RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2017-01089-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2017-01089-01

Prosperidad de la acción de repetición: está sujeta a los argumentos del

Fecha
17 de febrero de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2017-01089-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia. 27 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia del 8 de agosto de 2001, exp: D – 3388, M.P: Rodrigo Escobar Gil. 28 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 59.139; sentencia de 12 de agosto de 2019, exp. 63.519; sentencia del 20 de noviembre de 2019, exp. 61.003; sentencia del 12 de diciembre de 2019, exp. 64.350; sentencia del 12 de diciembre de 2019, exp. 64.544 y sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 51.949. 14 Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248) Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A. Demandado: Luis Fernando Lian Arana Referencia: Medio de control de repetición SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2017-01089-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

17 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 760012333000201701089 01
No. interno: 69.248
Actor: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.
Demandado: LUIS FERNANDO LIAN ARANA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN

Temas: DEMANDA DE REPETICIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE
PROSPERIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN - está sujeta a los argumentos del
recurso de apelación - no se probó la conducta gravemente culposa del demandado /
MODIFICACIÓN DE LA CAUSA PETENDI DE LA DEMANDA - a través de su recurso de
apelación la parte actora agrega un aspecto que no había planteado en su escrito inicial.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandante en contra de la sentencia del 31 de mayo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte actora.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En sentencia del 25 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca condenó a Metrocali S.A. a pagar, en favor de Jaime Carmona Soto, la
suma de $508’773.979, en el proceso contractual con radicado número 76001-
2331-000-2011-01567-00. En el trámite de la apelación se convocó a una
audiencia de conciliación, diligencia en la cual las partes llegaron a un acuerdo, el
cual fue aprobado judicialmente el 30 de agosto de 2016.

Por lo anterior, se demandó en repetición a Luis Fernando Lian Arana, quien, para
la época de los hechos por los cuales se condenó a la entidad, era el presidente
de Metrocali S.A. Se afirmó que el demandado actuó con culpa grave “por violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho” y de las obligaciones que tenía
a su cargo.

1

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

II. ANTECEDENTES
1. La demanda

En escrito presentado el 21 de julio de 20171, Metrocali S.A., por conducto de
apoderado judicial, formuló demanda de repetición contra Luis Fernando Lian
Arana, con el fin de que se le condenara a reintegrar la suma de $740’131.398, la
cual tuvo que pagar en favor de Jaime Carmona Soto, con ocasión del acuerdo
conciliatorio aprobado judicialmente por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 30 de agosto de 2016, en el curso del proceso contractual con radicado
número 76001-2331-000-2011-01567-002.

Como fundamentos fácticos de la demanda3, en síntesis, se narraron los
siguientes:

El 3 de abril de 2006, Metrocali S.A. y Jaime Carmona Soto suscribieron el
contrato de obra número MC-OP-03-06, por valor de $8.903’426.721.

El 16 de octubre de 2007, durante la ejecución del contrato, Metrocali S.A. aceptó
que, por causas ajenas a las partes, se presentó un desequilibrio económico en la
ecuación contractual de ese negocio jurídico, lo que afectaba a Jaime Carmona
Soto, por lo que le reconoció la suma de $1.326’016.753.

En noviembre de 2007, Jaime Carmona Soto presentó una solicitud de
restablecimiento del equilibrio de la ecuación contractual a la firma interventora
E.T.A. S.A. por la suma de $508’773.979, para su evaluación, sin obtener ninguna
respuesta.

1 Folio 6 del cuaderno de primera instancia.
2 En concreto, Metrocali S.A., en el folio 3 del cuaderno de primera instancia, solicitó que se
efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (que se transcriben de forma literal, incluso
con posibles errores):
1. Que se declare que el señor LUIS FERNANDO LIAN es CIVILMENTE RESPONSABLE ante
METROCALI S.A., en virtud de la condena impuesta a través del medio de control de
controversias contractuales incoado por el señor Jaime Carmona Soto bajo el radicado 2011-1567,
obligándola a pagar la suma de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y UN
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, por hechos y omisiones que originaron dicha
condena a raíz de su comportamiento contractual gravemente culposo, que desencadenó la
ocurrencia del silencio administrativo positivo contractual fuente de la condena.
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENE al demandado LUIS
FERNANDO LIAN (…) en su calidad de ex presidente de METROCALI S.A. a pagar a la entidad
demandante, la suma de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, debidamente actualizada al momento de proferirse
la condena.
3. Que las sumas que se ordenan pagar mediante sentencia del Tribunal generaran intereses
moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria, de conformidad con el artículo
195.4 del CPACA.
4. Que se condene en costas y agencias en derecho al demandado.
3 La Sala realizará una síntesis de los hechos, en atención al carácter incompleto en que fueron

relatados en la demanda.

