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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00032-01

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00032-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de julio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia. TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/vistas/documentos/evalidador. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-00032-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

17 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado : 76001-23-33-000-2017-00032-01
Nº Interno : 0476-2020
Demandante : Juan Carlos Pinzón Pardo
Demandada : Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –
CASUR -
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema : Reajuste de la asignación de retiro con
Inclusión de prima de actualización

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia de 31 de julio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Juan Carlos Pinzón Pardo por conducto de apoderado judicial, solicitó que se declare la nulidad del Oficio 9750/GAG-SDP de 16 de mayo de 2016 mediante el cual se negó el reajuste de la asignación mensual de retiro con inclusión de la prima de actualización.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se reconozca el reajuste de la asignación de retiro en las proporciones y por los periodos a que hace referencia, aplicando un incremento por los siguientes años: (i) $23.965.202 por el 2013; (ii) $49.684.657 por el 2014; (iii) $53.048.308 por el 2015; y (iv) $35.671.198 por el 2016. Lo anterior, teniendo en cuenta el aumento del Índice de Precios del Consumidor del año inmediatamente anterior y el reajuste de cada año en el que se debió incorporar la referida prima como factor salarial, prestacional y pensional.

Adicionalmente, exigió que se condene a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a indemnizar al actor por los daños morales, debido a que no canceló los reajustes que ordena la norma. Asimismo, pidió que se reconozcan los valores que resulten liquidados por la indexación de las sumas anteriores, desde el 1º de enero de 1996 hasta el 7 de marzo de 2012, fecha en que comienza la prescripción cuatrienal.

Igualmente, requirió que se ordene a la demandada a continuar liquidando las mesadas de la asignación de retiro, conforme con el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. Además, instó para que se incorporen todos los incrementos que se han causado en el tiempo, de acuerdo con lo que establece la jurisprudencia.

Finalmente, pretende que se condene en costas a la entidad accionada y se ordene a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional darle cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:

El abogado de la parte actora señaló, que la entidad demandada a través de la Resolución 0921 de 7 de marzo de 2000, reconoció al señor Juan Carlos Pinzón Pardo una asignación de retiro en el grado de Mayor de la Policía Nacional.

Afirmó, que el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992 dispuso que el Gobierno Nacional debía establecer una escala salarial porcentual, con el fin de nivelar la remuneración del personal activo y de quienes percibieran una asignación de retiro de la Fuerza Pública, la cual debía hacerse en la vigencia fiscal de los años 1993 a 1996. Precisó, que mediante los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, el Estado fijó los parámetros para la asignación de la escala salarial de la Fuerza Pública, incluyendo la prima de nivelación salarial.

Por último, agregó que en cumplimiento de las referidas disposiciones, la Policía Nacional debió realizar el pago de la prima de actualización; sin embargo, esta no fue incorporada dentro del salario básico que devengó el actor como miembro activo de la Policía Nacional hasta el 7 de marzo de 2000 y tampoco se reajustó su asignación de retiro.

Normas violadas y concepto de violación.

El abogado del actor señaló como normas violadas las siguientes:

De la Constitución Política, el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 16, 25, 42, 46, 51, 52 y 90.
De la Ley 4º de 1992, el artículo 2º.
Del Decreto 335 de 1992, el artículo 15.
Del Decreto 25 de 1993, el artículo 29.
Del Decreto 65 de 1994.
Del Decreto 133 de 1995.
Del Decreto 107 de 1996.

2. La contestación de la demanda.

El apoderado de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional contestó la demanda con escrito de 20 de noviembre de 2017, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, así:

Manifestó, que la nivelación salarial y los porcentajes fueron incorporados por concepto de prima de actualización, indicando por cada vigencia los porcentajes correspondientes al incremento anual legal ordinario, como mecanismo único establecido para ejecutar la nivelación al accionante.

Aseguró, que el actor debe tener en cuenta que todos los años el Gobierno Nacional expide los decretos haciendo el respectivo reajuste; de allí, que si se encontraba en desacuerdo debió demandar dichas normas, y no a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, pues esta no tiene la facultad para modificarlas.

