Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00367-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00367-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-00367-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., veinticinco (25) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00367-01 (0877-2025)
Demandante: María Cecilia Agudelo y Gladys Ayala Vélez
Demandadas: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social UGPP
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sustitución pensional
Decisión: Sentencia de segunda instancia
1. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante señora
Gladys Ayala Vélez y la entidad demandada, contra la sentencia del once (11) de diciembre
de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1,
que accedió parcialmente a las pretensiones de las demandas2.
I. Antecedentes3
1.1 La demanda de María Cecilia Agudelo
1.1.2 Pretensiones4
1
El ponente en el tribunal fue el doctor Oscar Valero, circunstancia que inicialmente conllevó a que el Dr. Portocarrero se declarara impedido,
dado el parentesco civil que lo une con él, pero la Sala negó dicho impedimento.
2
Es preciso señalar que el proceso de la referencia fue inicialmente instaurado por la señora María Cecilia Agudelo, y acumulado por
esa Corporación con el propuesto por la señora Ayala Vélez, el cual se identificó con la radicación No. 08001-31-05-005-2013-00415-00
(proveniente del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla). Lo anterior, a través del auto No. 406 del 21 de noviembre de
2018. (folio 694 – 696 del expediente digital cuaderno No. 2), índice 46 del expediente digital del tribunal de origen, anexo 12, enlace
OneDrive.
3
Véase en el expediente digital del aplicativo samai, tanto en el del tribunal de origen como en el trámite de segunda instancia. Para tal
efecto, entiéndase las siglas CE (Consejo de Estado) y TA (Tribunal Administrativo), para hallar la cita.
4
TA, índice 46, anexo 12, enlace OneDrive, cuaderno No. 2, págs. 580 – 581.
2
Número interno: 0877-2025
Demandante: María Cecilia Agudelo y otra
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
2. María Cecilia Agudelo acudió a esta jurisdicción a través del medio de control consagrado
en el artículo 138 del CPACA, a fin de obtener la declaratoria de nulidad de la resolución
No. 13667 de 2004, proferida por la extinta Cajanal, y, a título de restablecimiento del
derecho, el reconocimiento y pago de la sustitución pensional en su favor, en calidad de
compañera permanente del señor Héctor Camacho Herrera (q.e.p.d.), con efectos a partir
del 21 de diciembre de 2002.
3. Solicitó, además, el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de
1993 sobre las mesadas causadas y no pagadas desde esa misma fecha y la condena en
costas y agencias en derecho.
1.1.3 Hechos relevantes5
4. En el libelo se adujo que, la demandante convivió con el señor Camacho Herrera
(q.e.p.d.) durante 27 años, hasta su fallecimiento el 21 de diciembre de 2002, unión de la
cual nació su hijo Alejandro el 18 de julio de 1976. El causante era beneficiario de pensión
de jubilación reconocida por CAJANAL mediante resolución No. 11849 de 1986.
5. Tras su muerte, otra persona -la señora Gladys Ayala Vélez- reclamó la sustitución
pensional como cónyuge supérstite, invocando 40 años de convivencia respaldados en
declaraciones extrajuicio cuya veracidad cuestionó. La demandante, por su lado, solicitó el
reconocimiento en calidad de compañera permanente, soportada en el último desprendible
de pago -expedido en La Cumbre (Valle), lugar de su convivencia con el causante- y en una
certificación de CAJANAL que registra dicho pago a su nombre.
1.1.4 Cargos de nulidad6
6. Invocó como norma violada el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que reconoce a la
compañera permanente supérstite el derecho a la sustitución pensional cuando acredite
convivencia con el causante de al menos dos años continuos anteriores a su muerte, o haya
procreado hijos con él. Sostuvo que satisfizo dicha exigencia al haber convivido con el
5
TA, índice 46, anexo 12, enlace OneDrive, cuaderno No. 2, págs. 579 – 580.
6
TA, índice 46, anexo 12, enlace OneDrive, cuaderno No. 2, págs. 581 – 583.
3
Número interno: 0877-2025
Demandante: María Cecilia Agudelo y otra
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
causante durante 27 años, de cuya unión nació su hijo, circunstancia que -a su juicio- debió
bastar para el reconocimiento del derecho.
7. Adicionalmente, cuestionó la veracidad de la convivencia alegada por la otra reclamante,
señalando que las declaraciones que la soportan resultan contrarias a la realidad.
1.2 La demanda de Gladys Ayala Vélez
1.2.1 Pretensiones7
8. Por otra parte, Gladys Ayala Vélez también acudió a esta jurisdicción a través del mismo
medio de control, procurando la nulidad de las resoluciones No. 13667 del 8 de julio de
2004 y No. 16809 del 4 de mayo de 2009, expedidas por la UGPP, mediante las cuales, se
negó y dejó en suspenso el reconocimiento de la pensión de sobreviviente reclamada por
la señora Gladys Ayala Vélez, en calidad de cónyuge.
