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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01722-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01722-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 27 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Luis Fernando Arroyave contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2016-01722-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

28 de julio de 2022

1
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: Luis Fernando Arroyave

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: LUIS FERNANDO ARROYAVE
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Temas: Reintegro de sumas por concepto de doble asignación
proveniente del tesoro público. Apelación fallida.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-136-2022

ASUNTO

La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 27 de marzo de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que denegó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

El señor Luis Fernando Arroyave en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar la nulidad de la Resolución 0770 del 12 de mayo de 2016 por
medio de la cual la entidad demandada ordenó al señor Luis Fernando
Arroyave reintegrar la suma de $74.004.964 por concepto de «rubros de
gastos de personas y de otros pagos inherentes a la nómina».

2. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación,
Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar efectuar el
pago de todos los salarios, primas, reajustes o aumentos del sueldo y
demás emolumentos dejados de percibir desde el 1.º de enero de 2016 y
hasta el día de su abono total.

3. Se condene al reconocimiento y pago de los perjuicios inmateriales y daño
moral causados con ocasión de los efectos jurídicos del acto administrativo
demandado.

1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
2
Folios 79 a 80, C2.

2
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: Luis Fernando Arroyave

4. Se conmine a la autoridad demandada a dar cumplimiento a la sentencia,
en los términos del artículo 189 del CPACA, así como a la cancelación de
los intereses moratorios de que trata el artículo 192 ibidem.

5. Que las sumas que resulten de la condena sean indexadas en virtud del
artículo 194 del CPACA, ello de conformidad con el índice de precios al
consumidor.

Supuestos fácticos relevantes3

1. El señor Luis Fernando Arroyave prestó sus servicios en la Dirección
General de Sanidad Militar desde el 1.º de enero de 1997 y hasta el 30 de
noviembre de 2015, en su calidad de empleado técnico operativo.

2. En el mes de abril de 2008 el demandante fue trasladado al Hospital Militar
Central de Bogotá para que fuera valorado por el servicio de psiquiatría,
donde fue diagnosticado como depresivo mayor y fue internado en la
Clínica Santo Tomás por un período de dos meses y medio.

3. Con posterioridad a dicho suceso fue reintegrado a sus labores, pero fue
incapacitado nuevamente hasta el 12 de enero de 2016.

4. La entidad demandada pagó las incapacidades del libelista hasta el 30 de
noviembre de 2015.

5. A través de la Resolución 3052 del 1.º de diciembre de 2015 le fue notificado
el retiro del servicio, a partir del 6 de enero de 2016.

6. Manifestó que la Administradora Colombiana de Pensiones le concedió una
pensión de invalidez a través de la Resolución GNR172073 del 15 de mayo
de 2014, la cual se negó a recibir ya que contaba con la edad y el tiempo para
hacerse beneficiario de una pensión de vejez.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 12 de febrero de 2018.

Resumen de las principales decisiones

3
Folios 71 a 73, C2.
4
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

3
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: Luis Fernando Arroyave

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

«[…] Se propuso la que se denominó “pleito pendiente” por la existencia de otro
proceso en curso que guarda identidad de sujetos, causa y pretensión […]

El Despacho de manera oficiosa solicitó al Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito de Cali el día 08 de febrero de 2018 información detallada del proceso y
obtuvo vía correo electrónico, copia de la demanda que se incorpora al expediente
para su consulta y donde se advierte de que ataca la Resolución No. 3052 del 01
de diciembre de 2015 “Por la cual se retira del servicio por pensión de invalidez a
un funcionario de la Planta de Personal de Empleados Públicos del Ministerio de
Defensa Nacional (…)” acto que en esta sede fue rechazado circunscribiendo la
decisión únicamente a la revisión de legalidad de la Resolución No. 0770 del 12
de mayo de 2016 “por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de unos
haberes pendientes a un personal retirado del servicio”, por lo que la excepción
propuesta no está llamada a prosperar y se declara no probada.

De oficio no se encuentra excepción alguna que decretar. […]». (Folios 166 vuelto
a 167, C2 y CD obrante a folio 169 ibidem).

