Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01502-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01502-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-01502-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01502-02 (2511-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Luis Herney Mendoza Polanco, la Entidad Promotora de Salud
Nueva E.P.S. y el Municipio de Yumbo – Valle del Cauca.
Tema: Compartibilidad pensional. Régimen contenido en el Decreto 758
de 1990 / Ley 33 de 1985 / Bonos pensionales tipo T. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el doce (12) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron
las pretensiones.
ANTECEDENTES
2. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró
demanda contra el señor Luis Herney Mendoza Polanco en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
3. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 290020 del 22 de septiembre
del 2015, por la cual se reconoció la pensión de vejez, con carácter compartido con
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el municipio de Yumbo, a favor del demandado. A título de restablecimiento, se
declare que no se cumplía con los presupuestos para que se presentara la figura de
la compartibilidad, que el beneficiario no tenía derecho al reconocimiento
prestacional y, en consecuencia, se le ordene la devolución de lo pagado por
concepto de pensión de vejez a partir de su inclusión en nómina.
4. Que se ordene al municipio la restitución del retroactivo pensional ordenado
en el acto impugnado y, a la Nueva E.P.S., el reintegro del valor girado por concepto
de salud a favor del beneficiario pensional.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que el señor Luis Herney Mendoza Polanco nació el 19 de septiembre de
1957 y el municipio de Yumbo, en calidad de empleador, le reconoció pensión de
jubilación mediante Resolución 0681 del 25 de octubre de 1996.
7. Que, en Resolución 67172 del 9 de marzo de 2015 Colpensiones negó la
pensión de vejez por no haberse aportado los documentos relativos a la
compartibilidad, por lo que el demandado solicitó, nuevamente, el reconocimiento.
En esta oportunidad, en la Resolución GNR 290020 del 22 de septiembre del 2015
Colpensiones reconoció la prestación con Ley 33 de 1985 con un índice básico de
liquidación de $2’656.787 y una mesada de $2’302.993, para el año 20161. También
se ordenó el pago del retroactivo por $81’766.311, el cual fue girado al municipio de
Yumbo en calidad de entidad patronal.
8. Que, mediante Resolución 43159 del 9 de febrero de 2016 se negó la solicitud
de reliquidación y por requerimiento externo 2016_4109248 del 25 de abril de 2016
se pidió el consentimiento del beneficiario para revocar el acto, sin lograrse
respuesta.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Citó como vulneradas la Ley 100 de 1993, Ley 33 de 1985 y el Decreto 4937
del 2009.
10. Afirmó que el Decreto 4937 de 2009, estipuló que el bono pensional tipo T se
debe emitir por las entidades públicas a favor del ISS para cubrir la diferencia
existente entre las condiciones previstas en los regímenes legales aplicables a los
servidores antes del 1 de abril de 1994 y el régimen previsto para los afiliados al
1 Hecho 4 de la demanda. Página 20 del archivo denominado 001Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf),
luego de la descarga del expediente del Samai del tribunal.
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Seguro Social o a Colpensiones, con el fin de que la administradora de pensiones,
para respetar el régimen de transición, pueda realizar el reconocimiento de una
pensión con base en el régimen anterior.
11. Que con el bono pensional Tipo T sólo se financian pensiones legales de
aquellos servidores públicos que son beneficiarios del régimen de transición, por lo
que continuarían bajo la responsabilidad del empleador público el reconocimiento y
pago de las pensiones extralegales y la pensión sanción, que pueden ser
compartidas con Colpensiones en los términos de los artículos 17 y 18 del Decreto
758 de 1990.
12. Que, en consecuencia, en los casos en los que los empleadores públicos que
cotizan al ISS hayan reconocido pensión de jubilación a favor de un afiliado, no es
procedente que la AFP reconozca una pensión que incluya los tiempos laborados
en el sector público o exija su financiación con base en un Bono Especial Tipo T de
los que trata el Decreto 4937 de 2009, pues —sostiene—, en dichos casos sólo
sería viable el estudio de una prestación del régimen de I.V.M. (en aplicación del
Decreto 3041 de 1966 o el Decreto 758 de 1990) o del Sistema General de
Pensiones (Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003).
