Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2016-01703-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Teoria de la confianza legitima: en la jurisprudencia constitucional y administrativa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2016-01703-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-33-000-2016-01703-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
31 de enero de 2019
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE ACCIÓN POPULAR - / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO, UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO Y GOCE DE UN MEDIO AMBIENTE SANO Y LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO - Por ocupación indebida y/o ilegítima del espacio público en andenes, zonas verdes y calzada vehicular de la ciudad de Santiago de Cali
[L]a Sala puede concluir que en el sub judice sí existe y persiste en la actualidad una ocupación ilegal y/o ilegítima del espacio público y un deterioro y/o merma de los bienes de uso público por parte de trabajadores informales; quienes desarrollan actividades de mecánica automotriz y trabajos de lámina y pintura; cuya actividad ha dejado presencia de residuos sólidos, aceites, grasas e hidrocarburos en los sumideros de aguas lluvias; actividades que, de tiempo atrás, constituyen una palpable vulneración y/o transgresión de los derechos colectivos relacionados en la demanda popular. Y, si bien algunas de las entidades accionadas han realizado gestiones y tareas (dentro de su marco de acción) tendientes o encaminadas a mitigar la problemática (…) es posible concluir que, aun son apremiantes, las necesidades que allí se presentan en cuanto a la intervención y acción efectiva de las autoridades llamadas a responder en esta causa constitucional. (…).
TEORIA DE LA CONFIANZA LEGITIMA - En la jurisprudencia constitucional y administrativa / VENDEDORES INFORMALES - No hay lugar a proferir orden de desalojo y reubicación
[L]a Sala pone de presente que la actividad desarrollada en la referida zona no encaja dentro de las clases de vendedores informales que ha definido la Corte Constitucional, para efectos de dar aplicación a la teoría de la confianza legítima; en razón a que no se trata de ventas ambulantes sino de personas que, trabajan en sus locales comerciales y/o talleres, bajo la actividad de reparación y venta de repuestos de vehículos automotores. En este estado de cosas, no hay lugar a proferir orden de desalojo alguna y posterior reubicación concertada de dichas personas, pues se trata simple y llanamente de una compleja situación de tráfico u obstaculización vehicular, tal como lo puso de presente el Tribunal de instancia; y por tanto, no le asiste razón al apelante, municipio de Santiago de Cali, cuando aduce que debe concertar con la población presente en la zona, el proceso de reubicación.
CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO - Marco normativo y reglamentario / PRINCIPIOS DE COORDINACIÓN, CONCURRENCIA Y SUBSIDIARIEDAD - Son el fundamento para el desarrollo de competencias otorgadas a las entidades territoriales
[La Sala comparte la decisión del Tribunal (…) en lo que al amparo de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y el goce de un medio ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico se refiere; y en consecuencia, se confirmará el amparo de los mismos. De otra parte, en relación al recurso de apelación instaurado por Municipio de Santiago de Cali, la Sala observa que (…) los argumentos allí consignados no son de recibo para este juez de amparo; toda vez que lo único que pretenden las entidades aquí accionadas (…) es relevarse y/o eximirse injustificadamente de su responsabilidad y de las obligaciones a ellas impuestas por la Constitución, la Ley y el reglamento; cuando lo cierto es que debe haber una colaboración armónica, concatenada, eslabonada y coordinada entre éstas autoridades administrativas. Y si bien, (…) la entidad, a través de sus diferentes dependencias, ha desplegado algunas actividades tendientes a mitigar y/o aminorar la problemática (…) éstas han resultado insuficientes (…).
CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO - La Policía Nacional tiene a cargo la ejecución de las medidas dispuestas por el Alcalde Municipal
Ahora bien, respecto a la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, (…) el diseño, planeación y ejecución de las políticas públicas concernientes a la protección y defensa del espacio público competen a la alcaldía municipal de Santiago de Cali, y la Policía Nacional, a través de su respectivo comandante, tendrá a su cargo la ejecución de las medidas dispuestas por el primer mandatario local. Así las cosas, le asiste razón al apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional en su recurso de apelación, (…) por tanto, se revocará el numeral primero del fallo, para en su lugar declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de esta entidad ; asimismo, se revocará parcialmente el numeral segundo, en el sentido de declarar únicamente al Municipio de Santiago de Cali, como responsable de la vulneración de los derechos colectivos (…) Finalmente, respecto a las órdenes dadas por el Tribunal de primera instancia, la Sala considera que las mismas son adecuadas y pertinentes (…).
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / LEY 472 DE 1998 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 4 - LITERAL D) Y E) / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 218 / CARTA POLÍTICA - ARTÍCULO 315 - NUMERAL 1 / LEY 769 DE 2002 / LEY 1383 DE 2010 / DECRETO 0203 DE 2001 / DECRETO 0516 DE 2016 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 - NUMERAL 16 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 - NUMERAL 16 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / LEY 472 DE 1998 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 63 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 82 / DECRETO 1504 DE 1998 / LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULO 5 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 674 / DECRETO 1504 DE 1998 - ARTÍCULO 2 / DECRETO 1504 DE 1998 - ARTÍCULO 3 / DECRETO 2811 DE 1974 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTICULO 79 / DECRETO 2811 DE 1974 / LEY 99 DE 1993 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 311 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 218 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 315 - EL NUMERAL 2
NOTA DE RELATORÍA: El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-360 de 1999. M. P. Alejandro Martínez Caballero. Acerca de la utilización del espacio público, ver: Corte Constitucional, sentencia T-537 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 76001-23-33-000-2016-01703-01(AP)
Actor: RICARDO GARCÍA RAMÍREZ
Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE GOBIERNO – SUBSECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (DAGMA) Y LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y por el Municipio de Santiago de Cali en contra de la sentencia de 30 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones planteadas por las entidades demandadas y, de igual forma, se ampararon los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y el goce de un ambiente sano y la defensa del equilibrio ecológico.
SOLICITUD
I.1. El señor Ricardo García Ramírez, por intermedio de apoderada judicial, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de agosto 5 de 1998, presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, del Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Gobierno – Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y de Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), con miras a obtener la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y el goce de un ambiente sano y la defensa del equilibrio ecológico, los cuales estimó vulnerados por las entidades demandadas, toda vez que, desde hace más de cinco (5) años, se viene presentando una ocupación indebida del espacio público en los andenes, zonas verdes y calzada vehicular de las calles 22 y 22ª, entre las carreras 15 y 16, de la ciudad de Cali, por parte de indigentes, mecánicos informales y puestos de venta de comidas.
LOS HECHOS
Los hechos que fundamentaron la demanda de acción popular fueron los siguientes:
II. 1. El actor popular afirmó que, desde hace más de cinco (5) años, se viene desplegando una ocupación indebida e ilegítima del espacio público en los andenes, zonas verdes y calzada vehicular de las calles 22 y 22ª, entre las carreras 15 y 16, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, por parte de indigentes, mecánicos informales y puestos variados de venta de alimentos.
II.2. Esgrimió que: “[…] El día 01 de abril de 2015 mi poderdante, junto con distintos ciudadanos preocupados por la situación que se está dando en el área, elevaron un derecho de petición ante la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, solicitando la intervención del sector afectado (Carreras 15 y 16, con calles 22 y 22ª) con la instalación de un CAI móvil o permanente. Lo anterior, en razón a que la zona presenta un incremento de la inseguridad, el vertimiento de basuras, entre otras situaciones que acarrean la invasión ilegal del espacio público […]”.
II.3. Informó que la entidad municipal, mediante Oficio No. 4161.2.9.6.01.4555.078 del 7 de abril de 2016, dio respuesta a la referida petición indicando que iba a oficiar a las entidades a las cuales les correspondía resolver dicha problemática, en razón a que esa dependencia no era la competente para ello.
II.4. Acusó que, frente a la negativa de la entidad ante la cual se elevó la petición, presentaron un escrito dentro del cual, entre otros aspectos, indicaron que: “[…] si el destinatario del Derecho de Petición considera que no tiene competencia para pronunciarse respecto de las peticiones del mismo, este hecho no lo exime de suministrar una respuesta, de igual forma, deberá DE OFICIO, remitir a la autoridad competente la solicitud; respecto de lo anterior, se ha pronunciado la H. Corte Constitucional en su sentencia T-523 de 2010, en los siguientes términos: “…(i) que la falta de competencia de la entidad ante quien se presenta la solicitud no la exonera del deber de responder; y, (ii) que ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”. De esta manera, pusimos de presente que la entidad no cumplió con su deber, a sabiendas de que la invasión del espacio público es una situación que requiere ser corregida de manera inmediata y constantemente vigilada en aras de conseguir y mantener el desalojo de las mismas y amparar con ello el derecho de la ciudadanía al disfrute del Espacio Público […]”.
II.5. Puso de presente que el espacio público invadido, que comprende las zonas verdes, calzadas vehiculares y peatonales, continúa siendo ocupado ilegítimamente y deteriorado, sin haberse presentado acción o intervención alguna por parte de las autoridades municipales correspondientes.
II.6. Anotó que “[…] Aparte de los daños que ha sufrido el área afectada, tales como vertimientos de grasa y aceites en las alcantarillas, conexiones ilegales de electricidad, entre otros ya mencionados; la inseguridad del lugar ha incrementado sustancialmente, haciendo que el paso, tanto peatonal como vehicular por ésta zona, se dificulte y ponga en peligro la integridad de los transeúntes […]”.
II.7. Agregó, por último, que: “[…] los hechos a los que hace alusión esta demanda, son hechos notorios que ocurren desde hace más de 5 años, sin que las autoridades hayan ejercido la defensa del espacio y el control de la situación que les corresponde como autoridades públicas, a pesar de las constantes quejas y solicitudes hechas por la comunidad […]”.