Se notificó la decisión y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] ¿La Resolución No. 0770 del 12 de mayo de 2016 está viciada de nulidad y
en consecuencia el demandante no se encuentra obligado al reembolso de la suma
$74.004.964 por concepto de salarios allí ordenada? […]». (Folio 167 vuelto, C2
y CD que reposa a folio 169 ibidem).

Se notificó la decisión y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA5

El a quo profirió sentencia escrita el 27 de marzo de 2019 por medio de la cual
negó las pretensiones del demandante, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

Hizo referencia a la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución
Política, referente a imposibilidad de desempeñar un empleo público y percibir
más de una asignación que provenga del erario. En este punto indicó que el
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 señaló casos específicos que se encuentran
exceptuados a la anterior regla, dentro de los cuales en ninguno de ellos se
enmarca la situación particular del señor Luis Fernando Arroyave, pues se
trata de un personal civil y no uniformado de la Dirección General de Sanidad
Militar.

Acto seguido, se remitió a lo desarrollado por la Corte Constitucional mediante
sentencia T-312 de 2018 en lo referente a la incompatibilidad del pago recibido
por concepto de incapacidades laborales y el salario. Asimismo, citó el marco
legal de la pensión de invalidez para constatar que esta prestación también
discrepa de la naturaleza de asignación básica mensual.

5
Folios 210 a 216, C2.

4
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: Luis Fernando Arroyave

En este punto, agregó que la Administradora Colombiana de Pensiones otorgó
una pensión de invalidez al señor Luis Fernando Arroyave a través de la
Resolución GNR172073 del 15 de mayo de 2014; como también quedó
debidamente certificado que el mentado ciudadano ingresó a nómina de
pensionados en el mes de junio de la aludida calenda y le fue abonado a través
de la entidad Banco de Occidente un valor de $25.902.666 correspondiente a
las mesadas pensionales causadas y suspendidas desde el mes de marzo de
2015 y hasta el mes de octubre de 2016.

De otro lado, indicó que al señor Luis Fernando Arroyave le fueron reconocidos
los siguientes conceptos: i) indemnización por incapacidad, entre el 15 de
marzo de 2012 y el 30 de noviembre de 2015; ii) salario y prestaciones
sociales, entre el 31 de marzo de 2012 y el 31 de octubre de 2015, y; iii)
pensión de invalidez, entre el 1.º de junio de 2014 y el 31 de marzo de 2015.

Pues bien, una vez efectuado el análisis de las pruebas arrimadas al plenario
señaló que dada la conformación del sistema de seguridad social de las
Fuerzas Militares, que consagra un régimen prestacional especial el cual
permite condiciones más benéficas en tiempo, porcentajes y cobertura, no
resultaba posible que el demandante percibiera indemnización y salarios por
parte de la Dirección General de Sanidad Militar, como mucho menos le era
permitido gozar de una pensión de invalidez a cargo de una AFP pública y la
asignación básica mensual, dado que estos conceptos resultan incompatibles
entre sí, en virtud de la prohibición constitucional antes mencionada.

Aclaró que situación distinta se configuraría si una de las asignaciones
referidas, gozaran de una naturaleza privada, lo cual no ocurre de tal forma al
tratarse de un miembro del personal civil no uniformado del Ejército Nacional.

Por último, condenó en costas a la parte activa del litigio por haber resultado
vencida en dicha oportunidad.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que se revoque en su totalidad. Al respecto,
reiteró los fundamentos fácticos señalados en el libelo introductor y solicitó al
ad quem oficiar a la Administradora Colombiana de Pensiones para que
allegara prueba tendiente a demostrar que el señor Luis Fernando Arroyave
nunca cobró mesada pensional alguna por concepto de pensión de invalidez.

Finalmente, citó el contenido del artículo 247 del CPACA y del artículo 53 de
la Constitución Política.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal
según la constancia secretarial visible a folio 243 del cuaderno 2.

