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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00087-01

Fecha
18 de octubre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00087-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F ALL A PRIMERO. CO NFI RMAR la sent encia de 12 de junio de 2018 , prof erida por el Tribunal Administ rat ivo del Valle del Cauca, que negó las súplicas de la demanda en el proceso promovido por el señor Pedro Alonso Bayona Díaz y ot ros, contra la Procuraduría G eneral de la Nación . SEG UNDO. CO NDENAR en cost as a la parte demandant e en est a inst ancia. Las mismas se liquidarán de conf ormidad con lo establecido en el artículo 366 del Código G eneral del Proceso. 42 A r t í cu lo 1 7 1 No . 4 e n c o n c. Ar t . 1 7 8 i b . 43 1. S e co n d e n a r á e n co st a s a l a p a r t e v e n c id a e n e l p r o ce s o , o a q u ie n se le r e su e l va d e s f a vo r a b l e m e n t e e l r e cu r s o d e a p e la c ió n , ca sa c ió n , q u e ja , s ú p l ica , a n u la c ió n o r e v is ió n q u e h a ya p r o p u e s t o . A d e m á s, e n lo s ca so s e sp e cia le s p r e v is t o s e n e st e C ó d ig o . ( …) . ” www.consejodeestado.gov.co 27 C a lle 1 2 N o . 7 - 6 5 - T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0 B o g o t á D . C . - C o l o m b ia N u l i d a d y re s t a b l e c i m i e n t o d e l d e re c h o Radicación: 76001-23-33-000-2017-00087-01(4596-2018) D e ma n d a n t e : P e d r o Al o n so Ba yo n a D í a z y O t r o s T ERCERO. Ejecut oriada est a providencia devolver el expediente al T ribunal de origen, previas las anot aciones correspondient es en el programa «SAMAI ».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-00087-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

18 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogot á, D. C. , dieciocho (18) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00087-01 (4596-2018)
Demandante: PEDRO ALONSO BAYONA D ÍAZ Y OTROS.
Demandad o: NACIÓN- PROCURADUR ÍA GENERAL DE LA
NACIÓN.

Tema: Declaración de insubsistencia de
nombramiento provisional en cargo de carrera .
Prepensionado.

SENT ENCI A DE SEG UNDA I NST ANCIA / Ley 1437 de 2011

I. ASUNT O

La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación
int erpuesto por el señor PEDRO ALO NSO BAYO NA D Í AZ contra la
sent encia de l 12 de junio de 2018, proferida por el T ribunal
Administ rativo del Valle del Cauca , que negó las pret ensiones de la
demanda de la ref erencia .

II . ANT ECEDENT ES.

2. 1. Preten sion es

2. 1. 1. Pedro Alonso Bayona Dí az , Sonia Cecilia T imana Erazo, Iván
F elipe Bayona Oliveros, David Alonso Bayona y Erika Sabina
Bayona Timana por intermedio de apoderad o judicial, demandaron
la nulidad de l Decret o 3686 del 8 de agost o de 2016 expedido por
el Procurador G eneral de la Nación , medi ant e el cual se desvinculó
t ácitament e al señor Pedro Bayona Dí az .
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2. 1. 2. Como consecuencia se ordene:

a) El reint egro laboral del señor PEDRO BAYO NA DÍ AZ a un
cargo de igual o mejor cat egorí a. De no ser posible el
reint egr o se ordene reconocer la pensión de jubilación.

b) Condenar a la Procur adurí a G eneral de la Nación al pago de
los salarios, primas, reajust es o aument os de sueldo y demás
emolument os que el demandant e dejó de percibir desde la
f echa de su ilegal des vinculación y hast a que se produzca el
reint egro o la inclusión en la nómina de pensionados por
jubilación o vejez.

c ) Condenar a pagar a tí tulo de perjuicios m or ales la sum a de
1000 salarios mí nimos legales mensuales al señor PEDRO
BAYO NA DÍ AZ en razón de l sufrimient o y angustia que le
produjo el hecho de la desvinculación de la institución y 500
salarios mínimos legales mensuales a cada uno de sus hijos.

d) Condenar a pagar a tí tulo de perjuicios m or ales la sum a de
1000 salarios mí nimos legales mensuales a la esposa, señora
Sonia Cecilia T imana.

e) Condenar a la dem andada a pagar a t ít ulo de perjuicios
materiales los salarios, primas, vacaciones y bonif icaciones
que se dejen de devengar hasta el moment o de la sent encia
junt o con t odas sus prestacio nes sociales.

f ) Declarar que no ha exist ido solución de continuidad para
ef ecto de las prest aciones sociales.

g ) O rdenar el cumplimiento de la sent encia dent ro del t érmino
establecido en el artí culo 176 del Decret o 01 de 1984 y los
artículos 297 al 299 y 190 al 195 de la Ley 1437 de 2011 .

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2. 2. Hecho s.

En la demanda 1 se narraron los hechos relevant es que a
cont inuación se resumen:

2. 2. 1 El señor PEDRO ALO NSO BAYO NA DÍAZ prest ó sus servicios
a la Procuradurí a G eneral de la Nación del 12 de abril de 2004 al 1
de septiembre de 2016, f echa en la que se posesiona su reemplazo,
el cual f ue nombrado mediant e Decret o 3686 del 8 de agosto de
2016.

2. 2. 2 El demandant e se desempeña ba como Procurador Judicial II
Código 3PJ, G rado EC Penal en la Procuraduría 67 Judicial II Penal
con sede en la ciudad de Cali.

2. 2. 3 El accionant e t iene 55 años lo que lo conviert e en
prepensionable de conf ormidad con el Decret o 546 de 1971, razón
por la cual goza de est abilidad laboral ref orzada.

2. 2. 4 Se desempeñó como servidor público en la Rama Judicial y
en el Minist erio Público desde el 11 de abril de 1988.

2. 2. 5 Desde el dí a 14 de enero hast a el 7 de octubre de 2016 , el
señor Pedro Bayona Dí az se encont raba incapacit ado por padecer
un mieloma múlt iple, plasmocit oma e hipoacusia, enf ermedad
catast rófica que le impedí a ser desvinculado por encont rarse
prot egido, en razón a la estabilidad laboral ref orzada por su
condición de salud.

2. 2. 6 El demandant e se encont raba casado con la señora Sonia
Cecilia T imana Erazo, t iene t res hijos, David Alonso Bayona
T imana, Iván Felipe Bayona O liveros y Erika Sabina Bayona
T imana.

1
F o l io s 3 6 a l 4 5 d e l e xp e d i e n t e .
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2. 3. Co ncep to d e la viol ación

E l apoderad o del demandante consideró como normas vulnerada s :

• Artí culos 6, 29, 48, 90, 93, 277 y 280 de la Const it ución
Polí tica.
• Parágraf o 4º del Acto Legislat ivo 01 de 2005.
• Art iculo 36 Ley 100 de 1993.
• Leyes 33 de 1985, 446 de 1998, 640 de 2001, 1285 de 2009,
1395 de 201 0 y 1437 de 2011.
• Decret os 546 de 1971, 717 y 720 de 1978 ; y 01 de 1984.
• Resolución 5261 de 1994 artículos 16 y 17.

Señaló que la PRO CURADURÍA G ENERAL DE LA NACIÓ N omit ió
aplicar la normat ividad vigente al desvincular al accionant e sin
estudiar su sit uación individual de salud y que era prepensionable
en razón a su edad, por lo que se encontraba prot egido por la
estabilidad la boral ref orzada.

