Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-00393-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Desvinculación de servidor vinculado en provisionalidad – concurso de
méritos – naturaleza del empleo de procurador judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 15 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda instaurada
por Aurora Martínez Arango contra la Procuraduría General de la Nación.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Aurora Martínez Arango presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que: i) se inaplicaran
las resoluciones 040 del 20 de enero de 2015, por medio de la cual la Procuraduría
General de la Nación convocó a concurso de méritos para proveer en propiedad los
cargos de procuradores judiciales I y II, y 345 del 7 de julio de 2016, por la cual se
publicó la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II administrativo; y ii)
1
En adelante CPACA.
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Demandante: Aurora Martínez Arango
se declarara la nulidad del Decreto 3872 del 8 de agosto de 2016, por el cual fue
desvinculada del cargo de procuradora 19 judicial II administrativa.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i)
el reintegro al cargo de procurador judicial II o a uno de igual o similar categoría; ii) el
pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante e inmateriales en
la modalidad de daño moral; iii) la condena en costas a la entidad demandada; y iv) el
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 195 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Aurora Martínez Arango ocupó el cargo de procuradora 19 judicial II para asuntos
administrativos ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, entre el 22 de
septiembre de 2010 y el 2 de septiembre de 2016.
• Mediante Resolución 747 del 27 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la
Nación ordenó la apertura de la licitación pública 08 de 2014, con el fin de
«SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO, FUNCIONAL
Y LOGÍSTICO EN LA CONVOCATORIA, RECLUTAMIENTO (INSCRIPCIÓN Y ASPECTOS TÉCNICOS
DEL PROCESO, Y DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS), DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y
APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS DE CONOCIMIENTOS Y DE COMPETENCIAS Y LA DE
ANÁLISIS DE ANTECEDENTES, HASTA LA DETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LAS
LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONCURSO ABIERTO PARA EL INGRESO DE PERSONAL IDÓNEO A LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL, EN CARGOS DE PROCURADOR
JUDICIAL I Y II […]» (sic). Como consecuencia del mencionado proceso, fue seleccionada
la Universidad de Pamplona.
• El 20 de enero de 2015, la entidad demandada expidió la Resolución 040 « por medio
de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para
proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad».
• De acuerdo con la convocatoria pública 006 de 2015, la demandante se inscribió en
el concurso de méritos, sin embargo, en las pruebas de conocimientos y competencias
comportamentales no alcanzó el puntaje requerido de conformidad con lo señalado en
el Decreto 262 de 2000.
• El 6 de febrero de 2015 informó al procurador general de la nación que ostentaba la
condición de prepensionada, por lo que contaba con una estabilidad laboral reforzada.
En respuesta de lo anterior, se profirió el oficio SG 000923 del 4 de marzo del mismo
año, en el cual se señaló que «su caso sería estudiado por la provisión de su cargo por lista
de elegibles o ante cualquier otra circunstancia de retiro legal».
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Demandante: Aurora Martínez Arango
• El 2 de febrero de 2016, solicitó al procurador general de la nación el reconocimiento
de «su calidad de pre-pensionada con estabilidad laboral reforzada teniendo en cuenta la
documentación concerniente a su edad y tiempo de servicio como servidora pública». La
anterior petición fue resuelta con el oficio SG 000355 del 10 de febrero siguiente, en el
cual se dispuso «que dando alcance al oficio del cuatro (04) de marzo de dos mil quince
(2015) y debido a que en la actualidad se tramitaba el concurso para proveer los cargos de
Procuradores judiciales se tendría en cuenta su solicitud para ser remitida a su hoja de visa y
ser puesta en consideración del Procurador General de la Nación en el evento que este lo
estimara necesario».
• El 16 de junio de 2016, insistió en la solicitud de reconocimiento de su condición de
prepensionada, en relación con la cual la entidad demandada señaló que, de acuerdo
con el alcance de la sentencia SU-446 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de
Estado «en relación con el agotamiento de lista de elegibles frente a los servidores
provisionales que alegan condición especial de vulnerabilidad […] si bien algunos funcionarios
nombrados en provisionalidad cuentan con una condición especial de protección, estos no
ostentan un derecho de permanecer en el empleo y tomó procedente ordenar a la entidad
demandada darles un trato preferencial en los términos del artículo 13 de la Constitución y, de
ser posible, se procediera vincularlos de manera provisional en cargos vacantes» (sic).
• El 20 de abril de 2015 fueron publicadas las listas de los aspirantes admitidos y no
admitidos para participar en el concurso, el 13 de septiembre de 2015 se practicaron
las pruebas de conocimientos y comportamentales y el 7 de octubre de 2015 se
publicaron los resultados de la primera prueba.
• Mediante las resoluciones 337 a 349 del 8 de julio de 2016 se publicaron las listas de
elegibles de las convocatorias 01,02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 14 de
2015. La lista conformada mediante la Resolución 345, fue con la que se proveyó en
propiedad el cargo que ocupaba la demandante.
• A través de los decretos 3286 y 3872 del 8 de agosto de 2016, la Procuraduría
General de la Nación adoptó la lista de elegibles publicada mediante la Resolución 345
y designó a Lessdy Dennise López Espinosa en el cargo de procuradora 19 judicial II
administrativa y como consecuencia dio por terminado el vínculo que ostentaba la
actora.
• Al momento de presentar la demanda, Aurora Martínez Arango contaba con 56 años
de edad, por lo que le faltaban 10 meses para adquirir el estatus de pensionada.
• A través de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales
que consideró vulnerados con la decisión que la retiró del servicio. Como consecuencia
de lo anterior, en el trámite de primera instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali amparó sus derechos fundamentales y ordenó a la Procuraduría General de la
Nación «mantener su calidad de servidora pública, permitiéndole acceder por nombramiento
en provisionalidad hasta cuando cumpliera los requisitos para la pensión de vejez y fuera
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Demandante: Aurora Martínez Arango
incluida en nómina»; sin embargo, la anterior decisión fue revocada por la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que contaba con otro medio de defensa.
En cumplimiento de la anterior orden de tutela, la Procuraduría General de la Nación
profirió el Decreto 4600 del 5 de septiembre de 2016, con el cual nombró en
provisionalidad, por el término de 6 meses, a Aurora Martínez Arango en el cargo de
procuradora 28 judicial II para asuntos del trabajo y la seguridad social de Cali. Esta
vinculación se encontraba vigente a la fecha de presentación de la demanda, toda vez
que fue prorrogada «hasta siete (07) meses, es decir hasta el cinco (05) de abril de dos mil
diecisiete (2017), fecha a partir del la cual se entenderá desvinculada la demandante» (sic).
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como disposiciones violadas invocó los artículos 2, 4, 5, 13, 25, 29, 113, 125, 279 y
280 de la Constitución Política; 194 y 203 del Decreto 262 de 2000, 20 del Decreto 263
de 2000, 4 y 7 del Decreto 264 de 2000; la Resolución 253 del 9 de agosto de 2012; y
el precedente jurisprudencial contenido en las sentencias SU-446 de 2011, SU-897 de
2012, C-101 de 2013, T-186 de 2013, T-326 de 2014 y C-186 de 2013.
En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:
• El acto demandado es ilegal, por cuanto fue expedido como consecuencia de: i) la
ilegalidad del acto administrativo general que convocó al concurso, la Resolución 040
del 20 de enero de 2015 y ii) la ilegalidad consecuencial del acto administrativo general
que estableció la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II administrativo,
la Resolución 345 de 2016.
En ese sentido, el concurso se convocó con desconocimiento de los artículos 13 y 280
de la Constitución Política, puesto que los procuradores judiciales I y II deben tener las
mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los jueces y
magistrados de mayor jerarquía ante quienes ejerzan sus funciones. Pese a lo anterior,
no fueron tenidas en cuenta las particulares condiciones de la carrera administrativa
de quienes ejercen funciones de intervención judicial.
• No es posible aplicar a los procuradores judiciales I y II un reglamento como el
contenido en el Decreto 262, toda vez que este se encuentra enfocado a funcionarios
diferentes, que no garantiza la autonomía e independencia de los nuevos
procuradores, esto, pues no incluye el curso de formación judicial en el que se
desarrolla aún más esta competencia que para los jueces y magistrados es necesaria
al momento de impartir justicia y, en el caso de los agentes del Ministerio Público,
necesaria para conceptuar en forma imparcial.