13. Que, de este modo, el acto acusado contraría las normas señaladas porque
reconoció la prestación sin que el beneficiario cumpliera los requisitos para obtener
el derecho, puesto que «(…) al 31 de julio de 2014, fecha hasta la cual se extendió
el régimen de transición en aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, no contaba
con la edad mínima de 60 años. No es procedente el reconocimiento de una pensión
de vejez con carácter de compartida con base en la Ley 33 de 1985 cuando los
tiempos son cotizados exclusivamente en el ISS hoy Colpensiones, comoquiera que
dicha pensión no tiene una forma de financiación con base en el bono pensional
tipo T (…)2».
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
14. La demanda fue admitida el 11 de noviembre de 2017, el demandado3 afirmó
que es una persona de la tercera edad y merece especial protección del Estado y
la suspensión en el pago de la pensión de vejez le ocasionaría graves perjuicios.
Que, en caso de advertirse una vulneración de las normas invocadas, no había sido
por actuar suyo sino por la misma entidad demandante, razón por la que se opuso
a las pretensiones y presentó como excepciones las de legalidad del acto
demandado e inexistencia de la obligación.
2 Se cita textual del concepto de violación. Página 23 del archivo denominado 001Contrato 104 DE 2020 - SASI-
2020-09 (.pdf), luego de la descarga del expediente del Samai del tribunal.
3Contestación de la demanda. Archivo denominado
20_CONTESTACIONDEDEMANDA_LUISHERNEYMENDOZA, luego de la descarga del expediente del Samai
del tribunal.
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15. El municipio de Yumbo4, explicó que se había comprometido a otorgar la
pensión de jubilación de conformidad con la convención colectiva vigente al
momento del reconocimiento y que sí era beneficiario del régimen de transición
puesto que había trabajado en la entidad territorial desde 1976, razón por la que le
era también aplicable la Ley 33 de 1985 por acreditar sus requisitos.
16. Que se cumplían los presupuestos para la compartibilidad porque la
prestación de jubilación se dio por virtud de la convención colectiva, tal como lo
estipulaba el Decreto 758 de 1990. Se opuso a la devolución del retroactivo porque
el municipio nunca dejó de pagar la prestación y que, luego del reconocimiento de
la pensión de vejez, continúa pagando el mayor valor. Propuso como excepciones
las de cobro de lo no debido e insuficiencia de argumentos que habiliten la nulidad
del acto.
17. La Nueva EPS5, se opuso a las pretensiones e indicó que no es procedente
reintegrar las sumas pagadas, causadas y ejecutadas por aportes a salud de
acuerdo con el artículo 205 de la Ley 100 de 1993 y que los valores recaudados por
aportes a salud no le pertenecen, pues, al ser una contribución parafiscal, son del
Sistema General de Seguridad Social – salud, por lo que no pueden devolverse ni
destinarse a un propósito diferente al de garantizar la afiliación y el acceso a los
servicios de salud. Presentó como excepciones la falta de legitimación en la causa
por pasiva y cobro de lo no debido.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
18. Mediante sentencia del 12 de febrero de 2.024, el Tribunal Administrativo Valle
del Cauca negó las pretensiones. Consideró que el demandado sí cumplía los
requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que le era
aplicable la Ley 33 de 1985, pues al 25 de julio de 2005 había cotizado más de 750
semanas, cumplió 55 años el 19 de septiembre de 2012 y alcanzó los 20 años de
servicio en 1995, es decir, antes del 31 de diciembre de 2014.
19. Que la pensión de vejez compartida se ajustó a la ley y no debía devolverse
suma alguna por parte del demandado ni del municipio de Yumbo porque éste pagó
las mesadas pensionales entre la fecha del estatus pensional y la inclusión en
nómina de Colpensiones, tiempo que correspondía asumir a la AFP. Tampoco por
parte de la EPS, pues las cotizaciones a salud se causaron a favor del sistema de
seguridad social en salud al pertenecer al régimen contributivo por recibir la pensión
convencional y, al ser una contribución parafiscal, son de destinación específica y
no podía ordenarse su devolución.