9. Como restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la demandada reconocer y pagar
dicha pensión a su favor desde el 21 de diciembre de 2002 -fecha del fallecimiento del señor
Héctor Camacho Herrera-, las mesadas causadas y pagar la prestación en forma retroactiva
e indexada, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, además
de la condena en costas.
1.2.2 Hechos relevantes8
10. En el informativo se narró que Héctor Camacho Herrera, pensionado de la extinta
CAJANAL (hoy UGPP), falleció el 21 de diciembre de 2002. Convivió como cónyuge con
Gladys Ayala Vélez durante más de 40 años, bajo el mismo techo, hasta su muerte; ella
dependía económicamente de él y figuraba como su beneficiaria en salud. De dicha unión
nacieron dos hijos.
11. La señora Ayala Vélez reclamó la pensión de sobreviviente como cónyuge supérstite,
solicitud que la UGPP negó por existir reclamación concurrente con María Cecilia Agudelo,
7
TA, índice 38, anexo 3, pág. 7.
8
TA, índice 38, anexo 3, págs. 6 – 7.
4
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Demandante: María Cecilia Agudelo y otra
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
en calidad de compañera permanente, condicionando el reconocimiento a que la
jurisdicción ordinaria definiera el conflicto entre ambas.
1.2.3 Cargos de nulidad9
12. Invocó como infringidos el artículo 48 de la Constitución y los artículos 46, 47 y 48 de la
Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003, alegando que probó su calidad de
cónyuge supérstite con partida de matrimonio de 1962, y declaraciones extrajuicio sobre
convivencia y dependencia económica hasta la muerte del causante.
13. Citó también el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, sobre revocatoria de pensiones
irregularmente reconocidas, bajo el argumento de que María Cecilia Agudelo no convivía
con él desde años atrás.
1.3 Oposición de la entidad demandada10
14. La UGPP se opuso a las pretensiones, aceptando el reconocimiento de la pensión de
vejez al causante y su fallecimiento el 21 de diciembre de 2002, así como, la presentación
de las solicitudes de sustitución pensional por Agudelo y Ayala Vélez, pero negando que
existiera certeza sobre el cumplimiento de los requisitos de convivencia exigidos por el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1160 de 1989. Sostuvo que, la carga de
probar el nexo causal, la vida marital y la dependencia económica correspondía a cada
reclamante, conforme al artículo 167 del CGP, y que las declaraciones extrajuicio aportadas
no acreditaron con precisión los extremos temporales de convivencia con el causante, razón
por la cual, negó la prestación ante la controversia suscitada entre ambas peticionarias.
15. Propuso como excepciones de mérito la inexistencia de la obligación demandada, por
no acreditarse el nexo causal ni la convivencia en los últimos cinco años (sic) antes del
deceso; la ausencia de vicios en los actos administrativos demandados, al haber sido
expedidos por autoridad competente, con motivación congruente con las normas que
regulan la prestación; y la prescripción trienal de las mesadas, intereses e indexación
causados con anterioridad a los tres años contados desde la presentación de la demanda,
conforme al artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
9
TA, índice 38, anexo 3, págs. 7 – 11.
10
TA, índice 46, anexo 12, enlace OneDrive, cuaderno No. 2, págs. 676 – 681.
5
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1.4 La sentencia de primera instancia11
16. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 11 de diciembre
de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones y, en consecuencia, resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 13667
de 08 de julio de 2004, por medio de la cual, la extinta CAJANAL dejó en suspenso la pensión
de sobrevivientes que pudiere corresponder a las actoras, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la UGPP, reconocer y pagar a las demandantes Gladys Ayala Vélez y María Cecilia
Agudelo, la sustitución de la pensión de jubilación que percibía en vida el señor Héctor Camacho
en cuantía del 41,2% para la señora Gladys Ayala Vélez y el 58,8% restante, para la señora
María Cecilia Agudelo. Lo anterior en consonancia con las razones expuestas en la parte motiva
de esta determinación.
TERCERO: ORDENAR a la UGPP reconocer y pagar el retroactivo pensional de la sustitución
reconocida a las demandantes en los porcentajes anotados el numeral anterior, desde el 24 de
mayo de 2012 para la compañera María Cecilia Agudelo, y desde el 5 de septiembre de 2013,
para la señora Ayala Vélez. Se deja sentado que las sumas que se liquiden a favor de las
demandantes, serán actualizadas, aplicando la siguiente fórmula: (…) Por tratarse de pagos de
tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes a mes para cada acreencia, teniendo
en cuenta que el índice inicial será el vigente al momento de causación de cada una de ellas.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la parte pasiva, conforme a los argumentos
descritos en la parte motiva de esta decisión.”
