Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01143-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01143-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-01143-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 76001-23-33-000-2017-01143-01 (5270-2022)
Demandante: Blanca Nidia Díaz de Ramírez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-
Tema: Régimen pensional de la Rama Judicial. Decreto 546 de 1971.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2
de mayo de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Segunda de Decisión, Subsección A1, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2. La señora Blanca Nidia Díaz de Ramírez, actuando por conducto de apoderada
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo demandó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-,
con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:
2.1.1. Pretensiones
3. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social:
1 Con ponencia del magistrado Ronald Otto Cedeño Blume.
2 Folios 89 y s.s. del cuaderno principal. Expediente híbrido.
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• Resolución RDP 039071 del 23 de septiembre de 2015, a través de la cual
se reconoció y ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia de vejez al
señor Héctor Augusto Ramírez Montoya, su cónyuge.
• Resolución RDP 047888 del 18 de noviembre de 2015, por medio de la
cual se resolvió el recurso de reposición formulado contra el acto anterior.
• Resolución RDP 052922 del 14 de diciembre de 2015, por la que se
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución RDP
039071 del 23 de septiembre de 2015.
• Resolución RDP 054091 del 17 de diciembre de 2015, por la cual se
modificó la Resolución RDP 039071 del 23 de septiembre de 2015.
• Resolución RDP 021622 del 08 de junio de 2016, por medio de la cual se
reconoce una pensión de sobrevivientes a la señora Blanca Nidia Díaz de
Ramírez
• Resoluciones 029821 del 16 de agosto de 2016 y 038080 del 10 de
octubre de 2016, por medio de las cuales se resuelven los recursos de
reposición y apelación formulados contra el anterior acto administrativo.
• Resolución RDP 011923 del 15 de marzo de 2016, por el cual se niega el
pago de un auxilio funerario.
• Resoluciones 018596 del 12 de mayo de 2016 y 024645 del 30 de junio
de 2016, por medio de las cuales se resuelven los recursos de reposición y
apelación formulados contra el anterior acto administrativo.
4. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho solicitó:
• Condenar a la entidad demandada a reliquidar la pensión de jubilación
reconocida al señor Héctor Augusto Ramírez Montoya, teniendo en cuenta la
asignación más alta devengada en el último año de servicios, de acuerdo con
el Decreto 546 de 1971, que para el caso fue el mes de diciembre de 2010,
teniendo en cuenta los factores salariales de esa norma, con una mesada
pensional de $8´425.842 y efectividad desde el 5 de junio de 2012 y no desde
el 30 de marzo de 2015.
• Reconocer el retroactivo pensional a la demandante, en su condición de
cónyuge supérstite del señor Héctor Augusto Ramírez Montoya, conforme a la
nueva liquidación pensional, desde el 1.° de octubre de 2011, fecha de
causación de la prestación, hasta el 28 de octubre de 2015, fecha de
fallecimiento del pensionado, por la suma de $109´538.946.
• Como consecuencia de lo anterior reliquidar la sustitución pensional reconocida
a favor de la demandante, modificando la mesada pensional a pagar por la
suma de $ 8´425.842 y reconocer y cancelar el valor de las mesadas
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adeudadas desde el 29 de octubre de 2015 (fecha de causación de su pensión)
hasta la fecha en que se haga efectiva.
• Reconocer los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley
100 de 1993 a partir del 30 de noviembre de 2015, por «mora en el
reconocimiento de las mesadas pensionales» y que se ordene el
reconocimiento y pago del auxilio funerario de su cónyuge de acuerdo con el
artículo 51 de la Ley 100 de 1993, correspondiente a $5’625.353.
• Actualizar el valor de las sumas resultantes; que se ordene el cumplimiento de
la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011
y condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.
➢ Como pretensiones subsidiarias solicitó el reajuste a la pensión de jubilación
y consecuentemente de la sustitución pensional, teniendo en cuenta el
promedio de lo devengado en el último año de servicios, de acuerdo con la Ley
71 de 1988 y con inclusión de «todos los factores salariales consagrados dichas
normatividades», para obtener una mesada pensional por $3´176.419.
• Que para efectos de la prescripción se atienda a que la solicitud se elevó el 5
de junio de 2012.
• Reconocer y pagar las sumas dejadas de percibir por concepto de mesadas
pensionales desde la fecha desde la causación de la pensión hasta el 28 de
octubre de 2015 por la suma de $41’293.447, debidamente indexadas.
• Reconocer y pagar el pago del retroactivo de la sustitución pensional desde el
fallecimiento de su esposo hasta la fecha en que se haga efectiva la
reliquidación, junto con el pago de los intereses moratorios (Artículo 141 Ley
100 de 1993) y el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos
188, 192 y 195 del CPACA.
2.1.2. Fundamentos fácticos
5. De acuerdo con la demanda, los hechos en los cuales se fundan las
pretensiones son los siguientes:
6. Los señores Héctor Augusto Ramírez Montoya y Blanca Nidia Díaz de Ramírez,
contrajeron matrimonio el día 18 de diciembre de 1971 en Tuluá (Valle),
compartiendo lecho, techo y mesa de forma ininterrumpida hasta el fallecimiento
del señor Ramírez Montoya el 28 de octubre de 2015.
7. El señor Héctor Augusto Ramírez Montoya nació el 26 de enero de 1948 y laboró
como servidor público de la Rama Judicial desde el 1.° de agosto de 1965 hasta el
30 de septiembre de 2011.
8. Al considerar que se encontraba cobijado por el régimen de transición de la Ley
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100 de 1993 solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación el 5 de junio de
2012 ante el Instituto de los Seguros Sociales.
9. Posteriormente se determinó que el responsable de la prestación era la UGPP,
entidad que a través de la Resolución RDP 03971 del 23 de septiembre de 2015 le
reconoció la pensión de jubilación a partir del 1.° de octubre de 2011, en cuantía de
$2´107.051, a la que se le aplicó una tasa de remplazo del 75% con un IBL de
$2´809.401, teniendo en cuenta un total de 2.374 semanas cotizadas. Lo anterior,
sin atender a la fecha de presentación de la solicitud que fue el 5 de junio de 2012,
desconociendo el régimen de la Rama Judicial o la Ley 71 de 1988 y además sin
referirse al retroactivo pensional.
10. Contra la anterior decisión, el señor Ramírez Montoya interpuso los recursos de
reposición y apelación el 20 de octubre de 2011, con el radicado SOP
201500068365A.
11. Mediante la Resolución RDP 047888 del 18 de noviembre de 2015 proferida por
la UGPP se resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión anterior, con
base en los mismos argumentos de la resolución recurrida y en atención a la
sentencia de la Corte Constitucional C-258 del 1.° de mayo de 2013.
12. Mediante Resolución RDP 052922 del 14 de diciembre de 2015 proferida por la
UGPP se resolvió el recurso de apelación donde igualmente se confirmó la
actuación recurrida.
13. A través de la Resolución RDP 054091 del 17 de diciembre de 2015 proferida
por la UGPP se modificó la resolución que concedió la pensión de jubilación en el
sentido de dejar establecido que la prestación sería efectiva a partir del 1.° de
octubre de 2011 pero con efectos fiscales por prescripción trienal a partir del 30 de
marzo de 2012.
14. Pese a que se le reconoció la pensión jubilación al señor Ramírez Montoya no
le fue cancelada suma alguna por tal concepto hasta la fecha de su fallecimiento,
que tuvo lugar el día el 28 de octubre de 2015.
15. El 30 de noviembre de 2015, la señora Blanca Nidia Díaz de Ramírez solicitó
ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes del
causante Héctor Augusto Ramírez Montoya, el pago del correspondiente retroactivo
desde su fecha de causación, es decir desde el 1.° de octubre de 2011 hasta la
fecha de su muerte, el 28 de octubre de 2015, al no haberse cancelado la mesada
pensional a su esposo.
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16. Mediante Resolución RDP 021622 del 8 de junio de 2016 proferida por la UGPP
se le reconoció la sustitución pensional; sin embargo, «la misma fue estipulada en
abstracto, no existiendo valoración ni sustento jurídico en el cual se amparen para
efectos de tal reconocimiento». Esto es sin incluir normas aplicables y
consideraciones para la negativa del reconocimiento del retroactivo pensional post
mortem, normas aplicables y consideraciones para la aplicabilidad de la
prescripción del retroactivo pensional, normas aplicables para efectos del
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, sin los valores a consignar y sin
indicar qué sucedió con el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que
niega el auxilio funerario.
17. Contra esta decisión, la demandante interpuso recurso de reposición, y en
subsidio de apelación el 5 de junio de 2016, el primero de ellos fue resuelto
mediante la Resolución RDP 029821 de 16 de agosto de 2016 donde se pronunció
la entidad acerca de la solicitud de reliquidación pensional, señalado que era un
asunto ya decidido en actos anteriores.
