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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01680-01

Fecha
20 de enero de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01680-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 30 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Henry Ánderson Gaviria Santillana contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, conforme la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, de acuerdo con las consideraciones del presente fallo. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-01680-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

20 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018)
Demandante : Henry Ánderson Gaviria Santillana
Demandado : Nación – Fiscalía General de la Nación
Tema : Nivelación salarial

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 89 a 125). El señor Henry Ánderson Gaviria
Santillana, por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio DS-06-1-6-SAJ-059 de 8 de
febrero de 2016 y de la Resolución 2-1290 de 10 de mayo siguiente, por los
cuales se le negó al actor una nivelación salarial.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) «[…] reconocer la existencia de una diferencia
salarial y prestacional entre el cargo de TÉCNICO INVESTIGADOR GRADO
IV, y el cargo de Técnico Investigador Grado I» (sic); (ii) «[…] a título de
indemnización, [pagar las] diferencias de dinero generadas [desde el] 31 de
enero de 2013 hasta la fecha en que se decida la presente actuación
debidamente indexadas, que incluya salarios, primas, prestaciones causadas,
auxilios de cesantías, intereses de cesantías, bonificación por servicios
prestados, y la totalidad de la prestaciones a que tienen derecho, así como las
que se causen hacia futuro» (sic); y (iii) «[…] reclasifique el cargo que [él]
ocupa […] al de TÉCNICO INVESTIGADOR GRADO IV en carrera

Expediente: 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Henry Ánderson Gaviria Santillana contra la Nación – Fiscalía General de la Nación

administrativa, en razón a las reales funciones y responsabilidades
asignadas». Por último, se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de
los artículos 187, 192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la
accionada.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que es tecnólogo en química
con especialización en gestión en laboratorios de ensayo y calibración - norma
ISO71 EC 12025; trabajó en el extinguido Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) del 13 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y fue
incorporado a la Fiscalía General de la Nación a partir del 1° de enero de 2012
en el cargo de asistente de investigación criminalística grado IV.

Que desde el 31 de diciembre de 2013 hasta la fecha de presentación de la
demanda ha realizado funciones como técnico «en los grupos de Química de
Pereira y Cali como “AUXILIAR DE LABORATORIO” lo cual
obligatoriamente le exigió aplicar sus conocimientos como TECNÓLOGO EN
QUÍMICA […]».

Arguye que por disposición del Decreto ley 17 de 9 de enero de 2014 fue
reclasificado en el empleo de técnico investigador grado I, «[…] que para su
desempeño reduce los requisitos de estudio y experiencia [respecto de] los que
le exigía el cargo predecesor de Asistente de Investigación Criminalística
grado IV», pero las labores desempeñadas entre 2013 y 2015 corresponden a
las de un «[…] TÉCNICO EN QUÍMICA al cumplir el rol de Auxiliar de
Laboratorio».

Que solicitó de la demandada el 27 de enero de 2016 «[…] reconociera la
existencia de una diferencia salarial y prestacional entre el cargo de
TÉCNICO INVESTIGADOR GRADO IV sobre el cual ejerce las reales
funciones, y el cargo que actualmente ostenta que apenas es de orden
nominal, y corresponde al de TÉCNICO INVESTIGADOR I […] entre el 31
de enero de 2013 y hasta [esa] fecha […]» (sic), negado a través de los actos
acusados.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Citan como
normas violadas por los actos censurados los artículos 1, 2, 5, 6, 9, 13, 25, 29,
53, 83, 93, 122, 209 y 228 de la Constitución Política; las Leyes 54 de 1962,
16 de 1972, 270 de 1996, 319 de 1996 y 1496 de 2011; y los Decretos 16, 17,
20 y 21 de 2014.

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Henry Ánderson Gaviria Santillana contra la Nación – Fiscalía General de la Nación

Aduce que la accionada trasgrede las disposiciones precedentes al no
reconocer que él ha tenido que «[…] desplegar sus conocimientos específicos
desde enero de 2013, y que funcionalmente solo le son exigibles a quien ejerza
un grado IV en el cargo de TÉCNICO INVESTIGADOR, y que por
sustracción de materia, no son acordes con el requisito de estudio del que es
titular […] como Técnico Investigador I» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 139 a 146 y 182 a 189). La Fiscalía
General de la Nación, por conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad de
las súplicas de la demanda; se refirió a cada uno de los hechos, en el sentido
de que algunos son ciertos y otros no constituyen situaciones fácticas, sino
apreciaciones del accionante. Asimismo, propuso la excepción denominada
cumplimiento de un deber legal. Como razones de defensa, expresó que,
contrario a lo asegurado por el actor, «[…] la Subdirección Seccional de
Apoyo a la Gestión de Cali, [le] ha reconocido los salarios y prestaciones
sociales […] de acuerdo con la escala salarial y las funciones ejercidas en su
calidad de Técnico Investigador I de la Subdirección Seccional de Policía
Judicial CTI-Cali […]» (sic).

1.6 La providencia apelada (ff. 411 a 426). El Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, con sentencia de 30 de abril de 2018, negó las súplicas de la
demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] no habiéndose
demostrado certeramente dentro del proceso que el [actor] realiza funciones
asignadas a un cargo de nivel superior jerárquico- para el caso, el de Técnico
Investigador IV- dentro de la Fiscalía General de la Nación, no se logró
desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados, no
quedando otra decisión que negar las pretensiones de la demanda en relación
con la pretensión de ordenar a la entidad demandada el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales presuntamente adeudadas al actor, y por
otro lado, se declarará probada la excepción previa propuesta de oficio
consistente en la Ineptitud sustantiva de la demanda por indebida integración
de los actos administrativos demandados, razón por la cual la Sala se inhibe
para pronunciarse de fondo respecto de la pretensión de reclasificación del
cargo ostentado por el demandante» (sic), «[…] teniendo en cuenta que la
situación jurídica del [actor], en relación a su cargo, fue resuelta mediante el
Decreto No. 017 del 09 de enero de 2014 y la Resolución No. 00469 del 01 de
abril de 2014, actos administrativos que tuvieron que ser acusados de manera
oportuna» (sic).

