Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00173-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00173-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-00173-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2017 00173 01 (3673-2022)
Demandante: Alba Nelly Ayala Cardona
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Temas: Reliquidación pensión de sobrevivientes. Ascenso póstumo.
Decretos 1212 de 19901 y 1091 de 19952.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda3
2. La demandante por intermedio de apoderada solicitó declarar la nulidad del Oficio
262166/ARPRE-GRUPE – 22 del 17 de noviembre de 2011 expedido por el jefe del
Grupo de Pensionados de la Policía Nacional, por medio del cual se negó la
reliquidación de la pensión de sobrevivientes con fundamento en el Decreto 1091
de 1995 y se inaplique la expresión contenida en el literal c del artículo 165 del
Decreto 1212 de 1990, que exige acreditar como mínimo 15 años de servicios para
el reconocimiento de la pensión en un 100%.
3. A título de restablecimiento del derecho se ordene la reliquidación de la pensión
de sobrevivientes en el equivalente al 100% del sueldo básico de un cabo segundo
y las partidas computables conforme a los artículos 161 y 165 del Decreto 1212 de
1990; así como el reconocimiento de una compensación por muerte equivalente a
72 meses de los haberes correspondientes tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 87 tabla d del Decreto 094 de 1989. De otra parte, a título
de indemnización el pago doble del auxilio de cesantías por el tiempo servido por el
causante, tal como lo dispone el literal b) del artículo 165 del Decreto 1212 de 1990;
el equivalente a 200 SMLMV a título de compensación por el no pago oportuno de
salarios; $40.000.000 por concepto de gastos médicos y 300 SMLMV como
reparación del daño inmaterial. Que todas las sumas adeudadas sean actualizadas
conforme al IPC y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos ordenados por
el C.P.A.C.A.
1 Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional
2 Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995
3 Folios 18 – 75 del expediente
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00173 01 (3673-2022)
Demandante: Alba Nelly Ayala Cardona
2.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. El agente Gustavo de Jesús Rodas Ramírez prestó sus servicios a la Policía
Nacional por espacio de 12 años, 4 meses y 18 días, su deceso fue calificado en
actos especiales del servicio, razón por la cual fue ascendido al grado de cabo
segundo y a sus beneficiarios se les reconoció pensión de sobrevivientes en cuantía
del 50% del sueldo básico de un cabo segundo, 15.0% de la prima de antigüedad y
1/12 de la prima de navidad con fundamento en el Decreto 1212 de 1990, norma
vigente a la fecha en que se produjo la muerte – 2 de agosto de 2004.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
4. Citó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 3, 6, 11, 13, 22, 25, 29, 34, 42,
48, 53, 58, 217, 218, 219, 220, 221, 229 y 336 de la Constitución Política, Decreto
1212 de 1990 y el Código Contencioso Administrativo.
5. Solicitó inaplicar vía excepción de inconstitucionalidad la expresión contenida en
el artículo 161 del Decreto 1212 de 1990 “Si la incapacidad absoluta y permanente
o gran invalidez” ; y en el literal c) del artículo 165 ibidem “Si el Oficial o Suboficial
hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio”, por violar el derecho a la
igualdad de la demandante respecto a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes de que trata el artículo 161 literal c) del Decreto 1212 de 1990; en
consecuencia solicitó realizar un test severo de legalidad y/o constitucionalidad
teniendo en cuenta que se está en presencia de una “iniquidad” manifiesta dada la
diferencia que afecta el goce de derechos fundamentales.
6. La condición de desigualdad en que se encuentra la demandante también se
observa respecto de los beneficiarios de un miembro del nivel ejecutivo muerto en
combate con menos de 12 años de servicio, a quienes le asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en un 100% del sueldo básico y
partidas legalmente computables a voces de lo ordenado en el artículo 70 del
Decreto 1091 de 1995.
1.4. Contestación de la demanda4
7. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional contestó en tiempo la
demanda y se opuso a las súplicas incoadas; expuso que, con ocasión al deceso
del agente Gustavo de Jesús Rodas Ramírez fue ascendido en forma póstuma al
grado de cabo segundo, razón por la cual sus beneficiarios tenían derecho al
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes liquidada sobre el 50% del salario
del grado al cual fue ascendido, por tanto, no existe desconocimiento de derechos
prestaciones.