Aclaró, que la asignación mensual de retiro del actor fue reajustada mediante el sistema constitucional y legal denominado principio de oscilación, el cual está contemplado en los decretos que rigen al personal de la Fuerza Pública; así las cosas, dicho reajuste cuenta con diferentes connotaciones, de manera que, la Corte Constitucional ha considerado que el sistema de seguridad social integral, el especial y el exceptuado son diferentes; razón por la cual, estos no pueden tener las mismas características, y en efecto, los beneficiarios no pueden hacer una mixtura de los beneficios de cada régimen.

Finalmente, dijo que por mandato de los artículos 217 y 218 de la Constitución, la Fuerza Pública goza de un régimen especial; es decir, la demandada no violó la ley, ya que se basó en disposiciones que regulan el régimen especial de la Fuerza Pública; por ello, se debe tener en cuenta que las normas especiales reglamentan el régimen salarial y consagran condiciones favorables de acceso a prestaciones como la asignación de retiro; esto es así, porque se consagran en dichas normatividades el principio de oscilación que orienta la actualización de las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.

Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con sentencia de 31 de julio de 2019, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente:

Advirtió, que la nivelación de la escala salarial de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública fue consagrada en la Ley 4ª de 1992, tanto para el personal activo como para el retirado; sin embargo, para el año 2000, fecha en la que el señor Juan Carlos Pinzón Pardo se hizo acreedor de la asignación mensual de retiro, la prima de actualización había desaparecido del mundo jurídico, puesto que se dio aplicación a la escala gradual porcentual salarial del personal activo, prevista en el Decreto 107 de 1996.

Precisó, que resulta irrelevante el nuevo alcance que se le dio a la prima de actualización por parte del Consejo de Estado mediante sentencias de 14 de agosto de 1997 y 6 de noviembre del mismo año; dado que, el demandante se hizo acreedor de la asignación mensual de retiro varios años después de que la prima de actualización desapareciera del mundo jurídico, por lo que, en su lugar comenzó a regir la escala gradual porcentual. En todo caso, señaló que de aceptarse sus argumentos el derecho reclamado se encuentra prescrito, toda vez que la petición fue presentada en el 2016.

4. El recurso de apelación

4.1 De la parte demandante

Con escrito de 4 de septiembre de 2019, el apoderado del demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de 31 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en los siguientes términos:
El abogado alegó, que el Tribunal desconoció las normas que fundamentan la nivelación salarial para el personal activo y retirado de la Fuerza Pública, la cual se creó a través de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995. Asimismo, el parágrafo del artículo 13 de la Ley 4ª de 1992 señala que la nivelación debió hacerse hasta 1996, pero esta solo se realizó hasta 1995.
Indicó, que para la fecha en que estaban vigentes los mencionados decretos, el actor estaba activo y en efecto la prima de actualización se incluyó en su sueldo desde 1992 hasta 1995; sin embargo, el demandante precisa que la referida prima no se le computó en su asignación de retiro, por lo que este “supuesto” no desaparece con la expedición de un nuevo decreto de incremento salarial.
Explicó, que el Decreto 107 de 1996 no fijó una escala salarial porcentual, hecho que no pudo ser desvirtuado en la sentencia de primera instancia. Por último, recordó que la prima de actualización constituye un derecho adquirido de los miembros de la Fuerza Pública al momento de pensionarse.

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto de 28 de abril de 2022, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el respectivo concepto, conforme a lo previsto en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, de acuerdo con el informe secretarial de 6 de octubre de 2022, se dijo que la parte demandante y demandada presentaron alegatos de conclusión y el Ministerio Público guardó silencio.

5.1. De la parte demandante

Con escrito de 5 de septiembre de 2022, el apoderado de la parte demandante presentó alegatos de conclusión expresando que al señor Juan Carlos Pinzón Pardo, no se le incluyó la prima de actualización en la asignación de retiro, y que en ningún momento solicitó el pago de la prima de actualización que ya prescribió. Por el contrario, indicó que el actor pretende el reajuste de la asignación de retiro con inclusión de la prima de actualización, tal como ocurre con la nivelación salarial prevista en la Ley 4ª de 1992 para los miembros de la Rama Judicial.