4 Contestación de la demanda. Archivo denominado 24_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITALIZ,
páginas 73 a 80. Descarga del expediente del Samai del tribunal.
5 Contestación de la demanda. Archivo denominado 24_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITALIZ, luego
de la descarga del expediente del Samai del tribunal.
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20. Que el Decreto 4937 de 2009, por el cual se reguló el bono tipo T había sido
estudiado en nulidad simple por esta Corporación, quien confirmó su legalidad y
resaltó que tanto los empleadores privados como públicos que a la fecha de entrada
en vigencia del Sistema de Seguridad Social tenían a cargo el reconocimiento de
las pensiones de jubilación, continuaran con tal obligación. Que le correspondía al
empleador seguir cotizando al ISS y, una vez aquel cumpliera con los requisitos
exigidos para adquirir la pensión de vejez, este la cubriría y estaría por cuenta del
empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiere.
21. Que, de este modo, surgió para el Estado la necesidad de implementar los
bonos tipo T como mecanismo que permitiera al ISS asumir el reconocimiento de
las pensiones de jubilación de los servidores públicos beneficiarios del régimen de
transición, antes de la fecha señalada en las normas que lo regulan. Que, para el
caso, sí se satisfacían los requisitos para que la entidad territorial expidiera el bono
tipo T porque:
«(…) 1) es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
2) al 1 de abril de abril de 1994 estaba vinculado a una entidad pública
afiliado al ISS como cotizante a pensión, 3) al 1 de abril de 1994 la entidad
pública empleadora tenía a cargo el reconocimiento de pensiones de
jubilación convencional (…)6».
22. Finalmente, advirtió que no compartía el argumento de defensa del municipio
de Yumbo según el cual no estaba obligado a expedir el bono tipo T «(…) porque
fue exigible hasta “el 1 de diciembre de 2014, fecha en que se terminó el régimen
de transición” y Colpensiones reconoció la pensión en 2015 (…)7», razón por la que
concluyó que era procedente el reconocimiento del bono tipo T por parte del ente
territorial.
RECURSO DE APELACIÓN
23. Colpensiones interpuso recurso de apelación por considerar que se debió
declarar la nulidad de la resolución impugnada, pues insiste en que con el Bono
Pensional Tipo T sólo se financian pensiones legales de aquellos servidores
públicos que sean beneficiarios del régimen de transición.
24. Que en los casos en los que los empleadores públicos que cotizan al ISS, hoy
Colpensiones, hayan reconocido pensión de jubilación a favor de un afiliado, no es
procedente que se realice el reconocimiento de una pensión que incluya esos
tiempos laborados en el sector público, o exija su financiación, con base en un Bono
Especial Tipo T de los que trata el Decreto 4937 de 2009, pues en esos casos solo
es viable el estudio de una prestación del régimen de I.V.M: a) en aplicación de los
6 Se cita textual de la sentencia del tribunal, página 11. Índice 139 del Samai del tribunal.
7 Se cita textual de la sentencia del tribunal, página 11. Índice 139 del Samai del tribunal.
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decretos 3041 de 1966 o 758 de 1990 o b) en aplicación del sistema general
contenido en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003.
25. Que la resolución es lesiva porque no es procedente el reconocimiento de la
prestación en atención a la Ley 33 de 1985 «(…) toda vez que no es viable para esta
Administradora reconocer pensiones compartidas que requieran financiación por
medio de Bonos Especiales Tipo T (…)8».
26. Que, en consecuencia, la resolución va en detrimento de la estabilidad
financiera del sistema pensional y debe revocarse la sentencia para, en su lugar,
declarar la nulidad y ordenar la devolución del dinero pagado por concepto de
mesadas, salud y retroactivo.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
27. El 6 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
Ministerio público guardaron silencio en esta etapa.
28. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
29. La Sala debe determinar si procedía declararse la nulidad de la Resolución
GNR 290020 del 22 de septiembre del 2015, por la que se reconoció la pensión de
vejez con carácter compartido con el municipio de Yumbo, por no ser beneficiario
del régimen de transición y por no ser procedente reconocer pensiones compartidas
que requieran financiación por medio de Bonos Especiales Tipo T, en aplicación de
la Ley 33 de 1985.
30. En caso afirmativo, se definirá si debió ordenarse la devolución de las
mesadas, el retroactivo y las cotizaciones a salud.
Sobre la compartibilidad pensional
31. El Decreto 2879 de 19859, en su artículo 5, determinó que los empleadores
inscritos al Instituto de Seguros Sociales – I.S.S., que a partir de la fecha de
publicación del decreto, otorgaran a sus trabajadores pensiones de jubilación,
continuarían cotizando para las contingencias de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta
cuando los asegurados cumplieran los requisitos exigidos por el I.S.S. para otorgar
8 Contestación de la demanda. Archivo denominado 095_MemorialWeb_Recurso, luego de la descarga del
expediente del Samai del tribunal. Página 3.
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Por el cual se aprobó el Acuerdo número 029 del 26 de septiembre de 1985, emanado del Consejo Nacional
de Seguros Sociales Obligatorios.
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la pensión de Vejez y que, en este momento, el Instituto procedería a cubrir dicha
pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere,
entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el
empleador.
32. El Decreto 758 de 199010, en relación con las pensiones de jubilación
reconocidas por los empleadores registrados en el I.S.S., dispuso:
«(…) Artículo 18. Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los
patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que
otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas
en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente,
causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los
seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados
cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de
vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión,
siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre
la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al
pensionado.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes,
se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no
serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales (…)». (Negrita para
resaltar)
33. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU 542 de 2016, explicó la noción
y finalidad de la Compartibilidad pensional:
«(…) La pensión compartida se da cuando el empleador le reconoció a su
extrabajador pensión de vejez en virtud de una convención o acuerdo extralegal
por un monto determinado y estipuló que dicha pensión será posteriormente
compartida con la reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, en la
actualidad por Colpensiones.
De esta forma, cuando la empresa a la que se encontraba vinculado laboralmente
el trabajador contemplaba el cumplimiento de requisitos más favorables para
acceder a la pensión que los exigidos por el régimen general, el empleador
asume el pago de las mesadas hasta que el trabajador cumpla la edad y el tiempo
de cotización exigidos por la ley para todas las personas. En caso de que el
monto de la pensión reconocida por el empleador sea superior al
reconocido por Colpensiones, deberá el empleador reconocer y pagar la
diferencia. (…)». (Negrita para resaltar)
34. Esta Corporación ha precisado también que en la pensión compartida el
reconocimiento y pago lo asume inicialmente el patrono, pero cuando se
satisfacen los requisitos exigidos por el I.S.S. (hoy Colpensiones), éste asume su
obligación y el empleador cesa en el pago de dicha prestación, salvo que
10 por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990, emanado del Consejo Nacional de
Seguros Sociales Obligatorios.
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Colpensiones cuando reconozca la prestación, lo haga en cuantía inferior11.
35. Esto quiere decir que en el momento en que se reconozca le pensión de vejez
se estudiará la compartibilidad de la prestación y pueden presentarse dos
escenarios. Veamos:
36. En el primero de ellos el monto de la mesada convencional o de jubilación
reconocida por el empleador es menor al monto de la mesada por vejez asumida
por Colpensiones. Para este caso la diferencia a pagar por el empleador es cero
porque la pensión de vejez es mayor que la de jubilación, quedando así
Colpensiones con el 100% a cargo de la mesada pensional.
37. En el segundo escenario el monto de la mesada de la pensión de jubilación es
mayor al de la reconocida por vejez, caso en el cual —en contraste con el
anterior—, el empleador sí debe pagar la diferencia o remanente resultante, lo cual
se debe hacer a partir del momento en el que se reconoce la prestación por vejez.