18. Con la Resolución RDP 038080 del 10 de octubre de 2016 proferida por la
UGPP se resolvió el recurso de apelación confirmando la actuación recurrida.
19. El 27 de noviembre de 2015 la demandante presentó solicitud de pago de auxilio
funerario, mediante memorial de 27 de noviembre de 2015 adicionado el día 19 de
enero de 2016, para lo cual adjuntó el formulario único de solicitudes
prestacionales, el registro civil de defunción de su cónyuge, fotocopia de documento
de identidad, certificación de servicios funerarios prestados, y la factura
correspondiente.
20. A través de la Resolución RDP 011923 del 15 de marzo de 2016 proferida por
la UGPP se negó la solicitud de pago del auxilio funerario referida en el hecho
anterior, fundamentándose en la supuesta documentación incompleta al aportar la
factura de gastos en copia simple y no original o copia autentica.
21. El 7 de abril de 2016 presentó recurso de reposición y en subsidio apelación
contra el acto administrativo que negó el pago del auxilio funerario, aclarando a la
UGPP que la factura aportada con la documentación es la única que fue dada por
la casa funeraria.
22. El recurso de reposición fue resuelto mediante la Resolución RDP 018596 del
12 de mayo de 2016 proferida por la UGPP donde indicó que la certificación
aportada presentaba inconsistencias, al afirmar que el servicio funerario se prestó
en Tuluá pese a que del contenido de la factura se desprende que dicho servicio se
prestó en Roldanillo, además de obrar en copia simple.
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23. Mediante escrito de 31 de mayo de 2016, la parte actora aclaró a la UGPP que
no existe ninguna inconsistencia en la certificación, como quiera que el servicio
funerario fue prestado en la cuidad de Tuluá, sin embargo, la funeraria «FUNERALES
Y PROEXEQUIALES SAN SEBASTIÁN» es de la cuidad de Roldanillo, donde se emitió la
factura de venta, comoquiera que dicha funeraria presta sus servicios a nivel
nacional al pertenecer a una red de funerarias que tiene por nombre «Remanso».
24. Por Resolución RDP 024645 del 30 de junio de 2016 proferida por la UGPP se
confirmó nuevamente la resolución que negó el pago de auxilio funerario, porque la
factura se aportó en copia simple y la información de la factura.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
25. En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas los artículos 2.°,
4.°, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993 y
los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978.
26. Al desarrollar el concepto de la violación, indicó que, la demanda abarca tres
temas como son: i) la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta el promedio
del último año de servicios consagrado en la Ley 71 de 1988 o bien la asignación
más elevada del último año de servicios consagrada en el Decreto 546 de 1971,
además de todos los factores salariales consagrados en dicha normativa; ii)
el pago del retroactivo de la pensión desde el 1.° de octubre de 2011, fecha de
reconocimiento de la pensión, hasta el 28 de octubre de 2015 (fecha de
fallecimiento del pensionado), con ocasión a la ausencia de prescripción por
presentar la primera solicitud el día 5 de junio de 2012, y iii) el pago del auxilio
funerario a la demandante.
27. Según lo indicó la demanda, la entidad desconoció que para los servidores de
la Rama Judicial el reconocimiento de la pensión se hace bien con el promedio del
último año de servicios consagrado en la Ley 71 de 1988 o bien con la asignación
más elevada del último año de servicios consagrada en el Decreto 546 de 1971,
además de todos los factores salariales consagrados en esas normas, mas no con
los últimos 10 años de servicios y los factores salariales del Decreto 1158 de 1994,
como se realizó en la liquidación pensional.
28. Además, el señor Ramírez Montoya era beneficiario del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo derecho por ello a que
su pensión de vejez sea calculada de manera integral conforme a lo contemplado
en la Ley 71 de 1988 o al Decreto 546 de 1971, pero la UGPP se remitió para
calcular el ingreso base de liquidación de la pensión a los incisos 3 y 6 del artículo
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36 de la Ley 100 de 1993, que consagra un cálculo sobre los últimos diez (10) años
de servicios prestados y los factores salariales del Decreto 1158 de 1994, contrario
al promedio del último año de servicios consagrado en la Ley 71 de 1988 o a la
asignación más elevada del último año de servicios consagrada en el Decreto 546
de 1971 con sus correspondientes factores salariales, pese a que cualquiera de
estos dos preceptos normativos hubiera generado una mesada pensional superior
a favor del pensionado, es decir, en este específico asunto se quebrantó el principio
de favorabilidad.
29. Se refirió a la sentencia de 25 de febrero de 2016 del Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, con ponencia del consejero
Gerardo Arenas Monsalve, radicado 25000234200020130154101, según la cual se
deslegitimó el argumento de la UGPP para no reajustar la pensión de jubilación,
además porque la sentencia C- 258 de 2013 no es aplicable al caso.
30. Adicionalmente, solicitó que se reconozca y pague el retroactivo pensional
originado desde la fecha en que se causó el derecho a la pensión a favor de su
cónyuge (01 de octubre de 2011) y hasta el día de su fallecimiento (28 de octubre
de 2015); así como también que se le reconozcan los intereses moratorios de que
trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
31. Finalmente, solicitó que se le reconozca y cancele el auxilio funerario,
correspondiente al valor del último salario base de cotización del fallecido, conforme
al artículo 51 de la Ley 100 de 1993.
2.2. Contestación de la demanda3
32. La UGPP, a través de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda
indicando que, los actos administrativos cuestionados fueron proferidos acorde con
el ordenamiento jurídico, toda vez que para el reconocimiento de la pensión de
vejez del señor Héctor Augusto Ramírez Montoya se tuvo en cuenta el régimen de
transición, aplicándose el tiempo de servicio, edad y monto establecido en la Ley
71 de 1988, así como con lo establecido en el Decreto 1158 de 1994, y atendiendo
lo dispuesto en las sentencias SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017.
33. Finalmente propuso las excepciones de «ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados», «inexistencia del derecho a reliquidar la pensión
frente a factores salariales», «buena fe para efecto de costas», «prescripción», e
«innominada».
3 Folios 151 a 157.
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2.3. Sentencia de primera instancia4
34. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión,
Subsección A, mediante sentencia proferida el 2 de mayo de 2022 accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda relacionadas con el reconocimiento
del auxilio funerario y negó las demás formuladas por la señora Díaz de Ramírez,
con sustento en las siguientes consideraciones:
35. En primer lugar, se refirió al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y las
diferentes tesis de interpretación del mismo conforme al Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, citando las sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017 y las providencias del Consejo de
Estado de 4 de agosto de 20105 y finalmente del 28 de agosto de 2018 6.
36. Señaló que el Consejo de Estado, unificó su jurisprudencia y fijó las pautas que
eran de obligatoria observancia frente al tema de reliquidaciones pensionales de
los empleados de la Rama Judicial beneficiarios del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 19937.
37. Posteriormente se refirió a las pruebas recaudadas, los actos administrativos
demandados y el certificado de factores salariales percibidos durante el último año
4 Folios 172 y s.s.
5 Con ponencia del consejero Víctor Alvarado Ardila.
6 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero César Palomino Cortés.
7 “El servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión, siempre que:
i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de
junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si hombre, 35 años de
edad si es mujer o; b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional
que son: a) el cumplimiento la edad de 50 años si es mujer o 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de
servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16
de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.
iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior consagrados en el
artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b)
el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho
decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso
básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es
decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en
la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por
el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual
que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610
de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del
Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público,
siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.”.
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de servicios en el que devengó como factores salariales: salario básico, incremento
de antigüedad, incremento del 2,5, subsidio de alimentación, bonificación por
servicios, las primas de vacaciones, de servicio, de navidad y de productividad.
38. Además, en el acto de reconocimiento pensional le fueron tenidos en cuenta 60
años de edad, 20 de servicios y una tasa de reemplazo del 75% y la base de
liquidación correspondió al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
cotizó, entre el 1.° de octubre de 2001 y el 30 de septiembre de 2011, conforme al
inciso 3.° y 6.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
39. Por tanto, estimó que debía acoger el precedente jurisprudencial del 11 de junio
de 2020 del Consejo de Estado, consistente en que «el ingreso básico de
liquidación de la pensión se debe calcular conforme a lo dispuesto en los artículos
21 y 36, inciso 3°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más
de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado
el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en IPC certificado por el DANE».