1.7 El recurso de apelación (ff. 433 y 434 vuelto). Inconforme con el anterior
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Henry Ánderson Gaviria Santillana contra la Nación – Fiscalía General de la Nación

fallo, el accionante, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de
apelación, al estimar que el a quo no tuvo en cuenta que «[…] las labores que
ha desarrollado […] como TECNÓLOGO en química han sido permanentes y
son esenciales para el grupo de QUÍMICA del CTI de Cali, y otrora de
Pereira. ÉL no desarrolla ninguna de las funciones registradas en el cargo de
TÉCNICO INVESTIGADOR grado I en el grupo de Química» (sic).

Que el Tribunal omite que «[s]i la F.G.N., requiere contar con tecnólogos en
química en el grupo de QUÍMICA del CTI de Cali, solo podría integrar allí a
TÉCNICOS INVESTIGADORES grado IV, porque este cargo y grado es el
único que exige a quien lo ostente, el título de formación tecnológica en áreas
relacionadas con la función de su cargo, para poder laborar allí. Pero
desafortunadamente en la realidad, ha ocultado la demandada actuar con
acatamiento a las normas, y esto no fue apreciado por la primera Instancia»
(sic).

Afirma que «[…] no se tuvo en […] las certificaciones de servicios prestados
de fechas 12 y 14 de enero de 2016, signadas por el Jefe de Sección de
Talento Humano de la F.G.N de Cali y Directora Técnica del Grupo de
Química de Pereira, y testimonios recaudados que demuestran con lujo de
detalles cómo [el actor] ha desarrollado con ocasión de sus conocimientos de
nivel superior como tecnólogo en química, las funciones de responsabilidades
de apoyar la labor de los peritos, supervisar labores de limpieza, aplicar
lineamientos del manual de procedimientos de cadena de custodia y guía de
buenas prácticas de laboratorio, garantizar el correcto almacenamiento y
manipulación de reactivos y elementos de trabajo, recibir, almacenar y
custodiar remanentes, y preparar reactivos entre otras responsabilidades y
funciones. Estas funciones no las puede hacer un servidor del CTI que sea
solo bachiller, o servidores que incluso ostenten cargos de técnico 1º, 2º ó 3º,
Solo puede hacerla un servidor que sea tecnólogo en química» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 11 de julio de
2018 (f. 436) y admitido por esta Corporación a través de auto de 19 de
febrero de 2020 (f. 441), en el que se dispuso la notificación personal al agente
del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
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regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 8 de septiembre de 2021 (f. 448), para
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad
aprovechada por las primeras1.

2.1.1 Entidad demandada. La accionada, por conducto de apoderada, reitera
los argumentos de la contestación de la demanda y asegura que «[…] en el
manual de funciones es imposible describir con estricta minuciosidad para
cada cargo, las funciones que debe desarrollar el servidor que es titular del
empleo, razón por la cual se deja claridad que las demás funciones deben ser
inherentes a las que desarrolla la dependencia y dice, además, inherentes a la
formación del cargo, nótese que la función adicional ya está limitada a los
que desarrolla la dependencia. No se trata entonces de ordenar cumplir
funciones de otro cargo con la mala práctica de atribuirlo a “las demás
funciones que le sean asignadas” Para el caso que nos ocupa, es claro que el
Tribunal del Valle del Cuca no encontró probado que el demandante haya
desempeñado las funciones de TÉCNICO INVESTIGADOR IV» (sic), «[…]
además, en la demanda se manifiesta que el actor lleva más de tres años
desempeñándose como Tecnólogo en Química como auxiliar de Laboratorio,
cumpliendo así con requisitos de estudio y experiencia para el cago de
Técnico Investigador IV […] Al respecto debo manifestar que los requisitos
para desempeñar el cargo de Técnico Investigador IV según el Manual de
funciones son cinco (5) años de experiencia relacionada, lo cual indica que
no reúne los requisitos respecto a la experiencia» (sic).

2.1.2 Parte demandante. El actor, por medio de apoderado, pide se revoque
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de
la demanda, en atención a que «[s]i bien pareciera que entre los cargos de
NIVEL TÉCNICO I al IV, no existieran mayores diferencias sustanciales, no
puede dejarse a un lado los requisitos de conocimientos académicos y
experiencia que cada uno de ellos exigen para su cabal desempeño, porque
entonces no tendría sentido que existiera un manual de funciones que
diferencie los cargos de NIVEL TÉCNICO I, II, II y IV. Por ello, es que en
[su] caso […] en el cargo de Técnico Investigador Grado I, la FGN sólo le ha
exigido para su desempeño el que ostente un año de experiencia laboral y la
aprobación y terminación de un año de educación superior según su manual
de funciones […] pero, en realidad la demandada le ha exigido […] como
actos del servicio, que aporte sus conocimientos como TECNÓLOGO en

1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
5

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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QUÍMICA al servicio del Grupo de Química del CTI de Cali, enriqueciéndose
sin causa de sus conocimientos tecnológicos, constituyendo este hecho real y
comprobado por los testimonios y documentos obrantes dentro del plenario
[…]» (sic).

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
a la Sala determinar si al actor le asiste razón jurídica o no para reclamar de la
accionada la nivelación salarial y prestacional correspondiente a la de un
técnico investigador grado IV y la consecuente reclasificación a tal empleo, en
razón a las funciones que ha desempeñado desde el 31 de enero de 2013; o si,
por el contrario, no hay lugar a ello, puesto que no se demostró que cumpla
funciones y requisitos diferentes a los asignados al cargo de técnico
investigador grado I, en el que se encuentra nombrado, tal como lo concluyó
el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.

3.3.1 De la clasificación de los empleos públicos y su régimen salarial y
prestacional. El artículo 123 de la Carta Política prevé que «Son servidores
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y
por servicios», quienes «[…] ejercerán sus funciones en la forma prevista por
la Constitución, la ley y el reglamento».