17. En cuanto al fondo, el Tribunal encontró probado el vínculo matrimonial entre el
causante y Gladys Ayala Vélez desde el 13 de enero de 1962, con convivencia efectiva de
7 años hasta la separación de cuerpos hacia 1969, ocasionada por malos tratos del
causante, sin que mediara divorcio. Para María Cecilia Agudelo, ponderando testimonios
contradictorios -en particular el de María Isaura Gómez, quien afirmó abandono, frente al
de María del Socorro Rosales y Alejandro Camacho Agudelo, que sostuvieron convivencia
continua-, concluyó que, la convivencia bajo el mismo techo solo quedó probada con solidez
entre 1993 y el fallecimiento del causante el 21 de diciembre de 2002, es decir, 10 años, sin
prueba suficiente de un vínculo anterior continuo.
18. Al no existir convivencia simultánea, pero subsistir el vínculo conyugal con separación
de hecho, aplicó el literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (reparto proporcional al
tiempo convivido). Sumados los 7 años de Ayala Vélez y los 10 de Agudelo (17 en total),
fijó los porcentajes en 41,2% y 58,8%, respectivamente y declaró la nulidad de la
Resolución 13667 de 2004.
11
TA, índice 102.
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19. Sobre el retroactivo, advirtió que, entre las reclamaciones administrativas (2003) y las
demandas ordinarias laborales -24 de mayo de 2012 para Agudelo y 5 de septiembre de
2013 para Ayala Vélez- transcurrieron más de tres años, por lo que declaró prescritas las
mesadas anteriores y ordenó el pago retroactivo solo desde la fecha de presentación de
cada demanda, indexado conforme al IPC. Por último, negó los intereses moratorios, al
considerar que el derecho solo quedaba definido con la sentencia.
1.5 Recursos de apelación
1.5.1 Parte demandante Gladys Ayala Vélez12
20. Apeló la sentencia del 11 de diciembre de 2024, estando de acuerdo con el
reconocimiento de la sustitución pensional, pero cuestionando la negativa de los intereses
moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Argumentó que, dicha norma exige solo
la constatación objetiva de la mora, sin analizar buena o mala fe ni las causas de la
tardanza, invocando los principios de favorabilidad e in dubio pro operario.
21. Solicitó la condena y pago de los intereses moratorios o, en su defecto, se reconozcan
los intereses del artículo 192 del CPACA.
1.5.2 Parte demandada13
22. La UGPP solicitó revocar la sentencia de primera instancia, y, en su lugar, negar las
pretensiones al considerar que la valoración probatoria se basó exclusivamente en
declaraciones de terceros, sin que existieran otros medios de prueba que permitieran inferir
efectivamente la convivencia, el apoyo mutuo y la solidaridad económica entre las
demandantes y el causante, ni pruebas fehacientes de la convivencia por el término exigido
por la ley. Sostuvo que, ninguna de las dos acreditó los cinco años continuos de convivencia
anteriores al fallecimiento que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003): respecto de Agudelo, señaló que el causante vivía con
su hija y no con ella, que no se enteró oportunamente del deceso y que no figuraba como
beneficiaria en salud; respecto de Ayala Vélez, además de la separación de cuerpos al
12
TA, índice 108, anexo 105.
13
TA, índice 107, anexo 101.
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momento del fallecimiento, afirmó que sus propias declaraciones resultan contradictorias
frente a la existencia de una comunidad de vida real.
23. Invocó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (sentencias 40309, 39641 y
39013 de 2011) y de la Corte Constitucional (sentencias C-1035 de 2008, C-1176 de 2001
y T-030 de 2013), sobre la necesidad de acreditar convivencia real y efectiva -no solo el
vínculo formal- y sobre la carga probatoria que recae en quien reclama la prestación.
1.6 Trámite de segunda instancia14
24. Mediante auto del 8 de mayo de 2026, el consejero ponente admitió los recursos de
apelación, de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021. Al no existir solicitudes probatorias, el expediente ingresó al despacho
para fallo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
25. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA.
2.2 Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:
i) ¿A cuál de las demandantes -la señora María Cecilia Agudelo, en calidad de compañera
permanente, o Gladys Ayala Vélez, en calidad de cónyuge supérstite- le asiste el derecho
a la prestación reclamada? O,
ii) ¿Ambas son beneficiarias y en qué proporción?
iii) Hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios conforme al artículo 141 de la Ley
100 de 1993?
14
CE, índice 8.
8
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iv) ¿La sustitución pensional derivada del fallecimiento del señor Héctor Camacho Herrera,
ocurrido el 21 de diciembre de 2002, debe resolverse bajo el original artículo 47 de la Ley
100 de 1993 o en su versión modificada por la Ley 797 de 2003?
2.3 Marco normativo y jurisprudencial
27. La sustitución pensional es una prestación económica instituida para proteger a los
miembros del grupo familiar del pensionado que fallece, con el propósito de evitar que
quienes dependían económicamente de él queden desamparados ante su muerte. Así lo
ha reconocido esta Subsección al señalar que se trata de "una protección directa a la familia,
cualquiera que sea su origen o fuente de conformación, matrimonio o unión de hecho" 15.
