Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01760-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01760-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2016-01760-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01760-02 (0782-2022)1
Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia del cuatro (4) de octubre de dos mil veintiuno (2021), proferida por la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones2.
1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad, por un lado, del acto administrativo
contenido en la Resolución Nº DESAJCLR-2827 del veinte (20) de octubre de dos
mil quince (2015), mediante la cual, la Dirección Ejecutiva Seccional de
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Expediente híbrido.
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Folios 18-24 del expediente físico.
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Número Interno: 0782-2022
Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca negó el reconocimiento y pago de
la prima especial de servicios como un adicional al salario básico, y la consecuente
reliquidación de las prestaciones sociales sobre la base del 100% de la asignación
mensual, y, por el otro lado, del acto ficto derivado del silencio administrativo
negativo frente al recurso de apelación interpuesto contra el acto primigenio.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) reconocer y pagar la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un
porcentaje (30%) adicional a la remuneración básica mensual, desde la fecha de
vinculación y hacia el futuro; (ii) reliquidar y pagar las prestaciones sociales de la
demandante, a partir del primero (1º) de septiembre de mil novecientos noventa y
nueve (1999), y en adelante, con adición del 30% de la prima especial de servicios
que le fue sustraído de la remuneración mensual; (iii) indexar y actualizar las sumas
que resulten a favor de la señora Canaval Erazo, teniendo en cuenta el índice de
precios al consumidor; y (iv) pagar los intereses moratorios a los que haya lugar.
1.2. Los hechos3.
3. Narró que la señora Gloria Stella Canaval Erazo se vinculó al servicio de la Rama
Judicial, en calidad de magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca, desde el primero (1º) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve
(1999), hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012).
4. Explicó que, de conformidad con el artículo 150, numeral 19, de la Constitución
Política, en consonancia con lo previsto en la Ley 4ª de 1992, le corresponde al
Gobierno Nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.
Agregó que, en virtud de la referida ley marco, se estableció la prima especial de
servicios en su artículo 14, la cual oscilaría entre el 30% y el 60% del salario básico,
a partir del primero (1º) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993).
5. Expuso que, en cumplimiento de los mandatos derivados de la Ley 4ª de 1992,
el Gobierno Nacional ha expedido, anualmente, los decretos salariales, en los
cuales se ha contemplado la prima especial de servicios como el 30% del salario
devengado por los miembros de la Rama Judicial, interpretación que, a su juicio, es
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Folios 18-24 del expediente físico.
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Número Interno: 0782-2022
Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
errónea, pues, en lugar de incrementarse el salario, se disminuye en esa porción.
6. Adujo que, mediante sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce
(2014), el Consejo de Estado declaró la nulidad de los decretos salariales expedidos
entre 1993-2007. De acuerdo con la interpretación de dicha Corporación, el salario
básico sirve como parámetro para calcular el 30% que corresponde a la prima
especial de servicios, pero una vez cuantificada, se adiciona al salario. Precisó que
la providencia en cita ratificó la línea establecida en la sentencia del dos (2) de abril
de dos mil nueve (2009), en la que se concibió dicho emolumento como un
reconocimiento económico adicional que implica un aumento en el ingreso laboral.
7. Manifestó que el nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015) presentó una
petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Cali, con
el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios,
así como, la reliquidación de las prestaciones sociales, durante el tiempo en que
fungió como magistrada. Mediante la Resolución Nº DESAJCLR15-287 del veinte
(20) de octubre de dos mil quince (2015), la prenombrada dirección negó lo
solicitado. El cuatro (4) de noviembre de la misma anualidad, la parte actora
interpuso recurso de apelación, medio de impugnación que no fue resuelto por la
entidad, configurándose así el acto ficto producto del silencio administrativo
negativo.
1.3. Concepto de la violación4.
8. La parte demandante alegó que los actos administrativos enjuiciados -tanto el
acto expreso, como el ficto- infringieron los artículos 1º, 2º, 13, 25, 29, 53, 150
(numeral 19) y 215 de la Constitución Política de Colombia; los artículos 1º, 2º y 14
de la Ley 4ª de 1992; y el artículo 152 de la Ley 270 de 1996.
9. Puso de presente que la Ley 4ª de 1992 retomó los elementos axiológicos de la
noción de “prima” como fenómeno complementario de adición a la remuneración de
los servidores públicos, empleándola en ese sentido en el artículo 14 ibidem.
Asimismo, resaltó que, al amparo de lo dispuesto por el Consejo de Estado en la
sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), el salario básico
sirve para calcular el 30% que corresponde a la prima especial de servicios, pero
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Folios 18-24 del expediente físico.
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Número Interno: 0782-2022
Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
una vez cuantificada, esta se adiciona al salario o ingreso mensual del destinatario.
10. Sostuvo que, al pagarse a los funcionarios judiciales un valor mensual inferior al
debido, se vulneraron sus derechos, especialmente a la actora, comoquiera que no
existen razones objetivas que justifiquen el trato discriminatorio a nivel salarial.
1.4. La contestación de la demanda5.
11. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para
lo cual sostuvo que le ha pagado a la señora Canaval Erazo todos los salarios y
prestaciones de conformidad con la normatividad vigente. Añadió que, según
concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la sentencia proferida por el
Consejo de Estado el veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), por la cual
se declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales de los años
1993-2007, no es un título constitutivo de gasto, hecho éste que impide modificar
administrativamente la forma en la que se liquida la prima especial de servicios.