Adujo que el act o administrat ivo adolece de f alsa mot ivación , pues
desconoce la normat ividad vigent e y las lí neas jurisprudenciales
que prot egen al demandant e por su condición de prepensionable,
violent ando el principio de legalidad y debido proceso.

Además, expresó que con la expedición del act o administ rativo se
int ent ó prot eger el int erés general al cumplir con la s et apas del
proc eso de selección mediante concurso para proveer los cargos
conf orme lo ordenó la Cort e Const it ucional pero no se est udi ó la
situación individual de cada una de las personas , como el ca so del
demandant e a quien le f ue negado su derecho a pensión de vejez
por Colpensiones, act o que se encuent ra demandado.

Por último, manif estó que se violent aron t odas las garantí as de
rango constitucional al no valorar las circunst ancias de tiempo de

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servicio, salud y edad del act or.

2. 4. Con testación de l a d emand a

L a Pro cu radu rí a G en eral d e la Naci ón , por medio de apoderad o
judicial, se opuso a las pret ensiones de la demanda 2, con
f undament o en los siguient es argument os:

Señaló que el empleo que ocupaba el demandant e fue abierto a
concurso a t ravés de la Convocat oria 004- 2015, y a la f echa de la
cont est ación cont aba con list a de elegibles publicada por
Resolución 357 de 2016 expedida por el Procurador G eneral de la
Nación.

Además, e xplicó que el proceso de selección f ue abiert o en
cumpliment o de una decisión judicial y que las órdenes de la Corte
Const it ucional son de obligat orio cumplimient o y la administración
debe acat arlas í nt egrament e.

Expuso frent e a la condi ció n de p repension ado del act or que, si
bien es ciert o, el Decret o 546 de 1971 cont empla el régimen para
los empleados del Minist erio Público, ést e se aplica en virt ud del
régimen de transición consagrado en el artí culo 36 de la Ley 100
de 1993 y el señor Pedro Alonso Bayona al 1 de abril de 1994
cont aba con t an solo 256 semanas cot izadas, es decir, no reuní a
las condiciones de edad y tiempo cot izado para acceder a la
t ransición, por lo que no se puede aplicar el mencionado Decreto
546 de 1971.

Adicionalment e, argument ó que la jurisprudencia ha reconocido que
para t ener la calidad de prepensionado le deben falt ar 3 años o
menos para cumplir los requisitos de pensión y el demandant e a la
f echa de desvinculación tení a 56 años cumplidos y para julio de

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F o l io s 6 7 a l 7 5 d e l e xp e d i e n t e .
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2016 cont aba con 1195 semanas, por lo que no reuní a el requisito
de edad.

I ndicó que la Administ radora Colombiana de Pensiones
Colpensiones mediant e Resolución No. G NR 276542 del 16 de
sept iembre de 2016 , reconoció al act or la pensión de invalidez po r
la suma de $ 11.396. 724 con inclusión en la nómina de octubre del
mismo año, luego no se vulneró ninguna garantí a al act or.

En relación con la estabilidad l ab oral d e un trab aj ado r en
condi ción d e p rep en sion ado en el marco de un concurso de
mérit os sost uvo que el crit erio vigente de la Cort e Const it ucional es
que t al condición no le da prelación frent e a la persona que
legít imament e superó todas las et apas del concurso. Sin embargo,
la administ ración debe adopt ar las medidas de prot ección siempre
que res ult e posible o tenga algún margen de maniobra para que
prot eja de manera concomit ante los derechos del prepensionado y
del aspirant e.

Por otra part e, sost uvo que en cuant o al argument o de la parte
demandant e de que no se t uvo en cuent a su est ado de salud , la
ent idad al moment o de desvinculación le inf ormó que la
Procuradurí a G eneral de la Nación seguirí a realizando los aport es
al Sist ema de Seguridad Social en Sal ud y Pensiones hast a t ant o
le f uera reconocida su mesada por concept o de pensión de
invalidez.

Present ó las siguientes excepciones:

(i) In ep ta demand a po r p ropo sición ju rí di ca i ncompl eta.
Consideró que el demandante debió solicit ar la nulidad de
la Resolució n No. 357 del 11 de julio de 2016 por medio de
la cual se estableció por part e del Procurador G eneral de
la Nación la list a de elegibles de la Convocat oria No. 004 -

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2015, por lo que la proposición jurí dica incomplet a inhibe
al juez para pronunciarse del f on do del asunt o.
(ii) Inn omin ad a.

2. 5. Deci sion es rel evantes en l a aud iencia ini ci al 3

E l Tribunal Administrat ivo del Valle del Cauca f rente a la excepci ón
previa propuest a por la ent idad demandada sost uvo que ni en la
demanda ni en la contest ación de la misma se avizora que el señor
PEDRO BAYONA DÍAZ haya hecho part e de la Convocat oria 004-
2015 por lo que se concluye que el act or no tiene int erés en
demandar el act o y t eniendo en cuent a que es de caráct er particul ar
solo pueden at acar su legalidad los direct amente implicados.

L a d eci sión d e excep ci on es no fu e ob jeto d e recu rso po r
nin gun a d e l as p artes.

El lit igio f ue f ijado en los siguient es t érminos:

«Se con tr ae a es tab lece r , s i se e ncuen tr a con fo rme a
de recho e l Dec re to 3686 de l 08 de agos to de 2016 , exped ido
po r e l seño r Procu rad or Gene ra l de la Nac ión , po r med io del
cua l se desv incu ló a l seño r Ped ro A lonso Bayona D íaz d el
ca rgo de P rocu rado r Jud icia l I I Cód igo 3PJ , G rado EC , en
r azón d el nomb ram ien to del seño r JUA N CA RLOS PERAFA N
BU RBANO , quie n hac ia (s ic) pa rte d e l a lis ta d e e legi bles
de la convoca to ria 004 -20 15.

Pa ra e l e fec to debe rá de ter mi na rse , s i e l seño r Ped ro
A lonso Bay ona D íaz os ten ta ba la ca l idad de p repens ionab le
a la fecha de su desv incu lac ión , y si en raz ón de e ll o, y de
su esta do de sa lud , gozaba de una es tab i lid ad labo ra l
r e fo rzada .

En caso de es tab lece rse la i lega l idad de l ac to d emandado,
debe rá de ter mi nars e, si resul ta p roceden te o no el r ein teg ro
de l deman dant e a u n c arg o d e igua l o mayo r ca tego r ía, o en
su def ecto es tab lece r los e fec tos de l rec onoci m ient o
pens iona l rea l izado po r Co lpens iones med ian te Reso luc ión
G NR 276542 de l 16 de s ept iem bre de 2016 .

I gua lmen te debe rá esta blece r se , la p rocedenc ia del

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F o l io s 1 2 0 a l 1 3 2 d e l e x p e d ie n t e .
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r econoc im ien to y pago de los sa la ri os y demás e mol umen tos
de jados de pe rc ib ir p or e l dem andan te desde la fecha de su
desv incu lac ión , as í como los pe rjui ci os mate r ia les y mo rales
dep recados po r los demanda ntes .

Co mo p rob lema asoc iado , se det er m ina ra s i e n e l p resen te
caso y de ac uer do a los l inea mien tos ju r isp rudenc ia les , se
cump len los p resup uest os necesa ri os p ara la p ro tecc ión de l
f unc iona ri o re t i rado . »

2. 6. L a sen ten ci a ap el ad a 4

El Tribunal Administrat ivo del Valle del Cauca, por medio de la
sent encia de l 12 de junio de 2018 negó las pret ensiones de la
demanda, con base en los argument os que se resumen a
cont inuación:

Señaló que en virt ud de la decisión de la Cort e Const it ucional en la
sent encia C- 101 de 2013, los cargos de procurador judicial pasaron
de ser de libre nombramiento y remoción a de carrera admin istrat iva
y en consecuencia los servidores que desempeñan est os empleos
sin haber realizado el correspondient e concurso de mérit os se
encuent ran en provi sionalidad, por lo que los actos de
desvinculación de t ales f uncionarios deben ser mot ivados.