1.5. Sentencia de primera instancia5
8. En sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas a la parte vencida, con tal fin señaló que el fallecimiento del señor Rodas
Ramírez se calificó en actos especiales del servicio, razón por la cual se le concedió
el ascenso póstumo al grado de cabo segundo y a sus beneficiarios se les reconoció
indemnización por muerte, auxilio de cesantías y pensión de sobrevivientes. El
régimen prestacional aplicable para el reconocimiento de las prestaciones causadas
por el deceso del uniformado corresponde al Decreto 1212 de 1990 y no hay lugar
a reliquidar la pensión de sobrevivientes en los términos del artículo 70 del Decreto
1091 de 1995, pues esta norma solo se aplica al personal del nivel ejecutivo.
4 Folios 92 a 97 del expediente
5 Folios 123 a 132 del expediente
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Alba Nelly Ayala Cardona
9. En relación con la pretensión de inaplicación por inconstitucional de la frase
contenida en el artículo 161 del Decreto 1212 de 1990 “incapacidad absoluta y
permanente o gran invalidez”, aclaró que el supuesto fáctico que dio lugar al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, corresponde a la muerte del señor
Rodas Ramírez en actos especiales del servicio, por tanto no es posible modificar
o variar los supuestos de hecho para hablar de una incapacidad absoluta,
circunstancia que lleva a negar las pretensiones formuladas.
10. Además, atendiendo al tiempo del servicio del causante, a saber, 12 años, 4
meses y 18 días, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes debe efectuarse
con los presupuestos contenidos en el literal d) del artículo 165 del Decreto 1212 de
1990 que remite al artículo 144 del mismo decreto, esto es liquidar la prestación en
cuantía del 50%, por no superar 15 años de servicio.
1.6. Recurso de apelación6
11. A través de apoderada, la demandante solicitó revocar la sentencia y en su lugar
acceder a las pretensiones formuladas, con tal fin reiteró la solicitud de inaplicación
por inconstitucional de los apartes de los artículos 161 y 165 del Decreto 1212 de
1990, por ser violatorios del derecho a la igualdad, pues consagran el
reconocimiento de la pensión en un 100% solo para los casos de gran invalidez o
incapacidad absoluta descartando la muerte en actos especiales del servicio.
12. Los beneficiarios del CS (F) Gustavo de Jesús Rodas Ramírez se encuentran
es una situación de desigualdad respecto a los miembros del nivel ejecutivo a
quienes por disposición del artículo 70 del Decreto 1091 de 1995, cuando la muerte
del uniformado se produce en actos especiales del servicio, sin atención al tiempo
de servicio, a sus beneficiarios les asiste el derecho al reconocimiento de una
pensión por muerte equivalente al 100% de las partidas señaladas en el artículo 49
de ese decreto.
13. De otra parte, señaló que no es viable concluir que la categoría de suboficiales
no tiene equivalencia en el nivel ejecutivo, pues el artículo 9 del Decreto 1791 de
2000 establece que el grado de cabo segundo equivale a un subintendente, así las
cosas es desigual que a los beneficiarios de un suboficial muerto en combate con
menos de 12 años de servicio se les reconozca pensión de sobrevivientes en un
50%, mientras que para los beneficiarios de un subintendente del nivel ejecutivo con
cualquier tiempo de servicio la prestación sea equivalente al 100%.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
14. Por auto calendado el 16 de agosto de 2022, se admitió el recurso de
apelación7. No hubo intervenciones en esta instancia.
15. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
21. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
6 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 25
7 Expediente segunda instancia índice 3 de la plataforma SAMAI
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Demandante: Alba Nelly Ayala Cardona
lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.
2.2. Del problema jurídico
22. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si a la señora Alba Nelly
Ayala Cardona le asiste o no el derecho a la reliquidación de la pensión de
sobrevivientes que le fue reconocida con ocasión del deceso de su esposo Gustavo
de Jesús Rodas Ramírez, en cuantía del 100% de lo devengado en el grado al que
fue ascendido póstumamente – cabo segundo.
2.3. Normas aplicables al asunto
2.3. Sobre las prestaciones por causa de muerte reconocidas a favor de los
uniformados de la Policía Nacional
23. En primer lugar debe mencionarse que, el artículo 123 del Decreto 1213 de
199010, ordena que a la muerte de un agente de la Policía Nacional en actos
especiales del servicio debe ser ascendido en forma póstuma al grado de cabo
segundo cualquiera sea el tiempo de servicio.