28. Para determinar la norma aplicable a una situación jurídica concreta, resulta
indispensable precisar cuál era el régimen vigente al momento de ocurrir el hecho que la
generó, en virtud del principio universal tempus regit actus, según el cual, todo hecho, acto
o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia. En desarrollo de
este principio, opera el fenómeno de la ultractividad de la ley, que implica la aplicación de
una disposición derogada a los hechos ocurridos durante su vigencia. La Corte
Constitucional, en sentencia C-763 de 200216, precisó que, la ultractividad es "la aplicación de
una norma que ha sido expresa o tácitamente derogada a hechos que tuvieron lugar durante su término de
vigor, con el fin de proteger derechos adquiridos y legítimas expectativas".
29. El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original anterior a la modificación
introducida por la Ley 797 de 2003, consagraba como beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes, en forma vitalicia, al cónyuge o compañera permanente supérstite 17. En
caso de muerte del pensionado, exigía vida marital con el causante y convivencia mínima
de dos años continuos anteriores al fallecimiento18, salvo que el cónyuge o compañero
permanente hubiere procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido 19.
15
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de julio de 2013, radicado 17001-23-31-000-2007-00006-02 (2217-12). Consejera
ponente: Bertha Lucia Ramírez De Páez (E).
16
Magistrado ponente: Jaime Araujo Rentería.
17
Calidad cuya constitucionalidad fue declarada por la Corte Constitucional en sentencia C-081 de 1999.
18
El requisito de convivencia desde el momento en que el causante cumplió los requisitos para pensionarse fue declarado inexequible
por la Corte Constitucional en sentencia C-1176 de 2001.
19
Salvedad cuya exequibilidad fue declarada por la Corte Constitucional en sentencia C-389 de 1996, en el entendido que se aplica
también a los casos de adopción.
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30. Obsérvese que, esta versión original del artículo 47 no contemplaba supuesto alguno
de convivencia simultánea entre cónyuge y compañera permanente, ni mecanismo de
distribución proporcional al tiempo convivido con el causante. Fue solo con la modificación
introducida por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que el legislador incorporó estas figuras,
al regular expresamente la convivencia simultánea en los últimos cinco años anteriores al
fallecimiento, así como, la cuota parte proporcional al tiempo convivido para el cónyuge
separado de hecho que mantiene vigente el vínculo conyugal frente a una compañera o
compañero permanente concurrente.
31. Ahora bien, cuando una norma no regula expresamente un supuesto de concurrencia
entre beneficiarios, no resulta admisible colmar ese vacío combinando selectivamente
reglas de distintos cuerpos legales, pues ello, contraría el principio de inescindibilidad o
conglobamento, según el cual, las normas deben "aplicarse de manera íntegra en su relación con
la totalidad del cuerpo normativo al que pertenecen, sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones
tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en
un régimen normativo distinto al elegido"20.
32. Frente a tales vacíos, la jurisprudencia de esta Corporación ha acudido a criterios de
equidad e igualdad material, señalando que, en casos de concurrencia entre cónyuge y
compañera permanente -cuando no estaba en vigor la Ley 797 de 2003-, "se resolverá el
conflicto concediendo la sustitución (…) distribuido el valor que corresponda en partes iguales entre las
mismas"21.
2.4 Medios de prueba
33. Al plenario se allegaron las siguientes probanzas:
1. Registro civil de nacimiento de Alejandro Camacho Agudelo, nacido el 18 de julio de
1976, que acredita su filiación respecto del causante señor Héctor Camacho Herrera
(q.e.p.d.) y de la señora María Cecilia Agudelo22.
2. Registro civil de nacimiento de Héctor Armando Camacho Ayala, nacido el 17 de
marzo de 1963, que acredita su filiación respecto del causante señor Héctor Camacho
20
Corte Constitucional, sentencia T-569 de 2015, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
21
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de julio de 2013, radicado 17001-23-31-000-2007-00006-02 (2217-12). Consejera
ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez (E).
22
CE, índice 2, anexo 5, documento 5, cuaderno No. 1, pág. 334.
10
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Herrera y de la señora Gladys Ayala Vélez23. Respecto de Reinaldo Alberto Camacho Ayala,
obra en el expediente únicamente su registro civil de defunción, sin que se haya aportado
el de nacimiento, razón por la cual no es posible acreditar documentalmente su filiación con
el causante24.
3. Resolución 11849 del 4 de septiembre de 1987, mediante la cual, CAJANAL reconoció
pensión de jubilación al señor Héctor Camacho Herrera (q.e.p.d.), por $94.350, a partir del
1° de septiembre de 198525.
4. Registro civil de defunción No. 04240485, que acredita el fallecimiento del causante
el 21 de diciembre de 200226.