Así las cosas, manif est ó que ant e el conf lict o que surge para la
administ ración entre la obligación legal de proveer los empleos
mediant e concurso de mérit os y su deber de prot eger a las personas
que gozan de protección por est abilidad laboral ref orzada , se hace
necesario que en cada caso concret o mediant e la ponderación de
crit erios de razonabilidad y proporcionalidad se est udie de manera
individual.

Además, sost uvo que est á probado que la desvinculación laboral
del demandant e obedeció a la provisión del cargo con la persona
que superó t odas las etapas del proceso de selección mediant e

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F o l io s 1 9 5 a l 2 1 9 d e l e x p e d ie n t e .
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concurso de méritos y que f ue incluida en la list a de elegibles, por
lo que el grado de est abilidad laboral relat iva del servidor nombrado
en provisionalidad que la Altas Cort es han reconocido se ve
desplazado cuando se designa a quien ganó la vacant e por
concurso, es decir, el retiro se ve mot ivado razonadament e.

Además, señaló que el Consejo de Est ado ha sost enido que el ret én
social no se aplica a la Procuradurí a G eneral de la Nación por se r
un órgano de control, y no hacen part e de la rama ejecut iva del
orden nacional.

S in embargo, exp resó que se debe det ermin ar s i en el caso
concret o, el señor BAYO NA DÍAZ , gozaba de est abilidad laboral
reforzada por encont rarse próximo a cumplir requisit os de pensión.

I ndicó que a l 1 de abril de 1994 cont aba con 34 años de edad, es
decir, no cumplí a con el requisito de edad exigido por la Ley 100 de
1993 para ser beneficiario del régimen de t ransición.

En relación con el t iempo de cot ización expuso que a 1 de abril de
1994 t ení a 5. 8 años cotizados, por lo que t ampoco cumple con la
exigencia de t iempo de cot ización del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.

Concluy ó que el régimen aplicable al act or es el previst o en la Ley
100 de 1993, es decir, 62 años de edad y 1300 semanas de
cotización.

En ot ras palabras explicó que, debí an f altarle menos de 3 años para
reunir los requisit os de pensión al moment o de desvinculación para
estar cobijado por la est abilidad laboral ref orzada, no obst ante , al
moment o del ret iro cumplí a con el t iempo de cotización pero no
ocurrí a lo mismo con el requisito de edad, por cuant o t ení a 56 años
y por ende, no t ení a la calidad de prepensionado.

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Por ot ra part e, en relación con el est ado de salud del accionant e
consideró que las garantí as reconocidas a quienes ost ent an una
estabilidad laboral ref orzada no desplazan las garantí as de l
empleado que ingresa a la carrera administ rativa en la medida que
éste t iene una prelación legal frent e a los provisionales. En est os
casos la ent idad nominadora debe analizar cómo prot eger los
derechos del provisional pero sin menoscabar los del f uncionar io
de carrer a, no se encuentra obligada a hacerlo si no tiene margen
de maniobra.

Así las cosas, en est e caso la list a de elegibles est aba conf ormada
por 366 personas para 208 vacant es por lo que no era posible para
la Procuradurí a G eneral de la Nación m ant ener la vinculación del
señor BAYO NA DÍ AZ.

Af irmó que la Procuradurí a t omó las medidas que est aban a su
alance para garant izar el acceso a la seguridad social en salud y
pensión, lo cual indica que no qued ó desprotegido en los
t rat amient os médicos que requerí a para el manejo de sus
padecimient os y su pensión de invalidez f ue reconocida por
Colpensiones.

2. 7. Recu rso d e ap el ación

E l apoderad o de la part e demandant e apeló 5 la ant erior decisión ,
con el fin de que sea revocada la decisión de primera inst ancia con
base en los argument os que a cont inuación se resumen:

Expresó que se rat if ica en todos los argumentos expuest os en la
demanda e insist ió que la norma aplicable al accionant e es el
Decret o 546 de 1971 y que cumplió los 55 años de edad y los 20 de
servicio en la Rama Judicial y el M inist erio Público.

5
F o l io s 2 2 6 a 2 3 1 d e l e xp e d i e n t e
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C a lle 1 2 N o . 7 - 6 5 - T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . - C o l o m b ia

N u l i d a d y re s t a b l e c i m i e n t o d e l d e re c h o
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00087-01(4596-2018)
D e ma n d a n t e : P e d r o Al o n so Ba yo n a D í a z y O t r o s

Est imó que no se t uvo en cuent a para emitir el f allo el aspecto
enunciado y t ampoco que (i) cu ando se nombró el remplazo el actor
se encontraba i ncapacit ado, (ii) padecí a una enf ermedad
catast rófica y (iii) la f avorabilidad de la norma.

2. 8. Al eg ato s d e con clu si ón

E l ap od erado de l a p arte d emand an te 6 reit eró los argument os
present ados en el recurso de apelación.

L a enti dad d emand ad a solicit ó 7 conf irmar el f allo prof erido por el
a quo con base en las razones que se resumen a cont inuación:

Rat if icó los argument os expuestos en la cont estación de la
demanda y explicó que en la sent encia S U 691 de 2017 en la que
la Cort e Constitucional se pronunció con ocasión del concurso de
mérit os de la Procuradurí a G eneral de la Nación sost uvo que (i) las
personas nombradas en provisionalidad o e n cargo de libre
nombramient o y remoción no gozan de est abilidad laboral
reforzada, (ii) a est os f uncionarios no le son aplicables las reglas
del ret én social o prepensionados y (iii) la t erminación del
nombramient o en provisionalidad por la designación de quien ganó
el concurso de mérit os no desconoce los derechos f undamentales
de los f uncionarios.

El Mi ni sterio Públi co rindió concept o 8 en los t érminos que se
resumen a cont inuación solicitando se conf irme la sent encia de
primera inst ancia :

Consideró que el Procurador General de la Nación es competent e
para convocar el concurso de mérit os para proveer los cargos de
carrera de la ent idad f unció n reglada en el Decreto 262 de 2000. Si

6
F o l io s 2 4 8 a l 2 5 2 d e l e x p e d ie n t e .
7
F o l io s 2 5 3 a l 2 5 9 d e l e x p e d ie n t e .
8
F o l io s 2 6 0 a l 2 6 8 d e l e x p e d ie n t e .
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bien es ciert o, se dio cumplimient o a una orden judicial t ambién lo
es que el Procurador est a investido legal y const it ucionalment e
para convocar a concurso.

Adujo que la jurisprudencia ha reconocido la calidad de
prepensionado a quien le haga f alt a meno s de 3 años para reunir
los requisit os de pensión de vejez y además que, es necesario
evidenciar que se ponen en peligro los derechos f undament ales del
servidor púb lico, en donde la edad es un indicador de la ausencia
de probabilidades de int egrarse al mercado laboral y que debe
apreciarse junt o con el hecho de que el salario es su única fuent e
de ingresos para garant izar una vida digna.

Expresó que en el caso concreto el actor cont aba con el t iempo de
cotización per o no cumplió el requisit o de edad exigido ya que para
la f echa de desvinculación t enía 56 años.