12. Indicó que no es posible autorizar, sin respaldo presupuestal, el reconocimiento
y pago de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas por concepto de
prima especial de servicios, por los tiempos de servicio efectivamente acreditados
por la demandante, toda vez que, de ser así, se estaría actuando por fuera de la
órbita competencial de la demandada “y generaría a cargo de la entidad un detrimento fiscal,
conforme a la norma de la Ley de Presupuesto – Decreto 111 de 1996 (…)”.
13. Destacó que, por mandato expreso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial, criterio que fue reafirmado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, lo que se traduce en que dicho
emolumento no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las
prestaciones sociales, entre ellas, primas de servicios, prima de navidad, prima de
vacaciones, auxilio de cesantías y bonificación por servicios prestados. En esa
misma línea, adujo que los decretos salariales expedidos con posterioridad al 2007
no han sido objeto de nulidad, por lo que su presunción de legalidad se mantiene
incólume, y que la declaratoria de nulidad de los decretos anteriores a esa vigencia
no dispusieron el restablecimiento automático del derecho a favor de la actora.
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Folios 73-80 del expediente físico.
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Número Interno: 0782-2022
Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
14. Propuso como excepciones las de: (i) inexistencia de causa para demandar; (ii)
prescripción trienal de los derechos laborales reclamados; y (iii) la innominada.
1.5. La sentencia de primera instancia6.
15. Mediante sentencia del cuatro (4) de octubre de dos mil veintiuno (2021), la Sala
de Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas. Al respecto, dispuso:
“1. Inaplicar por ser inconstitucional la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para
la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema de seguridad social en
salud” contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el artículo 1º del Decreto 383 de
2013 y demás decretos que lo modifiquen y sustituya, en su lugar se dispone aplicar el
artículo 53 de la Constitución Nacional, el principio constitucional de equidad, conforme lo
expuesto en esta providencia.
2. DECLÁRESE PROBADA la prescripción trienal de los derechos laborales de la
demandante Gloria Stella Canaval Erazo, con anterioridad al 8 de octubre de 2012, tal como
quedó determinado en la parte motiva de esta providencia.
3. DECLARAR la nulidad de la Resolución Nº DESAJCLR15-2827 del 20 de octubre de 2015
la (sic) Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle y el acto
administrativo presunto de carácter negativo creado por la falta de respuesta a la apelación
presentada el 5 de noviembre de 2015.
4. ORDENAR a la Nación – Rama Judicial a reconocer y pagar a la demandante Gloria Stella
Canaval a título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de la declaratoria de
nulidad de los actos declarados nulos (sic), la diferencia entre los salarios (asignación básica
y prestaciones sociales, vacaciones, primas de vacaciones, prima de navidad y cualquier
otro ingreso recibido como prestación a sus servicios) efectivamente cancelados desde el 9
de octubre de 2012 y hasta el 30 de noviembre de 2012 y el salario y las prestaciones
sociales incluida las cesantías correctamente liquidado, conforme los estrictos términos de
la Ley 14 de 1992 (sic), acreditando el 30% de la prima especial de servicios como factor
salarial, dichas sumas serán indexadas mes a mes conforme quedó expuesto en esta
providencia.
5. No condenar en costas conforme a la parte motiva de esta providencia”.
16. En sus consideraciones, el Tribunal advirtió que el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 estableció la prima especial de servicios sin carácter salarial y que, al negarle
tal carácter, se violó el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política, según los cuales no se puede desmejorar los salarios y prestaciones de los
servidores del Estado, ni desconocerse sus derechos adquiridos. Anotó que la Ley
4ª de 1992, al establecer que la prima especial de servicios “sólo tendría carácter salarial
para liquidar la seguridad social y salud” (sic) fue “anulada” por el Consejo de Estado en la
sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), en la que se
determinó que la prima en comento corresponde a un incremento -no disminución-
de la remuneración básica de los servidores beneficiarios del emolumento.
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Folios 151-169 del expediente físico.
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Número Interno: 0782-2022
Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
17. Manifestó que la Corte Constitucional, al decidir sobre la constitucionalidad del
artículo 29 de la Ley 789 de 2002, señaló que, conforme al artículo 127 del Código
Sustantivo del Trabajo, el salario está conformado, además de la remuneración
ordinaria que recibe el trabajador, por todo aquello que como contraprestación de la
labor recibe el trabajador (v.gr. primas, bonificaciones habituales, horas extras).
18. De acuerdo con las pruebas valoradas, encontró acreditado que, si bien a la
señora Canaval Erazo se le pagó la prima especial de servicios, durante “ el período
en que ejerció los cargos de Procuradora Judicial I en lo penal desde el 10 de agosto de 2007 hasta
el 31 de enero de 2012, y desde el 1º de febrero de 2012 como Procuradora Judicial II” (sic), dichos
pagos se hicieron sustrayendo el 30% de la remuneración básica mensual,
desconociéndose así garantías de estirpe fundamental y los mandatos de la Ley 4ª.
19. En punto a la prescripción, concluyó que, como la demandante presentó la
reclamación administrativa el nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015), operó
dicho fenómeno respecto de las sumas causadas con anterioridad al ocho (8) de
octubre de dos mil doce (2012), de manera que sólo tendría derecho por el período
comprendido entre el nueve (9) de octubre y el treinta (30) de noviembre de dos mil
doce (2012), fecha esta última del retiro del cargo.
