Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2017-00657-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2017-00657-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2017-00657-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de diciembre de 2023
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Radicado: 76001 23 33 000 2017 00657 01
Demandante: Rubiela Montería Montaño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación núm.: 76001 23 33 000 2017 00657 01
Actor: Rubiela Montería Montaño
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca y Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico de Buenaventura
Tesis: No es cierto que las acciones adelantadas por el Distrito de Buenaventura, para
lograr la edificación del vertedero que debe entrar a reemplazar al ubicado en el
Corregimiento de Córdoba, prueben que actuó de forma diligente en busca de una
solución a la crisis ambiental que afronta la comunidad por el funcionamiento del actual
relleno sanitario.
En atención a la protección que otorga a los derechos colectivos en cuestión la medida
cautelar adoptada en la sentencia de primera instancia, procede modificarla para
mantenerla como una orden de protección definitiva en la parte resolutiva del fallo.
El Tribunal que profirió la sentencia de primera instancia debe presidir el Comité de
Verificación por conducto del Magistrado que adelantó la sustanciación y proyección de
la decisión como Ponente.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Especial,
Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura (en adelante el Distrito
de Buenaventura) en contra de la sentencia del 10 de noviembre de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. SÍNTESIS DEL CASO
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Demandante: Rubiela Montería Montaño
1.1. La parte actora presentó acción popular1 en contra del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (en adelante el Ministerio), la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca (en adelante la Corporación) y el Distrito de Buenaventura, al
estimar vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la
existencia del equilibrio ecológico, la preservación y restauración del medio ambiente,
la seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos con una prestación
eficiente y oportuna.
Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:
“1. Que, se disponga de manera perentoria la adquisición de un lote de terreno
apto en términos del Decreto 838 de 2005, para la construcción del relleno sanitario
de Buenaventura.
2. Que, se ordene realizar con total celeridad los siguientes estudios: 2.1
Topográfico, 2.2. Geotécnico, 2.3. Climatológico, 2.4. Hidrogeológico, 2.5.
Geológico, 2.6. Crecimiento poblacional, 2.7. Generación y proyección de residuos
sólidos, 2.9. Generación de lixiviados, 2.10. Generación de gases y 2.11.
Amenaza, vulnerabilidad, riesgos, y demás estudios exigidos por los Decretos
1713 de 2002 y 838 de 2005 y demás normas concordantes.
3. Que, se ordene adelantar con total inmediatez el proceso de licenciamiento,
diseño y construcción del relleno sanitario definitivo para el Distrito Especial de
Buenaventura que permitan contar antes del vencimiento de la vida útil del actual
sitio, con un relleno sanitario que dé solución definitiva y de largo plazo al
componente de disposición final del Distrito.”
1.2. Como sustento de las pretensiones adujo lo siguiente:
Mencionó que el Distrito de Buenaventura cuenta con un vertedero de basura a cielo
abierto ubicado en el Corregimiento de Córdoba, el cual ha sido objeto de cierres
parciales y recurrentes por parte de la Corporación, en respuesta al impacto ambiental
que afecta los lechos de agua, la flora, la fauna y la salud pública.
Aseguró que, a través de la Resolución núm. 00124 del 27 de octubre de 1998, la
Corporación ordenó al Distrito de Buenaventura elaborar un plan de mitigación sobre
el impacto ambiental, el cual hasta la fecha no ha sido diseñado.
1 Índice núm. 2 de Samai.
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Expuso que la Administración Distrital, la Corporación y la Procuraduría se han
comprometido en varias ocasiones a cerrar definitivamente el vertedero y que
mediante la Resolución núm. 0751-1351 de julio de 2013, la autoridad ambiental
aprobó el plan de manejo ambiental de cierre y de ampliación del vaso 2 de la celda
transitoria. Esta resolución autorizó la recepción de residuos durante las fases de cierre
y clausura, con la condición de llevar a cabo dicha gestión con total celeridad,
cumpliendo con la normativa vigente y protegiendo el derecho colectivo al medio
ambiente y la salud pública.
Sostuvo que en el año 2013, la Administración Distrital contrató la elaboración de
estudios sobre áreas potenciales para la ubicación del sitio de disposición final de
residuos sólidos. Estos estudios fueron entregados en marzo de 2014 por el Ingeniero
Ambiental Mauricio Rafael Peña Ortega de Responsabilidad Social Empresarial RSE
SAS.