2

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

Por medio de apoderado judicial, Jaime Carmona Soto interpuso demanda
contractual en contra de Metrocali S.A. El proceso fue asignado con el radicado
número 76001-2331-000-2011-01567-00 y su conocimiento le correspondió al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad judicial que, mediante
sentencia del 25 de febrero de 2016, condenó a Metrocali S.A. a pagar la suma de
$508’773.979, por considerar que, frente a la solicitud elevada por el señor
Carmona Soto, se configuró un silencio administrativo positivo.

La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación y en la audiencia de
conciliación que se convocó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley
1395 de 2010, las partes llegaron a un acuerdo que fue aprobado judicialmente
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de auto del 30 de
agosto de 2016.

Según la demanda, Luis Fernando Lian Arana actuó con culpa grave, porque violó
de forma manifiesta e inexcusable normas de derecho, en concreto “las
contenidas en las normas contractuales, presupuestales y el texto del contrato
mismo, esto es, de los contratos de obra pública MC-OP-03-06 y MC-OP-05-06”.
Se agregó que el demandado desconoció las obligaciones que tenía a su cargo
para la época de los hechos, toda vez que se desempeñaba como presidente de
Metrocali S.A., “en el momento en que decidió suscribir las actas de
reconocimiento de desequilibro económico, adquiriendo la obligación de
pronunciarse expresamente respecto de la liquidación por costos adicionales de
administración que haría el contratista”4.

2. Contestación de la demanda

Luis Fernando Lian Arana5 se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseguró
que, aunque la entidad demandante probó “la fecha [en la que se] realiz[aron] los
pago(s)” y “la calidad del demandado como agente o ex agente del ente
demandante”, no sucedió lo mismo con el elemento subjetivo, en la medida que
no se acreditó dolo y/o culpa grave en sus actuaciones.

Resaltó que no participó en los hechos que dieron lugar a la condena por la que
aquí se demanda, porque “la petición contractual de Jaime Carmona Soto (…) fue
radicada el 9 de noviembre de 2007 y se desempeñó como presidente de
Metrocali S.A hasta el 27 de octubre de 2007”; a lo anterior agregó que “no estaba

4 Folio 6 del cuaderno de primera instancia .
5 Folios 103 a 115 del cuaderno de primera instancia.

3

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

vinculado con Metrocali ni cuando se suscribió el acta de recibo final, ni cuando
debían liquidarse los contratos de obra MC-OP03-06 y MC-OP-05-06, al tenor de
lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993”.

Dijo que el daño antijurídico era imputable a la omisión de “la administración
subsiguiente de Metrocali S.A.”, que no atendió la reclamación contractual de
Jaime Carmona Soto, la cual fue radicada en noviembre del 2017, pese a que
estaba “soportada en documentos contractuales que gozan de presunción de
legalidad”.

Para finalizar, destacó que la entidad que aquí demanda no ejerció una buena
defensa técnica en el proceso contractual número 76001-2331-000-2011-01567-
00, puesto que no contestó la demanda, aunado a que no lo llamó en garantía en
el curso de esa acción.

Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones que denominó: “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, “la presunción de legalidad de las actas de
16 de octubre de 2007 no se ha desvirtuado” y “nadie puede alegar a su favor su
propia culpa”.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia proferida el 31 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la parte actora.

El a quo encontró acreditado: i) que a través del auto del 30 de agosto de 2016 se
aprobó el acuerdo conciliatorio suscrito entre Jaime Carmona Soto y Metrocali
S.A., en el curso del proceso de controversias contractuales con radicado número
76-001-23-31-000-2011-01567-00; ii) que la entidad pagó a ese señor la suma de
$740’131.398 –correspondiente al monto de la condena más los intereses- y iii)
que Luis Fernando Lian Arana se desempeñó como presidente de Metrocali para
la época de los hechos; sin embargo, en su criterio, no se probó el último de los
requisitos: el dolo o la culpa grave del demandado, de lo que devino el fracaso de
las pretensiones formuladas por la entidad demandante.