Lo anterior, por cuanto la igualdad en materia laboral existente entre los procuradores
judiciales y los jueces y magistrados, definida desde la Constitución Política, trae
«aparejada la consecuencia» según la cual a los aspirantes a estos cargos se les debe
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Demandante: Aurora Martínez Arango
aplicar el «curso concurso» como uno de los instrumentos de evaluación del proceso
de selección.
• El Decreto 3872 del 8 de agosto de 2016, fue resultado de un concurso ilegal, por
cuanto con la Resolución 040 de 2015 se vulneró la reserva de ley establecida en los
artículos 113, 125 y 279 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 270
de 1996. Esto, por cuanto el procurador general de la nación no tenía competencia
para regular aspectos esenciales y definitorios de la carrera y el concurso de los
procuradores judiciales, puesto que se requiere de una ley que garantice a los
aspirantes al cargo de agente de ministerio público los mismos derechos de acceso a
la carrera de los funcionarios judiciales.
• Con el acto objeto de reproche se vulneró la reserva de ley estatutaria, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 152 de la Constitución Política, toda vez que es a través
de este tipo de leyes que se deben reglamentar los derechos y deberes fundamentales
de las personas y los asuntos relativos a la administración de justicia.
• El acto que convocó al concurso de méritos, consecuencia del cual la demandante
fue desvinculada del servicio, desconoce el artículo 20 del Decreto 263 de 2000 y la
Resolución 253 de 2012, puesto que no previó equivalencia alguna para los cargos del
nivel profesional, como lo son los de procuradores judiciales I y II. En ese orden, la
convocatoria y los actos proferidos con ocasión de esta se encuentran viciados de
nulidad, puesto que no cumplieron con los requisitos previstos en el ordenamiento
jurídico.
• La Resolución 040 de 2015 desconoció los artículos 14 del Decreto 2772 de 2005 y
229 del Decreto 19 de 2012, según los cuales, para el ejercicio de cargos públicos, la
experiencia profesional será la adquirida con posterioridad a la terminación de
materias, mientras que para la referida resolución estableció que para el caso de los
procuradores será computada como experiencia profesional la obtenida con
posterioridad a la obtención del título.
• El procurador general de la nación excedió su competencia, al exigir que, para el
análisis de antecedentes, las publicaciones debían ser aportadas en físico, toda vez
que con este requisito contravino lo previsto en los artículos 84 de la Constitución
Política, 6 de la Ley 527 de 1999 y 9 del CPACA.
• El decreto con ocasión del cual la demandante fue desvinculada del servicio se
encuentra viciado de nulidad, puesto que no fue notificado personalmente de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 66, 67, 68, 69 y 72 del CPACA. Por lo anterior, el acto
no podía producir efectos jurídicos.
• Aurora Martínez Arango se encontraba dentro de una de las situaciones que la incluía
dentro de los grupos de especial protección, toda vez que ostentaba la calidad de
prepensionada, puesto que a la fecha de presentación de la demanda le faltaban 10
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meses para adquirir la edad que la haría acreedora del estatus de pensionada. Así las
cosas, la entidad demandada se encontraba en la obligación de materializar acciones
positivas destinadas a la protección de sus derechos fundamentales.
• Se desconocieron las disposiciones contenidas en los artículos 66 a 69 y 72 del
CPACA, por cuanto el acto administrativo enjuiciado no fue notificado personalmente.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad de las
pretensiones con fundamento en lo siguiente:
• La Resolución 040 del 20 de enero de 2015, mediante la cual se dio apertura al
proceso de provisión a través del sistema de carrera a todos los empleos de procurador
judicial I y II, se expidió en cumplimiento de la orden impartida por la Corte
Constitucional en sentencia C-101 del 28 de febrero de 2013. Decisión de obligatorio
cumplimiento en los términos del artículo 48 de la Ley 270 de 1996.
• En cuanto a la estabilidad laboral de un empleado en condición de prepensionado en
el marco de un concurso público de méritos, la Corte constitucional en sentencia SU-
446 de 2011, precisó que las medidas de protección correspondientes, en esencia,
deben encaminarse a que tales personas sean las últimas en ser desvinculadas, lo
que no impone su permanencia indefinida.
En ese sentido, frente a los sujetos de especial protección se debe tener en cuenta: i)
en caso de tensión entre los derechos entre quienes ganan un concurso de méritos
para proveer un empleo por el régimen de carrera frente a los sujetos de especial
protección que ocupan en provisionalidad el cargo, prevalecen los derechos de los
primeros; ii) la administración debe adoptar medidas de protección, siempre que
resulte posible o tenga algún margen de maniobra, de tal modo que se puedan proteger
de manera concomitante los derechos del prepensionado y del aspirante.
• Para efectos de la provisión de los cargos de procurador judicial no era necesaria la
expedición de una ley que regulara el sistema especial de carrera para su previsión,
puesto que la Corte Constitucional al analizar el asunto, determinó que estos debían
ser «catalogados en el régimen actual de carrera de la Procuraduría General de la
Nación». Lo anterior al considerar que la igualdad de derechos entre los procuradores
judiciales y funcionarios judiciales se limitó a su ingreso a través del concurso público
de méritos, sin que implicara la creación de un régimen de carrera especial y distinto.
Finalmente propuso como excepción, ineptitud de la demanda por indebida
formulación del cargo y falta de competencia.
1.2.2. Lessdy Denisse López Espinosa se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
con fundamento en lo siguiente:
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Demandante: Aurora Martínez Arango
• Para la expedición de la Resolución 040 de 2015, el procurador general de la nación
no requería de la expedición de una ley previa, puesto que el empleo de procurador
judicial «ya estaba creado como de “libre nombramiento y remoción” y enlistado en el artículo
182 del Decreto ley 262 de 2000; y segundo, porque la incorporación automática de estos al
régimen de carrera administrativa del Decreto Ley 262 de 2000, fue expresamente ordenado
por la Corte Constitucional, de ahí que fuera necesario que la entidad demandada cumpliera
lo ordenado y justificar la mutación de la clasificación de dicho empleo de “libre nombramiento
y remoción” a carrera administrativa» (sic), lo anterior, puesto que no se está ante la
modificación del régimen de carrera sino frente al cumplimiento de un mandato
constitucional contenido en la sentencia C-101 de 2013.
• En caso de que procedieran los cargos de ilegalidad presentados contra la
Resolución 040 de 2015, estos no invalidan las situaciones jurídicas consolidadas que
constituyan un beneficio particular. En ese sentido, en diversos pronunciamientos el
Consejo de Estado ha reiterado que «si bien la nulidad de un acto administrativo de
contenido general tiene efectos retroactivos, tales efectos invalidantes no son predicables de
situaciones jurídicas consolidadas, siempre y cuando las mismas constituyan un beneficio para
los destinatarios del respectivo acto administrativo».
Asimismo, el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, ha
considerado que solamente por vía de excepción la nulidad de un acto administrativo
general por el cual se convoca a un concurso de méritos podría ocasionar la nulidad
de los actos administrativos creadores de situaciones jurídicas particulares, que hayan
sido proferidos en el marco de este, lo cual implica que se demuestre que el particular
participó activamente en la configuración del vicio de nulidad endilgado al acto de
convocatoria.
De presentarse en el trámite del presente medio de control de nulidad, « la inaplicabilidad
por una hipotética nulidad […] o por parte autónoma de su despacho por considerarse en la
ilegalidad de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 o de sus actos administrativos
generales consecuentes», se debe concluir que esos no son imputables a la conducta
de Lessdy Denisse López Espinosa, frente a quien se consolidó una situación jurídica,
una vez superó el periodo de prueba y como consecuencia se mantenga su
nombramiento.
• En cuanto al cargo de nulidad por la omisión «al no establecerse las equivalencias»,
este no guarda congruencia con los hechos de la demanda y solo se trata de
apreciaciones generales de cara a aspectos técnicos del curso de la convocatoria, que
no fueron alegadas en la oportunidad correspondiente, por lo que, se torna
improcedente su estudio.
• El cargo de nulidad por falta de notificación personal no tiene vocación de prosperar,
puesto que, de acuerdo con la primacía de lo sustancial sobre lo formal, se tiene que
«incluso desde antes de proferirse el Decreto 3872 del 8 de agosto de 2016, la demandante
conocía que el mismo se expediría, muestra de esto son las peticiones en las que alega entre
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otros argumentos su condición de prepensionada». Asimismo, «los efectos jurídicos del acto
administrativo demandado, no se provocaron sino hasta el 1 de septiembre de 2016, tal y como
se aprecia del acta de posesión de mi representada que se adjunta, donde se aprecia que
los efectos fiscales comienzan a partir del 2 de septiembre de 2016, razón por la cual se
evidencia que se le garantizaron los derechos a la demandante tornándose una comunicación
totalmente legal, si se tiene en cuenta que sus efectos solo se provocaron después del día
siguiente a su comunicación, por tratarse de un acto administrativo frente al cual no proceden
recursos, esto a la luz del numeral 1 del artículo 87 de la Ley 1437 del 2011» (sic).