De conformidad con el artículo 2º de la Ley 4ª de 18 de mayo de 1992, para
«[…] la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores […], el
Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios»,

2 Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación
del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
6

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entre otros:

[…]

i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es,
las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;

k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los
niveles profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y
entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral;

[…].

A renglón seguido, el artículo 3º de la mencionada Ley 4ª de 1992 dispone que
el sistema salarial de los servidores públicos está integrado por «[…] la
estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban
desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría
de cargos» (destaca la subsección).

A su turno, la Ley 489 de 29 de diciembre de 19983, en su artículo 1154, dejó
en cabeza (i) del Gobierno nacional la aprobación de «[…] las plantas de
personal de los organismos y entidades de que trata la presente ley de manera
global»5, y (ii) del «[…] director del [respectivo] organismo distribuir […]
los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y
sus planes y programas».

Por su parte, el artículo 19 de la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 6, norma
que regula el empleo público, frente a la estructura de este preceptúa:

ARTÍCULO 19. EL EMPLEO PÚBLICO.

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función
pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de
3
«Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en
los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
4
«PLANTA GLOBAL Y GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO».
5
Según el artículo 2º de la Ley 489 de 1998, esta «[…] aplica a todos los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato
constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación
de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos […]».
6
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública
y otras disposiciones».
7

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funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las
competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de
satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del
Estado.

2. El diseño de cada empleo debe contener:
a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que
permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien
sea su titular;
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo,
incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las
demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los
elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales
del contenido del empleo;
[…]

ARTÍCULO 20. CUADROS FUNCIONALES DE EMPLEOS. Los
cuadros funcionales son agrupaciones de empleos semejantes en cuanto a
la naturaleza general de sus funciones, sus responsabilidades y que
requieren conocimientos y/o competencias comunes.

1. Los empleos públicos se podrán agrupar en cuadros funcionales de
empleos con el fin de optimizar la gestión de los recursos humanos de
cada entidad.
2. El acceso, el ascenso, el sistema retributivo y la capacitación de los
empleados públicos de carrera se podrán llevar a cabo, en su caso, en el
cuadro funcional de empleos.
3. Los cuadros funcionales de empleos podrán cubrir empleos de uno o
de varios organismos, en función de los requisitos exigidos para su
desempeño.
4. Por decreto se regulará el sistema de cuadros funcionales de empleos
aplicable a toda la administración y, en su caso, la dependencia orgánica
de los mismos [se subraya].

La anterior norma fue reglamentada con el Decreto 1227 de 21 de abril de
2005, que sobre los requerimientos que debe colmar el ejecutivo para reformar
las plantas de empleos, previó:

ARTÍCULO 95. […]

PARÁGRAFO. Toda modificación a las plantas de empleos, de las
estructuras y de los estatutos de los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva del poder público del orden nacional deberán contar con el
concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la
Función Pública.

ARTÍCULO 96. Se entiende que la modificación de una planta de
empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de
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modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio
técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con
ocasión, entre otras causas, de:
[…]

96.5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o
prestación de servicios.

96.6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.
[…]

96.10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y
celeridad de las entidades públicas.

PARÁGRAFO 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se
refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general.

Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una
entidad, no tendrá la calidad de nuevo nombramiento la incorporación
que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los suprimidos a
quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales.

ARTÍCULO 97. Los estudios que soporten las modificaciones de las
plantas de empleos deberán basarse en metodologías de diseño
organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los
siguientes aspectos:

97.1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.

97.2. Evaluación de la prestación de los servicios.

97.3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de
los empleos.

Conforme a lo expuesto en precedencia, el régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos está supeditado a factores variables, tales como la
naturaleza de las funciones, las calidades exigidas para su desempeño, la
estructura de los empleos y la escala y el tipo de remuneración para cada
cargo, los cuales se ven reflejados en el sistema de nomenclatura, clasificación
y remuneración, que comprende: (i) nivel, que los agrupa por su jerarquía con
fundamento en la naturaleza de las funciones, responsabilidades y
complejidad; (ii) denominación, esto es, el nombre o identificación del
conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades que constituyen un
empleo; (iii) clase, es decir, el grado de importancia dentro del nivel;
(iv) código, que hace referencia al número utilizado para el manejo
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sistematizado del régimen de clasificación y remuneración de cada cargo;
(v) grado, que es el número de orden que indica la asignación mensual del
empleo dentro de una escala progresiva, según la complejidad y
responsabilidad inherentes al ejercicio de las funciones; y (vi) la
remuneración asignada a cada grado7.

Así las cosas, la configuración de la nomenclatura constituye un hito de
especial importancia en la organización de los empleos, pues, además de
definir las funciones y responsabilidad de cada uno de los servidores,
determina la escala salarial de estos, ello en atención a su nivel, denominación,
código y grado dentro de la función pública.

Sobre el particular, esta Sala de decisión, en sentencia de 19 de julio de 20188,
precisó:

A cada uno de los niveles en que se clasifican los diferentes empleos
corresponde una nomenclatura específica equivalente a las distintas
denominaciones de empleos y en cada nivel se establecen grados y
para cada grado una asignación básica.

Por lo tanto, la asignación mensual correspondiente a cada empleo está
determinada por sus funciones y responsabilidades, así como por los
requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio,
según la denominación y el grado establecido en la nomenclatura y la
escala del respectivo nivel.

[…]

La precisión de escalas que obedezcan a la complejidad de las
funciones asignadas a cada cargo, las responsabilidades asumidas y las
calidades a acreditar por los interesados en su desempeño, repercuten
directamente en el nivel salarial que se fije al mismo.

[…] (subrayas de la Sala).