5. Registro serial No. 0173, que acredita el matrimonio entre el causante y Gladys Ayala
Vélez, celebrado el 13 de enero de 196227.
6. Solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes presentada por Gladys
Ayala Vélez ante CAJANAL el 8 de agosto de 200328.
7. Solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes presentada por María
Cecilia Agudelo ante CAJANAL el 10 de octubre de 200329.
8. Resolución 13667 del 8 de julio de 2004, mediante la cual, CAJANAL negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a ambas solicitantes30.
9. Nueva solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes presentada por
Gladys Ayala Vélez ante CAJANAL el 9 de diciembre de 200831.
10. Resolución 16809 del 4 de mayo de 2009, mediante la cual, CAJANAL negó
nuevamente la solicitud de Gladys Ayala Vélez32.
23
CE, índice 2, anexo 5, documento 7, cuaderno No. 3, pág. 167.
24
CE, índice 2, anexo 5, documento 7, cuaderno No. 3, pág. 16.
25
CE, índice 2, anexo 5, documento 14, anexo 26.
26
CE, índice 2, anexo 5, documento 14, anexo 30.
27
CE, índice 2, anexo 5, documento 14, anexo 43.
28
CE, índice 2, anexo 5, documento 5, cuaderno No. 1, pág. 99.
29
CE, índice 2, anexo 5, documento 5, cuaderno No. 1, págs. 118 – 119.
30
CE, índice 2, anexo 5, documento 5, cuaderno No. 1, págs. 141 – 143.
31
CE, índice 2, anexo 5, documento 5, cuaderno No. 1, págs. 188 - 189.
32
CE, índice 2, anexo 5, documento 5, cuaderno No. 1, págs. 203 - 205.
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11. Declaraciones surtidas ante el tribunal de origen: i) Martha Lucía Castillo, quien señaló
convivencia de más de 30 años entre el causante y Agudelo en La Cumbre (Valle), de la
que nació Alejandro, y manifestó no conocer a Ayala Vélez; ii) María del Socorro Rosales,
quien trabajó en la casa entre 1993 y 2002 y relató convivencia continua entre el causante
y Agudelo, habitación compartida, dependencia económica de esta, y ausencia de Ayala
Vélez en el sepelio; iii) Claudia Marisol Vásquez Martínez, nuera del causante, quien indicó
que Agudelo no vivía en la casa de La Cumbre, que el hijo Héctor Armando atendió los
últimos cuidados del causante, y que el causante y Ayala Vélez convivieron unos 7 años
hasta su separación de cuerpos hacia 1970, sin divorciarse; iv) Diego Javier Polanco
Sandoval, técnico del causante, quien indicó que éste no vivía con Agudelo, a quien solo
veía cuando pedía dinero de la pensión; v) María Isaura Gómez Chamorro, quien trabajó
en la casa por 17 años y sostuvo que Agudelo abandonó al causante con su hijo, visitándolo
solo esporádicamente; vi) Alejandro Camacho Agudelo, hijo del causante y de María Cecilia
Agudelo, quien señaló convivencia de 26 años desde 1974, con interrupción de 5 meses en
1990, y desconocimiento del paradero de Ayala Vélez, salvo que reside en el exterior; y vii)
Héctor Armando Camacho, hijo del causante y de Gladys Ayala Vélez, quien indicó
convivencia de sus padres por unos 7 años antes de que su madre se fuera del país 33.
2.5 Análisis del caso concreto
34. Como quedó expuesto, el tribunal de primera instancia accedió a las pretensiones de
las demandantes y, por tanto, reconoció a las señoras Gladys Ayala Vélez y María Cecilia
Agudelo, la sustitución de la pensión de jubilación que percibía en vida el señor Héctor
Camacho, en cuantía del 41,2% para la primera y el 58,8% restante, para la segunda y,
además, condenó a la UGPP a pagarles el retroactivo en la misma proporción.
35. La UGPP apeló dicha decisión aduciendo que debe revocarse la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negar las pretensiones tras considerar que la valoración probatoria
se basó exclusivamente en declaraciones de terceros, sin que existieran otros medios de
prueba que permitieran inferir efectivamente la convivencia, el apoyo mutuo y la solidaridad
económica entre las demandantes y el causante. Sostuvo que, ninguna de las dos acreditó
los cinco años continuos de convivencia anteriores al fallecimiento que exige el artículo 47
de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003).
33
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36. Por su parte, la demandante Gladys Ayala Vélez impugnó la sentencia exclusivamente
frente al no reconocimiento de intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley
100 de 1993, aduciendo que dicha norma exige solo la constatación objetiva de la mora,
sin analizar buena o mala fe ni las causas de la tardanza.
37. De cara a resolver esas impugnaciones, procede la Sala a centrarse en el caso
concreto, advirtiendo desde ya, que si bien la señora María Cecilia Agudelo, quien conforma
la parte demandante junto con la señora Gladys Ayala Vélez, no interpuso recurso de
apelación contra la sentencia del 11 de diciembre de 2024, esta Corporación revisará la
decisión impugnada, conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 328 del Código
General del Proceso.