24. En este sentido, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 1791 de 200011,
dentro de la carrera de suboficiales de la Policía Nacional se encuentra el grado
de cabo segundo, veamos:
«Artículo 5. Jerarquía. La jerarquía de los Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales,
Agentes y Patrulleros de Policía de la Policía Nacional, para efectos administrativos,
operacionales, de mando, régimen disciplinario, justicia penal militar y policial, además
que para todos los derechos y obligaciones consagrados en el régimen especial de
carrera de la Policía Nacional, comprende los siguientes grados:
(…)
3. Suboficiales
a) Sargento Mayor
b) Sargento Primero
c) Sargento Viceprimero
d) Sargento Segundo
e) Cabo Primero
f) Cabo Segundo»
25. Aclarado lo anterior, en relación con las prestaciones causadas por la muerte
de un oficinal o suboficial de la Policía Nacional en actos especiales del servicio, el
artículo 165 del Decreto 1212 de 199012, señala:
«Artículo 165. Muerte En Actos Especiales Del Servicio. A partir de la vigencia del
presente Estatuto, el Oficial o Suboficial de la Policía Nacional que muera en servicio
activo, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción
del enemigo bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento o restablecimiento
del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior,
cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el
orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
10 Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional.
11 por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional.
12 Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional
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cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando
como base las partidas señaladas en el artículo 140 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el
Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la
misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del
causante.
d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus
beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto, con excepción de los hermanos
tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al
cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 140 de este Decreto.
Parágrafo. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo efecto, aquellos en
que el Oficial o Suboficial se enfrente a grave e inminente peligro en defensa de la vida,
honra y bienes de las personas.»
26. Como se observa la norma es clara al señalar que a la muerte de un oficial o
suboficial en servicio activo en actos especiales del servicio, sus beneficiarios en el
orden establecido en la ley tendrían derecho entre otros al pago de una pensión
mensual liquidada y cubierta en la misma forma que la asignación de retiro.
27. Ahora bien, en punto a la asignación de retiro, el artículo 144 de la norma en
cita, establece:
«Articulo 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo
después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta,
o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad
del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por
incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados
con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por
ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por
los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año
que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento
(85%) de los haberes de actividad.
Parágrafo 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que durante la
vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de servicio, será
equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas en el artículo 140,
liquidadas en la forma prevista en este Decreto.
Parágrafo 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968
con treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro
reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada
caso para la respectiva asignación.»
26. En relación con las partidas integrantes de la asignación de retiro, el artículo 140
ibidem, señala que la liquidación de las prestaciones unitarias y periódicas
reconocidas al personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional en goce de
retiro, corresponden a: sueldo básico, prima de actividad, prima de antigüedad,
prima de oficial diplomado en Academia Superior de Policía, 1/12 de la prima de
navidad, prima de vuelo, gastos de representación, subsidio familiar, y bonificación
de los agentes del cuerpo especial.
2.4. Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
28. Se encuentra acreditado en el proceso que el señor Gustavo de Jesús Rodas
Ramírez (q.e.p.d.) ingresó a la Policía Nacional el 18 de mayo de 1992 y fue retirado
del servicio por muerte el 2 de agosto de 2004, cuando ostentaba el grado de
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00173 01 (3673-2022)
Demandante: Alba Nelly Ayala Cardona
agente13. Así mismo se conoce que con fundamento en el artículo 123 del Decreto
1213 de 1990, su muerte fue calificada en actos especiales del servicio, razón por
la cual fue ascendido en forma póstuma al grado de cabo segundo, según
Resolución 550 del 21 de febrero de 200514; en ese orden y teniendo en cuenta que
el grado de cabo segundo pertenece a la carrera de suboficiales de la Policía
Nacional, para efectos prestacionales el señor Rodas Ramírez se encuentra
cobijado por el Decreto 1212 de 1990.
29. Ahora bien, en punto al recurso de apelación, se observa que la inconformidad
de la demandante radica en el porcentaje en que le fue reconocida la pensión por
muerte, toda vez que en su sentir debió ser liquidada con el 100% de lo devengado
en el grado al cual fue ascendido póstumamente el causante.
30. Sobre el particular, está acreditado que el señor Rodas Ramírez, prestó sus
servicios en la Policía Nacional por 12 años, 4 meses y 18 días15, circunstancia que
sumada al hecho de que su muerte se calificó en actos especiales del servicio y en
consecuencia fue ascendido en forma póstuma al grado de cabo segundo, le da
derecho a sus beneficiarios al reconocimiento de una pensión por muerte
equivalente al 50% de las partidas legalmente computables, a voces de lo ordenado
en el literal c) del artículo 165 del Decreto 1212 de 1990.