7
Ver sentencia de 19 de julio de 2018, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección
segunda, subsección B, C. P. César Palomino Cortés, expediente 05001-23-31-000-2010-02233-01 (4879-14).
8
Ibidem. Ver también de las mismas Corporación y sección, subsección A, el fallo de 15 de agosto de 2013,
C. P. Alfonso Vargas Rincón, expediente 19001-23-31-000-2005-00458-01 (1035-2010): «La asignación
básica mensual señalada en las normas se define en observancia tanto de las funciones y responsabilidades
del empleo como de los requisitos exigidos para su ejercicio según las variables denominación, clase y
grado. Las normas señalan como variables de clasificación el nivel, que se divide en directivo, asesor,
ejecutivo, profesional, técnico, auxiliar y operativo y que lo determina la responsabilidad, los requisitos
exigidos para su desempeño y la naturaleza especial de su funciones, la denominación, que es la
identificación del cargo por los deberes, atribuciones y responsabilidades y el grado, que indica la
asignación básica mensual del empleado dentro de la escala salarial progresiva según la complejidad y
responsabilidad inherentes al ejercicio de las funciones». Asimismo, sentencia T-105 de 2002, M. P. Jaime
Araújo Rentería.
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Por consiguiente, se reitera, la remuneración que le corresponde a cada empleo
está sometida a las características de este (nivel de responsabilidad, funciones
y requisitos de desempeño), así como al objeto y misión propios del ente
estatal al cual está adscrito9.

Por otra parte, en lo que concierne al caso concreto se advierte que el artículo
18 de la Ley 1444 de 201110, el legislador confirió facultades extraordinarias
al presidente de la República, para que, entre otras: (i) creara, escindiera,
fusionara y determinara la estructura orgánica de los departamentos
administrativos; (ii) reasignara las funciones y competencias entre las
entidades de la administración; y, (iii) creara los empleos en la planta de la
Fiscalía General de la Nación, dada la eventual modificación del
Departamento Administrativo de Seguridad.

En virtud de lo anterior, el presidente de la República expidió el Decreto ley
4057 de 31 de octubre de 201111 que, además de suprimir el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), trasladó sus funciones, así: (i) las de
control migratorio de nacionales y extranjeros y los registros de identificación
de extranjeros y las demás disposiciones sobre la materia, a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia; (ii) la de policía judicial para
investigaciones de carácter criminal, a la Fiscalía General de la Nación; y (iii)
la relacionada con llevar los registros delictivos y de identificación nacionales,
así como la expedición de los certificados judiciales y las demás que se
desprendan de esta, al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

En lo que concierne a la Fiscalía General de la Nación, advierte la Sala que el
Decreto 4059 de 201112 modificó la planta de personal de ese ente estatal para
atender las necesidades en materia de personal que le permitieran asumir las
funciones trasladadas; y el Decreto 4060 del mismo año estableció las
equivalencias entre la nomenclatura y clasificación de los empleos del DAS y
los de la Fiscalía General de la Nación.

Posteriormente, el legislador, mediante la Ley 1654 de 2013, otorgó facultades

9
Artículo 122 de la Carta Política: «No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente».
10
“(…) Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al
Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal
de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
(…)”.
11
“(…) Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas
funciones y se dictan otras disposiciones. (…)”.
12
«Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación».
11

Expediente: 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018)
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Henry Ánderson Gaviria Santillana contra la Nación – Fiscalía General de la Nación

extraordinarias pro tempore al presidente de la República con el fin de
modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación y expedir su régimen de carrera y situaciones administrativas, en
virtud de las cuales el Gobierno nacional expidió los Decretos 16 de 2014, que
modifica y define la estructura orgánica y funcional; 17 de 2014, que delimita
los niveles jerárquicos, modifica la nomenclatura, fija las equivalencias y los
requisitos generales para los empleos; 18 de 2014, que cambia la planta de
cargos; y 20 de 2014, que clasifica los empleos y expide el régimen de carrera
especial del mencionado organismo.

3.3.2 Principio de remuneración proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo: derecho a la igualdad por discriminación salarial. Frente a este
principio, alegado como vulnerado por el demandante, la Corte Constitucional
es del criterio que la remuneración de los trabajadores en general debe estar
acorde con los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo,
entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la
admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis distintas; así
discurrió:

El artículo 53 de la Constitución señala perentoriamente principios
mínimos que el legislador debe tener en cuenta cuando dicte las normas
integrantes del Estatuto del Trabajo y uno de ellos es justamente aquel
según el cual todo trabajador tiene derecho a una remuneración mínima,
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, aspecto éste
último que se expresa, como lo ha venido sosteniendo la Corte, en
términos de igualdad: “a trabajo igual, salario igual”.

[…]

Debe observarse que la indicada norma constitucional, además de estar
encaminada a la protección especial del trabajo en condiciones dignas y
justas, es un desarrollo específico del principio general de la igualdad
(artículo 13 C.P.), inherente al reconocimiento de la dignidad humana,
que impone dar el mismo trato a las personas que se encuentran en
idéntica situación aunque admite la diversidad de reglas cuando se trata
de hipótesis distintas.

Como la Corte lo ha manifestado, no se trata de instituir una
equiparación o igualación matemática y ciega, que disponga exactamente
lo mismo para todos, sin importar las diferencias fácticas entre las
situaciones jurídicas objeto de consideración. Estas, por el contrario,
según su magnitud y características, ameritan distinciones y grados en el
trato, así como disposiciones variables y adaptadas a las circunstancias
específicas, sin que por el sólo hecho de tal diversidad se vulnere el
postulado de la igualdad ni se desconozcan los mandatos
12

Expediente: 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018)
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Henry Ánderson Gaviria Santillana contra la Nación – Fiscalía General de la Nación

constitucionales.

Pero -claro está- toda distinción entre las personas, para no afectar la
igualdad, debe estar clara y ciertamente fundada en razones que
justifiquen el trato distinto. Ellas no procederán de la voluntad, el
capricho o el deseo del sujeto llamado a impartir las reglas o a aplicarlas,
sino de elementos objetivos emanados cabalmente de las circunstancias
distintas, que de suyo reclaman también trato adecuado a cada una.

Así ocurre en materia salarial, pues si dos trabajadores ejecutan la misma
labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios
e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma
y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno
de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el
salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y
calidad de trabajo.13

En ese orden de ideas, para que se configure la igualdad en materia salarial
entre trabajadores que laboran para un patrono (público o privado), se requiere
que concurran los siguientes supuestos fácticos: (i) que ejecuten la misma
labor, (ii) que ostenten la misma categoría, (iii) que cuenten con la misma
preparación, (iii) que coincidan en el horario, y (iv) que sus responsabilidades
sean iguales14.