En relación con el t ema de salud, señaló que en el mo m ento de
retiro se le inf ormó al demandant e que la Procuradurí a G eneral de
la Nación cont inuarí a realizando los aport es patronales al Sistema
G eneral de Seguridad Social en Salud y Pens ión hast a tanto le
f uera reconocida la pensión de invalidez, prest ación que f ue
ot orgada por Colpensiones el 16 de sept iembre de 2016.

II I. CO NSIDERACIO NES

3. 1. Co mp etenci a

De conf ormidad con el artí culo 150 del Código de Procedimient o
Administ rativo y de lo Cont encioso Administrat ivo , 9 el Consejo de

9
E l Co n se jo d e Est a d o , e n Sa la d e l o C o n t e n ci o so A d m i n i st r a t ivo co n o ce r á e n
s e g u n d a in st a n c ia d e la s a p e la c io n e s d e la s s e n t e n c ia s d ic t a d a s e n p r im e r a
i n s t a n c ia p o r lo s t r ib u n a le s a d m in is t r a t i vo s y d e l a s a p e la ci o n e s d e a u t o s
s u s ce p t i b l e s d e e st e m e d io d e im p u g n a c ió n , a sí co m o d e lo s r e cu r so s d e q u e j a
c u a n d o n o s e co n ce d a e l d e a p e la c ió n p o r p a r t e d e lo s t r ib u n a le s , o se co n c e d a
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Est ado es compet ent e para resolver el recurso de apelación
int erpuesto.

3. 2. Marco de análi si s d e l a segund a i nstan ci a.

En virt ud de lo dispuesto en el artículo 328 del Código G eneral del
Proceso 10, la compet encia del juez de segunda inst ancia est á
circunscrita a los argument os expuest os por el apelant e.

3. 3. Probl ema ju ríd ico .

De acuerdo con los argument os presentados por la parte
demandant e en el recurso de apelación, est a Sala deberá
det erminar s i declara la nulidad del Decret o 3686 del 8 de agosto
de 2016 expedido por el Procurador G eneral de la Nación, mediant e
el cual se desvinculó t ácit ament e al señor Pedro Bayona Dí az por
haberse expedido desconociendo la prot ección de est abilidad
laboral ref orzada a la que t ení a derecho.

Con el ant erior f in, deberá analizarse (i) la naturaleza del cargo de
Procurador Judicia l, (ii) la prot ección de est abilidad laboral
reforzada por ostent ar la condición de prepensionado y por el
estado de salud y , (ii) el análisis del caso concreto.

3. 4. Marco no rmati vo y Ju ri sprud en ci al.

3. 4. 1 Natu ral eza d el cargo d e Procurad or Judi ci al.

La Procuradurí a G eneral de la Nación f ue concebida por la
Const it ución Polít ica de 1991 como un órgano de control aut ónomo

e n u n e f e ct o d is t in t o d e l q u e c o r r e sp o n d a , o n o se co n ce d a n lo s
e xt r a o r d in a r i o s d e r e vi si ó n o d e u n i f ic a c ió n d e ju r isp r u d e n c ia .
10 « C o m p e t e n c ia d e l su p e r io r . El j u e z d e se g u n d a in st a n c ia d e b e r á
p r o n u n c ia r se so la m e n t e so b r e lo s a r g u m e n t o s e xp u e st o s p o r e l a p e la n t e , s in
p e r j u i ci o d e la s d e c is io n e s q u e d e b a a d o p t a r d e o f i ci o , e n lo s ca so s p r e v is t o s
p o r la le y [ … ] » .
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e independient e de las otras ramas del poder público que ejerce la
f unción del Ministerio Público.

De conformidad con el artículo 2 79 de la Cart a Polít ica “La ley
de te rm ina rá l o re la tiv o a la est r uct ura y a l func iona mie nto de l a
P rocu radu r ía Gene ra l de la Nac ión , regu la rá lo a ti nen te a l ing reso y
concu rso de mé r i tos y a l re ti ro de l serv ic io , a las inhab i lidades ,
i ncompa t ib il idades , de nom inac ión , ca l idades , r emune rac ión y a l régimen
d isc ipl ina r io de todos los func ionar i os y e mp leados de d icho o rgan ismo ”
y al Procurador General le com pet e nombrar y remover los
f uncionarios y empleados de su dependenci a 11.

Por su part e, el Decret o 260 de 2000, expedido en ejercicio de las
f acult ades ext raordinarias que conf irió al President e de la
Republica el artículo 1º numeral 4º de la Ley 573 de 200 0, clasif icó
los empleos de la Procuradurí a G eneral de la Nación, entre otros,
en cargos de (i) carrera y (ii) libre nombramient o y remoción así:

“ ART ÍC ULO 182 . Cl asi f icac ión de los emp leos . Los emp leos ,
de acue rdo c on su na tu ral eza y fo r ma de p rov isión , se
c las if ican as í :

1 ) De ca rr era

2 ) De l ib re nom bra m ient o y remoci ón

Los e mpl eos de la P rocu radu r ía Gene ra l de la Nac ión so n de
ca r re ra, co n excepció n de los de li bre n omb ram ien to y
r emoc ión .

Los emp leos de l ibr e no mb ram ien to y r emoc ión son : ( … )

P rocu rad or Ju dic ia l (… ) “ ( Negrilla f uera de text o )

Sin embargo, la clasif icación del cargo de Procurador Judicial como
un empleo de libre nombramient o y remoción no ha sido un tema
pací fico y exist en múlt iples pronunciamient os de la Corte
Const it ucional. Es así como en sent encias C - 334 de 1996, C - 031
de 1997 y C - 443 de 1997, se validó la nat uraleza de libre

11
A r t í cu lo 2 7 8 d e la C o n st it u ci ó n P o l í t i ca .
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nombramient o y remoción conferida por el Decret o 262 de 2000 al
mencionado cargo.

Con post erioridad, la Cort e Const it ucional declaró exequible el
ar tíc ulo 182 cit ado respect o de la expresión “ procuradores
judiciales” y sost uvo:

“ ( … ) igua l q ue ocu r re con los P rocu rado res Del egados , los
P rocu rado res Judic ia les s on agen tes di rec tos del P rocu rado r
f r en te a los desp achos jud ic ial es an te los que ac túan c omo
M in is te rio Púb l ico . Y la Co r te exam inó la dependenc ia
d i rect a de es ta cl ase de emp leados de l M in is ter io Pú bl ico , a l
dec id i r sob re la co nst i tuc iona lid ad de no r mas que incl uidas
en la Ley 2 7 de 199 2 y en la Ley 201 de 1995 , en lo
sus tanc ia l, es e l m ismo , como ya se reco rdó en es ta
sen tenc ia .

En consecuenc ia , po r ex is t ir cosa j uzgada c onst i tuc iona l, se
dec la ra rá exequ ible la exp resió n "P rocu rado r J udic ia l" del
num era l 2 ) de l a r t ícu lo 182 del D ec re to 262 de 2000 . ( … )” 12

No obst ant e, la misma Corporación mediante sent encia C - 101 del 28
de f ebrero de 2013 declaró inexequible la expresión “Procurador
Judicial”, por considerar que se vulnera lo dispuest o en el art ículo
280 de la Const it ución Nacional y concluyó que son cargos de
carrera administ rativa. Al respect o dijo:

“ En re lac ión con e l a rt ícu lo 280 de la Cons t i tuci ón, se consid eró
que no ex iste cosa juzgada , por cuan to n i en la ci tada sen tenc ia
n i en las al l í menc ionadas , se co te jó la disp osic ión de mandada
f r en te al debe r cons ti tuc ion a l de equ ipa rac ión de los agen tes de l
m in is te rio púb l ico q ue e je rcen an te j ueces y mag is t rados con las
au to r idades jud ic ial es an te qu ienes act úan , en ma ter ia de
“ ca lid ades, ca tego r ía , r emune rac ión , de rechos y pr estac iones ” .

