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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2016-01811-01

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2016-01811-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia, conforme a la parte motiva de la providencia. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-000-2016-01811-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

23 de noviembre de 2023

Radicado: 76001-23-33-000-2016-01811-01 (27020)
Demandante: Enrique Gutiérrez Cerón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01811-01 (27020)
Demandante: Enrique Gutiérrez Cerón
Demandado: MunicipioDistrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y
de Servicios de Santiago de Cali

Temas: Alcance del recurso de apelación. Competencia del juez en segunda
instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia
del 31 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que resolvió (índice 28 de Samai del tribunal)1:

Primero. Declarar la nulidad de las Resoluciones nro. 4131.1.21.4171, del 29 de julio de 2015, y nro.
4131.1.21.4788, del 26 de julio de 2016 (…).

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, declarar que (…) Enrique Gutiérrez Cerón no
está obligado a declarar el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y
tableros en la jurisdicción de (…) Santiago de Cali por el año gravable 2011 y, por lo tanto, no
procede el pago de la sanción impuesta.

Tercero. Condenar en costas en la presente instancia a la parte vencida (…).

Cuarto. Ordenar a la entidad demandada cumplir el presente fallo, bajo los términos del artículo 192
del (CPACA).

(…).

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Resolución nro. 4131.1.21.4171, del 29 de julio de 2015 (ff. 3 a 4 cp1), la
Administración impuso al actor sanción por no presentar la declaración del impuesto de
industria y comercio (en adelante, ICA) del año gravable 2011, por la obtención de
ingresos en la jurisdicción de Santiago de Cali. Tras recurrirse la anterior decisión, esta
fue modificada parcialmente a través de la Resolución nro. 4131.1.21.4788, del 26 de
julio de 2016 (ff. 8 a 16 cp1), en el sentido de sustraer de los ingresos brutos
determinados por el fisco, la parte vinculada al ejercicio de una profesión liberal, lo cual
disminuyó la cuantía de la sanción por no declarar.

1 Del repositorio informático Samai.

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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01811-01 (27020)
Demandante: Enrique Gutiérrez Cerón

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones
(ff. 164 a 165 cp1):

1. (…) Que se declare la nulidad de las Resoluciones nro. 4131.1.21.4171, del 29 de julio de 2015,
y nro. 4131.1.21.4788, del 26 de julio de 2016, por medio de las cuales se impuso sanción por no
declarar (…) por el impuesto de industria y comercio del año gravable 2011, (…) al encontrarse
viciadas de nulidad y no corresponderles la competencia para exigir la declaración del impuesto,
toda vez que las actividades objeto del requerimiento tributario no se ejercieron en la ciudad de
Santiago de Cali, sino en Buenaventura (…).

2. Que se ordene a la Administración liberar el nombre de mi representado del reporte al Boletín de
Deudores Morosos del Estado, por cuanto no se encuentra en tal condición (…).

3. Se condene a la Administración al pago de las costas y agencias en derecho, de conformidad a
lo ordenado en el Código General del Proceso y el CPACA.

(…)

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 y 58 de la
Constitución; 20, 19, 21, 23, 24 y 25 del Código de Comercio (C de Co); 138 del CPACA
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437
de 2011); 23 de la Ley 14 de 1983; 195 del Decreto 1333 de 1986; 36 del Decreto 523
de 1999; y 66 del Acuerdo 321 de 2011. El concepto de violación planteado en la
demanda (ff. 160 a 166 cp1) se sintetiza así:

-Profesión liberal. Señaló que las labores desarrolladas por el actor no estaban gravadas
con el ICA porque correspondían al ejercicio de una profesión liberal (arquitectura), la
cual no se encuentra comprendida en los artículos 34, 35 y 36 de la Ley 14 de 1983 como
una actividad comercial, industrial y/o de servicios, y adjuntó copias de los respectivos
contratos, certificaciones, facturas y constancias de cumplimiento vinculados a la
realización de actividades de interventoría técnica y como «subcontratista» en el marco
de un contrato suscrito entre el municipio de Cali y un consorcio. También señaló que,
con base en los artículos 329 del ET –vigente al momento de los hechos–, 25 del Decreto
3050 de 1997, 1.° y 2.° del Decreto 3032 de 2013 y el alcance señalado por esta
corporación2, las profesiones liberales eran «aquellas actividades en las cuales
predomina el ejercicio del intelecto, han sido reconocidas por el Estado y para cuyo
ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico».