Así lo ha reiterado también esta Corporación, con la aclaración de que
corresponde al interesado en la homologación y nivelación salarial acreditar
los requisitos jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional, así:

En este orden de ideas, para obtener el reconocimiento del salario de
Médico Especialista Grado 40, le correspondía al demandante acreditar
fehacientemente que ejecutaba la misma labor, tenía la misma categoría,
contaba con la misma preparación y tenía las mismas responsabilidades
de un empleado vinculado a dicho cargo, lo cual no aparece acreditado
dentro del proceso […]

[…]

No resulta viable acceder a la pretensión de nivelación salarial del actor,
toda vez que el cargo por él desempeñado era el de Médico Especialista
Grado 38 y no Grado 40. Recalca la Sala que las exigencias para ocupar
ambos cargos varían en cuanto la experiencia profesional requerida,
siendo que es la misma norma[…] la que trae una distinción particular
dentro de estos perfiles, siendo esta razón más que suficiente para

13
Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
14
Estas reglas jurisprudenciales fueron reiteradas por la Corte Constitucional en la sentencia T-067 de 2001,
M. P. Alejandro Martínez Caballero.
13

Expediente: 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018)
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Henry Ánderson Gaviria Santillana contra la Nación – Fiscalía General de la Nación

justificar un trato desigual en las asignaciones salariales para uno y otro,
puesto que no se trata de dos cargos que están en igualdad de
características, puesto que uno tiene exigencias más gravosas que el otro,
por lo tanto, la escala salarial de uno no será igual al de otro.15

De las referidas posturas jurisprudenciales, se infiere que el principio
constitucional a la igualdad en materia de nivelación salarial, se predica desde
la perspectiva de criterios objetivos que cobran distancia de los meramente
formales, pues de la abstracción generalizada frente a un cargo que pertenece a
otro nivel, cuya descripción se echa de menos en la respectiva planta de
personal, no resulta predicable la homogeneidad entre iguales, puesto que ello
conduce más bien a una diferenciación entre situaciones desiguales.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación,
se destaca:

a) Copia de los diplomas expedidos por la Universidad del Valle el 13 de
octubre de 2006, que confiere el título de tecnólogo químico al señor Henry
Ánderson Gaviria Santillana; y por el Servicio Nacional de Aprendizaje
(Sena), el 24 de mayo de 2016, de que cursó y aprobó la especialización
tecnológica en gestión en laboratorios de ensayo y calibración – norma
ISO/IEC 17025 (f. 37 vuelto).

b) Hoja de vida del actor elaborada por la Fiscalía General de la Nación (ff. 48
y 49), según la cual laboró para el extinguido DAS entre el 13 de julio de 2009
y el 31 de diciembre de 2011 en el cargo de detective 208-06, fue incorporado
a ese ente estatal el 1° de enero de 2012 como asistente de investigación
criminalística IV; y el 1° de enero de 2014 se posesionó en propiedad en el
empleo de técnico investigador I; asimismo, se relacionan los títulos
académicos descritos en la letra precedente.

c) Resolución 469 de 1° de abril de 2014, por la cual se hace la incorporación
automática de los servidores de la Fiscalía General de la Nación a la nueva
planta de cargos en virtud de las modificaciones efectuadas por los Decretos
15
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 13
de febrero de 2014, radicación 05001-23-31-000-2006-02895-01(0042-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
En el mismo sentido también se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, subsección A, sentencia de 9 de diciembre de 2019, expediente 76001-23-31-000-2011-
00572-01(4858-18), C. P. William Hernández Gómez.
14

Expediente: 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Henry Ánderson Gaviria Santillana contra la Nación – Fiscalía General de la Nación

ley 16, 17 y 18 de 2014, en cuyo artículo 1°, en la casilla 6413 se relaciona al
demandante como incorporado al empleo de técnico investigador I de la
subdirección seccional de policía judicial de Risaralda (ff. 43 a 46).

d) Constancia expedida el 14 de enero de 2016 por la directora técnica del
grupo de química de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la cual
el demandante, entre el 31 de enero de 2013 y el 4 de mayo de 2015, laboró
para la seccional Risaralda de esa dependencia de la subdirección de policía
judicial – CTI, con las siguientes funciones:

Funciones según la GUÍA DE RESPONSABILIDADES FGN-26.2-G-07
tiene las siguientes responsabilidades:
Auxiliar de laboratorio
Depende y reporta a:
Director Técnico Función: apoyar la labor de los peritos y supervisar o
asesorar en las labores de limpieza, organización y desinfección de áreas
y material del grupo.
1. Aplicar lineamientos del manual de procedimientos de cadena de
custodia y guía de buenas prácticas de laboratorio.
2. Garantizar el correcto almacenamiento, manipulación y demás
actividades relacionadas con el manejo adecuado de reactivos, elementos
de trabajo usados en el desarrollo de un ensayo, verificación o
calibración.
3. Recibir, almacenar y custodiar los remanentes.
4. Preparación de reactivos.
Nota: Los numerales 3 y 4 aplican para el grupo de química.
Interrelaciones del Auxiliar de Laboratorio.

e) Certificado emitido el 12 de enero de 2016 por el jefe de la sección de
talento humano de la Fiscalía General de la Nación, acerca de que el
demandante cumple, a partir del 4 de mayo de 2015, en el grupo de química
de la subdirección de policía judicial – CTI- Cali, las funciones que a
continuación se relacionan:

Funciones según la GUlA DE RESPONSABILIDADES FGN-26.2-G-07
tiene las siguientes responsabilidades:
Auxiliar de laboratorio
Depende y reporta a: Director Técnico
Función: apoyar la labor de los peritos y supervisar o asesorar en las
labores de limpieza, organización y desinfección de áreas y material del
grupo.
1. Aplicar lineamientos del manual de procedimientos de cadena de
custodia y guía de buenas prácticas de laboratorio.
2. Garantizar el correcto almacenamiento, manipulación y demás
actividades relacionadas con el manejo adecuado de reactivos, elementos
de trabajo usados en el desarrollo de un ensayo, verificación o
15