PRETENSIONES
La parte actora formuló las siguientes pretensiones en su demanda popular:
“[…] Solicitamos se sirva ordenar el amparo de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y la defensa del patrimonio público; a través de las siguientes órdenes:
PRIMERO: Se ORDENE al Municipio de Santiago de Cali, DAGMA, Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y a la Policía Metropolitana que, de acuerdo con sus correspondientes competencias y funciones, cesen en sus omisiones y procedan a obtener la restitución del Espacio Público al que se refiere esta acción, desalojando a los vendedores ambulantes y mecánicos informales que lo mantienen invadido, adoptando todas las medidas necesarias para su reconstrucción, mantenimiento, rehabilitación y protección permanente, a fin de que vuelva a su estado original y sea apto para el disfrute y tránsito exclusivamente de todas las personas, sin distinto alguno.
SEGUNDO: Se ORDENE a Planeación Municipal, que de acuerdo con sus competencias y funciones y con lo previsto en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial para Santiago de Cali, proceda a reconstruir íntegramente y a mantener, renovar, rehabilitar, remodelar y hacer labores de conservación al espacio público al cual se refiere esta demanda, así como a los bienes de uso público o del patrimonio público, a fin de que vuelvan a su estado original y sean aptos de nuevo para el goce y tránsito de todas las personas y que se procedan a realizar las obras de defensa necesarias, como la instalación de bolardos, para evitar que en el futuro vuelva a ser invadido y destinado a usos contrarios a los derechos colectivos.
TERCERO: Se ORDENE por parte de la Secretaría de Gobierno – Subsecretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el control y vigilancia de los vendedores ambulantes y mecánicos informales que ocupan esta zona para que procedan a desalojar la zona en la que invaden el Espacio Público peatonal, zonas verdes y vehicular y que, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 069 de 2000 o Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali, no vuelvan a invadirla, so pena de que les sean aplicables las sanciones policivas que la ley contempla entre las cuales se encuentra efectuar el decomiso de las especies, implementos y materiales utilizados para cometer la infracción, cuando a ello hubiere lugar.
CUARTO: Se ORDENE a Planeación Municipal y a todas las entidades aquí demandadas para que cesen en sus omisiones y que, de acuerdo con sus competencias y funciones, actúen como les corresponde y prosigan a regular la ubicación de los vendedores ambulantes, estacionarios o vehiculares y apliquen las sanciones policivas que sean del caso, como el decomiso de las especies, implementos y materiales utilizados para cometer la infracción, cuando a ello hubiere lugar. (Acuerdo 01 de 1996, art. 23)
QUINTO: Se ORDENE a la Secretaría de Gobierno - Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, posterior a la recuperación de la Zona, se prosiga primero a delimitar el área con mallas o bolardos para evitar una nueva invasión, segundo elaborar de manera horizontal o vertical el letrero de ZONA RECUPERADA y, por último, que se inscriba un acta de compromiso con la Policía Metropolitana para que se ejerza el constante control y vigilancia del Espacio Público […]”.
ACTUACIÓN PROCESAL
IV. 1. La demanda fue inicialmente radicada ante el Juzgado Noveno (9°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, despacho que, mediante proveído calendado el 3 de noviembre de 2016, declaró su falta de competencia por factor funcional y, en consecuencia, ordenó su remisión al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
IV. 2. Por medio de auto de 12 de diciembre de 2016, el Tribunal admitió la demanda; ordenó las respectivas notificaciones a las entidades demandadas, al Agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
IV.3. Las notificaciones arriba referidas, se llevaron a cabo en debida forma, tal y como se observa a folios 52 a 60 del expediente popular de la referencia.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
V. 1. El apoderado judicial del Municipio de Santiago de Cali, mediante escrito presentado de forma oportuna ante el Tribunal, dio contestación a la demanda instaurada, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones incoadas, con base en los siguientes argumentos:
Esgrimió que, la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, mediante Oficio No. 4161.2.9.6.01.4655.078 del 7 de abril de 2016, dio respuesta a la petición elevada por el actor (con radicado No. 2016-41110-019312-2 del 27 de febrero de 2016), informando claramente cuáles eran los entes a los que les correspondía dar trámite a dicha solicitud.
Adujo que la zona que se alega afectada u ocupada ilegítimamente, es decir, la comprendida entre las calles 22 y 22ª (entre las carreras 15 y 16 de la ciudad de Cali Valle), es una zona comercial especializada, donde la principal actividad es la venta de repuestos para automotores y servicios de taller para los mismos; sin que se vean vulnerados los derechos colectivos concernientes al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. Agregó que no existe ningún elemento probatorio, a través del cual se pueda inferir que dichas garantías colectivas fueron conculcadas en el sub judice.
Expuso que, contrario a lo planteado por el actor popular, no existe incumplimiento ni omisión por parte de esa entidad, pues el municipio de Santiago de Cali sí implementó medidas para cumplir con el derecho de petición elevado, toda vez que ofició a los entes competentes con el fin de que dieran respuesta al interrogante allí señalado.
Anotó que: “[…] En lo referente a la construcción de un CAI en la zona, se debe dirigir una petición a la Policía Metropolitana, quien es la entidad competente para realizar los estudios de seguridad en estos casos. Si la Policía Metropolitana, conceptúa la necesidad de un CAI, la Alcaldía de Cali – Secretaria de Gobierno, iniciarán las gestiones presupuestales pertinentes, conjuntamente con la Nación, para efectos de su construcción, previos estudios jurídicos, técnicos y arquitectónicos, que toman cierto tiempo […]”.
Consideró que el petitum de la demanda no está llamado a prosperar, debido a que no se aportó ningún soporte probatorio encaminado a demostrar que se están materializando actuaciones tendientes a vulnerar y/o amenazar los derechos colectivos contenidos en los literales d) y e), del artículo 4°, de la Ley 472 de 1998; máxime cuando sí se contestó la petición a la cual se hace referencia en la acción constitucional.
En ese orden de ideas, alegó como excepciones la “carencia de los requisitos estructurales de la acción popular para la demostración de la vulneración de los derechos invocados” y la “inexistencia de la afectación de los derechos colectivos mencionados”.
V. 2. El apoderado judicial de Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, dio contestación a la acción constitucional, esbozando que la Policía tiene el deber de respetar las funciones asignadas a otras entidades del Estado, en cumplimiento de sus fines, pues aunque por mandato constitucional debe existir colaboración armónica entre las entidades del Estado, también es una regla la concerniente a la independencia de las funciones de cada órgano.
Sostuvo que: “[…] Si bien la Policía, en temas de espacio público, hace acompañamiento a las entidades encargadas de su protección, en este caso puntual no media ninguna solicitud, donde la Alcaldía Municipal, por intermedio de la Secretaría de Gobierno, haya solicitado el acompañamiento de la Policía Nacional para realizar los respectivos controles y desalojos del espacio público, que relaciona el actor en la presente demanda; habida cuenta que es el mismo municipio, a través de la Secretaría de Gobierno, quien debe tener conocimiento de que sectores han sido delimitados como zonas verdes, espacio público, parqueaderos, entre otros, y así determinar si hay o no lugar a ordenar y proceder a desalojos en aras de restablecer el espacio público. Bajo estos parámetros, es inadmisible, que se le trate de endilgar una responsabilidad a la Policía Nacional, cuando esta institución no es la competente para otorgar permisos o autorizaciones para realizar actividades labores ambulantes y mucho menos para ordenar desalojos, toda vez que este tipo de procedimientos son ordenados por las autoridades administrativas del municipio de Santiago de Cali, las cuales solicitan el acompañamiento de la Policía durante dichos procedimientos […]”.
Argumentó que si bien la entidad está llamada a coadyuvar con las políticas de protección y conservación del espacio público, existen otras entidades del Estado encargadas de su protección; sin embargo, reitera que no ha mediado solicitud alguna, donde la Alcaldía Municipal (por intermedio de la Secretaría de Gobierno), haya pedido el acompañamiento de la Policía Nacional para realizar los respectivos controles y desalojos del espacio público que relaciona el actor en la demanda.
Siendo asi, propuso como medio exceptivo, la “falta de legitimación en la causa por pasiva”, por cuanto asegura que: “[…] en cuanto se refiere a las obligaciones con la protección y conservación del espacio público, la Policía Nacional no tiene esa misionalidad específica, pues para ello existen otras entidades encargadas de tales fines; la Policía realiza acompañamiento a los entes encargados previa solicitud […]”.
AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO
Mediante providencia del 26 de abril de 2017, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca fijó fecha para celebración de audiencia especial de pacto de cumplimiento, la cual se llevó a cabo y se declaró fallida el 11 de mayo de 2017, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes en contienda.
LA PROVIDENCIA APELADA
Mediante sentencia de 30 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en observancia del material probatorio obrante en el proceso, declaró no probadas las excepciones formuladas por las entidades demandadas, amparó los derechos e intereses colectivos concernientes al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público y al goce de un ambiente sano y la defensa del equilibrio ecológico y atribuyó su vulneración a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Metropolitana de Santiago de Cali y al Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Gobierno – Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).
