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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00221-01

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00221-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 15 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Mauricio Grijalba Delgado contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho, impuesta a la parte demandante. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-00221-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

17 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
Demandante : Mauricio Grijalba Delgado
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Tema : Sustitución de pensión gracia en compañero permanente
del mismo sexo

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 15 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro
del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 13 a 20, 71 a 831 y 168 a 1692). El señor Mauricio
Grijalba Delgado, por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que se acojan
las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución RDP 31077 de 10 de
julio de 2013, por la que la entidad demandada le negó al accionante «[…] el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente […]» (sic), con ocasión
de la muerte del señor Antonio Efrén Mera Paz (q. e. p. d.).

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la accionada (i) sustituir en él la pensión gracia del citado señor, en su
condición de compañero permanente supérstite, «[…] a partir del 2 de enero de
2013, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley 100

1
Escrito de subsanación.
2
Reforma de la demanda.

Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Grijalba Delgado contra la UGPP

de 1993»; (ii) indexar las sumas adeudadas y (iii) sufragar intereses moratorios.
Por último, se le condene en costas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que vivió con el señor
Antonio Efrén Mera Paz (q. e. p. d.) «[…] desde el […] 5 de abril de 2004
has[ta] el […] (29) de enero de 2013, fecha en que murió […]» (sic), relación
de la que «[…] decidieron voluntariamente, declarar la existencia de la unión
marital de hecho entre compañeros permanentes del mismo sexo […] recogida
en la Escritura Publica No. 315 del 9 de Febrero de 2012, corrida en la Notaria
23 del Círculo de Cali […]» (sic).

Que el 14 de mayo de 2013 deprecó de la demandada «[…] la pensión de
sobreviviente a que tiene derecho de cara a lo dispuesto en los Artículos 47 y
74 de la Ley 100 de 1993» (sic), negada con Resolución RDP 31077 de 10 de
julio de 2013, «[…] bajo el equivocado argumento de que no hay claridad sobre
la convivencia del causante como compañero permanente del beneficiario
durante los 5 años anteriores a su muerte» (sic).

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto censurado los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 29, 48 y 53 de la
Constitución Política; 46 a 48 y 74 de la Ley 100 de 1993 y 13 de la Ley 797 de
2003.

Arguye que él y su pareja «[…] cumpli[eron] con las exigencias previstas en la
sentencia c-0336 de 2008 [de la Corte Constitucional], a fin de acreditar la
calidad de beneficiarios a la pensión de sobreviviente, dada su calidad de
pareja homosexual. Además de lo anterior, obran declaraciones extrajuicio,
rendidas ante Notario Público, que certifican la convivencia […], por lo que,
los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, se cumplen a
cabalidad» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 162 a 167). La entidad accionada, por
conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda; respecto de los hechos afirma que unos son ciertos y otros no
constituyen situaciones fácticas. Asimismo, propuso las excepciones
denominadas inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, ausencia de
vicios en el acto administrativo enjuiciado y prescripción.

Dice que el interesado «[…] no acredito [sic] el requisito de la convivencia
2

Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Grijalba Delgado contra la UGPP

efectiva […] en los últimos años de vida del causante, por cuanto se estaría
contrariando así el precepto de la unidad familiar, en consecuencia, […] no es
posible determinar con certeza la existencia del requisito legal de convivencia
continua e ininterrumpida, compartiendo techo, lecho y mesa con el causante
durante los 5 años anteriores a su fallecimiento».