Expediente: 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018)
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Henry Ánderson Gaviria Santillana contra la Nación – Fiscalía General de la Nación

calibración.
3. Recibir, almacenar y custodiar los remanentes.
4. Preparación de reactivos.
Nota: Los numerales 3 y 4 aplican para el grupo de química.

f) El 27 de enero de 2016 (ff. 21 y 22 vuelto), el actor reclamó de la accionada
el pago de las diferencias salariales y prestacionales y la consecuente
reclasificación entre los empleos de técnico investigador I, en el que se
encuentra nombrado, y técnico investigador IV, del cual, según menciona,
cumple funciones, lo que le fue negado mediante oficio DS-06-12-6-SAJ-059
de 8 de febrero siguiente (ff. 23 a 26), confirmado con la Resolución 2-1290
de 10 de mayo del mismo año (ff. 30 a 35), por la que se resuelve un recurso
de apelación, en los que se adujo que el actor ha recibido los salarios y demás
prestaciones según la escala salarial y las funciones ejercidas en su calidad de
técnico investigador I.

g) El actor aportó el manual específico de funciones de la Fiscalía General de
la Nación, adoptado mediante Resolución 29 de 10 de noviembre de 2015 (ff.
65 a 77), la guía de responsabilidades proceso de investigación y
judicialización (ff. 78 a 83 vuelto) y el manual de calidad NTC-ISO/IEC
10702 (ff. 84 a 101)

i) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores
Cindy Melisa Ortiz Gil, Carlos William Escobar, José Manuel Martínez Sosa,
y Luis Guillermo González Londoño (ff. 243 a 252, 327 a 329 y 2 CD en ff.
281 y 349), quienes relataron circunstancias referentes a la prestación de
servicios del demandante, en especial respecto de las funciones que ejercía en
el grupo de química como auxiliar de laboratorio y que estas requieren
conocimientos científicos de nivel tecnológico.

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el demandante
es tecnólogo químico y especialista tecnólogo en gestión en laboratorios de
ensayo y calibración – norma ISO/IEC 17025; (ii) laboró para el extinguido
DAS entre el 13 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2011 en el cargo de
detective 208-06, fue incorporado a la Fiscalía General de la Nación el 1° de
enero de 2012 como asistente de investigación criminalística IV y el 1° de
enero de 2014 se posesionó en propiedad en el cargo de técnico investigador I;
y (iii) el 27 de enero de 2016 reclamó de la accionada el pago de las
diferencias salariales y prestacionales (con la consecuente reclasificación)
entre los empleos de técnico investigador I, en el que se encuentra nombrado,
y técnico investigador IV, del cual, según menciona, cumple funciones, lo que
16

Expediente: 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018)
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le fue negado mediante oficio DS-06-12-6-SAJ-059 de 8 de febrero siguiente
y Resolución 2-1290 de 10 de mayo del mismo año, en los que se adujo que
ha recibido los emolumentos laborales de acuerdo con la escala salarial y las
funciones ejercidas en su calidad de técnico investigador I.

Previo a desatar la alzada, cabe anotar que si bien el a quo se inhibió de
pronunciarse respecto de la pretensión de reclasificación en el cargo de técnico
investigador grado IV, lo cierto es que esta es consecuente a la nivelación
salarial que reclama el actor, pues lo que pretende, además del pago de las
diferencias salariales, es que en adelante se le remunere de acuerdo con el
mencionado empleo. Por consiguiente, la Sala la Sala examinará el fondo del
asunto.

Ahora bien, con el propósito de dilucidar el problema jurídico planteado, cabe
precisar, en primer lugar, que en atención a los principios constitucionales de
primacía del derecho sustancial sobre el procesal, igualdad (a trabajo igual,
salario igual) e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, así
como aquellos plasmados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 196616, los empleados deben
recibir como retribución por su labor una remuneración acorde con las tareas
que desempeñan.

Cuando un empleador vulnera o desconoce de manera caprichosa tales
prerrogativas, al reconocer a un trabajador una mejor remuneración que a otro
que se encuentra en idénticas condiciones, este puede reclamar, por vía
judicial, la restitución económica (nivelación salarial) que esa situación
reprochable le pudo causar. Para ello, el interesado debe demostrar que uno y
otro «[…] i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii)
cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente,
cuando (v) las responsabilidades son iguales […]»17.

Acerca de este tema, el Consejo de Estado, en sentencia de 13 de febrero de
201418, dijo:

En este orden de ideas, para obtener el reconocimiento del salario de
Médico Especialista Grado 40, le correspondía al demandante acreditar

16 «Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A
(XXI), de 16 de diciembre de 1966», cuyo artículo 7 prevé: «Los Estados partes en el presente pacto
reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas».
17 Ver sentencias T-27, SU-111 y T-272 de 1997, de la Corte Constitucional.
18
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve, expediente 05001-23-31-000-2006-02895-01 (42-2012).
17

Expediente: 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018)
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fehacientemente que ejecutaba la misma labor, tenía la misma
categoría, contaba con la misma preparación y tenía las mismas
responsabilidades de un empleado vinculado a dicho cargo, lo cual no
aparece acreditado dentro del proceso. […]

Recalca la Sala que las exigencias para ocupar ambos cargos varían en
cuanto la experiencia profesional requerida, siendo que es la misma
norma la que trae una distinción particular dentro de estos perfiles,
siendo esta razón más que suficiente para justificar un trato desigual en
las asignaciones salariales para uno y otro, puesto que no se trata de dos
cargos que están en igualdad de características, puesto que uno tiene
exigencias más gravosas que el otro, por lo tanto, la escala salarial de
uno no será igual al de otro […]».