CONSIDERACIONES

Competencia

6
Folios 226 a 228, C2.

5
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: Luis Fernando Arroyave

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso únicamente fue formulada por
la parte demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales
se resumen en la siguiente pregunta:

¿El señor Luis Fernando Arroyave presentó argumentos de impugnación
congruentes contra la sentencia adoptada por el a quo que denegó las
pretensiones de la demanda?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: la parte demandante no presentó
argumentos de reparo coherentes contra la decisión adoptada en la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 27 de marzo de
2019, por lo que se hace necesario declarar la apelación fallida, tal como se
explica a continuación.

Ø Sobre la apelación fallida

Si bien esta figura no se encuentra regulada en ninguna norma procesal, sí se
ha utilizado jurisprudencialmente cuando los argumentos de reparo que
presenta el apelante respecto de la decisión recurrida, no guardan
congruencia con lo esbozado por el juez o lo determinado en la fijación del
litigio, es decir, las razones que se exponen como reproche frente a la
providencia proferida no tienen relación con el tema debatido.

Frente al punto, por parte de esta Sección7 se ha explicado lo siguiente:

«[…] Se debe precisar, a la altura de lo enunciado, que al no respetar el principio
de congruencia el recurso de apelación presentado por el apoderado del Ministerio
de Educación frente a la sentencia de primera instancia, la apelación es fallida y
por consiguiente se tiene por no presentado.

Lo anterior por cuanto el recurso de apelación demarca la competencia del juez
de segunda instancia y, por lo mismo, cuando los fundamentos de la apelación
son extraños al debate del sub judice por no corresponder a los mismos hechos
analizados por el a quo, se entiende como una apelación fallida, según lo ha
sostenido el Consejo de Estado8, así:

“[…] En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente
como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo de la
sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide
en el fondo desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es
imposible confrontar la sentencia con una apelación de la misma que no lo
es.

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, radicado:
19001-23-33-000-2013-00214-01 (1392-2016).
8
Consejo de Estado, sentencia del 25 de mayo de 2006, radicado 15001-23-31-000-2000-02086-01,
número interno 2273-2005.

6
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: Luis Fernando Arroyave

Así, realmente no existe apelación de la sentencia. Y esta situación impide
conocer de fondo el caso por la vía de la apelación. […]». (Negrita y cursiva en
el texto original).

Tal como se expuso en la providencia citada, cuando los argumentos
expuestos en el recurso de apelación no se dirigen contra el fondo de la
decisión recurrida al no existir correspondencia con los presupuestos del
asunto que se resuelve, se presenta la apelación fallida, lo que trae como
consecuencia que permanezca incólume lo resuelto en primera instancia.

Lo anterior materializa el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión
que debe adoptar el ad quem necesariamente debe guardar congruencia con
lo resuelto por el juez de primera instancia, razón por la cual los argumentos
que se presenten en el recurso de apelación son los que eventualmente darán
lugar a que la providencia sea confirmada, revocada o modificada, según el
caso.

También resulta importante hacer referencia al artículo 328 del CGP el cual
consagra la competencia del superior en los siguientes términos:

«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
(Subraya fuera de texto)

Visto lo anterior, debe concluirse que la competencia del superior se supedita
o limita al estudio de aquellos argumentos que fueron expuestos por el
apelante, de ahí que, si esos planteamientos no hacen referencia al tema de
fondo que decidió el a quo, no puede en segunda instancia efectuarse
pronunciamiento alguno, lo que trae como consecuencia que la apelación sea
fallida.

En virtud del marco procesal expuesto sobre el alcance del recurso de
apelación, en el sub examine se advierte que en la sentencia del 27 de marzo
de 2019 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones
del demandante tendientes a la declaratoria de nulidad de la Resolución 0770
del 12 de mayo de 2016 por medio de la cual la Nación, Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar ordenó al señor Luis Fernando Arroyave
reintegrar la suma de $74.004.964 por concepto de «rubros de gastos de
personas y de otros pagos inherentes a la nómina», y en consecuencia, a
título de restablecimiento del derecho, el pago de los salarios y demás

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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: Luis Fernando Arroyave

prestaciones sociales a que haya lugar desde el 1.º de enero de 2016 en
adelante.

