RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2017-01060-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01060-02

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01060-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 27 de junio de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del 25 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad corresponde al Código General del Proceso. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 76001-23-33-000-2017-01060-02 (3094-2025) Demandante: María Cristina Pérez Gallego derecho, presentó la señora María Cristina Pérez Gallego en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el Departamento del Valle del Cauca y el Hospital Departamental de Cartago - en liquidación, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. TERCERO. RECONOCER personería jurídica para actuar como apoderada judicial de la Superintendencia Nacional de Salud a la abogada Caryni Negrete Rentería, portadora de la tarjeta profesional nro. 238.500 del Consejo Superior de la Judicatura en los términos del poder otorgado26. CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-01060-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01060-02 (3094-2025).
Demandante: María Cristina Pérez Gallego.
Demandado: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social;
Superintendencia Nacional de Salud; Departamento del Valle del
Cauca; ESE Hospital Departamental de Cartago - en liquidación.
Tema: Reconocimiento y pago de la indemnización por supresión del
cargo de empleada nombrada en provisionalidad.
Decisión: Confirmar la sentencia apelada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 27 de junio de 2025, a través de la
cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. La parte actora solicitó la nulidad del Oficio sin número y de
fecha 27 de septiembre de 2016, por medio del cual se negó el reconocimiento y
pago de la «indemnización por el retiro del servicio», conforme a lo establecido en
las Leyes 10 de 1990 y 443 de 1998, así como en el Decreto 1399 de 1990.

3. A título de restablecimiento del derecho exigió la indemnización que le
corresponde de manera indexada y la cancelación de 50 salarios mínimos legales
mensuales vigentes (SMLMV) por concepto de perjuicios morales.

4. Hechos. La señora María Cristina Pérez Gallego estuvo vinculada como auxiliar
de enfermería en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Cartago
(Valle del Cauca). Luego, mediante la Resolución nro. 251 A-95 del 1.° de junio de
1995 fue promovida en el mismo cargo hasta el 30 de diciembre de 2003.

5. Posteriormente, desde el 1.° de enero de 2004, fue vinculada en provisionalidad
al Hospital Departamental de Cartago, nombramiento que se extendió hasta su
desvinculación por la supresión del cargo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01060-02 (3094-2025)
Demandante: María Cristina Pérez Gallego

6. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, la decisión cuestionada
infringió los siguientes artículos: 2.°, 6.°, 25, 29 y 125 de la Constitución Política; 2.°
y 3.° del Decreto 1399 de 1990 y las sentencias C-241 de 2014, T-121 de 20016 y
SU-484 de 2008. Al desarrollar el concepto de violación, formuló los siguientes
reparos:

7. En primer lugar, sostuvo que la entidad demandada vulneró sus derechos
fundamentales al desconocer los principios constitucionales de protección al
trabajo, debido proceso y legalidad en la función pública. Señaló que la decisión de
declarar insubsistente su nombramiento no se ajustó a las normas que regulaban
su situación jurídica, particularmente aquellas derivadas de su vinculación sin
solución de continuidad desde una institución de utilidad común a una entidad
pública oficial, en los términos del Decreto 1399 de 1990.

8. Asimismo, afirmó que era beneficiaria de las garantías previstas en el artículo
3.° y en el parágrafo 2.° del artículo 4.° del citado Decreto, disposiciones que
imponían a la administración el deber de respetar sus derechos salariales,
prestacionales y de estabilidad laboral mientras permaneciera vinculada a la entidad
receptora. No obstante, el acto mediante el cual se negó la indemnización fue
expedido sin motivación suficiente y al margen del procedimiento legalmente
establecido, lo que, a su juicio, vulneró el derecho fundamental al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

9. Agregó que la administración desconoció la protección especial que el
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reconocen a los servidores cuyas
entidades de origen fueron objeto de liquidación, supresión o cesión, de
conformidad con las Leyes 10 de 1990, 60 de 1993 y 100 de 1993. Indicó que dichas
disposiciones garantizan la continuidad del vínculo laboral y la preservación de los
derechos adquiridos durante los procesos de reorganización del sector salud,
incluidos los de naturaleza salarial y prestacional.