El Tribunal puso de presente que: “[…] quedó constancia de la ocupación del espacio público por trabajadores informales, quienes desarrollan actividades de mecánica automotriz y trabajos de lámina y pintura, que observó también la presencia de residuos de aceite y grasa en los sumidores de aguas lluvias, los cuales aparentemente provienen de dicha actividad. De modo que aunque no se aportaron las actas de visita realizadas, la información que arroja el mencionado documento da cuenta a la Sala que en la zona aludida en la demanda, efectivamente, se presentan hechos y actividades que constituyen una vulneración a los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y al goce de un ambiente sano […]”. (negrillas fuera del texto)
Preciso, a su vez, que: “[…] se concluye que la actividad desarrollada en la referida zona no encaja dentro de las clases de vendedores informales que define la Corte, en razón a que no se trata de ventas ambulantes sino de personas que trabajan en sus locales comerciales (talleres), bajo la actividad de reparación y venta de repuestos de vehículos automotores. Dicha actividad, ha generado el estacionamiento ilegal de vehículos en los andenes y vías públicas, entorpeciendo el tránsito peatonal y vehicular. En tal sentido, no hay lugar a proferir orden de desalojo y posterior reubicación de dichas personas, como lo pide el actor popular, pues se trata de una situación de tráfico vehicular […]”.
Argumentó que, en consideración a la jurisprudencia del Consejo de Estado en la materia y al tenor del material probatorio allegado al expediente, era dable concluir que sí existía una transgresión a las garantías colectivas señaladas en la demanda.
En cuanto a la responsabilidad de las entidades demandadas, indicó que: “[…] corresponde al alcalde municipal de Santiago de Cali ejercer de autoridad de tránsito dentro de su municipio, a través de la Secretaría de Tránsito (hoy Secretaría de Movilidad) y la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana (hoy Secretaría de Seguridad y Justicia), quienes de una parte conforman el organismo de transito dentro de los perímetros urbano y rural, cuyas funciones son de carácter regulatorio, preventivo y sancionatorio, en aras de garantizar la libre movilización de los transeúntes y por la otra, salvaguardan el derecho colectivo del goce del espacio público y su utilización. De modo que, la recuperación del espacio público por la ocupación ilegal de andenes y vías vehiculares de la zona, compete al Municipio de Cali, a través de los organismos señalados anteriormente en el Decreto 0216 de 2001, hoy Decreto Municipal 0516 de 2016 – “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias”. Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) es el organismo encargado de la gestión ambiental en el Municipio de Santiago de Cali y la máxima autoridad ambiental dentro de su perímetro urbano (artículo 15 del Acuerdo No. 1 del 30 de diciembre de 1994). Como tal, es el Municipio de Cali, a través de esta dependencia el encargado de velar por el cuidado y conservación del medio ambiente vulnerado con la presencia de residuos de aceite y grasa en los sumideros de aguas lluvias de la zona afectada. En cuanto a la Policía Metropolitana de Cali, si bien propone la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, aduciendo que no tiene como misión específica conceder permisos o autorizaciones para ventas ambulantes o realizar desalojos, la misma no prospera pues el artículo 218 de la Constitución Política, establece que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades púbicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. De lo cual se desprende que les corresponde a las autoridades de Policía proteger la integridad del espacio público y su destinación al uso común, y, de manera especial, velar por la conservación, mantenimiento y embellecimiento de los bienes del espacio público de dominio público. Asi las cosas, la Policía Nacional en conjunto con las demás entidades accionadas, son las responsables de proteger el espacio público, con el fin de garantizar que su destinación sea en favor de la colectividad. Por tanto, la excepción planteada no tiene vocación de prosperidad […]”. (negrillas fuera del texto)
El Tribunal Administrativo, en la parte motiva de la sentencia apelada, también agregó: “[…] De otro lado, si bien en los hechos de la demanda se manifiesta que pidieron a las entidades accionadas la instalación de un CAI móvil o permanente en el sector, en las pretensiones no fue incluida tal petición, pues las mismas se encaminaron únicamente a pedir el desalojo y posterior reubicación de los vendedores ambulantes y trabajadores informales, así como la restitución del espacio público, mediante la instalación de bolardos y la delimitación de la zona como recuperada. Por tanto, las órdenes que se decreten en esta sentencia, guardan congruencia con lo pedido y los derechos colectivos efectivamente vulnerados en la acción […]”.
En ese orden de ideas, concluyó que: “[…] la Sala amparará los derechos colectivos al goce y disfrute del espacio público y al goce de un ambiente sano, afectados por el estacionamiento irregular de vehículos automotores en las calles y andenes ubicados en las calles 22 y 22ª, entre las carreras 15 y 16 de esta ciudad, razón por la cual, otorgará en la parte resolutiva de la sentencia la protección correspondiente a estos derechos colectivos. Finalmente, al encontrar acreditada la vulneración de los derechos colectivos, las demás excepciones planteadas por las entidades accionadas, no prosperan […]”. (Destaca la Sala)
Con base en dichas consideraciones, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca resolvió lo siguiente:
“[…]
PRIMERO: DECLÁRESE no probadas las excepciones planteadas por las entidades accionadas.
SEGUNDO: DECLÁRESE responsable al Municipio de Cali – Secretaría de Seguridad y Justicia y Secretaría de Movilidad, al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente del Municipio de Cali – DAGMA y a la Policía Metropolitana de Cali, por la vulneración a los derechos colectivos al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público y al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y la Ley y las disposiciones reglamentarias.
TERCERO: AMPÁRENSE los derechos colectivos al goce del espacio y a la utilización y defensa de los bienes de uso público y al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, la Ley y las disposiciones reglamentarias, por los motivos antes expuestos.
CUARTO: ORDENAR al Municipio de Cali, por conducto del señor Alcalde Municipal, los titulares de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de Seguridad y Justicia y del director del DAGMA, y a la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Cali, que realicen las actividades propias que le corresponden para la recuperación de la zona ubicada en las calles 22 y 22ª, entre las carreras 15 y 16 de esta ciudad, evitando que en adelante se vuelva a ocupar por el estacionamiento irregular de vehículos automotores, para que las vías sean utilizadas exclusivamente para la movilidad vehicular en sus calzadas y peatonal en sus andenes o aceras.
QUINTO: ORDENAR al señor alcalde municipal de Santiago de Cali, que a través de la dependencia competente y de acuerdo con sus competencias y funciones, proceda a dictar las órdenes pertinentes para mantener, renovar, rehabilitar y ejecutar labores de conservación del espacio público, tales como la instalación de la señalización y de los elementos físicos que sean necesarios y se practiquen operativos de control, con el fin de evitar que a futuro se vuelva a invadir el espacio público. Igualmente, que se demarque dicha zona como recuperada. Asi mismo, que se inscriba un acta de compromiso con la Policía Metropolitana, para que ejerza un constante control y vigilancia del espacio público.
SEXTO: ORDÉNESE a la Secretaría de Seguridad y Justicia, el control y vigilancia de los mecánicos informales que trabajan en dicha zona para que, dejen de utilizar los andenes y vías como lugares destinados al arreglo mecánico de los automotores.
SÉPTIMO: ORDÉNESE al municipio de Cali – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), que de acuerdo a sus competencias y a través de su director, en coordinación con el señor Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, adelante los operativos tendientes a limpiar y descontaminar los sumideros de aguas lluvias y ejecute los controles de salubridad por contaminación sonora y de plagas, olores y desperdicios.
OCTAVO: ORDÉNESE la creación de un Comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el cual está integrado por el Alcalde Municipal, o su delegado; por el representante del Ministerio Público; y por el actor popular Ricardo García Ramírez.
NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
DÉCIMO: Ejecutoriada esta sentencia se archivará, previas desanotaciones del libro radicador correspondiente. Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.
[…]”.
La anterior decisión, fue debidamente notificada a las partes del presente proceso, tal y como consta a folios 192 a 200 del expediente.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
VIII. 1. El apoderado judicial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional interpuso recurso de apelación en contra la decisión de primera instancia, en el cual solicitó que la misma fuera revocada, por cuanto la entidad no ha transgredido ni vulnerado derecho colectivo alguno.
Adujo que los demandantes no señalaron en la demanda que la Policía Nacional haya desconocido sus funciones y puso de presente que les compete a los alcaldes municipales y a las secretarías de tránsito, velar por la conservación del espacio público, en virtud de lo señalado en el numeral 1° del artículo 315 de la Carta Política. Agregó que, al tenor de lo normado en la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010 “los Alcaldes, dentro de su respectiva jurisdicción, deberán expedir las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del presente”.
Insistió en que, la recuperación del espacio público por la ocupación ilegal de andenes y vías vehiculares de la zona, compete en definitiva al Municipio de Cali, a través de los organismos señalados en el Decreto 0203 de 2001; y en el Decreto Municipal 0516 de septiembre del 28 de septiembre de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias”.
Finalmente, puso de presente que la Policía Nacional realiza acompañamiento a los entes encargados, previa solicitud, en los operativos de control del espacio público, y para el caso específico, no media ningún requerimiento solicitud emanado de la autoridad competente.
VIII. 2. El apoderado judicial del Municipio de Santiago de Cali indicó que las medidas que se adopten deben tener en cuenta el desempleo, “para ello, el juez en sus decisiones, como funcionario del Estado, debe hacer una lectura integrada del artículo 334, del artículo 25 (sobre el derecho al trabajo) y el artículo 54 de la Carta Política, en el cual el punto central, es el derecho al empleo en sociedades como la nuestra, donde el desempleo es crónico y donde hay una marcada inclinación hacia vivir en las ciudades […]”.
Sostuvo, que se debe concertar un plan de reubicación para los trabajadores informales afectados y sostuvo que “el solo hecho de cumplir con el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, implicaría inmediatamente el desalojo de estos vendedores que llevan mucho tiempo devengando un ingreso en esa zona, acolitados por los propietarios de establecimientos de comercio que venden repuestos automotores, recomendando a estos mecánicos informales para que cambien las piezas compradas en sus establecimientos”.
ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA
IX. 1. La parte actora reiteró, en líneas generales, las aseveraciones y afirmaciones consignadas en la demanda. Manifestó que la invasión de la zona objeto del proceso, continúa igual y el deterioro es cada vez mayor.