Sobre el punto, el a quo estimó impertinente la prosperidad de tales
pedimentos, ello en cumplimiento de lo trazado por el artículo 128 de la
Constitución Política que refirió la prohibición de devengar doble asignación
proveniente del tesoro público, de la cual no se encuentra exceptuado el
personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa, como es el caso del
libelista.

Para el efecto, el juez colegiado de primera instancia en la sentencia objeto
de alzada indicó lo siguiente:

«[…] En el caso estudiado, tal obligación cobra mayor importancia debido a que
el Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Militares, consagra un régimen
Prestacional especial cuyo fundamento se encuentra en los artículos 150,
numeral 19, literal e), 217 y 218 de la Constitución Política, conformado por un
conjunto normativo que crea, regula, establece y desarrolla una serie de
prestaciones a favor de los servidores de las Fuerzas Militares y al personal
civil y no uniformado del Ejército Nacional condiciones que permiten acceder a
un régimen pensional más benéfico en tiempo, en porcentajes o en cobertura.

Así, atendiendo a la naturaleza jurídica de la relación laboral que ostentó el
demandante con el Ejército Nacional no resultaba posible que percibiera
indemnización y salarios de la Dirección General del Ejército Nacional, menos
existía la posibilidad de percibir pensión de invalidez de su fondo de seguridad
social público y salario de la entidad castrense, pues eran incompatibles
conforme el principio constitucional que prohíbe la doble erogación del erario
público.

En efecto, existe la posibilidad de que el pensionado por invalidez labore en
una entidad pública y reciba a la vez mesada pensional de invalidez y el salario,
cuando uno de ellos es de naturaleza privada, en el caso concreto del
demandante por tratarse de un civil no uniformado del Ejército Nacional que
desarrollaba sus funciones técnicas en la Dirección General de Sanidad del
Ejército Nacional no aplica.

Así las cosas, como surge evidente del acerbo (sic) probatorio, que el hoy
demandante conforme consta en las incapacidades que obran en el proceso a
folios 30 a 70 a pesar de que algunas de ellas no fueron allegadas en su
momento, con el argumento de que el siquiatra que lo atendía no le dio la
incapacidad porque no tenía para esa fecha contrato con la EPS, situación que
en todo caso el empleador dejó constancia, desde el 1 de marzo de 2012 y
hasta la fecha de adquirir su pensión de jubilación el 1 de junio de 2015, estuvo
siempre incapacitado, desvinculado por esa razón de su labor y en ese orden
de ideas, los haberes que a título de salario y prestaciones sociales liquidó la
entidad al momento de su retiro definitivo y equivalentes a ese mismo tiempo
pierden fundamento y la orden de devolución del salario y prestaciones ya
pagados encuentra soporte en la imposibilidad jurídica de percibirlos en la
medida en que era beneficiario en el mismo lapso de su pensión de invalidez.

En virtud de lo anterior, el acto demandado mantiene la presunción de legalidad
que lo cobija y las pretensiones de la demanda deben negarse. […]». (Folios
210 a 216, C2).

A pesar del contexto jurídico expuesto con antelación, el cual se acompasa a
los elementos propios del litigio, el señor Luis Fernando Arroyave en su

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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: Luis Fernando Arroyave

recurso de apelación manifestó su inconformidad con el fallo de primera
instancia de la siguiente manera:

«[…] La no aplicación del principio constitucional de doble erogación del erario
público. Mi representado obtento (sic) la calidad de personal civil no
uniformado, donde este estuvo incapacitado por los periodos comprendidos 15
de marzo de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2015, donde este le fue
reconocido la pensión de invalidez por tener un porcentaje de pérdida de
capacidad laboral 50,48 donde le reconocieron una pensión de invalidez, que
él nunca cobró reclamo (sic), y que este esperó el tiempo suficiente para
reclamar su pensión de vejez, que le resultaba más favorable. Con base a lo
anterior y con el fin de esclarecer los hechos oscuros del proceso se requiere
que OFICIE A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
(COLPENSIONES) con el fin de que demuestre que mi representado nunca
cobró ninguna mesada pensional reconocida y tampoco retroactivo pensional
con el fin de que el Magistrado de Segunda Instancia tenga más claridad al
fallar el caso. […]». (Folios 226 a 228, C2).