5.2. De la parte demandada.

Con escrito de 16 de septiembre de 2022, la apoderada de la parte accionada presentó alegatos de conclusión reiterando en todas sus partes lo expuesto en la contestación de la demanda.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; según el cual, el Consejo de Estado conoce en segunda instancia las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2. Problema jurídico.

La Sala debe estudiar en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, si procede a revocar el fallo de primera instancia, en la medida que el señor Juan Carlos Pinzón Pardo tiene derecho a que se reajuste su asignación de retiro con la inclusión de la prima de actualización.

Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala abordará los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial y 2.2. Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial.

En virtud de lo previsto en el literal e), numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, el legislador le confirió al presidente de la República la potestad de fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluyendo a los integrantes de la Fuerza Pública.

En ejercicio de esas facultades extraordinarias, el Gobierno Nacional expidió la Ley 4ª de 1992, que estableció las normas, objetivos y criterios que se deben observar para la fijación del régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, resaltando en su artículo 13 que:

Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2º.

Parágrafo. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996.

En ese sentido, la mencionada norma tenía como objetivo que el Gobierno Nacional estableciera una escala gradual porcentual, con la finalidad de nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública. Por ello, se creó de manera temporal la prima de actualización sobre la asignación básica devengada por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, mediante los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995.

En efecto, las referidas disposiciones crearon la prima de actualización únicamente para el personal activo de la Fuerza Pública. No obstante, mediante sentencias de 14 de agosto de 1997 y 6 de noviembre del mismo año, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la expresión “en servicio activo” contenida en los mencionados decretos, debido a que esta vulneraba el derecho de igualdad de los oficiales y suboficiales retirados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, igualmente se desconocia el mandato legal del artículo 13 de la Ley 4ª de 1992.

La sentencia de 14 de agosto de 1997, expuso:

“(…) al excluir al personal retirado de la Fuerza Pública del cómputo del valor de la prima de actualización para la asignación de retiro, no solo se desconoce el criterio de nivelación entre las remuneraciones del personal activo y retirado de dicha fuerza, sino que se permite que, a partir de la vigencia de dichos decretos y mientras subsista la prima de actualización, se presenten diferencias entre lo que perciban, como asignación de retiro, oficiales y suboficiales del mismo grado, ya que el valor de la asignación de aquellos que devenguen la prima de actualización y que luego se retiren durante la vigencia de ésta, será superior a la que perciben quienes se encuentran retirados del servicio activo desde antes de la consagración de tal prima. Por oponerse al contenido y alcance del artículo 13 de la ley 4ª. de 1992, cuyos criterios y directrices el gobierno nacional debía observar al fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, pues antes que propiciar la nivelación cuantitativa entre los salarios y las asignaciones de retiro de ese personal, contribuyen a una evidente desnivelación entre éstos, las normas acusadas resultan contrarias también a los principios consagrados en el preámbulo y en los preceptos de la Constitución, invocados como infringidos en el libelo, por lo cual se impone decretar la anulación deprecada.”

Del mismo modo, en relación con la naturaleza de la prima de actualización, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 25 de junio de 2020, sostuvo que:

“(…) el actor no debió enjuiciar el Oficio E-00003-2016001596-CASUR-ID 179188 de 18 de octubre de 2016, sino las resoluciones proferidas dentro de la primera actuación administrativa en la que debatió el reconocimiento de la prima de actualización, toda vez que esta no tiene la connotación de periódica, sino que se trató de un beneficio de carácter temporal. Esta conclusión se apoya en los siguientes razonamientos: i) El Consejo de Estado ha explicado que, en tratándose de prestaciones periódicas, es posible que los ciudadanos provoquen varios pronunciamientos de la administración pasibles de control judicial. ii) En contraste con lo anterior, esta corporación ha referido que los derechos de carácter unitario deben ser reclamados por una sola vez y dentro de las oportunidades legalmente previstas para acudir en sede administrativa y judicial. (…)” (Negrilla y subrayado fuera del texto)

Ahora bien, el Decreto 107 de 1996 “Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial”, estableció en sus artículos 1, 2 y 39 lo siguiente:

“Artículo 1º. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, fíjese la siguiente escala gradual porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública. Los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo, corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la asignación básica del grado de General.