6 .1 .3 . Exam inad a l a d ispos ición acusada , la Co rte de te rm ina que
en t re los “de rechos ” a se r homo loga dos a favo r de los
p rocu rado res jud ic ial es, en v i rtud de l a r t ícul o 280 cons t i tuc iona l,
se ha l la e l que su e mp leo sea con sid er ado de ca r re ra
ad min is t ra t iva . En consecuenc ia, dec la ra rá la in ex equib i l idad
de la exp res ión “P rocu rado r Ju dici a l” de l nu mera l 2 de l a r t ícu lo
182 de l dec re to Ley 262 de 2000 , po r la vu lne ració n de l a r t ícu lo
280 de la Cons t it ución P ol í t ica. Y o rdena rá la convoca ción d e
un concu rso púb l ico de mé r it os pa ra la pr ovi sió n , en
p rop iedad , de los ca rgos d e P rocu rado res Judic ia les q ue se

12
S e n t e n c ia C - 1 4 6 d e 2 0 0 1
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dese mpeñan an te mag ist rad os y j ueces de car re ra ” . ( Negrilla
f uera de text o)

En est e orden de ideas, el cargo de Procurador Judicial pas ó de ser
un empleo de libre nombramient o y remoción a ser de carrera
administ rat iva y en la providencia cit ada se ordenó proveerlos
mediant e la convocat oria de un concurso de mérit os.

3. 4. 2 Estabil id ad l abo ral reforzada.

La est abilidad Laboral ref orzada se ha ent endido como la garantí a
const it ucional que se le ot orga a las personas que se encuent ran
en est ado de vulnerabilidad prot egiéndolos del riesgo de perder el
empleo o t rabajo.

Est a Corporación ha sost enido que:

“ La f igu ra de la es tab i lidad labo ral re fo rzada consis te en un a
p ro tecc ión cons ti tuc iona l de l de recho funda men tal al t raba jo
que imp l ica res t ricc iones s upe r io res pa ra va r iar las
cond ic iones labo ra les o desv incu la r a las p erso nas que po r
encon t ra rse en una s i tuac ión de deb i l idad man i fi esta ,
r equ ie ren un t ra ta mien to a t ravés de acc iones a fi rm at ivas
conc re tadas en p roh ib ici ones pa ra el emp leado r , e l lo
t end ien te a ga ran tiza r la igual dad ma te r ia l de un suj eto
vu lne rab le en té r minos de pe rmane ncia de l v íncu lo
con t rac tua l de t raba jo o de la relac ión lega l y regl amen ta ri a
según sea e l caso ”13

En relación con la est abilidad laboral ref orzada de los funcionarios
nombrados en provisionalidad en un cargo de carrera, la Corte
Const it ucional ha sost enido que “concu r re una re lac ión de
depen denci a in tr ínsec a en t re la pe rmane ncia en el emp leo púb l ico y la
ga ran t ía de sus de rechos fundamen ta les , pa r t icul ar men te e l m ín imo v i tal
y la igua ldad de opo rt unida des. De a l l í que se soste nga po r la
j u risp rud encia q ue la e f icac ia de esos de rechos de pende del
r econoc im ien to de es tab il idad labo ra l en aque llos casos , a t ravés de u n

13
C o n se jo d e Es t a d o , Sa la C o n t e n cio so A d m i n i st r a t iv o , S e c ció n Se g u n d a ,
S u b se cc ió n A , 1 8 d e n o v ie m b r e d e 2 0 2 1 . Ra d 4 7 0 0 1 - 2 3 - 3 3 - 0 0 0 - 2 0 1 6 - 0 0 0 1 9 -
01(0850-17)
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e je rcic io de ponde rac ión en t re t a les de rechos y los p r inci pios que
i n for man l a ca r re ra adm in is tr at iva 14”15

Dicho en otras palabras, aunque los servidores nombrados en
provisionalidad gozan de una est abilidad relat iva, pueden ser
retirados para proveer el cargo con una persona que concurs ó y
obt uvo los derechos de carrera administ rat iva, sin perjuicio del
derecho que t ienen a un “ trat o preferencial” como medida de acción
af irmat iva, pero sin desconocer los derechos f undament ales d el
f uncionario de carrera.

Ahora bien, como est ado de vulnerabilidad se ha reconocido
ostent ar la calidad de prepensionado o suf rir un grave det erioro del
estado de salud.

3. 4. 2. 1 Estabili dad l abo ral refo rzada po r o sten tar l a calid ad d e
p rep en sion ad o.

La def inición de prepensionado t iene raigambre const it ucional y se
deriva legalment e de l artículo 12 de la Ley 790 de 2002 en la que
se est ablecieron mecanismos de protección para los trabajadores,
denominado el ret én social, ent re ellos, para los que est án próximos
a pensionarse, ent endiéndose como aquellos que les f altare menos
de 3 años para cumplir los requisit os para acceder a una pensión
de vejez o jubilación , garantí a q ue se ot orgó en virt ud el Programa
de Renovación de la Administración Pública - PRAP.

Sin embargo, la Cort e Constitucional sost uvo que la f igura del
prepensionado no se limit a solo al ret én social, sino que se deriva
de la prot ección constitucional que cont empla darles trat o especial
a los grupos vulnerables. 16

14
S e n t e n ci a T - 1 8 6 d e 2 0 1 3 ( M P L u i s E r n e s t o Va r g a s Si l va )
15
S e n t e n c ia T 3 2 6 - 1 4
16
S e n t e n c ia T 3 2 6 / 2 0 1 4
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3. 4. 2. 2 Estabil id ad l abo ral refo rzada po r estado de salud .

La Cort e Constitucional f undament ándose en el artículo 13 de l a
Cart a Polít ica ha ext endido la prot ección de la estabilidad laboral
reforzada de las personas con discapacidad a aquellas que se
encuent ran en est ado de debilidad manif iest a por su est ado de
salud en el desarr ollo de sus f unciones como consecue ncia por
ejemplo, de un accident e de trabajo o una enf ermedad “ La pe rsona
que se encuen tr e en es tas c ircuns tanc ias es tá en es tado de d ebi li dad
man i f ies ta, s in neces idad de que ex is ta una ca l i ficac ión prev ia que
ac red i te ta l cond ic ión 17, y e l desp ido en razón de la en fe rmed ad que
padezca , cons t it uye un t ra to d iscri m ina to rio . ” 18

3. 5. An áli si s d el caso con creto .

En el caso sub lite est á demostrado lo siguient e:

3. 5. 1. Hecho s p ro bado s.