En relación con el elemento subjetivo concluyó que “la entidad demandante no
logró acreditar que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que
presumen el dolo o la culpa grave, pues ni siquiera se aportaron las pruebas para
analizar su conducta”. Sobre este último aspecto puntualizó que a este proceso

4

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

no se allegó copia del contrato de construcción de obra pública número MC-OP-
03-06, suscrito entre Jaime Carmona Soto y Metrocali S.A., así como tampoco de
la solicitud que el contratista elevó el 9 de noviembre de 2007, respecto de la cual
se configuró, después, el silencio administrativo positivo en cuestión.

Para finalizar, condenó a la “parte recurrente” al pago de costas de la primera
instancia y fijó las agencias en derecho en 1 SMLMV6.

4. El recurso de apelación

Metrocali S.A. en restructuración, a través de su apoderado, se opuso al fallo de
primera instancia. Expuso dos argumentos de desacuerdo con la decisión del
Tribunal Administrativo. El primero, que el elemento subjetivo se acreditó con dos
providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca: la
sentencia del 25 de febrero de 2016 y el auto del 30 de agosto de 2016. El
segundo, que el demandado suscribió las “actas” del 16 de octubre de 2007, en
las que aceptó que se presentó un desequilibrio económico en la ecuación de un
negocio jurídico que afectaba a Jaime Carmona Soto, “sin precaución jurídica [ni]
presupuestal”.

Ambos argumentos se desarrollarán, con mayor profundidad, en el acápite de las
consideraciones7.

6 La sentencia de primera instancia obra en el documento denominado
“9_760012333005201701089001SENTENCIAQUEN20220629114215_TCDescargaTotalItem133153
519749542770” del expediente digital, que obra en el índice 3 de Samai. En relación con la
acreditación del elemento subjetivo, lo que dijo el a quo fue lo siguiente (se transcribe de forma
literal, incluso con posibles errores):
Al plenario no se aportaron los elementos contractuales del Contrato de Construcción de Obra
Pública No. MC-OP-03-06 suscrito entre el señor Jaime Carmona Soto y Metrocali S.A, que
sirvieron de base para la condena que se impuso a Metrocali S.A, en torno a determinar si la
intervención del demandado en las etapas de ejecución del mismo, devino en una actitud de dolo
o culpa grave, máxime que ni siquiera se aportó la solicitud elevada el día 9 de noviembre de 2007
por medio de la cual el señor Carmona Soto solicitó el pago de unos mayores costos
compensables, y respecto de la cual se configuró el silencio administrativo positivo que dio origen
a la condena contra Metrocali S.A, (…) por lo que considera el Tribunal que la entidad demandante
no logró acreditar que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que presumen el
dolo o la culpa grave, pues ni siquiera se aportaron las pruebas para analizar su conducta.
Lo anterior, aunado a que el Consejo de Estado ha sido enfático en que no cualquier conducta, así
fuere errada o ajena al derecho, compromete necesariamente la responsabilidad de los servidores
públicos, sino que se exige que esta haya estado dirigida a causar daño, presupuesto que no logró
ser probado por la entidad en el proceso, razón por la cual se negarán las pretensiones de la
demanda.
7 Documento denominado “10_760012333005201701089002MemorialWeb2022630163435_TC

DescargaTotalItem133153519697456747” del expediente digital, que obra en el índice 3 de
Samai.

5

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, la Sala evidencia el cumplimiento de los presupuestos
procesales: competencia, demanda en tiempo y legitimación en la causa.

1. Cuestión previa: de la variación de la causa petendi de la demanda

La Sala pone en evidencia, como primer punto, un argumento con el que
Metrocali S.A. pretendió modificar la causa petendi de la demanda, agregando
aspectos, para estructurar la culpa grave del demandado, que no había planteado
en su escrito inicial.