1.6 La providencia apelada (ff. 224 a 236). El Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante sentencia de 15 de agosto de 2019, negó las
pretensiones de la demanda (con condena en costas), al considerar que los
medios de convicción recaudados no evidencian la convivencia real y efectiva
entre el actor y el finado señor Antonio Efrén Mera Paz, toda vez que, de
acuerdo con lo informado en sede administrativa por la señora Fabiola Mera
Paz, hermana de este, «[…] desde el año 2007, fecha para la cual tenía 75 años
de edad, convivió en la casa de [ella] junto con su familia, hasta el día en […]
que […] falleció, pues debido a las diferentes patologías que [lo] aquejaban
[…] era necesario que alguien estuviera pendiente de él», lo que desdibuja el
contenido de la escritura pública 315 de 9 de enero 2012 y las declaraciones
extrajuicio aportadas con la demanda, «[…] pues en esos documentos se dijo
que el señor Mauricio Grijalba Delgado de 33 años de edad y el señor Antonio
Efrén Mera Paz de 82 años de edad convivieron alrededor de ocho años, sin
embargo, en el expediente no obra alguna otra prueba que respalde la
afirmación realizada por el demandante y que, a su vez, deje sin fundamento la
declaración rendida por la señora Fabiola Mera Paz […]» (sic).

Agrega que (i) «[…] si bien la diferencia de edades no es una prueba que, por
sí sola, desvirtué [sic] la posible convivencia real y efectiva […], sí es un indicio
que respalda lo afirmado por la señora Fabiola Mera Paz, es decir, que [entre]
el demandante y Antonio Mera Paz no existió una verdadera convivencia por
lo menos durante los último[s] cinco años de vida del causante, pues estos años
en los que el señor Mera Paz estuvo enfermo y perseguido por el peso de los
años, este vivió en casa junto con su hermana y familia. Del demandante solo
se dice que era el chofer»; y (ii) las declaraciones extraprocesales «[…] no
reflejan detalles de la presunta convivencia [y] […] no dijeron nada respecto
de por qué conocieron de los hechos ni de cómo era esa convivencia al interior
del hogar de la pareja o como se mostraban ante sus familiares y amigos,
circunstancias especificas y a la vez determinantes para el reconocimiento de
una sustitución pensional […]» (sic).

3

Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Grijalba Delgado contra la UGPP

1.7 El recurso de apelación (ff. 221 a 229). Inconforme con el anterior fallo,
el accionante interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo no efectuó
un análisis adecuado de las pruebas adosadas a las presentes diligencias, puesto
que «No es compresible que […] no valore […] la manifestación voluntaria e
inequívoca de cuatro personas, el causante Antonio Efren Mera Paz q.e.p.d., el
demandante […], el testigo Jalder Sneider Cabrera Escobar y […] Cristhian
Daniel Moreno Córdoba, sobre la manifestación de una sola persona, que no
admitió que su hermano recién fallecido era un homosexual que sostuvo una
relación de compañeros permanentes del mismo sexo hasta el día de su muerte»
(sic), además de «La declaración de la unión marital de hecho recogida en la
Escritura Publica Número 315 del 9 de febrero [d]e 2012, [que] cumple con
todas las exigencias legales ordenadas en la Ley 915 de 2005 […]» (sic), sin
que la normativa impida acceder al derecho reclamado por la diferencia de edad
que pudiera existir entre los integrantes de una pareja.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con auto de 11 de diciembre de 2019 (f.
231) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 30 de noviembre
de 2021 (f. 237), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 7 de marzo de 2022 (f. 239), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por la
parte demandada para pedir que se confirme la providencia impugnada, de
conformidad con los argumentos consignados en el escrito de contestación3.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada Samai.
4

Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Grijalba Delgado contra la UGPP

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación4, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste o no razón
jurídica para reclamar de la entidad accionada, en condición de compañero
permanente supérstite del señor Antonio Efrén Mera Paz (q. e. p. d.), la
sustitución de su pensión gracia; o si, por el contrario, al no demostrar la efectiva
convivencia dentro de los cinco (5) años anteriores a su muerte, carece de tal
derecho, como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco conceptual. En punto a la resolución del problema jurídico
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta respecto del caso concreto.