31. Respecto a las prestaciones reconocidas con ocasión del fallecimiento de aquél,
se probó que el subdirector general de la Policía Nacional a través de la Resolución
00187 del 20 de abril de 2005, reconoció a favor de la señora Alba Nelly Ayala
Cardona (esposa) y Gustavo Adolfo Rodas Ayala (hijo) una pensión por muerte a
partir del 3 de agosto de 2004, así como indemnización por muerte y el auxilio de
cesantías. La liquidación de la pensión se efectuó con el 50% del sueldo básico de
un cabo segundo, el 12% de la prima de antigüedad, el 35% del subsidio familiar;
15% de la prima de actividad y la 1/12 de la prima de navidad16.
32. Se concluye entonces que, en atención al tiempo de servicio acreditado por el
causante, a sus beneficiarios se les reconoció pensión por muerte en el 50% de las
partidas legalmente computables a voces de lo ordenado en el literal c) del artículo
165 del Decreto 1212 de 1990, razón por la cual a la demandante no le asiste
derecho a la reliquidación de la pensión en un 100% de lo devengado por un cabo
segundo.
33. De otra parte y como fundamento de sus pretensiones, la parte actora solicita
inaplicar por inconstitucionales las expresiones contenidas en el artículo 161 “Si la
incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez” y en el literal c) del artículo
165 del Decreto 1212 de 1990 “Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12)
o más años de servicio”, toda vez que en su sentir imponen un trato desigual
respecto del personal que fallece en actos especiales del servicio.
34. En torno a lo anterior, sea lo primero señalar que, el funcionario judicial debe
recurrir a la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar una norma particular,
cuando de su contenido se advierta clara, evidente y notoria oposición a las
disposiciones constitucionales y legales17; en ese orden al revisar las normas que
13 Folio 100 del expediente
14 Así se extrae del contenido de la Resolución 00187 del 20 de abril de 2005, por la cual se reconoció cesantías
definitivas, indemnización y pensión a los beneficiarios del CS (F) Gustavo de Jesús Rodas Ramírez. Folios 12
a 14 del expediente
15 Folio 103 del expediente
16 Folio 12 – 14 del expediente
17 Sobre el particular se han pronunciado las sentencias C- 600 de 1988, T- 808 de 2007
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Alba Nelly Ayala Cardona
la parte actora solicita se inapliquen, se observa en primera medida que la expresión
“Si la incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez” incorporada en el artículo
161 del Decreto 1212 de 1990, corresponde a las prestaciones causadas por
incapacidad psicofísica, por tanto no es procedente que la demandante con
fundamento en una presunta vulneración a su derecho a la igualdad pretenda que
se inaplique esta expresión para en su lugar ordenar la liquidación de la pensión en
una cuantía del 100%, toda vez que la causa que dio origen a la prestación
pensional corresponde a la muerte en actos de servicio y no a la pérdida de
capacidad laboral.
35. Además y como bien lo concluyó el a quo no es posible modificar las
condiciones en que se produjo el reconocimiento pensional para ordenar su
reliquidación, más si se tiene en cuenta que la norma que pide inaplicar beneficia al
suboficial incapacitado en forma absoluta o permanente o con gran invalidez
ocurrida como consecuencia de actos meritorios del servicio en combate, como
consecuencia de la acción del enemigo o en conflicto internacional o en tareas de
mantenimiento o restablecimiento del orden público interno, lo anterior significa que
el uniformado no fallece y se reconoce a su favor el pago de una pensión de
invalidez equivalente al 100%, supuesto de hecho en el que nunca se encontró el
CS (F) Gustavo de Jesús Rodas Ramírez.
36. De otra parte, en cuanto al literal c) del artículo 165 del Decreto 1212 de 1990,
la norma señala “Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años
de servicio”, así las cosas, no es cierta la afirmación contenida en la demanda según
la cual el supuesto previsto exige el cumplimiento de 15 años de servicio para tener
derecho a la pensión por causa de muerte, además no es claro el fundamento que
soporta la inaplicación normativa, ya que a los beneficiarios del CS (F) Rodas
Ramírez la entidad a través de la Resolución 00187 del 20 de abril de 2005, les
reconoció pensión por muerte en el 50% de las partidas legalmente computables,
atendiendo a que prestó sus servicios en la Policía Nacional por más de 12 años,
es decir, se cumple el supuesto previsto en la norma para el reconocimiento
pensional.
37. De ahí que, no encuentre la Sala fundamento para inaplicar las disposiciones
alegadas por la demandante, en atención a que el reconocimiento de las
prestaciones causadas por la muerte del CS (F) Gustavo de Jesús Rodas Ramírez
se efectuó con fundamento en el Decreto 1212 de 1990, norma vigente a la fecha
en que se produjo su deceso – 2 de agosto de 2004.