La parte recurrente afirmó que era claro que Luis Fernando Lian Arana incumplió
sus deberes funcionales, porque las “razones esgrimidas” en las “actas” fechadas
el 16 de octubre de 2007 no daban lugar al restablecimiento del equilibrio
económico y financiero del contrato, “al no haber existido menoscabo por causas
imputables a la entidad Metrocali S.A., o en su defecto por causas sobrevinientes
e imprevisibles en el momento de contratar, sino que, por el contrario, los valores
reconocidos tenían génesis en causas inherentes o relacionadas únicamente al
contratista”.

Dijo, además, que esas actas “no contaron con respaldo presupuestal” y que
desconocieron “los mandatos sobre la obligatoriedad de certificado de
disponibilidad presupuestal (…) como lo ordena[ba] el artículo 71 del Decreto 111
de 1996, y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993”, normas vigentes para la época de
los hechos

De la lectura de la demanda se advierte que la parte actora no mencionó este
argumento en su escrito inicial para estructurar la culpa grave del aquí
demandado –a pie de página se consignan transcripciones de la demanda que
dan cuenta de ello8-. Lo que Metrocali S.A. le cuestionó a Luis Fernando Lian

8 A continuación, la Sala hace referencia a los argumentos que consignó la parte actora en la
demanda, para declarar estructurar la culpa grave del demandado (se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores):
[S]e presume que la conducta es gravemente culposa por violación manifiesta inexcusable de las
normas de derecho, en este caso las contenidas en las normas contractuales, presupuestales y el
texto del contrato mismo, esto es, de los contratos de obra pública MC-OP-03-06 y MC-OP-05-06,

6

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

Arana fue que inobservó los deberes que tenía como presidente de Metrocali S.A.
cuando “decidió suscribir las actas de reconocimiento de desequilibro económico”,
dado que con ellas adquirió la obligación “de pronunciarse expresamente respecto
de la liquidación por costos adicionales de administración que haría el contratista”,
y que eso fue lo que “desencadenó, por la actitud silente de la administración, la
aplicación en la sentencia del silencio administrativo positivo contractual”.

Es importante poner de presente que la sentencia debe guardar consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda, so pena de vulnerar el
principio de congruencia9 y el derecho de defensa de la parte demandada. Así lo
dispone el artículo 281 del Código General del Proceso10. En efecto, como lo ha
explicado esta Subsección, los jueces carecen por completo de facultades para
variar la causa petendi que se plantea en la demanda, pues la modificación del
petitum y del marco fáctico implicaría un “desconocimiento flagrante del principio
relativo al debido proceso”11, en la medida en que se sorprendería a la contraparte
con cargos que nunca tuvo la posibilidad de rebatir o de controvertir a lo largo del
proceso.

en especial, las relativas a la obligación de resolver oportunamente las peticiones contractuales
dentro de la ejecución de los contratos estatales en los términos que indica la ley.
Es que existe claridad también que, dentro de los deberes funcionales del Presidente de Metrocali
S.A., (…), deberes que inobservó el señor LUIS FERNANDO LIAN ARANA en el momento en
que decidió suscribir las actas de reconocimiento de desequilibro económico, adquiriendo
la obligación de pronunciarse expresamente respecto de la liquidación por costos
adicionales de administración que haría el contratista, y que desencadenó - por la actitud
silente de la administración de la entidad a su cargo- la aplicación en la sentencia del
silencio administrativo positivo contractual, el cual jamás hubiera ocurrido si no fuera por la
actuación (estrictamente hablando, por la omisión) gravemente culposa del demandado, según el
criterio del Comité de Conciliación de METROCALI S.A.
Habida consideración de lo dicho, (…) la sentencia de condena pone en evidencia que el señor
LUIS FERNANDO LIAN, al mando de la entidad condenada, como presidente de la misma, actuó
en forma gravemente culposa al desatender su obligación legal de resolver oportunamente la
petición de pago del contratista, efectuada en virtud de un compromiso avalada por él mismo,
según consta en el acta que fue prueba en el proceso que desató la condena (se destaca).
9 … cabe precisar que el principio de congruencia, que por antonomasia gobierna las decisiones