Como bien lo ha dicho esta subsección5, la muerte constituye una contingencia
del sistema de seguridad social, pues al desaparecer en forma definitiva la
persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre el riesgo de
que sus integrantes queden desamparados y en peligro para poder subsistir. Por
ello, se concibió la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes, con el
fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de vida de los
beneficiarios de esta prestación, la primera de ellas, concedida con ocasión del
fallecimiento de un pensionado o de una persona que ya había adquirido
legalmente el estatus, pero que no se le había reconocido formalmente, y la
segunda otorgada en virtud de un afiliado no pensionado, cuyo deceso se
presenta antes de cumplir las condiciones para acceder a la pensión.

Ahora bien, aunque la normativa atinente a la pensión gracia no regula lo
relacionado con la sustitución, el consejero ponente ha sido del criterio de que,
en concordancia con el artículo 2796 de la Ley 100 de 1993, no resultaría

4
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
5
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
6
«EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por
la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de
educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida».
5

Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Grijalba Delgado contra la UGPP

aplicable a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, ese ordenamiento jurídico (Ley
100), motivo por el cual dicho personal debería regirse por lo previsto en la Ley
71 de 1988 y el Decreto 1160 de 19897, normas que, por demás, resultan más
favorables que las establecidas en el sistema de seguridad social integral8,
posición que, incluso, coincide con la acogida de manera reciente por la Corte
Constitucional, de acuerdo con la cual «[…] el compendio normativo que
consagra quiénes son beneficiarios para la sustitución de la pensión gracia es
la Ley 71 de 1988 […]», pues «[…] se trata de “un derecho de carácter especial
que tiene vida propia o autonomía frente al régimen pensional ordinario, por
su condición de derecho adquirido concedido por el legislador y con el rango
de protección constitucional. Por tanto, su reconocimiento es directo e
independiente de cualquier otra situación ordinaria”9»10 (se destaca).

Sin embargo, la sección segunda del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación SUJ-029-CE-S2 de 2022 de 11 de agosto de 202211, al analizar los
requisitos que debe colmar el compañero o compañera permanente o cónyuge
supérstite que pretende que se sustituya en él o ella la pensión gracia de su
pareja, fijó la siguiente regla:

La norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el cónyuge
supérstite o el compañero permanente en materia de sustitución de
pensión gracia es la vigente para la fecha del deceso del causante, en
armonía con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, que remite
a las leyes del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de los
derechos adquiridos bajo normas anteriores. En el caso de estar vigente
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge o al compañero acreditar no menos
de 5 años de convivencia con el docente o el pensionado.

Lo anotado, al precisar, entre otros aspectos, que «[…] al ocurrir la muerte del
docente o del pensionado se habilita a los beneficiarios para reclamar la
sustitución de la pensión gracia, pues como ya se dijo, la pensión gracia es
7
Criterio adoptado, entre otras, en sentencias de (i) 31 de octubre de 2018, expediente 23001-23-33-000-2013-
00007-01 (1576-2014); y (ii) 11 de marzo, radicación 73001-23-33-000-2014-00299-01 (3877-2015); (iii) 15
de abril, expediente 68001-23-33-000-2015-00423-01 (276-2019); y (iv) 9 de septiembre de 2021, expediente
52001-23-33-000-2018-00311-01 (319-2020), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
8
Recuérdese que, conforme al artículo 288 de la Ley 100 de 1993, esta se aplica al empleado público cuando
se «estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores», y en lo concerniente a la sustitución
de la pensión gracia, la Ley 71 de 1988 resulta más benéfica, lo que implica que debe gobernar dicho tema.
9
Sentencia T-779 de 2014.
10
Fallo T-136 de 2019, M. P. José Fernando Reyes Cuartas
11
Expediente 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017), actora: Roby Rosy Ramos Reyes, accionada:
UGPP.
6

Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Grijalba Delgado contra la UGPP

sustituible conforme las normas generales en materia pensional, lo que obliga
a remitirse a los preceptos vigentes para la fecha del fallecimiento.
Razonamiento que excluye la aplicación de la Ley 71 de 1988 y el artículo 7 del
Decreto 1160 de 1989, si el deceso acontece en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Máxime cuando en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005 los requisitos
para adquirir la pensión de sobrevivencia serán los establecidos por el Sistema
General de Pensiones», normativa orientada a proteger a «[…] la pareja que
decide conformar con ánimo de permanencia un proyecto de vida en común en
términos económicos y afectivos para afrontar las dificultades de vida. Y, que
el requisito de convivencia pretende una finalidad legítima consistente en evitar
uniones de último minuto para defraudar al sistema. De igual manera es un
mecanismo de protección del núcleo familiar del fallecido para así evitar las
reclamaciones ilegítimas de personas ajenas, dadas las dificultades
económicas a las que puede verse avocado debido a su muerte».

Así las cosas, si bien el consejero ponente se apartó de la aludida providencia
con fundamento en los argumentos expuestos en líneas anteriores y en el
respectivo salvamento de voto12, la aplicará en el presente asunto, de
conformidad con (i) el artículo 10 del CPACA, según el cual las autoridades,
«Al resolver los asuntos de su competencia, […] aplicarán las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones
que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos[, y] deberán tener en
cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en
las que se interpreten y apliquen dichas normas»; y (ii) el ordinal segundo de
la parte decisoria del mencionado fallo de 11 de agosto de la presente anualidad,
en el que se advirtió que «[…] constituye […] precedente obligatorio […] para
todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial».

12
«[…] En varios apartes de la sentencia se reconoce, de manera recurrente, que la pensión gracia es de
naturaleza especial; no obstante, se afirma que la sustitución debe regularse por las normas generales de la
Ley 100 de 1993, lo que contradice dicho carácter especial.
[…]
Empero, así como esta Corporación admite la sustitución de la pensión gracia por vía interpretativa, por ser
una prestación de rango especial, resulta pertinente aplicar entonces la Ley 71 de 1988 y el artículo 12 del
Decreto reglamentario 1160 de 1989, como normativa favorable, para guardar coherencia con la
hermenéutica jurídica esgrimida sobre la materia.
[…]
Además, la sostenibilidad fiscal no debe convertirse en obstáculo para sustituir la pensión gracia, en razón a
que, como se sabe, la prestación no quedó sometida al sistema de aportes, de ahí la «gracia». El mismo Acto
legislativo 3 de 2011 consagra que «bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza
administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos
fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva»».
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Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Grijalba Delgado contra la UGPP

Dilucidado lo anterior, se tiene que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, vigente para la fecha de
fallecimiento del señor Mera Paz (2 de enero de 2013), preceptuó como
beneficiario, de primer orden, de la pensión de sobrevivientes, al cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite y los requerimientos que se
deben acreditar para tener derecho al beneficio prestacional:

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha
del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de
que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte
y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con
este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá
una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá
cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo
de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o
compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya
sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;
[…].

8

Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
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Mauricio Grijalba Delgado contra la UGPP

De la citada normativa, en lo que concierne al sub lite, se tiene que la compañera
o compañero permanente supérstite interesado en la pensión de sobrevivientes
o sustitución pensional, en forma vitalicia, deberá acreditar que a la fecha del
fallecimiento del causante tenía treinta (30) o más años de edad, e hizo vida
marital hasta su muerte, cuya convivencia no podrá ser inferior a cinco (5) años
continuos anteriores al deceso.

Sin perjuicio de lo anterior, recuérdese que las expresiones «compañera o
compañero permanente», anotadas en cursiva en el aludido artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, en
sentencia C-336 de 200813, «[…] en el entendido que también son beneficiarias
de la pensión de sobrevivientes las parejas permanentes del mismo sexo cuya
condición sea acreditada en los términos señalados en la sentencia C-521 de
2007 para las parejas heterosexuales», puesto que «[…] no aparece
justificación alguna que autorice un trato discriminatorio en virtud del cual las
personas que conforman parejas homosexuales no puedan acceder a la pensión
de sobrevivientes en las mismas condiciones que lo hacen quienes integran
parejas heterosexuales».