Indicó que, como parte de los compromisos adquiridos en 2013, la Administración del
Distrito debía encontrar un nuevo sitio adecuado para la construcción del relleno
sanitario de Buenaventura.
Manifestó que en agosto de 2014, después de una emergencia sanitaria que resultó
en el cierre del vertedero en el Corregimiento de Córdoba, la Corporación extendió la
vida útil del vertedero. Mientras tanto, la Administración Distrital tomó la decisión de
avanzar en el proceso de licenciamiento y procedió a la construcción de otro vaso en
la celda de contingencia del vertedero.
Afirmó que el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER
(Fiduciaria Bogotá S.A.) llevó a cabo el proceso de selección núm. PAF-ATF-I-CT-026-
2015 con el objetivo de contratar los "Estudios y diseños para la construcción del
relleno sanitario para el Distrito de Buenaventura y plan de cierre de la celda transitoria
de Córdoba". Este contrato fue adjudicado a la Empresa AMEZQUITA NARANJO
INGENIERIA & CIA el 17 de julio de 2015, a través del Contrato Interadministrativo
núm. 159, por un valor de SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($780.262.400).
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
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2.1. El Ministerio2 presentó oposición a todas las pretensiones, alegando la falta de
sustento fáctico, jurídico y probatorio. En este sentido, señaló que, de acuerdo con el
Decreto 3570 de 2011 y la Ley 99 de 1993, la entidad tiene el rol de ser el organismo
rector en la gestión del ambiente y los recursos naturales renovables, pero no actúa
como órgano ejecutor. Su función principal es establecer políticas y regulaciones a
nivel nacional para la protección del medio ambiente y los recursos renovables.
Argumentó que no ha sido negligente en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto,
no puede asumir responsabilidad por acciones que corresponden a otras autoridades.
Propuso las siguientes excepciones previas:
Ausencia de responsabilidad. Explicó que la responsabilidad solo se configura cuando
existe un daño antijurídico, que la víctima no está obligada a soportar, junto con la
acción u omisión de la Administración y una relación causal con la producción del daño.
Solicitó la exclusión de responsabilidad, argumentando que las funciones asignadas a
la entidad se han cumplido cabalmente.
Inexistencia del nexo de causalidad entre el hecho dañoso y su actividad. Señaló que
atribuir una conducta a una persona requiere demostrar una relación de causa y efecto,
tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico. Describió dos teorías: la causalidad
adecuada, donde el daño es causado por el hecho o fenómeno que normalmente
debería haberlo producido y la causalidad natural, donde todas las condiciones del
resultado tienen idéntica calidad causal.
Propuso que era necesario distinguir entre imputaciones fácticas y jurídicas,
destacando que las primeras se refieren a los hechos históricos de los que el
demandante deriva sus peticiones, mientras que las segundas están relacionadas con
la normativa en cuanto a deberes y obligaciones.
Concluyó que, para imputar la responsabilidad estatal, debía acreditarse la relación
entre las acciones u omisiones del responsable y la producción del daño. Razón por la
2 Ibidem.
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cual, la existencia del daño antijurídico, por sí solo, no es suficiente para establecer la
responsabilidad, ya que debe ser imputable a la acción u omisión del Estado.
Falta de legitimación en la causa por pasiva. Dijo que no era la parte legitimada para
responder a la supuesta violación de derechos colectivos en relación con los hechos y
pretensiones presentadas por el demandante, ya que carecía de competencia para
ello. Según los artículos 1 y 2 del Decreto 3570 de 2011, así como los artículos 2 y 5
de la Ley 99 de 1993, en sus objetivos, funciones y estructura, el Ministerio se
posiciona como un organismo encargado de establecer políticas en relación con el
medio ambiente, actuando como organismo rector.
En consecuencia, solicitó que se declarara probada esta excepción y, por lo tanto,
pidió ser desvinculado de la presente acción popular.
2.2. La autoridad ambiental presentó contestación a la demanda de forma
extemporánea. El Distrito de Buenaventura guardó silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia del 10 de
noviembre de 20223, cuya parte resolutiva dispuso:
“1.- DECLÁRESE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
2.- AMPÁRANSE los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio
y protección del medio ambiente, la seguridad y salubridad públicas y el acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el acceso a
los servicios públicos, previstos en el artículo 41 de la Constitución Política,
vulnerados por el DISTRITO DE BUENAVENTURA.