1.6. El recurso de apelación7.
20. Mediante memorial del veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021), la
entidad demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia. Para el
efecto, sostuvo que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 150.19 superior, en la
Ley 4ª de 1992 y en el Decreto 57 de 1993, se creó la prima especial de servicios
como un fenómeno retributivo de carácter adicional, correspondiente al 30% del
salario básico, sin carácter salarial, naturaleza que ha sido reiterada en las
sentencias del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014) y del dos (2) de
abril de dos mil nueve (2009), proferidas por el Consejo de Estado.
21. Insistió en que la sentencia que declaró la nulidad de los decretos salariales
expedidos por el Gobierno Nacional durante para las vigencias 1993-2007 rige hacia
el futuro, con el objeto de generar certeza y seguridad jurídica dentro del sistema
7
Folios 173-176 del expediente físico.
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Número Interno: 0782-2022
Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
normativo. En tal sentido, puntualizó que la sentencia con efectos erga omnes sólo
tiene consecuencias posteriores, “restableciendo el derecho hacia futuro, pues no es posible
producir efectos retroactivos ya que no es de carácter particular y así dar estricto cumplimiento a las
disposiciones vigentes que regulan la materia objeto de controversia ”.
22. Adujo que no es posible efectuar la reliquidación de las prestaciones sociales,
incluyendo el 30% de la prima especial de servicios, y disponer el pago de las
diferencias derivadas de la interpretación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y de
los decretos salariales anuales que lo desarrollan, puesto que, de hacerlo, “implicaría
para la administración desacatar el ordenamiento legal vigente, toda vez que como se señaló en
párrafos anteriores, mediante las facultades conferidas por la mencionada ley, el Gobierno Nacional
está expresamente facultado para expedir los decretos salariales teniendo la potestad de determinar
que el 30% de la remuneración mensual sea considerada prima especial sin carácter salarial ”. En
hilo con lo expuesto, refirió que la administración ha venido pagando la prima en
cita, dando estricto cumplimiento a la ley marco y a los decretos anuales.
23. Agregó que, de acoger las pretensiones de la demanda, se estaría modificando
el régimen salarial establecido en la Ley, y desconociendo los topes máximos fijados
por el legislador (sic) para el cargo ejercido por la reclamante. Reprochó que, si se
autorizó el pago de los conceptos pretendidos sin respaldo y autorización
presupuestal, se terminaría actuando por fuera de la competencia de la entidad y
generándose un detrimento fiscal, conforme a la ley de presupuesto. Por último,
advirtió que el fallo impugnado aludió, en la parte resolutiva, al Decreto 383 de 2013,
cuando la demanda versa sobre otro tipo de reconocimientos.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.
24. Mediante el auto del ocho (8) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)8, el
conjuez ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concedió, en el
efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.
Luego de resueltas las manifestaciones de impedimento en esta Corporación, a
través del auto del tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023) 9 , el conjuez
ponente10 de esta Colegiatura admitió el recurso. Finalmente, una vez reintegrada
la Sala de Subsección, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 del CPACA,
el despacho sustanciador, mediante proveído del veintidós (22) de julio de dos mil
8
Folios 181 y 182 del expediente físico.
9
Folio 205 del expediente físico.
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Dr. Alfonso Palacios Torres.
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Número Interno: 0782-2022
Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
veintiséis (2026)11, avocó conocimiento del proceso de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
25. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 12 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
26. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
(i) ¿La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en un error al reconocer la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como un emolumento con carácter salarial?
(ii) ¿Resulta procedente el reconocimiento de la prima especial de servicios
como un adicional del salario y/o asignación básica, y la reliquidación de
las prestaciones sociales sobre el 100% de lo devengado?
(iii) ¿El reconocimiento de la prima especial presupone la modificación del
régimen salarial establecido en la ley, así como el desconocimiento de los
topes fijados por el Gobierno Nacional?
(iv) ¿El Tribunal excedió el objeto del litigio al aludir, en el ordinal primero de
la parte resolutiva, al Decreto 383 de 2013 sobre bonificación judicial?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.
11
Índice 00067 del Samai.
12
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
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Número Interno: 0782-2022
Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
27. El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia señala que, le
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas,
ejercer distintas funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral
19, literal e), ibidem, del siguiente tenor: “dictar las normas generales, y señalar en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y la Fuerza Pública.” Este esquema se materializa a través de las denominadas leyes
marco, en virtud de las cuales se le reserva al Congreso de la República la
determinación de la política general, y al Ejecutivo, por su parte, la regulación
particular de la materia, así como su aplicación concreta -vía decreto-13.
28. Al respecto, se ha dicho que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en
el artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el
legislador en la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial 14 , con
arreglo a la cual regula una materia, al amparo de un amplio margen de decisión,
restringido por los principios, parámetros y directrices generales que impone el
legislador15. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que, entre la
potestad reglamentaria del ejecutivo, y la extensión de la ley habilitante, existe una
relación inversamente proporcional, puesto que “ante menos cantidad de materia regulada
en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria”16.
29. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la “deslegalización”. Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta. Sin
embargo, con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa
regulada por el ejecutivo17. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta
potestad regulatoria habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir
legislación anterior con fuerza de ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991,
siempre que se someta a los criterios definidos en la ley marco correspondiente.
Así, los decretos expedidos por el Gobierno en desarrollo de una ley marco, no se
13
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
14
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009,
radicación: 2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor:
Luis Fernando Jaramillo Duque.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00
(2171-2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra
Mercedes Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.
16
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2011-00167-00 (0580-11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.