Destacó que el artículo 23.5 del C Co determinó como no mercantiles la prestación de
servicios inherentes a las profesiones liberales. Adicionalmente, precisó que lo dispuesto
por el artículo 20.14 ibidem, esto es, la calificación como empresa mercantil de aquellas
destinadas a la «prestación de servicios», no comprende todas las empresas prestadoras
de servicios, sino que se excluyen aquellos que «por otras normas son expresamente
exceptuados de la naturaleza mercantil», lo cual era aplicable a los servicios inherentes
a las profesiones liberales. Por último, resaltó que el carácter «no mercantil» de tales
sujetos no dependía de la «forma de prestación» o realización de la labor; esto es, por
medio de una «empresa» o «sociedad», pues tal distinción no fue realizada por el
legislador.

2 Sentencia del 16 de mayo de 1991 (exp. 1323, CP: Librado Rodríguez).

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Demandante: Enrique Gutiérrez Cerón

-Territorialidad o jurisdicción vs Hecho generador del impuesto. El municipio vulneró los
principios de «certeza», «unidad nacional», justicia, equidad y legalidad3, porque
pretendió la imposición del tributo sobre «actividades realizadas en Buenaventura», lo
cual materializaba la «ausencia de reglas de territorialidad» y desvirtuaba que la
demandada fuera el sujeto activo de la obligación. Así pues, los actos administrativos
desconocieron los artículos 23 de la Ley 14 de 1983, 195 del Decreto 1333 de 1986, 36
del Decreto 523 de 1999, 66 del Acuerdo 321 de 2011 y configuraron una «apropiación
indebida de impuestos»4. Al respecto, destacó que el ICA gravaba «las actividades
comerciales que se beneficiaban de la infraestructura y mercado municipal», por lo que
no estaban acreditados los elementos legales para que la demandada exigiera suma
alguna a título de impuesto y/o retención, en virtud del «principio de territorialidad».

-Disposiciones quebrantadas. Fundamentos constitucionales y legales. Para finalizar,
una vez expuestas las precisiones efectuadas por la Corte Constitucional sobre el debido
proceso5, aseguró que el emplazamiento previo por no declarar y la resolución sanción
fueron indebidamente notificados, porque su contenido no fue remitido «a las direcciones
oportunamente reportadas a la DIAN», razón por la cual tales actos eran «nulos y/o
carecían de efectos jurídicos». Por otra parte, en relación con el entendimiento de
actividades comerciales a efectos del ICA, precisó que «la norma tributaria bajo examen
remite a todo el C de Co, (…) de ahí que todas ellas y no solo los artículos 20 y 24»
contribuían a una adecuada comprensión de la prenotada categoría. Además, señaló
que una «interpretación sistemática llevaba a concluir que no son actividades
comerciales las industriales, definidas en el artículo 197 del Decreto 1333 de 1986».

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 246 a 251 vto. cp1).
Inicialmente, trajo a colación el fundamento normativo del ICA tanto a nivel nacional,
como en su jurisdicción6, específicamente el «hecho imponible» y las definiciones de
«actividades industriales, comerciales y de servicios». Subrayó que la totalidad de las
actuaciones en sede administrativa observaron el debido proceso, teniendo en cuenta
que estas fueron objeto de recurso, notificadas oportunamente y proferidas por
funcionario competente, donde la parte actora tuvo la oportunidad legal de recurrirlos,
puntualizando que, antes de dar a conocer las actuaciones, la Administración estudió los
argumentos de hecho y de derecho y decretó las pruebas pertinentes.

Seguidamente, y tras aludir a que la Ley 14 de 1983 en su artículo 135, al igual que los
artículos 195 y 196 del Decreto 1333 de 1986, cuyos textos reprodujo, establecían el
hecho imponible, la base gravable, la tarifa, concluyó que «todas las personas naturales
o jurídicas que desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios son
sujetos pasivos del ICA sobre los ingresos brutos derivados del ejercicio de la actividad,
(…) salvo que la actividad específica se encuentre exenta», lo cual no sucede en el caso
concreto.