Sobre el bono pensional tipo T
38. Los bonos pensionales se definen como «(…) títulos de deuda pública que
constituyen recursos destinados a contribuir a la conformación del capital
necesario para financiar las pensiones de los afiliados del Sistema General de
Pensiones que está compuesto por los dos regímenes (…)12» pensionales, a
saber: El Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y El Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).
39. Estos bonos, según quien sea el responsable de su emisión, pueden
clasificarse en: a) expedidos por la Nación, b) por las entidades del sector público
que no sean sustituidas por el fondo de pensiones públicas del nivel nacional y c)
por empresas privadas, o cajas pensionales del sector privado que tenían
exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones.
40. El Decreto 4937 de 2009, por el cual se modificó el artículo 45 del Decreto
1748 de 199513, se crearon y dictaron normas para la liquidación, reconocimiento
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 16 de septiembre de 2021. Exp. 05001
2333 000 2017 02855 01 (6384-2019). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
12 Tomado del ABC de Bonos Pensionales emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
consultado el 2 de julio de 2026.
13 El Artículo 45 del Decreto 1748 de 1995, decía en su versión original: “(…) Empleadores del sector
público afiliados al ISS. Los empleadores del sector público afiliados al Instituto de Seguros Sociales
se asimilaban a los empleadores del sector privado. Por tanto, se les aplicará el artículo 5 del Decreto
813 de 19942 y no habrá lugar a la expedición de bono tipo B (…)”
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y pago de unos bonos especiales de financiamiento para el ISS – hoy
Colpensiones, en relación con la aplicación del bono tipo T, estipuló:
«(…) Artículo 1°. El artículo 45 del Decreto 1748 de 1995 quedará así: “Artículo
45. Empleadores del sector público afiliados al ISS. Para efectos de Bonos
Pensionales regidos por el Decreto 1748 de 1995, los empleadores del sector
público afiliados al ISS se asimilan a empleadores del sector privado. Por tanto,
no habrá lugar a la emisión de bonos tipo B. En los casos en los cuales los
servidores tengan derecho a una pensión legal del sector público por aplicación
de régimen de transición habrá lugar a la emisión de un bono pensional especial
tipo T.
Artículo 2°. Definiciones. Bono Pensional Especial tipo T: Bono especial que
deben emitir las entidades Públicas a favor del ISS, o quien haga sus veces, para
cubrir el diferencial existente entre las condiciones previstas en los regímenes
legales aplicables a los servidores públicos antes de la entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones y el régimen previsto para los afiliados al ISS, o
quien haga sus veces, con el fin de que la administradora pueda realizar el
reconocimiento de una pensión con régimen de transición a los servidores
que a primero de abril de 1994 se encontraban en cualquiera de los
siguientes casos:
a) Que estuvieran laborando en entidades públicas como afiliados o como
cotizantes al ISS en condición de activos; b) Que habiéndose retirado de la
entidad pública fueran afiliados inactivos del ISS y no estuvieran cotizando a
ninguna administradora del sistema; c) Que una vez retirados de la entidad
pública hubieran continuado afiliados y/o cotizando al ISS como independientes
o como vinculados a una entidad privada, o d) que habiendo sido servidores
públicos afiliados al ISS no cotizaban a ninguna entidad a 31 de marzo de 1994.
(…) Artículo 4°. Emisores de bonos pensionales especiales tipo T. Los Bonos
Pensionales especiales tipo T serán emitidos a solicitud del ISS, o quien
haga sus veces, por las entidades públicas a las que estuvieron vinculados
los servidores a que se refiere el artículo 2° de este decreto.
Los Bonos tipo T serán emitidos por la última entidad pública donde la
persona haya laborado, sin importar el tiempo de vinculación con dicha
entidad.
La Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en nombre de la Nación emitirá los Bonos que correspondan a entidades
afiliadas a Cajanal o que sus pensiones estén siendo pagadas por el FOPEP,
salvo que se haya efectuado una conmutación pensional respecto de estos
servidores.