Oficiales

General
100%
Mayor General
90%
Brigadier General
80%
Coronel
60%
Teniente Coronel
44.30%
Mayor
38.60%
Capitán
30.50%
Teniente
26.70%
Subteniente
23.70%
Suboficiales

Sargento Mayor
26.40%
Sargento Primero
22.60%
Sargento Viceprimero
19.50%
Sargento Segundo
17.40%
Cabo Primero
16.40%
Cabo Segundo
17.90%
Nivel Ejecutivo

Comisario
45.50%
Subcomisario
38.30%
Intendente
33.90%
Subintendente
26.40%
Patrullero
20.30%

Agentes de los cuerpos profesional y profesional especial de la Policía Nacional. Con antigüedad inferior a 5 años de servicio 11.95% Antigüedad de 5 años y hasta menos de 10 14.55% Con antigüedad de 10 o más años de servicio 14.90%

Parágrafo 1. Las asignaciones básicas calculadas en los porcentajes anteriores se aproximarán a la decena superior.

Parágrafo 2. Los tenientes primeros de la Armada Nacional tendrán el mismo sueldo básico fijados para los Tenientes de Fragata.

(…)

Artículo 2o. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una asignación mensual igual a la que devenguen los Ministros del Despacho como asignación básica y gastos de representación, en todo tiempo, distribuida así: el cuarenta y cinco por ciento (45%) como sueldo básico y el cincuenta y cinco por ciento (55%) como prima de alto mando. Esta última no tendrá carácter salarial para ningún efecto legal.

Parágrafo. Los Oficiales Generales y Almirantes a que se refiere este artículo, tendrán derecho a la Primade Dirección y demás primas que devenguen los Ministros del Despacho.

La Prima de Dirección no será factor salarial para ningún efecto legal, se pagará mensualmente y es compatible con la Prima de Alto Mando a que tienen derecho los Oficiales en estos grados.

En ningún caso, los Oficiales Generales y Almirantes podrán percibir una remuneración superior a la prevista para los Ministros del Despacho.

(…)

Artículo 39. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 133 de 1995 y surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1996”. (subrayado y negrilla fuera de texto)

Así las cosas, a partir de la expedición del Decreto 107 de 1996, el Gobierno Nacional ha proferido cada año las normas que regulan el salario de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con sujeción a la escala salarial; es decir, que a través de estas disposiciones se ha determinado el monto que debe devengar el personal de la Fuerza Pública.

Por lo anterior, la Sala advierte que la prima de actualización estuvo vigente desde 1992 hasta 1995, de modo que los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995 fueron expedidos de forma temporal hasta que se estableciera la escala salarial porcentual, perdiendo su vigencia una vez se cumpliera dicha condición.

2.2. Caso concreto

En el sub lite el señor Juan Carlos Pinzón Pardo, por conducto de apoderado judicial, solicitó que se declare la nulidad del Oficio 9750/GAG - SDP de 16 de mayo de 2016, mediante el cual se negó el reajuste de asignación mensual de retiro.

Con el fin de resolver la controversia alegada por la parte actora, la Sala encuentra necesario hacer un recuento del acervo probatorio que reposa en el expediente, en los siguientes términos:

Resolución 0921 de 2000, mediante la cual se reconoce y ordena el pago de asignación mensual de retiro al señor Juan Carlos Pinzón Pardo.

Petición de 7 de marzo de 2016, por medio del cual solicita el reajuste de la asignación de retiro con la inclusión de la prima de actualización.

Oficio 9750 / GAG SDP de 16 de mayo de 2016, por el cual se negó el reajuste de asignación mensual de retiro.

Ciertamente, esta Colegiatura estima que no le asiste razón al apoderado del actor al afirmar que el Tribunal desconoció las normas que fundamentan la nivelación salarial para el personal activo y retirado de la Fuerza Pública, en la medida que los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, mediante los cuales se ordenó el reconocimiento y pago de una prima de actualización a favor de los miembros de la Fuerza Pública, estuvieron vigentes entre el 1º de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1995.