Por consiguiente, las referidas exigencias legales, para acceder a la pensión de
sobrevivientes o a la sustitución pensional, se hacen extensivas a las parejas
(compañeros o compañeras permanentes) del mismo sexo, quienes cuentan con
iguales derechos que las heterosexuales, por cuanto no existe justificación
constitucional o legal en el ordenamiento jurídico que avale el trato diferenciado
hacia las personas que, por ejercer su libre desarrollo de la personalidad y la
libertad de opción sexual, se decidan por conformar una relación homosexual14.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

13
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
14
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, consejero ponente:
Gabriel Valbuena Hernández, fallo de 18 de junio de 2020, radicación 54001-23-33-000-2017-00168-01 (6177-
18).
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Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Grijalba Delgado contra la UGPP

a) Cédulas de ciudadanía del actor y del señor Antonio Efrén Mera Paz, en las
que consta que nacieron el 29 de junio de 1979 y 13 de junio de 1932, en su
orden (ff. 4 y 5).

b) Resolución 8790 de 14 de octubre de 1988, por la que la entonces Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal) le reconoció pensión gracia al señor
Mera Paz desde el 2 de octubre de 1986 (fecha de adquisición del estatus
pensional), en atención a lo establecido en las Leyes 114 de 1913 y 62 de 1985,
reajustada a través de Resolución 3793 de 16 de junio de 199215.

c) Escritura pública 315 de 9 de febrero de 2012 otorgada en la Notaría 23 del
Círculo de Cali (Valle del Cauca), por medio de la cual los señores Mera Paz y
Grijalba Delgado expresaron que «[...] desde el Cinco (05) de Abril de 2.004,
[…] iniciaron una unión marital de hecho, de manera continua e
ininterrumpida, en forma libre y espontánea, con el fin de vivir juntos,
compartiendo techo, mesa y lecho, socorrerse y auxiliarse mutuamente […], no
han contraído matrimonio ni por el rito Católico, civil ni por cualquier otro,
por lo tanto no hay ningún impedimento legal […]» (sic; ff. 8 y 9).

d) Registro civil de defunción 7045484, que da cuenta de que el señor Mera Paz
falleció el 2 de enero de 2013 (f. 12).

e) Declaración juramentada rendida por los señores Jáider Esnéider Cabrera
Escobar y Cristian Daniel Moreno Córdoba, en la que afirman que conocieron
«[…] de vista, trato y comunicación directa por un espacio de siete (07) y ocho
(08) años respectivamente al señor MAURICIO GRIJALBA DELGADO, [...]
por el conocimiento que de el tenemos sabemos y nos consta que convivía en
unión marital de hecho […] con el señor ANTONIO EFREN MERA PAZ
(Q.E.P.D.), [...] que convivieron bajo el mismo techo, lecho y mesa de manera
continua e ininterrumpida hasta la fecha de su fallecimiento, […] el día 02
de enero del año 2013 […]» (sic; ff. 10 y 11).

f) Resolución RDP 31077 de 10 de julio de 2013, por cuyo conducto la
demandada niega la «pensión de sobrevivientes» reclamada por el accionante el
14 de mayo de la misma anualidad, al observar que «[…] obra en el expediente
administrativo declaración rendida por FABIOLA MERA PAZ […] hermana
del causante, quien manifestó: Mi hermano mientras estuvo activo permanecía