De acuerdo con la parte transcrita del recurso, la Sala infiere que lo pretendido
por la parte demandante es que se revoque la sentencia de primera instancia
y para lo propio únicamente fundamentó su alzada en la solicitud de una
prueba de oficio por parte del ad quem y a cargo de la Administradora
Colombiana de Pensiones, según la cual, se demostraría la presunta no
aceptación de las mesadas por concepto de pensión de invalidez que le fue
reconocida por el mentado fondo.

Por lo anterior, es notoria la incongruencia de las razones expuestas por el
señor Luis Fernando Arroyave, pues no atacan de fondo la decisión judicial
impugnada, sino que se limita a reproducir nuevamente los fundamentos
fácticos de la demanda y solicitar la práctica de pruebas.

Al respecto, de acuerdo con el artículo 212 del CPACA, para que los medios
probatorios sean apreciados por el juez administrativo, estos deben
solicitarse, practicarse e incorporarse dentro de los términos y oportunidades
señalados en dicho estatuto procesal y, respecto a la oportunidad para
solicitar la práctica de pruebas en segunda instancia reguló lo siguiente:

«ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas
por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso
dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.
[…]
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de
ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se
decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros
diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de
la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos
que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad
para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o
desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales
3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que
las decreta.

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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: Luis Fernando Arroyave

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes
se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días
hábiles.»

De acuerdo con la norma en cita se advierte que el decreto de pruebas en
segunda instancia es de carácter excepcional y requiere que, aparte de ser
lícito, pertinente, conducente y útil, éste se circunscriba a alguno de los
supuestos de procedencia enunciados en el artículo antes citado.

En este orden, la Sala estima que el recurso de alzada de la parte activa no
encuentra sustentación alguna o mucho menos que haya planteado reparos
directos respecto al fallo de primera instancia, pues no solo desconoce las
consideraciones fácticas y jurídicas esbozadas por el tribunal, sino que se
aparta por completo de la naturaleza del recurso de apelación que no es otra
a la de que el superior jerárquico estudie y decida la decisión impugnada a fin
de decidir si esta debe ser confirmada, modificada o revocada.

Lo anterior en tanto el apelante busca la revocatoria total de la sentencia de
primera instancia a través de una fundamentación sustentada en la solicitud
de pruebas.

Al respecto, el artículo 322 del Código General del Proceso señaló lo siguiente
en punto a la oportunidad y los requisitos del recurso de apelación:

«Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de
acuerdo con las siguientes reglas:

1. El recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso
de una audiencia o diligencia, deberá interponerse en forma verbal
inmediatamente después de pronunciada. El juez resolverá sobre la procedencia
de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de instrucción y
juzgamiento, según corresponda, así no hayan sido sustentados los recursos.

La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá
interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal o por
escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado.
[…]

Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso
en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días
siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por
fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos
que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará
ante el superior.

Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las
razones de su inconformidad con la providencia apelada.

Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera
oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión
adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma
prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el
recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado. […]».
(Resaltado intencional).

Por su parte, la Corte Constitucional a través de sentencia SU-418 de 2019
discurrió:

10
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: Luis Fernando Arroyave

«[…] 9.5. Como se puede advertir, en lo tocante a la sustentación del recurso de
apelación, el Código General del Proceso sí distingue reglas para los autos y las
sentencias. Frente a estas últimas, el numeral 3º del artículo 322 dispone
expresamente que, cuando se recurra una sentencia, el apelante, al momento de
interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferido en ella, o dentro de
los tres días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido
dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos
concretos frente a la decisión que cuestiona, sobre los cuales versará la
sustentación que hará ante el superior, para la cual bastará con la expresión de
las razones de inconformidad con la providencia apelada. Esto quiere decir que,
cuando no se presente la fundamentación requerida para el recurso en los términos
recién descritos, el juez lo declarará desierto.
[…]

Así las cosas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, el juez de
segunda instancia habrá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos en la ley. No obstante, cuando ambas partes hayan apelado toda
la sentencia o la que no apeló hubiese adherido al recurso, el superior resolverá
sin limitaciones. […]».