38. Asimismo, en la demanda se cuestiona que con fundamento en el artículo 70
del Decreto 1091 de 1995, a los beneficiarios de los miembros del nivel ejecutivo se
les reconoce una pensión por muerte equivalente al 100% sin considerar el tiempo
de servicio. Sobre el particular se aclara que el señor Gustavo de Jesús Rodas
Ramírez (q.e.p.d.) nunca perteneció a la carrera del nivel ejecutivo en la Policía
Nacional, su muerte se produjo cuando ostentaba el grado de agente y fue
ascendido en forma póstuma al grado de cabo segundo, razón por la cual, resulta
improcedente analizar la reliquidación de la mesada pensional con fundamento en
una disposición que no le es aplicable.
39. Además, en el expediente no obra prueba de que en vida el señor Rodas
Ramírez hubiera adelantado alguna gestión con el fin de homologarse a la carrera
del nivel ejecutivo, se itera su muerte se produjo cuando ostentaba el grado de
agente reglado por el Decreto 1213 de 1990 y fue ascendido póstumamente al grado
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Radicado: 76001 23 33 000 2017 00173 01 (3673-2022)
Demandante: Alba Nelly Ayala Cardona
de cabo segundo, esto es suboficiales de la Policía Nacional regulado por el Decreto
1212 de 1990.
40. Sumado a lo dicho, respecto al derecho a la igualdad en regímenes especiales,
la Corte Constitucional18 ha precisó su alcance así:
«(…) 3.1 El derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución, se
traduce en la identidad de trato que debe darse a aquellas personas que se encuentren
en una misma situación de igualdad y en la divergencia de trato respecto de las que
presenten características diferentes. El legislador debe tratar con identidad a las
personas que se encuentren en una misma situación fáctica y dar un trato divergente a
quienes se encuentren en situaciones diversas.
No obstante, el anterior enunciado puede presentar variables que por sí mismas no
hacen que una norma sea discriminatoria. Así, el legislador puede dar un trato distinto a
personas que, respecto de un cierto factor, se encuentren en un mismo plano de
igualdad, pero que desde otra óptica fáctica o jurídica, sean en realidad desiguales. Así
mismo, la igualdad no excluye la posibilidad de que se procure un tratamiento diferente
para sujetos y hechos que se encuentren cobijados bajo una misma hipótesis, pero
siempre y cuando exista una razón objetiva, suficiente y clara que lo justifique.
De este modo, no existe trato discriminatorio cuando el legislador otorga un tratamiento
diferente a situaciones que, en principio, podrían ser catalogadas como iguales, si tal
igualdad sólo es aparente o si existe una razón objetiva y razonable que justifique el trato
divergente. De la misma manera, nada se opone a que el legislador prodigue un
tratamiento idéntico a situaciones aparentemente distintas, pero que respecto de cierto
factor, se encuentren en un mismo plano de igualdad.
Para que se verifique un trato discriminatorio es necesario que esa diferenciación
plasmada por el legislador sea odiosa y no responda a principios de razonabilidad y
proporcionalidad.»
41. Se concluye entonces que no basta con que se alegue vulneración al derecho
a la igualdad, sino que se debe verificar un trato discriminatorio que no responda a
los principios de racionabilidad y proporcionalidad; además se debe tener en cuenta
que el legislador previo a la expedición de la ley realiza un estudio objetivo para
determinar el régimen salarial y prestacional aplicable a cada servidor, atendiendo
a las funciones y responsabilidades que tiene al interior de la entidad.
42. De modo que, no existe vulneración al principio constitucional de igualdad,
puesto que el acto demandado se ciñó a lo dispuesto en la norma aplicable al
causante, esto es el Decreto 1212 de 1990, además no existe un trato diferente
injustificado, teniendo en cuenta que el señor Roda Ramírez se desempeñó como
agente en la Policía Nacional, con ocasión a su deceso fue ascendido al grado de
suboficial cabo segundo, en ese orden a sus beneficiarios les asiste derecho al
reconocimiento de las prestaciones previstas para este último grado, siendo
improcedente acudir a disposiciones que regulan la pérdida de capacidad laboral y
menos aún a otro régimen del cual nunca fue beneficiario.
2.5. Conclusión
43. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.
18 Corte Constitucional, C-229 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00173 01 (3673-2022)
Demandante: Alba Nelly Ayala Cardona
2.6. Condena en costas en segunda instancia
44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
47. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto no
prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 17 de septiembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, en atención a lo dispuesto en esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte
demandante, conforme lo indicado en la parte motiva.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 000 2017 00173 01 (3673-2022)
Demandante: Alba Nelly Ayala Cardona
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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