3.- DECRÉTESE COMO MEDIDA CAUTELAR que, en el menor tiempo posible, el
Distrito de Buenaventura, en coordinación con la CVC, adopte las soluciones
provisionales para mitigar el impacto que genera el problema de la disposición de
basuras. Esta medida cautelar será definitiva en caso de que no se apele el
presente fallo.
4.- ORDÉNESE al Distrito de Buenaventura proceder con la construcción del
relleno sanitario. En consecuencia:
3 Ibidem.
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4.1 Ordenar al Distrito de Buenaventura que en un término perentorio de SEIS (6)
MESES, contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, realice la
adquisición del lote donde se construirá el relleno sanitario.
4.2 Ordenar al Distrito de Buenaventura que en un término perentorio de DOCE
(12) MESES, contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, consiga
los recursos, ya sean propios o de cofinanciación, para este proyecto.
4.3. Ordenar al Distrito de Buenaventura que en un término perentorio de SEIS (6)
MESES, contados a partir del periodo de doce (12) meses otorgados para la
consecución de recursos, proceda a abrir el proceso licitatorio y adjudicar esta
licitación, junto con la suscripción del contrato para la construcción del relleno
sanitario.
5.- EXHÓRTESE a la Corporación Autónoma de Occidente – CVC para que realice
vigilancia e inspección exhaustiva, tanto del botadero de basura ubicado en el
corregimiento de Córdoba hasta el cierre del mismo, como de la construcción del
nuevo relleno sanitario de Buenaventura, durante el tiempo que dure la edificación
y posterior a su levantamiento, examinando cualquier irregularidad que pueda
presentarse a lo largo del proceso, para garantizar un adecuado control ambiental.
6.- PUBLÍQUESE la parte resolutiva de esta providencia en un diario de amplia
circulación nacional a costa de las partes involucradas.
7.- ENVÍESE copia de la presente providencia una vez ejecutoriada la misma, al
Procurador Judicial 19 ante esta Corporación, a las autoridades demandadas y a
la parte actora.
8.- ENVÍESE igualmente, una vez ejecutoriado este fallo, copia del mismo,
acompañado de sendas copias de la demanda y del auto admisorio, a la Oficina
de Registro Público de Acciones Populares y de Grupo de la Defensoría del Pueblo
Regional Valle del Cauca, en acatamiento a lo preceptuado por el artículo 80 de la
Ley 472 de 1998.
9.- INTÉGRASE para efectos del cumplimiento de esta sentencia un Comité
verificador constituido por la señora RUBIELA MONTERÍA MONTAÑO en su
calidad de actor popular, un delegado de la CVC, el Alcalde del DISTRITO DE
BUENAVENTURA, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca - Dirección
Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la Procuradora 19 Judicial II
delegada a este Despacho, quien será la encargada de presidirlo. El Comité
deberá rendir informe a este Tribunal, respecto de las gestiones que se realicen
para el cumplimiento de la sentencia al vencimiento de los términos antes
indicados.”.
3.2. El Tribunal declaró la configuración de la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Ministerio al considerar que, como organismo rector
de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, no era la
entidad encargada de vigilar y controlar el botadero de basura del Corregimiento de
Córdoba, ni sus condiciones ambientales o la construcción de un nuevo relleno
sanitario para el Distrito de Buenaventura.
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3.3. Al estudiar el fondo del asunto, respaldado en el acervo probatorio4, el a quo
resaltó la crisis ambiental en Buenaventura generada por el vertedero mencionado.
También destacó la demora de la Administración Distrital en asegurar un terreno
adecuado para el relleno sanitario, a pesar de la adjudicación del contrato para el
estudio y diseño a la Empresa Amézquita Naranjo Ingeniería & CIA en el año 2015.
El Tribunal señaló que la falta de acción por parte del Distrito de Buenaventura no
eximía de responsabilidad a la Corporación, la cual tiene la competencia para evaluar
la eficacia de las medidas relacionadas con el sitio de disposición final de residuos
sólidos.
En este contexto, recalcó la necesidad de una mayor intervención por parte de la
autoridad ambiental y criticó la autorización que otorgó para la construcción de los
vasos 2 y 3 en el vertedero de Córdoba sin instar al Distrito a construir el relleno
sanitario.
Adicionalmente, cuestionó las acciones del Distrito de Buenaventura argumentando
que dilató la implementación de medidas para adquirir el terreno y solo abordó las
contingencias del relleno sanitario en lugar de buscar una solución integral y definitiva
a la problemática ambiental.