Puso de presente que, del análisis conjunto del acervo probatorio, es posible concluir que existe una omisión por parte de las entidades accionadas y que dicha omisión ha vulnerado los derechos e intereses colectivos de los habitantes, residentes y visitantes de dichas zonas, toda vez que la ocupación constante del espacio público por parte de vendedores ambulantes, indigentes y mecánicos informales, ha generado un gran deterioro físico del área ocupada, que impide transitar, caminar y/o desplazarse.
Esgrimió que si bien se alude de la necesidad de un tiempo suficiente y/o prudencial para que la administración municipal realice una reubicación u ofrezca una solución óptima sin actuaciones improvisadas, es preciso considerar que el Municipio conoce esta problemática desde que se inició la presente acción constitucional, es decir desde el año 2016, lo que a su juico le ha proporcionado el tiempo suficiente para implementar un plan efectivo que permita la reubicación de quienes ocupan las calles de manera ilegal.
Así las cosas, pidió a esta Corporación que se confirme la sentencia apelada del 30 de abril de 2018, pues en su sentir, las pretensiones elevadas están llamadas a tener plena vocación de prosperidad.
IX. 2. El apoderado judicial del Municipio de Santiago de Cali reiteró los argumentos consignados en su recurso de alzada.
IX. 3. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
XI. 1. COMPETENCIA
La Sala es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias de acciones populares proferidas por los Tribunales Administrativos, conforme con lo establecido por el artículo 152, numeral 16, del CPACA, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999.
XI.1.2. LAS ACCIONES POPULARES Y SU PROCEDENCIA
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o exista peligro, agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones acerca de la naturaleza de la acción popular, y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:
“[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]”.
En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, pues la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.
Según lo ha señalado el Consejo de Estado en forma reiterada, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales, (ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados.
XI. 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
XI.2.1. El señor Ricardo García Ramírez, en su calidad de actor popular y por intermedio de apoderado judicial, atribuyó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional; al Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Gobierno – Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y el goce de un ambiente sano y la defensa del equilibrio ecológico, toda vez que desde hace más de cinco (5) años, se viene presentando una ocupación indebida e ilegítima del espacio público en los andenes, zonas verdes y calzada vehicular de las calles 22 y 22ª (entre las carreras 15 y 16), de la ciudad de Cali, por parte de indigentes, mecánicos informales y puestos de venta de comidas; sin que se haya presentado acción o intervención alguna por parte de las autoridades municipales correspondientes.
XI.2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 30 de abril de 2018, declaró no probadas las excepciones presentadas por las entidades accionadas y, en consecuencia, amparó los derechos e intereses colectivos atinentes al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y el goce de un ambiente sano y la defensa del equilibrio ecológico, por cuanto encontró probado que las actividades desarrolladas en los locales comerciales de la zona “ha generado el estacionamiento ilegal de vehículos en los andenes y vías públicas, entorpeciendo el tránsito peatonal y vehicular”. En consecuencia, ordenó al Municipio de Cali realizar las actividades necesarias para recuperar la zona y evitar que en adelante se vuela a ocupar por el estacionamiento irregular de vehículos, así como adelantar “los operativos tendientes a limpiar y descontaminar los sumideros de aguas lluvias y ejecute los controles de salubridad por contaminación sonora y de plagas, olores y desperdicios”.
XI.2.3. Inconformes con la anterior decisión de primera instancia, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y el Municipio de Santiago de Cali interpusieron recurso de apelación.
XI.2.3.1. La Policía Metropolitana de Santiago de Cali puso de presente que la autoridad encargada de velar por la conservación del espacio público, en materia de movilidad y tránsito, es el Alcalde Municipal, a través de la Secretaria de Tránsito. Por tanto, la entidad no es la encargada de controlar el espacio público ni de otorgar permisos o autorizaciones para realizar actividades laborales ambulantes y mucho menos para ordenar desalojos. Agregó que realiza acompañamiento a los entes encargados, previa solicitud, y para el caso específico, no ha mediado ningún requerimiento.
XI.2.3.2. Por su parte, el Municipio de Santiago de Cali sostuvo que no es posible acceder a las pretensiones de la parte actora, sin antes intentar concertar un plan de reubicación con los vendedores informales del lugar, toda vez que si se da cabal cumplimiento al fallo, implicaría inmediatamente el desalojo de las personas que llevan mucho tiempo devengando un ingreso en esa zona.
XI.2.7. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si de acuerdo con los hechos descritos en la demanda por la parte actora y los argumentos de inconformidad consignados en los recursos de apelación, así como la normatividad aplicable al caso concreto y el acervo probatorio arrimado al expediente, se encuentra demostrada la vulneración de los derechos colectivos invocados como consecuencia de la ocupación del espacio público debido al estacionamiento de vehículos en los andenes, zonas verdes y calzada vehicular de la zona ubicada en las calles 22 y 22ª, entre carreras 15 y 16, de la ciudad de Santiago de Cali.
XI.2.8. De ahí que, a efectos de entrar a resolver el caso concreto, la Sala considera necesario abordar los siguientes temas: (i) núcleo esencial y el alcance de los derechos e intereses colectivos alegados como vulnerados; (ii) teoría de la confianza legítima en el derecho y en la jurisprudencia constitucional y administrativa en Colombia; (iii) marco normativo y reglamentario de las funciones asignadas legalmente a las Alcaldías Municipales, a las Secretarías de Tránsito y al cuerpo de Policía, en relación con la conservación del espacio público; y luego proceder a dar solución del caso concreto (iv).
XI.3. Núcleo esencial y alcance de los derechos e intereses colectivos alegados como vulnerados.
XI.3.1. Respecto del concepto de derecho colectivo el Consejo de Estado ha establecido lo siguiente:
“[…] El derecho colectivo, ha dicho la Sala, no se deduce en su existencia porque varias personas estén en una misma situación ni porque se acumulen situaciones parecidas de varios sujetos, ni porque se sumen; el derecho colectivo es aquel que recae sobre una comunidad entera a diferencia del derecho individual que es el que recae sobre una persona determinada. Por lo tanto, la prosperidad de las pretensiones en la acción popular está ligada con la existencia real de los siguientes elementos, que para el momento de fallar deben estar establecidos: La acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares y la amenaza o la violación a derechos e intereses colectivos […]”.
En la misma línea conceptual, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:
“[…] Esta Corporación, en reiteradas ocasiones, ha explicado el concepto y alcance de los derechos colectivos y ha señalado que: “Los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va más allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley” […]”.
XI.3.2. A continuación, se hará un breve análisis de los derechos alegados como vulnerados, en la demanda popular instaurada.
XI.3.2.1. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
Como primera medida, es de anotar que la Constitución Política, en su artículo 63, dispone que “los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Por su parte, el artículo 82, ibídem, establece que “es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”.
En concordancia con lo anterior, el Decreto 1504 de agosto 4 de 1998, “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”, sobre el espacio público y su destinación señala en su artículo primero que “es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo”.
Sobre el particular la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:
“[…] La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre las cuales se estructura el concepto de Estado Social de Derecho. Es por ello que, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, la integridad del espacio público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se encuentran a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios colectivos […]” .
Con respecto al concepto de espacio público el artículo 5 de la Ley 9ª de 1989, prevé:
“Artículo 5° Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
“Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, […], y en general, todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.” (Negrillas fuera del texto original).
El artículo 674 del Código Civil sobre los bienes públicos y de uso público, señala:
“[…] Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio […]”.
Y el Decreto 1504 de 1998, en los artículos 2º y 3º con respecto al concepto de espacio público y lo que éste comprende, prevé:
“[…] Artículo 2º.- El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.
Artículo 3º.- El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:
Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público […].”
Acerca de la utilización del espacio público, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el siguiente sentido:
“[…] En cuanto al espacio público, no es cierto que constituya un derecho constitucional fundamental, pues su ubicación dentro del cuerpo de la Carta Política, la relación que guarda con el interés general y el hecho de no ajustarse a ninguno de los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional para tenerlo por fundamental, claramente sugieren la idea de que se trata de un derecho constitucional colectivo y del ambiente, que se desprende de la obligación del Estado colombiano de velar por la integridad del espacio público y su destinación al uso común […] En principio, el uso del espacio público, en tanto derecho constitucional de carácter colectivo, solamente puede protegerse por vía de acciones populares […]”.
Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia T-566 de 1992, al referirse a los bienes de dominio público, precisó lo siguiente:
“[…] c. Bienes de dominio público.
Existe un tercer grupo de propiedad, normalmente estatal y excepcionalmente privada, que se distingue no por su titularidad sino por su afectación al dominio público, por motivos de interés general (CP art. 1º), relacionadas con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio público.
c.1. Bienes afectados al fomento de la riqueza nacional.
Esta clase de bienes de dominio público está formada por los bienes que están afectos al fomento de la riqueza nacional. Por ejemplo: el patrimonio cultural, arqueológico e histórico […]”.
XI.3.2.2. Derecho al goce de un ambiente sano y al equilibrio ecológico
En materia ambiental en Colombia, con la expedición del Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974), se estableció el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano.
Asimismo, la Constitución Política de Colombia, le dio a este derecho carácter de prioridad dentro de los fines del Estado. Es así como nuestra Carta Política en los artículos 8, 79, 80 y 95 numeral 8, determina los principios, derechos y deberes generales que deben regir una correcta relación entre las personas y el medio ambiente.
Como derecho, la Constitución clasifica el medio ambiente dentro de la categoría de los derechos colectivos (art. 79 CP), los cuales son objeto de protección judicial directa por vía de las acciones populares (art. 88 CP). La ubicación del medio ambiente en esa categoría, resulta particularmente importante, “ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho”.