(…) Artículo 7°. Tiempos laborales válidos para el cálculo de los bonos
pensionales especiales tipo T. Serán válidos los tiempos laborados en
entidades públicas de que trata el artículo 2° del presente decreto. También
serán válidos los tiempos laborados en entidades públicas u oficiales que
no cotizaban al ISS, si estos tiempos deben ser integrados a un bono pensional
especial tipo T por tratarse de personas cuya pensión, de conformidad con el
Decreto 13 de 2001, no se financia con Bono Pensional tipo B.
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(…) Artículo 18. Reconocimiento de pensión financiada con bono tipo T. A
partir de la vigencia del presente decreto el ISS o quien haga sus veces, deberá
reconocer las pensiones de los servidores o ex servidores públicos que gocen
del régimen de transición y que cumplan con los requisitos para obtener una
pensión de dicho régimen, a la edad en la que tengan derecho a dicha pensión.
Para tal efecto, todos los afiliados al ISS cuya pensión de transición vaya a ser
financiada con bonos especiales pensionales tipo T, deben radicar su solicitud
de pensión ante el ISS o quien haga sus veces. Para ello el ISS o quien haga
sus veces, deberá suministrar la información y asesoría necesaria, una vez se
haya determinado que dicha pensión se debe financiar con el bono pensional
especial tipo T de que trata este decreto.
Los plazos o condiciones que tiene el ISS o quien haga sus veces, para otorgar
la pensión, son los mismos fijados en las normas vigentes, especialmente el
señalado en el inciso final del parágrafo 1° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003.
Cumplidos los requisitos por el servidor público para acceder a la pensión del
Sistema General de Pensiones, el ISS o quien haga sus veces, tendrá derecho
a obtener el pago de la cuota parte pensional correspondiente a los tiempos de
servicio prestados o cotizados a otras entidades diferentes al Instituto de Seguros
Sociales, con anterioridad al 1° de abril de 1994, siempre que se hayan tomado
en cuenta para el reconocimiento de la pensión (…)». (Negrita para resaltar)
41. Al demandarse la nulidad parcial del artículo 18 del Decreto 4937 de 2009,
esta Corporación, mediante sentencia del 23 de mayo de 2013, emitida en el
expediente 11001-03-25000-2010-00291-00(2390-10), declaró su legalidad y
precisó:
«(…) por el efecto del régimen de transición, los servidores públicos que a 1
de abril de 1994 estaban afiliados al Instituto de Seguros Sociales,
mantuvieron el derecho de pensionarse bajo el régimen en el que venían,
esto es, al amparo de la ley 33 de 1985, y a que su pensión fuera asumida por
el ISS conforme a sus reglamentos. Situación que en el lenguaje jurídico se
denomina compartibilidad de pensiones y que continuó siendo aplicable en
vigencia de la Ley 100 de 1993.
con la aplicación de los decretos 813 y 1160 de 1994, tanto los empleadores
privados como públicos que a la fecha de entrada en vigencia del Sistema
de Seguridad Social tenían a cargo el reconocimiento de las pensiones de
jubilación, continuarán con tal obligación, de tal manera que debían
reconocer la pensión una vez reunidos los requisitos del régimen que se le venía
aplicando con anterioridad a 1 de abril de 1994.
Le correspondía por tanto al empleador seguir cotizando al ISS y una vez
aquel cumpliera con los requisitos exigidos por la reglamentación del ISS
para adquirir la pensión de vejez, este procedería a cubrirla siendo de
cuenta del empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiere.
Surgió para el Estado en consecuencia la necesidad de implementar un
mecanismo de financiamiento que permitiera que el Instituto de Seguros
Sociales asumiera el reconocimiento de las pensiones de jubilación de los
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servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, antes de la
fecha señalada en las normas que lo regulan.
Creó entonces, una nueva modalidad de bono pensional que se sumó a los
ya existentes, son los denominados Bonos tipo T. Su creación se dio a través
del Decreto Reglamentario No. 4937 de 2009 (…)». (Negrita para resaltar)
Resolución del caso concreto
42. De las pruebas se logró determinar que el municipio de Yumbo, en calidad
de empleador, reconoció la pensión de jubilación al demandado, mediante
Resolución 0681 de 199614, en la que se estipuló:
«(…) a – Que el señor Luis Herney Mendoza Polanco (…) solicita de la entidad
municipio de Yumbo el reconocimiento y pago de una pensión mensual de
jubilación.