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Número Interno: 0782-2022
Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
entienden como los decretos reglamentarios ordinarios del artículo 189, numeral 11,
sino actos administrativos de carácter general que cumplen un mandato
constitucional directo de completar la ordenación de la materia18.
30. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce
(12) de mayo de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta
dinámica normativa (es decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está
radicada en la necesidad de regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema
prestacional y salarial de los servidores públicos, de una manera flexible que permita
responder eficiente y rápidamente a situaciones cambiantes, que se podrían ver
amenazadas por la falta de dinamismo que supone el trámite legislativo19.
31. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco
4ª de 199220, en virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los sujetos contemplados en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin distingo del sector, régimen o
denominación; los empleados del Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General
de la República; los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.
32. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-
244 de 2013, la expresión “régimen salarial”, a la que se a alude, corresponde al
género que comprende todos los derechos laborales, mientras que el “ salario” es
sólo una especie dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios
o primas que, aunque incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan
necesariamente incidencia en la liquidación de todas las prestaciones sociales.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-
000-2015-06489-01(0340-20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
20
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
11
Número Interno: 0782-2022
Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
33. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el
reconocimiento automático que todo pago deba ser considerado base para el
cálculo de prestaciones sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite
la creación de bonos, primas o beneficios que aumenten el ingreso disponible del
trabajador, pero a los cuales se les niegue impacto sobre la carga prestacional21.
34. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y
criterios que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:
“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte
del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional,
asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la
Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.”
35. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que
lo integran, al indicar que, “(…) el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se
deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.
36. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de
1992 dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
12
Número Interno: 0782-2022
Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
contraviniendo las disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte
el Gobierno, “carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos ”. Este precepto
reafirma la competencia concurrente entre el legislador y el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, en el
entendido que, mientras el Congreso de la República define los objetivos y criterios
generales, el Gobierno regula los aspectos específicos, sin que, a través de dicha
facultad reglamentaria especial, le esté permitido desconocer derechos adquiridos,
desmejorar los salarios y prestaciones sociales, soslayar la carrera administrativa,
o inobservar la política macroeconómica y fiscal del país.
2.3.2. De la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992.
37. En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador
expidió la Ley 4ª de 1992, la cual, en el artículo 14, creó la prima especial de
servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico,
sin carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de
instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.
38. Valga recordar que, en ese momento, las condiciones salariales y prestacionales
de los servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en
distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992. Sin
embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 del siete (7) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993), que instauró un nuevo régimen para quienes se
vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a éste.
39. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial
de servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley
476 de 1998 aclaró que la excepción de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
«[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala
salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho
decreto», por lo que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima
especial, la cual, fuerza iterar, tiene carácter salarial para efectos de la
determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.
13
Número Interno: 0782-2022
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40. La naturaleza y liquidación de la asignación bajo examen ha sido materia de
estudio por el Consejo de Estado en varias ocasiones. Al respecto, en la sentencia
del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014)22, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda declaró la nulidad de distintos artículos contenidos en decretos
que fijaron el régimen salarial y prestacional de servidores públicos, en punto a la
naturaleza de la prima especial de servicios, al considerar que: “de acuerdo con los
criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues
como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna
manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos
demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son
contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad ”.
41. A su turno, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación,
mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que corresponde a
un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del
trabajador. En el citado pronunciamiento, se ratificó que: (i) la prima especial de
servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de ésta; (ii) sólo constituye factor salarial para efectos de la
pensión de jubilación; y (iii) todos los beneficiarios tienen derecho a percibirla como
un incremento del salario básico, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno, atendiendo el cargo correspondiente.
42. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo
en el sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala de Conjueces, de la
Sección Segunda de la Corporación, en la precitada sentencia:
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 29
de abril de 2014, Rad. Nº. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).
14
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1) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2) Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3) Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.
4) Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
al límite del 80%, en ningún caso, su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6) La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar, en ningún caso, el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente
los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas de la República, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso
y un techo.
43. Asimismo, la mencionada sentencia reiteró que dicha prima solo tiene carácter
salarial para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional, pero no
constituye factor para la liquidación de las demás prestaciones sociales, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996. De igual manera, la Sala de
Conjueces, fijó una regla clara respecto de la prescripción de las acreencias
derivadas de la prima especial de servicios, en los siguientes términos23: “Para la
contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios se tendrá en
cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de marzo
de 2026, radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
15
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reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás”. En igual sentido, precisó que24:
“La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en
un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado se hace
exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada
por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto
1848 de 1969”.
44. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)25, el
Consejo de Estado determinó que, en materia de la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse
de manera retroactiva desde la fecha de presentación de la reclamación
administrativa, y en los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo
en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho. Valga anotar que, en materia de
prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes pensionales, puesto que,
tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador que se
relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la seguridad social
previsto en el artículo 48 constitucional, 26 como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad, y
con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.
45. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo, o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción,
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, comoquiera que ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.
46. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales opera a los tres (3) años
desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso con la
reclamación administrativa. En relación con la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado ha puntualizado que la
prescripción se cuenta retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto
de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero
del 2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De
Castellanos (Conjuez).
26
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.
16
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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos salariales. En contraste,
la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse de una obligación
de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social y a los
principios de irrenunciabilidad e igualdad, como se expuso ut supra27.
47. Con fundamento en los derroteros trazados en las citadas providencias, y en la
norma aplicable al caso de autos, se procede a decidir el presente asunto.