3. 5. 1. 1 En rel ación con el d emand an te:

17
Co r t e C o n st it u ci o n a l, Se n t e n ci a T - 1 0 4 0 d e 2 0 0 1 . Po si ci ó n r e it e r a d a e n l a
S e n t e n c ia T - 1 9 8 d e 2 0 0 6 , e n t r e o t r a s. En la Se n t e n c ia T - 0 9 4 d e 2 0 1 0 , s e
a n a li za r o n se n d a s d e ci si o n e s d e p r im e r a y se g u n d a i n s t a n ci a m e d i a n t e la s
c u a le s se r e so lv ió n e g a t i va m e n t e l a s o l i ci t u d d e r e in t e g r o e le va d a p o r u n a e x
t r a b a ja d o r a d e l a e m p r e sa d e m a n d a d a , q u i e n a l a f e ch a d e d e sv in cu la ci ó n
p a d e cí a lu m b a lg i a cr ó n i ca y a r t r o s is d e g e n e r a t iva d e c o lu m n a , y a d u cí a la
i n e f i ca cia d e su d e s p i d o p o r f a lt a d e a u t o r iz a c ió n d e l a a u t o r i d a d d e l t r a b a j o ,
d e a c u e r d o c o n lo r e g l a d o p o r e l a r t í cu lo 2 6 d e la L e y 3 6 1 d e 1 9 9 7 . En e sa
o p o r t u n id a d , la Sa la O c t a va d e Re vi si ó n d e ci d i ó r e vo ca r l o s f a l lo s y o r d e n a r a
l a a c c io n a d a r e in t e g r a r a l a t r a b a j a d o r a a l ca r g o q u e ve n í a o cu p a n d o a n t e s d e
l a f e ch a d e l d e s p i d o o a u n o d e ig u a l o m e j o r je r a r q u í a , e n a t e n ci ó n a s u s
a p t it u d e s la b o r a le s y s u e s t a d o a ct u a l d e sa lu d . As im ism o , o r d e n ó e l
r e co n o c im ie n t o y p a g o a su f a v o r d e “ u n a in d e m n iz a c ió n e q u iva le n t e a cie n t o
o ch e n t a d í a s d e l s a l a r i o , a l t e n o r d e l i n c i so 2 º d e l a r t í cu lo 2 6 d e l a L e y 3 6 1 d e
1 9 9 7 ” . Ve r t a m b ié n S e n t e n ci a s T - 5 0 2 d e 2 0 1 7 y T - 0 4 1 d e 2 0 1 9 .
18
S e n t e n c ia T 0 5 2 / 2 0 2 0 .

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C a lle 1 2 N o . 7 - 6 5 - T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . - C o l o m b ia

N u l i d a d y re s t a b l e c i m i e n t o d e l d e re c h o
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• El señor PEDRO BAYO NA DÍ AZ nació en San G il, Sant ander
el día 8 de diciembre de 1959 como const a en la C édula de
Ciudadaní a 19.
• El 30 de marzo de 2004, el demandant e fue nombrado
mediant e Decret o 625 expedido por el Procurador General de
la Nación como Procurador 62 Judicial II Penal de Cali,
Código 3PJ, Gr ado EC y se posesionó el 12 de abril del
mismo año. 20
• Según cert if icación del Jef e de la División de G est ión
Humana de la Procuradurí a G eneral de la Nación expedida
el 19 de diciembre de 2016 21, revisada la hist oria laboral del
demandant e se encontró en incapacidad por más de 180
dí as.
• Mediant e Decret o 3686 del 8 de agost o de 2016 22 prof erido
por el Procurador General de la Nación se nombra en per í odo
de prueba al señor JUAN CARLO S PERAFAN BURBANO en
el cargo de Procurador Judicial II , Código 3PJ, Grado EC, en
la Procuradurí a 67 Judicial II Penal con sede en Cali , cargo
en el que se encontraba nombrado provisionalment e el señor
PEDRO ALONSO BAYO NA DÍAZ.
• Con of icio 004802 del 31 de agosto de 2016 23, la Secret aria
G eneral de la Procuraduría G eneral de la Nación le inf ormó
al señor BAYO NA DÍ AZ el nombramiento del señor PERAF AN
BURBANO y como consecuencia su desvinculación.
I gualment e, se le comunicó que la ent idad cont inuará
realizando los aportes patronales al Sist ema G eneral de
Seguridad Social en Salud y Pensiones hast a t ant o le sea
reconocida la pensión de invalidez.

19
F o l io 1 1 d e l e xp e d ie n t e .
20
F o l io 1 6 d e l e xp e d ie n t e .
21
F o l io 2 0 d e l e xp e d ie n t e .
22
F o l io 2 3 d e l e xp e d ie n t e .
23
F o l io 9 6 d e l e xp e d ie n t e .

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C a lle 1 2 N o . 7 - 6 5 - T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
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• El seño r JUAN CARLOS PERAF AN BURBANO se posesionó
el 1 de sept iembre de 2016 como reposa en el Act a de
Posesión No. 113 24.
• Se encuentran en el expediente incapacidades ot orgadas al
demandant e por Plasmocit oma extramedular e hipocusia
neurosensorial del 10 de mayo al 9 de junio de 2016 25; del 10
de junio al 9 de julio de 2016 26 ; del 10 de julio al 8 de agost o
de 2016 27; Del 9 de agost o a l 7 de sept iembre de 2016 y del
8 de sept iembre al 7 de oct ubre de 2016 28.
• El señor BAYO NA DÍAZ presenta diagnóst ico de enf ermedad
neoplásica mieloma múlt iple con compromiso óseo . 29
• La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a
t ravés de la Resolución No. G NR 276542 del 16 de
sept iembre de 2016 30 reconoció la pensión de invalidez al
señor BAYO NA DIAZ a partir del 10 de julio de 2016 con una
mesada por valor de $ 11.396. 724.

3. 5. 1. 2. En cu an to a l as rel acion es famili ares

• En el Registro Civil de M at rimonio 31 ident if icado con serial
07003324 se acredit a que la señora Sonia Cecilia Tim ana
Erazo es la cónyuge del señor PEDRO BAYO NA D Í AZ desde
el 22 de diciembre de 1995.
• David Alonso Bayona T imana, Erika Sabina Bayona Timana,
e I ván F elipe Bayona O liveros son hijos del señor PEDRO
BAYO NA DÍ AZ como const a en los Registros Civiles de
Nacimient o ident if icados con seriales 35448370, 34849744 y
26194123 32.

24
F o l io 2 4 d e l e xp e d ie n t e .
25
F o l io 2 5 d e l e xp e d ie n t e .
26
F o l io 2 6 d e l e xp e d ie n t e .
27
F o l io 2 7 d e l e xp e d ie n t e .
28
F o l io 2 9 d e l e xp e d ie n t e .
29
C e r t i f i ca d o m é d ico v is ib le a f o li o 3 2 d e l e x p e d ie n t e .
30
F o l io s 9 7 a l 1 0 0 d e l e xp e d ie n t e .
31
F o l io 7 d e l e xp e d i e n t e .
32
F o l io s 8 a l 1 0 d e l e xp e d i e n t e .
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3. 5. 1. 3. En rel ación co n el p roceso d el con cu rso d e méri to s.

• Con Resolución 040 del 20 de enero de 2015 33, el Procurador
G eneral de la Nación dio apertura y reglament ó la
convocat oria del proceso de selección para proveer los
cargos de procuradores judiciales de la ent idad.
• A través de la Resolución 357 del 1 de julio de 2016 34, se
estableció la list a de elegibles dentro de la convocat oria 004 -
2015 en la que se encuent ra en el puest o 40 el señor JUAN
CARLO S PERAF AN BURBANO con un punt aje de 84. 38.

3. 5. 2 F al sa mo ti vación .

Por regla general los act os administ rat ivos debe n ser motivados, es
decir, deben expresar las razones de hecho y de derecho que
f undament an la decisión que se adopt a . El vicio de f alsa mot ivación
se present a cuando el f uncionario ha expedido el acto
administ rat ivo con f undamento en mot ivos que carecen de
veracidad.