En efecto, debe recordase que para la fecha en que se expidieron los mencionados decretos, el actor estaba en servicio activo y por lo tanto la prima de actualización se incluyó en su sueldo durante los años 1992,1993, 1994 y 1995; sin embargo, con la entrada en vigencia del Decreto 107 de 1996 (1º enero de 1996) la prima de actualización ya no era susceptible de reconocimiento, por lo que a partir de ese año no se le reconoció al actor la referida prima.

En ese sentido, esta Corporación en sentencia de 15 de septiembre de 2022, dispuso que:

“(…) a partir del año 1996 la prima de actualización no es susceptible de reconocimiento, toda vez que el Decreto 107 de 1996 estableció el principio de oscilación para nivelar las asignaciones de retiro, de conformidad con el cual estas prestaciones se liquidan con las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones devengadas por el personal de actividad de conformidad con cada grado; estos incrementos son fijados anualmente por el Gobierno nacional.

En este sentido, a partir del 1.° de enero de 1996 el reajuste con base en la prima de actualización resulta improcedente, toda vez que, con la expedición del Decreto 107 de 1996, los valores reconocidos a título de aquella prima fueron incorporados a la asignación señalada para ese año y así por los años subsiguientes.”(Subrayado y negrilla fuera del texto)

Por lo anterior, esta Colegiatura estima que no resulta oportuno considerar que la prima de actualización debe ser incluida para efectos de la liquidación de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía; toda vez, que dicho emolumento constituyó, en su momento, un factor de carácter transitorio y sus efectos jurídicos duraron hasta la expedición del Decreto 107 de 1996, mediante el cual se reguló la escala gradual porcentual del personal de las Fuerzas Públicas. Por tal razón, es inviable tener la prima de actualización como un factor salarial para liquidar la asignación de retiro.

Por los motivos expuestos en el pretérito, se tiene que la asignación de retiro del señor Juan Carlos Pinzón Pardo reconocida mediante Resolución 0921 de 7 de marzo de 2000 expedida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se encuentra ajustada a derecho, por lo que no es necesario el reajuste de la misma.

Por otro lado, frente a la afirmación expuesta por el apoderado del accionante al señalar que el Decreto 107 de 1996 no fijó una escala salarial porcentual; la Sala advierte, que del análisis del artículo 1º del Decreto 107 de 1996, fácilmente se puede evidenciar que el Gobierno Nacional incorporó de manera detallada las diferentes escalas salariales porcentuales de los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional, razón por la que se desestimará tal argumento.

Finalmente, la Sala concluye que la prima de actualización no es factor salarial para efectos de hacer el reajuste de la asignación de retiro del personal desvinculado, puesto que aquella tuvo un carácter temporal y transitorio. En consecuencia, el vicio de nulidad propuesto por el apoderado de la parte demandante contra el acto administrativo enjuiciado, no tienen vocación de prosperidad.

DECISIÓN
Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de 31 de julio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de julio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/vistas/documentos/evalidador.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Ausente con excusa (Firmado electrónicamente)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 186 a 193.
Folios 3 y 4.
Folios 98 a 106.
Folios 186 a 193.
Folios 199 a 212.
Folios 186 a 193.
Folios 234.
Folios 235.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201700032011100103
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201700032011100103
“ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública. (…)”
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, de 14 de agosto de 1997. Expediente 9923, C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda.
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda de 6 de noviembre de 1997. Expediente 11423, C.P. Dra. Clara Forero de Castro.
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, de 14 de agosto de 1997. Expediente 9923, C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda.
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, de 25 de junio de 2020, Radicado: 68001-23-33-000-2017-01245-01 (0433-2019), C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas
Folios 6 y 7.
Folio 66 a 79.
Folios 3 y 4.
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de 15 de septiembre de 2022. M.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas. 73001-23-33-000-2019-00223-01 (2506-2021)
Folios 186 a 193.
Folios 186 a 193.

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Número interno: 0476-2020
Demandante: Juan Carlos Pinzón Pardo
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

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