Con todo, concluyó que la afectación de los derechos colectivos invocados por la parte
actora era consecuencia de la omisión del ente territorial, por lo cual resultaba
imperioso darle un término perentorio para la construcción del relleno sanitario.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
4 Mediante Auto núm. 139 del 19 de julio de 2021, el Tribunal solicitó a la autoridad ambiental y
al Distrito de Buenaventura que aportaran copia de algunos actos administrativos expedidos con
ocasión del funcionamiento del relleno sanitario de Buenaventura.
La Corporación aportó copia de la Resolución 0750-No. 0751-1351 del 12 de julio de 2013, por medio
de la cual aprobó el plan de manejo ambiental de cierre y construcción de la ampliación del vaso No. 2
en la celda transitoria, sitio de disposición final de residuos sólidos domiciliares ubicado en el
corregimiento de córdoba zona rural del Distrito de Buenaventura – Valle, y la Resolución 0750 – No.
0753-0192 del 11 de mayo de 2016, a través de la cual aprobó el plan de manejo ambiental de cierre y
construcción del vaso de contingencia No. 3 ubicada en la celda transitoria en el corregimiento de
córdoba zona rural del Distrito de Buenaventura – Valle del cauca.
El Distrito de Buenaventura no aportó copia de los documentos solicitados.
Entre las pruebas restantes se encuentran las aportadas por la parte actora con la demanda y por la
Corporación con la contestación de la demanda, decretadas en el Auto núm. 03 del 15 de enero de 2018
(Visible en la página 220 del archivo tipo PDF “CUAD PPAL 201700657”. Índice núm. 2 Samai).
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El Distrito de Buenaventura5 presentó recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia en el que indicó que remitió a la autoridad ambiental los estudios
y diseños para la ampliación de la celda de contingencia, optimización del vaso 1, de
acuerdo con los términos de referencia establecidos por la Corporación.
Afirmó que, de forma previa a la adquisición y legalización del terreno para el relleno
sanitario definitivo, decidió retomar la solicitud de recursos ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) para llevar a cabo estudios, diseño y construcción
de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos (ECA).
Manifestó que también busca la construcción de una ECA de menor tamaño en el
sector de la isla, localidad 1, para promover programas de aprovechamiento y
separación en la fuente de residuos a través de grupos de recicladores legalmente
organizados.
Además, comentó que realizaría estudios, diseño y construcción de una Estación de
Tratamiento de Residuos Orgánicos (ETRO), de acuerdo con la caracterización
definida por el Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS).
Finalmente, sostuvo que ha llevado a cabo mesas de trabajo internas para evaluar
ambientalmente las tres (3) alternativas de terrenos con potencial para la construcción
del relleno sanitario definitivo disponibles a la fecha. Y que se encuentra a la espera
de seleccionar la mejor opción para iniciar el proceso de adquisición y cumplir con los
compromisos establecidos.
Reafirmó su compromiso de cumplir con las normas ambientales y de servicios
públicos, destacando que en ningún momento dilató el proceso de adquisición del
terreno para el relleno sanitario, pues se encuentra interesado en resolver la crisis
ambiental para conjurar la vulneración de los derechos colectivos.
5 Índice núm. 2 de Samai.
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En resumen, dijo que ha emprendido y continúa realizando las gestiones para abordar
la problemática generada por el vertedero de Córdoba, lo que hace que no comparta
la decisión tomada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Por ello, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
denegaran las pretensiones de la acción.
Con el recurso de apelación no se allegó ningún tipo de prueba o solicitud probatoria.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA6
Por medio de auto del 2 de febrero de 2023, el Despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por el Distrito de Buenaventura y prescindió del
traslado para alegar de conclusión en aplicación de lo previsto en numeral 5 del artículo
247 del CPACA, aplicable al presente asunto por la remisión que autoriza el artículo
44 de la Ley 472 de 1998.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de
1998, el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo
de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de
los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales
Administrativos en las acciones populares.
6.2. Planteamiento
Del recurso de apelación la Sala observa que el Distrito de Buenaventura discrepa de
la decisión de primera instancia respecto de la valoración que efectuó el Tribunal sobre
las acciones que adelantó para conjurar la problemática que genera el Vertedero de
Córdoba.
6 Todo el trámite obra en el expediente digital en Samai.
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Así, para el recurrente la implementación de diversas iniciativas para hacer frente a la
crisis ambiental y la puesta en marcha del proceso de selección de la mejor opción
para la mencionada adquisición, prueban su intención de dar pronta solución al
impacto que genera el funcionamiento del vertedero ubicado en el Corregimiento de
Córdoba.