• Respecto del cargo relacionado con la estabilidad laboral reforzada en su calidad de
prepensionada, se considera que se trata de una situación jurídica superada, por lo
que la pretensión de reintegro resulta improcedente.
Finalmente propuso como excepciones: i) inepta demanda parcia, ii) carencia parcial
de objeto para demandar – imposibilidad de reintegro por estatus de pensionada de la
demandante, iii) falta de legitimación en la causa por pasiva, iv) cosa juzgada
constitucional y v) genérica e innominada.
1.3. Trámite procesal en primera instancia
Mediante auto del 14 de septiembre de 2017, se decretó la medida cautelar solicitada,
con ocasión del cual se suspendieron los efectos del Decreto 3872 del 8 de agosto de
2016, en cuanto retiró a la demandante del servicio y se ordenó a la Procuraduría
General de la Nación nombrarla en uno de los cargos de procurador judicial II que en
ese momento no hubiesen sido provistos por el sistema de carrera.
La anterior medida fue ampliada, a través de la providencia del 23 de noviembre de
2017, en el sentido de ordenar a la entidad demandada que el reintegro de Aurora
Martínez Arango se efectuara sin solución de continuidad con el fin de garantizar
exclusivamente el pago de aportes a pensión desde el 8 de agosto de 2016.
1.4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 15 de octubre de 2021
negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:
• De acuerdo con la sentencia C-101 de 2013, los regímenes de carrera de la Rama
Judicial y de la Procuraduría General de la Nación no son equiparables, solo que los
procuradores judiciales ostentan los mismos derechos que los jueces y magistrados
ante quienes actúan, sin embargo, la provisión de los primeros se debe efectuar con
base en el sistema de carrera propio del órgano de control, contenido en el Decreto-
ley 262 de 2000.
En cuanto al curso de formación judicial, el artículo 168 de la Ley 270 de 1996 prevé
que el objeto de este es «formar profesional y científicamente al aspirante para el
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Demandante: Aurora Martínez Arango
adecuado desempeño de la función judicial» y esa connotación de administrar justicia
no es admisible para los procuradores judiciales, pues estos únicamente ejercen
funciones preventivas y de control de gestión, disciplinarias, de protección y defensa
de los derechos humanos y de intervención ante las autoridades administrativas y
judiciales.
• El acto del cual se pretende su inaplicación es un acto de ejecución de una orden
judicial emanada por la Corte Constitucional, el cual fue proferido por la Procuraduría
General de la Nación con fundamento en su régimen especial de carrera contenido en
el Decreto-ley 262 de 2000, por lo que, lejos de desconocer el ordenamiento lo acató
en los términos del referido mandato.
• Frente a la carencia de equivalencias y el cómputo de la experiencia a partir de la
obtención del título profesional, la Constitución Política establece que los procuradores
judiciales tendrán las mismas calidades de los funcionarios judiciales ante quienes
actúan. En ese sentido la Ley 270 de 1996 al reglar las calidades de jueces y
magistrados no admite equivalencias para acreditar los requisitos de experiencia o
capacitación.
• La demandante no probó la afectación que conllevó el requisito de aportar
documentos auténticos, por lo que no es procedente su estudio, toda vez que en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el examen de legalidad es
concreto en aras de obtener el reconocimiento de una situación jurídica particular y la
adopción de medidas adecuadas para su restablecimiento y no abstracto. Lo anterior
cobra mayor relevancia, si te tiene en cuenta que Aurora Martínez Arango no superó
la prueba de conocimientos y en consecuencia no surtió las siguientes etapas.
• En consideración a que en el acto demandado la entidad demandada omitió
pronunciarse sobre la protección especial de la demandante puesto que ostentaba la
calidad de prepensionada, se dictó a su favor una medida provisional con ocasión de
la cual fue vinculada en el cargo de procuradora 28 judicial laboral de Cali y se
garantizaron los aportes a pensión sin solución de continuidad. Esta medida se
mantuvo vigente con posterioridad a que adquiriera el estatus de pensionada.
Asimismo, la «actora insiste que hasta el momento su situación no está definida porque no
ha sido incluida en nómina de pensionados como se ordenó en la medida cautelar a la cual
accedió este despacho, sin embargo, es claro, por una parte, que tal acto perdió los
fundamentos jurídicos que le servían de base en el momento en que la demandante cumplió
los requisitos para acceder al derecho pensional, único derecho amparado en la medida
cautelar y máxime cuando se ha demostrado que en la actualidad goza de reconocimiento
pensional por parte de Colpensiones a través de la Resolución No. 2021 3527503 9 DPE2898
del 26 de abril del 2021, notificada personalmente el 04 de mayo del 2021» (sic).
• Finalmente, en relación con la indebida notificación del acto demandado, en el
expediente obra comunicación a través de la cual la Procuraduría General de la Nación
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
le informó a Aurora Martínez Arango sobre la terminación de su vínculo en
provisionalidad, la cual fue recibida el 30 de agosto de 2016. Por lo que no hay lugar
a la prosperidad de este cargo.
1.5. El recurso de apelación
Aurora Martínez Arango Latorre solicitó que se revocara la sentencia mediante la cual
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y
como consecuencia: i) se declarara la nulidad parcial del Decreto 3872 de 2016, en
cuanto la desvinculó del servicio; ii) se ordenara a título de restablecimiento del
derecho el pago de «las erogaciones prestacionales que no devengó durante el periodo del»
24 de abril de 2017 y el 14 de diciembre de 2017 y «la cancelación de los aportes de dicho
periodo a la seguridad social integral»; y iii) se realice la desvinculación definitiva de la
demandante, con la finalidad de que sea incluida en nómina de pensionados. Para lo
cual expuso los siguientes argumentos:
• El a quo afirmó que «el Decreto 3872 del 8 de agosto de 2016 fue expedido con infracción
de las normas en que debería fundarse porque desconoció la estabilidad laboral reforzada de
la cual era titular la hoy demandante por estar en el umbral de los tres años anteriores a la
causación de la pensión de jubilación, realiza una valoración superflua de las circunstancias
particulares del caso, que llevan a concluir que por el hecho de contar con un reconocimiento
pensional mediante Resolución No. 2021 3527503 9 DPE2898 del 26 de abril del 2021,
notificada personalmente el 04 de mayo del 2021, la demandante no tiene derecho a
restablecimiento alguno».
Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que solo se debe disponer de los
cargos de los prepensionados cuando se hayan provisto los demás cargos y ello sea
estrictamente necesario para no perturbar el mejor derecho de los que han de ocupar
su lugar. No obstante, la Procuraduría General de la Nación desconoció el derecho de
la demandante y mediante los actos demandados dispuso la terminación del vínculo
que ostentaba.
Finalmente, pone en conocimiento que «hasta la fecha de presentación del recurso de
apelación la Procuraduría General de la Nación no ha realizado las gestiones administrativas
para la inclusión en nómina de pensionados de la señora AURORA MARTÍNEZ ARANGO,
pese a las peticiones radicadas ante la entidad por la actora, así como tampoco se ha
desvinculado definitivamente mediante acto administrativo que dé cumplimiento a la sentencia
de Nulidad Electoral del nueve (9) de agosto del dos mil veintiuno (2021) de la Magistrada
Ponente Ana Margoth Chamorro Benavides dentro del proceso radicado No: 76001-23-33-
000-202100356-00, que cursó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
Por lo cual, la demandante no ha podido gozar de su derecho pensional, ya que
COLPENSIONES exige la desvinculación total de parte de la entidad demandada».
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
1.6. Pronunciamientos en segunda instancia
Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que no se
advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.
1.7. El Ministerio Público
En esta oportunidad, el procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se
confirmara la sentencia de primera instancia, con base en las siguientes
consideraciones:
• El Decreto 3872 de 2016 fue expedido como consecuencia del concurso de méritos
convocado por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de la orden
impartida por la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013, de tal manera
que al ser consecuencia «del trámite concursal realizado en cumplimiento de orden judicial,
mal puede ser tachado de nulidad, puesto que (i) fue expedido por la autoridad competente,
(ii) previo el desarrollo de las etapas y fases de la convocatoria, y (iii) es contentivo
fidedignamente del resultado final del concurso que constituyó a la ciudadana LESSDY DENISSE
LÓPEZ ESPINOSA como acreedora del cargo de Procurador 19 Judicial II Administrativa de Cali»
(sic).