2.4. Hechos probados.
48. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:
a) En virtud de la petición del nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015) 28, la
señora Gloria Stella Canaval Erazo le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, lo siguiente: pagar la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un
adicional a la remuneración mensual, en la porción correspondiente al 30%;
reliquidar las prestaciones sociales, con inclusión de la prima especial de servicios;
e incluir dentro de la reliquidación la prima en cita con carácter salarial.
b) Por medio de la Resolución Nº DESAJCLR15-2827 del veinte (20) de octubre de
dos mil quince (2015)29, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cali – Valle del Cauca no accedió a las solicitudes promovidas por la parte actora,
para lo cual sostuvo que: “una vez estudiada la petición, se observa que lo solicitado es la
adición al salario fijado por el Gobierno Nacional, con las consecuencias salariales y prestacionales
que del reconocimiento y pago de la prima especial de servicios se deriven, así como las diferencias
que resulten de reliquidar salarios y prestaciones sociales causadas por los servidores judiciales en
su condición de magistrados y/o jueces de la República, cuyo sustento es para el peticionario(a),
entre otras, la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2014 (…) Que al
respecto, sobre la sentencia esgrimida como fundamento de la petición, deberá recordarse que los
efectos de un fallo judicial que pone término a un proceso originado en una acción de nulidad, no
crea efectos particulares, por lo que se debe solicitar en caso de tener el derecho, el restablecimiento
del derecho. Que ahora es preciso señalar que la Dirección Seccional, como autoridad administrativa
no tiene la facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, en razón a que son los jueces en sus
respectivos fueros, a través de sus sentencias, los que tienen la facultad. Que la Dirección Ejecutiva
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de marzo
de 2026, radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
28
Folios 129 y siguientes del expediente físico.
29
Folios 11-13 del expediente físico.
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Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y la Dirección Seccional de Cali ha efectuado los pagos de salarios y demás prestaciones de
conformidad con los lineamientos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ”.
c) Mediante escrito del cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015) 30 , la
apoderada de la señora Gloria Stella Canaval Erazo interpuso recurso de apelación
contra la Resolución Nº DESAJCLR15-2827 del veinte (20) de octubre de ese año.
A través de la Resolución Nº DESAJCLR15-2964 del diecisiete (17) de noviembre
de dos mil quince (2015)31, la entidad concedió el recurso de apelación.
d) Al plenario se allegó copia de la Resolución Nº 7436 del cuatro (4) de noviembre
de dos mil dieciséis (2016) 32 , con arreglo a la cual, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial confirmó en todas sus partes el acto primigenio. De la
decisión en comento no obra la respectiva constancia de notificación.
e) Mediante certificación del veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho (2018)33,
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
hizo constar que la señora Canaval Erazo se vinculó a la Rama Judicial desde el
primero (1º) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), hasta el
treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), ostentando los siguientes cargos:
Cargo Vinculación Despacho Inicio Fin
Magistrado(a) de Propiedad Despacho 01 Sala 01/09/1999 31/12/2004
Tribunal o Consejo Administrativa Consejo
Seccional Seccional de la Judicatura
Magistrado(a) de Propiedad Despacho 01 Sala 01/01/2005 30/06/2008
Tribunal o Consejo Administrativa Consejo
Seccional Seccional de la Judicatura
Magistrado(a) de Propiedad Despacho 01 Sala 01/07/2008 30/11/2012
Tribunal o Consejo Administrativa Consejo
Seccional Seccional de la Judicatura
f) Certificados de factores salariales expedidos el once (11) de julio de dos mil
dieciocho (2018) 34 por la jefatura del área de talento humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, para el
período comprendido entre el primero (1º) de septiembre de mil novecientos
noventa y nueve (1999) y el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), en el
cual se relaciona el pago por concepto de prima especial de servicios.
30
Folios 123 y siguientes del expediente físico.
31
Folio 122 del expediente físico.
32
Folios 103 y siguientes del expediente físico.
33
Folio 100 del expediente físico.
34
Folios 132 y siguientes del expediente físico.
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Demandante: Gloria Stella Canaval Erazo
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2.5. Análisis del caso concreto.
49. En el asunto sub examine, la señora Gloria Stella Canaval Erazo pretende la
nulidad de la Resolución Nº DESAJCLR-2827 del veinte (20) de octubre de dos mil
quince (2015), mediante la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali – Valle del Cauca negó el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios como un adicional al salario básico, y la consecuente
reliquidación de las prestaciones sociales sobre la base del 100% de la asignación
mensual, así como la nulidad del acto ficto derivado del silencio administrativo
negativo frente al recurso de apelación interpuesto contra el acto primigenio. A título
de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios del 30%, como un adicional al salario básico, con carácter
salarial, y la reliquidación de las prestaciones sociales, con inclusión de la prima.
50. Con base en las pruebas que fueron allegadas al plenario, la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos
enjuiciados y, como consecuencia de lo anterior, condenó a la demandada a
reconocer y pagar a favor de la parte demandante la diferencia entre salarios y
prestaciones sociales, desde el nueve (9) de octubre hasta el treinta (30) de
noviembre de dos mil doce (2012), por prescripción, “correctamente liquidado” conforme
al artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, “acreditando el 30% de la prima como factor salarial”.