En contraste, el a quo consideró que las medidas tomadas por la Administración
Distrital para mitigar y resolver a mediano plazo la problemática resultaban
insuficientes, especialmente, teniendo en cuenta que el contrato de estudios y diseños
del nuevo relleno sanitario fue adjudicado en el año 2015, sin que a la fecha hubiese
logrado una salida definitiva a la afectación que afronta la población.
6.3. Generalidades de la acción popular
De acuerdo con su definición constitucional - artículo 88 de la Constitución Política- y
legal -artículo 2, inciso 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos consagrados por la Constitución y la
ley, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Se trata, según lo dispuesto por el artículo 9 de la precitada ley, de acciones que
proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o particulares que
hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Por ende, a la
luz de lo dispuesto por los artículos 2 y 9 ejusdem, la acción popular se ha calificado
como un medio procesal de carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio,
dependiendo de las particularidades del caso.
6.4. De la valoración de las actuaciones del Distrito de Buenaventura en la
atención del problema del vertedero de Córdoba
La Sala determinará si es cierto que las acciones adelantadas por el Distrito de
Buenaventura, para lograr la edificación del vertedero que debe entrar a reemplazar al
ubicado en el Corregimiento de Córdoba, prueban que actuó de forma diligente en
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busca de una solución a la crisis ambiental que afronta la comunidad por el
funcionamiento del actual relleno sanitario.
Para responder el anterior interrogante es indispensable revisar el acervo probatorio
que obra en el expediente respecto de las acciones efectuadas por el anotado ente
territorial.
Según se observa, el Distrito de Buenaventura no presentó contestación a la demanda
y tampoco atendió la solicitud probatoria efectuada por el Tribunal mediante el Auto
núm. 139 del 19 de julio de 20217, cuando el proceso se encontraba pendiente para
fallo, luego de advertir la necesidad de decretar pruebas de oficio, en atención a la
facultad otorgada por el artículo 213 del CPACA. A ello se agrega que con el recurso
de apelación no aportó prueba alguna de las afirmaciones que en esa oportunidad
realizó.
No obstante, en aras de determinar si con fundamento en el acervo recogido en la
instancia correspondiente es viable llegar a una conclusión distinta a la del a quo, la
Sala evidencia que reposan en el plenario las pruebas que allegó la autoridad
ambiental el 19 de agosto de 20218, en cumplimiento de la orden impartida por el
Tribunal en el proveído antes referido: (i) Resolución 0750 0751-1351 del 12 de julio
de 2013, por medio de la cual aprobó el plan de manejo ambiental de cierre y la
ampliación del vaso 2 en la celda transitoria y (ii) Resolución 0750 0753-0192 del 11
de mayo de 2016, a través de la cual aprobó el plan de manejo ambiental de cierre y
construcción del vaso 3 en la celda transitoria.
También se encuentran en el proceso los documentos mencionados por la parte actora
en la demanda que refieren al proceso contractual que terminó con la adjudicación del
contrato para los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO
SANITARIO PARA EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y PLAN DE CIERRE DE LA CELDA
TRANSITORIA DE CÓRDOBA” a AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA & CIA en el año
20159.
7 Ver en el índice núm. 19 de Samai del Tribunal.
8 Ver en el índice núm. 27 de Samai del Tribunal.
9 Todo el proceso contractual señalado puede ser consultado en
https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-atf-ct-026-2015
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Bajo tal contexto, si bien del estudio de las pruebas recaudadas se desprende que el
recurrente desarrolló algunas actividades tendientes a mitigar y resolver a mediano
plazo la crisis ambiental generada por el referido relleno sanitario, lo cierto es que, tal
y como lo sostuvo el Tribunal, esas acciones no comprueban un esfuerzo suficiente de
la Administración Distrital ni garantizan la solución definitiva para la problemática, esto
es, la construcción de un nuevo vertedero, para lo cual es necesario, como punto de
partida, la adquisición del predio en el que se situaría, circunstancia que era
debidamente conocida por el ente territorial.
En cambio, si permiten corroborar que la única gestión en pro de la construcción del
nuevo lugar de disposición final de residuos sólidos data del año 2015, cuando fue
seleccionado el contratista encargado de realizar los estudios y diseños para la
edificación que la comunidad reclama para lograr el amparo de los derechos
colectivos; lo que deja palmario que han transcurrido más de siete (7) años sin que se
adopten soluciones definitivas y de carácter urgente debido a la crisis ambiental y
sanitaria que nadie discute.