de las autoridades judiciales, se edifica sobre la base de la existencia de límites predeterminados
por el mismo libelo introductor que da origen a la controversia y que sirven de marco para la
decisión. Dichos linderos determinan la inviabilidad procesal de que el juez de conocimiento dicte
la providencia con desconocimiento de lo pretendido en la demanda o exceda los términos de la
solicitud. Contrario sensu, se impone que su decisión guarde directa correspondencia con la
reclamación elevada por la actora, con los hechos que le sirven de fundamento y a las pruebas en
que se soporta su prosperidad o su negativa.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de febrero de 2019, exp. 58894.
10 Ley 1564 de 2012, artículo 281: “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las

pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 24 de octubre de 2016, exp. 34357. C.P. Hernán Andrade Rincón; reiterada por esta
Subsección, entre otras, en las sentencias del 20 de febrero de 2020, exp. 54407. C.P. María
Adriana Marín; del 13 de agosto de 2020, exp. 59791 y del 20 de noviembre de 2020, exp. 64865.

7

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

Lo anterior también se predica respecto de las partes del litigio, quienes con
posterioridad a las oportunidades previstas para el efecto no pueden modificar ni
agregar aspectos a la controversia que se propone12, de ahí que el recurso de
apelación no tiene por objeto el que las partes adicionen o modifiquen su
demanda, pues con ello sorprenderían a su contraparte con cargos nuevos frente
a los cuales no se tuvo la oportunidad de defenderse13.

La Sala advierte que la parte actora pretende, con este argumento, modificar la
causa petendi de la demanda14 y a través de su recurso de apelación agregar un
aspecto que no había planteado en su escrito inicial: estructurar la culpa grave del
demandado sobre la base de que en las “actas de reconocimiento de desequilibrio
económico” consignó causas que le eran inherentes al contratista, y que no eran
imputables a Metrocali S.A.; adicionalmente, que las mismas no contaron con el
respaldo presupuestal que exigían las leyes vigentes para esa época.

En definitiva, la Sala no estudiará este argumento de la apelación, con el que se
pretendió modificar la causa petendi de la demanda.

2. El objeto del recurso de apelación y el esquema que se propone para
resolver el asunto

De acuerdo con los reparos concretos del recurso de apelación, le corresponde a
la Sala examinar la conducta de Luis Fernando Lian Arana, para determinar si,
con las pruebas que mencionó el recurrente, se probó que actuó con culpa grave
(cargo único).

No sobra agregar que los demás requisitos para la prosperidad de la pretensión
de repetición se encontraron acreditados en primera instancia15 y que no fueron
cuestionados en el recurso de apelación, por lo que se entiende que quedaron
fijados con la decisión del a quo.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 50728. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 13 de agosto de 2021, exp. 65589.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 24 de octubre de 2016, exp. 34.357. C.P. Hernán Andrade Rincón; reiterada por la
misma Subsección, entre otras, en sentencia de 11 de octubre de 2018, exp. 42.778, C.P.: Carlos
Alberto Zambrano Barrera, y sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 54.407. C.P. María Adriana
Marín.
15 Se recuerda que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca encontró

acreditado que Metrocali S.A., en virtud de un acuerdo conciliatorio, aprobado judicialmente el 30
de agosto de 2016, le pagó a Jaime Carmona Soto la suma de $740’131.398, correspondiente al
monto de la condena más los intereses y que el demandado, para la época de los hechos, se
desempeñaba como presidente de Metrocali S.A.

8

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

Para finalizar, se advierte que la recurrente, con su argumentación, no planteó
ningún cargo en contra de la decisión del Tribunal a quo, relacionada con la
condena en costas, razón por la cual Sala confirmará este aspecto de la
providencia apelada.

3. Caso concreto

3.1. Cargo único de la apelación: de la acreditación del elemento subjetivo

El a quo determinó que no se probó el elemento subjetivo, en la medida que no
fueron aportados medios probatorios que le permitieran analizar la conducta del
aquí demandado.

El recurso de apelación se centró en cuestionar esa conclusión con fundamento
en que el acervo probatorio obrante en el expediente “[sí] permit[ía] identificar con
total claridad que el demandado incurrió en un incumplimiento de sus deberes
funcionales”.