F rente a lo s actos administrativos de ret iro de servidores
nombrados en provisionalidad en cargos de Carr era, est a Sección
ha sost enido:

“A l respec to , la ju ris pru dencia de l a Co rt e Cons ti tuc iona l ha
seña lado q ue si bien los func iona r ios nomb rados en
p rov isi onal idad en ca rgos d e ca rr er a ad min is t ra tiva no gozan
de l fue ro de es tab i l idad que ampa ra a aque llos qu e han
i ng resado med ian te concu rso de mé r i tos , s í tie nen de recho
a cie r to gr ado de es tab il idad l abo ra l , en e l en tend ido de que
no pueden se r desv incu lados m ien t ras i ) n o sean su jet os de
una sa nción disc ip l ina ria , i i ) se p rovea e l ca rgo respec t ivo a
t r avés de concu rso y i i i ) la de sv incu lac ión se p roduzca
me dia nte un ac to m ot ivad o 35.”36

33
F o l io s 7 4 a l 8 7 d e l e x p e d ie n t e .
34
F o l io s 8 5 a l 9 3 d e l e x p e d ie n t e .
35 Co r t e C o n s t i t u ci o n a l, se n t e n c ia T - 2 8 9 d e 2 0 1 1 .
36
C o n se jo d e Est a d o , Sa la d e lo C o n t e n c io s o Ad m in i st r a t i vo , Se cc ió n
S e g u n d a , S e n t e n c ia 1 6 d e a g o s t o d e 2 0 1 8 , Ra d . 5 2 0 0 1 - 2 3 - 3 3 - 0 0 0 - 2 0 1 3 -
00074-01(1023-14)
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En el caso sub examine el Decret o 3686 de 2016 , por medio del
cual se retira t ácit ament e al demandant e del cargo que
desempeñaba se encuentra debidament e mot ivado en que (i) la
Cort e Constitucional en sent encia C - 101 del 28 de febrero de 2013
ordenó a la Procuradurí a G eneral de la Nación que en el t érm ino
máximo de 6 meses cont ados a part ir de la notificación del fallo
convoque a concurso público para la provisión en propiedad de los
cargos de Procurador Judicial, (ii) mediant e la Resolución 040 del
20 de enero de 2015 37 se da apert ura al concurso de mé rit os y se
reglament ó las condiciones de la convocat oria, (iii) con la
convocat oria 004- 2015 se abrió concurso para proveer los cargos
de Procurador Judicial II Código 3PJ grado EC asignados a la
Procuradurí a Delegada para el Minist erio Público en Asunt os
Penales y en que (iv) el Dr. Juan Carlos Peraf an Burbano se
encuent ra en el puesto 40 de elegibilidad.

De lo expuest o, la Sala considera que la mot ivación del act o de
retiro coincide con los f undament os f áct icos que dieron origen al
nombramient o del señor PERAFAN BURBANO . La Procuradurí a
debí a cumplir con la orden judicial de convocar al proceso de
selección y en ef ect o, abrió la convocat oria y la persona nombrada
f ue incluida en la list a de elegibles para el cargo, por lo que al
proveer la vacant e se produce el ret iro del servidor nombrado en
provisionalidad.

Argument ó el demandant e que el act o administrat ivo se encuent ra
viciado de nulidad por f alsa mot ivación , t oda vez que se desconoció
la prot ección a la est abilidad laboral ref orzada a la que tení a
derecho por la condición de prepensionado que ost ent a y dado su
estado de salud.

Así las cosas, se hace necesario revisar si el demandant e reunía la
calidad de prepensionado para la f echa de desvinculación , esto es

37
F o l io s 7 9 a l 8 7 d e l e xp e d i e n t e .
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al 31 de agost o de 2016, f echa en la que le f ue comunicado el
nombramient o del señor JUAN CARLO S PERAF AN BURBANO.

Sost uvo el accionant e que en mat eria pensional era benef iciario del
régimen especial pa ra los f uncionarios de la Rama Judicial y el
Minist erio Público regulado en el Decret o 546 de 1971 que
establece en su artí culo 6 que tienen derecho a pensión de
jubilación los servidores que tengan 55 años de edad si son
hombres y 20 años de servicios de los cuales por lo menos 10 hayan
sido prest ados a la Rama Jurisdiccional o al Minist erio Público.

Dicho régimen para la f echa de retiro del señor BAYO NA DIAZ s ólo
podí a ser aplicado en virt ud del régimen de t ransición consagrado
en el artí culo 36 de la Ley 100 de 1993 que est ablece:

“ ART ÍC ULO 36 . RÉG IME N DE TRAN SI CI ÓN . ( … )

La edad p ara acc ede r a la pe nsión de ve jez , e l t iem po de
se rv icio o el núme ro de semanas co t izadas , y el mon to de la
pens ión de ve jez de las pe rsonas que a l momen to de en t rar
en v igenc ia e l S ist ema tengan t re in ta y c inco (35 ) o más años
de edad s i son mu je res o cua ren ta (40 ) o más años de edad
s i son hom bres , o quinc e (1 5) o m as años de se rv ici os
co t izados , se rá la es tabl ecida en e l rég imen an te r io r al cu al
se encu ent ren af i li ados . Las demás cond ic iones y requ is it os
ap l icab les a es tas pe rsonas pa ra accede r a la pensi ón de
ve jez , se reg i rán po r las d isposi ci ones con ten idas en la
p resen te Ley . ” ( Subraya f uera de t ext o)

Como se encuentra relacionado en los hechos probados el
accionant e nació el 8 de diciembre de 1959 ; quiere ello decir, que
para el 1 de abril de 1994 t enía 3 4 años de edad y de conf ormidad
con la Resolución GNR 276542 del 16 de sept iembre de 2016
mediant e la cual la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones le reconoció la pensión de invalidez cont aba con 2163
dí as cot izados que equiv alen a 6 años, razón por la cual no era
beneficiario del régimen de t ransición.

Colpensiones a t ravés de la Resolución G NR 171101 del 11 de junio
de 2015 le negó el derecho al reconocimient o de la pensión de
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jubilación por no ser benef iciario del régimen de t ransición, decisión
conf irmada mediant e las Resoluciones G NR 149565 del 23 de mayo
de 2016 y VBP 29764 del 19 de junio de 2016. 38

En este orden de ideas, el régimen pensional aplicable al señor
BAYO NA DI AZ era el e st ablecido en el art í culo 33 de la Ley 100 de
1993 que exige 62 años de edad para los hombres y 1300 semanas
de servicio o cot ización, razón por la cual, no reuní a los requisit os
para acceder a la pensión de vejez, t oda vez que, a la f echa del
retiro t ení a 1409 semanas cotizadas y 56 años de edad . Es decir,
solo cumplí a el requisit o de semanas de cot ización.

T ampoco ost entaba la calidad de prepensionado , por cuanto le
f alt aban más de 3 años para cumplir el requisito de edad para
acceder a la pensión de vej ez.

Por ot ra part e, en relación con la est abilidad laboral ref orzada
invocada por el demandant e debido a su est ado de salud en razón
a que se encont raba incapacit ado a la f echa de la desvinculación,
de conf ormidad con el mat erial probat orio allegado al expediente se
encuent ra demost rado que el señor BAYO NA D Í AZ est aba
diagnost icado con enf ermedad neoplásica mieloma múlt iple co n
compromiso óseo, considerada como una enf ermedad cat ast róf ica
como obra en la cert if icación m édica (f olio 32 del expedient e ) y para
la f echa del retiro t ení a incapaci dad vigent e.