38. El primer reparo que merece la sentencia del A-quo es de orden normativo, y resulta
determinante para la decisión. El Tribunal aplicó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su
versión modificada por la Ley 797 de 2003, para resolver el conflicto entre las reclamantes,
sin exponer motivación alguna que justificara ese camino. En efecto, el Tribunal de origen
no explicó por qué se apartaba de la norma vigente al momento del fallecimiento del
causante, ni invocó el principio de favorabilidad ni ningún otro criterio que pudiera sustentar
la aplicación de una norma promulgada con posterioridad al hecho jurídico generador del
derecho. Esa omisión argumentativa compromete la solidez de la decisión y obliga a esta
Sala a corregirla.
39. En virtud del principio tempus regit actus y del fenómeno de la ultractividad, la norma
aplicable es el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, pues, el fallecimiento del causante
ocurrió el 21 de diciembre de 2002, esto es, antes de la promulgación de la Ley 797 del 29
de enero de 2003. Siendo el fallecimiento el hecho jurídico que da origen al derecho a la
sustitución pensional, es esa la norma que debe regir la situación, aplicada en su integridad
conforme al principio de inescindibilidad, sin necesidad de acudir a disposiciones de un
régimen posterior.
40. Precisamente, aplicando íntegramente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, esta Sala
encuentra que dicha norma no reguló expresamente el supuesto de concurrencia entre
cónyuge y compañera permanente cuando ambas acreditan el derecho por la misma
causal. Ese silencio normativo no impone acudir a la Ley 797 de 2003 para colmarlo, pues,
dentro de la órbita de la propia Ley 100 de 1993 y sus principios, la jurisprudencia del
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Consejo de Estado ya había construido la solución equitativa, señalando que, en casos de
concurrencia entre cónyuge y compañera permanente, ambas con derecho acreditado , "se
resolverá el conflicto concediendo la sustitución (…) distribuido el valor que corresponda en partes iguales
entre las mismas"34. Es ese el criterio que habrá de aplicarse, sin vulnerar el principio de
inescindibilidad y sin necesidad de abandonar el régimen normativo que rige el caso.
41. Establecido lo anterior, corresponde determinar si las demandantes acreditan el derecho
a la sustitución pensional bajo el original artículo 47 de la Ley 100 de 1993. La Sala
comparte en términos generales la valoración probatoria efectuada por el Tribunal respecto
de la convivencia de cada una de las reclamantes con el causante, pues, el material
testimonial fue analizado con detenimiento y las conclusiones a las que llegó el A-quo en
ese punto resultan razonables y suficientemente soportadas.
42. En efecto, si en gracia de discusión se atendiera la interpretación que la procreación de
los hijos debe ser durante el lapso de dos años anteriores al fallecimiento, nos ubicaríamos
en el primer requisito a que hace alusión el mencionado artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
esto es, la convivencia durante ese tiempo antes del deceso en relación con María Cecilia
Agudelo como compañera permanente y en cualquier tiempo para Gladys Ayala Vélez en
su condición de cónyuge sobreviviente.
43. Ese requisito fue demostrado con las declaraciones de i) Martha Lucía Castillo, quien
señaló convivencia de más de 30 años entre el causante y Agudelo en La Cumbre (Valle),
unión de la que nació Alejandro y manifestó no conocer a Ayala Vélez; ii) María del Socorro
Rosales, quien trabajó en la casa entre 1993 y 2002, y relató convivencia continua entre el
causante y Agudelo, habitación compartida y dependencia económica de ésta.
44. Por otro lado, la declaración de Diego Javier Polanco Sandoval, quien era el técnico
mecánico del causante y que indicó que éste no vivía con Agudelo y solo lo veía cuando
pedía dinero de la pensión, es poco creíble, no solamente porque no indicó su cercanía con
él, sino también, porque las reglas de la experiencia revelan que la persona acude al
mecánico únicamente cuando necesita reparación o ajustes del vehículo por alguna avería,
salvo que sea amigo cercano o confiable, circunstancia que no se demostró.
34
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de julio de 2013, radicado 17001-23-31-000-2007-00006-02 (2217-12). Consejera
ponente: Bertha Lucia Ramírez De Páez (E).
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45. Se encuentra demostrada entonces la convivencia de la señora María Cecilia Agudelo
por el lapso exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
46. En lo que tiene que ver con la cohabitación del pensionado fallecido con su cónyuge
sobreviviente Gladys Ayala Vélez, en cualquier tiempo, se encuentra demostrada no
solamente con el testimonio de su hijo Héctor Armando Camacho quien indicó convivencia
de sus padres por unos 7 años antes de que su madre se fuera del país 35, sino también,
con la declaración de la señora Claudia Marisol Vásquez Martínez que indicó que
convivieron unos 7 años hasta su separación de cuerpos hacia 1970, sin divorciarse.