-De la actividad desarrollada por el contribuyente. Alegó que el demandante prestaba
servicios que no se enmarcaban en el ejercicio de profesiones liberales, por lo que sus
ingresos estaban gravados con ICA. A esos efectos, señaló que la Factura nro. 0186, del
22 de agosto de 2011, correspondía a «interventoría en la construcción de obras civiles».

3 Artículos 1.°, 95.9 y 338 de la Constitución.
4 Sentencia del 22 de febrero de 2006 (exp. C-121/06, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra).
5 Sentencia del 26 de marzo de 2003 (exp. T-262/03, MP: Jaime Córdoba Triviño).
6 Artículos 32 a 39 de la Ley 14 de 1983; 1°, 66, 70, 71 y 72 del Acuerdo Municipal 0321 de 2011.

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Seguidamente, comparó «el significado de profesión liberal con el de interventoría en la
construcción de obras civiles», el primero, siguiendo la definición del artículo 25 del
Decreto 3050 de 1997, y el segundo según el lenguaje natural y obvio, (que se distingue
por ser un seguimiento técnico), y conforme con el alcance señalado por la Sección
Tercera de esta corporación7, concluyendo que en el servicio de interventoría «no
predomina el ejercicio del intelecto ni se requiere la habilitación de un título académico»,
se trataba de la aplicación de conocimientos técnicos, que en consecuencia encajaban
en la definición de «servicios» o de consultoría, gravados con ICA «la tarifa del 3.3 por
mil», los cuales comprenden la prestación de los servicios de asesoría, de conformidad
con el artículo 72 del Acuerdo 321 de 2011.

-Territorialidad del ICA. Basándose en el contenido de los artículos 32 y 36 de la Ley 14
de 1983 y 72 del Acuerdo 321 de 2011, que define la actividad de servicios, adujo que
«el contribuyente no probó que la actividad se desarrollara en el municipio de
Buenaventura». Su contraparte «no ocupó todos sus recursos para desvirtuar la posición
de la Administración aportando los documentos idóneos», como quedó establecido en
sede administrativa. Sobre el particular, sostuvo que durante el proceso, el municipio se
encuentra en el deber de obtener los medios probatorios para la determinación del
tributo, sin embargo en la etapa de discusión correspondía al contribuyente probar los
supuestos de hechos que pretendía sustentar, sin que dicha conducta fuera
efectivamente realizada.

Sentencia apelada

El tribunal accedió a las pretensiones de la demanda (índice 28 de Samai del tribunal).
Centró el problema jurídico en determinar si los ingresos obtenidos por el demandante
en el año gravable 2011 provenían de «actividades generadoras de ICA, para verificar la
procedencia de la sanción por no declarar». A este respecto, concluyó que la
Administración «no probó fehacientemente que la actividad desarrollada por el actor
estuviera sujeta al ICA, ya que el solo cruce de información con la DIAN y las facturas de
venta de construcción no constituían fundamento suficiente» para soportar la postura
adoptada por la demandada.

Posteriormente, el a quo presentó el «marco normativo y jurisprudencial» del impuesto,
concluyendo que se trataba de un tributo «municipal cuyo hecho generador consistía en
las actividades comerciales, industriales y de servicios, en el cual el factor territorial
determinaba cuál era el municipio llamado a cobrar el tributo»8. En el caso de Santiago
de Cali, la letra e., artículo 78 del Acuerdo 321 de 2011, clasificó como «actividad no
gravable con ICA la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales (…)»,
entendida como aquella en la cual «predomina el ejercicio del intelecto, reconocida por
el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico»
(artículo 25 del Decreto 3050 de 1997 y la sentencia del 10 de julio de 1998, exp. 8837,
CP: Julio Enrique Correo Restrepo).

Una vez individualizados los hechos y medios probatorios que obraban en el expediente,
el tribunal determinó que el fundamento de la Administración para la expedición de la
sanción por no declarar correspondió al «cruce con terceros, esto es, la DIAN y/o la
información endógena», los cuales reflejaron la existencia de «ingresos brutos percibidos
en Cali». Luego, la resolución que resolvió el recurso de reconsideración indicó que el
actor «ejercía actividades de construcción de obras de ingeniería civil, regulada en el

7 Sentencia del 28 de febrero de 2013 (exp. 25199, CP: Danilo Rojas Betancourth).
8 Sentencias del 12 de octubre de 2004 (rad. C-992/04, MP: Humberto Sierra Porto); y del 22 de febrero de 2006 (rad.