Lo primero que debe precisar la Sala es que, además de las pruebas relacionadas
con el pago al beneficiario16 y la condición de presidente de Metrocali S.A. de Luis
Fernando Lian Arana desde el 10 de julio de 2006 hasta el 29 de octubre de
200717, los medios de convicción que se allegaron a este proceso son los
siguientes: i) la sentencia del 25 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso con radicado número 76001-
2331000-2011-01567-0018; ii) el auto del 30 de agosto de 2016, por medio del
cual se aprobó el acuerdo de conciliación suscrito por las partes de ese proceso19;
iii) el acta número 12 de la sesión celebrada el 10 de mayo de 2017 por el Comité
de Conciliación y Defensa Judicial de Metrocali S.A.20 y iv) las declaraciones que

16 A saber, la Resolución número 912.110.030 del 27 de enero de 2017, “por la cual se da
cumplimiento a un acuerdo conciliatorio aprobado por la jurisdicción contencioso administrativo
ordenando un pago” (folio 32 del cuaderno de primera instancia); el oficio número 913.102.991 del
18 de julio de 2017, suscrito por el jefe de gestión financiera de Metrocali S.A. (folio 36 del
cuaderno de primera instancia); el comprobante de egreso número 20170044 (folio 37 del
cuaderno de primera instancia); el orden de giro número 20170016 del 27 de enero de 2017 (folio
38 del cuaderno de primera instancia) y el registro presupuestal número 20170345 (folio 41 del
cuaderno de primera instancia).
17 A saber, la certificación laboral de Luis Fernando Lian Arana que obra a folio 121 del cuaderno

de primera instancia y el acta de posesión número 2768, en la que consta que el demandado se
posesionó como presidente de Metrocali S.A. el 10 de julio de 2006 (folio 23 del cuaderno de
primera instancia).
18 Folios 44 a 79 del cuaderno de primera instancia.
19 Folios 26 a 31 del cuaderno de primera instancia.
20 Folios 17 a 21 del cuaderno de primera instancia. recomendó al Comité de Conciliación y

Defensa Judicial “presentar acción de repetición en contra del representante legal de Metro Cali en
el año 2007, toda vez que este incurrió en una omisión grave de sus funciones, al permitir que se
configurara un silencio administrativo positivo”

9

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

se recibieron, en sede judicial, de Claudia Jannet Sandoval Piñeros21 y Carlos
Ignacio Hurtado22.

El recurrente centró su argumentación en sostener que los medios de prueba que
daban cuenta de la culpa grave de Luis Fernando Lian Arana eran la sentencia
del 25 de febrero de 2016 y el auto del 30 de agosto de 2016, proferidos por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En ese escenario, la Sala se limitará
a estudiar la suficiencia de esas pruebas para la acreditación del elemento
subjetivo, pues su competencia como juez de segunda instancia no es plena, sino
que está sujeta a los puntuales argumentos de inconformidad invocados por
Metrocali S.A.

Para resolver este cargo de la apelación, es importante resaltar que esta
Corporación ha adoptado el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia23
respecto del alcance que, como medio de prueba, se le debe otorgar a una
providencia judicial, de acuerdo con el cual “la copia de una decisión jurisdiccional
(…) acredita su existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha, excluyendo
las motivaciones que le sirvieron de soporte”.

Teniendo en cuenta lo anterior, las providencias a las que hizo referencia el
recurrente24 constituyen prueba de que en el trámite que impartió el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el proceso contractual con radicado número
76001-2331-000-2011-01567-00:

i) Condenó, el 25 de febrero de 2016 y en primera instancia, a Metrocali S.A., a
pagar la suma de $508’773.97 en favor de Jaime Carmona Soto, después de

21 Declaración que se recepcionó en la audiencia de pruebas, que obra en el medio magnético

denominado “003VideoDePruebas” del expediente digital, que obra en el índice 3 de Samai.
22 Declaración que se recepcionó en la audiencia de pruebas, que obra en el medio magnético

denominado “005VideoDePruebas” del expediente digital, que obra en el índice 3 de Samai.
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia S-011-99, 6 de abril de