10. Finalmente, manifestó que el acto demandado vulneró el principio de igualdad,
al otorgar un trato diferenciado frente a trabajadores que se encontraban en
situaciones equivalentes, sin que existiera una justificación objetiva y razonable. De
ahí que la administración desconoció los límites legales de su facultad discrecional
al omitir la motivación de la decisión y no fundamentarla en las causales legalmente
previstas, tal como lo exige la jurisprudencia del Consejo de Estado.

11. Contestación de la demanda. Dentro del término legal, el Ministerio de Salud
y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud ejercieron su derecho
de contradicción y defensa en los siguientes términos:

12. Ministerio de Salud y Protección Social1. Informó que es un organismo
perteneciente a la Rama Ejecutiva del poder público y que sus funciones se
encuentran expresamente consagradas en las Leyes 10 de 1990; 100 de 1993, 489
1 PDF 009 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de «Gestionar documentos» de la

plataforma SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01060-02 (3094-2025)
Demandante: María Cristina Pérez Gallego

de 1998 y 715 de 2001, así como en el Decreto 4107 de 2011. Que de conformidad
con dicho marco normativo le corresponde ejercer control tutelar sobre las entidades
descentralizadas adscritas o vinculadas al mismo, pero no asumir las funciones que
legalmente le competen a estas.

13. A ello se le suma que la demandante nunca tuvo vínculo laboral con el ministerio
y que esta entidad tampoco ostenta la calidad de sucesora procesal de la ESE
Hospital Departamental de Cartago. Por consiguiente, carece de legitimación para
responder por las pretensiones formuladas en la demanda.

14. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de «falta de
legitimación en la causa por pasiva», «inexistencia de la obligación» e «inexistencia
de solidaridad entre las demandadas», «prescripción» e «innominada».

15. Superintendencia Nacional de Salud2. Expuso que es un organismo técnico-
administrativo que se encarga de inspeccionar, vigilar y controlar el funcionamiento
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el propósito de garantizar
el cumplimiento de los fines estatales en esta materia.

16. Que dentro de sus competencias se encuentra la facultad de intervenir a los
diferentes actores que integran el sistema cuando presenten situaciones irregulares
de orden jurídico, financiero, económico, técnico o científico-administrativo, con el
fin de evitar desequilibrios que puedan afectar la adecuada prestación del servicio
público de salud.

17. En cumplimiento de dichas atribuciones se ordenó la intervención forzosa
administrativa para liquidar el Hospital Departamental de Cartago, medida que fue
ejecutada por un agente liquidador, quien actuó bajo su propia responsabilidad. En
consecuencia, la entidad no puede responder por los actos u omisiones de dicho
auxiliar, del mismo modo en que un juez no responde por las actuaciones de los
auxiliares de la justicia que designa dentro de los procesos judiciales.

18. En este sentido, reiteró que las actuaciones adelantadas se realizaron en
desarrollo de los preceptos constitucionales previstos en los artículos 48, 49 y 365,
así como en los parágrafos 1.° del artículo 230 y 2.° del artículo 233 de la Ley 100
de 1993, el artículo 1.° del Decreto 788 de 1998, los artículos 22 y 23 de la Ley 510
de 1999, el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, el artículo 6.° del Decreto 506 de
2005, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011. Que dichas disposiciones le
otorgan la facultad de tomar posesión de las entidades vigiladas que prestan
servicios de salud, con el fin de salvaguardar la continuidad del servicio público y la
adecuada administración de los recursos del sistema.

19. Por todo ello, propuso las excepciones de «vinculación de litisconsorcio
necesario», «falta de legitimación en la causa por pasiva», «actos y/o omisiones del
agente especial son autónomos e independientes», «contestación a petición

2 PDF 010 del expediente digital, ib.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01060-02 (3094-2025)
Demandante: María Cristina Pérez Gallego

respetuosa del 27/09/2016 revive términos ni es el acto final de las Resoluciones
nro. 035 del 28 de enero de 2016, 043 del 28 de enero de 2016 y 150 del 16 de
marzo de 2016», «excepción presupuestal para sumir obligaciones dada la
autonomía de la Superintendencia Nacional de Salud» y «cumplimiento del
ordenamiento legal y de las funciones asignadas a la Superintendencia Nacional de
Salud».

20. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 27 de junio de 2025, a través
de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las súplicas de la
demanda. Para tal efecto, concluyó que:

21. La señora María Cristina Pérez Gallego fue nombrada en provisionalidad como
auxiliar en enfermería en el Hospital Departamental de Cartago, empleo que
desempeñó hasta el 29 de enero de 2016, fecha en la que le fue comunicada la
supresión del mismo.

22. No es posible acceder a la indemnización reclamada, pues la desvinculación
fue producto de la supresión del cargo derivada de la liquidación de la ESE Hospital
Departamental de Cartago. Que ello fue consecuencia de la inviabilidad financiera
y administrativa de la entidad, circunstancia que motivó su intervención por parte de
la Superintendencia Nacional de Salud y su posterior liquidación. Además, por la
naturaleza del nombramiento de la demandante, quien claramente fue vinculada en
provisionalidad en un cargo de carrera administrativa.

23. El derecho a la indemnización por supresión del empleo constituye una
prerrogativa exclusiva de quienes ostentan derechos de carrera administrativa,
condición que no acreditó la actora.

24. Recurso de apelación4. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que planteó los
siguientes reparos:

25. En primer lugar, advirtió que la sentencia incurrió en un defecto sustantivo al
desconocer el régimen jurídico aplicable al caso, particularmente el Decreto 1399
de 1990, norma que regula expresamente la posibilidad de optar entre la reubicación
o la indemnización, sin distinguir la modalidad de vinculación del empleado, siempre
que el retiro del servicio obedezca a un proceso de reorganización institucional.

26. En segundo lugar, aseveró que el tribunal omitió analizar los criterios fijados por
la Corte Constitucional en las sentencias C-241 de 2014 y SU-484 de 2008.

27. En tercer lugar, cuestionó la valoración probatoria efectuada respecto de la
Ordenanza nro. 005 de 1996 y la Escritura Pública nro. 2549 de 1998, documentos

3 PDF «7 SENTENCIA», contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en la opción de
«Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
4 PDF «10_RECEPCIÓNRECURSOAPELACIÓN_CORREO_RECEPCIONPE», ejusdem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01060-02 (3094-2025)
Demandante: María Cristina Pérez Gallego

que, a su juicio, atribuyen expresamente al departamento del Valle del Cauca la
responsabilidad por las acreencias laborales del hospital liquidado.

28. En cuarto y último lugar, alegó la vulneración del derecho a la igualdad, al
considerar que en otros procesos con supuestos fácticos similares se han acogido
las pretensiones formuladas por los demandantes.

29. Trámite correspondiente a la segunda instancia.

30. La admisión del recurso5. Mediante auto de 17 de abril de 2026 se admitió el
recurso de apelación. Dentro de la oportunidad prevista intervinieron el Agente del
Ministerio Público que actúa ante esta corporación6 y la apoderada de la
Superintendencia Nacional de Salud7, quienes solicitaron confirmar la sentencia de
primera instancia, al considerar que la indemnización prevista en el artículo 44 de la
Ley 909 de 2004 está prevista únicamente para los empleados de carrera
administrativa.

31. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

32. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,9 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.

33. Problema jurídico. De acuerdo a lo expresado por la apelante, corresponde a
la Sala determinar, en esencia, si ¿la demandante, en su condición de exservidora
pública vinculada en provisionalidad, tiene derecho al reconocimiento y pago de la
indemnización prevista en el artículo 7.° del Decreto 1399 de 1990?

34. El caso concreto. Interrogante único: ¿la demandante, en su condición de
exservidora pública vinculada en provisionalidad, tiene derecho al reconocimiento y
pago de la indemnización prevista en el artículo 7.° del Decreto 1399 de 1990?