Dicho en otras palabras, la entidad territorial se limitó a superar las contingencias del
botadero de basura de Córdoba, solicitando a la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca la aprobación de la ampliación y construcción de los vasos 2 y 3 en la
celda transitoria del vertedero, eventos que solamente aliviaban las dificultades
medioambientales, aunque conocía que dicho relleno sanitario debía cerrarse.
De cualquier forma, el deficiente ejercicio probatorio ejercido por el recurrente impide
a la Sala efectuar un análisis y/o valoración diferente.
Ante lo expuesto, la Sala advierte que no es cierto que las acciones adelantadas por
el Distrito de Buenaventura, para lograr la edificación del vertedero que debe entrar a
reemplazar al ubicado en el Corregimiento de Córdoba, prueben que actuó de forma
diligente en busca de una solución a la crisis ambiental que afronta la comunidad por
el funcionamiento del actual relleno sanitario y, en consecuencia, el cargo no prospera.
6.5. De la medida cautelar adoptada en el fallo de 10 de noviembre de 2022
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Demandante: Rubiela Montería Montaño
La Sala observa que en el numeral 3º de la parte resolutiva del fallo 10 de noviembre
de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó la ejecución inmediata
de medidas cautelares, con la finalidad de dar soluciones provisionales para mitigar el
impacto que genera el problema de la disposición de basuras.
Sobre el particular, es necesario poner de presente que de conformidad con el artículo
25 de la Ley 472 de 1998, el juez constitucional se encuentra facultado, para que, de
oficio o a petición de parte, adopte las medidas previas que estime pertinentes para
para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que hubiere causado; veamos:
“Artículo 25. Medidas cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en
cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar,
debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir
un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. (…)” (Subrayas
de la Sala)
En consonancia con ello, el artículo 229 del CPACA., indicó que las medidas cautelares
contenidas en dicho estatuto serían aplicables a los procesos que tengan como fin la
protección de derechos e intereses colectivos. La norma en cuestión es del siguiente
tenor:
“Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte
debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la
defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este
capítulo y podrán ser decretadas de oficio.” (Subrayas de la Sala).
Así pues, de acuerdo con lo expuesto, es procedente afirmar que dada la naturaleza
preventiva de las medidas cautelares y por ende, transitoria, no pueden ser adoptadas
en el fallo de primera instancia, dado que las ordenes allí previstas están orientadas a
definir la litis.
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El contenido de las medidas cautelares no debe suponer lo mismo que se espera de
la sentencia, dado su carácter meramente instrumental en tanto tienden a posibilitar el
cumplimiento de la sentencia definitiva. Uno es el objeto de la sentencia, constituido
por la decisión sobre la pretensión formulada y que será favorable al actor en caso de
que demuestre la titularidad del derecho reclamado, y otro, el objeto de la medida
cautelar determinado por la tutela judicial efectiva, esto es, la garantía de la efectividad
de la sentencia que se ve en riesgo por la mora en el trámite del proceso.
En otras palabras, el carácter accesorio que para el proceso judicial tiene la medida
cautelar, dado que se profiere dentro de su trámite, impone al juez la determinación de
la necesaria relación entre la pretensión procesal formulada en el proceso y la medida
cautelar solicitada10.
Aunado lo anterior, es menester indicar que permitir que confluyan en una misma
decisión el trámite cautelar y el de la sentencia implica desconocer el derecho de doble
instancia que es propio de las primeras decisiones. Al respecto, esta Sección en
providencia del 22 de febrero de 2018, sostuvo:
“La Sala considera que la situación planteada reviste de suma importancia, pues,
se reitera, que en la sentencia proferida al interior de una acción popular, el Juez
debe resolver la controversia y adoptar medidas definitivas que, en caso de ser
apeladas, deben ser revisadas por el superior jerárquico, en aras de garantizar el
derecho a la doble instancia, razón por la que carece de toda técnica jurídica la
emisión de medidas cautelares en la misma, pues estas son de carácter provisional
o transitorio.