(…) b - Que la solicitud anterior se fundamenta en el capítulo VII (…) de la
convención colectiva de trabajo suscrita entre la entidad municipio de Yumbo
y el sindicato de trabajadores que textualmente expresa: (…) jubilará a sus
trabajadores al cumplimiento de veinte (20) años de servicios continuos o
discontinuos al servicio del municipio de Yumbo sin tener en cuenta la edad.
(…) d - Que el valor de la pensión mensual de jubilación es equivalente al 75%
del sueldo promedio devengado en el último año de servicios.
(…) RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y ORDENAR PAGAR COMO EN
EFECTO SE HACE, a favor del señor LUIS HERNEY MENDOZA POLANCO,
una pensión mensual de jubilación en cuantía de SETECIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($760.427) MONEDA CORRIENTE.
ARTÍCULO SEGUNDO: El pago del valor de la pensión mensual de jubilación lo
hará efectivo la entidad Municipio de Yumbo (Valle), una vez se haga entrega y
dejación de su cargo.
(…) ARTÍCULO CUARTO: Cuando el jubilado cumpla sesenta años de edad
el municipio de Yumbo iniciará ante el Instituto de Seguros Sociales los
trámites pertinentes para el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual
sustituirá la pensión de jubilación relevando de su pago al municipio de
Yumbo en forma total o parcial. (…)». (Negrita para resaltar)
43. En el reconocimiento se indicó que la pensión de jubilación se extinguiría
cuando el municipio de Yumbo iniciara los trámites para el reconocimiento de la
pensión de vejez y que se le relevaría de su pago de forma total o parcial, es
decir, se estipuló con claridad que la prestación de vejez sería compartida en
caso de presentarse un mayor valor.
14 Resolución 0681 de 1996. Archivo denominado GEN-ANX-CI-2015_6375058-20150716103004. Descarga del
expediente del Samai del tribunal, Otros Cuadernos, carpeta 013Contrato 104 de 2020, CC-16446094 Anexos.
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44. Recuérdese que en materia de compartibilidad pensional, al momento en
que se reconozca la pensión de vejez se pueden presentar dos escenarios y es
carga de la parte demandante demostrar cuál de los dos se consolida, pues de
ello depende que: a) la diferencia a pagar por el empleador sea de cero porque
la pensión de vejez es mayor que la de jubilación, —quedando así Colpensiones
con el 100% a cargo de la mesada pensional— o b), en cambio, que el monto de
la mesada de la pensión de jubilación sea mayor al de la reconocida por vejez,
caso en el cual el empleador sí asumiría la diferencia. Fue esta la precisión traída
en el artículo 4 de la resolución que reconoció la pensión de jubilación.
45. En el mismo sentido, la Resolución GNR 290020 del 22 de septiembre de
2015 —acto demandado— Colpensiones reconoció la pensión de vejez con
carácter compartido, con base en la Ley 33 de 1985, al haber encontrado
acreditados los requisitos para ello, sin embargo, —en su recurso— adujo que el
beneficiario pensional no cumplía con los presupuestos para ser favorecido por
el régimen de transición. Al estudiar las pruebas se observa que el demandado,
tal como lo explicó el tribunal, sí es beneficiario de la transición. Veamos:
46. El Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia del régimen de transición
hasta el 31 de julio de 2010, excepto para los trabajadores que tuvieran cotizadas
al menos 750 semanas al 25 de julio de 2005, a los cuales se les mantuvo hasta
el año 2014. Para este caso es importante precisar que la vigencia del sistema
de pensiones previsto por la Ley 100 de 1993, para los servidores públicos del
nivel departamental, municipal, distrital y de sus entidades descentralizadas,
inició el 30 de junio de 1995.