• Los derechos de quienes ocupan un empleo en provisionalidad ceden sin excepción
alguna frente al mejor derecho que ostentan quienes habiendo concursado y superado
las pruebas del proceso de mérito logran ubicarse en las correspondientes listas de
elegibles.
• La demandante no ostentaba la calidad de prepensionada, puesto que cuanto fue
desvinculada de la entidad contaba con las semanas para acceder a la pensión de
jubilación y, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, solo ostentaba esta
protección el ciudadano que le faltaren los dos requisitos, estos son, la edad y las
semanas de cotización.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:
¿Aurora Martínez Arango ostentaba la calidad de prepensionada, por lo que gozaba
de estabilidad laboral reforzada y, como consecuencia, no podía ser retirada del
servicio?
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
Si la respuesta anterior es afirmativa ¿tiene derecho al pago de los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir entre el 24 de abril y el 14 de diciembre de
2017?
2.2. Marco normativo.
2.2.1. Régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación
El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso y retiro de la función pública. Para
tal efecto, señaló en el artículo 1252 que, por regla general, los empleos en los órganos
y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular, los
de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley.
Asimismo, el artículo 279 de la carta política estableció que el legislador « determinará
lo relativo a la estructura y al funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, regulará
lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades,
incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos
los funcionarios y empleados de dicho organismo» [se resalta]. En cumplimiento de este
mandato, el Congreso de la República expidió la Ley 573 de 2000 y en su artículo 1,
numeral 4, revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias3 para,
entre otros, «[m]odificar la estructura de la Procuraduría General de la Nación […] modificar
su régimen de carrera administrativa, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus
servidores públicos y regular las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren
sujetos» [se resalta].
En desarrollo de las referidas facultades, el presidente de la República expidió el
Decreto-ley 262 de 20004 por «el cual se modifican la estructura y la organización de la
Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen
de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su
funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la
2 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los
de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley,
serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo
de carrera, su ascenso o remoción.
Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en
reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido».
3
Previstas en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política.
4
Este decreto derogó la Ley 201 de 1995, la cual, hasta ese momento reguló, entre otros aspectos, el
régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación.
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas
situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos» [se resalta].
En ese orden, las normas que regulan el régimen de carrera administrativa de la
Procuraduría General de la Nación, esto es, en cuanto al ingreso y concurso de méritos
y al retiro del servicio, se encuentran contenidas en el Decreto-ley 262 de 2000.
2.2.2. Naturaleza jurídica del empleo de procurador judicial
A través del artículo 182 del mencionado Decreto-ley 262 el legislador extraordinario
clasificó los empleos de la Procuraduría General de la Nación así: i) de carrera: la cual
se constituye en la regla general; ii) de libre nombramiento y remoción: como una
excepción y se refiere a aquellos que de manera expresa sean designados por el
legislador dentro de esta clasificación; y iii) de periodo fijo: en la cual se encuentra
únicamente el de procurador general de la nación. En ese sentido, la norma en
mención dispuso:
«Artículo 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza
y forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los
de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
[…]
• Procurador judicial
[…]
3) De período fijo: Procurador General de la Nación.»
De acuerdo con la disposición transcrita, el empleo de procurador judicial fue
clasificado de manera expresa como un empleo de libre nombramiento y remoción.
Ahora bien, la Corte Constitucional declaró inexequible la clasificación que el legislador
extraordinario previó en el artículo 182 del Decreto-ley 262 de 2000 al empleo de
procurador judicial, al considerar que esta no se encontraba conforme con el artículo
280 de la Constitución Política, según el cual «[l]os agentes del Ministerio Público tendrán
las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados
y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo». Lo anterior al considerar:
«5.4.3. El artículo 280 constitucional regula situaciones jurídicas de dos tipos de servidores
públicos: los agentes del ministerio público que ejercen su cargo ante la rama judicial; y los
magistrados y jueces ante quienes ellos actúan. Entre los factores equiparables de unos
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
y otros, se encuentran los “derechos”, al lado de “categoría y calidades” como de
“remuneración y prestaciones”. Ello indica que la acepción “derechos” adquiere un
contenido específico que la diferencia de otros derechos asociados régimen salarial y
prestacional de los procuradores judiciales. Entre “derechos” objeto de homologación,
que no tienen por objeto ni la remuneración ni las prestaciones, se encuentra el de
pertenencia a un régimen de carrera, que entraña para sus titulares garantías de
estabilidad laboral, de acceso a los cargos y promoción a los mismos a través de la
selección y evaluación objetivos, con base en criterios del mérito y las calidades
personales, propios de la carrera administrativa o judicial; de tal pertenencia a la carrera se
deriva, puntualmente, la garantía de que su nombramiento y remoción no puede ser el
resultado de la discrecionalidad del nominador y de gozar de la estabilidad que tienen los
magistrados y jueces ante quienes ejercen sus funciones.
5.4.4. El artículo 280 de la Constitución Política refuerza lo anteriormente señalado, cuando
establece que los agentes del Ministerio Público tendrán la misma “categoría” de los
magistrados y jueces ante los que actúan, vocablo que significa la equivalencia en los
cargos que desempeñan unos y otros, la cual se quebranta con la distinción que realiza la
disposición acusada, al clasificar el cargo de procurador judicial como de libre
nombramiento y remoción, cuando los de los jueces y magistrados ante los que actúan, son
de carrera administrativa, conduciendo a su inexequibilidad.
5.4.5. Así, los procuradores judiciales, en su condición de agentes del Ministerio
Público que actúan ante jueces y tribunales cuyos cargos han sido definidos por el
legislador -Ley 270 de 1996- como de carrera, tienen el derecho a ser clasificados
igualmente como carrera administrativa, en aplicación del artículo 280 constitucional.
Tal decisión, además, se aviene con el principio general de la carrera, prevista en el artículo
125 superior.
[…]
5.5.2. Cabe distinguir que una es la carrera judicial administrada por el Consejo Superior
de la Judicatura y otra la carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación.
Por ello, la incorporación que procede respecto de los “procuradores judiciales” es a
la carrera propia de la Procuraduría General de la Nación.» [Se resalta]
Finalmente, como consecuencia de la anterior decisión, ordenó a la Procuraduría
General de la Nación que «en un término máximo de seis meses, contados a partir de la
notificación de este fallo, convoque a un concurso público para la provisión en propiedad de
los cargos de Procurador Judicial, que deberá culminar a más tardar en un año desde la
notificación de esta sentencia».
En consonancia con lo expuesto, de acuerdo con su naturaleza y forma de provisión,
el de procurador judicial, es un empleo de carrera que debe ser provisto a través del
sistema técnico de administración de personal previsto en el Decreto-ley 262 de 20005,
el cual tiene por objeto «garantizar la eficiencia de la entidad y ofrecer igualdad de
oportunidades para el acceso a ella, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascender,
como también establecer la forma de retiro de la misma».
2.2.3. Concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de
Procurador Judicial, en cumplimiento de la orden contenida en la sentencia C-
101 de 2013
5
Artículo 183 del Decreto-ley 262 de 2000.
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
Como se explicó, en el ordinal segundo de la sentencia C-101 de 2013, la Corte
Constitucional ordenó a la Procuraduría General de la Nación adelantar el concurso
público con el fin de proveer los cargos de procurador judicial de la entidad a través
del sistema de carrera; en cumplimiento de lo cual el procurador general de la nación
profirió la Resolución 040 del 20 de enero de 2015.
En la parte considerativa de la convocatoria contenida en la Resolución 040, se señaló
que esta se expidió con sustento en la sentencia de constitucionalidad y en ejercicio
de las facultades conferidas en el artículo 7 del Decreto-ley 262 de 2000, según las
cuales, una de las funciones del procurador general de la nación es « ejercer la suprema
dirección y administración del sistema especial de carrera, con fundamento en el cual debe
definir las políticas para la elaboración, aplicación y calificación de las pruebas que se utilizarán
en los concursos de méritos, adoptar los instrumentos necesarios para el cumplimiento de los
fines de cada una de las etapas del proceso de selección, determinar las condiciones de las
convocatorias y suscribirlas, entre otras».
De acuerdo con lo expuesto, se dio apertura al concurso abierto de méritos, con el fin
de proveer 744 cargos, de los cuales 317 eran de «procuradores judiciales I (3PJ-EG)» y
427 de «procuradores judiciales II (3PJ-EC)», para efectos del cual estableció las
condiciones generales y que este se desarrollaría a través de las siguientes etapas: i)
convocatoria; ii) reclutamiento: inscripción y lista de admitidos y no admitidos; iii)
aplicación de pruebas e instrumentos de selección; iv) conformación de lista de
elegibles; v) periodo de prueba; y vi) calificación del periodo de prueba.