15
Archivos 19 y 30 del expediente administrativo, contenidos en disco compacto obrante en el folio 161.
10

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Mauricio Grijalba Delgado contra la UGPP

en la casa cura[l] y cuando completó los 75 años de edad, es decir en el año
2007 en que se retiró de [l]a Parroquia San Pascual Bailón, por retiro forzoso,
pasó a vivir de planta a nuestra casa ubicada en la carrera 39 No. 98-38 de la
cual nunca estuvo totalmente ausente, donde tenía su alcoba, en el segundo
piso, con él compartíamos la vida familiar como cualquier familia en las buenas
y las malas. Era un paciente diabético – hipertenso y sufría en los últimos meses
del corazón. El día de su fallecimiento a las 3:00 pm sintió mareo – decaimiento
y dolor en el pecho, por estos síntomas mi sobrina Patricia y el chofer Mauricio
Grijalba lo llevaron a la Nueva EPS […] pero a las 3:00 am llamaron para que
fuéramos y cuando llegamos nos dijeron que había fallecido a causa de un paro
respiratorio y que infarto cardiaco. El señor Mauricio Grijalba trabajó con mi
hermano durante nueve meses en la parroquia de San Pascual Bailón y después
hasta que falleció» (sic). Por lo anterior, concluyó que «[…] no hay claridad
sobre si el interesado convivi[ó] con el causante como compañero permanente
durante los últimos 5 años de vida de este […]» (sic), cuanto más si no el
interesado «[…] NO ALLEG[ó] DECLARACIONES DE TERCEROS, en las que
se haga referencia a su conviviencia con el causante» (sic; ff. 6 a 7 vuelto).

g) Expedientes administrativos del causante y del actor, el primero contiene el
trámite de reconocimiento de pensión gracia y el segundo, la solicitud de
sustitución de esta en el accionante (CD obrante en el folio 161).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) los señores
Antonio Efrén Mera Paz (q. e. p. d.) y Mauricio Grijalba Delgado nacieron el
13 de junio de 1932 y el 29 de junio de 1979, respectivamente; (ii) la entonces
Cajanal le reconoció al primero de ellos pensión gracia a partir del 2 de octubre
de 1986; (iii) el 9 de febrero de 2012, en la Notaría 23 del Círculo de Cali, los
citados señores aceptaron conformar una unión marital de hecho entre
compañeros permanentes del mismo sexo desde el 5 de abril de 2004; (iv) el
señor Mera Paz murió el 2 de enero de 2013 y (v) el 14 de mayo siguiente el
demandante reclamó «pensión de sobrevivientes», en su condición de
compañero permanente de aquel, negada por medio de Resolución RDP 31077
de 10 de julio de la misma anualidad (cuestionado), porque la hermana del
causante, la señora Fabiola Mera Paz, afirmó que cuando él cumplió 75 años de
edad, esto es, en 2007, se fue a vivir con ella y su familia hasta el día de su
muerte, al paso que reconoce al actor como el chofer, quien incluso acompañó
a su sobrina a llevar al señor Antonio Efrén al centro hospitalario antes de
fallecer.

11

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En el asunto sub examine, el accionante alega que el a quo no valoró los medios
de convicción adosados a las presentes diligencias, esto es, la declaración de
unión marital de hecho suscrita por él y el fallecido pensionado y las
extrajudiciales rendidas por los señores Jáider Esnéider Cabrera Escobar y
Cristian Daniel Moreno Córdoba, los que, a su juicio, no dejan duda de la
convivencia y apoyo mutuo que por casi nueve (9) años sostuvo con su pareja.

Por tanto, el debate es eminentemente probatorio, puesto que lo trascendente
para desatar este litigio es demostrar la convivencia del actor con el causante de
la pensión gracia.

Sea lo primero recordar que la Ley 54 de 28 de diciembre de 1990, «Por la cual
se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre
compañeros permanentes», modificada por la 979 de julio de 200516, sobre esa
unión preceptuó:

Artículo 1o. A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los
efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un
hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida
permanente y singular.

Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y
compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la
unión marital de hecho.

Artículo 2o. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros
permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los
siguientes casos:

a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a
dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para
contraer matrimonio;
b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a
dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno
o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o
sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por
lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de
hecho.
[…]

16
«Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establecen unos mecanismos ágiles
para demostrar la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes».
12

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Artículo 4o. La existencia de la unión marital de hecho entre
compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes
mecanismos:

1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los
compañeros permanentes.

2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en
centro legalmente constituido.