40. En este punto de la decisión realizó la siguiente disquisición que se cita in
extenso por su importancia para la solución del litigio:
«[…]
Revisado el contenido del acto administrativo de reconocimiento pensional, se observa
que para el mismo le fueron tenidos en cuenta los siguientes elementos:
EDAD TIEMPO DE SERVICIO MONTO
60 años 20 años 75%
En lo que respecta a la liquidación de la prestación económica, encuentra la Sala que
el Fondo de Pensiones, tuvo como base de liquidación el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó, entre el 01 de octubre de 2001 y el 30 de septiembre de
2011, conforme al inciso 3° y 6° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, dado que lo debatido en el presente asunto se circunscribe a determinar si
la pensión del señor HÉCTOR AUGUSTO RAMÍREZ MONTOYA debe ser reajustada
teniendo en cuenta la asignación más elevada del último año de servicios e incluyendo
todos los factores salariales, debe decirse que, acogiendo el precedente jurisprudencial
del 11 de junio de 2020 del Honorable Consejo de Estado señalado en el acápite
precedente, para los empleados y funcionarios beneficiarios de la transición normativa
de la Ley 100 de 1993, se les aplica el régimen especial de pensión de jubilación de la
Rama Judicial y del Ministerio Público, y en particular, el ingreso básico de liquidación
de la pensión se debe calcular conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 36, inciso
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3°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10
años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en
la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho
a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE,
Así entonces, es claro que el reajuste pedido en la demanda no resulta procedente,
pues el acto de reconocimiento pensional del causante se ajustó a las pautas fijadas en
la normatividad y en el precedente judicial citado.
Igual acontece con la pretensión subsidiaria, tendiente a la reliquidación con el promedio
del último año de servicios estipulado en la Ley 71 de 1988, pues como quedó visto, el
ingreso base de liquidación se calcula en los términos previamente señalados.
[…] ».
41. . En cuanto a los factores que se deben tener en cuenta, señaló que según la
sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 del Consejo de Estado, son sólo
los contemplados por el artículo 1,° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los
artículos 14 de la Ley 4ª de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1° del
Decreto 610 de 1998; 1° del Decreto 1102 de 2012; 1° del Decreto 2460 de 2006;
1° del Decreto 3900 de 2008; y 1° del Decreto 383 de 2013, según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes. Sobre este tema precisó:
«[…]
Revisado el plenario, se observa que, de acuerdo con la certificación expedida por la
RAMA JUDICIAL, durante el último año de servicio el señor HÉCTOR AUGUSTO
RAMÍREZ MONTOYA percibió como factores salariales: la asignación básica,
incremento de antigüedad, incremento del 2,5, subsidio de alimentación, bonificación
por servicios, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad y prima de
productividad. No obstante, en la citada prueba, si bien se observa que efectuaron
descuentos por aportes en pensión, no se especifica en relación con cuáles de los
emolumentos enunciados se efectuaron aportes para pensión.
Obsérvese además que, la prima de servicios, el subsidio de alimentación, la prima de
vacaciones y la prima de navidad que se reclaman, no están contempladas en el artículo
1° del Decreto 1158 de 1994.
Siendo así las cosas, en aplicación del criterio desarrollado en el marco normativo y
jurisprudencial de la presente decisión, se observa que si bien el causante devengó en
el último año los emolumentos antes indicados, lo cierto es que al no estar enlistados
dentro del precepto normativo citado en precedencia, ni al tenerse probado que sobre
los mismos se hayan efectuado los descuentos con destino al Sistema de Seguridad
Social en pensiones, se concluye que no hay lugar a disponer su inclusión en la base
pensional de la prestación.»
42. En cuanto al auxilio funerario, citó los artículos 51 de la Ley 100 de 1993 y 18
del Decreto 1889 de 1994, para señalar que esa prestación económica se reconoce
a quien cubre los gastos de exequias, generados por el fallecimiento de los afiliados
y pensionados, prerrogativa que beneficia a quienes pertenecen tanto al régimen
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de prima media con prestación definida (art. 51), así como al régimen de ahorro
individual con solidaridad (art. 86) y los requisitos para solicitarlo son: (i) acreditar
el pago de los gastos funerarios y (ii) que la persona fallecida a favor de quien se
hicieron las cotizaciones o que originó el derecho a la pensión, tenga la calidad de
afiliado o pensionado, condición que se encuentra claramente probada en el
presente caso y que no es discutida por la entidad demandada.
43. Estimó que tanto la factura núm. 0172 del 28 de octubre de 2015, expedida por
«FUNERALES Y PROEXEQUIALES SAN SEBASTIÁN», en la que se detallan los
servicios funerarios prestados, los cuales fueron cancelados por la señora Blanca
Nidia Diaz de Ramírez, así como la certificación del 18 de enero de 2016, expedida
por la misma empresa, eran válidos comoquiera que para el Consejo de Estado
admitió el valor probatorio de las copias simples, cuando las mismas han obrado
en el plenario a lo largo del proceso y han sido susceptibles de contradicción por
las partes sin que éstas las tacharan de falsas. En consecuencia, no podían
desconocerse los documentos aportados por la demandante como lo era la factura
donde si bien se hace referencia al municipio de Roldanillo, se entendía que éste
no correspondía a la localidad en la que se prestó el servicio, sino a la del domicilio
de la empresa que prestó el servicio de celebración del funeral.
44. Por ello, le asistía a la demandante el derecho al reconocimiento y pago del
auxilio funerario reclamado, el cual estaba a cargo de la UGPP, en los términos
previstos en el artículo 51 de la Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario. Estimó
procedente entonces declarar la nulidad de los actos administrativos que negaron
el reconocimiento del auxilio funerario a la demandante y ordenó a su favor el
otorgamiento de tal prerrogativa.
45. Consideró que no estaba llamada a prosperar la pretensión de reconocimiento
y pago del retroactivo pensional originado desde la fecha en que se causó el
derecho a la pensión a favor del señor Ramírez Montoya (1.° de octubre de 2011)
y hasta el día de su fallecimiento (28 de octubre de 2015), tras advertir que «[…]
corresponde a las mesadas pensionales que se causaron a favor del señor Héctor
Augusto Ramírez Montoya una vez consolidó su derecho pensional, es decir,
cuando cumplió los requisitos para pensionarse y hasta cuando el mismo le fue
reconocido; de manera que se trata de el (sic) pago de las mesadas dejadas de
cobrar por el causante, que han de entrar dentro de sus haberes y que se deberán
cancelar a favor de los herederos determinados, una vez agotado el trámite de
sucesión respectivo».
46. Por lo anterior el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad
de las Resoluciones RDP 011923 del 15 de marzo de 2016, 018596 del 12 de mayo
de 2016 y 024645 del 30 de junio de 2016, por medio de las cuales se negó el pago
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de un auxilio funerario a favor de la demandante y a título de restablecimiento del
derecho, ordenó a la UGPP reconocer a favor de la señora Blanca Nidia Díaz de
Ramírez, el auxilio funerario causado por el fallecimiento de su cónyuge, en los
términos establecidos en el artículo 51 de la Ley 100 de 1993.
47. Negó las demás pretensiones y se abstuvo de condenar en costas. Todo lo
anterior en los siguientes términos:
« PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 011923 del 15
de marzo de 2016, 018596 del 12 de mayo de 2016 y 024645 del 30 de junio de
2016, por medio de las cuales se niega el pago de un auxilio funerario a favor de la
demandante.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, que proceda a reconocer
a favor de la señora BLANCA NIDIA DIAZ DE RAMIREZ, el auxilio funerario
causado por el fallecimiento de su cónyuge, señor HECTOR AUGUSTO RAMIREZ
MONTOYA, en los términos establecidos en el artículo 51 de la Ley 100 de 1993,
conforme a lo expuesto en este proveído.
TERCERO: La sentencia deberá cumplirse dentro de los términos previstos en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto se den los supuestos de hecho allí
determinados.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: NO CONDENAR en costas, conforme a lo indicado en precedencia.
SEXTO: En firme esta providencia, archívense las diligencias una vez hechas las
anotaciones en el software de gestión »
2.5. El recurso de apelación8
48. La apoderada de la demandante interpuso recurso de apelación, donde
solicitó, en primer lugar, que no se aplique el precedente judicial, establecido en la
sentencia de unificación sobre reliquidación de la pensión de jubilación de los
servidores de la Rama Judicial amparados por el régimen de transición de la Ley
100 de 1993, dado que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado han establecido algunas situaciones especiales en que ello es
procedente9, como cuando: (i) se presenta modificación de la regla de decisión
derivada de la concurrencia de elementos de distinción entre el caso actual y el
que, prima facie, se consideró precedente; y (ii) el surgimiento de motivos
88 Expediente digitalizado. Primera instancia, índice 40.
9 Citó las sentencias de la Corte Constitucional SU 047 de 1999, T-460 de 2016, C-621 de 2015, T-100 de
2010, T-292 de 2006 y T-698 de 2004.