Ahora bien, en contra de la Resolución 040 del 20 de enero de 20156 se presentaron
demandas de nulidad, las cuales se sustentaron en los siguientes cargos: i)
extralimitación de las funciones de la Corte Constitucional; ii) falta de competencia del
procurador general de la nación para convocar a concurso de méritos y proveer los
cargos procurador judicial; iii) vulneración de la cláusula de reserva de ley estatutaria;
iv) establecimiento de restricciones al acceso al servicio público; v) vulneración del
derecho a la igualdad y de homologación de condiciones previsto en el artículo 280 de
la Constitución Política; vi) vulneración del derecho fundamental a la igualdad de los
aspirantes, al establecer los criterios y valores de puntuación de los títulos de posgrado
y experiencia profesional relacionada en el artículo 17 del acto demandado; vii)
desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad; viii) desconocimiento del
derecho fundamental de acceso a los cargos públicos; y ix) transgresión del derecho
fundamental a la igualdad, el debido proceso, el principio de primacía de la realidad
sobre las formas y los derechos adquiridos y del precedente judicial de la Corte
Constitucional contenido en la sentencia C-333 de 2012.
Dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015)
[acumulado], la Sección Segunda de la corporación profirió sentencia el 30 de julio de
6
Expediente con radicado 11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015) [acumulado].
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
20217, en la que, después de analizar los argumentos que sustentaron los cargos de
violación, se resolvió:
«SEGUNDO: DECLARAR la legalidad condicionada del inciso 3º del numeral 1º del art. 17
de la Resolución 040 DE 2015, en el entendido de que en la prueba de análisis de
antecedentes puede otorgarse puntaje tanto a los posgrados (maestrías, doctorados o
posdoctorados en derecho) que sean específicos respecto de la convocatoria y empleo
correspondiente, así como también, aquellos cuyo título no especifique determinada área
de profundización del derecho, pero de los cuales se pueda derivar, bien sea por las
calificaciones obtenidas, por el contenido del programa académico cursado o por la tesis o
trabajo de investigación adelantado, que el concursante cuenta con la idoneidad profesional
y los conocimientos previstos en cada convocatoria para el desempeño del empleo
correspondiente.
TERCERO: DECLARAR la legalidad condicionada de los arts. 5º (inciso 3º), 9º (numeral
2.9) y 17 (parágrafo 1º) de la Resolución 040 de 2015, en el entendido que las publicaciones
de libros que dan lugar a puntaje en la prueba de análisis de antecedentes se pueden
presentar en original y físico o en forma digital por quienes superen la prueba de
conocimientos, en la fecha y lugares que se establezcan mediante aviso en la página web
institucional, los cuales deberán calificarse bajo los mismos criterios y parámetros en
términos de igualdad, siempre y cuando los derechos de autor de unos y otros se
encuentren debidamente registrados y la publicaciones cuenten con el respectivo ISBN
(International Standard Book Number), tal como se exige en el numeral 2º del art. 17 del
acto demandando.
[…]
QUINTO: NEGAR la nulidad del acto demando respecto de las demás pretensiones de las
demandas acumuladas.»
Así las cosas, en la sentencia en cita, esta corporación consideró que el acto objeto
de reproche, contentivo de las reglas del concurso de méritos que tenía como objeto
la provisión por el sistema de carrera de los cargos de procurador judicial, se
encontraba acorde con el ordenamiento jurídico. Asimismo, precisó el alcance que
debía darse a algunas de sus disposiciones con el fin de que permanecieran dentro
del marco de la legalidad, y estableció que esa legalidad condicionada tendría efectos
ex tunc con el fin de garantizar y respetar las situaciones jurídicas consolidadas y « la
protección del derecho de acceso por mérito a los cargos públicos, pues quienes participaron
y superaron las etapas propias del concurso, lo hicieron confiados en la regularidad y legalidad
de los requisitos y exigencias establecidos en la Resolución 040 de 2015».
2.2.4. La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados que ocupan cargos
en provisionalidad frente a la realización de un concurso de méritos
El artículo 46 de la Constitución Política dispuso que el Estado, la sociedad y la familia
«concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad». A su vez,
en su artículo 48 ibidem señaló que la seguridad social es un derecho irrenunciable
que debía garantizarse por aquel. Así mismo, en su artículo 53 determinó que el trabajo
7
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado 11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015)
[acumulado]; consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
es un derecho fundamental respecto del cual se debe proteger, entre otros aspectos,
su estabilidad, entendida como la garantía de permanecer en su empleo salvo una
justa causa de retiro8.
Por virtud de lo anterior, se ha considerado que a los prepensionados se les debía
asegurar en el mayor grado posible este último beneficio, en la medida en que al
retirarlos del servicio podían afectarse sus derechos fundamentales, razón por la que
la jurisprudencia ha señalado «[…] que la eficacia de esos derechos depende del
reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de
ponderación entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa»9.
En lo que respecta a la protección aludida para este grupo de la población, el Congreso
de la República expidió la Ley 790 de 2003 que estableció en su artículo 12 el
denominado «retén social» para protegerlos ante la reestructuración de las entidades
públicas. La norma prohibió que, en esta situación, fueran retirados del servicio «[…]
los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para
disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir
de la promulgación de la presente ley» 10 . La jurisprudencia ha especificado que tal
protección no solo aplica en el contexto de la reestructuración de la administración
pública, sino que se extiende a otras situaciones, ya que tiene origen constitucional y
no debe limitarse a la regla prevista en la ley mencionada.
En ese sentido esta corporación indicó que «[…] el fundamento del reconocimiento de la
estabilidad laboral reforzada de los “prepensionados” no es un asunto que dependa de un
mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene raigambre constitucional, es decir,
“opera para la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos poblacionales, que
se verían gravemente interferidos por el retiro del empleo público”»11. A su turno, la Corte
Constitucional expresó que «[…] la implementación de este tipo de medidas responde a
imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos 13, 42, 43 y 44 superiores,
entre otros, y que constituyen en sí mismos fines esenciales en el Estado Social de Derecho»12.
La jurisprudencia, a modo de interpretación del artículo 12 de la Ley 790 de 2003, ha
definido la categoría de prepensionado como «[…] el servidor público próximo a
pensionarse al cual le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y
tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de
8
Sentencia C-470 de 1997.
9
Sentencia T-183 de 2013.
10
La norma específicamente reguiló o siguiente: «Artículo 12. Protección especial. De conformidad con
la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el
desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin
alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que
cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de
jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente
ley».
11
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016. Radicado:
050012333000201200285-01. En igual sentido se expresó la Corte Constitucional en sentencia T-186
de 2013.
12
Sentencia T-768 de 2005.
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
jubilación o vejez»13 y, añadió, que el término «[…] debe contabilizarse a partir de la fecha
en que se declara la reestructuración de la entidad de la administración pública»14..
La garantía estudiada no implica que un trabajador prepensionado no pueda ser
desvinculado del servicio, ya que para la aplicación de la protección se debe analizar
la naturaleza del vínculo laboral entre el servidor público y la administración y su
procedencia depende de si existen causas objetivas que lo justifiquen15. Tal es el caso
de un empleado en provisionalidad en esa condición si se realizó el concurso de
méritos y quedó en firme la lista de elegibles para el cargo que ocupaba. Ante ello se
mantiene su protección «únicamente si existe un margen de maniobra para la
Administración en cuanto a la provisión del empleo, en razón de la diferencia entre las plazas
ofertadas y aquellas efectivamente proveídas mediante la lista de elegibles
correspondiente»16.
El anterior criterio se planteó para solucionar la tensión surgida entre el principio
constitucional del mérito del artículo 125 que protegió el derecho del aspirante que
superó el concurso de méritos para acceder al empleo público, y los derechos
fundamentales de la persona próxima a pensionarse. En ese sentido, la administración
debía actuar de la forma en que mejor materializara los derechos y principios
constitucionales y no afectara los derechos fundamentales de este último. Y, por tanto,
cuando se presenta la situación descrita antes debía procurar, antes de decidir el retiro,
proteger los derechos tanto del prepensionado como del aspirante inscrito en la lista
de elegibles17.