En este orden de ideas, quien pretenda la nivelación salarial con la convicción
de que la labor que desarrolla resulta equiparable a la de otro servidor mejor
retribuido, debe acreditar que cumple las mismas funciones que este y cuenta
con similar preparación, además de colmar los requisitos que exige el empleo
respecto del cual se pide la nivelación.

En el presente caso, el accionante alega que el a quo no observó las
certificaciones de funciones expedidas por sus superiores como técnico
investigador I, las cuales dan cuenta de que él cumple las mismas indicadas en
el manual de funciones para el empleo de técnico investigador IV. Además,
aduce que satisface los requisitos de estudio y experiencia exigidos para el
último de los mencionados cargos.

Al respecto, la Sala procede a realizar un comparativo entre lo certificado y las
funciones y requisitos legalmente establecidos entre los empleos de técnico
investigador I y técnico investigador IV, para desatar la cuestión litigiosa:

Requisitos estudio y experiencia Decreto 17 de 2014 Experiencia y estudio
acreditados por el actor ante la
Fiscalía General de la Nación
Técnico investigador I Técnico investigador IV - Para enero de 2014, fecha de la
nueva clasificación Decreto 17
• 1 año de educación superior en - Título de formación tecnológica en de 2014, menos de 5 años
áreas relacionadas con las áreas relacionadas con las funciones (aproximadamente 2 años desde
funciones del cargo. del cargo o aprobación de 4 años de el 1° de enero de 2012, cuando
educación profesional en áreas fue incorporado a la Fiscalía
• 1 año de experiencia laboral. relacionadas con las funciones del General de la Nación como
cargo. asistente de investigación
criminalística).
• 5 años de experiencia relacionada.
• Tecnólogo químico y
especialista tecnólogo en gestión
en laboratorios de ensayo y
calibración – norma ISO/IEC
17025.
18

Expediente: 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018)
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Manual especifico de funciones Funciones certificadas
1. Apoyar al investigador en la 1. Apoyar al fiscal y al investigador 1. Aplicar lineamientos del
elaboración del programa en la elaboración del programa manual de procedimientos de
metodológico de la metodológico de la investigación, de cadena de custodia y guía de
investigación, de acuerdo con acuerdo con los procedimientos buenas prácticas de laboratorio.
los procedimientos establecidos establecidos y la normativa vigente. 2. Garantizar el correcto
y la normativa vigente. 2. Recolectar, verificar, proteger y almacenamiento, manipulación y
2. Recolectar, verificar, proteger enviar los elementos materiales demás actividades relacionadas
y enviar los elementos probatorios y evidencia física, con el manejo adecuado de
materiales probatorios y conforme los procedimientos de reactivos, elementos de trabajo
evidencia física, de acuerdo a cadena de custodia establecidos por usados en el desarrollo de un
los procedimientos de cadena de el Fiscal General y la normativa ensayo, verificación o
custodia y normativa vigente. vigente. calibración. 3. Colaborar con la revisión y 3. Revisar los elementos materiales 3. Recibir, almacenar y custodiar
análisis de los elementos probatorios y evidencia física dentro los remanentes.
materiales probatorios y de la investigación criminal y apoyar 4. Preparación de reactivos
evidencia física dentro de la su análisis, conforme los «Interrelaciones del Auxiliar de
investigación criminal, procedimientos establecidos y la Laboratorio».
conforme los procedimientos normativa vigente.
establecidos y la normativa 4. Ejecutar las actividades de
vigente. investigación que ordena el Fiscal
4. Ejecutar las actividades de con cumplimiento a los tiempos y
investigación que ordena el parámetros establecidos y la
Fiscal con cumplimiento a los normativa vigente.
tiempos y parámetros 5. Elaborar y rendir los informes de
establecidos y la normativa policía judicial que le sean
vigente. requeridos, siguiendo los
5. Elaborar y rendir los procedimientos y estándares de
informes de policía judicial que calidad y la normativa vigente.
le sean requeridos, siguiendo 6. Apoyar la elaboración de
los procedimientos y estándares contextos y la priorización de
de calidad y la normativa situaciones y casos en las
vigente. investigaciones que le sean
6. Apoyar la elaboración de asignadas, según su conocimiento
contextos de situaciones y casos técnico y los procedimientos
en las investigaciones que le establecidos.
sean asignadas, según su 7. Acudir oportunamente como
conocimiento técnico y los testigo en los procesos en que sea
procedimientos establecidos. solicitada su declaración, de acuerdo
7. Acudir oportunamente como con los procedimientos y protocolos
testigo en los procesos en que establecidos y la normativa vigente.
sea solicitada su declaración, de 8. Adoptar mecanismos de
acuerdo con los procedimientos coordinación y trabajo conjunto,
y protocolos establecidos y la especialmente con el fiscal
normativa vigente. coordinador de la investigación, en el
8. Adoptar mecanismos de ejercicio de sus funciones.
coordinación y trabajo conjunto, 9. Registrar oportunamente en los
especialmente con el fiscal sistemas de información las
coordinador de la investigación, actuaciones de policía judicial que le
en el ejercicio de sus funciones. sean asignadas, de acuerdo con los
9. Registrar oportunamente en procedimientos establecidos y
los sistemas de información las estándares de calidad requeridos.
actuaciones de policía judicial 10. Desarrollar actividades para
que le sean asignadas, de brindar atención y protección
acuerdo con los procedimientos inmediata a las víctimas, testigos y
establecidos y estándares de personas hasta que el programa de
calidad requeridos. protección impulse las medidas
10.