La regulación normativa del medio ambiente no se limita a su consagración constitucional, pues se han promulgado normas, de diferentes categorías, dirigidas a fortalecer su protección. Así, por ejemplo, el Decreto 2811 de 1974, reconoce que es necesaria la implementación de medidas y acciones tendientes a preservar, corregir, mitigar y conservar el medio ambiente.
Desde el ámbito normativo legal, la Ley 99 de 1993, establece que la política ambiental colombiana seguirá, entre otros, los siguientes principios generales: (i) el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo; (ii) en la utilización de los recursos hídricos el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso; (iii) la formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica y las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución; (iv) el Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables; (v) el paisaje, por ser patrimonio común, deberá ser protegido; (vi) la prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia, son de obligatorio cumplimiento; y (vii) los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.
Por otra parte, la Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto al derecho al goce de un ambiente sano, ha considerado lo siguiente:
“[…] La Carta Política en su artículo 79, reconoce el derecho a gozar de un ambiente sano y le atribuye al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Con miras a una adecuada materialización de tales propósitos, dispone que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Desde el punto de vista constitucional, el medio ambiente involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natura […]”.
En ese orden de ideas, la Sección Primera del Consejo de Estado ha hecho alusión a las distintas dimensiones de este derecho, destacando que ostenta la calidad de: “(i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud); (ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las generaciones presentes y futuras), (iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición de las sanciones a que haya lugar) y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior”.
De lo anterior se advierte que la defensa del medio ambiente constituye un objetivo primordial dentro del Estado Social de Derecho, ya que constituye el contexto vital del ser humano, indispensable para la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. En efecto, todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a gozar de un ambiente sano, lo que genera, por un lado, el deber de velar por su conservación, y por el otro, el derecho de participar en las decisiones que puedan afectarlo. Igualmente, al Estado se le imponen cargas para lograr su protección, como lo es prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales por conductas lesivas del ambiente y exigir la reparación de los daños causados.
XI.4. La teoría de la confianza legítima en el derecho y en la jurisprudencia constitucional y administrativa en Colombia.
XI.4.1. Ahora bien, para la Sala resulta pertinente resaltar que el amparo de los derechos de los vendedores ambulantes ha girado en torno al eje de la denominada teoría de la confianza legítima. Este principio, sin lugar a dudas, debe permear el derecho administrativo, el cual, si bien se deriva directamente de los principios de seguridad jurídica (arts. 1° y 4° de la CP), de respeto al acto propio y de buena fe (art. 83 y 84 de la CP), adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre la administración y el administrado. Es por ello que la confianza en la administración pública no solo es éticamente deseable sino, además, jurídicamente exigible.
XI.4.2. Este valioso principio, desarrollado por la jurisprudencia alemana, fue recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por la doctrina jurídica autorizada. Con el mismo se pretende proteger al administrado y al ciudadano, frente a cambios bruscos y/o intempestivos efectuados por las autoridades y/o administraciones. Se trata, entonces, de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Esto sucede, verbigracia, cuando una autoridad pública decide súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida; por cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política y/o de statu quo.
XI.4.3. Lo anterior significa que las autoridades públicas se encuentran impedidas para adoptar modificaciones normativas o cambios políticos para desarrollar planes y programas que consideran convenientes para la sociedad. La aplicación del principio de la confianza legítima comporta que la administración no puede crear o avalar cambios sorpresivos en detrimento de derechos particulares consolidados y fundamentados en la convicción objetiva, fundada en hechos externos de la administración suficientemente concluyentes, que dan una imagen de aparente legalidad de la conducta desarrollada por el particular. Debe aclararse que la confianza de los ciudadanos, no se protege garantizando la estabilidad de actos u omisiones ilegales o inconstitucionales sino a través de la compensación, no necesariamente monetaria, del bien afectado.
XI.4.4. Asi las cosas, el mentado principio tendrá tres (3) presupuestos o, se podrá edificar sobre el siguiente trípode, a saber: (i) La necesidad de preservar de manera perentoria el interés público; (ii) una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los administrados; y (iii) la necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad. Por lo tanto, el principio de la confianza legítima exige a las autoridades y a los particulares mantener una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos a los que se han obligado y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico, como quiera que “[…] asi como la administración pública no puede ejercer sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas […]”.
XI.4.5. Así las cosas, la confianza legítima que desarrollan los particulares frente a las actuaciones del Estado, deviene de la potestad que tienen la personas de presumir que si se les ha tolerado una conducta abierta, permanente, pacífica y continua, se lo va a seguir haciendo hacia el futuro. Dicho principio no implica que el Estado no pueda nunca regularizar una situación irregular, pero sí tiene como consecuencia que al hacerlo no actúe de improvisto y sin haber dado aviso previo suficiente.
XI.5. Marco normativo y reglamentario que regula las funciones asignadas legalmente a las Alcaldías Municipales, a las Secretarías de Tránsito y al cuerpo de Policía Metropolitano de la ciudad de Santiago de Cali, en relación con la conservación del espacio público.
XI.5.1. A efectos de recopilar el marco normativo y reglamentario que regula las funciones asignadas legalmente a las Alcaldías Municipales, a las Secretarias de Tránsito y al cuerpo de Policía, en lo que a la conservación y preservación del espacio público se refiere, la Sala considera importante precisar, en primer lugar, que la autoridad encargada de velar por la conservación del espacio público, en el ámbito municipal y en materia de movilidad y tránsito, es sin duda el Alcalde Municipal y las Secretarías de Tránsito respectivas.
XI.5.2. Pues bien, el artículo 82 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que es deber Estatal el velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común […]”.
XI.5.3. A propósito de lo anterior, la Corte Constitucional expuso que:
“[…] La consagración de este deber constitucional es reflejo de la importancia otorgada por el Constituyente a la preservación de espacios urbanos abiertos al uso de la colectividad, que satisfagan las diversas necesidades comunes derivadas de la vida en las ciudades y poblados y contribuyan, igualmente, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, permitiendo la confluencia de los diversos miembros de la sociedad en un lugar común de interacción […].”
XI.5.4. Resulta pertinente mencionar que el artículo 288 de la Carta Superior, establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, serán ejercidas de conformidad con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los términos que disponga la ley, principios que son el fundamento para el desarrollo de las competencias otorgadas a las entidades territoriales, en materias como el ordenamiento territorial.
XI.5.5. En adición, el artículo 311 Constitucional, también dispone:
“[…] Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes […].” (Subrayas de la Sala)
XI.5.6. Además, el artículo 315 ibídem (numeral 1°), impuso en los alcaldes municipales y distritales (en su calidad de primera autoridad de policía), la regulación de la utilización del suelo y el espacio público, de manera tal que se garanticen la realización de los derechos y libertades colectivas, así:
“ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde: […] 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo, 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante, 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes, 4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos, 5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio […].” (Se destaca por la Sala)
En ese orden de ideas, observa la Sala que, en definitiva y en lo que al ámbito municipal se refiere, la Carta Superior y la Ley fueron claras en otorgarles funciones específicas en materia de movilidad y tránsito a los Alcaldes y a las Secretarias de Tránsito y Movilidad, dentro de la respectiva entidad territorial.
XI.5.7. Corolario de lo anterior, se tiene que el artículo 3° de la Ley 769 del 6 de julio de 2002, modificado por la Ley 1383 del 16 de marzo de 2010, enlista de manera taxativa las autoridades de tránsito, asi:
“[…] Artículo 3°. Autoridades de Tránsito. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=39180" \l "2" Modificado por el art. 2, Ley 1383 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes:
El Ministerio de Transporte.
Los Gobernadores y los Alcaldes.
Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital.
La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.
Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.
La Superintendencia General de Puertos y Transporte.
Las fuerzas militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo.
Los Agentes de Tránsito y Transporte […].” (Subrayas de la Sala)
XI.5.8. Por su parte, el artículo 6° ibídem, indica quiénes conforman los organismos de tránsito de cada ente territorial, e indica que los Alcaldes, en su respectiva jurisdicción, serán los encargados de expedir normas y tomar las medidas pertinentes para el mejoramiento del tránsito, en los siguientes términos:
“[…]
Artículo 6. Organismos de Tránsito. Serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción: a) Los departamentos administrativos, institutos distritales y/o municipales de tránsito; b) Los designados por la autoridad local única y exclusivamente en los municipios donde no hay autoridad de tránsito; c) Las secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana de su respectivo municipio y los corregimientos; d) Las secretarías distritales de tránsito dentro del área urbana de los distritos especiales; e) Las secretarías departamentales de tránsito o el organismo designado por la autoridad, única y exclusivamente en los municipios donde no haya autoridad de tránsito.
PARÁGRAFO 1o. En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones que les sean asignadas en este código.
PARÁGRAFO 2o. Le corresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado de carreteras el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos.
PARÁGRAFO 3o. Los gobernadores y los alcaldes, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al código de tránsito […].” (Negrilla fuera de texto original)
XI.5.9. A su vez, el artículo 194 del Decreto extraordinario Municipal No. 0203 del 16 de marzo de 2001 (vigente entonces), consagraba que le estaban asignadas a la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio, las siguientes responsabilidades:
“[…] Artículo 194: De la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Corresponde a esta Subsecretaría el cumplimiento de las siguientes responsabilidades:
(…)
6. Diseñar y ejecutar proyectos de información, orientación y divulgación permanente a la comunidad, a fin de propiciar acercamiento de la comunidad en los programas de recuperación de valores, para la convivencia ciudadana y la preservación del espacio público.
(…)
8. Regular la ubicación de los vendedores ambulantes, estacionarios o vehiculares y aplicar las sanciones policivas que sean del caso. (Acuerdo 01/96, Art.326) 9. Coordinar y ejecutar actividades tendientes a promover la solidaridad y convivencia social.