A juicio de la Sala, el hecho de dictar medidas cautelares al interior de una
sentencia, vulnera el derecho al debido proceso y a la doble instancia de la
10 Vale la pena traer a coalición lo dispuesto en sentencia C-9256 de 1998 a propósito de esta figura:
“En efecto, cabe precisar que las medidas cautelares son aquellas determinaciones preventivas
adoptadas mediante providencias judiciales, de oficio o a solicitud de parte, al inicio o en el curso del
proceso, que se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba para mantener el estado de cosas
similar al que existía al momento de iniciarse el trámite judicial o impedir que la vulneración al derecho
se haga más gravosa; así, con tales decisiones se asegura que el derecho material objeto de la
controversia podrá ser efectivo en el caso de prosperar el litigio y que no se verá menoscabado como
consecuencia del tiempo que tarda en finalizar el proceso. 10
Dicho de otro modo, el establecimiento de medidas cautelares se constituye en “un medio inescindible
de la tutela judicial efectiva pues sin ellas se transforma, muchas veces, en ilusoria la posibilidad de
obtener protección judicial durante la sustanciación de un proceso.”10
Este instrumento está ligado, por tanto, a la tutela judicial y tiene su fundamento ante la imposibilidad
real de contar con una justicia inmediata, de manera que se han consagrado en los estatutos procesales
medidas que anticipan o salvaguardan provisionalmente los efectos que tendría la futura sentencia, en
el entendido de que aquel derecho no tendrá vigencia si al pronunciarse la sentencia ya resulta difícil o
prácticamente imposible la satisfacción de las pretensiones, pues los derechos litigiosos pueden
haberse visto afectados por el paso del tiempo (periculum in mora)”
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autoridad obligada, pues el trámite de apelación del auto que decreta una medida
cautelar difiere del previsto para la apelación de sentencia, en tanto que en el
primer evento la alzada se resuelve de plano y en el segundo se debe admitir el
recurso y correr traslado del mismo a las partes y al Ministerio Público, lo cual
resulta aún más dispendioso. Lo anterior, aunado al hecho de que hace ilusorio un
pronunciamiento en segunda instancia, tal como ocurrió en el presente caso.
La Sala destaca que, si bien, el objeto de la acción popular es el amparo de los
derechos colectivos, en cuyo trámite se debe observar la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal, el Juez también está obligado a velar por el respeto
del debido proceso, garantías procesales y el equilibrio entre las partes, lo cual no
se advirtió en el trámite de la presente acción popular.”11 (Subrayas de la Sala).
Ante tal panorama, sería procedente levantar la aludida medida cautelativa e instar al
Tribunal para que, en lo sucesivo, en las acciones populares de su conocimiento, tenga
cuenta las consideraciones anteriormente expuestas.
Sin embargo, la Sala destaca que el tercer numeral de la parte resolutiva de la
sentencia del 10 de noviembre de 2022, es apropiado para garantizar la protección de
los derechos colectivos involucrados en el caso en cuestión. Este ordenamiento obliga
al Distrito de Buenaventura a emprender acciones que, de manera provisional,
ofrezcan una solución a la problemática de la disposición de residuos. Esto asegurará
que durante el tiempo que transcurra hasta la construcción del relleno sanitario, no se
prolongue la situación que originó la vulneración denunciada por la parte actora.
En virtud de lo anterior, la presente decisión modificará esa medida para establecerla
como definitiva en la parte resolutiva.
6.6. Del Comité de Verificación
Es importante agregar que esta Sección12 definió que era menester no sólo que se
incluyera, por mandato legal, al Tribunal que emitió sentencia de primera instancia,
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 22 de
febrero de 2018, proceso radicado número: 85001 23 33 000 2014 00129 03. Consejera Ponente: María
Elizabeth García González
12 Verbigracia: Sentencia de 28 de junio de 2019, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
Radicación Número: 52001-23-33-000-2018-00361-01(AP), en la que se dijo:
“Comité de verificación.