Atender y orientar a los pertinentes, de acuerdo con el
usuarios y suministrar la procedimiento establecido y la
información y documentos que normativa vigente.
sean solicitados, de acuerdo con 11. Apoyar la emisión y revisión de
el procedimiento establecido y conceptos técnicos según su
la normativa vigente. competencia y conocimientos
11. Recibir denuncias, querellas técnicos de acuerdo con los términos
19

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e informes provenientes de establecidos y los lineamientos
fuentes formales o no formales. institucionales.
12. Llevar el registro 12. Apoyar la realización de informes
actualizado de las actuaciones técnicos y estadísticos requeridos a la
procesales y administrativas que dependencia donde se encuentra
se lleve a cabo en las asignado, conforme las políticas y
actividades que adelanta la procedimientos institucionales.
dependencia. 13. Contribuir con la elaboración de
13. Ejecutar las acciones los documentos requeridos dentro del
requeridas para conservar y Sistema de Gestión Integral de
mantener el archivo documental competencia de la policía judicial.
que soporte las actuaciones de 14. Brindar asistencia y apoyo
la dependencia, conforme a la técnico, administrativo u operativo a
normativa vigente. la dependencia, de acuerdo las
14. Aplicar las directrices y directrices impartidas, los métodos y
lineamientos de la Arquitectura procedimientos establecidos.
Institucional y del Sistema de 15. Ejecutar las acciones requeridas
Gestión Integral de la Fiscalía para conservar y mantener el archivo
General de la Nación. documental que soporte las
15. Desempeñar las demás actuaciones de la dependencia,
funciones asignadas por el jefe conforme a la normativa vigente.
inmediato y aquellas inherentes 16. Aplicar las directrices y
a las que desarrolla la lineamientos de la Arquitectura
dependencia y a la formación Institucional y del Sistema de
del titular del cargo. Gestión Integral de la Fiscalía
General de la Nación.
17. Llevar a cabo la evaluación del
desempeño laboral de los servidores
y cumplir con las obligaciones del
evaluador, de acuerdo con el Sistema
de Evaluación del Desempeño
Laboral vigente, en los casos que le
sea asignada esta función por el jefe
inmediato.
18. Desempeñar las demás funciones
asignadas por el jefe inmediato y
aquellas inherentes a las que
desarrolla la dependencia y a la
formación del titular del cargo.

Se observa que el manual específico de funciones describe de manera genérica
las funciones establecidas para cada uno de los empleos, mientras que las
certificadas como efectivamente realizadas por el actor son concretas y pueden
ubicarse en cualquiera de los cargos.

Ahora bien, aunque también fueron aportados al plenario la guía de
responsabilidades - proceso de investigación y judicialización y el manual de
calidad NTC-ISO/IEC, de estos no es dable determinar si es el técnico
investigador grado I o el grado IV el que tiene asignada las funciones que
desempeña el actor, pues tales documentos no precisan tal aspecto.

Asimismo, aunque las declaraciones recaudadas (referenciadas en la letra i de
la relación de pruebas que antecede) dan cuenta de las funciones que
desempeña el actor como auxiliar de laboratorio en el grupo de química de la
seccional Cali de la Fiscalía General de la Nación, donde labora desde mayo
20

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de 2015, estas no son suficientes para evidenciar si desde el 31 de enero de
2013 o al momento en que fue nombrado como técnico investigador grado I,
en virtud de la nueva clasificación de los empleos adoptada mediante Decreto
17 de 2014 (1° de enero de 2014), el demandante cumplía dichas tareas o si
contaba con los 5 años de experiencia relacionada que exige el grado IV que
acá se reclama, máxime cuando el uso de los conocimientos científicos que
podrían sumar dicha experiencia relacionada, tal como lo acepta el actor, se da
desde su ingreso al área de química (31 de enero de 2013).

Cabe mencionar que, según los citados testimonios, la preparación específica
para desarrollar las labores requeridas en el área de química la brinda el ente
estatal al momento de asignar al servidor a determinado grupo, por lo que, se
insiste, no es viable deducir que antes de que fuera designado a esa área el
accionante contara con la experiencia relacionada que se exigía, lo que,
conforme al artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), que establece
que «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», debía acreditar, y que sería
el requisito que se echa de menos para configurar un trato diferenciado y, por
ende, una desmejora salarial susceptible de ser restablecida19, lo que desvirtúa,
entonces, los reproches invocados en la demanda20.

En tales condiciones, para acceder a la pretensión de pago de diferencias
salariales entre los cargos de técnico investigador grado I y grado IV, con su
consecuente reclasificación del empleo, resulta indispensable, además del
cumplimiento de funciones similares, que el interesado satisfaga la totalidad
de requisitos de formación académica y experiencia, lo cual no se probó en el
sub examine.

Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 201621, se pronunció así:

19
Corte Constitucional, sentencia T-18 de 1999, M. P. Alfredo Beltrán Sierra. «En reiterada jurisprudencia
emanada de ésta Corporación […], se ha señalado que el derecho a la igualdad, preconizado por el artículo
13 de la Carta Política, no plantea una igualdad matemática, sino una igualdad real, que busca un trato
igual a las personas que se encuentran bajo unas mismas condiciones, y que justifica un trato diferente sólo
cuando se encuentran bajo distintas condiciones».
20
Ver, entre otros fallos de la sección segunda, de (i) 15 de junio de 2011, subsección B, expediente 76001-
23-31-00-2004-02610-01 (801-10); (ii) 12 de octubre de 2016, subsección B, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter,
expediente 17001-23-33-000-2013-00193-01 (1191-2014); (iii) 1º de marzo de 2018, subsección A, C. P.
Gabriel Valbuena Hernández, expediente 17001-23-33-000-2013-00150-01 (408-14); y (iv) 25 de abril de
2019, subsección B, expediente: 52001-23-33-000-2016-00265-01 (4375-2017).
21
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21

Expediente: 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Henry Ánderson Gaviria Santillana contra la Nación – Fiscalía General de la Nación

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de
ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las
partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o
discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos
dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de
pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se
hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79
CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses de la demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición
del juez la procedencia o no de la condena en costas, por cuanto para ello
debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su
causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
22

Expediente: 76001-23-33-000-2016-01680-01 (4670-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Henry Ánderson Gaviria Santillana contra la Nación – Fiscalía General de la Nación

desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o
mala fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no
predicarse tal proceder del accionante, se revocará la condena en costas.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas impuestas al
actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 30 de abril de 2018 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de
la demanda incoada por el señor Henry Ánderson Gaviria Santillana contra la
Nación – Fiscalía General de la Nación, conforme la parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, de acuerdo
con las consideraciones del presente fallo.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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