1999, M.P.: José Fernando Ramírez Gómez; Expediente 4931. Al respecto, ver también: Consejo
de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia fechada el 27 de marzo de 2014. Consejero
ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Proceso 110010326000201000018 00 (38.455), reiterada en la
sentencia del 26 de abril de 2017, Sección Tercera, Subsección A, radicado: 4100-12-33-1000-
201000009-01 (45.536).
24 Medio de convicción que obra a folios 27 a 51 del cuaderno de primera instancia. Se transcribe

la parte resolutiva de forma literal, incluso con posibles errores (de forma literal, incluso con
posibles errores):
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de caducidad e inepta demanda propuestas
por Metro Cali S.A., por las razones expuestas en la parte motica de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a METROCALI S.A., a pagar a JAIME CARMONA SOTO la suma de
quinientos ocho millones setecientos setenta y tres mil novecientos setenta y nueve pesos mcte
($508’773.979), conforme a lo expuesto en la parte motivade esta providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

10

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

concluir que había operado el “silencio administrativo positivo” frente a la
“comunicación MC-JCS-05-406-07” del 9 de noviembre de 2007, en la que dicho
señor pidió, a título de restablecimiento del equilibrio de la ecuación contractual,
“los gastos de administración de la prórroga número 1 del contrato de obra MC-
OP-03-06 del 13 de abril de 2007, que correspondían al reconocimiento pactado
por METROCALI S.A. en acta del 16 de octubre de 2007”.

ii) Aprobó, el 30 de agosto de 2016, el acuerdo conciliatorio al que llegaron Jaime
Carmona Soto y Metrocali S.A. en la audiencia de conciliación que se celebró el
26 de agosto de 2016 -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley
1395 de 2010- y declaró terminado el proceso.

La Sala advierte, de entrada, que la copia de las referidas providencias, como
medios de convicción, resultan idóneas para acreditar la existencia de una
obligación indemnizatoria en cabeza de Metrocali S.A. -en virtud de un acuerdo
conciliatorio aprobado judicialmente en un proceso contractual-, pero no para
determinar que Luis Fernando Lian Arana es responsable en este proceso de
repetición, porque para ello era necesario que la entidad demandante acreditara
plenamente su actuación gravemente culposa, lo que no ocurrió, por las razones
que se consigan a continuación:

3.1.1. Esta Corporación, en varias oportunidades25, ha hecho alusión al carácter
indispensable de pruebas “idóneas, regular y debidamente” allegadas al proceso,
que acrediten, en sede de repetición, que la conducta del demandado fue dolosa
o gravemente culposa, lo cual no se suple con las consideraciones de las
sentencias que condenaron al Estado ni con la valoración probatoria que las
mimas contengan.

Es cierto que en la sentencia del 25 de febrero de 2016 se relacionaron y
valoraron las pruebas recaudadas en el curso del expediente contractual con
radicado número 76-001-23-31-000-2011-01567-01, tales como el “contrato de
construcción de obra pública número MC-OP-03-06”, el “acta fechada el 16 de
octubre de 2007” y la “comunicación MC-JCS-05-406-07 del 9 de noviembre de

25 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia fechada el 27 de marzo de 2014.

Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Proceso 110010326000201000018 00 (38.455),
reiterada en la sentencia del 26 de abril de 2017, Sección Tercera, Subsección A, radicado: 4100-
12-33-1000-201000009-01 (45.536). También ver: Ver: fallos de tutela de 1º de febrero de 2011,
M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, expediente 2010-00068 y de 1º de noviembre de 2012, M.P.
Fernando Giraldo Gutiérrez, expediente 2012-00419, reiterada por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en sentencias del 10 de noviembre de 2017, expediente 56.618 y
del 10 de mayo de 2017, expediente 47.769, entre otras decisiones.

11

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

2007”, pero estas no fueron aportadas a este proceso. Lo único que contiene la
decisión en cuestión son las referencias al material probatorio allegado a ese
proceso y los juicios de valor que el juzgador de esa causa efectuó sobre el
particular.

Como argumento adicional, se advierte que la parte demandante ni siquiera
aportó a este proceso las “actas de reconocimiento de desequilibrio económico” a
las que hizo alusión, al punto que la Sala desconoce si fueron o no suscritas por
Luis Fernando Lian Arana, luego, tal como se mencionó en el acápite anterior,
este cuerpo colegiado no podría analizar las actuaciones del demandado en este
punto.

Por lo anterior, esta Sala no está en condiciones de confrontar el sentido que le
atribuyó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a las pruebas allí
recaudadas, pues se desconoce, por completo, su contenido integral. Tampoco se
pueden valorar las transcripciones que, de apartes de algunas pruebas, se
hicieron en esa providencia, en la medida en que el juez de la repetición debe
realizar directamente los juicios de valor sobre los elementos probatorios que
permiten establecer la culpabilidad del demandado.