No obstante, si a la administración no le era posible actuar de esa manera, debía
privilegiar a quien superó el concurso de méritos, en razón a que los empleados
provisionales gozan de una estabilidad relativa y, por ende, debía ceder su posición
ante aquel, pues el artículo 125 Constitucional privilegió este método para el acceso al
servicio público18.
Sobre el particular esta sección fijó su postura y manifestó que «[…] el empleado
nombrado en provisionalidad que ostenta la calidad de pre pensionado, deberá ceder su plaza
a quien figure en la lista de elegibles por haber superado el concurso de méritos, pues su
situación especial de indefensión o vulnerabilidad por la edad, no lo exime de demostrar su
13
Sentencia C-795 de 2009. En igual sentido ver. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B,
sentencia del 28 de octubre de dos 2021, radicación: 25000-23-42-000-2014-01082-01(2919-17). Actor:
Luz Stella Vargas López.
14
Sentencia T-089 de 2009.
15
La sentencia T-269 de 2017 al respecto manifestó que la aplicación del retén social «depende o está
en función, en cualquier escenario, de la naturaleza del vínculo o la causa y el contexto de su
terminación».
16
Ibidem. En igual sentido, la sentencia T-186 de 2013 expresó «[e]n aquellas circunstancias en que
sea posible garantizar correlativamente los derechos de carrera y la estabilidad laboral reforzada,
particularmente porque se está ante la pluralidad de cargos, sin que todos ellos se hayan proveído por
el concurso, la autoridad administrativa estará obligada a preferir una solución razonable, basada en la
protección simultánea de los derechos constitucionales del aspirante y del prepensionado».
17
Sentencia T-017 de 2012.
18
Sobre la prevalencia del mérito se puede consultar la sentencia SU-446 de 2011.
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
capacidad y mérito en igualdad de condiciones en vista de que tuvo la oportunidad de participar
y acceder al cargo para ocuparlo en propiedad. En todo caso, lo anterior no exime que a la
entidad le corresponda garantizar la protección al pre pensionado, de conformidad con las
pautas señaladas por la Corte Constitucional»19.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
• El 10 de octubre de 2010, Aurora Martínez Arango se posesionó en el cargo de
procurador 19 judicial II administrativo de Cali, en virtud del acto de nombramiento
contenido en el Decreto 2372 del 22 de septiembre de ese año20.
• A través de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, la Procuraduría General de
la Nación en «cumplimiento de la orden judicial impartida por la Corte Constitucional en
sentencia C-101 de 2013 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 7° del Decreto
Ley 262 de 2000, procede a dar apertura y reglamentar la convocatoria del proceso de
selección para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales I (3PJ-EG) y II (3PJ-
EC)».
De acuerdo con lo anterior, en consideración al código y grado del cargo, la
denominación del empleo y la dependencia o área de trabajo, estableció 14
convocatorias: 1-2015, 2-2015, 3-2015, 4-2015, 5-2015, 6-2015, 7-2015, 8-2015, 9-
2015, 10-2015, 11-2015, 12-2015, 13-2015 14-2015.
• El 8 de febrero de 2015, la demandante presentó ante el procurador general de la
nación, solicitud con el fin de que se adelantara «la respectiva inscripción en lo que dice
relación con la condición de pre pensionada, con estabilidad reforzada en orden a la especial
protección de que trata el artículo 12 de la Ley 790 de 2002».
La Procuraduría General de la Nación, dio respuesta a la anterior solicitud, a través del
oficio SG 000823 del 4 de marzo de 2015, en el cual indicó que «el análisis sobre el
reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada deberá ser realizado en cada caso concreto
según las circunstancias fácticas y jurídicas al momento de la provisión de los cargos por
méritos o al retiro de los servidores conforme a las causales previstas en el ordenamiento,
previa verificación de la existencia o concurrencia de los elementos fácticos previstos en la
ley».
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 noviembre de 2022.
Radicado:08001-23-33-000-2017-00137-01. Demandante: José Vicente Paternina Peinado.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
20
De acuerdo con el acta de posesión 0881.
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
• Mediante oficio del 2 de febrero de 2016, Aurora Martínez Arango presentó
nuevamente solicitud de «reconocimiento expreso de mi condición de Pre-pensionado, con
estabilidad reforzada». Con ocasión de la anterior petición, la entidad demanda señaló:
«Al respecto le informo que dando alcance al contenido de la respuesta ofrecida por este
despacho las peticiones precedentes y relacionadas en su solicitud S.G. 923 de 04-03-2015
y toda vez que actualmente se haya en trámite el concurso para proveer los cargos de
Procuradores Judiciales I y II en la entidad, le informo que su comunicación será remitida
para que repose en el expediente de su hoja de vida y sea considerada por el señor
Procurador General de la Nación en el evento en que lo estime necesario y de conformidad
con sus facultades constitucionales».
• El 16 de junio de 2016, nuevamente presentó ante la Procuraduría General de la
Nación solicitud de «reconocimiento expreso de mi condición de Pre-pensionada con
estabilidad reforzada, de conformidad con la ley y la jurisprudencia». Frente a la cual, la
entidad le informó que sería remitida a la hoja de vida con el fin de que fuera
considerada, en caso de que el procurador lo encontrara necesario.
• Por medio del Decreto 3286 de 2016, el procurador general de la nación nombró en
periodo de prueba a Lessdy Denisse López Espinosa, en el cargo de «procurador judicial
II Código 3PJ, grado EC» en la Procuraduría 19 Judicial II Administrativa en la ciudad de
Cali. Asimismo, en el inciso tercero del artículo primero del acto en cita, dispuso que
como consecuencia de la mencionada designación «culminará la vinculación laboral, en
provisionalidad, del (la) doctor (a) AURORA MARTÍNEZ ARANGO, quien se desempeña en este
empleo» (sic).
• El 8 de agosto de 2016, mediante Decreto 3872, el procurador general de la nación
dispuso:
«ARTÍCULO PRIMERO: Retirar del servicio al (la) señor (a) AURORA MARTÍNEZ ARANGO […],
quien se desempeña en el cargo de Procurador Judicial 3pj grado ec de la Procuraduría
Judicial II Administrativa Cali, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto.
El retiro se hará efectivo a partir de la fecha en la cual tome posesión del cargo el (la) señor
(a) LESSDY DENISSE LÓPEZ ESPINOSA.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente decisión al (la) señor (a) AURORA MARTÍNEZ
ARANGO, al Ministerio del Trabajo y a la División de Gestión Humana, para los fines
pertinentes.»
• El 30 de agosto de 2016, se remitió a la demandante un correo electrónico con el
asunto «notificación terminación vinculación».
• A través del Decreto 4600 de 2016, la Procuraduría General de la Nación, en
cumplimiento de una orden judicial, nombró en provisionalidad a la demandante, hasta
por 6 meses en el cargo de procuradora 28 judicial II para asuntos del trabajo y la
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
seguridad social de Cali, código 3PJ, grado EC. Cargo del cual tomó posesión el 6 de
septiembre de 201621.
• La Corte Suprema de Justicia, el 1° de marzo de 2017, profirió sentencia de tutela a
través de la cual revocó la decisión que amparó los derechos fundamentales de la
demandante y con ocasión de la cual la Procuraduría General de la Nación profirió el
Decreto 4600 de 2016.
• La entidad demandada, mediante el Decreto 1769 del 1° de marzo de 2017, prorrogó
el nombramiento en provisionalidad de Aurora Martínez Arango, hasta por 6 meses, en
el cargo de procuradora 28 judicial II para asuntos del trabajo y la seguridad social de
Cali.
• El procurador general de la nación expidió el Decreto 2242 del 6 de abril de 2017 «por
el cual se desvincula una servidora», en el cual consideró:
«[…] Que el Procurador General de la Nación por medio del Decreto N° 4600 de 5 de
septiembre de 2016, dando cumplimiento a la orden de tutela, nombró a la señora AURORA
MARTÍNEZ ARANGO en el cargo de Procuradora 28 Judicial II para Asuntos del Trabajo y la
Seguridad Social de Cali.
Que la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Oficina Jurídica, impugnó el
fallo de 2 de agosto de 2016 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala Laboral.
Que la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral, en segunda instancia, mediante fallo de 1
de marzo de 2017 resolvió:
"(...) 1.- REVOCAR el fallo impugnado para, en su lugar, negar el amparo solicitado,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia (…)”
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el presente asunto operó la pérdida
de fuerza ejecutoria del Decreto 4600 de 05 de septiembre de 2016, por haber desaparecido
el supuesto de hecho indispensable para su vigencia, esto es la sentencia de 2 de agosto
de 2016, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali.