3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba
consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de
los Jueces de Familia de Primera Instancia.

[…].

De acuerdo con lo anotado, la unión marital de hecho genera efectos de orden
social y patrimonial; el primero, en la medida en que es un medio para constituir
una familia (como el matrimonio), y el segundo referente al vínculo económico
que se crea como consecuencia de dicha unión.

No obstante, a pesar de que las relaciones que surgen entre una pareja que
decide de manera voluntaria conformar un grupo familiar y una sociedad
patrimonial, es decir, «[…] el trabajo y la contribución de [sus] miembros […]
a la generación, mantenimiento y aumento de bienes conjuntos»17, con fines
pensionales y, particularmente, de la sustitución o pensión de sobrevivientes,
debe estar acompañada de otro factor determinante y obligatorio, esto es, la
convivencia efectiva de sus integrantes.

En efecto, conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, trascrito en el acápite
precedente, la pensión de sobrevivientes (o sustitución pensional, según el caso)
puede ser reconocida «En forma vitalicia, [a]l cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite», siempre que «[…] acredit[e] que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con
el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte»
(se destaca).

En otras palabras, la conformación de la unión marital de hecho no significa,
por sí sola, que el interesado esté habilitado de manera directa para obtener la
sustitución en él de la pensión que devengaba en vida su fallecido compañero

17
Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13

Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
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(o compañera)18, salvo que demuestre circunstancias extraordinarias que hayan
impedido que estuvieran juntos bajo el mismo techo, como de salud, trabajo o
fuerza mayor, por cuanto la comunidad de vida no desaparece si se mantienen
vigentes los lazos afectivos, sentimentales, de apoyo, solidaridad,
acompañamiento espiritual y ayuda mutua19.

En tal virtud, corresponde a la Sala determinar si las pruebas adosadas, que el
accionante pregona no fueron debidamente analizadas en el fallo impugnado,
demuestran su convivencia con el finado señor Antonio Efrén Mera Paz, por lo
menos durante los cinco (5) años previos a la muerte de este.

En lo atinente a la declaración de la existencia de la unión libre entre
compañeros permanentes del mismo sexo, esta subsección reitera que no resulta
suficiente para generar la convicción necesaria de que en efecto durante el
quinquenio anterior al deceso del finado señor Mera Paz compartieron juntos
en un hogar fundado en el auxilio y apoyo recíprocos.

Asimismo, el recurrente reprocha la posición del Tribunal de primera instancia
que desestimó las declaraciones rendidas por los señores Cabrera Escobar y
Moreno Córdoba, allegadas a la presentes diligencias; empero, como aquel lo
coligió, ciertamente devienen insuficientes, comoquiera que no detallan las
razones por las que les constaba que la pareja «convivi[ó] bajo el mismo techo,
lecho y mesa de manera continua e ininterrumpida», que en ella se haya
forjado el apoyo y acompañamiento mutuo que debían existir para que la
convivencia se diera conforme a los indispensables lazos de solidaridad que la
caracterizan o la existencia de actividades que hubieran emprendido como
familia, más allá de conocer el contenido de la escritura pública 315 de 9 de
febrero de 2012 otorgada en la Notaría 23 del Círculo de Cali. Por consiguiente,
constituye una aseveración general que no se puede corroborar con otros medios
de convicción y, en esa medida, no es dable utilizarla para soportar las
pretensiones del demandante.