(…)
11. Hacer cumplir las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo del Municipio de Cali, en lo relacionado con el uso adecuado del espacio público.
12. Coordinar con los distintos organismos de seguridad, las acciones a seguir para la preservación del orden público y la tranquilidad ciudadana.
13. Dirigir los operativos de seguridad ordenados por el Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana que tengan que ver con la recuperación del espacio público.
14. Efectuar el decomiso de las especies, implementos y materiales utilizados para cometer la infracción cuando a ello hubiere lugar. (Acuerdo 01/96, Art. 327) […].”
XI.5.10. Pues bien, de la normativa citada y enunciada en precedencia, la Sala pone de presente que al Alcalde municipal de Santiago de Cali le corresponde velar por la protección y uso adecuado del espacio público, así como ejercer la autoridad de tránsito dentro de su municipio, a través de la Secretaria de Transito (hoy Secretaria de Movilidad) y la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana (actualmente Secretaría de Seguridad y Justicia), cuyas funciones son de carácter regulatorio, preventivo y sancionatorio. Todo ello en aras de garantizar y abogar por la libre circulación y/o movilización de los transeúntes en dicha municipalidad, asi como la garantía y salvaguarda del derecho colectivo concerniente al goce del espacio público y su utilización. De modo que, y tal y como lo puso de presente en su momento el Tribunal, la recuperación del espacio público por la ocupación ilegal de andenes y vías vehiculares de la zona en comento, compete sin duda a la Alcaldía Municipal, a través de los organismos señalados en precedencia.
XI.5.11. Ahora bien, y en lo que corresponde al cuerpo de Policía Metropolitano de la ciudad de Cali, la Sala observa que el apoderado judicial de dicha entidad aduce en el recurso de apelación que la Policía Nacional no es la institución competente para la protección del espacio público ni para conceder permisos o autorizaciones para ventas ambulantes o realizar desalojos.
Sobre las competencias y funciones de la Policía Nacional, el artículo 218 de la Carta Superior, establece lo siguiente:
“Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario […].”
De otro lado, como se indicó anteriormente, el numeral 2 del artículo 315 constitucional, determina que los alcaldes son la primera autoridad de policía del municipio y, por ende, les corresponde la regulación de la utilización del suelo y el espacio público; para cumplir esta tarea, contará con la Policía Nacional, institución que deberá acatar los mandatos de alcalde municipal, de forma oportuna y diligente. En efecto, establece la norma:
“ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:
[…]
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
[…]”.
Así las cosas, corresponde a la Policía Nacional, de conformidad con las órdenes impartidas por el respectivo alcalde municipal, propender por la conservación del orden público y la convivencia pacífica de los habitantes.
SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO
En el caso sub examine, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el fallo proferido el 30 de abril de 2018, encontró probado que, en efecto, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, el Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana – y – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) –, incurrieron en la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y el goce de un ambiente sano y la defensa del equilibrio ecológico.
Lo anterior, por cuanto consideró que está probado: “(i) que en la zona aludida en la demanda, efectivamente, se presentan hechos y actividades que constituyen una vulneración a los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y al goce de un ambiente sano; (ii) que la actividad desarrollada en la referida zona no encaja dentro de las clases de vendedores informales que define la Corte Constitucional, en razón a que no se trata de ventas ambulantes sino de personas que trabajan en sus locales comerciales (talleres), bajo la actividad de reparación y venta de repuestos de vehículos automotores y, dicha actividad, ha generado el estacionamiento ilegal de vehículos en los andenes y vías públicas, entorpeciendo el tránsito peatonal y vehicular; no siendo posible proferir orden de desalojo y posterior reubicación de dichas personas, al tratarse de una situación de tráfico vehicular; (iii) que la recuperación del espacio público, por la ocupación ilegal de andenes y vías vehiculares de la zona, compete al Municipio de Cali, a través de los organismos señalados anteriormente en el Decreto 0216 de 2001 (hoy Decreto Municipal 0516 de 2016), al el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), quien es el organismo encargado de la gestión ambiental en el Municipio de Santiago de Cali y la máxima autoridad ambiental dentro de su perímetro urbano (artículo 15 del Acuerdo No. 1 del 30 de diciembre de 1994) y, también, a la Policía Metropolitana de Cali (artículo 218 de la Constitución Política), a quienes les corresponde proteger la integridad del espacio público y su destinación al uso común, y, de manera especial, velar por la conservación, mantenimiento y embellecimiento de los bienes del espacio público de dominio público; y, por último; (iv) que la Policía Nacional, en conjunto con las demás entidades accionadas, son las responsables de proteger el espacio público, con el fin de garantizar que su destinación sea en favor de la colectividad”.
Con base en lo expuesto, la Sala procederá a analizar si, en efecto, se produjo la vulneración de los derechos colectivos a los que anteriormente se hizo referencia y, que se reclama como conculcados, en la demanda popular instaurada por el señor Ricardo García Ramírez, por intermedio de apoderado judicial, quien funge en la presente causa constitucional como ciudadano y habitante de la ciudad de Cali - Valle.
XII.1. De la amenaza, vulneración y riesgo de los derechos colectivos concernientes al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y el goce de un ambiente sano y la defensa del equilibrio ecológico.
Con base en las pruebas obrantes en el expediente, y al tenor de los hechos relacionados en la demanda popular elevada por el señor García Ramírez, la Sala advierte que, en efecto, la problemática sobre la que versa esta acción constitucional es la presunta ocupación ilegal y/o ilegítima del espacio público en los andenes, zonas verdes y calzada vehicular de las calles 22 y 22ª, entre carreras 15 y 16, de la ciudad de Santiago de Cali.
Al respecto, de las pruebas que obran en el expediente, la Sala resalta lo siguiente:
Derecho de petición del 27 de febrero de 2016, elevado por el actor popular y otros ciudadanos ante la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad ciudadana de la ciudad de Cali, en el cual se solicitó: “[…] Realizar de manera urgente y a fin de evitar un mayor desvalorización de la propiedad privada, altamente gravada con el incremento de impuestos como el predial, como consecuencia del grave deterioro urbano originado por la invasión del espacio público, las conexiones fraudulentas a los servicio públicos, la inseguridad, el asentamiento de informales que no realizan el pago de impuestos, los hurtos, las cargas contaminantes vertidas al alcantarillado del sector por la realización de actividades informales, la presencia de consumidores y expendedores de alucinógenos, la inclusión del sector comprendido entre las carreras 15 y 16, con calles 22 y 22ª, en el plan de recuperación urbanístico de la matriz estrategia para la comuna No.9 y la instalación prioritaria de un CAI móvil permanente […].”
Oficio No. 4161.2.9.6.01.4655.078, del 7 de abril de 2016, proferido por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad ciudadana de la ciudad de Cali – inspección urbana de Policía Municipal, con sus correspondientes anexos, donde se comunicó que: “[…] En este caso, se oficia a: 1-) SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL, con el fin de que se realicen operativos y se tomen las medidas pertinentes y se ordene el retiro por parte de las autoridades de tránsito Municipal de los vehículos que se encuentren parqueados en cualquiera de las áreas descritas en el inicio de este escrito. En el evento de que sea reiterativa esta conducta, la SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL tomará las medidas correctivas del caso; 2-) igualmente se oficiará al DAGMA, para lo de la contaminación; 3-) a la POLICÍA METROPOLITANA, para lo concerniente a la inseguridad por los consumidores de alucinógenos. Es de aclararse que el espacio público no puede ser ocupado y/o perturbado con vallas, ventas, kiosckos, etc., por cuanto estas áreas son exclusivamente para el uso peatonal, con el fin de que los ciudadanos circulen libremente por ellas, sin ningún obstáculo. Se les recomienda acudir a la SUBSECRETARÍA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y SEGURIDAD – OFICINA DE ESPACIO PÚBLICO, con el fin de que dicha dependencia actúe en cuanto a lo de su competencia, como es el retiro de las ventas ambulantes, a EMCALI, para que retiren los sobrantes de las obras, etc. […].”
Ahora bien, se tiene asimismo demostrado que la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Cali – Inspección Urbana de Policía Municipal comunicó la problemática consignada en el derecho de petición instaurado ante ella, a las autoridades competentes en la materia; para efectos de que tomaran acciones positivas en el asunto y dieran solución al tema relacionado con la invasión ilegítima del espacio público en dicha zona, así como el deterioro de los bienes de uso público. En efecto, obra en el expediente:
Oficio No. 4161.2.9.6.01.4655.079, del 7 de abril de 2016, emanado por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad ciudadana de la ciudad de Cali – inspección urbana de Policía Municipal y dirigido al Secretario de Tránsito Municipal, donde le solicitó que: “[…] con el fin de que se tomen las medidas pertinentes, se realicen OPERATIVOS y se ordene el retiro por parte de esta Secretaría de los vehículos que se encuentren parqueados en cualquiera de las áreas descritas en el inicio de este escrito. Se anexa registro fotográfico, donde se observa la perturbación de dichas áreas, los cuales fueron aportados por los peticionarios […].”
Oficio No. 4161.2.9.6.01.4655.080, del 7 de abril de 2016, expedido por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad ciudadana de la ciudad de Cali – inspección urbana de Policía Municipal y dirigido al Director del DAGMA, donde le solicitó: “ordenar a quien corresponda, a fin de que se realice una INSPECCIÓN OCULAR, por cuanto se recibió DERECHO DE PETICIÓN, suscrito por varios ciudadanos, donde informan de las anomalías que se presentan en las áreas, que se detallaran a continuación: SITIO: CARRERAS 15 Y 16, CON CALLE 22, sector “La Playita”. Anexo registro fotográfico aportado por los peticionarios a un (1) folio […].”