51. Inconforme con la decisión de primera instancia, la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial interpuso recurso de apelación, con
arreglo al cual solicitó revocar el fallo impugnado. Para sustentar la alzada, expuso
los siguientes motivos de inconformidad: (i) la Sala de Conjueces incurrió en un
error al reconocer la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
como un emolumento con carácter salarial; (ii) no resultaba procedente el
reconocimiento un adicional del salario y/o asignación básica, ni la reliquidación de
las prestaciones sociales sobre el 100% de lo devengado; (iii) el pago de la prima,
en los términos ordenados, implica la modificación del régimen salarial establecido
en la ley (sic), así como el desconocimiento de los topes fijados por el Gobierno
Nacional; (iv) y el A-quo se extralimitó al aludir al Decreto 383 de 2013.
52. Para efectos metodológicos, se abordarán los reparos antes expuestos en el
preciso orden en el que fueron relacionados en el recurso de apelación.
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2.5.1. Del derecho a la prima especial de servicios y su alcance.
53. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la Sala encuentra acreditado
que la señora Canaval Erazo se vinculó a la Rama Judicial, en calidad de
magistrada -en propiedad- del Consejo Seccional de la Judicatura, desde el primero
(1º) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), cargo que, según la
certificación del veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho (2018)35, ostentó hasta
el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012). Aunado a ello, con sujeción a
los certificados de factores salariales devengados por la actora, expedidos el once
(11) de julio de dos mil dieciocho (2018) 36 por el área de talento humano de la
entidad, la accionante recibió el pago por concepto de prima especial de servicios,
como un porcentaje (30%) del salario o asignación básica correspondiente.
54. En este punto, debe recordarse que, de acuerdo con la sentencia del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019)37, proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta Corporación, la prima especial de servicios se erige como
un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos
beneficiarios de esta, entre los que se encuentran, al amparo del artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, “los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para
los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de
salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero de 1993”.
En consecuencia, los beneficiarios a los que se aludió en precedencia, tienen
derecho, en los términos precisados por esta Colegiatura, al reconocimiento y pago
de las diferencias que, por concepto de la prima, resulten a su favor, advirtiendo que
la prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la liquidación de la
pensión de jubilación, como en efecto se dispuso en la Ley 332 de 1996.
55. En punto al carácter salarial limitado del emolumento, esto es, el circunscrito a
los aportes al sistema integral de seguridad social en pensiones, esta Sección, en
la sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), reiteró que la
prestación en comento sólo se considera factor salarial para efectos pensionales,
35
Folio 100 del expediente físico.
36
Folios 132 y siguientes del expediente físico.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia del 2 de
septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), C.P. Carmen Anaya de Castellanos.
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de manera que su reconocimiento en otros ámbitos entraña el desconocimiento del
marco legal y excede la voluntad del legislador. Esta línea se acompasa con la tesis
que, tiempo atrás, respaldó la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996,
en la cual se declaró exequible la expresión “sin que constituya factor salarial” contenida
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el entendido que: “el legislador conserva una
cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución ”, por lo
que, “(…) el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no
lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del
especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo,
ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional ”.
56. Con base en lo expuesto, es claro que los beneficiarios de la prima especial de
servicios a la que se refiere el pluricitado artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, tienen
derecho, por un lado, a que se reconozca el emolumento como un incremento o
adicional al salario básico, sin que sea dable fraccionar la asignación o, en otros
términos, sustraer el 30% del total, y sin que en ningún caso se superen los topes
máximos fijados por el Gobierno Nacional; y, por el otro lado, a que se reliquiden las
prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario básico, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial de servicios.
57. En el sub judice, es dable sostener que, durante el período de vinculación de la
demandante a la Rama Judicial, en uno de los cargos que generan el mentado
beneficio, y hasta tanto subsistió la misma, le asistió el derecho al reconocimiento y
pago del incremento pretendido, esto es, a que se le pague un valor adicional a su
salario básico mensual, equivalente al 30% por concepto de prima especial de
servicios, y a que se reliquiden las prestaciones sociales sobre el 100% de la
asignación (sin sumar ni restar el 30% que, en su momento, se sustrajo del ingreso).
58. No obstante, observa la Sala que, en criterio de la entidad recurrente, el juez de
primer grado incurrió en un error al disponer el reconocimiento y pago de la prima
con carácter salarial. En efecto, revisada la orden impartida por el A-quo, y las
consideraciones ofrecidas por esa sede judicial, se dotó al emolumento con carácter
salarial, con abierto desconocimiento de lo señalado en la Ley 4ª de 1992, la Ley
332 de 1996 (aclarada por la Ley 476 de 1998), y de lo resuelto por la Corte
Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, insumos que coinciden en que la
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prima en estudio sólo constituye factor salarial para efectos pensionales, naturaleza
que no desconoce el ordenamiento superior, ni los objetivos de la ley marco. En esa
línea, el primer reparo de la apelante tiene vocación de prosperidad, por lo que la
Sala modificará el numeral cuarto la parte resolutiva en lo pertinente, a efectos de
disponer que la prima especial de servicios sólo goza de carácter salarial para
efectos pensionales.
59. Sin perjuicio de lo anterior, no le asiste razón a la entidad al sostener que no
resultaba procedente el reconocimiento de la prima especial de servicios como un
adicional del salario y/o asignación básica, ni la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de lo devengado. Como se expuso ut supra, al tratarse de
un concepto retributivo de carácter adicional, la prima no puede sustraerse del
salario básico, sino que, por el contrario, debe sumarse a aquel, constituyéndose
así como, un verdadero incremento, adición o sobresueldo. Tampoco puede
detraerse el emolumento para liquidar las prestaciones sociales, comoquiera que
las mismas deben calcularse sobre la base del 100% del ingreso, sin sumar ni restar
el 30% correspondiente a la prima especial de servicios.