35. Para resolver el anterior cuestionamiento, la Sala considera pertinente destacar
que en el expediente se encuentran acreditados los siguientes supuestos fácticos:

36. La señora María Cristina Pérez Gallego prestó sus servicios en provisionalidad
como auxiliar de enfermería en el Hospital Departamental de Cartago, entre el 1.°

5 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
6 Ver índice 12 ib.
7 Ver índice 10 ejusdem.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01060-02 (3094-2025)
Demandante: María Cristina Pérez Gallego

de enero de 2004 y el 29 de enero de 201610. Con anterioridad a dicha vinculación
celebró un contrato de aprendizaje con el Hospital Sagrado Corazón de Jesús el 17
de marzo de 199311 y, posteriormente, mediante la Resolución nro. 251A-95 del 1.°
de junio de 1995, fue promovida en el mismo empleo con una asignación mensual
de 178.152 COP12.

37. En relación con el cambio de empleador, se observa que en las consideraciones
de la Resolución nro. 152 del 30 de diciembre de 200313 se indicó que «[…]
mediante Decreto No. 1035 del 2 de octubre de 2003, se designó el gerente
encargado del HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO E.S.E., que entre otras acciones le corresponde recibir el personal
que de Planta pertenece al HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS».

38. El 29 de enero de 2015 (sic)14, el agente especial liquidador designado por la
Superintendencia Nacional de Salud a través de la Resolución nro. 2376 del 20 de
noviembre de 201515 «por medio de la cual se ordena la toma de posesión inmediata
de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para
liquidar el Hospital Departamental de Cartago E.S.E. – Valle del Cauca», le
comunicó a la demandante la supresión del cargo que ejercía en el centro
hospitalario.

39. Luego, a través de la Resolución nro. 150 del 16 de marzo de 201616 se ordenó
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a favor de la actora.

40. Los días 10 de marzo17 y 3 de junio18 de 2016, la señora Pérez Gallego presentó
peticiones ante el Hospital Departamental de Cartago en liquidación, en las que
solicitó la indemnización por la supresión del cargo, con fundamento en lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 10 de 1990, el Decreto 1399 de 1990 y la Ley
443 de 1998.

41. Como respuesta a dichas súplicas la entidad demandada emitió el Oficio sin
número del 27 de septiembre de 201619, en el que negó lo pretendido, al considerar
que la actora no ostentaba derechos de carrera administrativa.

42. Por último, dentro del expediente reposa la Ordenanza nro. 059 del 21 de
diciembre de 199820 «por la cual se conceden facultades al señor gobernador del
departamento del Valle del Cauca para que lleve a cabo la modernización de la Red

10 Nombrada mediante la Resolución nro. 152 del 30 de diciembre de 2003.
11 PDF «001 CONTRATO DE APRENDIZAJE DEL 17-03-1993» del expediente digital, el cual puede ser
descargado en la opción de «Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.
12 PDF «002 RESOLUCION No. 251ª-95 DEL 1-06-1995 PROMOCION HSCJ» ib.
13 PDF «003 RESOLUCION 152 DEL 30-12-2003 NOMBRAMIENTO HDC» ibid.
14 PDF «005 CARTA DE SUPRESION DEL CARGO» ejusdem.
15 PDF «006 Resolución 2376 de 2015» ib.
16 PDF «009 RESOLUCION No. 150 DEL 16-03-2016» ib.
17 PDF «010 DERECHO DE PETICION DEL 10-03-2016» ib.
18 PDF «011 INSISTENCIA RESPUESTA A PETICION DEL 10-03-2016» ejusdem.
19 PDF «12 de la carpeta 006_PROCESOABONADO_09086_ONEDRIVE_1_2192023» ib.
20 Folios 292 a 304 del cuaderno nro. 3 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01060-02 (3094-2025)
Demandante: María Cristina Pérez Gallego

Hospitalaria en el Departamento, y el Nivel Central de la Secretaría de Salud y las
Unidades Ejecutoras de Saneamiento».