47. De este modo, el sistema general de pensiones cobijó al demandante a partir
del 30 de junio de 1995 porque para esa fecha estaba vinculado laboralmente al
municipio de Yumbo y —se destaca— para esa época había completado 934
semanas, es decir, más de las 750 exigidas para ser beneficiario de la transición;
razón por la que no prospera el recurso sobre este punto15.
48. Ahora, tampoco es cierto que haya debido declararse la nulidad de la
resolución demandada al no ser procedente reconocer pensiones compartidas
que requieran financiación por medio de Bonos Especiales Tipo T, en aplicación
de la Ley 33 de 1985.
49. Contrario a la dicho por Colpensiones en su recurso, al resolverse la
demanda de nulidad parcial del artículo 18 del Decreto 4937 de 2009, la Sección
Segunda de esta Corporación, mediante sentencia del 23 de mayo de 2013,
emitida en el expediente 11001-03-25000-2010-00291-00(2390-10), precisó que
15 De conformidad con la resolución de reconocimiento de la pensión de vejez. Archivo denominado GNR 290020
22 SEP 2015. Descarga del expediente del Samai del tribunal, Otros Cuadernos, carpeta 013Contrato 104 de
2020, 16446094 YUMBO DEMANDA.
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los servidores públicos que al 1 de abril de 1994, estuvieran afiliados al Instituto
de Seguros Sociales, mantendrían el derecho de pensionarse bajo el régimen en
el que venían —es decir es, al amparo de la ley 33 de 1985— y que dicha
prestación, luego, sería asumida por Colpensiones en aplicación de la figura de
la compartibilidad.
50. Sobre este punto, el municipio de Yumbo —en calidad de empleador del
señor Luis Herney Mendoza Polanco— destacó en su contestación que el
pensionado cumplía con los requisitos para la compartibilidad puesto que dicho
patrono estaba registrado al ISS y había continuado con la cotización de aportes
necesaria para que luego, al cumplirse los requisitos, le fuera otorgada la pensión
de vejez. Resaltó que «(...) desde el 1 de enero de 1967 tiene afiliado a sus
servidores públicos al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones en
las contingencias de Invalidez, Vejez y Muerte y viene dando cumplimiento al
Artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 expedido por el ISS aprobado por el Decreto
758 de 1990 (...)16» (Negrillas de la Sala).
51. Explicó que, de este modo, le correspondía al empleador seguir cotizando al
ISS y una vez se cumpliera con los presupuestos exigidos para adquirir la
pensión de vejez, el ISS —hoy Colpensiones— procedería a cubrirla siendo de
cuenta del empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiere.
52. Agregó que, en consecuencia, surgió para el Estado la necesidad de
implementar un mecanismo de financiamiento que permitiera que el Instituto de
Seguros Sociales asumiera el reconocimiento de las pensiones de jubilación de
los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, antes de la fecha
señalada en las normas que lo regulan, razón por la cual se creó, mediante el
Decreto 4937 de 2009, la modalidad de bono pensional tipo T.
53. Se concluye, entonces que, en aplicación de la Ley 33 de 1985, es
procedente reconocer pensiones compartidas que requieran financiación por
medio de los bonos especiales tipo T, pues, tal como se observa de la lectura
del marco normativo, fue justo esa su razón de ser.
54. Por ello, es claro que la resolución demandada, al ser legal, no vulnera el
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
55. Bajo ese entendido, se confirmará la sentencia de primera instancia y, en
consecuencia, se hace innecesario emitir pronunciamiento alguno en cuanto a la
procedencia de la devolución de las mesadas, retroactivo y cotizaciones a salud,
solicitadas por Colpensiones en su recurso.
16Contestación de la demanda. Archivo denominado 24_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPEDIENTEDIGITALIZ.
Descarga del expediente del Samai del tribunal. Páginas 74 y 76.
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De la condena en costas en segunda instancia
56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
59. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, Colpensiones,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de febrero de 2.024, por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por los motivos expuestos.
Segundo. Se condena en costas de segunda instancia al demandante,
Colpensiones, por las razones explicadas.
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Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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