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normativos, valorativos o sociales que compelen de tal forma el contexto de la
decisión, obligando al juez a replantear la sub-regla jurisprudencial.
49. Según lo indicó, también es posible apartarse por las siguientes razones: (i.)
Que el precedente sea contrario a la Constitución; (ii) Que el precedente haya
incurrido en una equivocación la cual debe corregirse; (iii) que la aplicación actual
del precedente pueda provocar consecuencias inesperadas e inaceptables; (iv) que
haya cambios históricos ante los cuales sea irrazonable interpretar las normas de
la forma que lo indica el precedente.
50. Como circunstancia especial para solicitar apartarse del precedente judicial
indicó que el señor Ramírez Montoya cotizó toda su vida laboral como servidor
público de la Rama Judicial de Colombia, desde el 1.° de agosto de 1965 hasta el
30 de septiembre de 2011, por más de 40 años, por lo que se encuentra amparado
por un régimen especial con base en el cual solicitó el reconocimiento pensional el
5 de junio de 2012, pero en este caso la sentencia apelada data del año 2020,
donde se aplicó una tesis que no se encontraba vigente al momento de la petición
con lo que se desconocieron los derechos fundamentales a la seguridad social, a
una vida digna y justa y en condiciones de dignidad.
51. Además, al señor Ramírez Montoya se le debía reconocer a tiempo el estatus
pensional pero falleció sin poder disfrutar de su mesada pensional, que vino a ser
reconocida mediante Resolución RDP 03971 del 23 de septiembre de 2015
proferida por la UGPP.
52. Reiteró los argumentos de la demanda referentes a que para los servidores de
la Rama Judicial se debe liquidar la pensión con el promedio del último año de
servicios consagrado en la Ley 71 de 1988 o bien con la asignación más elevada
del último año de servicios consagrada en el Decreto 546 de 1971, además de
todos los factores salariales consagrados «en dichas normatividades», mas no con
los últimos 10 años de servicios y los factores salariales del Decreto 1158 de 1994,
como se realizó en la liquidación del acto administrativo de reconocimiento
pensional. Por tanto, como el señor Ramírez Montoya, era beneficiario del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tenía derecho a que su pensión
fuese calculada de manera integral conforme tales normas, es decir, con el tiempo
de servicios, la edad, el monto, los factores salariales y el ingreso base de
liquidación del régimen anterior. Sin embargo, la UGPP aplicó sólo la edad, tiempo
de servicios y monto de la primera norma referida, remitiéndose para calcular el
ingreso base de liquidación de la pensión a los incisos 3.° y 6.° del Artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, por lo que se desconoció el principio de favorabilidad.
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53. Según lo expuso, para la Corte Constitucional 10, coexisten varios regímenes
pensionales solidarios de prima media con prestación definida: siendo uno de ellos
el de la Rama Judicial y el Ministerio Público, cuyos antecedentes, fueron expuestos
en la sentencia T-631 de 2002. Posteriormente se refirió en extenso al régimen
especial vigente para la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público el establecido
en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y el Decreto 1660 de 1978, según los
cuales, en consideración de la apoderada, el señor Héctor Augusto Ramírez
Montoya, y hoy su cónyuge supérstite tienen desde el reconocimiento mismo del
estatus pensional el derecho a la reliquidación pensional.
54. Finalmente, solicitó que no se pasen los derechos adquiridos en materia
pensional, pues pese a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 la
Corte Constitucional indicó que estos deben respetarse pues no aplica a
reliquidaciones de pensiones amparadas por un régimen especial que debe ser
respetado, y que cobijó al causante por más de 40 años y hoy por «extensión
sucesoral» a la demandante, por lo que era procedente acceder a la reliquidación
pretendida en términos solicitados en la demanda.
55. Además de lo anterior reiteró que debe pagarse el valor del retroactivo de la
pensión del señor Ramírez Montoya desde el 1.° de octubre de 2011 (fecha de
reconocimiento de la pensión) hasta el día 28 de octubre de 2015 (fallecimiento del
pensionado), con ocasión a la ausencia de prescripción por presentar la primera
solicitud el día 5 de junio de 2012 y «iii) el pago del auxilio funerario a mi
representada».
2.6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
56. Tanto las partes como el Procurador delegado ante esta Corporación guardaron
silencio en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
57. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo11, el Consejo de Estado es competente para
10 Citó entre otras las sentencias Sentencia T-351 de 2010 (MP. Humberto Antonio
Sierra Porto). Ver también: sentencias T-631 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-1000
de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-251 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-180 de 2008
(MP. Clara Inés Vargas Hernández), entre otras.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
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resolver el recurso de apelación interpuesto.
58. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 32812 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes
hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
59. En el presente caso, la demandante es apelante única, razón por la cual la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo
del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.
3.2. Problemas jurídicos
60. Corresponde a la Sala determinar ¿cuál es el régimen normativo aplicable al
reconocimiento y liquidación de la pensión de jubilación del señor Héctor Augusto
Ramírez Montoya (q.e.p.d)?
61. ¿Es procedente apartarse del precedente judicial establecido en la sentencia
de 11 de junio de 2020, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15001 23 33
000 2016 00630 01 (4083-2017) como lo solicita la demandante?
62. De otra parte, se determinará si ¿le asiste razón a la demandante frente a su
pretensión de ordenar el pago de las mesadas dejadas de cancelar al causante,
generadas desde la fecha de efectividad de la pensión de jubilación y hasta su
deceso?
3.3. Primer interrogante. ¿De acuerdo con la ley y la jurisprudencia de esta
Corporación, cuál es el régimen normativo aplicable al reconocimiento y
liquidación de la pensión de jubilación del señor Héctor Augusto Ramírez
Montoya (q.e.p.d)?
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
12 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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63. Para resolver este interrogante la Sala se referirá a las reglas jurisprudenciales
sobre la interpretación del régimen de transición y sus implicaciones frente a los
funcionarios de la Rama Judicial, establecidas en la sentencia de unificación CE-
SUJ-S2-021-2013, de 11 de junio de 2020, proferida por la Sección Segunda de esta
Corporación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
15001233300020160063001 (4083-2017), y, con posterioridad, se verificarán las
pruebas que reposan en el expediente, para determinar si a la demandante le asiste
la razón en lo que pretende.
3.3.1. Sentencia SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 2020, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-
2017).
64. En primer lugar es menester indicar que la Sección Segunda de esta
Corporación, en sentencia SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 202014, estableció, la
necesidad de unificar jurisprudencia toda vez que tanto en la Corte Constitucional
como en el Consejo de Estado existían diversas posiciones frente al régimen
pensional de los servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público y su relación
con la Ley 100 de 1993.
65. En efecto, se tiene que la Corte Constitucional sostenía dos posturas jurídicas:
(i) La primera, en sus salas de revisión, según la cual, a quienes eran beneficiarios
del régimen especial contemplado por el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971, por
virtud del régimen de transición, se les debía aplicar en su integridad dicho régimen
con fundamento en el principio de inescindibilidad de las normas; (ii) la otra, en la
que en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, la Corte determinó que
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición para
salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la
creación del sistema general de seguridad social, beneficio que consiste en la
aplicación ultractiva de los regímenes anteriores a los que se encontraba afiliado el
peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de
servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de
liquidación que corresponde al determinado por la misma Ley 100 de 1993 en sus
artículos 21 y 36 inciso 3.º.
66. Igualmente se explicó que el Consejo de Estado sostuvo dos posiciones: (i) la
primera, en sus Salas de Subsección y Sala Plena de Sección, basada en que los
13 No se identifica el consejero ponente porque se trata de una sentencia de unificación.
14 Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15001233300020160063001
(4083-2017).
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destinatarios del régimen especial consagrado por el Decreto 546 de 1971, con
ocasión del régimen de transición, tenían derecho a su aplicación integral, esto es
en cuanto a los elementos edad, tiempo o semanas cotizadas, monto e ingreso
base de liquidación, con base en el principio de inescindibilidad y la (ii) segunda,
asumida por su Sala Plena Contencioso Administrativa en la que, en consonancia
con lo establecido por la Corte Constitucional en su reciente jurisprudencia,
consideró que la transición establecida por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo
permite la aplicación del régimen pensional anterior que regenta al jubilado en
cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de
reemplazo, pero no en lo referente al ingreso base de liquidación, que corresponde
al definido por esa ley en sus artículos 21 y 36 inciso 3.º.