43. Pues bien, la indemnización prevista en el artículo 7.° del Decreto 1399 de
199021 no resulta aplicable al presente asunto, toda vez que dicha prerrogativa fue
concebida para los trabajadores oficiales que quedaran cesantes con ocasión de la
supresión de cargos en entidades del sistema nacional de salud, derivada de las
autorizaciones institucionales reguladas en los artículos 1622 y 2223 de la Ley 10 de
1990. En efecto, el mencionado decreto tiene por objeto reglamentar la nueva
vinculación de los empleados oficiales y trabajadores del sector de la salud
afectados por tales procesos. Sin embargo, esa situación no se configura en el caso
de la demandante, pues la supresión del cargo que ocupaba —materializada
mediante la Resolución nro. 035 del 28 de enero de 2016— no obedeció a ninguno
de los supuestos contemplados en las citadas disposiciones, sino a la liquidación
del Hospital Departamental de Cartago por la inviabilidad financiera y fiscal que
atravesaba la entidad para esa época.

44. El artículo 7.° del Decreto Ley 1399 de 1990 establece que:

«Artículo 7° Opción para indemnizar. De conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 106 del Decreto-ley 77 de 1987, los trabajadores oficiales que
quedaren cesantes con ocasión de la supresión de cargos en entidades del sistema
nacional de salud que se liquiden, tendrán derecho a optar entre aceptar la nueva
vinculación o percibir por parte de la entidad en liquidación la indemnización que les
sea aplicable, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

Esta misma opción tendrán los trabajadores particulares, provenientes de
fundaciones o instituciones de utilidad común, en los casos contemplados en el
inciso segundo del artículo 1° de este Decreto.»

21 Artículo 7° Opción para indemnizar. De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 106

del Decreto-ley 77 de 1987, los trabajadores oficiales que quedaren cesantes con ocasión de la supresión de
cargos en entidades del sistema nacional de salud que se liquiden, tendrán derecho a optar entre aceptar la
nueva vinculación o percibir por parte de la entidad en liquidación la indemnización que les sea aplicable, de
acuerdo con las disposiciones pertinentes.
22 Artículo 16. Autorización de cesión y facultades extraordinarias. A partir de la vigencia de esta Ley, autorizase

a la Nación, y a sus entidades descentralizadas para ceder, gratuitamente, a las entidades territoriales, o a sus
entes descentralizados, los bienes, elementos e instalaciones destinados a la prestación de servicios de salud,
a fin, de que puedan atender los niveles de atención en salud que les corresponde, conforme a lo dispuesto en
el artículo 6°.
23 Artículo 22. Destinación de bienes de instituciones o fundaciones de utilidad común liquidadas. En desarrollo

de la competencia prevista en el numeral 19 del artículo 120 de la Constitución Política, y para garantizar el
cumplimiento de la voluntad de los fundadores, el Presidente de la República podrá confiar los bienes y rentas
a una entidad pública, de cualquier nivel administrativo, o a una fundación o institución de utilidad común o
asociación o corporación, sin ánimo de lucro, que presta servicios de salud, pero, siempre bajo la condición
contractual de que se destinen, específicamente, a la prestación de servicios de salud iguales, o análogos, a
los previstos por los fundadores. Parágrafo 1° Para los efectos de este artículo, el Gobierno Nacional,
organizará, en cada caso, una comisión constituida por la representación de la comunidad beneficiaria, los
trabajadores, la dirección científico-técnica y funcionarios de la entidad territorial, correspondiente, la cual,
propondrá alternativas para la destinación o transferencia de los bienes y rentas. Parágrafo 2° En el mismo
contrato contemplado en este artículo se preverá que las personas cuyo contrato de trabajo se termine, en razón
de la liquidación y disolución de las fundaciones o instituciones de utilidad común, de que trata el artículo 21,
serán incorporadas mediante nuevo contrato de trabajo o nombramiento, según el caso, a las entidades o
personas, a las cuales, se confíen los bienes y rentas, bajo el régimen salarial y prestacional, propio de la
respectiva entidad receptora de los bienes y rentas, sin que se puedan disminuir los niveles de orden salaria y
prestacional de que gozaban en la entidad liquidada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01060-02 (3094-2025)
Demandante: María Cristina Pérez Gallego

45. Con sustento en esa normativa, la Sala concluye, al igual que el Agente del
Ministerio Público delegado ante esta corporación, que la parte actora no tiene
derecho a la aludida indemnización, por cuanto: i) ella solo fue establecida para los
trabajadores oficiales; ii) la demandante no ostentó esta condición, pues siempre
mantuvo una vinculación como empleada pública y; iii) no provino de fundaciones
o instituciones de utilidad común que hayan sido disueltas o liquidadas.