60. En adición, no es de recibo para esta Sala la afirmación según la cual, el pago
de la prima especial de servicios presupone la modificación del régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos, y el desconocimiento de los topes fijados
por el Gobierno Nacional. Frente al primer reparo, se destaca que, el reconocimiento
del emolumento previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, lejos de modificar el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, lo condiciona y armoniza
con el ordenamiento superior, pues, justamente, la ley marco de la referencia fija los
objetivos y parámetros que el Gobierno Nacional debe tener en cuenta al expedir
los decretos anuales, sin que le sea dable contravenir las disposiciones de la norma.
En lo que toca a la presunta inobservancia de los límites remuneratorios, se precisa
que, en ningún caso, el pago de los conceptos acá reconocidos, puede superar los
porcentajes o topes máximos fijados por el Gobierno Nacional, como se dispondrá
en la parte resolutiva de este proveído, al no haberse advertido por el A-quo.
61. En lo atinente a la alegada extralimitación en la que incurrió el Tribunal al
referirse, en el ordinal primero de la parte resolutiva, al Decreto 383 de 2013, “ por el
cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia
Penal Militar y se dictan otras disposiciones”, la Sala observa que, en efecto, en el fallo de
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instancia se dispuso: “Inaplicar por ser inconstitucional la expresión -y constituirá únicamente
factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema de seguridad
social en salud- contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el artículo 1º del Decreto 383 de
2013 y demás decretos que lo modifiquen y sustituya, en su lugar se dispone aplicar el artículo 53
de la Constitución Nacional, el principio constitucional de equidad”. Revisado el alcance de esa
resolutiva, la Sala, además del yerro advertido por la recurrente, identifica sendas
inconsistencias que conducen a la revocatoria del ordinal primero bajo examen.
62. Para justificarlo, se tiene, en primer lugar, que ni reclamación administrativa, ni
la demanda, versan sobre la bonificación judicial de la que trata el Decreto 383 de
2013, sino sobre el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la reliquidación de las prestaciones sociales
subyacente, y la discusión en torno al carácter salarial del emolumento en cita. Así
se fijó el litigio en el marco de la audiencia inicial celebrada el veintidós (22) de
octubre de dos mil diecinueve (2019)38, por lo que no le era dable al juez de primera
instancia referirse sobre hechos y pretensiones ajenas a la materia objeto de
debate, circunstancia que, de admitirse, anularía el principio de congruencia y el
derecho de defensa y contradicción de la entidad demandada.
63. Aunado a ello, la Sala observa que, en el mismo ordinal, el Tribunal incurrió en
un yerro al inaplicar por inconstitucional la expresión “y constituirá únicamente factor
salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema de seguridad social
en salud”, contenida -según adujo- en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por las
siguientes razones: (i) en primer término, porque la expresión resaltada no es propia
de la Ley 4ª de 1992, en la cual sólo se alude a que la prima se establecerá sin
carácter salarial, sino que, por el contrario, se halla en el artículo 1º de la Ley 332
de 1996, aclarado por el artículo 1º de la Ley 476 de 1998; y (ii) en segundo lugar,
porque, en gracia de discusión, al amparo de la excepción por inconstitucionalidad,
no le era posible al juez de primera instancia “inaplicar” la disposición relativa al
carácter salarial del que adolece la prima especial de servicios, habida cuenta que,
sobre dicho aspecto, ya se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996, en el que se declaró exequible la expresión “ sin carácter salarial” contenida
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
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Folios 95-97 del expediente físico.
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63.1. Por los motivos antes expuestos, se modificará el ordinal primero de la parte
resolutiva del fallo, a efectos de estarse a lo resuelto en la sentencia C-279 de 1996,
proferida por la Corte Constitucional, y a las sentencias del veintinueve (29) de abril
de dos mil catorce (2014), y del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019),
proferidas por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en punto a la naturaleza y el carácter de la prima especial de servicios.
2.5.2. Precisiones finales sobre el alcance del restablecimiento del derecho.
64. Con el propósito de adecuar el alcance de las órdenes impartidas por el A-quo,
con los lineamientos decantados por esta Sala de Subsección, se modificará el
ordinal segundo, a efectos de precisar que, dada la naturaleza irrenunciable e
imprescriptible de los aportes pensionales, la prescripción trienal declarada con
respecto a las sumas causadas con anterioridad al nueve (9) de octubre de dos mil
doce (2012), no cobija tal concepto. En ese sentido, se ordenará a la entidad
demandada a que los aportes a seguridad social en pensiones se realicen desde la
fecha de vinculación al cargo de magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura,
esto es, desde el primero (1º) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve
(1999), hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), fecha de su retiro,
teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico
mensual, más la adición del 30% correspondiente a la prima especial de servicios.
Dichos aportes serán respecto de las diferencias derivadas entre lo efectivamente
pagado y lo que debió pagarse con la inclusión del referido concepto.
65. Asimismo, se modificará el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo
apelado, con miras a puntualizar que le corresponde a la entidad demandada
reconocer y pagar a favor de la señora Gloria Stella Canaval Erazo, la prima especial
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial,
salvo para efectos pensionales, en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%)
de la totalidad de la remuneración mensual, esto es, como un incremento o adición
al ingreso básico, desde el nueve (9) de octubre de dos mil doce (2012), y hasta el
treinta (30) de noviembre de esa anualidad. La entidad deberá proceder con la
reliquidación y pago de las prestaciones sociales, incluidas las cesantías, con la
previsión del 30% que había sido excluido a título de prima especial de servicios,
durante el período antes anotado, teniendo en cuenta la prescripción trienal
establecida por el A-quo, la cual no fue objetada por las partes.