47. El requisito de convivencia con la cónyuge sobreviviente también se acreditó en el
plenario.
48. Por otro lado, el registro civil de nacimiento de Alejandro Camacho Agudelo acredita
que la señora María Cecilia Agudelo procreó un hijo con el causante y el registro civil de
nacimiento de Héctor Armando Camacho Ayala acredita que la señora Gladys Ayala Vélez
hizo lo propio. Ambas tienen derecho al reconocimiento de la sustitución pensional. De esta
forma se refuta el argumento de la UGPP sobre la ausencia de prueba documental adicional
a los testimonios para acreditar la convivencia, por cuanto los testigos referidos y los
documentos registrales citados, resultan suficientes para habilitar el reconocimiento
prestacional en favor de ambas reclamantes.
49. En un evento de contornos fácticos y jurídicos similares a este, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, expresó: “En ese orden, le asiste razón a la censura, pues
aunque el Tribunal tuvo en cuenta que la norma exige acreditar una convivencia efectiva al momento de la
muerte y durante al menos dos años, supuesto último que consideró no demostrado, omitió dar aplicación a
la segunda hipótesis prevista originalmente en la parte final del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
la cual consagra una salvedad al deber de acreditar el tiempo de vida marital de dos años antes de la muerte
en los eventos en que la compañera permanente, en este caso, «haya procreado con el fallecido uno o más
hijos con el pensionado fallecido»”36.
50. Ahora bien, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 sin la reforma del año 2003, no reguló
expresamente el supuesto de concurrencia entre cónyuge y compañera permanente
cuando ambas acreditan el derecho por la misma causal. A diferencia de la Ley 797 de
35
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36 Sentencia del 20 de abril de 2020. M. P. Dolly Amparo Caguasango Villota. Rad. 73.158
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2003, que introdujo expresamente los conceptos de convivencia simultánea y distribución
proporcional al tiempo convivido, la norma vigente al momento del fallecimiento guardaba
silencio sobre este escenario. Ante ese vacío, y en aplicación del principio de
inescindibilidad que impide acudir a la Ley 797 de 2003 para colmarlo, la Sala acoge el
criterio jurisprudencial precitado de esta Corporación, según el cual, en casos de
concurrencia entre cónyuge y compañera permanente, ambas con derecho acreditado, la
prestación debe distribuirse en partes iguales, aplicando criterios de equidad e igualdad
material. En consecuencia, a cada una de las demandantes le corresponde el cincuenta por
ciento (50%) de la sustitución pensional.
51. Debe precisarse además que, la sustitución pensional reconocida tiene carácter vitalicio
para ambas beneficiarias, por cuanto el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993 así lo
consagraba expresamente, sin contemplar la modalidad etaria que la Ley 797 de 2003
introdujo posteriormente para ciertos supuestos. Se advierte que, el Tribunal omitió
pronunciarse sobre este aspecto, lo que impone su corrección en esta instancia.
52. Igualmente, esta Sala advierte que el A-quo omitió pronunciarse sobre la resolución No.
16809 del 4 de mayo de 2009, mediante la cual, la UGPP negó nuevamente el
reconocimiento pensional solicitado por segunda vez por la señora Gladys Ayala Vélez, acto
que fue demandado expresamente y que obra en el expediente. Dicha omisión impone que
esta providencia se ocupe de declarar su nulidad, en la medida que los fundamentos que
la sustentaron resultan contrarios al derecho que aquí se reconoce.
53. En cuanto a la prescripción del retroactivo pensional y en atención al mandato que
otorgó el legislador en el artículo 187 del CPACA (en la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada), la Sala se aparta del criterio
adoptado por el Tribunal. Si bien es cierto que opera el fenómeno prescriptivo respecto de
las mesadas causadas con anterioridad al término de tres años37, contados desde la
presentación de cada reclamación o, en su defecto, desde la formulación de la demanda,
el reconocimiento del retroactivo no debe fijarse desde la fecha de radicación de las
demandas ordinarias laborales, sino, tres años hacia atrás contados desde dicha fecha.
Así, para la señora María Cecilia Agudelo, cuya demanda fue radicada el 24 de mayo de
37
Conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, las acciones que emanan de los derechos
consagrados en dichas normas prescriben en tres años contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible,
término que se interrumpe por el simple reclamo escrito formulado ante la entidad obligada sobre un derecho o prestación debidamente
determinado.
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201238, el retroactivo se reconocerá desde el 24 de mayo de 2009; y para la señora Gladys
Ayala Vélez, cuya demanda fue radicada el 5 de septiembre de 2013 39, el retroactivo se
reconocerá desde el 5 de septiembre de 2010. Las sumas correspondientes serán
actualizadas conforme a la fórmula de indexación basada en el IPC certificado por el DANE,
tal y como se explicó en la sentencia de primera instancia.