C-121/06, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra).

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Acuerdo 0321 de 2011 como actividad de servicios», teniendo en cuenta el contenido de
las facturas de venta expedidas por el demandante en el ejercicio de sus «servicios
profesionales como interventor en diversas construcciones de obras civiles en el Distrito
de Buenaventura».

Así pues, la sentencia expuso que «el ejercicio de la arquitectura llevada a cabo por el
demandante podía considerarse como una profesión liberal», por lo que no estaba
gravada con el ICA según la letra e., artículo 78 del Acuerdo 0321 de 2011. De igual
forma, las certificaciones analizadas por el despacho evidenciaron que el actor «no
realizó obras de construcción (…) sino que ejercía un control, vigilancia, supervisión o
asesoría profesional sobre las obras llevadas a cabo». Además, las facturas de venta no
eran suficientes para acreditar que el demandante ejecutó «obras de construcción», pues
la Sala9 ha precisado que los profesionales liberales «tienen la obligación de expedir
tales documentos y conservarlos», así que su expedición era el acatamiento de una
formalidad. Igualmente, el propósito de este título valor era «acreditar el servicio
prestado, su valor y el plazo pactado», por lo que su contenido no permitía concluir la
realización de actividades gravadas con el ICA en la jurisdicción de Cali.

Además, enfatizó que la Administración tenía amplias facultades de fiscalización y la
obligación legal de «fundar sus decisiones en hechos probados». En tal sentido, dispuso
que el cruce de información con terceros constituía «un medio para obtener información
exógena más no una base suficiente en la que se pueda soportar un acto administrativo
sancionatorio»10, por lo que no fue probado «fehacientemente» que el actor realizara
actividades gravadas. Que por el contrario, los medios de prueba demostraron que el
demandante era «una persona natural que ejercía una profesión liberal» expresamente
excluida del tributo, de suerte que los actos «carecieron de soporte y la necesaria
correspondencia con el impuesto, (…) pues no se advierten las diligencias efectuadas
por la Administración para determinar el hecho generador». Por último, el fallo no ordenó
a la entidad territorial liberar al demandante del reporte del boletín de deudores morosos
del Estado, por no encontrarse acreditada tal circunstancia en el expediente.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión de primera instancia (ff. 593 a 598 cp1). Al efecto, la
Administración reprodujo el escrito de contestación de la demanda, lo cual puede
sintetizarse así:

-De la actividad desarrollada por el contribuyente. El actor no ejercía una profesión
liberal, sino que prestaba servicios de interventoría en la construcción de obras civiles,
tal como se desprende del concepto incorporado en la Factura de Venta nro. 0186, del
22 de agosto de 2011. Adujo que en el servicio de interventoría «no predominaba el
ejercicio del intelecto ni requería la habilitación de un título académico», por lo que tales
labores encajaban en la definición de «servicios» prevista en el artículo 72 del Acuerdo
321 de 2011 gravadas a la tarifa del 3.3 por mil.

-De la territorialidad del ICA. La apelante insistió en que el demandante no demostró que
su actividad económica fue realizada en Buenaventura, porque no aportó documentos
que soportaran tal afirmación. Igualmente, argumentó que la Administración municipal
dio a conocer dentro de las oportunidades legales previstas para el efecto las razones
que motivaron la expedición de las decisiones demandadas, de ahí que no fue
desvirtuada la legalidad de las resoluciones.

9 Sentencia del 11 de octubre de 2012 (exp. 18599, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez).
10 Sentencia del 01 de noviembre de 2012 (exp. 18106, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).

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Se advierte que si bien el municipio solicitó revocar el ordinal tercero de la sentencia
[referido a la condena en costas] no sustentó esta petición.

Pronunciamientos finales

No hubo pronunciamiento contra el recurso interpuesto y el ministerio público guardó
silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, en principio,
correspondería a esta Sala pronunciarse sobre la sentencia de primera instancia,
mediante la cual se declaró la nulidad de los actos acusados; sin embargo, debe
comprobarse si la apelante cumplió con su carga de sustentar en debida forma los
reparos contra la sentencia de primera instancia.