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66. Además, se precisará, por un lado, que los pagos por concepto de prima
especial de servicios no podrán superar, en ningún caso, los topes remuneratorios
fijados por el Gobierno Nacional -de acuerdo con lo expuesto en el recurso- y, por
el otro lado, que el cumplimiento de la sentencia se encuentra supeditado a que no
se hayan efectuado pagos por los mismos conceptos acá reconocidos.
67. Por último, la Sala considera conveniente resaltar que, aunque en la demanda
se pretendió la nulidad de la Resolución Nº DESAJCLR-2827 del veinte (20) de
octubre de dos mil quince (2015), expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle, y del acto ficto derivado de la falta de
respuesta al recurso de apelación interpuesto contra tal resolución el cuatro (4) de
noviembre de dos mil quince (2015), una vez agotado el trámite conciliatorio e
iniciado el proceso de la referencia, la entidad allegó copia de la Resolución Nº 7436
del cuatro (4) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)39, con arreglo a la cual, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial confirmó en todas sus partes el acto
primigenio, decisión de la que no obra la respectiva constancia de notificación.
67.1. Comoquiera que dicho acto -expedido un (1) año después de interpuesto el
recurso obligatorio en sede administrativa- no fue objeto de control, en la medida en
que se dio a conocer en el marco de este proceso, pero que aquel conforma una
proposición jurídica indivisible con la decisión inicial contenida en la Resolución Nº
DESAJCLR-2827 del veinte (20) de octubre de dos mil quince (2015), se declarará
su nulidad en el ordinal tercero de la sentencia censurada. Huelga decir que este
alcance no desconoce el principio de la non reformatio in pejus, pues, en cualquier
caso, la presunción de legalidad del acto demandado fue desvirtuada, y los efectos
de dicha declaración se proyectan, necesariamente, al acto expreso que lo confirmó.
68. Como corolario de lo anterior, la Sala revocará el numeral primero de la
sentencia de primera instancia y modificará en lo pertinente los numerales segundo,
tercero y cuarto de la parte resolutiva. En lo demás, se confirmará la providencia.
2.6. Conclusiones
69. Con fundamento en las pruebas que fueron valoradas razonada, conjunta e
39
Folios 103 y siguientes del expediente físico.
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integralmente, y al amparo del marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala
encuentra que los reparos esgrimidos por la entidad apelante prosperan de manera
parcial. En tal sentido, se (i) modificará el numeral primero, en el que el A-quo aludió
a una materia ajena al objeto litigioso; (ii) se modificarán los numerales segundo al
cuarto, relacionados con la nulidad de los actos acusados y el alcance del
restablecimiento del derecho; y (iii) en lo demás, se confirmará la providencia.
2.7. Condena en costas.
70. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del cuatro (4) de
octubre de dos mil veintiuno (2021), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, atendiendo a las razones expuestas en este proveído.
Por lo tanto, el citado numeral quedará así:
1. Estarse a lo resuelto en la sentencia C-279 de 1996, proferida por la Corte
Constitucional, y a las sentencias del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014),
y del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferidas por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la naturaleza y el
carácter de la prima especial de servicios.
SEGUNDO. MODIFICAR los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia
del cuatro (4) de octubre de dos mil veintiuno (2021), proferida por la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales quedarán así:
“2. Declárese la prescripción de las sumas causadas con anterioridad al nueve (9) de
octubre de dos mil doce (2012), salvo los aportes a pensión, dada su naturaleza
irrenunciable e imprescriptible. En consecuencia, ordenar a la entidad demandada a que
los aportes a seguridad social en pensiones se realicen desde la fecha de vinculación
de la demandante al cargo de magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura, esto
es, desde el primero (1º) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999),
hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), fecha de su retiro, teniendo
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en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más la
adición del 30% correspondiente a la prima especial de servicios. Dichos aportes operan
respecto de las diferencias derivadas entre lo efectivamente pagado y lo que debió
pagarse con la inclusión del referido concepto.
3. Declarar la nulidad de la Resolución Nº DESAJCLR-2827 del veinte (20) de octubre
de dos mil quince (2015), expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, y de la Resolución Nº 7436 del cuatro
(4) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
4. Ordenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
a que, si aún no lo ha hecho, reconozca y pague la prima especial de servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial, salvo para efectos
pensionales, en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) de la remuneración
mensual, esto es, como un incremento o adición al ingreso básico, desde el nueve (9)
de octubre de dos mil doce (2012), y hasta el treinta (30) de noviembre de esa anualidad,
fecha de su retiro, por prescripción trienal. La entidad deberá proceder con la
reliquidación y pago de las prestaciones sociales, incluidas las cesantías, con la
previsión del 30% que había sido excluido a título de prima especial de servicios, durante
el período antes anotado, teniendo en cuenta el fenómeno prescriptivo.
Los pagos por concepto de prima especial de servicios no podrán superar, en ningún
caso, los topes remuneratorios fijados anualmente por el Gobierno Nacional. En adición,
el cumplimiento de la sentencia se encuentra supeditado a que no se hayan efectuado
pagos por los mismos conceptos reconocidos en esta providencia”.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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