Que en consideración a lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Desvincular del servicio de la Procuraduría General de la Nación, a
partir de la notificación del presente acto, a la señora AURORA MARTÍNEZ ARANGO,
identificada con […], Procuradora 28 Judicial II para Asuntos del Trabajo y la Seguridad
Social de Cali, Código 3PJ, Grado EC, en provisionalidad, por las razones expuestas en la
parte considerativa de este acto administrativo. […]
• De acuerdo con lo manifestado por la demandante en el escrito de reforma de la
demanda, el anterior acto administrativo surtió efectos el día siguiente de su
comunicación, esto es, el 24 de abril de 2017.
21
De acuerdo con el acta de posesión 136.
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
• En cumplimiento de la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en el trámite de primera instancia del presente asunto, el procurador
general de la nación profirió el Decreto 6352 14 de diciembre de 2017 «por medio del
cual se da cumplimiento a una decisión judicial», en el que dispuso:
«ARTÍCULO PRIMERO.- NÓMBRESE en provisionalidad SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD, a la
doctora AURORA MARTÍNEZ ARANGO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía
66.650.265 del Cerrito, en el cargo de Procuradora 28 Judicial II para Asuntos Laborales de
Cali, código 3PJ, grado EG, con sede territorial en la ciudad de Cali, en consideración a la
parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO UNO.- La vinculación en provisionalidad de la doctora AURORA MARTÍNEZ
ARANGO, en virtud de la Medida Cautelar ordenada por el Honorable Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, operará hasta que cumpla la edad legal para acceder a su pensión de
vejez y sea incluida en nómina de pensionados.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El Grupo de Afiliación y Aportes en Seguridad Social de la
Procuraduría General de la Nación, se encargará de efectuar el respectivo seguimiento y
acompañamiento de los trámites administrativos ante la administradora de pensiones de la
doctora AURORA MARTÍNEZ ARANGO. […]»
• Aurora Martínez Arango se posesionó en el cargo de procurador 28 judicial II para
asuntos laborales de Cali, con efectos fiscales a partir del 5 de enero de 201822.
2.3.2. Análisis de la Sala
Aurora Martínez Arango solicitó que se revocara la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda, y i) se declarara la nulidad parcial del Decreto 3872 de 2016, en cuanto
la desvinculó del servicio; ii) se ordenara a título de restablecimiento del derecho
«las erogaciones prestacionales que no devengó durante el periodo del» 24 de abril de
2017 y el 14 de diciembre de 2017 y «la cancelación de los aportes de dicho periodo a
la seguridad social integral»; y iii) se realizara la desvinculación definitiva de la
demandante, con la finalidad de que sea incluida en nómina de pensionados.
Lo anterior, al considerar que, pese a que el a quo encontró que con la expedición
del Decreto 3872 del 8 de agosto de 2016, la entidad demandada desconoció la
estabilidad laboral reforzada de la cual era titular, concluyó que no tenía derecho al
restablecimiento del derecho puesto que, contaba con un reconocimiento pensional.
Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, la demandante ocupaba el cargo de procuradora judicial II, el cual, de
conformidad con lo dispuesto en la sentencia C-101 de 2013 se trataba de un
empleo de carrera. En ese orden y de acuerdo con la naturaleza jurídica del cargo,
el trabajador que se vincule en provisionalidad goza de una estabilidad laboral
22
De acuerdo con el acta de posesión 001 del 4 de enero de 2018.
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
relativa, en la medida en que si bien no tiene derecho a permanecer de manera
indefinida en el cargo, pues este debe proveerse a través del concurso de méritos,
lo cierto es que únicamente puede ser removido con fundamento en causales
legales y estas deben expresarse de manera clara en el acto de desvinculación, tal
y como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional23.
En ese sentido, dentro de las causales legales que permiten la desvinculación de
un servidor vinculado en provisionalidad en un cargo de carrera, se encuentra la
provisión del empleo con una persona que superó las etapas del concurso de
méritos, en relación con lo cual la jurisprudencia constitucional ha sostenido24:
«Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta
Corporación, gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden ser
desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera, tal
como ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que deben ser claramente
expuestas en el acto de desvinculación. En consecuencia, la terminación de una
vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una
persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios,
pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están
vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas
que ganaron un concurso público de méritos.» [Se resalta]
Ahora bien, cuando estos cargos son ocupados en provisionalidad por quienes son
sujetos de especial protección, como en el caso de quienes estén próximos a
pensionarse, o personas que se encuentran en situación de diversidad cognitiva,
funcional o anatómica o en debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, el
empleador tiene la obligación de adoptar acciones afirmativas tendientes a proteger
sus derechos, claro está, sin desconocer los de quienes adquirieron el derecho de
acceder a la función pública con base en el principio del mérito. En ese sentido, la
Corte Constitucional precisó25:
«Sin embargo, teniendo en cuenta que dentro de las personas que ocupan un cargo de
carrera en provisionalidad, pueden haber sujetos de especial protección
constitucional, como las madres y padres cabeza de familia, quienes estén próximos
a pensionarse, o personas que se encuentran en situación de discapacidad o en
debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, la Corte ha reconocido que “antes
de proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos, los
funcionarios que se encuentren en provisionalidad deberán ser los últimos en
removerse y en todo caso, en la medida de las posibilidades, deben vincularse
nuevamente de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o
equivalencia de los que se venían ocupando, siempre y cuando demuestren una
de esas condiciones especiales al momento de su desvinculación y al momento
del posible nombramiento.”[114] En esta dirección, en sentencia SU-917 de 2010, esta
Corporación precisó que “la vinculación de estos servidores se prolongará hasta tanto
los cargos que lleguen a ocupar sean provistos en propiedad mediante el sistema de
carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia
constitucional.”».
23
Al respecto ver, entre otras, Corte Constitucional, en sentencias SU-446 de 2011, SU-691 de 2017 y
T-464 de 2019.
24
Corte Constitucional, sentencia SU- 446 de 2011.
25
Corte Constitucional sentencia T-063 de 2022.
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
En el caso en estudio la demandante sostiene que al momento de su desvinculación
del cargo de procuradora judicial 19 judicial II administrativo de Cali, ostentaba la
calidad de prepensionada, por cuanto le faltaban menos de 3 años para adquirir el
estatus de pensionada. En ese sentido, en relación con la calidad de prepensionado
se ha entendido que son «aquellos servidores que cumplan con los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro de los tres años siguientes o, en otras
palabras, aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les
permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez26».
Al respecto, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente se encuentra
que Aurora Martínez Arango: i) fue desvinculada del servicio a través del Decreto
3872 del 8 de agosto de 2016; ii) que a la fecha del retiro del servicio contaba con
55 años de edad [nació el 27 de enero de 1961]; y iii) contaba con más de 1300
semanas cotizadas27. Lo anterior permite concluir que, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2002, al momento de
su desvinculación ostentaba la calidad de prepensionada, puesto que le faltaban 1
años y 5 meses para adquirir el estatus de pensionada [cumpliría los 57 años de
edad el 27 de enero de 2018].
De otra parte, como se explicó en líneas anteriores, cuando se trata de la provisión
de los empleos de carrera con quienes superaron el concurso de méritos, la
protección del trabajador prepensionado se mantiene « únicamente si existe un
margen de maniobra para la Administración en cuanto a la provisión del empleo, en razón
de la diferencia entre las plazas ofertadas y aquellas efectivamente proveídas mediante la
lista de elegibles correspondiente28» [se resalta]. Es decir, que no es suficiente con que
el empleado se encuentre en uno de los grupos de especial protección, sino que, se
debe verificar si la administración contaba con la posibilidad de efectuar acciones
afirmativas con el fin de que estos sujetos no fueran desvinculados o fueran los
últimos en ser retirados del servicio.
En relación con esto último, en el expediente obra certificación del 30 de octubre de
201729, expedida por el secretario general de la Procuraduría General de la Nación
en la que informó:
«1°. Que a la fecha, los siguientes cargos asignados a la Procuraduría Delegada para
Restitución de Tierras, Procuraduría Delegada Ambiental y Agraria y Procuraduría
Delegada para Asuntos Laborales, se encuentran provistos en provisionalidad, así:»
26
Corte Constitucional sentencia SU-897 de 2012.
27
De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por Colpensiones el 22 de
marzo de 2017.
28
Ibidem. En igual sentido, la sentencia T-186 de 2013 expresó «[e]n aquellas circunstancias en que
sea posible garantizar correlativamente los derechos de carrera y la estabilidad laboral reforzada,
particularmente porque se está ante la pluralidad de cargos, sin que todos ellos se hayan proveído por
el concurso, la autoridad administrativa estará obligada a preferir una solución razonable, basada en la
protección simultánea de los derechos constitucionales del aspirante y del prepensionado».