46. Por otro lado, tampoco prospera el cargo relacionado con el desconocimiento
de la sentencia C-241 de 2014, toda vez que dicha providencia determinó que la
Ley 443 de 1998 —modificada por la Ley 909 de 2004— estableció de manera
general los derechos de los empleados de carrera cuyos cargos fueran suprimidos,
sin prever un trato diferencial para los servidores del sector salud vinculados en
provisionalidad. En tal decisión se puede leer:

«[…] 2.2.4. La materia regulada en el Decreto Ley 1399 de 1990 recae
específicamente sobre la nueva vinculación laboral de empleados oficiales y
trabajadores de entidades del sector salud suprimidas, liquidadas o cedidas durante
los dos años de facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República.
Regulación que no fue incluida en la ley posterior, pues la Ley 443 de 1998 -
derogada parcialmente por la Ley 909 de 2004-[3] pese a introducir un cambio de
legislación en materia de carrera administrativa, estableció de manera general los
derechos de todos los empleados de carrera a quienes se les eliminen el cargo por
supresión, fusión de entidades, traslado de funciones de una entidad a otra, o por
modificación de planta, los cuales pueden optar por ser incorporados a empleos
equivalentes o a recibir una indemnización, sin disponer un tratamiento especial
para los del sector salud. […]» (Énfasis de la Sala).

47. En consecuencia, reitera24 la Subsección que la indemnización por supresión
del cargo reclamada en la alzada solo procede para los trabajadores oficiales y/o
los trabajadores particulares descritos en el citado artículo 7.°, condición de la que,
se reitera, no participa la demandante.

48. Por tanto, admitir que la actora, en su calidad de ex funcionaria pública en
provisionalidad tenga derecho a la indemnización por supresión del cargo arriba
señalada, implica desconocer la forma de su vinculación al servicio estatal y los
derechos laborales que ella produce.

49. Así mismo, a juicio de esta Subsección, la sentencia SU-484 de 2008 tampoco
resulta aplicable al caso concreto, toda vez que no aborda el reconocimiento de
indemnizaciones por supresión de cargos.

50. Mucho menos prospera el argumento relacionado con la Ordenanza nro. 059
de 1998 y la Escritura Pública nro. 2549 de 1998, pues aunque dichos instrumentos
concibieron la asunción de determinadas obligaciones laborales por parte del
departamento del Valle del Cauca, de su contenido no se desprende obligación
alguna relacionada con el reconocimiento y pago de la indemnización que ahora se
reclama.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P: Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia del 27 de

abril de 2023, radicado nro. 27001-23-33-000-2014-00201-01 (2566-2020).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01060-02 (3094-2025)
Demandante: María Cristina Pérez Gallego

51. Finalmente, no le asiste razón al recurrente cuando aseguró que se vulneró su
derecho a la igualdad, porque algunas de las sentencias que mencionó, en las que
concedieron las pretensiones de la demanda fueron revocadas en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

52. Así las cosas, al no prosperar los cargos planteados por el apelante, se impone
confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

53. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

54. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.25

55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

56. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte actora,
por cuanto en la presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en
el recurso de apelación por ella presentado. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 27 de junio de 2025, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
25 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2017-01060-02 (3094-2025)
Demandante: María Cristina Pérez Gallego

derecho, presentó la señora María Cristina Pérez Gallego en contra de la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el
Departamento del Valle del Cauca y el Hospital Departamental de Cartago - en
liquidación, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

TERCERO. RECONOCER personería jurídica para actuar como apoderada judicial
de la Superintendencia Nacional de Salud a la abogada Caryni Negrete Rentería,
portadora de la tarjeta profesional nro. 238.500 del Consejo Superior de la
Judicatura en los términos del poder otorgado26.

CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

26 Actuación visible en el índice 10 de la plataforma SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.