167. Para el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, se ordenará la conformación de
un comité de verificación, según lo dispone el artículo 34 de la Ley 472:
“[…] En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus
determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente
culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para tomar las medidas
necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el
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sino que además precisó que quien debía presidir el Comité de Verificación es el
Magistrado que adelantó la sustanciación y proyección de la decisión en la anotada
instancia como Ponente13. En consecuencia, se modificará la parte resolutiva del fallo
en la siguiente forma:
Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento
de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada
de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo. También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su
competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Resaltado fuera de texto
original). 1.Así las cosas, en el comité de verificación de esta sentencia participarán: i) la parte actora; ii) el
Municipio de Mocoa; ii) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –
CORPOAMAZONIA-; iii) la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Putumayo S.A.S. E.S.P.; y iv) el
delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Nariño. Este Comité
será presidido por el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de la Magistrada ponente de la
sentencia proferida, en primera instancia.” (Negrillas del texto original) (Subrayas de la Sala). 13
“Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 472, el Juez tiene la
facultad de conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán
además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el
Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo. La implementación de dicho comité no pugna con la facultad que tienen las partes o los interesados de
acudir al incidente de desacato ante el incumplimiento de una orden judicial, pues aquel tiene por
finalidad efectuar un seguimiento a la ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia y
también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el juez y demás personas interesadas,
para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó lo siguiente:
“[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos normativos hayan considerado
que dichas autoridades debían conservar su competencia, después de proferido el fallo, para adoptar
las medidas que conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez de tutela como el
de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección,
cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los motivos de su negligencia y
adelantar las diligencias que correspondan para corregir tales obstáculos. 13
El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la conformación
del comité para la verificación del cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció
previamente (Supra 4.5.) cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de
propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite hacer un seguimiento
de las gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado han adoptado con
ese objeto.13
[…]
10. Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con antelación acerca de la
responsabilidad del juez de la acción popular en la ejecución de sus sentencias y de los instrumentos
jurídicos de los que él y las partes pueden valerse para impulsar el cumplimiento de las órdenes de
protección de los derechos colectivos. Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de forma precisa el plazo previsto
para su ejecución y que, durante ese término, el juez conserva la competencia para tomar las medidas
que conduzcan a la pronta y efectiva materialización de la protección concedida.
Esto significa que
puede practicar pruebas para identificar las circunstancias que obstaculizan la concreción del amparo,
requerir a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección y adoptar los correctivos que
conduzcan a superar la dilación verificada. Además, se advirtió sobre el importante papel que cumplen el comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia de acción popular y el incidente de desacato frente a dicho propósito, el primero porque
opera como un espacio para la elaboración y discusión de las alternativas de cumplimiento de la
sentencia y el segundo porque permite que, ante la inminencia de una sanción disciplinaria, las
autoridades se apresuren a ejecutar las medidas necesarias para hacer realidad el amparo concedido.
[…]
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Demandante: Rubiela Montería Montaño
9.- INTÉGRASE para efectos del cumplimiento de esta sentencia un Comité
verificador constituido por la señora RUBIELA MONTERÍA MONTAÑO en su
calidad de actor popular, un delegado de la CVC, el Alcalde del DISTRITO DE
BUENAVENTURA, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca - Dirección
Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Procuradora 19 Judicial II y
este Tribunal, que por conducto del Magistrado Ponente, lo presidirá. El Comité
deberá rendir informe al Tribunal, respecto de las gestiones que se realicen para
el cumplimiento de la sentencia al vencimiento de los términos antes indicados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia apelada, que quedará así:
3.- ORDÉNESE que, en el menor tiempo posible, el Distrito de Buenaventura, en
coordinación con la CVC, adopte las soluciones provisionales para mitigar el
impacto que genera el problema de la disposición de basuras.
(…)
9.- INTÉGRASE para efectos del cumplimiento de esta sentencia un Comité
verificador constituido por la señora RUBIELA MONTERÍA MONTAÑO en su
calidad de actor popular, un delegado de la CVC, el Alcalde del DISTRITO DE
BUENAVENTURA, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca - Dirección
Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Procuradora 19 Judicial II y
este Tribunal, que por conducto del Magistrado Ponente, lo presidirá. El Comité
deberá rendir informe al Tribunal, respecto de las gestiones que se realicen para
el cumplimiento de la sentencia al vencimiento de los términos antes indicados.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
El papel que cumple el comité de verificación en la asesoría y seguimiento de las órdenes de protección,
la competencia que se le confirió al juez para vincular a las entidades que podrían contribuir a acelerar
el cumplimiento del fallo, la labor que en aras de este objetivo pueden ejercer los organismos de control
y los intereses que están en juego tratándose de derechos colectivos cuya protección, por definición,
concierne a toda la sociedad, son razones suficientes para considerar que, en efecto, el juez de la acción
popular está habilitado para ajustar sus órdenes cuando ello resulte indispensable para asegurar el goce
efectivo de tales derechos o conjurar las circunstancias que lo amenazan […]”.
Es por lo anterior que la Sala considera que el comité de verificación en el asunto sub-examine no debe
ser revocado, pero sí modificado en el sentido de incluir al Tribunal, a través de su magistrado ponente,
quien lo presidirá.” (Negrillas del original) (Subrayas de la Sala)
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Demandante: Rubiela Montería Montaño
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala el 13 de diciembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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