Por otra parte, el actor trascribe apartes de la sentencia T-247 de 201620 de la
Corte Constitucional, para alegar que los medios de convicción que aportó son
suficientes para acceder a las súplicas aquí invocadas; sin embargo, además de
18
Al respecto, puede consultarse fallo de 21 de enero de 2021, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección A, radicación: 73001-23-33-000-2015-00165-01 (5095-2018).
19
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 11 de
abril de 2018, expediente 25000-23-42-000-2012-01702-01 (1646-17).
20
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
14

Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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que esa providencia no atañe a una controversia en materia pensional, esa
Colegiatura concluyó que «[…] para demostrar la existencia de la unión
marital de hecho, en orden a lograr consecuencias jurídicas distintas a la
declaración de los efectos económicos de la sociedad patrimonial, se puede
acudir a cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el
ordenamiento procesal como lo son los testimonios o las declaraciones
juramentadas ante notario […]. De allí que, exigir determinadas solemnidades
para tales efectos, desconoce el principio de libertad probatoria que rige en la
materia […]», es decir, que la discusión en sede de tutela no estaba orientada a
determinar la convivencia de una pareja, sino a establecer los elementos
probatorios necesarios para acreditar la unión marital de hecho, que en el asunto
sub examine, como se dijo con antelación, fue declarada mediante escritura
pública, en los términos de la Ley 54 de 1990.

Frente al fallo SL1366-2019 de 6 de marzo de 201921 de la Corte Suprema de
Justicia (sala laboral), que el accionante también cita en el recurso, amén de que
no constituye precedente obligatorio para esta Colegiatura, en todo caso
coincide con el criterio de la subsección, cuando precisa que «[…] la
convivencia establecida de manera responsable con miras a integrar una
familia […] existe […] cuando entre los miembros de la pareja estén presentes
el “acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en
común, entendida ésta, aún en estados de separación impuesta por la fuerza
de las circunstancias, […] lo que implica necesariamente una vocación de
convivencia” (CSJ SL, 5 may. 2005, rad. 22560) […]» (negrillas del texto
original), requisito indispensable para conceder una «pensión de
sobrevivientes».

De igual modo, no resulta acertado aducir que se le otorgó mayor credibilidad
a la declaración de la hermana del finado señor Mera Paz en sede administrativa,
máxime cuando el demandante, quien contó con casi cinco (5) años para afinar
las pruebas necesarias para generar certeza de los supuestos fácticos
planteados22, no aportó otras adicionales para demostrar, por ejemplo, que ella
estaba en desacuerdo con la eventual unión que tenía con su pariente, existía
alguna animosidad o que su vínculo no estaba supeditado a su labor como
conductor del causante, sino que se limitó a reiterar e insistir en la validez de
21
Expediente 60491, M. P. Gerardo Botero Zuluaga.
22
Si se tiene en cuenta que entre la presentación de la demanda, inicialmente ante el Juzgado Quinto Laboral
del Circuito de Cali (25 de abril de 2014; f. 20), que posteriormente lo remitió por competencia a esta
jurisdicción, y la celebración de la audiencia inicial (22 de mayo de 2019; ff. 192 a 193 vuelto) trascurrieron
cinco (5) años.
15

Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
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las adosadas con el escrito inicial, cuando es evidente que con una vida común
de más de ocho (8) años, debía contar con otros documentos o comprobantes
que dieran cuenta de su convivencia efectiva.

En este orden de ideas, como lo concluyó el a quo, en el asunto sub judice no
existen evidencias contundentes en cuanto a que el actor convivió con el
fallecido bajo una relación caracterizada por la dependencia, el apoyo,
acompañamiento y cuidado mutuo, requisito sine qua non para acceder a la
prestación que se reclama.

Por último, dado que el demandante en el recurso de apelación solicita se
revoque en su integridad el fallo impugnado, incluida la condena en costas, la
Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo dispuesto en
el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por remisión expresa del
artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la
temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión
con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera
inexorable la imposición de tal condena. En este sentido, se pronunció esta
Corporación, en sentencia de 1º de diciembre de 201623, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
23
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
16

Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
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costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por consiguiente, se considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, análisis que, se
reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte
demandante, se revocará la condena en costas.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas, que incluye las
agencias en derecho, impuesta al actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

17

Expediente: 76001-23-33-000-2017-00221-01 (2039-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Grijalba Delgado contra la UGPP

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 15 de agosto de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda incoada por el señor Mauricio Grijalba Delgado contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho,
impuesta a la parte demandante.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

18

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