Oficio No. 4161.2.9.6.01.4655.081, del 7 de abril de 2016, proferido por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad ciudadana de la ciudad de Cali – Inspección Urbana de Policía Municipal y dirigido al Comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad de Cali, donde le instó para: “[…] autorizar a quien corresponda, a fin de que un grupo de agentes realicen rondas frecuentes en: SITIO: CARRERAS 15 Y 16, CON CALLE 22, sector “La Playita”. Por cuanto se recibió DERECHO DE PETICIÓN, informando de las anomalías que se presentan en dicha área, por la permanencia de indigentes y viciosos que causan mucha intranquilidad a los vecinos del sector. Anexo registro fotográfico aportado por la parte querellante a un (1) folio útil […].”
De otro lado, obra registro fotográfico tomado de las zonas colindantes al Centro Comercial “Belalcázar”, ubicado entre las carreras 15 y 16, con calles 22 y 22ª, comuna No. 9 de la ciudad de Cali – Valle, aportado por el actor, a la causa popular de la referencia, el cual permite evidenciar que en la mencionada zona se presenta contaminación por residuos sólidos; invasión del espacio público y de la calzada vehicular y peatonal; contaminación en las redes de alcantarillado debido a los residuos derramados de hidrocarburos con ocasión de la actividad mecánica informal; contaminación de las calles por la presencia de residuos sólidos y basuras varias, conexiones de energía eléctrica ilegales, entre otros. Dicha situación, permite arribar a la conclusión, de que sí se presenta una transgresión al goce del ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecológico, asi como también, un atropello a la garantía concerniente al goce del espacio público.
Respecto a las actuaciones realizadas por las autoridades municipales para dar solución a la problemática objeto de este debate, se tiene que:
En respuesta emitida por el Director del DAGMA, con radicación No. 201641330003494-2, del 12 de julio de 2016, se informa que esa entidad realizó visita de control el día 7 de julio de 2016, en el sector ubicado en la calle 22 No. 16-44 y en la calle 22 No. 16-35 (Barrio Belalcázar de la ciudad de Cali), con la finalidad de verificar los posibles impactos originados por el desarrollo de las actividades informales en la zona y señaló, entre otros aspectos, que:“[…] Es importante precisar que se realizó recorrido en la zona y se observó la ocupación de espacio público por trabajadores informales, quienes realizan diferentes actividades de mecánica automotriz y trabajos de lámina y pintura, además se constató la presencia de residuos de aceites y grasas en los sumideros de aguas lluvias, presuntamente vertidos durante el desarrollo de dichas actividades, por lo tanto, se hace necesario la intervención de la Secretaría de Gobierno Municipal, para la recuperación del espacio público, y con ello, controlar toda actividad generadora de impacto ambiental. Por lo anterior, es importante precisar que el DAGMA, como Autoridad Ambiental Urbana del Municipio de Santiago de Cali no tiene facultades para intervenir en situaciones que corresponde a ocupación de personas en el espacio público, la Subsecretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana, es la dependencia competente con funciones específicas relacionadas con la regulación del uso del espacio público y la aplicación de las sanciones policivas que sean del caso, según el Acuerdo 01 de 1996, art. 327, que a la letra dice: “hacer cumplir las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo del Municipio en lo referente con el uso adecuado del espacio público y afectar el decomiso de las especies, implementos y materiales utilizados para cometer la infracción cuando a ello hubiere lugar […].”
A su vez, la Coordinadora del Área Operativa de la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en oficio del 5 de agosto de 2016, dirigido a la Inspectora Urbana de la Policía Municipal de Cali (1era categoría), pone de presente que: “[…] En atención a su solicitud y con el fin de dar una respuesta de fondo ante nuestro Despacho, donde expone la problemática por ocupación del espacio público en las carreras 15 y 16 con calles 22 y 23, me permito infórmale que este Despacho realizó visita el día 29 de junio de 2016, donde se encontraron tres (3) ventas en el sector, se reconvino a los contraventores del espacio público, socializando la ordenanza 343 de enero del 2012 y se ordena el retiro de los implementos de la zona, se toma registro fotográfico, el cual reposa en este despacho (se citan a diligencia de descargos) […].”
Lo anterior refuerza los elementos probatorios que le permiten a la Sala concluir que en las carreras 15 y 16 con calles 22 y 23 del Municipio de Santiago de Cali, sí se está generando un detrimento considerable al medio ambiente sano y al equilibrio ecológico, asi como a la preservación de los bienes de uso público; pues se avizora que las actuaciones realizadas por las entidades accionadas han resultado a todas luces exiguas e insuficientes, en aras de garantizar los derechos colectivos de la comunidad afectada.
En efecto, en la inspección judicial practicada por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en diligencia que se llevó a cabo el 11 de julio de 2017, se pudo comprobar que, efectivamente, existe en la mentada zona actividad desarrollada por talleres de mecánica de motos y automotores, así como locales destinados a la venta de repuestos; encontrándose vehículos pendientes de arreglo, estacionados en los andenes y zona vehicular, lo cual dificulta el tránsito peatonal; asi como el rastro de manchas de aceite y líquido en los andenes y alcantarillados de la zona, con lo cual resulta evidente que persiste, aún, la invasión del espacio público y la contaminación ambiental.
Así las cosas, valoradas las pruebas en conjunto y acorde con los criterios de la sana crítica, la Sala puede concluir que en el sub judice sí existe y persiste en la actualidad una ocupación ilegal y/o ilegítima del espacio público y un deterioro y/o merma de los bienes de uso público por parte de trabajadores informales; quienes desarrollan actividades de mecánica automotriz y trabajos de lámina y pintura; cuya actividad ha dejado presencia de residuos sólidos, aceites, grasas e hidrocarburos en los sumideros de aguas lluvias; actividades que, de tiempo atrás, constituyen una palpable vulneración y/o transgresión de los derechos colectivos relacionados en la demanda popular.
Y, si bien algunas de las entidades accionadas han realizado gestiones y tareas (dentro de su marco de acción) tendientes o encaminadas a mitigar la problemática referente a la ocupación ilegal del espacio público en la mentada zona de la ciudad de Cali, asi como la vulneración de los derechos colectivos que se dicen transgredidos en la demanda, es posible concluir que, aun son apremiantes, las necesidades que allí se presentan en cuanto a la intervención y acción efectiva de las autoridades llamadas a responder en esta causa constitucional. En ese orden de ideas, la problemática que aquí se suscita, no puede ni debe escapar de la órbita de éste Juez Constitucional, quien ciertamente debe tomar las medidas pertinentes en el asunto de la referencia.
En adición a lo expuesto, la Sala pone de presente que la actividad desarrollada en la referida zona no encaja dentro de las clases de vendedores informales que ha definido la Corte Constitucional, para efectos de dar aplicación a la teoría de la confianza legítima; en razón a que no se trata de ventas ambulantes sino de personas que, trabajan en sus locales comerciales y/o talleres, bajo la actividad de reparación y venta de repuestos de vehículos automotores. En este estado de cosas, no hay lugar a proferir orden de desalojo alguna y posterior reubicación concertada de dichas personas, pues se trata simple y llanamente de una compleja situación de tráfico u obstaculización vehicular, tal como lo puso de presente el Tribunal de instancia; y por tanto, no le asiste razón al apelante, municipio de Santiago de Cali, cuando aduce que debe concertar con la población presente en la zona, el proceso de reubicación.
Por tanto, la Sala comparte la decisión del Tribunal del 30 de abril de 2018, en lo que al amparo de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y el goce de un medio ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico se refiere; y en consecuencia, se confirmará el amparo de los mismos.
De otra parte, en relación al recurso de apelación instaurado por Municipio de Santiago de Cali, la Sala observa que al tenor del material probatorio allegado, en conjunto con los hechos descritos en la demanda y la normativa aplicable al caso de marras, los argumentos allí consignados no son de recibo para este juez de amparo; toda vez que lo único que pretenden las entidades aquí accionadas y llamadas a rendir cuentas, es relevarse y/o eximirse injustificadamente de su responsabilidad y de las obligaciones a ellas impuestas por la Constitución, la Ley y el reglamento; cuando lo cierto es que debe haber una colaboración armónica, concatenada, eslabonada y coordinada entre éstas autoridades administrativas.
Y si bien, se itera, que la entidad, a través de sus diferentes dependencias, ha desplegado algunas actividades tendientes a mitigar y/o aminorar la problemática concerniente a la ocupación indebida del espacio público en los andenes, zonas verdes y calzada vehicular de las calles 22 y 22ª, entre las carreras 15 y 16 de la ciudad de Santiago de Cali, éstas han resultado insuficientes; de tal manera que se garanticen a plenitud los derechos al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público y el goce de un medio ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico en el sub examine.
En ese sentido, la relación de causalidad entre las omisiones señaladas y la afectación de los derechos colectivos tratados, en el sub judice, se configura en tanto ellos se vulneran por la acción omisiva de las autoridades municipales demandadas; que se han sustraído al deber legal de hacer respetar el espacio público, promover acciones para la recuperación del mismo y para propiciar un ambiente de seguridad y salubridad.
Ahora bien, respecto a la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, tal como se expuso en párrafos precedentes, conforme a lo establecido en el artículo 315 de la Constitución Política, la primera autoridad de policía del municipio es el alcalde, y en consecuencia, es a quien corresponde la conservación del orden público, para lo cual constará con el apoyo de la Policía Nacional, institución que deberá cumplir las órdenes que este funcionario la imparta en esta materia, con prontitud y diligencias. Por tanto, el diseño, planeación y ejecución de las políticas públicas concernientes a la protección y defensa del espacio público competen a la alcaldía municipal de Santiago de Cali, y la Policía Nacional, a través de su respectivo comandante, tendrá a su cargo la ejecución de las medidas dispuestas por el primer mandatario local.