67. En la citada providencia SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la Sección
Segunda de esta Corporación unificó su postura en torno a establecer el ingreso
base de liquidación (periodo de liquidación y factores a incluir) de las pensiones de
los servidores y ex servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público regulados
por el Decreto 546 de 1971, que causaron su derecho en virtud del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
68. Para tal efecto, la Corporación explicó que al reunirse las condiciones
establecidas en el régimen de transición del sistema de seguridad social para la
fecha en la cual inició la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.º de abril de
1994 en el ámbito nacional o el 30 de junio de 1995 en el orden territorial,
correspondientes a tener cumplidos 35 o más años de edad en el caso de las
mujeres, 40 o más años de edad en el de los hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, se adquiere el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión al
amparo del régimen anterior bajo el cual trabajaron o cotizaron, que para el caso
de los que fueron funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio
Público corresponde al consagrado en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971.
69. Recordó la Corporación que este Decreto a su vez exige, para tener derecho al
reconocimiento de la pensión a su amparo, el cumplimiento de 50 años edad si se
trata de mujer, o 55 años para el caso del hombre y el tiempo de 20 años de
servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho
decreto,15 de los cuales, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la
Rama Judicial o al Ministerio Público, o a ambas actividades.
70. Por tanto, se estableció que cuando se es beneficiario del régimen de transición
15 Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación
en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971, por lo que su
vigencia corresponde al 16 de julio de 1971.
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por edad o por tiempo de servicios reunidos para la fecha de vigencia de la Ley 100
de 1993, que permite la aplicación del régimen anterior, y, a su vez, se adquirió el
estatus pensional con el cumplimiento de los requisitos de la edad y el tiempo de
servicios de ese régimen anterior, contemplado por el Decreto 546 de 1971 en el
artículo 6.º, ello implica que la pensión se debe reconocer al funcionario o empleado
de la Rama Judicial y del Ministerio Público, con una tasa de reemplazo del 75% y
en lo referente al ingreso base de liquidación, no se liquida con el del régimen
anterior, es decir, con la asignación más alta devengada el último año dedicado a
la actividad judicial, como reza en el artículo 6.º16 en mención, pues el que hay que
aplicar es el establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo 21 y en el inciso 3.º
de su artículo 36.
71. Con fundamento en lo anterior explicó la Corporación que según el artículo 21 17
el ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esa ley, corresponde al
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE y que el inciso 3.º de su artículo 3618 dispone que el ingreso
base para liquidar la pensión de vejez de las personas que les faltare menos de 10
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE. Al efecto puntualizó:
«[…]
Es decir, el ingreso base de liquidación del funcionario o empleado judicial que le
faltan más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, es el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión, con la debida actualización.
16 Artículo 6. «Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55
años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
equivalente al 75% de la asignación mensual mas elevada que hubiere devengado en el ultimo año de servicio
en las actividades citadas» (Resalta la Sala).
17 Artículo 21. «INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones
previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso
de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
18 Articulo 3 inciso 3. «El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Indice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE».
18
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El ingreso base de liquidación del funcionario o empleado que le faltan menos de
diez 10 años para adquirir el derecho a la pensión, es i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante
todo el tiempo, si fuera superior, debidamente actualizado.
Además, en lo que hace referencia a los factores salariales que se deben incluir en
ese ingreso base de liquidación para la pensión de los funcionarios y empleados de
la Rama Judicial y del Ministerio Público beneficiarios de la transición, hay que decir
que son únicamente aquellos sobre los que hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones, y que correspondan a los fijados por el
artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª.
de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998;
1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900
de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, normativa que se encuentra vigente».
72. De acuerdo con la postura indicada y para dar claridad en la forma de liquidación
de las pensiones de los funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público
sometidos al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en la citada decisión
judicial se establecieron las siguientes reglas de unificación de la jurisprudencia en
el tema puesto a consideración:
«[…]
4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los
siguientes presupuestos:
i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial,
tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o
más de servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar
el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o
de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos
anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de
1971;19 c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.
iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior
consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años
si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos
o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20
años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo
del 75%, e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso
3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
19 Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación
en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971.
19
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10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base
en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho
a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con
los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994
al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332
de 1996;20 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto
2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se
trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre
que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas».
73. Específicamente en cuanto a los factores de liquidación la decisión de
unificación determinó que se debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de
1994, es decir: la asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima
técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad, ascensional de
capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por trabajo dominical
o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado
en jornada nocturna; y la bonificación por servicios prestados.
74. Asimismo, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la
liquidación de su pensión los siguientes:
(a) Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de
1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial.
(b) La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para
los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes del
Ministerio Público ante magistrados de tribunales.
(c) La prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el
Decreto 2460 de 2006.
(d) La bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de 2008
para los jueces y procuradores judiciales 1.
(e) La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013 para los
servidores de la Rama Judicial.
75. Lo anterior, toda vez que, las normas señaladas establecieron que constituyen
20 Artículo 1.°
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factores de salario por lo que se tienen en cuenta para efectos de determinar el
ingreso base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado
los aportes correspondientes.
76. De ahí que la providencia en cita consideró que prestaciones tales como las
primas de vacaciones, de servicios y de navidad no deben ser incluidas en la
liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor salarial.
3.3.2. Lo acreditado en el proceso
77. El señor Héctor Augusto Ramírez Montoya nació el 26 de enero de 1948 según
copia de la cédula de ciudadanía aportada21; de igual manera está consignado
que falleció el día 28 de octubre de 2015, según registro civil de nacimiento que
obra a folio 112 del CD visible a folio 159.
78. Según certificado laboral expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, que obra a folio 124 del Cd visible a folio 159, se tiene que el causante
laboró para la Rama Judicial en los siguientes periodos:
• Del 1.° de agosto de 1965 hasta el 30 de junio de 2011, y desde el 1.° de
julio de 2011 hasta el 30 de septiembre del mismo año, siendo su último
cargo desempeñado el de secretario del Juzgado Primero Penal Municipal
de Cali.
79. Según los certificados aportados a folios 85 y 86 y siguientes del expediente y
264 y s.s y 279. del CD obrante a folio 159, durante el periodo comprendido entre
los años 2001 a 2011 el causante percibió salario básico, incremento de
antigüedad, incremento del 2,5, subsidio de alimentación, bonificación por
servicios, prima de vacaciones, prima de servicio, prima de navidad y prima de
productividad y las vacaciones.
80. La señora Blanca Nidia Díaz Villegas y el señor Héctor Augusto Ramírez
Montoya contrajeron matrimonio católico el 18 de diciembre de 1971, según copia
de registro civil de matrimonio aportada a folio 137 del Cd aportado ( f. 159).
➢ Iter administrativo surtido. Actuación ante COLPENSIONES.
• El 5 de junio de 2012 el señor Héctor Augusto Ramírez Montoya presentó
solicitud de reconocimiento pensional ante el ISS - Colpensiones, para que
se le reconociera la pensión de jubilación de conformidad con lo señalado
por el Decreto 546 de 1971. 22
21 Folio 3.
22Como se indica a folio 6 en la Resolución GNR 339113 de 4 de diciembre de 2013 dictada por
COLPENSIONES ,.
21
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• Mediante la Resolución GNR 339113 de 4 de diciembre de 2013 23 dictada
por COLPENSIONES se declaró la incompetencia para efectuar el
reconocimiento pensional al indicar que las últimas cotizaciones fueron
realizadas a CAJANAL.
➢ Actuación ante la UGPP frente al reconocimiento de la pensión de
jubilación al señor Héctor Augusto Ramírez Montoya.
• El 30 de marzo de 2015 el causante solicitó ante la UGPP el reconocimiento
de la pensión de jubilación con base en lo señalado en el Decreto 546 de
197124.
• Mediante la Resolución RDP 039071 de 23 de septiembre de 2015 25, la
UGPP le reconoció la pensión de jubilación al señor Héctor Augusto Ramírez
Montoya, efectiva a partir del 1.° de octubre de 2011. Allí se indicó que era
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así como de la
Ley 71 de 1988 que le exigía 60 años de edad y 20 años de servicios. Por
tanto, como contaba con 2374 semanas y 67 años de edad, adquirió el
estatus de pensionado el 26 de enero de 2008. Indicó que liquidaría la
pensión con el 75% sobre un ingreso base de liquidación conformado por el
promedio de los salarios y rentas sobre los cuales ha cotizado o aportado el
interesado entre el 1.° de octubre de 2001 y el 30 de septiembre de 2011
«conforme el Inciso 3 y/ o 6 del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
Incluyó como factores salariales: la asignación básica, «2.5 y prima de
antigüedad», la bonificación por servicios prestados, la prima de
productividad ( en cuanto a esta prima no incluyó la de los años 2006 a 2008
« toda vez que en la casilla 29 NO incluyen un solo valor pro (sic) cuatro
diferentes tipos de factores, por lo tanto no se especifica qué tipo de factor
salarial corresponde cada valor registrado en los años precitados»).