En los términos expuestos, es diáfano que con la interposición del recurso de
apelación contra sentencias judiciales, se hace mandatoria su sustentación so
pena de la declaratoria de desierto del mismo, o en todo caso, como sucede
en el sub lite, que se configure la figura de apelación fallida que ha sido
aprobada por la jurisprudencia.

Lo anterior demuestra que el recurso de alzada no puede formularse
netamente como una oportunidad para reabrir una etapa procesal como lo es
la de pruebas, conforme lo insta el señor Luis Fernando Arroyave, pues este
exclusivamente guarda su sustento en la inconformidad expuesta por el
extremo procesal subyugado en el litigio frente a la decisión de instancia, la
cual debe contar con la indicación de argumentos claros y precisos que
sustenten la interposición del mismo, ello con el fin de que la providencia sea
estudiada por el superior jerárquico y determinar si se encuentra ajustada o
no al ordenamiento jurídico

De hecho, la falta de correspondencia entre los planteamientos impugnativos
de la parte apelante frente al contexto del presente caso se torna más evidente
al advertir que en la audiencia inicial celebrada el 12 de febrero de 2018, el a
quo decretó de oficio la prueba de ordenar a Colpensiones para que certificara
si ha cancelado sumas a favor del demandante por concepto de mesadas de
pensión de invalidez (folio 168 del cuaderno 2).

Este requerimiento fue atendido de manera favorable por parte de la
administradora de pensiones, mediante oficio del 3 de mayo de 2018 (folios
190 a 191 ibidem), en el cual informó que desde el mes de junio de 2014 el
señor Luis Fernando Arroyave había sido ingresado a nómina de
pensionados, y que, si bien sus mesadas fueron suspendidas en marzo de
2015 por no cobro, estas se reactivaron en octubre de 2016 y le fueron girados
a su entidad bancaria los montos adeudados.

En suma, la carencia de sustentación del recurso de apelación interpuesto por
el demandante se configura como óbice para un estudio de fondo en segunda
instancia sobre la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle

11
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: Luis Fernando Arroyave

del Cauca el 27 de marzo de 2019, pues la Sala no evidencia reparo alguno
que ilustre las razones que conllevaron a impugnarla, sino que, por el
contrario, se utilizó erróneamente esta herramienta jurídica con el propósito
de instar el decreto de una prueba cuando ya se encontraba fuera de su
oportunidad legal pertinente y adicionalmente fue practicada en primera
instancia.

En conclusión: el señor Luis Fernando Arroyave sustentó su recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia con fundamento en la
solicitud del decreto de una prueba de oficio por parte de esta Subsección ante
Colpensiones, lo cual es muestra que no controvirtió el fondo del asunto
desarrollado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por lo que se
advierte una incongruencia entre los motivos de impugnación y el fallo
censurado, la cual enerva la competencia del ad quem para emitir un
pronunciamiento sobre el objeto litigioso del asunto particular, al punto de
configurarse una apelación fallida que impone confirmar la providencia
recurrida.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia del 27 de marzo de
2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que denegó las
pretensiones de la demanda, ello habida cuenta de que no prosperan los
argumentos del recurso de apelación en razón a que este resulta fallido.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 20169, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.

9 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01722-01 (3208-2019)
Demandante: Luis Fernando Arroyave

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP10, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público11.

Bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas
de segunda instancia a la parte demandante pese a haber resultado vencida
en sede de apelación, en la medida que conforme el ordinal 8.º del artículo 365
del CPACA, no se comprobó su causación habida cuenta de que no se
presentaron alegatos de conclusión en esta oportunidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 27 de marzo de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que denegó las pretensiones de la demanda, en el
proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovió el señor Luis Fernando Arroyave contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

10
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
11
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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