54. Finalmente, en cuanto a los intereses moratorios (art. 141 de la Ley 100 de 1993) solicitados
por la señora Gladys Ayala Vélez en su recurso de apelación, la Sala los negará. La Corte
Constitucional, en sentencia SU-230 de 2015, precisó que "sólo después de determinarse de
manera definitiva la obligación de pagar una pensión, podrá fundamentarse que la entidad demandada incurrió
en mora de otorgar la prestación", agregando que "en la medida en que la prestación y su monto estaban
en litigio hasta la presente providencia, no puede declararse la mora de la obligación". Siendo que el
derecho pensional de las demandantes solo queda definitivamente establecido con la
presente sentencia, no hay lugar al reconocimiento de los réditos alegados.
55. En lo que respecta al cumplimiento de la presente providencia -según el reparo exhibido
en el recurso de alzada por la señora Ayala Vélez-, la Sala advierte que, este opera por
ministerio de la ley, sin que sea necesario pronunciamiento adicional al respecto. No
obstante, en aras de evitar desgastes procesales innecesarios y proporcionar claridad a las
partes, se adicionará la sentencia de primera instancia.
56. Finalmente, advierte la Sala que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió
pronunciarse en la parte resolutiva de su sentencia sobre las excepciones de mérito
propuestas por la UGPP, no obstante haberlas enunciado en los antecedentes. Esa
omisión, impone que en esta instancia se subsane. En consecuencia, se adicionará el
numeral primero de la sentencia impugnada en el sentido de declarar parcialmente probada
la excepción de prescripción y no probadas las demás.
2.6 Conclusiones
57. Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la sentencia del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca del 11 de diciembre de 2024, debe ser modificada en los términos
explicados, por cuanto aplicó un régimen normativo posterior al hecho causante del
derecho, omitió pronunciarse sobre uno de los actos administrativos demandados, no
38
CE, índice 2, anexo 5, documento 5, cuaderno No. 1, pág. 366.
39
CE, índice 2, anexo 5, documento 7, cuaderno No. 3, pág. 17.
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precisó el carácter vitalicio de la prestación reconocida y fijó incorrectamente el punto de
partida o límite temporal del retroactivo pensional. La valoración probatoria efectuada por
el A-quo se comparte en lo esencial, con la precisión que el derecho de ambas
demandantes encuentra sustento suficiente e independiente, en los registros civiles de
nacimiento de los hijos procreados con el causante, conforme a la salvedad consagrada en
el texto original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, se reconocerá a
cada una de ellas, el cincuenta por ciento (50%) de la sustitución pensional, con carácter
vitalicio, en los términos que se precisará en la parte resolutiva.
2.7 Condena en costas
58. No habrá lugar a condena en costas en esta instancia por no reunirse los presupuestos
exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del
Código General del Proceso.
59. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR Y ADICIONAR los numerales primero, segundo y tercero de la
parte resolutiva de la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024),
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así:
Primero: Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta
por la UGPP, respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad
al 24 de mayo de 2009 para la señora María Cecilia Agudelo y con anterioridad
al 5 de septiembre de 2010 para la señora Gladys Ayala Vélez; y no probadas
las demás excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada, todo
conforme a las motivaciones expuestas en la presente providencia.
Declarar la nulidad de las resoluciones Nos. 13667 del 8 de julio de 2004 y 16809
del 4 de mayo de 2009, por medio de las cuales, la extinta CAJANAL dejó en
suspenso la pensión de sobrevivientes que pudiere corresponder a las actoras,
de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
Segundo: Ordenar a la UGPP reconocer y pagar a las señoras Gladys Ayala
Vélez, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.988.891 y María Cecilia
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Agudelo, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.298.344, la sustitución de
la pensión de jubilación que percibía en vida el señor Héctor Camacho Herrera,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 44.781, en un
porcentaje del cincuenta por ciento (50%) para cada una, con carácter vitalicio,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Ordenar a la UGPP reconocer y pagar el retroactivo pensional de la
sustitución reconocida a las demandantes en los porcentajes indicados en el
numeral anterior, desde el 24 de mayo de 2009 para la señora María Cecilia
Agudelo y desde el 5 de septiembre de 2010 para la señora Gladys Ayala Vélez,
fechas que corresponden a tres años anteriores a la radicación de cada una de
las demandas ante la jurisdicción ordinaria laboral.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo mensual, la fórmula se aplicará
separadamente mes a mes teniendo en cuenta la siguiente fórmula:
R=R.H. índice final / índice inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por las demandantes, por el guarismo que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor certificados por el DANE vigente
a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial vigente para la
fecha en que debieron efectuarse cada uno de los pagos.
SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia, en el sentido de precisar que
la UGPP deberá dar cumplimiento a lo ordenado en la presente providencia, en los términos
del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pero, por
las razones expuestas.
CUARTO: Sin costas en esta instancia.
Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala, en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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