Lo anterior arrojó la suma de $2´107.051, efectiva desde el 1.° de octubre de
2011, pero «con efectos fiscales una vez demuestre el retiro definitivo del
servicio». Señaló además que dado que la solicitud fue elevada el 30 de
marzo de 2015 operaba la prescripción de las mesadas no reclamadas
desde el 30 de marzo de 2012.
• Contra la anterior decisión el señor Ramírez Montoya interpuso recursos de
reposición y apelación26, para que se tuviera en cuenta la fecha en que elevó
23 Folios 6 y s.s.
24 Como se indica a folio 22.
25 Folios 22 y s.s.
26 Folios 29 y s.s.
22
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la solicitud de reconocimiento pensional ante el ISS, es decir, el 5 de junio
de 2012. Además, indicó que su retiro definitivo del servicio le fue aceptado
por Resolución de 1.° de octubre de 2011.
• A través de las Resoluciones RDP 047888 del 18 de noviembre de 2015 27
y RDP 052922 del 14 de diciembre de 2015 28, la UGPP confirmó la
Resolución RDP 039071 de 23 de septiembre de 2015 29, donde se indicó
que no era procedente liquidar la pensión con el Decreto 546 de 1971. En la
primera se indicó frente al retroactivo lo siguiente:
«[…]
Que así como aduce el peticionario que ha venido recibiendo el trámite desde el
mes de junio del 2012 es pertinente aclara (sic) que se aplicó prescripción trienal
en el presente acto administrativo por cuanto la primera petición fue presentada a
la entidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, el día 30 de
marzo del 2015, y que fue conocida por esta entidad fue a partir de la fecha
señalada.
[L]a resolución No RDP 039071 del 23 de septiembre del 2015, indico que la
efectividad es el 1 de Octubre del 2011 con efectos fiscales a partir del retiro del
servicio por lo cual la Subdirección de nómina realizara las operaciones aritméticas
correspondiente para cancelar el valor de las mesadas atrasadas desde la
mencionada fecha hasta la inclusión en nómina.»
• Posteriormente, la UGPP, mediante la Resolución 054091 del 17 de
diciembre de 201530 modificó el artículo primero de la Resolución RDP
039071 del 23 de septiembre de 2015. Esto frente a la prescripción, por lo
que indicó que el reconocimiento sería desde el 30 de marzo de 2012 por
prescripción trienal, dado que la petición se presentó el 30 de marzo de 2015,
condicionada a demostrar retiro definitivo.
➢ Actuación ante la UGPP frente al reconocimiento de sustitución
pensional a favor de Blanca Nidia Díaz de Ramírez.
• Mediante la Resolución RDP 021622 del 8 de junio de 201631, la UGPP
reconoció a favor de la señora Blanca Nidia Díaz de Ramírez la «pensión de
sobrevivientes» en un 100% de lo que venía percibiendo el señor Héctor
Augusto Ramírez Montoya. Lo anterior por cuanto allegó copia de registro
civil de matrimonio sin nota marginal y declaraciones extraproceso sobre
convivencia con el causante durante los últimos cinco años de su vida antes
27 Folios 31 y s.s.
28 Folios 37 y s.s.
29 Folios 22 y s.s.
30 Folio 129 y s.s.
31 Folios 41 y s.s.
23
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del 28 de octubre de 2015. Lo anterior con efectividad desde el día siguiente
de su fallecimiento, es decir, desde el 29 de octubre de 2015.
Esta Resolución señaló en su artículo tercero que el pago de las mesadas
dejadas de cobrar se cancelaría a favor de los herederos determinados una
vez adelantada la sucesión:
«ARTÍCULO TERCERO: El pago de las mesadas dejadas de cobrar por el
causante de acuerdo con lo certificado por FOPEP se cancelarán a favor de
los herederos determinados en la respectiva sentencia de sucesión
ejecutoriada y/o escritura pública de sucesión».
• Contra tal determinación el 5 de julio de 2016 la demandante interpuso
recursos de reposición y apelación32. Allí solicitó:
«PRIMERO: Reliquidar y pagar la pensión del señor Héctor Augusto Ramírez
Montoya (q.e.p.d.), teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en el último
año de servicio, conforme lo prevé el Decreto 546 de 1971, por resultar más
favorable.
SEGUNDO: Reconocer que el señor Héctor Augusto Ramírez Montoya (q.e.p.d.),
efectuó la actuación administrativa sobre el reconocimiento de la pensión el día 05
de junio de 2012 y no el 30 de marzo de 2015, como lo dispone la resolución motivo
del presente recurso, por lo tanto no es aplicable la prescripción trienal de que habla
la mencionada resolución que concede la pensión de sobrevivientes.
TERCERO: Reconocer y pagar a la señora Blanca Nidia Díaz el retroactivo
pensional que en vida tenía derecho el señor Héctor Augusto Ramírez Montoya
(q.e.p.d.), desde el 1 de octubre de 2011 hasta la fecha del reconocimiento de la
pensión de sobreviviente, conforme a los numerales que anteceden.
CUARTO: Reconocer y pagar las diferencias adeudadas desde el 01 de octubre de
2011 hasta la fecha en que se haga efectivo su pago, incluidas las mesadas
adicionales de Junio y Diciembre y los reajustes de ley.
QUINTO: Reconocer y pagar la indexación o corrección monetaria de los valores
que correspondan.
SÉPTIMO (sic): Reconocer y pagar los intereses moratorios de que trata el artículo
141 que reposa en el de la Ley 100 de 1993, a partir del 30 de noviembre de 2015
por haber incurrido en de esto entidad mora en el reconocimiento de las mesadas
pensiónales, lo anterior teniendo en cuenta el art. 1 de la Ley 717 de 2001.
OCTAVO: Definir el reconocimiento del auxilio funerario».
• Mediante las Resoluciones RDP 029821 del 16 de agosto de 201633 y RDP
038080 del 10 de octubre de 201634 se confirmó la Resolución RDP 021622
del 8 de junio de 2016.
32 Folios 44 a 56.
33 Folios 58 y s.s.
34 Folios 63 y s.s.
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3.3.3. Análisis de la Sala.
81. Como se aprecia de todo lo anterior es evidente que el causante era beneficiario
del régimen de transición establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda
vez que para el 1.° de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad, porque
nació el 26 de enero de 1948 lo que se traduce en que su situación pensional se
ve regulada por el régimen de transición consagrado por dicha ley.
82. Igualmente se aprecia que, se desempeñó por un periodo superior a los 40 años
en la Rama Judicial, desde el año 1965, con lo que evidentemente contaba con una
expectativa legítima de pensionarse bajo los parámetros del Decreto 546 de 1971,
como son:
a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre.
b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores
o posteriores a la vigencia de dicho decreto.
c) la tasa de reemplazo del 75%.
83. Ahora bien, como ya se indicó, al liquidar la pensión a través de la Resolución
RDP 039071 de 23 de septiembre de 2015 35, la UGPP indicó que era beneficiario
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y con ello, de la Ley 71 de 1988,
y como contaba con 2374 semanas y 67 años de edad, adquirió el estatus de
pensionado el 26 de enero de 2008. Indicó que liquidaría la pensión con el 75%
sobre un ingreso base de liquidación conformado por el promedio de los salarios y
rentas sobre los cuales ha cotizado o aportado el interesado entre el 1.° de octubre
de 2001 y el 30 de septiembre de 2011 «conforme el Inciso 3 y/ o 6 del Artículo
36 de la Ley 100 de 1993». Allí se liquidó la pensión atendiendo a la asignación
básica, «2.5 y prima de antigüedad», la bonificación por servicios prestados, la
prima de productividad (salvo de los años 2006 a 2008).
84. De acuerdo con esto, se aprecia que, si bien la entidad negó la solicitud del
señor Ramírez Montoya referente a la aplicación del Decreto 546 de 1971, con base
en que su caso se regía por las Leyes 100 de 1993 y 71 de 1988, se evidencia que:
(i) No le asistió razón al estimar que la norma aplicable era la Ley 71 de
1988, sino que lo es el Decreto 546 de 1971 bajo los parámetros de
interpretación establecidos en la sentencia de unificación SUJ-S2-021-
20 de 11 de junio de 2020, proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01.
35 Folios 22 y s.s.
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(ii) En este sentido el estatus de pensionado se adquirió el 26 de enero de
2003, cuando cumplió 55 años de edad y no el 26 de enero de 2008. Sin
embargo, tal circunstancia no afecta el derecho pensional pues solo
tendría efectividad al retiro del servicio.