Ciert ament e, el demandant e se encont raba en debilidad manif iest a
debido a su est ado de salud .

Así, con miras a resolver el mot ivo de controversia es necesario
recordar que en tratándose de funcionarios nombrados en
provisional idad, como el señor BAYONA D ÍAZ, t ienen una
estabilidad relat iva , por cuanto pueden ser desvinculados para

38
P a r t e m o t i va d e la R e so lu c i ó n G N R 2 7 6 5 4 2 d e 2 0 1 6 Vi si b l e F o l io 9 7 .
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nombrar el servidor que accedió al cargo a t ravés de concurso como
ocurrió el caso sub examine.

En est e event o, cuando ent ran en t ensión varios derechos de
raigambre constitucional, ent re quien tiene derecho a ac ceder al
cargo por concurso y quien se encuentre en est ado de
vulnerabilidad, la ent idad nominadora debe sopesar las
circunst ancias para, sin vulnerar los derechos del primero, dar
prot ección al segundo, siempre y cuando t engan forma de hacerlo.

En el present e caso se t iene que la Procuradurí a General de la
Nación (i) convocó al proceso de selección del cargo de Procurador
Judicial por orden judicial de la Cort e Const it ucional en sent encia
C- 101 de 2013, (ii) abrió la convocat oria 004- 2015 de 208 cargo s
de Procurador Judicial II en Asunt os Penales 39 y result aron
elegibles 366 personas de acuerdo con la Resolución 357 de 2016 ,
(iii) convocó 427 cargos de Procurador Judicial I I en Delegadas
dif erent es a las de Asunt os Judiciales y result aron 776 personas
elegibles ( hecho inf ormado en la cont est ación de la demanda y no
cont rovert ido por la part e demandant e) .

De manera que, la ent idad demandada no tení an opción dif erent e a
retir ar al act or pese a su condición de salud debido a que , la lista
de elegibles para el cargo de Procurador Judicial II en Asunt os
Penales excedí a las vacant es ofertadas y tampoco podía reubicarlo
en otro cargo de Procurador Judicial II asignado a ot ros asunt os ,
pues no existí a empleo para reubicarl o.

La Corte Const it ucional en relación con l a estabilidad laboral
reforzada de las personas nombradas en provisionalidad sostuvo
en Sent encia T - 373 de 2017:

“ Una en t idad vu lne ra los de rechos f undamen ta les a la salu d y v ida
d igna de u n suje to d e espec ial pro tecc ión que ocup a un ca rgo de

39
h t t p s : / / w ww . p r o cu r a d u r ia . g o v. co / p o r t a l / m e d ia / f il e / 2 0 1 5 - 0 0 4 . p d f
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ca r re ra en p rov is iona l idad , cuando co n fundamen to en e l p r inci pio
de l mé r i to nomb ra de la l ista de el eg ib les a qu ien supe ró la s e tapas
de l conc urso , sin an tes adop ta r med idas af i rma t ivas d ispues tas en
l a Cons t i tució n y que ma te r ia licen e l p r inc ipio de so lida r idad
soc ia l, re la t ivas a su reub icac ión en un car go si m ila r o
equ iva len te a l que ven ía ocupando , sie mp re y cu ando se
encue n t re vacan te ” . ( Subraya f uera de t ext o)

Se reit era, que en el caso sub lit e no obra prueba en el expedient e
que para la época de los hechos exist iera cargo vacant e en el
hubiere podido ser nombrado el act or. No obstant e, la entidad
demandada si t uvo en c uent a la sit uación part icular del señor
BAYO NA DÍAZ y t omó medidas afirmat ivas de protección
consist ent es en el pago de aport es al Sistema de Seguridad Social
en salud y pensiones hasta que le f uera reconocida la pensión de
invalidez, prot egiendo su atenci ón médica y su mí nimo vit al .

Ciert ament e, est á probado que la pensión de invalidez le f ue
reconocida al demandant e por Colpensiones el 16 de sept iembre
mediant e Resolución No. GNR 276542 40 a part ir del 10 de julio de
2016 con una mesada por valor de $ 11. 396.724 , razón por la cual
su derecho al mínimo vit al le f ue garant izado.

En consideración a lo expuesto, la Sala señala que t al como lo
sost uvo el T ribunal, de la evidencia aport ada no se puede colegir
que el act o administrat ivo est é viciado de nulidad, en consecuencia
se conf irma la sent encia profer ida por el a quo.

4. Co stas.

El concept o de las cost as del proceso est á relacionado con todos
los gast os necesarios o út iles dent ro de una act uación de esa
nat uraleza y comprende los denominados gast os del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho 41, los

40
F o l io s 9 7 a l 1 0 0 d e l e xp e d ie n t e .

41
A r t í cu lo 3 6 1 d e l Có d ig o G e n e r a l d e l P r o ce so .
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llamados en la Ley 1437 de 2011 gast os ordinarios del proceso 42 y
ot ros como son los necesarios para traslado de test igos y para la
práct ica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la
just icia como perit os y secuestres, transport e de expediente al
superior en caso de apelación.

En cuant o al recurso de apelación surt ido ant e est a Corporación,
se condenará en cost as en segunda inst ancia a la parte
demandant e, t oda vez que , se cumplen los presupuest os de los
numerales 1 , 3 y 8 del artí culo 365 del Código G eneral del
Proceso, 43 puest o que se ha resuelt o desf avorablement e el recurso
de apelación int erpuest o contra la sent encia de primera inst ancia,
y se acreditó que se causa ron, ya que la ent idad demandada alegó
de conclusión.

En mérit o de lo expuest o, el Consejo de Est ado, Sala de lo
Cont encioso Administ rativo, Sección Segunda, Subsección A,
administ rando just icia en nombre de la República de Colombia y
por aut oridad de la Ley,

F ALL A

PRIMERO. CO NFI RMAR la sent encia de 12 de junio de 2018 ,
prof erida por el Tribunal Administ rat ivo del Valle del Cauca, que
negó las súplicas de la demanda en el proceso promovido por el
señor Pedro Alonso Bayona Díaz y ot ros, contra la Procuraduría
G eneral de la Nación .

SEG UNDO. CO NDENAR en cost as a la parte demandant e en est a
inst ancia. Las mismas se liquidarán de conf ormidad con lo
establecido en el artículo 366 del Código G eneral del Proceso.

42
A r t í cu lo 1 7 1 No . 4 e n c o n c. Ar t . 1 7 8 i b .
43
1. S e co n d e n a r á e n co st a s a l a p a r t e v e n c id a e n e l p r o ce s o , o a q u ie n se le
r e su e l va d e s f a vo r a b l e m e n t e e l r e cu r s o d e a p e la c ió n , ca sa c ió n , q u e ja , s ú p l ica ,
a n u la c ió n o r e v is ió n q u e h a ya p r o p u e s t o . A d e m á s, e n lo s ca so s e sp e cia le s
p r e v is t o s e n e st e C ó d ig o . ( …) . ”
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C a lle 1 2 N o . 7 - 6 5 - T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . - C o l o m b ia

N u l i d a d y re s t a b l e c i m i e n t o d e l d e re c h o
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00087-01(4596-2018)
D e ma n d a n t e : P e d r o Al o n so Ba yo n a D í a z y O t r o s

T ERCERO. Ejecut oriada est a providencia devolver el expediente al
T ribunal de origen, previas las anot aciones correspondient es en el
programa «SAMAI ».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La ant erior providencia f ue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el dieciocho (18) de oct ubre de dos mil veint idós
(2022) .

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Con impedimento aceptado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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