29
La certificación fue aportada dentro de trámite del incidente adelantado con ocasión de incumplimiento
de la orden impartida como medida cautelar.
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
Dependencia del cargo Observaciones
Procuraduría 19 judicial II restitución Cúcuta Orden judicial
Procuraduría 22 judicial II restitución Valledupar Orden judicial
Procuraduría 2 judicial II restitución Barranquilla Provisionalidad discrecional
Procuraduría 9 judicial II agraria sede Quibdó chocó Orden judicial
Procuraduría 18 judicial II agraria sede Florencia cagueta Orden judicial
Procuraduría 23 judicial II agraria sede Yopal Casanare Orden judicial
Procuraduría 17 judicial II agraria sede San Andrés Provisionalidad discrecional
Procuraduría 33 judicial II laboral Cúcuta Orden judicial
Procuraduría 28 judicial II laboral sede Cali Provisionalidad discrecional
«Se precisa que en la Convocatoria 001-2015, se ofertaron 23 cargos de Procuradores
Judiciales de Restitución de Tierras. La lista de elegibles está integrada por 21
aspirantes, de manera tal que los cargos excedentes de ella han sido ocupados en
cumplimiento de los fallos de tutela proferidos a favor de los doctores: Luz Estella
Becerra de Salcedo y Mario Alberto Canal Zarama y en el caso de la designación del
actual Procurador 2 Judicial II para la Restitución de Tierras con sede en Barranquilla no
existiendo lista de elegibles, el nominador hizo uso de la facultad discrecional y por
necesidades del servicio, asignó el cargo.
En igual sentido, en la Convocatoria 002-2015 se ofertaron 31 cargos de Procuradores
Judiciales II para Asuntos Ambientales y Agrarios. La lista de elegibles la integraron 28
aspirantes, todos ellos fueron nombrados y sólo uno no aceptó el nombramiento, de
manera tal que los 4 cargos que se ocupan en provisionalidad, lo hacen por mandato
judicial y en el caso del Procurador Judicial II de San Andrés, se encuentra ocupado por
quien viene ejerciendo el cargo con anterioridad al concurso y no existen aspirantes en
lista de elegibles de esta especialidad a cuyo nombre proceda emitir nombramiento.
En el caso de los Procuradores Judiciales II para Asuntos del Trabajo y la Seguridad
Social, mediante convocatoria 005-2015 se ofertaron 14 cargos y la lista de elegibles
para proveerlos está integrada por 11 aspirantes de manera que a la fecha los 3 cargos
están provistos en provisionalidad así: Uno por orden judicial de tutela, uno por
nombramiento en provisionalidad por seis meses y uno está asignado en encargo por el
mismo término. […]»
Lo anterior, permite evidenciar que, aunque la desvinculación de la demandante se
dio como consecuencia de una causa legal, la Procuraduría General de la Nación,
omitió su deber constitucional de efectuar acciones afirmativas tendientes a proteger
los derechos fundamentales de quien se encontraba dentro de uno de los grupos
de especial protección, en razón de lo cual, la hacían beneficiaria de una estabilidad
laboral reforzada.
En ese sentido se advierte que existían cargos de procurador judicial II vacantes,
provistos en provisionalidad con personas, frente a las que no se advierte alguna
protección especial o reforzada, sino que su nombramiento y permanencia se debe
al ejercicio de la facultad «discrecional», de las cuales, una se encontraba en la
misma sede en la que la demandante prestaba sus servicios [la ciudad de Cali]. Así
las cosas, la Procuraduría General de la Nación, sí contaba con espacio para
efectuar acciones afirmativas y garantizar los derechos de Aurora Martínez Arango,
quien, como se explicó era acreedora de una protección especial, por su condición
de prepensionada.
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
En suma, se concluye que hay lugar a declarar la nulidad del acto objeto de
reproche, puesto que la entidad demandada omitió el deber constitucional de
proteger los derechos fundamentales de Aurora Martínez Arango, quien ostentaba
la calidad de prepensionada y como consecuencia gozaba de estabilidad laboral
reforzada. Lo anterior puesto que, la Procuraduría General de la Nación contaba
con la posibilidad de reubicar a la demandante en uno de los cargos de igual
categoría que se encontraban vacantes [provistos en provisionalidad, por personas
que, en principio, no ostentaban una protección especial].
Ahora bien, en caso de la declaratoria de nulidad de un acto de retiro, en principio,
las ordenes que se deben impartir se deben dirigir al reintegro del servidor público
a su empleo y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir; sin
embargo, en el caso en estudio no es procedente la orden del reintegro puesto que,
la demandante ya cuenta con el estatus de pensionada [de acuerdo con los
requisitos de semanas de cotización y edad], por lo que, no se encuentra dentro de
los supuestos que la harían beneficiaria de la protección especial como
prepensionada.
En cuanto al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, en
consideración a que Aurora Martínez Arango fue reintegrada al servicio en virtud de
las órdenes impartidas dentro del trámite de la acción de tutela y como medida
cautelar en la primera instancia de este asunto, se procederá a verificar si tiene
derecho a este reconocimiento. De acuerdo con las pruebas aportadas, se advierte
que entre la fecha en la que fue retirada del servicio y la fecha en la que adquirió el
estatus de pensionada [cuando cumplió los 57 años de edad] tuvo las siguientes
vinculaciones:
Acto
Decisión Cargo Desde Hasta
administrativo
Decreto 3872 del Retiro del Procurador
1° de
8 de agosto de servicio 19 judicial II 10 de octubre
septiembre
2016 administrativo de 2010
de 201630
de Cali
Decreto 4600 de Nombramiento Procurador
2016 (cumplimiento 28 judicial II
6 de
tutela) para asuntos 23 de abril
septiembre
del trabajo y de 201731
de 2016
la seguridad
social de Cali
Decreto 6352 14 Nombramiento Procuradora
de diciembre de (Medida 28 Judicial II
5 de enero de
2017 cautelar) para Asuntos -
2018
Laborales de
Cali
30
Teniendo en cuenta que Lessdy Denisse López Espinosa se posesionó el 2 de septiembre de 2016.
31
Decreto 2242 del 6 de abril de 2017 «por el cual se desvincula una servidora».
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
En consonancia con lo anterior, se advierte que durante el periodo que la
demandante ostentó la calidad de prepensionada, estuvo desvinculada del servicio
entre el 24 de abril de 2017 y el 4 de enero de 2018, esto es, por el término de 8
meses y 12 días. Por lo que, a título de restablecimiento del derecho se ordenará el
pago del equivalente a los salarios y prestaciones que debía recibir por ese lapso
en el cargo de procurador 19 judicial II administrativo de Cali, descontando de ese
monto las sumas que por cualquier concepto laboral hubiese percibido del tesoro
público durante ese lapso.
2.4. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable
de la norma21
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite
procesal, la Sala se abstendrá de condena en costas en esta instancia.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del 15 de octubre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar:
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
Declarará la nulidad del Decreto 3872 del 8 de agosto de 2016, en cuanto dio por
terminada la vinculación laboral de Aura Martínez Arango en el cargo de procuradora
19 judicial II administrativa en la ciudad de Cali, por cuanto la entidad demandada
omitió el deber constitucional de proteger sus derechos fundamentales, pues
ostentaba la calidad de prepensionada y como consecuencia de ello gozaba de
estabilidad laboral reforzada.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se ordenará
el pago del equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir durante los 8
meses y 11 días que estuvo desvinculada del servicio [entre el 24 de abril de 2017 y
el 4 de enero de 2018], para lo cual se deberán descontar las sumas que por cualquier
concepto laboral hubiese percibido del tesoro público durante ese lapso.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 15 de octubre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone:
Segundo. Declarar nulidad del Decreto 3872 del 8 de agosto de 2016, en cuanto dio
por terminada la vinculación laboral de Aura Martínez Arango en el cargo de
procuradora 19 judicial II administrativa en la ciudad de Cali.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho
se ordenará el pago del equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir
durante los 8 meses y 11 días que estuvo desvinculada del servicio [entre el 24 de abril
de 2017 y el 4 de enero de 2018], para lo cual se deberán descontar las sumas que
por cualquier concepto laboral hubiese percibido del tesoro público durante ese lapso.
Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 192 del CPACA.
Radicado: 76001-23-33-000-2017-00393-01 (3153-2022)
Demandante: Aurora Martínez Arango
Sexto. No condenar en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
JMC
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