(iii) Lo anterior determina que no le asistió razón en cuanto al periodo base
de liquidación, pues la entidad estimó que debía corresponder al
promedio de los salarios y rentas sobre los cuales cotizó el interesado
entre el 1.° de octubre de 2001 y el 30 de septiembre de 2011 ( cuando
ocurrió su retiro del servicio).
Empero, el ingreso básico de liquidación de la pensión se debía calcular
conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 36, inciso 3°, de la Ley 100
de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y
si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC
certificado por el DANE.
En este caso el estatus se adquirió el 26 de enero de 2003 con lo que al
señor Ramírez Montoya le faltaban menos de 10 años, lo que se traduce
en que la pensión debía liquidarse con éstas últimas indicaciones:
i) El promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta
para ello o,
ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en IPC certificado por el
DANE.
(iv) Le asistió razón en cuanto a los factores que se atendieron para la
liquidación pensional, pero debió incluir la prima de productividad de
los años 2006 a 2008, toda vez que el único argumento de la entidad
para no incluirla fue que el certificado de aportes no los había
individualizado. Sin embargo, revisados los certificados de factores
salariales de los años 2006 a 2008 sí la devengó.( ff. 281 a 283 CD fol
159). En ese sentido los errores del empleador al reportar los aportes
pensionales realizados por el empleador no tienen por qué afectar la
inclusión de los factores salariales determinados en el régimen aplicable.
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85. Llama la atención, la incoherencia en que incurrió la providencia del Tribunal de
2 de mayo de 2022, comoquiera que, pese a citar la sentencia de unificación de 11
de junio de 2020, de la que destacó las pautas dadas por esta Corporación frente
a los casos de servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Publico amparados
por el régimen de transición, no obstante, al desarrollar el caso concreto omitió
valorar la aplicación integral de las reglas jurisprudenciales fijadas.
86. De una parte ignoró que el estatus se adquirió al cumplimiento de los 55 años
de edad y no a los 60, como lo había señalado la entidad. Esto le llevó a determinar
de forma errónea el periodo base de liquidación y, finalmente, pese a que citó las
normas contemplaban los factores salariales a incluir en la liquidación, omitió su
aplicación pues desestimó la inclusión de la prima de productividad apoyándose en
que el certificado allegado al proceso aparecía una suma globalizada de aportes y
no discriminados, uno a uno.
87. En este sentido, se tiene que la pensión del causante se debe liquidar
atendiendo a las reglas fijadas en la sentencia de unificación jurisprudencial CE-
SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, citada anteriormente. Así:
88. Porcentaje de liquidación: En lo que tiene que ver con el monto o porcentaje
de liquidación, se debe aplicar el señalado en el Decreto 546 de 1971, es decir el
75%.
• En relación con el IBL de la pensión, se debe tener en cuenta, en primer
lugar, que, dado que le faltaban menos de 10 años para adquirir el estatus
pensional a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la pensión debía
liquidarse con la pauta más favorable de las siguientes:
o El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello o,
o El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en IPC certificado por el DANE.
89. Factores: Debe atenderse a los factores percibidos por el causante en el
periodo señalado en precedencia, sobre los cuales haya efectuado aportes
pensionales y que correspondan a los señalados en la sentencia CE-SUJ-S2-021-
20 de 11 de junio de 2020 de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Esto es,
la bonificación por servicios prestados, la asignación básica, el incremento del 2.5,
la prima de antigüedad, y la prima de productividad, esta última percibida desde
2006.
3.3.4. Órdenes que se imparten frente al reajuste ordenado.
90. Tanto en la demanda como en el recurso de apelación la apoderada de la parte
actora insiste en el reajuste pensional con base en la asignación más alta
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devengada en el último año de servicios de acuerdo con el Decreto 546 de 1971 o
de forma subsidiaria de conformidad con lo señalado en la Ley 71 de 1988.
91. Como ya se vio no le asiste razón a la apoderada comoquiera que la liquidación
de la pensión que devengaba el señor Ramírez Montoya debe reajustarse con base
en lo señalado por el Decreto 546 de 1971, pero atendiendo a las pautas de la
unificación S2- 021 de 11 de junio de 2020 dictadas por la Sección Segunda de
esta Corporación.
92. En este sentido y dado que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
denegó la pretensión de reliquidación de la pensión del causante y
consecuentemente de la sustitución pensional, en aras de la prevalencia del
derecho de acceso a la administración de justicia y de prevalencia de los derechos
a la seguridad social y al mínimo vital esta Corporación ordenará el reajuste
pensional con base en el régimen que le corresponde al señor Ramírez Montoya (
q.e.p.d).
93. Para ello, se modificará la decisión de primera instancia para conceder el
reajuste pensional, siempre y cuando, luego de la liquidación, ésta sea más
favorable a la parte actora.
94. En este sentido se declarará la nulidad parcial de las Resoluciones RDP 039071
del 23 de septiembre de 2015, 047888 del 18 de noviembre de 2015, 052922 del
14 de diciembre de 2015, 054091 del 17 de diciembre de 2015, RDP 021622 del 8
de junio de 2016, 029821 del 16 de agosto de 2016 y 038080 del 10 de octubre de
2016, por medio de las cuales se reconoció, modificó y decidió la vía administrativa
frente al reconocimiento pensional del señor Héctor Augusto Ramírez Montoya y la
sustitución pensional a favor de la señora Blanca Nidia Díaz de Ramírez.
95. En consecuencia, la UGPP, reliquidará y pagará la pensión de jubilación del
señor Héctor Augusto Ramírez Montoya (q.e.p.d) hoy sustituida a la señora Blanca
Nidia Ramírez Montoya, con la inclusión de la bonificación por servicios prestados,
la asignación básica, el incremento del 2.5, la prima de antigüedad, y la prima de
productividad percibida desde el año 2006, atendiendo a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
96. Para tales efectos, la entidad verificará cuál de los dos periodos le sea más
favorable a la parte actora, si (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello o, (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE.
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97. Ahora bien, dado que la pensión percibida por el señor Ramírez Montoya le fue
sustituida a la señora Blanca Nidia Díaz de Ramírez desde el 29 de octubre de
2015 se advierte que desde ese momento aquella contaba con legitimidad para
solicitar la reliquidación dado que era la beneficiaria de las mesadas que se
causaran a partir de esa fecha.
98. Esa misma situación fue advertida por la entidad cuando en la Resolución RDP
021622 del 8 de junio de 201636 señaló que las mesadas dejadas de cobrar por
el causante se cancelarían a favor de los herederos determinados una vez
adelantada la sucesión.
99. Por ende, como la solicitud de reajuste pensional elevada por la demandante
fue plasmada en el recurso de reposición y apelación de 5 de julio de 2016, se
advierte que no ocurrió el fenómeno de la prescripción en lo que a la
sustitución pensional se refiere y cuya efectividad data del 9 de octubre de 2015.
100. Por esto, si bien la orden de reajuste pensional se origina desde el mismo
momento de efectividad de la pensión determinada en la Resolución 054091 del 17
de diciembre de 201537 - 30 de marzo de 2012 por prescripción trienal, y
condicionada a demostrar retiro definitivo, no obstante, para la demandante el pago
del reajuste de la mesada pensional sustituida sólo será efectivo desde el 29 de
octubre de 2015.
101. Como consecuencia, el valor resultante de las sumas debe ser reajustado mes
a mes, con base en el Índice de Precios al Consumidor que expide el DANE, de
acuerdo con la fórmula:
R= Rh X Índice final
Índice inicial
3.4. Segundo interrogante. ¿Es procedente apartarse del precedente judicial
establecido en la sentencia de 11 de junio de 2020, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-
2017) como lo solicita la demandante?
102. Una vez establecido el régimen aplicable a la pensión de jubilación del
causante, es menester recordar que la sentencia de unificación de 20 de junio de
2020 acogió la tesis expuesta por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 201838. Esto, acorde con la posición anunciada por
36 Folios 41 y s.s.
37 Folio 129 y s.s.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
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la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230
de 2015, SU-395 de 2017, SU-210 de 2017, y SU-023 de 2018, según la cual el
propósito del Legislador era evitar la aplicación ultractiva de las reglas del ingreso
base de liquidación de los regímenes vigentes antes de la expedición de la Ley 100
de 1993.
103. Allí se precisó que los efectos de dicha decisión de unificación se aplicarían
en forma retrospectiva, disponiendo que la regla jurisprudencial fijada es
vinculante en los siguientes casos:
(i) Respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando
en el seno de la administración;
(ii) Respecto de los procesos similares que se están adelantando en
juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado.
104. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que
ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya
resueltos están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan
inmodificables. Esto a efectos de garantizar la seguridad jurídica y dar prevalencia
a los principios fundamentales de la seguridad social.
105. La apelante solicitó a la Sala separarse del precedente judicial establecido en
la sentencia de unificación de 20 de junio de 2020, al estimar que este caso encierra
una arista especial como es que el causante formuló su solicitud de reconocimiento
pensional en el año 2012, cuando existía una línea jurisprudencial acerca de la
forma de interpretación del régimen pensional para los empleados de la Rama
Judicial cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, según la
cual, las pensiones se liquidaban con el salario más alto devengado en el último
año de servicios. Sin embargo, en la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca se acogió un precedente jurisprudencial del año
2020, con lo cual se desconoció que el señor Ramírez Montoya contaba con
expectativas legítimas de pensionarse como lo había solicitado inicialmente.
Además que, en este caso dadas las vicisitudes que surtieron ante Colpensiones y
la UGPP; se privó al causante de gozar de su pensión de jubilación desde el
momento del retiro del servicio.
106. Como ya lo ha recordado esta Subsección en anteriores oportunidades 39
respecto del precedente vertical40, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia
39 Sentencia de cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de Tutela Radicado: 11001-
03-15-000-2024-01990-00.
40 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
107. A esta conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad,
que es vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares
que exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la autonomía
judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues
sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del
Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima, que imponen
a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues
existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por razones de
racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a
su interior41.
108. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso 42. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser
seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».
109. Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar
la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible
para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y
salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del
precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera
suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que
ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de
la igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la
sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los
justiciables ningún género de discriminación.
41 Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero
42 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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110. Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que
un juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones sociales
en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual. De igual manera, puede
un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado encuentra serias
diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de
estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las decisiones
judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga de
transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a
conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional
y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden
jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento en la
seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente43.
111. Para la Sala, los argumentos de la parte demandante no encierran diferencias
que justifiquen un tratamiento diverso dado que al contrario, la situación particular
del causante se encuentra dentro de aquellos eventos contemplados por la
sentencia de unificación como es el caso de los funcionarios y empleados judiciales
que llevaran vinculados a la entidad por lo menos 10 años de servicio y que además
se encontrarán dentro del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y si bien el
señor Ramírez Montoya llevaba vinculado a la Rama Judicial desde en el año 1965
no por ello puede desconocerse la pauta de unificación de 2020 comoquiera que
ella misma exigió que se aplicaría a todos los casos pendientes de resolver
tanto administrativa como judicialmente, como es el que nos ocupa.
112. En este sentido la respuesta a esta interrogante es negativa dado que el caso
no encierra ninguna circunstancia que amerite a la Sala apartarse de la decisión
unificadora de 11 de junio de 2020.
3.5. ¿Los argumentos de disenso presentados por la demandante referente a
las pretensiones del pago del retroactivo pensional y el reconocimiento y
pago del auxilio funerario satisfacen los requisitos de suficiente y
argumentación del recurso de apelación?
43 En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente importante de
estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la jurisprudencia,
consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
artículo 256 y siguientes ibIdem
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113. Es menester recordar que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la
sentencia objeto de reproche denegó la pretensión de reconocimiento y pago del
retroactivo pensional originado desde la fecha en que se causó el derecho a la
pensión a favor del señor Ramírez Montoya (1.° de octubre de 2011) y hasta el día
de su fallecimiento (28 de octubre de 2015), tras advertir que «[…] corresponde a
las mesadas pensionales que se causaron a favor del señor Héctor Augusto
Ramírez Montoya una vez consolidó su derecho pensional, es decir, cuando
cumplió los requisitos para pensionarse y hasta cuando el mismo le fue reconocido;
de manera que se trata de el (sic) pago de las mesadas dejadas de cobrar por el
causante, que han de entrar dentro de sus haberes y que se deberán cancelar a
favor de los herederos determinados, una vez agotado el trámite de sucesión
respectivo».
114. Como ya se indicó, en el recurso de apelación la apoderada de la demandante
solicitó que de igual manera se acceda al pago del retroactivo pensional únicamente
con base en que la solicitud de reconocimiento pensional se efectuó el 5 de junio
de 2012, ante Colpensiones.
115. Al respecto es de recordar que a la demandante Blanca Nidia Díaz de Ramírez
le fue reconocido el derecho a la sustitución pensional a partir del 29 de octubre de
2015 por lo que es a partir de ese momento que cuenta con el derecho a reclamar
los reajustes de mesadas y el consabido retroactivo que se origine a partir de esa
fecha únicamente. Esto, comoquiera que aquellas mesadas pensionales no
reclamadas con anterioridad por el causante hacen parte de una masa sucesoral
que debe ser objeto de reclamo en un proceso ante la jurisdicción ordinaria, el juez
competente y con la comparecencia de los herederos del señor Ramírez Montoya,
tal como se le advirtió a la señora Díaz de Ramírez en la Resolución RDP 021622
del 8 de junio de 201644, en su artículo tercero, cuando le indicó que el pago de
las mesadas dejadas de cobrar se cancelaría a favor de los herederos
determinados una vez adelantada la sucesión:
«ARTÍCULO TERCERO: El pago de las mesadas dejadas de cobrar por el causante
de acuerdo con lo certificado por FOPEP se cancelarán a favor de los herederos
determinados en la respectiva sentencia de sucesión ejecutoriada y/o escritura
pública de sucesión».
116. Así las cosas, no le asiste razón a la demandante para solicitar el pago del
retroactivo pensional frente a las mesadas pensionales reconocidas en la
Resolución RDP 039071 del 23 de septiembre de 2015, modificada por la
Resolución RDP 054091 del 17 de diciembre de 2015.
44 Folios 41 y s.s.
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117. Finalmente es de señalar que en la apelación igualmente se indicó que debe
accederse a la pretensión de pago del auxilio funerario, sin embargo, como se vio
dicha petición fue concedida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por
lo que la Sala no se pronunciará al respecto.
3.6. Condena en costas.
118. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en
costas. Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la
Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó
con carencia de fundamento legal.
119. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se avizora
la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que, se
repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
120. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero y segundo de la sentencia
proferida el 2 de mayo de 2022, por medio la cual el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda instaurada por la señora Blanca Nidia Díaz de Ramírez
en contra de la UGPP, por las razones expresadas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones RDP 039071 del
23 de septiembre de 2015, 047888 del 18 de noviembre de 2015, 052922 del 14 de
diciembre de 2015, 054091 del 17 de diciembre de 2015, RDP 021622 del 8 de
junio de 2016, 029821 del 16 de agosto de 2016 y 038080 del 10 de octubre de
2016 dictadas por la UGPP, por medio de las cuales se reconoció, modificó y
decidió la vía administrativa frente al reconocimiento pensional del señor Héctor
Augusto Ramírez Montoya (q.e.p.d) y la sustitución pensional a favor de la señora
Blanca Nidia Díaz de Ramírez.
TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP- a reajustar la pensión
de jubilación que en vida devengaba el señor Héctor Augusto Ramírez Montoya,
hoy sustituida a la señora Blanca Nidia Díaz de Ramírez, en cuantía equivalente al
75% del « promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o
ii) el cotizado durante todo el tiempo, si fuera superior, debidamente actualizado»,
el que fuere más favorable, junto con los factores de bonificación por servicios
prestados, la asignación básica, el incremento del 2.5, la prima de antigüedad, y la
prima de productividad, esta última desde 2006. Lo anterior con efectos fiscales
desde el 29 de octubre de 2015.
CUARTO.- CONDENAR a la UGPP a pagar a favor de la señora Blanca Nidia Díaz
de Ramírez, el valor de las diferencias originadas sobre las mesadas pensionales
causadas desde el día siguiente al fallecimiento del causante ( 29 de octubre de
2015) y hasta el momento en que sea incluida en nómina de pensionados.
Las sumas adeudadas por este concepto deberán ser actualizadas utilizando la
siguiente fórmula:
R= Rh x índice final
índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que corresponde al valor de cada mesada adeudada, por el guarismo que resulte
de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia, certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en
que debió realizarse cada pago. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula
se aplicará separadamente, respecto de cada obligación, teniendo en cuenta que
el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas.
QUINTO.- La entidad demandada deberá aplicar a la pensión de la demandante los
correspondientes reajustes anuales conforme al IPC, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO. La entidad dará cumplimiento a esta sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA.
SÉPTIMO.- SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda instaurada por la
señora Blanca Nidia Díaz de Ramírez en contra de la UGPP, de acuerdo con lo
señalado en precedencia.
OCTAVO.- Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte
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considerativa de esta providencia.
NOVENO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI
del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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