2- Con el fin de dilucidar este problema jurídico, la Sala reiterará el criterio adoptado
(entre otras) en las sentencias del 12 de septiembre de 2019 y 07 de julio de 2022 (exps.
22058 y 26492, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), reiterado en las sentencias del 19 de
agosto de 2021(exp. 25256, CP: Milton Chaves García), del 09 de septiembre de 2021
(exp. 25008, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello) y del 07 de mayo de 2020, 27 de abril
y 24 de agosto de 2023 (exps. 22498, 26270 y 27088, CP: Stella Jeannette Carvajal
Basto), que precisaron el objeto, alcance y límites tanto del recurso de apelación como
del juez de segunda instancia.

En el sub examine, el a quo declaró la nulidad de los actos enjuiciados al concluir que el
ejercicio de la arquitectura llevada a cabo por el demandante podía considerarse como
una profesión liberal, por lo que no estaba gravada con el ICA según la letra e., del
artículo 78 del Acuerdo 0321 de 2011, lo cual estaba avalado por el contenido de las
certificaciones allegadas por el demandante, en las cuales se evidenciaba que se ejerció
un control, vigilancia, supervisión o asesoría profesional sobre unas obras llevadas a
cabo. También expuso que las facturas de venta eran insuficientes para acreditar que el
actor ejecutó «obras de construcción», pues la expedición de estos documentos por parte
de los profesionales liberales se limita a cumplir una formalidad, pero no para demostrar
la realización del hecho imponible. Finalmente, el tribunal afirmó que el cruce de
información con terceros constituía «un medio para obtener información exógena» mas
no una base para soportar un acto administrativo sancionatorio.

En oposición a ello, la demandada reprodujo el escrito de contestación en su recurso de
apelación, oportunidad en la cual había señalado que la actividad realizada por el
demandante no correspondía al ejercicio de una profesión liberal, sino que se trataba de
un servicio gravado con el ICA, trayendo a colación el contenido de la Factura de Venta
nro. 0186, del 22 de agosto de 2011, cuyo concepto correspondió a la interventoría en la
construcción de obras civiles. Que en el servicio de interventoría no predominaba el
ejercicio del intelecto ni requería la habilitación de un título académico, por lo que tales
labores eran consonantes con la definición de «servicios» prevista en el artículo 72 del
Acuerdo 321 de 2011. Frente a la territorialidad del impuesto, había señalado que el
despliegue probatorio de su contraparte era insuficiente para demostrar que las
actividades fueron realizadas en Buenaventura.

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Al confrontar la tesis que sirvió de fundamento al tribunal para acceder a las pretensiones
de la demanda y los argumentos de la apelante para oponerse a la decisión, la Sala
evidencia que estos últimos no contienen reparos concretos dirigidos a desvirtuar las
consideraciones del a quo en la providencia impugnada, en la medida que la
Administración no cuestionó el contenido y/o pertinencia de las certificaciones analizadas
por el tribunal, las cuales daban cuenta de la naturaleza y especificaciones de las
actividades desarrolladas por el demandante. En relación con las facturas de venta
expedidas por el actor, la demandada reprodujo lo señalado en la contestación, en el
sentido que el concepto allí relacionado era un claro indicativo de la ejecución de
servicios gravados con el ICA, lo cual no refuta el señalamiento del tribunal, respecto de
que las facturas, no acreditaban per se, la realización del hecho generador, puesto que
se trataba del cumplimiento de una formalidad atribuida a los profesionales liberales.
Asimismo, ninguno de los cargos de apelación se refirió a las conclusiones de la
sentencia sobre la falta de idoneidad del cruce de información con terceros como soporte
de la sanción por no declarar.

Así, resultan insuficientes los motivos de discrepancia presentados por la Administración
frente a la sentencia apelada, en la medida que, a la luz del artículo 320 del CGP, la
etapa de impugnación constituye la oportunidad para confrontar lo decidido en la primera
instancia con los supuestos fácticos y jurídicos del proceso, así como la valoración de
los elementos probatorios incorporados en el proceso por parte del a quo, lo que exige
el planteamiento de unos concretos y específicos reparos por parte del sujeto procesal
inconforme con la decisión, razón por la que el recurso interpuesto no tiene vocación de
prosperidad. En consecuencia, se confirmará la decisión adoptada.

3- Por no estar probado en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, conforme al artículo 365.8 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia, conforme a la parte motiva de la
providencia.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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