, pues se afectaría su derecho
prestacional como actualmente se encuentra reconocido, el cual en todo caso no es
objeto de controversia en esta causa judicial, más aún cuando tampoco se trata de
una demanda de lesividad promovida por la misma autoridad demandada contra su
propio acto.
Análisis de la prescripción
Debido a que en razón de los argumentos expuestos anteriormente se accederá
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en punto a la reliquidación de la
pensión de jubilación del actor con inclusión en el cálculo del IBL de las horas extras
y la bonificación mensual docente como factores salariales adicionales a los ya
16 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, radicado: 47001-23-33-
000-2017-00415-01(4592-18). En igual sentido, se pronunció la Subsección B, cuando en sentencia
del 21 de octubre de 2021, emitida en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2017-04527-
01(3284-20).
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tenidos en cuenta por el FNPSM en el acto reprochado (asignación básica y prima
de vacaciones), se torna indispensable verificar el fenómeno prescriptivo sobre las
mesadas causadas y adeudadas por tal concepto.
Sobre el particular, el Consejo de Estado17 ha señalado que la configuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se
hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se
haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso
igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al
presente caso, que reza lo siguiente:
ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de
1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en
que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
Pues bien, para determinar la fecha de exigibilidad del derecho a restablecer a partir
de la cual debe comenzar a contabilizarse el lapso referido en el presente caso,
tendrá que considerarse el hecho de que esta data se concretó desde el 19 de
diciembre de 2014 cuando el demandante adquirió el estatus jurídico pensional por
cumplimiento de la edad requerida (55 años), y en consecuencia consolidó la
prerrogativa bajo estudio.
Ahora bien, tal como se verifica de la parte considerativa de la Resolución
4143.0.21.2577 del 6 de abril de 201518, el señor César Tulio López Saavedra
reclamó el 10 de febrero de 2015 ante la parte demandada el derecho prestacional
en mención con inclusión de todos los factores devengados en el año anterior al
estatus, y a su vez, radicó la demanda el 1° de noviembre de 201619, esto es, dentro
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
18 Folios 3 a 5.
19 Ver sello de radicación a folio 21 del expediente.
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de los 3 años siguientes a la única interrupción por la presentación de la petición
inicial, por lo que en el presente caso no se consolidó la figura bajo estudio respecto
de las mesadas reliquidadas, cuyo pago actualizado debe ser efectivo desde el 19
de diciembre de 2014.
En conclusión, la Sala revocará la sentencia apelada, toda vez que se acreditó que
el demandante tiene derecho a que la pensión de jubilación reconocida a su favor
mediante el acto administrativo demandado sea liquidada en cuantía equivalente al
75% del promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus jurídico de pensionada, incluyendo para el efecto en el
cálculo del IBL, adicionalmente a los conceptos tenidos en cuenta inicialmente en la
mentada resolución (asignación básica y prima de vacaciones), los siguientes, horas
extras y la bonificación mensual docente percibidas por el accionante durante el año
anterior a la adquisición de su estatus jurídico pensional (19 de diciembre de 2013
a 18 de diciembre de 2014).
De la condena en costas
Sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, es de destacar que el Consejo
de Estado en sentencia del 7 de abril de 201620 determinó el criterio objetivo-
valorativo para la imposición de dicha carga. Bajo tal contexto, la determinación
sobre este punto implica una valoración que excluye como criterio de decisión la
mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula
que tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público21.
Sin perjuicio de las anteriores reglas y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1
y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandada, pues si bien esta resultó vencida en el
20 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
21 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […].»
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curso de este proceso, debe tenerse en cuenta que en desarrollo de la actuación
fue expedida la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 que varió ciertos
puntos de la interpretación jurídica aplicable a este tipo de litigios.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el treinta (30) de agosto de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del del Valle del Cauca que denegó
las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovió el señor César Tulio López Saavedra contra
la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. En su lugar,
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución 4143.0.21.2577
del 6 de abril de 2015 expedida por la Secretaría de Educación Municipal de
Santiago de Cali en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, por medio de la cual se reconoció una pensión de jubilación a favor
del demandante, esto en cuanto a la liquidación de la prestación.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio a reliquidar la pensión de jubilación
reconocida a favor del demandante a través de la Resolución 4143.0.21.2577 del 6
de abril de 2015, ello en el sentido de conceder dicha prerrogativa en un monto
equivalente al 75% del promedio de salarios percibidos por aquel durante el año
anterior a la fecha de adquisición del estatus jurídico pensional (19 de diciembre de
2013 a 18 de diciembre de 2014), esto es, con inclusión de las horas extras y la
bonificación mensual docente como factores salariales adicionales a los ya tenidos
en cuenta por el FNPSM en el acto reprochado (asignación básica y prima de
vacaciones), lo anterior con efectividad desde el 19 de diciembre de 2014 y con el
respectivo reajuste e indexación a la fecha de cumplimiento de este fallo.
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Las sumas que resulten en favor del accionante se ajustarán en su valor, dando
aplicación a la siguiente fórmula:
R = Rh x índice Final
índice inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el correspondiente a cada concepto causado al mes, por el guarismo que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE
(vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para
la fecha en que debió hacerse el pago). Es claro que por tratarse de pagos de tracto
sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes a mes teniendo en cuenta que
el índice inicial es el vigente al momento en que debió hacerse cada pago.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones del demandante.
QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
SEXTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
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Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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