Así las cosas, le asiste razón al apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional en su recurso de apelación, al poner de presente que no es el ente responsable de la vulneración de los derechos colectivos objeto de la demanda y por tanto, se revocará el numeral primero del fallo apelado, para en su lugar declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de esta entidad ; asimismo, se revocará parcialmente el numeral segundo, en el sentido de declarar únicamente al Municipio de Santiago de Cali, como responsable de la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público y al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, la Ley y las disposiciones reglamentarias.
Finalmente, respecto a las órdenes dadas por el Tribunal de primera instancia, la Sala considera que las mismas son adecuadas y pertinentes toda vez que buscan evitar que se siga presentando la invasión del espacio público por el estacionamiento irregular de vehículos y propender así que las vías sean utilizadas exclusivamente para la movilidad vehicular en sus calzadas y peatonal en sus andenes; para lo cual, la alcaldía municipal de Santiago de Cali, con el apoyo de la Policía Nacional, en adelante deberá velar para que no se vuelvan a presentar los hechos planteados en este proceso ni se vuelva a incurrir en la vulneración de los derechos colectivos objeto de protección.
Asimismo, tal como lo establece el inciso 4º de la Ley 472 de 1998, el juez deberá señalar en la sentencia un plazo para iniciarse el cumplimiento de la decisión y culminar su decisión. En consecuencia, se modificarán los numerales cuarto, quinto, sexto y séptimo del fallo del 30 de abril de 2018, dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de determinar las acciones y el plazo razonable para el acatamiento del mismo, así:
“CUARTO: ORDENAR al Municipio de Santiago de Cali, por conducto del señor Alcalde Municipal, los titulares de las Secretarías de Movilidad y de Seguridad y Justicia y el director del DAGMA, que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta decisión, realicen las actividades necesarias para la recuperación de la zona ubicada en las calles 22 y 22ª, entre las carreras 15 y 16 de esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: ORDENAR al señor alcalde municipal de Santiago de Cali, que a través de las dependencias competentes y de acuerdo con sus facultades y funciones legales, proceda, dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta decisión, a dictar las órdenes pertinentes para mantener, renovar, rehabilitar y ejecutar labores de conservación del espacio público, tales como la instalación de la señalización y de los elementos físicos que sean necesarios y se practiquen operativos de control para impedir la invasión al espacio público; igualmente, que se demarque dicha zona como recuperada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: ORDÉNESE a la Secretaría de Seguridad y Justicia, que dentro de los quince (15) días siguientes la notificación de la sentencia, adopte las acciones pertinentes para el control y vigilancia de los mecánicos informales que trabajan en dicha zona para que, dejen de utilizar los andenes y vías como lugares destinados al arreglo mecánico de los automotores, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: ORDÉNESE al municipio de Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), que de acuerdo a sus competencias, adelante los operativos tendientes a limpiar y descontaminar los sumideros de aguas lluvias y ejecute los controles de salubridad por contaminación sonora y de plagas, olores, desperdicios, aceites y residuos utilizados en la actividad mecánica automotriz para lo cual se le concede un término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de la presente decisión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR los numerales primero y segundo del fallo impugnado, esto es el proferido el 30 de abril de 2018, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales quedarán así:
“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, planteada por la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR responsable al Municipio de Santiago de Cali por la vulneración a los derechos colectivos al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público y al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y la Ley y las disposiciones reglamentarias.
SEGUNDO: MODIFICAR los numerales cuarto, quinto, sexto y séptimo del fallo del 30 de abril de 2018, dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales quedarán así:
“CUARTO: ORDENAR al Municipio de Santiago de Cali, por conducto del señor Alcalde Municipal, los titulares de las Secretarías de Movilidad y de Seguridad y Justicia y el director del DAGMA, que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta decisión, realicen las actividades necesarias para la recuperación de la zona ubicada en las calles 22 y 22ª, entre las carreras 15 y 16 de esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: ORDENAR al señor alcalde municipal de Santiago de Cali, que a través de las dependencias competentes y de acuerdo con sus facultades y funciones legales, proceda, dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta decisión, a dictar las órdenes pertinentes para mantener, renovar, rehabilitar y ejecutar labores de conservación del espacio público, tales como la instalación de la señalización y de los elementos físicos que sean necesarios y se practiquen operativos de control para impedir la invasión al espacio público; igualmente, que se demarque dicha zona como recuperada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: ORDÉNESE a la Secretaría de Seguridad y Justicia, que dentro de los quince (15) días siguientes la notificación de la sentencia, adopte las acciones pertinentes para el control y vigilancia de los mecánicos informales que trabajan en dicha zona para que, dejen de utilizar los andenes y vías como lugares destinados al arreglo mecánico de los automotores, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: ORDÉNESE al municipio de Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), que de acuerdo a sus competencias, adelante los operativos tendientes a limpiar y descontaminar los sumideros de aguas lluvias y ejecute los controles de salubridad por contaminación sonora y de plagas, olores, desperdicios, aceites y residuos utilizados en la actividad mecánica automotriz para lo cual se le concede un término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de la presente decisión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.
TERCERO: CONFIRMAR los numerales tercero, octavo, noveno y décimo de la sentencia del 30 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriado este proveído.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Visible a folios 201 a 207 del expediente popular de la referencia. Visible a folios 208 a 212 del expediente popular de la referencia. Folios 181 a 191 del expediente de la referencia.
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. Folios 1 a 7 del expediente de la referencia. Folios 1 a 2 del expediente de la referencia. Folios 1 a 3 del expediente de la referencia. Folio 2 del expediente popular. Folio 2 del expediente popular. Folio 2 del expediente. Folio 3 del expediente. Folios 3 a 4 del expediente popular. Folio 37 del expediente popular. Folios 50 a 51 del expediente. Folios 61 a 77 del expediente. Folio 71 del expediente. Folios 80 a 86 del expediente. Folio 84 del expediente popular. Folio 84 del expediente popular. Folios 107 a 108 del expediente. Artículo 27 de la Ley 472 del 5 de agosto de 1998. Folios 126 a 128 del expediente popular. Folios 181 a 191 del expediente de la referencia. Folio 188 del expediente de la referencia. Folio 188 Vto. del expediente de la referencia. Folios 190 a 190 Vto. del expediente. Folio 190 Vto. del expediente popular. Folio 190 Vto. del expediente. Folios 191 a 191 Vto. del expediente popular. Folios 201 a 207 del expediente popular. Folios 236 a 239 del expediente de la referencia. Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-466 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-254 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación número: N°2002-2693-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2015. Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). Actor: Defensoría del Pueblo - Regional Boyacá. Demandado: Fiscalía General de La Nación - Dirección Seccional de Fiscalías De Tunja – CTI. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01. En aquella ocasión la Sección Primera estableció que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos. Sobre el particular ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP). Folios 201 a 207 y 208 a 212 del expediente. Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Bogotá D. C., 10 de febrero de 2005. Radicación número: 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP). Referencia: Acción Popular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros. Corte Constitucional. Sentencia SU-360 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero. Ver también la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. 19001-23-33-000-2014-00190-01(AP). Actor: Danilo Reinaldo Vivas Ramos y otros.
Demandado: INVIAS. Corte Constitucional, Sentencia T-537 de 1997. M.P.: Fabio Morón Díaz. Ver también la sentencia del Consejo de Estado, Sección primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. 17001-23-31-000-2014-00193-01(AP) Actor: Carlos Eduardo Giraldo Botero. Demandado: Municipio de Manizales y Dirección Nacional de Estupefacientes. Corte Constitucional, sentencia C-401 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa). Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”
Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros. Consejo de Estado, Sección primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. 76001-23-31-000-2011-01300-01(AP). Actor: Henry Leoncio Barreiro Belalcázar. Al respecto pueden consultarse: González Pérez, Jesús, “El principio general de la buena fe en el derecho administrativo”, Editorial Civitas, Madrid, 1983; García Macho Ricardo, artículo, “Contenido y límites del principio de la confianza legítima” (publicado en “Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasí”), Editorial Civitas, Madrid, 1989; Dromi, José Roberto, “Instituciones de derecho administrativo”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1983; García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás Ramón, “Curso de derecho administrativo”, Tomo II, Editorial Civitas, Madrid. Ver sentencia T-295 de 1999, H. Corte Constitucional, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
“Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”
Sobre este tema también pueden consultarse las sentencias C-478 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-398 de 1997; T-576 de 1998 y SU-260 de 1998. H. Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-617 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero. H. Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-722 de septiembre 4 de 2003, exp No. T-728123, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.”
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.”
“Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.”
"Por el cual se compilan el acuerdo 70 de 2000, el acuerdo 01 de 1996 y las demás disposiciones que lo hayan modificado, adicionado o aclarado que conforman la estructura orgánica y funcional del municipio de Santiago de Cali.”
El artículo 194 del Decreto 0203 de 2001 fue derogado expresamente por el artículo 253 del Decreto 411.0.20.0516. del 28 de septiembre de 2016.
Folios 181 a 191 del expediente popular de la referencia.
Folio 188 del expediente de la referencia.
Folio 188 Vto. del expediente de la referencia.
Folios 190 a 190 Vto. del expediente.
Folios 12 a 16 del expediente popular.
Folios 17 a 18 del expediente popular.
Folios 19 a 20 del expediente popular.
Folio 21 del expediente popular.
Folios 22 a 23 del expediente popular.
Folios 24 a 35 del expediente popular.
Folio 99 del expediente popular.
Folio 100 del expediente popular.
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