Por su parte, el auto del 20 de agosto de 2016 únicamente acredita que las partes
llegaron a un acuerdo conciliatorio y que acordaron que el pago se haría en tres
momentos -el 30 de enero de 2017, el 28 de febrero de 2017 y el 30 de marzo de
2017-.

En tal medida, so pena de vulnerar el derecho de defensa y contradicción, así
como el principio de inmediación, no resulta acertado estructurar la culpa grave
alegada en este proceso con las pruebas y/o motivaciones que sirvieron de
soporte a la sentencia de primera instancia del proceso contractual número 76-
001-23-31-000-2011-01567-01, mucho menos con el auto que aprobó el acuerdo
conciliatorio al que llegaron las partes del referido proceso.

3.1.2. Metrocali S.A. tampoco aportó ni solicitó con la demanda otros elementos
probatorios que dieran cuenta de que el demandado actuó de forma gravemente
culposa en los hechos objeto de examen.

3.1.3. La imposibilidad de darle plenos alcances demostrativos a la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 25 de febrero de

12

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

2016 también encuentra respaldo en la autonomía e independencia que
caracteriza esta acción.

Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la Corte
Constitucional, en la sentencia de unificación 354 de 2020, en la que fijó los
presupuestos constitucionales que debían ser observados en este tipo de
procesos, advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente, y al
margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del
Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente,
a título de dolo o culpa grave”.

Para efectos de garantizar el derecho al debido proceso del demandado, la Corte
señaló que “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la
responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la
administración”, pues la determinación de la responsabilidad del agente debe
sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en el
que el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa26.

Es claro que a partir de los elementos de juicio mencionados no es posible
acreditar la culpa grave de Luis Fernando Lian Arana para el momento de los
hechos, en contravía de lo asegurado por Metrocali S.A. en su recurso de
apelación.

Lo hasta aquí reseñado permite concluir que, aunque en el expediente reposa la
sentencia de primera instancia, proferida en el marco de una acción contractual, lo
cierto es que las consideraciones y/o pruebas plasmadas en esta no prueban la
materialización de la imputación subjetiva en contra de Luis Fernando Lian Arana,
a título de culpa grave; tampoco lo hace el auto que aprobó el acuerdo
conciliatorio al que llegaron las partes del referido proceso. Como el único
argumento de la apelación no está llamado a prosperar, para la Sala se impone
confirmar, en su totalidad, la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas
de la demanda.

26 En relación con este punto, la Corte Constitucional determinó lo siguiente en la decisión que se

relacionó en el anterior pie de página:
A fin de determinar si el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al
demandado, así como si dicha actuación fue dolosa o gravemente culposa, el juez de lo
contencioso administrativo debe valorar los aspectos propios de la gestión pública, tales como: (i)
las funciones del agente contempladas en la ley y en el reglamento, o (ii) el grado de diligencia
que le sea exigible al servidor en razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía del
mismo en la escala organizacional o la retribución económica por los servicios prestados.

13

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

4. Condena en costas

El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
establece:

Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal (se destaca).

De la lectura de la norma se desprende que la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses
públicos.

El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de
aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la
protección del patrimonio público, tal como lo ha considerado la Corte
Constitucional en su jurisprudencia27.

Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y en
razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este
caso no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte
actora. Ese criterio ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples
pronunciamientos28.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de mayo de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en
esta providencia.

27 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia del 8 de agosto de 2001, exp: D – 3388, M.P:
Rodrigo Escobar Gil.
28 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 59.139; sentencia de 12 de agosto de 2019,
exp. 63.519; sentencia del 20 de noviembre de 2019, exp. 61.003; sentencia del 12 de diciembre
de 2019, exp. 64.350; sentencia del 12 de diciembre de 2019, exp. 64.544 y sentencia del 20 de
febrero de 2020, exp. 51.949.

14

Radicación: 760012333000201701089 01 (69.248)
Actor: Empresa de Transporte Masivo de Cali S.A.
Demandado: Luis Fernando Lian Arana
Referencia: Medio de control de repetición

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.